boe_text_cleaned
stringlengths 240
1.34M
| tweet_text_cleaned
stringlengths 20
382
| text
stringlengths 365
6.53k
|
|---|---|---|
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica de Infraestructura e Instalaciones.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal:
Madrid. 28071.
4) Teléfono:
913906029.
5) Telefax:
913906171.
6) Correo electrónico:
infraestructuras.contratacion@congreso.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/PerfilcontratateCong.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
3 de mayo de 2013. Hasta 14:00 horas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Contratación de acceso a redes y suministro de energía eléctrica para los edificios del Congreso de los Diputados.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
2) Localidad y código postal:
Madrid 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega:
16 meses.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09310000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
El precio del contrato.
4. Valor estimado del contrato:
4.581.934,93 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 2.618.248,53 euros. Importe total: 3.168.080,72 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según lo especificado en los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
13 de mayo de 2013 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación:
Especificada en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Congreso de los Diputados - Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal:
Madrid. 28071.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Según lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
22 de marzo de 2013.
Madrid, 22 de marzo de 2013.- P. A., el Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno Ara. | Interior nombra a Pablo Antonio Peira Ramírez coordinador de la seguridad de la casa real desde Policía Nacional | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Congreso de los Diputados.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica de Infraestructura e Instalaciones.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal:
Madrid. 28071.
4) Teléfono:
913906029.
5) Telefax:
913906171.
6) Correo electrónico:
infraestructuras.contratacion@congreso.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/PerfilcontratateCong.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
3 de mayo de 2013. Hasta 14:00 horas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Contratación de acceso a redes y suministro de energía eléctrica para los edificios del Congreso de los Diputados.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
2) Localidad y código postal:
Madrid 28071.
e) Plazo de ejecución/entrega:
16 meses.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09310000-5.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
El precio del contrato.
4. Valor estimado del contrato:
4.581.934,93 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 2.618.248,53 euros. Importe total: 3.168.080,72 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según lo especificado en los pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
13 de mayo de 2013 a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación:
Especificada en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Congreso de los Diputados - Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones.
2) Domicilio:
Carrera de San Jerónimo, s/n.
3) Localidad y código postal:
Madrid. 28071.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Según lo previsto en los pliegos de cláusulas administrativas.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, s/n.
c) Localidad y código postal:
Madrid.
d) Fecha y hora:
Se publicará en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
22 de marzo de 2013.
Madrid, 22 de marzo de 2013.- P. A., el Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno Ara.
### RESUMEN: Interior nombra a Pablo Antonio Peira Ramírez coordinador de la seguridad de la casa real desde Policía Nacional |
En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 12 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he resuelto el nombramiento de don Pablo Antonio Peira Ramírez, como Coordinador de la Jefatura de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey en la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.
Madrid, 16 de octubre de 2013.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. | Llegan al BOE las candidaturas PRESENTADAS a las próximas elecciones. | En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 12 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he resuelto el nombramiento de don Pablo Antonio Peira Ramírez, como Coordinador de la Jefatura de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey en la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.
Madrid, 16 de octubre de 2013.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
### RESUMEN: Llegan al BOE las candidaturas PRESENTADAS a las próximas elecciones. |
JUNTA ELECTORAL DE ALBACETE
Doña Josefa Rueda Guizán, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Albacete,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Albacete, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Josefa Rueda Guizán.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Manuel Gabriel González Ramos.
2. María Luisa Vilches Ruiz.
3. José Carlos Díaz Rodríguez.
4. Estefanía Escribano Villena.
Suplentes:
1. Eva María Marín Díaz.
2. Diego Soria Belmonte.
3. Ana Teresa García Lozano.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MarÍa Dolores Arteaga Espinosa de los Monteros (Independiente).
2. Hugo Gabriel Guillen Malagón.
3. Ana Isabel Martínez Molina.
4. Cristian Cuerda González.
Suplentes:
1. Antonio José Reolid Rodenas.
2. Lourdes Fajardo Aguado.
3. David Cantos Parada.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María de los Llanos Soriano García.
2. Juan Carlos Castañeda Diehl.
3. Sandra Argudo Rodríguez.
4. David Abidanza González.
Suplentes:
1. Patricia Alfani Moncusí.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Jesús Cózar Calderón.
2. Irene Gracia Redondo.
3. Carlos Molina Villanueva.
4. Bárbara Marín Prada.
Suplentes:
1. Francisco Fernández Porrúa.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Jesús Molina Valera.
2. María Rosario Martínez Valverde.
3. Juan Carlos Rodríguez Domínguez.
4. María Teresa Cases Martínez.
Suplentes:
1. Cristian Lozano Ponce.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Alberto Martínez Cuartero.
2. María Pilar Mora Lizan.
3. Carlos Villarias Castedo.
4. Ángeles Cuartero Marqueño.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ginesa Martínez Sánchez.
2. Damián Sánchez Núnez.
3. Josefa Ros López.
4. Guillermo Hernández Uría (PCAS-TC).
Suplentes:
1. Penélope Merino Zamora.
2. Daniel Sánchez López.
3. Juana López Pascual.
4. Francisco Javier Ayora Pérez.
8. VOX (VOX)
1. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez.
2. Juan Francisco Robles Descalzo.
3. María Remedios Gil Martínez.
4. María Teresa Fernández Lara.
Suplentes:
1. José Antonio Chinchilla Nuño de la Rosa.
2. Francisco Javier García-Peñas Jaén.
3. Purificación Escobar Lozano.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Pérez Segovia.
2. Emilio Zamora Martínez.
3. Darcy Gioconda Cárdenas Barrera.
4. Sergio León Bullón.
Suplentes:
1. Filomena Vilches Castillo.
2. José Luis García Gascón.
3. María de los Llanos Rabadán Navarro.
10. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Paula Pozal Reyes.
2. Alejandro Escudero Santillana.
3. Génesis Alexandra Molina Acosta.
4. Jorge Jiménez Rodrigo.
11. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. José Antonio Maciá Gómez.
2. Silvia Lazausa Julve.
3. Nemesio Rodríguez Álvarez.
4. Josefa Antonia Alor Olmo.
Suplentes:
1. Miguel Ángel de Arana García.
2. María Cristina González Amaro.
3. Juan Gutiérrez Domenech.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Carmen Navarro Lacoba.
2. Manuel Ramón Serrano López.
3. Manuel Serena Fernández.
4. Cristina Garcia Martínez.
Suplentes:
1. Sergio Jiménez Fernández.
2. Ana Gore Sánchez Azañon.
3. Antonia García Martínez.
4. Antonio Gabriel Moreno Hoyos.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Manuel Miranda Martínez.
Suplente 1: María de la Fuente Aguilar Arenas.
Suplente 2: José Manuel Salas Gil.
2. Donelia Roldán Martínez.
Suplente 1: Alberto Iglesias Martínez.
Suplente 2: Isabel Molina Monteagudo.
3. María Victoria Leal Utiel.
Suplente 1: María Pilar Sierra Morcillo.
Suplente 2: Enrique Navarro Carrión.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Daniel Faura Macia.
Suplente 1: Ángel Roldán Pastor.
Suplente 2: María Agapita García Correoso.
2. Caridad Martínez Calero.
Suplente 1: Marino Iniesta Escudero.
Suplente 2: María Llanos Prieto Martínez.
3. José Antonio Ibáñez López.
Suplente 1: María Dolores Matea López.
Suplente 2: Imanol Sánchez García.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Pierre Pérez Silvestre.
Suplente 1: Mónica de la Cruz Hortal.
Suplente 2: José María Viña Muñoz.
2. Lara Peris Moral.
Suplente 1: Alejandro Vidal Baqueiro.
Suplente 2: Cristina Tatiana Cuatrecasas Barceló.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Jaime Oliver Cortés.
Suplente 1: Tulia Pascual Jiménez.
Suplente 2: Alberto Martínez López.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Clara Martínez Rabadán.
Suplente 1: Alejandro Moreno Cuartero.
Suplente 2: Gracia Ruiz Piqueras.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Carlos Enrique Marín Bernal.
Suplente 1: María Jesús Peñaranda Castellón.
Suplente 2: Marcos Antonio Soriano Rubio.
7. VOX (VOX)
1. Ana María Muñoz Antúnez.
Suplente 1: Rafael Martínez Villena.
Suplente 2: María del Carmen Fernández Carrión.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Juan Miguel Rodríguez Cuesta.
Suplente 1: María Nieves Navarro Rodenas.
Suplente 2: Eva Ramírez Fernández.
2. Vicente Martínez Zalve.
Suplente 1: María Carmen Fajardo Barba.
Suplente 2: Alfonso Moratalla Moreno.
3. Rebeca Cañavate Ayuso.
Suplente 1: Rubén Nieves Fernández.
Suplente 2: Rosa Manuela Carretero Olivares.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Antonio Serrano Aguilar.
Suplente 1: Francisco Millán Yáñez.
Suplente 2: María Soledad Mas González.
2. Ramón Rodríguez López.
Suplente 1: Pascual Eduardo Molina Ramos.
Suplente 2: María Granada Toledo Ruiz.
3. María Del Mar Requena Mollá.
Suplente 1: María Teresa Sánchez García.
Suplente 2: Federico Pozuelo Vidal.
JUNTA ELECTORAL DE ALICANTE
Doña María Soledad Tato González-Espada, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Alicante,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Alicante, 8 de octubre 2019.–La Secretaria, María Soledad Tato González-Espada.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Pedro Francisco Duque Duque.
2. Patricia Blanquer Alcaraz.
3. Alejandro Soler Mur.
4. Yolanda Seva Ruiz.
5. Lázaro Azorín Salar.
6. Rosa Guillén Cantó.
7. Yolanda Zaragoza Martínez.
8. Guillermo Sendra Guardiola.
9. Nora Taj Lidón.
10. Miguel Ángel Gomis Fernández.
11. Fuensanta López Baño.
12. Pablo Juan Martínez Catalá.
Suplentes:
1. Inés Reyes Estudillo.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Berta Soria Bordera.
2. Obdulia Pérez Cerdán.
3. María Isabel Rodríguez Giménez.
4. Sergio Almarcha Riquelme.
5. Miguel Ángel Morant Gómez.
6. María José Peinado Puche.
7. Ángel Olmedo Sáez.
8. Lucía Rico González.
9. Manuel Fontán García.
10. Natividad Rueda Moral.
11. Tomás Ferrando Agulló.
12. Andrea Concepción Ripoll Cuesta.
Suplentes:
1. César Trillo Rueda.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Marta Martín Llaguno.
2. Juan Ignacio López-Bas Valero.
3. María Teresa Ortiz López.
4. Faustino César Alonso Puig.
5. Enrique Peidró Zaragoza.
6. Miguel Picher Ramos.
7. Beatriz Falomir Ros.
8. María Carmen Padilla Córdoba.
9. Alfonso Martínez Cases.
10. Emiliano Rodríguez Rodríguez.
11. Ana Vanesa Rico Montero.
12. José Angel Herrero Ruiz-Navarro.
Suplentes:
1. Cristian Sánchez Sánchez.
2. Apolonio Gómez-Lobo García.
3. Gertrudis Ripoll Escolano.
4. Eva María Torres Soria.
5. Cristina Iñigo Barrio.
6. Juan Manuel Sánchez Castillo.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Ginés Saura Fernández.
2. María Dolores Jiménez Muñoz.
3. Vicente Daniel Alcaraz Mira.
4. Felip Vicedo Román.
5. María Jesús Cuesta Bolao.
6. Onofre Mirón Martínez.
7. Elena Buitrón Chamorro.
8. Katja Gilly de la Sierra-Llamazares.
9. José Ramón Barril Antuña.
10. Antonio Durán Muñoz.
11. Alba Molina Suria.
12. Marcos Sainz-Pardo Auñón.
Suplentes:
1. Julio Díaz Díaz.
2. Alicia Crevillén González.
3. Ángel Félix Olloa.
4. María Yolanda Gómez González.
5. Carlos Benigno Torres Pérez.
5. REPÚBLICA VALENCIANA/PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (RVPVE)
1. Robert Quereda Amorós.
2. Isabel Fernández Pedrós.
3. José M. Raso Llamas.
4. María Dolors Alexandre Ivorra.
5. Marcos Grau Sanjuán.
6. María Ortiz López.
7. Alejandro Santamaría Soria.
8. Mayte Pérez Tent.
9. José Gomis Furió.
10. María Trinidad Marco Egea.
11. Joaquím Auladell Freixinet.
12. Carme Serrano Amador.
6. LOS VERDES ECOPACIFISTAS ADELANTE (AVANT ADELANTE LOS VERDES)
1. Juan García García.
2. Pablo Nocete Mora.
3. Carmen Soledad Sánchez Torrecillas.
4. Cristina García Sosa.
5. Miguel Ángel Cuartero Díaz.
6. Josué Prieto Moral.
7. Catalina Torrecillas Asensio.
8. Andrea Rodríguez Ivorra.
9. José Manuel Marco Juan.
10. Juan José González Molina.
11. Irene Talavera Portuondo.
12. Juan Canalejo Palomares.
Suplentes:
1. Tamara Felipe García.
2. Inés Gandía Molina.
3. Sergio Navarro Rafols.
4. María Dolores Humanes Pereira.
5. Ramón Llavero Hernández.
6. Genoveva Sosa Díaz.
7. Diego Antonio Jiménez Sánchez.
8. María Carmen Sánchez Zamora.
9. Martín Jiménez Peña.
10. Ana María García Sosa.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. César Sánchez Pérez.
2. Macarena Montesinos de Miguel.
3. Agustín Almodóbar Barceló.
4. Sergio Rodríguez Meseguer.
5. María de los Ángeles Quiles Mondéjar.
6. Arturo Poquet Ribes.
7. María Edelmira Ferri Hernández.
8. Gema Ferrández Berenguer.
9. José Manuel Pardo Martínez.
10. Rafael Almagro Palacios.
11. María García Pascual.
12. Lino Antonio Pascual Carbonell.
Suplentes:
1. María Mercedes Torregrosa Orts.
2. José Rubio Quereda.
3. Manuela Mora Pascual.
4. Raimundo Montava Allouzi.
8. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Alejandro Luis Mulet Gómez.
2. Verónica Oliver Mengual.
3. Daniel Campos Catalá.
4. María Jesús Navarro Padilla.
5. Alejandro Martínez Ruiz.
6. María del Pino Navas Llarena.
7. Mirian Ortiz Muñoz.
8. Jaime Pérez Oltra.
9. Iván Avila Navarro.
10. Dulcinea González Estefanía.
11. Fernando Esquer Rubira.
12. Pedro Manuel Romero Navarro.
Suplentes:
1. Cristina Morante Rodríguez.
2. Gaspar Rodríguez Valero.
3. María Nieves Lloret Devesa.
4. Sandra de Vega Vega.
5. Jesús Jiménez Lara.
9. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. Txema Guijarro García.
2. María Teresa Pérez Díaz.
3. Noelia Olivares González.
4. Francesc Ramón Valls Pascual.
5. Chantal Juan Ballester.
6. María del Mar Galindo Merino.
7. Maika Fernández Baena.
8. Josep Xavier Carmona González.
9. José Francisco Albaladejo Hernández.
10. Antonio Bernabé Tocado.
11. Adriana Rodríguez García.
12. Francisco Javier Fernández Baena.
Suplentes:
1. María Natividad Martínez Ruiz.
2. Darío Moreno Alzuyet.
3. Carmina Reig Bataller.
10. FAMILIA Y VIDA (PFyV)
1. María Jesús Luzán González.
2. Enrique Torrella Corbera.
3. María Soledad Vega Díez.
4. Gabriel Poch Silva.
5. Cristian Murga Gotelli.
6. Francisca Gall Rius.
7. Eduardo Saura Fradejas.
8. Carmen Luzán González.
9. Miguel Clotet Arrufat.
10. Luis Muñoz Collado.
11. Irene Poch Silva.
12. Josep Ramón Llenín Portavella.
11. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Ignasi Candela Serna.
2. María José García Roselló.
3. Cristian Alberto Fortanet Van Assendelft de Coningh.
4. Pablo Ferrando Jaén.
5. Tamara Martínez Lidón.
6. Denis Allso Moreno.
7. Federico Zaragoza Alberich.
8. Marian Campello Moreno.
9. Sergi Ferrús Peris.
10. María Paula Carsi Zegri.
11. Francisca Guardiola Mira.
12. Gerard Fullana Martínez.
Suplentes:
1. Bárbara Ripoll Jareño.
2. Carles Sansalvador i Llopis.
3. Concepción Martínez Verdú.
4. Juan Antonio Esclápez Agulló.
12. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Patricia Teresa Miñana Pérez.
2. José Luis Molares Mora.
3. María Èlia Navarro Monerris.
4. Joan de Déu Martínes Llinares.
5. María Losada Ballester (Independiente).
6. Salvador Llinares Quiles.
7. Noèlia Lozano Aracil (Independiente).
8. Josep Grimalt Mestre.
9. María Martínez Llinares (Independiente).
10. Joan Santonja Gisbert.
11. María Elena Peirón Sirvent.
12. Mikel Lorenzo Forcada Zubizarreta.
Suplentes:
1. Pau Codina Llopis (Independiente).
13. VOX (VOX)
1. Manuel Mestre Barea.
2. José María Sánchez García.
3. Eduardo Luís Ruiz Navarro.
4. Mónica Borrás Alós.
5. Matilde García Lozano.
6. Juan Francisco García Moltó.
7. María Isabel Domínguez Pomares.
8. Nuria Pujante Carrillo.
9. Jaime Rozalén Romo.
10. Marisol Sanchís Martínez.
11. Borja Sánchez Garrido.
12. Lourdes Masegosa Navarro.
Suplentes:
1. Gema Alemán Pérez.
2. Miguel Da Silva Ortega.
3. José Muñoz Salvador.
14. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Gertrudis Hurtado García.
2. Borja Mansilla Álvarez.
3. Isabel Olmo Olmo.
4. Juan López Yébenes.
5. Sagrario Guillén Dengra.
6. Carmen Sáez Menchacatorre.
7. Juan Ramón Jaén Morcillo.
8. Josefina Álvarez Carrasco.
9. Diego Ruano Rubio.
10. Joan Carles Caldentey Matheu.
11. Ignacio Baos Pérez.
12. Josefa Mateo Rubio.
Suplentes:
1. Adriana Martínez Fernández.
2. Cristóbal García Álvarez.
3. José Manuel López González.
4. Antonia María González Pastor.
5. Diana Jordán Catalán.
6. José Luis García Cantó.
15. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Constantino Javier Alberdi Benito.
2. María del Dulce Nombre Plans Portabella.
3. José Manuel Corcuera Miranda.
4. Karla Alejandra Rojas Armijos.
5. Migue Ángel Sancho Martín.
6. Antonio Zamora de Vicente.
7. María Ontañón Nasarre.
8. Ezequiel Puig-Maestro-Amado Gómez de la Vega.
9. María Begoña Merinero Cortés.
10. Carlos Felipe Vergara González.
11. Barbara Edurne González Quer.
12. Modesto Gutiérrez Gutiérrez.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Asensi Sabater.
Suplente 1: María Angeles Ivars Bermejo.
Suplente 2: Antonio Serafín Gimeno Cerdá.
2. Ana Martínez Zaragoza.
Suplente 1: Miguel Martínez Ballester.
Suplente 2: María Teresa Carbonell Bernabeu.
3. Carlos Giménez Bertomeu.
Suplente 1: Adelina Sirvent Garriga.
Suplente 2: Mariano Ibáñez Vicente.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Paloma Jerez Cabello.
Suplente 1: Miguel Ángel Payá Giménez.
Suplente 2: Elena Martínez Martínez.
2. Germán Rabasco Mora.
Suplente 1: María Lourdes Llorca Crespo.
Suplente 2: Javier Olmedo Pérez.
3. Maite Carpintero Pariente.
Suplente 1: José Onofre Martínez Reche.
Suplente 2: Eva Corchado Sánchez.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Lucía Granados Alós.
Suplente 1: Miguel Ángel Sánchez Gregorio.
Suplente 2: Rebeca Merchán Díaz.
2. Domingo Francisco Guillén Fernández.
Suplente 1: María Paz Gallud Conesa.
Suplente 2: Manuel Molina Martínez.
3. Santiago Mira Quiles.
Suplente 1: Alejandro Cebrián Agulló.
Suplente 2: María del Carmen Marco Reina.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Manuel Serna Oltra.
Suplente 1: Miguel Marcos Alonso.
Suplente 2: Aurora Bernal Recio.
5. LOS VERDES ECOPACIFISTAS ADELANTE (AVANT ADELANTE LOS VERDES)
1. Abelardo Lloret López.
Suplente 1: Dolores Rivera López.
Suplente 2: Francisco Marco Juan.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Pablo Ruz Villanueva.
Suplente 1: Andrés Francisco Sáez Ramón.
Suplente 2: Almudena Rico Lull.
2. María Adela Pedrosa Roldán.
Suplente 1: Miguel Gascón Benzal.
Suplente 2: Rosa Vicenta Cardona Vives.
3. Consuelo Maraver Lora.
Suplente 1: Xenia Torres Romero.
Suplente 2: Pablo José Cremades Pertusa.
7. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. José María García Cabrera.
Suplente 1: Miriam Regidor García.
Suplente 2: Aleixandre Ortiz Muñoz.
8. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. María Asunción Villaverde Zamora.
Suplente 1: María Salud Ibáñez Payá.
Suplente 2: Carlos Andreu Lluch.
2. María José Gómez-Pimpollo López-Castillo.
Suplente 1: Alfonso Samper Cervera.
Suplente 2: Arantxa Romay García.
3. Roberto Molina Pilosio.
Suplente 1: Lorena Guzmán Trochez.
Suplente 2: Salvador Martos Orihuela.
9. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Llum Quiñonero Hernández.
Suplente 1: Àngels Grimalt Vives.
Suplente 2: Segismundo Morán Sánchez.
2. Conxa del Ruste Aguilar.
Suplente 1: Josep Basili Salort Bertomeu.
Suplente 2: Gema Concepción Muñoz Navarro.
3. Vicent Miquel Sansano Belso.
Suplente 1: Luisa Fernanda Martín Bataller.
Suplente 2: Juan Pablo Perales González.
10. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Juan Francisco Martínez Tortosa.
Suplente 1: Rosa María Albert Sanchís (Independiente).
Suplente 2: Jordi Vayà i Olcina.
11. VOX (VOX)
1. Pascual Moxica Pruneda.
Suplente 1: María José Sañudo Salamanques.
Suplente 2: Andrés Íñigo Martínez.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Adrián Martínez Ramos.
Suplente 1: Rebeca López Sánchez.
Suplente 2: Álvaro Martínez Fernández.
2. Rosa Isabel Payá Giménez.
Suplente 1: Josefa López Sánchez.
Suplente 2: José María Valero Jiménez.
3. Rafael Adrián Serrano.
Suplente 1: María del Carmen Fernández Alcarria.
Suplente 2: Juan Antonio Boal Pérez.
13. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Francisco de Bartolomé Gisbert.
Suplente 1: María Teresa García Mesonero.
Suplente 2: José Manuel Gómez Barrientos.
JUNTA ELECTORAL DE ALMERÍA
Doña Isabel Bru Misas, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Almería,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el artículo 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Almería, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Isabel Bru Misas.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Manuel Villegas Pérez.
2. Vicente García Egea.
3. Pedro Manuel Peña Sánchez.
4. Isabel María Manzanares Muñoz.
5. Juana Lourdes Soler Ramos.
6. Verónica Gómez Gómez.
Suplentes:
1. Francisco José Fernández García.
2. Cristina Guillén Puertas.
3. Rafael Jesús Burgos Castelo.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Manuel Conejero Calvo-Flores.
2. Marina Gil Martínez.
3. Francesc Xavier Sotorra Martorell.
4. Priscila Fernández Vidal.
5. Juan Antonio Rodríguez Yáñez.
6. María del Mar Rodríguez-Comendador Pérez.
Suplente:
1. Salvador Carrasco Rosado.
3. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Rosario Carvajal Ávila.
2. Beatriz Martínez Estrada.
3. Adrián Piedra Calvo.
4. Ana Isabel Moraleda Blázquez.
5. Ramón Quirante Sánchez.
6. Jesús Damián Hurraco López.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Guirao Cabrera.
2. Sonia Ferrer Tesoro.
3. Indalecio Gutiérrez Salinas.
4. Soraya Mata Martínez.
5. Felipe José Navarro Navarro.
6. Marina Díaz Abad.
Suplentes:
1. Antonio López Olmo.
2. Antonia Amate Ramírez.
3. José María Martín Fernández.
4. Águeda Cayuela Fernández.
5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Mariana García Hernández.
2. José Antonio del Moral Arroyo.
3. María Carmen Rodríguez Nieto.
4. José Ibáñez Benzal (Independiente).
5. Carmen Viridiana López Rodríguez (Independiente).
6. Francisco López Contreras (Independiente).
Suplentes:
1. María del Pilar Heredia del Moral.
2. José Caparros Cervantes.
3. Pilar Lourdes Pérez Córdoba.
4. Luis Heredia Borrego (Independiente).
5. Vanessa de Haro Romero (Independiente).
6. Oscar García Úbeda (Independiente).
6. VOX (VOX)
1. Rocío de Meer Méndez.
2. Carlos Hugo Fernández.
3. Mercedes Jara Moreno.
4. José López Sánchez.
5. Emerencia Torres Torres.
6. Francisco Díaz Granados.
Suplentes:
1. José Fenoy Castilla.
2. María del Rosario Martín Cabrera.
7. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Elisabeth Estévez Martín.
2. Francisco Martín Leiva.
3. Adelaida Isabel Casanova García.
4. Miguel Puentes Matías.
5. María Carmen Fortes Fernández.
6. Jesús Linares Peña.
Suplentes:
1. Concepción Martín Alonso.
2. Carlos Luis García Rodríguez.
3. María Lourdes Ramos Palma.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Raquel Gemma Martínez Aguilera.
2. Roberto Álvarez Gómez.
3. María Jesús Manzano González.
4. Alejandro Gil Hernández.
5. Manuela Mañas Mañas.
6. Antonio Joaquín Socías Rovira.
Suplentes:
1. María Inmaculada Cadenas Segura.
2. José Antonio Mena Hernández.
3. Bernardo José Ocaña Matarín.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Miguel Ángel Castellón Rubio.
2. Juan José Matarí Sáez.
3. Ana María Martínez Labella.
4. Rocío Sánchez Llamas.
5. Julia Ibáñez Martínez.
6. Javier Aureliano García Molina.
Suplentes:
1. Alfonso García Ramos.
2. Almudena Morales Asensio.
3. Daniel Royen Padilla.
4. Francisca María Tapia Mena.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Dolores Linde Izquierdo.
2. Luis Antonio Rodríguez Huertas.
3. Encarnación Covadonga Caro Martínez.
4. Almudena Puertas de Lara.
5. José Andrés Cobos Fernández.
6. Raúl Díaz Huertas.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Violeta Tercedor López.
2. Julio Rodríguez Ruiz.
3. José Manuel Muñoz Plata.
4. María Jesús Chacón Mesa.
5. Francisco Agustín Agüera Alarcón.
6. Alicia Muñoz Plata.
Suplentes:
1. Miguel Ángel Lloret Pardo.
2. Manuela Pérez Luque.
3. Javier Ángel Fernando Caruncho Conde.
4. María de los Ángeles Martínez Serrano.
5. Carlos Argüelles Arízcun.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Francisco José Ramos Martínez.
Suplente 1: David Bonillo Viciana.
Suplente 2: Almudena Serrano Felices.
2. Lourdes García Garzón.
Suplente 1: Luis Miguel Martín Cruz.
Suplente 2: Dignabel Amoros Alba.
3. Agustín Canovas Sáez.
Suplente 1: Herminía Solvez Fernández.
Suplente 2: Juan Antonio Fernández Rovira.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María del Carmen Maldonado Ureña.
Suplente 1: Claudio Soli Olivar.
Suplente 2: Edurne Alejano Sánchez.
2. Eduardo José Milla Juan.
Suplente 1: Ana Nogales Valenzuela.
Suplente 2: Julio Moreno Fernández.
3. Susana Conejero Calvo-Flores.
Suplente 1: Luis Montero Ordóñez.
Suplente 2: Damari Carreño Moreno.
3. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Juan José Sánchez López.
Suplente 1: Pilar Navareño Mateos.
Suplente 2: Homar El Ouardani Martínez.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Fernando Martínez López.
Suplente 1: Antonio Martínez Rodríguez.
Suplente 2: María Carmen Ortiz Rivas.
2. Inés María Plaza García.
Suplente 1: Alejandro Rodríguez Campos.
Suplente 2: María del Rocío Fernández Zamora.
3. Juan Carlos Pérez Navas.
Suplente 1: María Carmen de la Paz Huélamo.
Suplente 2: Juan Francisco Garre Sánchez.
5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. María del Pilar del Moral Arroyo.
Suplente 1: Juan María Rodríguez Torres (Independiente).
Suplente 2: Ana María Guillén Torregrosa (Independiente).
2. Miguel Ángel Navarro Belmonte.
Suplente 1: Zoraida Navarro Félix.
Suplente 2: Manuel Jesús Gallardo Ruiz.
3. María Isabel Félix Hidalgo.
Suplente 1: Miguel Ángel Navarro Félix.
Suplente 2: Lorena Navarro Félix.
6. VOX (VOX)
1. Juan José Bonilla López.
Suplente 1: Eva Ferre García.
Suplente 2: Antonio Campos Llinares.
7. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. María Esperanza Criado Agudo.
Suplente 1: Pedro Ballesta Rama.
Suplente 2: María Ángeles Sánchez Sánchez.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Begoña Rojas Gutiérrez.
Suplente 1: Eduardo Fontecha Gutiérrez.
Suplente 2: Adoración Aguilar España.
2. José Enrique Martínez García.
Suplente 1: María del Mar Palenzuela Martínez.
Suplente 2: Ángel David Toledo Zarza.
3. Ana Isabel Expósito Fernández.
Suplente 1: Bernardo Claros Molina.
Suplente 2: María Isabel Gómez Romero.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Rafael Antonio Hernando Fraile.
Suplente 1: Carmen Belén López Zapata.
Suplente 2: Juan Pedro Pérez Quiles.
2. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez.
Suplente 1: María del Mar López Asensio.
Suplente 2: Daniel Simancas Pardo.
3. María Rosario Soto Rico.
Suplente 1: Ramón Fernández-Pacheco Monterreal.
Suplente 2: Mónica Morales Sánchez.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Amparo Huertas Mogío.
Suplente 1: Víctor Abadía Asensio.
Suplente 2: María Mercedes Quero Molina.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Irene Carrión Herrera.
Suplente 1: Cristóbal García Ramírez.
Suplente 2: Amparo Patricia Lloret Pardo.
JUNTA ELECTORAL DE ÁLAVA
Don Juan Luis Sanchón Martínez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Álava,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Juan Luis Sanchón Martínez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano.
2. Maddi Isasi Azkarraga.
3. Andoni Txasko Díaz.
4. Belén Arrondo Aldasoro.
Suplentes:
1. Oihana San Vicente Saez de Cerain.
2. Maite Elizondo Larreina.
3. Txetxu Saenz de Urturi Marañon.
2. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Mikel Legarda Uriarte.
2. Laura Pérez Borinaga.
3. Ane Miren Atin Ruiz de Viñaspre.
4. Jon Pérez García.
Suplentes:
1. Gerardo Bengoa Fernández de Gobeo.
2. Ana Ruiz de Alegría Maestu.
3. Idoia Barandika López.
3. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. María Isabel Celaá Diéguez.
2. Daniel Senderos Oraá.
3. Isabel Martínez Díaz de Zugazua.
4. Eduardo Díaz López.
Suplentes:
1. Aroa Jilete González.
2. Josu López Ubierna.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI / EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Oscar García Fernández.
2. Rebeca Álvarez Fernández.
3. Mikel Tapia García del Valle.
4. Sara Cabello Plan.
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Gabriela Sanvicente Ortega.
2. Santos Andrés Gutiérrez Figueroa.
3. Verónica Blanco Cuende.
4. Javier Sobrin Yubero.
Suplentes:
1. María del Carmen Pascual Bravo.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Mónica Morán Ares.
2. Francisco Rivera Pérez.
3. Nahia Garalde Markuerkiaga.
4. Pedro Enrique Polo Soltero.
Suplentes:
1. Isidra Correas Castaño.
7. VOX (VOX)
1. Daniel Guardiola Corada.
2. Jonathan Romero Gámiz.
3. María Arantzazu Gutiérrez Mendivil.
4. María Isabel Conde Álvarez.
Suplentes:
1. Abraham Escalante Pradas.
2. María Rosario Laporta Hidalgo.
3. Eduardo Samaniego Garrosa.
4. María Jesús Álvarez Rodríguez.
8. ELKARREKIN PODEMOS - UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Juan Antonio López de Uralde Garmendia.
2. Garbiñe Ruiz Noriega.
3. Salvador González Santiago.
4. María Luisa Corcuera Aguiriano.
Suplentes:
1. Beatriz Pilar Peña Fernández.
2. María Lourdes García de Garayo González de Aspuru.
3. José Damián García-Moreno López.
9. BIDEZKO MUNDURANTZ - POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Jesús Barcina Burgui.
2. Mireia Alaña Heredero.
3. Agustín Martínez Bárbara.
4. Begoña Barrantes Domínguez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Mari Mar Blanco Garrido.
2. Carmelo Barrio Baroja.
3. Ana Isabel Salazar Aguayo.
4. Aitor González González.
Suplentes:
1. Ainhoa Domaica Goñi.
2. Iñaki Aramburu Escalada.
3. Laura Garrido Knörr.
4. Javier Ruiz de Arbulo Cerio.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Diana Plaza Sánchez.
2. Florencia Pascual Diaz de Garayo.
3. Jose Manuel Salas Suarez.
4. Enrique Morales Zubizarreta.
Suplentes:
1. Juan Luis Costa Zuñiga.
2. M.ª Aranzazu Gutiérrez Urrutia.
3. Dominique Dieng Barrio.
4. Luis M.ª Diaz de Garayo Madina.
5. Tomas Rodriguez Vecino.
SENADO
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Garazi Dorronsoro Garate.
Suplente 1: Mikel Otero Gabirondo.
Suplente 2: Esti Besa Sánchez.
2. Aitor Miguel Quintana.
Suplente 1: Miren Lapitz Castrillo.
Suplente 2: Pablo Gorostiaga González.
3. Estíbaliz Ibáñez de Gauna Garaygordobil.
Suplente 1: Xabi Alvarez de Arcaya Fernández de Landa.
Suplente 2: Txelo Auzmendi Jiménez.
2. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Almudena Otaola Urquijo.
Suplente 1: Agurtzane Llano Cuadrado.
Suplente 2: Esteban García Campijo.
2. Juan Carlos Medina Martínez.
Suplente 1: Karmele Martínez de Santos Saldaña.
Suplente 2: Raúl Martínez de Baroja Martínez de Lagrán.
3. Rosa Peral Díez.
Suplente 1: Mirentxu Astola Legarreta.
Suplente 2: Joseba Barturen Gamboa.
3. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. Julia Liberal Liberal.
Suplente 1: Adolfo Lander Vera.
Suplente 2: Margarita Flores Sánchez.
2. Pablo de Oraá Oleaga.
Suplente 1: Eva Aisa Andino.
Suplente 2: Juan Miguel Martín Ibáñez.
3. Rosa Fresno Asensio.
Suplente 1: Miguel Ángel Pérez Santamaría.
Suplente 2: Francisca Macías González.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI / EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Unai Arratibel Rubio.
Suplente 1: Nuria Plata Iglesias.
Suplente 2: Saulo Rodríguez Angulo.
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Cristian Martínez Conca.
Suplente 1: María Victoria Ortega Moros.
Suplente 2: Rubén Conejo Goñi.
2. María Purificación Ortega Gómez.
Suplente 1: María Carmen Martínez González.
Suplente 2: Raúl Antón Benito.
3. Eusebio Requejo Moratinos.
Suplente 1: Pedro Antonio Berrazueta Serna.
Suplente 2: Ana Ramos Pascual.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Ángeles de Pedro Tamayo.
Suplente 1: Raúl Escudero Carrasco.
Suplente 2: Helena Villanueva Díez.
2. Sergio Rodríguez Rodríguez.
Suplente 1: Elena del Pilar Sousa Silván.
Suplente 2: Antonio Clemente Risueño.
7. VOX (VOX)
1. Laureano Díaz Estévez.
Suplente 1: María Amaya Martínez Grisaleña.
Suplente 2: Maria Nerea Herrero Nava.
8. ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Concepción Palencia García.
Suplente 1: Javier Espadas Roldán.
Suplente 2: María Gemma Zubiaurre Urquiri.
2. Gustavo Angulo García.
Suplente 1: María del Mar Roldán Meléndez.
Suplente 2: Francisco Javier Aldeano Garlito.
3. María Araceli Fuente Basconcillos.
Suplente 1: Ismael Rodríguez Alonso.
Suplente 2: Concepción Sánchez Pavón.
9. BIDEZKO MUNDURANTZ-POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Nekane Oribe Moreno.
Suplente 1: Jacinto Calzas Campaña.
Suplente 2: María Luz Canales Vega.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jorge Ibarrondo Bajo.
Suplente 1: Gustavo Antepara Benito.
Suplente 2: M.ª Carmen López de Ocáriz López de Munain.
2. Ana Morales Peral.
Suplente 1: Jesús Montejo Ruiz de Loizaga.
Suplente 2: Ana Díaz de Zugazua Salazar.
3. Miguel Garnica Azofra.
Suplente 1: Marta Alaña Alonso.
Suplente 2: Miguel Angel Fernández González.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. M.ª Montserrat Peña Sarasua.
Suplente 1: Adrián González Calero.
Suplente 2: Josebe Amado Iglesias.
JUNTA ELECTORAL DE ASTURIAS
Doña María de los Ángeles Blanco Lizana, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Asturias,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Oviedo, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María de los Ángeles Blanco Lizana.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Ignacio Prendes Prendes.
2. Laura Infanzón Méndez.
3. María del Carmen Fonte Lafuente.
4. Almudena Martínez Pérez.
5. Luis del Moral Muñiz.
6. Ceila Fernández Fernández.
7. Juan Carlos Lorenzo Villanueva.
Suplentes:
1. María Ángeles Ordóñez Alonso.
2. Jaime López González.
3. Aurora María Sánchez Gómez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Walter Sánchez Suárez.
2. Miriam López Guerra.
3. María Cristina Toribio Brañanova.
4. Saturnino García Morán.
5. Celestina Angélica Fernández Zamora.
6. Francisco Javier Moreno Sanjuán.
7. Sandra Antonia Álvarez Martínez.
Suplente:
1. Luis Luna Seoane.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Adriana Lastra Fernández.
2. María Luisa Carcedo Roces.
3. Roberto García Morís.
4. María Mercedes Otero García.
5. Jesús Ruiz López.
6. Laura Gutiérrez Naredo.
7. Iván González Espina.
Suplentes:
1. Cecilia Pérez Sánchez.
2. Juan Cañal Canteli.
3. María Gloria Muñoz Ávila.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Raúl Martínez Turrero.
2. Aida Muel González.
3. José Iván Fernández Andrade.
4. Verónica Santos Repiso.
5. Severino Menéndez Minas.
6. Inés González Castro.
7. Óscar González Larrea.
Suplentes:
1. Rubén Baizán Ramos.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Agustín Garrido Acera.
2. Raquel Mirian Gainza Gainza.
3. Julio Castiello Miguel.
4. Dulce Nombre María Martínez Corbi.
5. Ángel Santamaría Bernal.
6. Susana Martínez-Bayarri Ubillos.
7. Ricardo Elcuaz Arana.
6. UNIDAS PODEMOS-XUNÍES PODEMOS (PODEMOS-IX)
1. Sofía Fernández Castañón.
2. Juan Antonio González Ponte.
3. Rosa María Espiño Castellanos.
4. José María Guillermo Estrada Janáriz.
5. Ana Purificación Solís Roza.
6. María Victoria Ugedo Aulló.
7. Jorge Álvarez González.
Suplentes:
1. Laura Vélez Fernández.
2. Luis Díaz Rubio.
3. María de la Paz López Rodríguez.
4. Julio Antuña Román.
7. VOX (VOX)
1. José María Figaredo Álvarez-Sala.
2. Roberto Fernández Argüelles.
3. Esteban Sanfrutos Antón.
4. Laura Hurlé Díaz.
5. Lucía Suárez Noval.
6. Manuel Ángel Cristóbal Menéndez.
7. María Belén Gallinal González.
Suplentes:
1. María Aránzazu Rodríguez Carro.
2. Ignacio Blanco Urízar.
3. Sara Concepción Álvarez Rouco.
8. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. José Antonio López Gómez.
2. María Teresa Ruso Bernardo.
3. Jordi Álvarez Caules.
4. María Carmen Blanco Peña.
5. Francisco Álvarez Egurrola.
6. María Mercedes Morán Tronco.
7. Miguel Ángel Gayo Sánchez.
Suplentes:
1. María del Pilar Jusdado Arranz.
2. Alberto Rafael Sánchez Muñiz.
3. Eulalia Mariscal Martínez.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. María González Suárez.
2. David Martínez Soler.
3. Natalia Martínez Arencibia.
4. Enrique Manuel Parra.
5. Laura López Sánchez.
6. Jordi Juan Franch García.
7. Carmen María Mari Pastor.
10. PARTIDO POPULAR-FORO (PP-FORO)
1. Paloma Gázquez Collado (PP).
2. Isidro Manuel Martínez Oblanca (FORO).
3. José Luis Viesca Rodríguez (PP).
4. Jesús Suárez González (PP).
5. Ana María Bretón Fernández (PP).
6. María del Carmen Fernández Gómez (FORO).
7. Rafael Ángel Solís García (PP).
Suplentes:
1. Reinerio González García (PP).
2. Cayetano Pérez-Cubillas Ruiz (FORO).
3. María de los Milagros Rodríguez Lorenzo (PP).
4. María del Mar García Díaz (FORO).
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María de las Mercedes de la Torre Montesino.
2. Yolanda Navarrete Sehnert.
3. Víctor Manuel Gómez Rodríguez.
4. Jaime Madroñal Menéndez.
5. Margarita Victoria Sicilia Díaz.
6. Roberto González González.
7. María Sara Pérez Priede «Gladys».
Suplentes:
1. Julio José Fernández Polledo.
2. Blanca Nieves Esperanza Nosti Díaz.
3. Marco Antonio Maestro Rodríguez.
4. Alba María Martín Fernández.
12. ANDECHA ASTUR (ANDECHA)
1. Arturu Xosé Bermeyu García.
2. Llucía Fernández Marqués.
3. Paulo Arboleya Canteli.
4. Dulce María Gil Fernández.
5. Mario Arbesú Iglesias.
6. María Sonia Díaz Suárez.
7. Miguel Ánxelu Agudo Rodicio.
Suplentes:
1. María del Carme Pérez Antolín.
2. Alexander Martínez Fernández.
3. Víctor Hugo Martínez Saavedra.
13. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Segundo González García.
2. Silvia Cosio Vaquero.
3. Olga Álvarez García.
4. Jesús Ángel Alonso Fernández.
5. Taresa Fernández Lorences.
6. Sergio Sobrido Álvarez.
7. Marcela Mónica Simonutti Corgnali.
Suplentes:
1. Iván Gutiérrez Diego.
2. Celsa María Díaz Alonso.
3. Daniel Suárez Sánchez.
4. María Natalia Ridao Cano.
5. Fernando de Dios Moreno.
6. Yolanda Suárez Castro.
7. Juan Manuel Riesgo Riesgo.
8. Laura Miranda Rodríguez.
9. Lluis Miguel Orviz Menéndez.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Nicanor García Fernández.
Suplente 1: Miguel Ángel Arias Alea.
Suplente 2: María Luisa Llorente Marrón.
2. María Victoria Rubio Prieto.
Suplente 1: Liliana María García Gutiérrez.
Suplente 2: Julián Bravo Rodríguez.
3. Joaquín Merediz Vidal.
Suplente 1: Ana María Román Pañeda.
Suplente 2: Jaime Vega Reduello.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Cristina Eugenia Abella Novo.
Suplente 1: Joaquín Arce Fernández.
Suplente 2: María del Pilar Blanco Sendín.
2. Alberto Pérez Arroyo.
Suplente 1: Nazaret Jiménez Mon.
Suplente 2: Christian Álvarez Aguirre.
3. Rosa María Rubio Domínguez.
Suplente 1: Roberto Viña Muñoz.
Suplente 2: María Begoña Suárez Figaredo.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Francisco Antonio Blanco Ángel.
Suplente 1: Guadalupe María Casanova Baragaño.
Suplente 2: Óscar Gayol Alonso.
2. María Fernández Álvarez.
Suplente 1: Juan María Fernández Carnicer.
Suplente 2: Laura Torre González.
3. Fernando Lastra Valdés.
Suplente 1: Verónica Noval Gutiérrez.
Suplente 2: José Vicente Barbón Fernández.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Saúl Fernández Garrote.
Suplente 1: Lorena Catrofes Martínez.
Suplente 2: José Ramón Tejón González.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Noemí Roca Barrio.
Suplente 1: Jesús María Beorlegui Aznárez.
Suplente 2: Clara Zazpe Zabalza.
6. UNIDAS PODEMOS-XUNÍES PODEMOS (PODEMOS-IX)
1. María Mar García González.
Suplente 1: Itziar Fuente Martín.
Suplente 2: David Fernández Suco.
2. Juan Carlos Hevia Lozano.
Suplente 1: Araceli Rozada Núñez.
Suplente 2: Raúl Gayo Rodríguez.
3. José Ovidio Álvarez Rozada.
Suplente 1: Alma María Hernández de Rojas.
Suplente 2: Andrés Fernández Vilanova.
7. VOX (VOX)
1. Ana Rebeca Díaz Menéndez.
Suplente 1: Juan Fernández Baños.
Suplente 2: María Amelia Sánchez González.
8. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Jesús Fernando Rodríguez Roiz.
Suplente 1: Josefa Robles Garrido.
Suplente 2: José Luis Gómez-Plácito Carrero.
2. Concepción Martínez Miguel.
Suplente 1: Gustavo Orlando Sánchez Suárez.
Suplente 2: María Ester Bas Sánchez.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Javier Ortega Serra.
10. PARTIDO POPULAR-FORO (PP-FORO)
1. María Mercedes Fernández González (PP).
Suplente 1: José Manuel Rodríguez González (PP).
Suplente 2: María Ablanedo Reyes (PP).
2. José Ramón García Cañal (PP).
Suplente 1: Silverio Argüelles García (PP).
Suplente 2: Eva María Martínez Estébanez (PP).
3. María del Camino Gutiérrez Gutiérrez (FORO).
Suplente 1: Ana Isabel Martínez Castañón (FORO).
Suplente 2: Ignacio Onís Peral (FORO).
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Antonio Lobato González.
Suplente 1: José Manuel Rodríguez Berdasco.
Suplente 2: María de las Nieves Fernández Polledo.
2. Eduardo Madroñal Pedraza.
Suplente 1: Lucía Menéndez Martínez de Bartolomé.
Suplente 2: Lluis Mateo Estrada García.
3. Rosa María Navarrete Sehnert.
Suplente 1: Marcos Alfayate Vallín.
Suplente 2: Nilda Fabiana García Sánchez.
12. ANDECHA ASTUR (ANDECHA)
1. Ana Fernández Marqués.
Suplente 1: Atilano Rodríguez Álvarez.
Suplente 2: Violeta Santapaz García.
2. María Dolores Suárez Vallina.
Suplente 1: Nabor Rodríguez Villanueva.
Suplente 2: María del Carmen Marqués López.
3. Mariano Suárez Rodríguez.
Suplente 1: José Luis Fernández Buelga.
Suplente 2: Aymara González Montoto.
13. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Eva del Fresno Díaz.
Suplente 1: Armando Rodríguez González.
Suplente 2: Nuria Saavedra Castro.
JUNTA ELECTORAL DE ÁVILA
Doña María del Carmen Burdiel Álvaro, Secretaria de la Junta Electoral de Ávila,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las Elecciones del Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por el Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ávila, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María del Carmen Burdiel Álvaro.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Manuel Hernández Muñoz.
2. Beatriz Gallego Martín.
3. Isabel Romero Arévalo.
Suplentes:
1. David Jesús Martín Martín.
2. Javier Sastre Nieto.
3. Carmen María Rodríguez Rebollo.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Margarita Robles Fernández (Independiente).
2. Manuel Arribas Maroto.
3. Ana María Moreno Rodríguez.
Suplentes:
1. María del Carmen Iglesias Parra.
2. Manuel Jiménez Rodríguez.
3. Esmeralda Blázquez Blanco.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Eugenio Jesús González Navarrete.
2. Melinda Mate Mate.
3. Francisco José Martínez López.
Suplentes:
1. María Teresa Jiménez Jiménez.
4. VOX (VOX)
1. Georgina Trías Gil.
2. Germán Sánchez Vegas.
3. Francisco Custodio Rodríguez.
Suplentes:
1. Enrique Duarte Díaz.
2. María Esther Rodríguez Martínez.
3. Aurora Teresa Pérez Torrijos.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María del Carmen Paradinas Riestra.
2. José Luis Gil Losada.
3. Guillermo Merchán Domenech.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Esperanza Fernández Egea.
2. Benito Calzada Peña (PCAS-TC).
3. Carlos Pérez de la Serna Calero.
Suplentes:
1. María Isabel Calero Rodríguez.
2. Francisco José Pérez de la Serna Bueno.
3. Inmaculada Téllez Brahojos.
4. Pablo Luis Pascual de Benito.
7. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. José María Jiménez Hernández.
2. José Luis Moreno Parrondo.
3. Rosa del Pilar Campodónico Silva.
Suplentes:
1. Francisco Miguel López Vázquez.
2. Isabel González Izquierdo.
8. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Roxana Nicula Tanase.
2. Israel Ignacio Alonso Gómez.
3. Sergio Velasco Huertas.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Álvaro Calle Carranza.
2. Miriam Ulecia Saiz.
3. Daniel Raposo Requejo.
Suplentes:
1. Iker Vernon Díaz Arce.
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Milagros Hernández Calvo.
2. Ángel Luis Spínola Chiquero.
3. Jorge Felipe García Fernández.
Suplentes:
1. Pilar Díaz García Mauriño.
2. José Jiménez García.
3. Amalia García González.
11. POR ÁVILA (XAV)
1. Gonzalo Manuel González de Vega Pomar.
2. Héctor Sastre Díaz.
3. Ana García Hernández.
Suplentes:
1. Jaime Palacios González de Rivera.
2. Alicia Fabián Sánchez.
3. Raúl Zazo Jiménez.
4. Sonia María García Rodríguez.
5. Rosa María Hernández Valverde.
6. Sandra Martín Sánchez.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Alicia García Rodríguez.
2. Rubén Serrano Fernández.
3. María Ángeles Prieto Sánchez.
Suplentes:
1. Asunción Martín Manzano.
2. David Sánchez Tenrero.
3. José Javier Blázquez Moreno.
4. María del Pilar Araoz Hernández.
5. Carlos Díaz Hernández.
6. José Luis Rodríguez de la Mata.
13. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Lope García Verdugo Galeote.
2. Blanca Derly Arias Pineda.
3. Rafael Eduardo Suárez Zambrano.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Juan Martitegui González.
Suplente 1: Elena Sopelana Matamoros.
Suplente 2: José Montero Blanco.
2. Jesús Ignacio Sopelana Rodríguez.
Suplente 1: Vanesa Belmar González.
Suplente 2: Diego Hernández Martín.
3. Francisca Polonio Pérez.
Suplente 1: Sergio Arias Herrero.
Suplente 2: Ziortza Gárate Calvo.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Jesús Caro Adanero.
Suplente 1: Ana Isabel Zurdo Manso.
Suplente 2: Benito Zazo Núñez.
2. María Virginia Parra Garrosa.
Suplente 1: Hilario Calvo Hernández.
Suplente 2: Alicia Gómez Gallego.
3. Enrique Rodríguez Álvarez.
Suplente 1: María del Carmen Zapata Chico.
Suplente 2: Félix Serrano Blázquez.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Francisco Martín Chacón.
Suplente 1: Virginia Mego López.
Suplente 2: Antonio López Lorca.
2. Lorena Rubio Cabrero.
Suplente 1: Antonino Domínguez Sanz.
Suplente 2: Laura García Del Nogal.
4. VOX (VOX)
1. José Manuel Lorenzo Serapio.
Suplente 1: Paula Garro Jara.
Suplente 2: Pedro Luis García Aldea.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ignacio Álvaro Benito.
Suplente 1: María Fernanda Fernández Cota.
Suplente 2: Fernando González Laparra.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Saturnino Benito Carrión.
Suplente 1: Ana Marina Blanco Zurita.
Suplente 2: Antonio Miguel González Tena.
7. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS).
1. Anastasio Rodríguez Martín.
Suplente 1: Francisco Javier Del Campo Velasco.
Suplente 2: Jesusa Sanz Sanz.
8. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Gloria Rodríguez González.
Suplente 1: Iván Izquierdo Peña.
Suplente 2: María Isabel Ruíz Ortiz.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Amelia Samper Montes.
Suplente 1: Bruno Coca Arenas.
Suplente 2: María Luz Arroyo Vázquez.
2. Javier Jara García.
Suplente 1: Margarita García Sánchez.
Suplente 2: Vicente Bueno Pinilla.
3. Víctor Manuel García Muñoz.
Suplente 1: Luis Royo Muñoz.
Suplente 2: Eva Gloria Jiménez Martín.
10. POR ÁVILA (XAV)
1. Laura Maillo del Castillo García.
Suplente 1: Juan Manuel Berguio Torrubias.
Suplente 2: Cristina García García.
2. Francisco Javier Cuerva Martín.
Suplente 1: Víctor Rincón Herráez.
Suplente 2: Lourdes del Carmen Jiménez Varas.
3. Teresa de Jesús Arangüena Rodríguez.
Suplente 1: Eduardo Moyano Yonte.
Suplente 2: Laura del Río Sanz.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Juan Pablo Martín Martín.
Suplente 1: Clara Isabel Sáez Jiménez.
Suplente 2: Carlos Martín González.
2. Sebastián González Vázquez.
Suplente 1: María del Pilar González González.
Suplente 2: Rubén Rodríguez Arribas.
3. Patricia Rodríguez Calleja.
Suplente 1: Miguel Ángel López Ruiz.
Suplente 2: María Isabel Sánchez Hernández.
12. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Carlos Arnal Lafaja.
Suplente 1: Carmen Celia Lafaja Losilla.
Suplente 2: Andrés Arnal Adsuara.
JUNTA ELECTORAL DE BADAJOZ
Don Juan Carlos Hernández Sánchez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Badajoz,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Badajoz, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Juan Carlos Hernández Sánchez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Valentín García Gómez.
2. María Isabel García López.
3. Mariano Sánchez Escobar.
4. María de las Nieves Peña Leco.
5. Valerio Marcial Rodríguez Casero.
6. Lourdes Linares Matito.
Suplentes:
1. Lara Pilar Rocha Gómez.
2. José Márquez Caballero.
3. María de la Luz Chaves Chacón.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ángela Casillas Fort.
2. Rosario Sánchez Blázquez.
3. José Mario Rodríguez Martín.
4. Antonio Cortés Benítez.
5. Carolina Sánchez Vázquez.
6. Antonio Bru Crespo.
Suplentes:
1. Laura Ayuso Manzanedo.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María José Calderón Díaz.
2. Lara Montero de Espinosa Ramos.
3. Juan Arias Domínguez.
4. Elisa Isabel Montaño Macías.
5. Andrés Alberto Humánez Rodríguez.
6. José Manuel Rama Moya.
Suplentes:
1. María Cristina Menea Segura.
2. Luís Miguel Lospitao Sánchez Porro.
4. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Dolores Rico Moral.
2. Fernando William Herrera Rivera.
3. Brígida Romero Chamorro.
4. Jesús Peris Tadeo.
5. Dolores Cortés Ruiz.
6. Ángel Álvarez Rodríguez.
Suplentes:
1. Manuel Povedano Galisteo.
2. Marta Gloria Contreras Peraza.
3. José Vicente Lloret Torres.
4. Miriam Martínez Mialdea.
5. VOX (VOX)
1. Victor Manuel Sánchez del Real.
2. María José Guirado Sánchez.
3. Joaquín Diego Asensio Romero.
4. María Fátima Morán Donoso.
5. Enrique José González Pérez.
6. Matilde Valverde Alarcón.
Suplentes:
1. Juan Antonio Conejo Blázquez.
2. Teresa Jesús Hernández Reyes.
3. Ángel Manuel López Pérez.
4. Aurora Pérez Mas.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Luis Blanco García.
2. Inmaculada Soria Eugenio.
3. David Tobaja Márquez.
4. Sonia Fernández Holguín.
5. Francisco Aunión Franco.
6. Gema Fernández Holguín.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Amparo Botejara Sanz.
2. Daniel Hierro Fresno.
3. María del Pilar Ramos Duro.
4. Miguel Escobar Asunción.
5. Paula Jarque Azañedo.
6. José Antonio González Frutos.
Suplentes:
1. Natalia Álvarez García Rubio.
2. Marcelino Díaz Vázquez.
3. Sonia García Hernández.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Victor Valentín Píriz Maya.
2. María Teresa Angulo Romero.
3. Celestino Rodolfo Saavedra.
4. José Antonio Murillo Dávila.
5. María Nazaret Mesías Barrio.
6. María Josefa Cabanillas RuIz.
Suplentes:
1. Gregorio Gallego Borrego.
2. María José Calderón Carretero.
3. David Zambrano Muñoz.
4. María Lourdes Barragán Pulgarín.
5. Miguel Ángel Hernández Sánchez.
9. EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA)
1. Agustín Moreno Morcillo.
2. Emilio Damián Vahí Pérez.
3. Manuela Cordero Rangel.
4. María de los Ángeles Sánchez Martínez.
5. Desiree Flores Villa.
6. Manuel Mesones Martínez.
Suplentes:
1. Cristina Ruiz Martínez.
2. María Teresa Martínez Hidalgo.
3. Alejandro Núñez Morán.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Teresa Macías Mateos.
Suplente 1: María Carmen Trejo Mostazo.
Suplente 2: José Ángel Rodríguez Dávila.
2. Baldomero Espinosa Moreno.
Suplente 1: José Manuel Moreno Garrido.
Suplente 2: Ana Torres Márquez.
3. María Ascensión Godoy Tena.
Suplente 1: Manuela Caballero Zapata.
Suplente 2: Vicente Romualdo Murillo Gómez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Olga Lama Rodríguez.
Suplente 1: José Francisco García Díaz-Fuentes.
Suplente 2: Lupe Mendoza Mateos.
2. Manuel Ramos Benedito.
Suplente 1: Raquel Cuéllar López.
Suplente 2: Oscar Fernández Gómez.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Isidro Fernández Fernández.
Suplente 1: Juan Ignacio Díaz Martín.
Suplente 2: María José Onsurbe Domínguez.
2. María del Carmen Matos Muñoz.
Suplente 1: María Inmaculada Barranca Mirón.
Suplente 2: Joaquín Montaño Sequeda.
3. Antonia Fernández Blanco.
Suplente 1: Rogelio Cruz Molina.
Suplente 2: María Luisa Cifo Capilla.
4. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Antonio José Corts Piris.
Suplente 1: Mariana Paterna Callado.
Suplente 2: Miguel Montes Campos.
5. VOX (VOX)
1. Ángel Pelayo Gordillo Moreno.
Suplente 1: Angélica González Silverio.
Suplente 2: Fernando Mendoza Mandado.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Mario Cano Paredes.
Suplente 1: María Pilar de la Hiz Díaz.
Suplente 2: Alonso Torres Carretero.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Salud Ángel Ramos Vergeles.
Suplente 1: Montserrat Ventura Pírez.
Suplente 2: Juan Carlos Santana Fernández.
2. Juan Valor Murillo.
Suplente 1: José Luis Benítez García.
Suplente 2: Juana Algaba Merino.
3. José María González Fernández.
Suplente 1: María Arenas Lopera.
Suplente 2: Eugenio Rodríguez López.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Francisco Javier Fragoso Martínez.
Suplente 1: María Teresa Tortonda Gordillo.
Suplente 2: Lorenzo Albarrán Cuenda.
2. Pedro Acedo Penco.
Suplente 1: Jesús Amador Albandor.
Suplente 2: Eva María Franco Simal.
3. María Auxiliadora Correa Zamora.
Suplente 1: Gonzalo Maqueda Pérez Acevedo.
Suplente 2: Obdulia Lozano Bejarano.
9. EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA)
1. Pedro Agustín Lanzas Merino.
Suplente 1: María Rodríguez Escobar.
Suplente 2: Violeta Vahí Martínez.
2. Ismael García López.
Suplente 1: Pedro Fernández Barros.
Suplente 2: Juan María Vasco Ramos.
3. Antonia Martínez Hidalgo.
Suplente 1: María Teresa Ruiz Martínez.
Suplente 2: Vicente Javier Ruiz Ceacero.
JUNTA ELECTORAL DE ILLES BALEARS
Doña Paula Orell Marcús, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Illes Balears,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Paula Orell Marcús.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Joan Mesquida Ferrando.
2. Patricia Guasp Barrero.
3. Rosalía Moreno Marí.
4. Blanca López Martín.
5. Miguel Busquets Salom.
6. Carmen Rosario Botón Valderrábano.
7. Juan Canals Cortés.
8. Ignacio Gómez Fernández de Arcaya.
Suplentes:
1. Irene Torres Clapes.
2. Alejandro Valdivia Schneider.
3. Osvaldo Cifre Bordoy.
4. Isabel Leon Martínez.
5. María Ángeles Dueñas Tenedor.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Pere Joan Pons Sampietro.
2. Sofia Hernanz Costa.
3. Pau Morlà Florit.
4. Maria Bel Llinàs Pastor.
5. Josep Antoni Mayans Mesquida.
6. Amanda Fernández Rubí.
7. Jaime Julián Oliver Vallés.
8. Clara Costa Tur.
Suplentes:
1. Juan Aznar Hernández.
2. Silvia Pérez de la Vega.
3. José Marí Costa.
4. Rafaela Sánchez Benítez.
3. VOX (VOX)
1. Antonio Salvá Verd.
2. Patricia de la Heras Fernández.
3. Bartolomé Torres Mascaró.
4. Esperanza Catalá Ribo.
5. María Dolores Nchaso Sota.
6. Francisco Pol Alorda.
7. Vanesa Jofre Blake.
8. Fulgencio Coll Bucher.
Suplentes:
1. Sandra Catalina Barceló Schwarz.
2. Luis Raúl Arenas Campos.
3. Antonio Camps Casasnovas.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Cristina Perea Pau.
2. Lluc Berro Penycate.
3. Aurora de Codina Llopis.
4. Raúl Díaz Barreto.
5. Raquel Rivas Alonso.
6. Emilio Hernández Martín.
7. María José Ramírez Ros.
8. Manuel Lara Raigada.
Suplentes:
1. Rosa Cuesta López.
5. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)
1. Antonia Jover Diaz.
2. Lucía Miriam Muñoz Dalda.
3. Jorge Rossello Bouso.
4. Natividad Isidora Benejam Bagur.
5. Daniel Baltasar Pueyo Adrover.
6. Xavier Morell Sanso.
7. Alejandro Montero Ortiz.
8. Vanesa Díaz Ojeda.
Suplentes:
1. Laura Pérez Reol.
2. Yolanda Cruz del Rio.
3. Artur Parrón Guasch.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Margarita Prohens Rigo.
2. Miguel Ángel Jerez Juan.
3. María Teresa Torrent Pallicer.
4. Carlos Martínez De Tejada Pérez.
5. Lourdes Cardona Ribas.
6. Lorenzo Cardona Seguí.
7. Francisco Ferrer Tur.
8. Marilina Ribas Cardona.
Suplentes:
1. Antonio Gómez Pérez.
2. Marc Álvarez Gelabert.
3. Begoña Mercadal Jiménez.
4. Joan Salort Fuster.
5. M.ª Antonia Juan Marí.
6. Sergio Llompart Duffett.
7. Beatriz Estopiñán González.
8. Joan Carralero Perelló.
9. Catalina María Ribas Nicolau.
7. MÉS ESQUERRA (MÉS-ESQUERRA)
1. Guillem Balboa Buika.
2. Patricia Font Marbán.
3. Mateu Matas Ordinas «Xurí».
4. Anna Marí Llorens.
5. Marta Guijarro Mas.
6. Oriol Baradad Baldomá.
7. Carme Gomila Domínguez.
8. Juan Diego García Salom.
8. MÁS PAÍS (M. PAÍS)
1. Maria Luisa Lucas Perpiña.
2. Andreu Fullana Arias.
3. Maria del Mar Muñoz Moll.
4. Francisco Cantallops Cardell.
5. Julia Serra Esteban.
6. Samuel Daza Cáceres.
7. Iratxe Cabrera Bejarano.
8. Lucas Gastón Lober Loberis.
Suplentes:
1. Isabel López Ramírez.
2. Francesc Mainzer Cardell.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Natalia Vara Bodas.
2. Luis Juan De La Torre Guzman.
3. Antonio Triay Castro.
4. Maryelin Amparo Ramirez.
5. Ana Mintegui Lacarra.
6. Francisco Merino Iglesias.
7. Tania Gonzalez Ambros.
8. Samuel Homs Fernandez.
Suplentes:
1. Cristina Peiró Pulido.
2. Jesus Manuel Guardiola Pascual.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Juan Manuel Batista Sánchez.
2. María Nereida Quijada Guadalupe.
3. Héctor Juan Pérez Hernández.
4. Marta Valverde Jiménez.
5. Borja Luján Rodríguez.
6. Almarca Ramírez De León.
7. David Marrero Morales.
8. Camen Yaiza Sánchez Campos.
11. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Ignacio Federico López Abalo.
2. Marcos Seguí Soto.
3. Regina Jpaquina Carbonell Gimenez.
4. Albert Barceló Ortega.
5. Elena Soraya Martín Rodriguez.
6. Adrià Marí Copa.
7. Estela Valiente Conejero.
8. Lluna Sanz Montrull.
SENADO
Circunscripción electoral: Mallorca
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Beatriz Medina Muñóz-Torrero.
Suplente 1: Ángel Hoyos Vich.
Suplente 2: Gaël Aline Thyus Vieville.
2. Omar Delgado Garrido.
Suplente 1: Lidia Antonia Sabater Pérez.
Suplente 2: Alejandro Escriche Cots.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Cosme Bonet Bonet.
Suplente 1: Cristina Alonso Pujadas.
Suplente 2: Sergio Rigo Martínez.
2. Susanna Moll Kammerich.
Suplente 1: Lluís Socias Abraham.
Suplente 2: Josefina Ramis Rigo.
3. VOX (VOX)
1. Manuela Cañadas Pinilla.
Suplente 1: Agustin Nicolas Rul.lan Buades.
Suplente 2: Claudia Ana Martínez Fernández.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Patricia Blanco Martín.
Suplente 1: Ramón José Ripoll Ferri.
Suplente 2: Marisa Bellostas Jara.
2. Franciso González Benito.
Suplente 1: María del Mar Alsina Aicart.
Suplente 2: Mario González de Prado.
5. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)
1. Bienvenida Aguilo Grau.
Suplente 1: Margalida Santandreu Pons.
Suplente 2: Cristian Pallés Martín.
2. Alfonso Rodríguez Sanchez.
Suplente 1: Margarita Quetglas Quesada.
Suplente 2: Omar Exposito Rivero.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Salom Coll.
Suplente 1: Bernat Vallori Mairata.
Suplente 2: María de Lourdes Roca Calafell.
2. Javier Bonet Díaz.
Suplente 1: Margalida Vicens Alzamora.
Suplente 2: Joan C. Jaume Mulet.
7. MÉS ESQUERRA (MÉS-ESQUERRA)
1. Lila Thomás i Andreu.
Suplente 1: Joan Font Massot.
Suplente 2: Antònia Maria Ferrá i Ramis.
2. Isidre Mateu Sabater.
Suplente 1: Margalida Seguí Albertí.
Suplente 2: Andreu Salom Mir.
8. MÁS PAÍS (M. PAÍS)
1. Antoni Gutierrez Sastre.
Suplente 1: Maria Francisca Perpiñá Font.
Suplente 2: Antoni Campins Sastre.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Juan José Fernadez Panadero.
Suplente 1: Francisca Iglesias Diaz.
Suplente 2: Fredy Alberto Quiroz Mercado.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Teresa Viera Oliver.
Suplente 1: Fernando Jesús Santana Rodríguez.
Suplente 2: María José Medina Rodríguez.
11. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Antonio Forteza Bonnet.
Suplente 1: Antonia Martinez Sanchez.
Suplente 2: Francisco Ramos Escobar.
Circunscripción electoral: Menorca
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Jorge de Diego Capellán.
Suplente 1: Sara Alcina Mesquida.
Suplente 2: José Manuel Morales Bosch.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Maria del Carme Garcia Querol.
Suplente 1: Josep Mercadal Baquero.
Suplente 2: Maria Gràcia Mercadal Marquès.
3. MÉS PER MENORCA (MxMe)
1. Eduard Riudavets Florit.
Suplente 1: Maite Pons Pons.
Suplente 2: Francesc Pons Pérez.
4. VOX (VOX)
1. Guillermo Juan Jusué de Olives.
Suplente 1: Anabeidy Ramírez Sánchez.
Suplente 2: Alejandro Olivares Niño.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Salvador Moll Herrero.
Suplente 1: María Elena Pérez de Gracia Jabardo.
Suplente 2: Javier Antonio Muñoz Izquierdo.
6. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)
1. Antonia Florit Salord.
Suplente 1: Pablo Jesus Jimenez Fernandez.
Suplente 2: Claudia Reigosa de la Cruz.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jordi López Ravanals.
Suplente 1: Cristóbal Marqués Palliser.
Suplente 2: Begoña Jusué Hernández.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Adriá González Minaya.
Suplente 1: Mireia Gómez Giner.
Suplente 2: Juan José Bon Laudeña.
Circunscripción electoral: Eivissa-Formentera
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Johanna Alejandra Gálmez Zúñiga.
Suplente 1: Eva Ruiz Zamora.
Suplente 2: Juan Manuel Gil Gómez.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Patricia Abascal Jiménez.
Suplente 1: Rafael Ramírez Gutiérrez.
Suplente 2: Lucia Alexia Prats Maffin.
3. VOX (VOX)
1. Carlos Torres Mayans.
Suplente 1: María José Verdú Torres.
Suplente 2: Guillermo Marqués Alomar.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Daniel Ramón Planells Fragua.
Suplente 1: María Ángeles Barrios Rabazas.
Suplente 2: Juan Manuel Moreno Villalba.
5. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)
1. Mario Miguel Devis Luján.
Suplente 1: Ángeles Rosselló Diaz.
Suplente 2: Joan Bennasar Torres.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jacobo Varela De Limia Chordá.
Suplente 1: Belén Palerm Rodríguez.
Suplente 2: Francisco Javier Marí Àlvarez.
7. ESQUERRA REPUBLICANA (ESQUERRA)
1. Josep Antoni Prats Serra.
Suplente 1: Maria De Les Neus Torres Roig.
Suplente 2: Jordi Torres Boned.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Javier Sánchez Aranda.
Suplente 1: Antonia Exposito Roma.
Suplente 2: Jose Diego Berenguel Forte.
JUNTA ELECTORAL DE BARCELONA
Don José Marín Rillo, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Barcelona,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Barcelona, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, José Marín Rillo.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Meritxell Batet Lamaña.
2. Francisco Polo Llavata.
3. Mercè Perea Conillas.
4. José Zaragoza Alonso.
5. Lídia Guinart Moreno.
6. Francisco Aranda Vargas.
7. Carmen Andrés Añón.
8. Arnau Ramírez Carner.
9. Sònia Guerra López.
10. Enric Fernandez-Velilla Ceprià.
11. Alicia Rodríguez Luna.
12. Carles Cuerva Claver.
13. Gracia García Matute.
14. Josep Paré Aregall.
15. Carmen García Lores.
16. Gerard Llobet Sánchez.
17. Susanna Mérida López.
18. Tomàs Casero Garcia.
19. Maria Teresa Carrillo Garcia.
20. Mohammad Iqbal Chauhdry.
21. Sonia Beltrán Dey.
22. Sergio Navarro Tudela.
23. Manuela Arriaga Aznar.
24. Marc Cabañas Hidalgo.
25. Maria Jesús Rodríguez Martínez.
26. Manuel Ramón Ortiz Marchena.
27. Cindy Rando Radaelli.
28. José Antonio García Saceda.
29. Maria Cristina Cristóbal Ruiz.
30. Francisco Ortiz Herrera.
31. Eulàlia Lluch Bramon.
32. Matías Carnero Sojo.
Suplentes:
1. Eduard Vallhonesta Alarcón.
2. Clara Jakqueline Baca Chankingah.
3. Jesús Prieto Santos.
4. Maria Lladó Leal.
5. José Luis Salazar Máñez.
6. Gisela Vargas Reyes.
7. Hector Leal Reyes.
8. Maria Vallejo González.
9. Francisco Bringueret Nafria.
10. Noemí Trucharte Cervera.
2. PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Esteban Serra Vila.
3. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Inés Arrimadas García.
2. Fernando Tomás de Páramo Gómez.
3. José María Espejo-Saavedra Conesa.
4. Carina Mejías Sánchez.
5. Ignacio «Nacho» Martín Blanco (Independiente).
6. Sonia Sierra Infante.
7. Jose María Cano Navarro.
8. Laia Garrido Angaron.
9. Carlos Aguilar Moreno.
10. María Cristina Corona Guijarro.
11. Isabel Martínez Comas.
12. Francisco Avilés Salazar.
13. Saray Cantero García.
14. Carolina Torres García.
15. Raul González Fuentes.
16. María Duarte Aparicio.
17. Rafael Yepes Ruiz.
18. Antonio Miguel Ruiz Redondo.
19. Pedro Sánchez Álvarez.
20. Sonia Reina Sánchez.
21. Manuel Torné Bueso.
22. Sonia Rodríguez Ruiz.
23. Francisco Gavilán Peña.
24. Manuel Losada Seivane.
25. Cristina Claret Fernández.
26. Erica Quintero Ultraran.
27. Anna Maria Torra Garrido.
28. Tahir Rafi Khanum.
29. Daniel Martínez Rodríguez.
30. Raquel Quiles Puerto.
31. Nicolás Ortiz Cuevas.
32. María Luz Guilarte Sánchez.
Suplentes:
1. Stella Parodi Barriga.
2. Pilar Benito Padilla.
3. Ramón García Fernández.
4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Oriol Junqueras i Vies.
2. Gabriel Rufián i Romero.
3. Carolina Telechea i Lozano.
4. Joan Josep Nuet i Pujals (Sobiranistes).
5. Maria Carvalho i Dantas.
6. Pilar Vallugera i Balañà.
7. Marta Rosique i Saltor.
8. Joan Capdevila i Esteve.
9. Gerard Álvarez i Garcia.
10. Adelina Escandell i Grases (Sobiranistes).
11. Xavier Godàs i Pérez.
12. Montserrat Vilardosa i Tomàs.
13. Josep Domènec Meseguer i Garcia (Mingo).
14. Núria Escursell i Serra.
15. Alfons Bech i Peiró (Sobiranistes).
16. Montserrat Font i Fabra.
17. Manuel Bueno i Martínez.
18. Isabel Vila i Cullell (Sobiranistes).
19. Josep Tomàs Àlvaro i Juncosa.
20. Anna Cella i Navarro.
21. Josep Miquel Garcia i Castañé.
22. Meritxell Romero i Pinet.
23. Ismael Benito i Altamirano (Sobiranistes).
24. Maria Teresa Escobar i Gomera.
25. Joan Ramon Barrachina i Casals.
26. Montserrat Medall i Prades.
27. Albert Xoy i Serra.
28. Lucía Pérez i Porcel (Sobiranistes).
29. Isaac Garcia i Fernàndez.
30. Anna Sosa i Ródenas.
31. Eugenia Parejo i Muñoz.
32. Joan Tardà i Coma.
Suplentes:
1. Josefina Campas i Ferron.
2. Manuel Navarro i Castillo (Sobiranistes).
3. Beatriu Acín i José.
4. Mercè Garrigosa i Ferrando.
5. Josep Campmany i Guillot.
6. Mireia Monfort i Sòria.
7. Olga Torrents i Salvadó.
8. Roger Pérez i Àlvarez.
9. Pilar Gibert i Gerez.
10. Joan Mangues i Sempere.
5. PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)
1. Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
2. María de los Llanos de Luna Tobarra.
3. Manuel Reyes López.
4. Juan Bautista Milián Querol.
5. Isaac Iván Martín Salvà.
6. Mónica Parés Centeno.
7. Xavier Cañigueral González.
8. Alfredo Bergua Valls.
9. Silvia Cangueiro Márquez.
10. María Inmaculada Fernández Navarro.
11. Ignacio Rigau Tusell.
12. Miguel Raposo Riesco.
13. José Tutusaus Besante.
14. Marta Giménez Arcusa.
15. María del Turruchel Alcantud Inarejos.
16. Eva Prat Vila.
17. Marina Lozano Illescas.
18. José Antonio Calleja Clavero.
19. Javier Barreña Flores.
20. Eva García Rodríguez.
21. María Eugenia Urgellés Gil de Sola.
22. Francisco Guillem Molins.
23. Isabel Soler García.
24. Manuel López López.
25. Manuel Conde Garcóa.
26. José Llobet Navarro.
27. Elisabeth Martínez García.
28. María José del Aguilar Bacalleros.
29. Lydia María Remedios Remon Aguirre.
30. José Vargas Rincón (Independiente).
31. María Concepción Ayarza Tovar.
32. José Bou Vila (Independiente).
Suplentes:
1. Miguel Torrubiano Blanco.
2. César Alcalá Giménez.
3. Álvaro Hernández Tomás.
4. Keli Caseiro Vázquez.
5. Cristina Pérez Porcet.
6. Jaume Coll Santa Cecilia.
7. María de las Mercedes Santiago Die.
8. Marco Antonio Fernández Domínguez.
9. Alejandro Muñoz Mateos.
10. María Luisa Ibáñez Boira.
6. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA (CUP-PR)
1. Mireia Vehí Catenys.
2. Albert Botran Pahissa.
3. Eulàlia Reguant Cura.
4. Aleix Auber Álvarez.
5. Esther de Alcazar Fabregat.
6. Maties Serracant Camps.
7. Pilar Castillejo Medina.
8. Julià de Jòdar Muñoz.
9. Maria Eva Fernàndez Lamelas.
10. Ignasi Bea Seguí.
11. Manuel José Moles Canal.
12. Neus Roca Miró.
13. Ivan Altimira Miralles.
14. Eddy Fabregat Granell.
15. Jesús Albert Magallón Mora.
16. Maria Oliver Reche.
17. Lluc Vinyes Pelàez.
18. Núria Comerma Cortada.
19. Jordi Casas Caritg.
20. Judit Costa Pagès.
21. Oscar Mendoza Gomez.
22. Eva Vendrell Sarroca.
23. Abel Maruny Sales.
24. Maria Jesús Merino Asensio.
25. Ernest Clotet Berenguer.
26. Aida Coca Sànchez.
27. Joan Antoni Vilà Gallego.
28. María Dolores Izquierdo Cancho.
29. Ángel Camacho Hervás.
30. Carlos Escolà Sánchez.
31. Núria Gibert Dasca.
32. Joan Coma Roura.
Suplentes:
1. Roger Prims Vila.
2. Maria del Carmen Pintó Borastero.
3. Òscar Simón Bueno.
4. Maria Àngels Casals Font.
5. Eva Pedraza Aguilera.
6. David Solà Rota.
7. Mariona Pascual Alfaras.
8. Maria Anguera Camós.
9. Jordi Masdeu Valverde.
10. Ivana Perez Molina.
7. FAMILIA I VIDA (PFiV)
1. Josep Maria Clotet Huertas.
2. Josep Carreras García.
3. Gemma Bas Solà.
4. Mercè Roca Vilaseca.
5. Pau Sanfeliu Arboix.
6. Ramon Casals Lamarca.
7. Ignacio José Pascual Aguirre de Carcer.
8. Josep Torrella Corbera.
9. María Rosa Bonals Comellas.
10. María Ángeles Navarro Hortal.
11. Enric Vallejo Casals.
12. Gema Silva Castignani.
13. Antonio Carreras García.
14. Elsa Zapata Jorba.
15. Sebastián Navarro Navarro.
16. Miguel Ángel Pujol Vila.
17. Marti Mancilla Muntada.
18. Josep Canal Iglesias.
19. Montserrat Casamitjana Aguilera.
20. Viginia Pujol Soler.
21. Julio Gálvez Rubio.
22. Juan Mondejar Capsir.
23. Fermín de Alarcón Moreno.
24. Àngels Puig Sanahuja.
25. Susana Vicente Escudero.
26. Marcial Quintairos Babarro.
27. Josep Maria Marbà Oller.
28. Ignasi Agustín Gracia Molins.
29. María Ángeles Casas Vicente.
30. Carla Restoy Barrero.
31. María Ángeles Otal Lacambra.
32. Josep Borrell Vilanova.
8. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Jaume Asens Llodrà.
2. Aina Vidal Sáez.
3. María del Mar García Puig.
4. Gerardo Pisarello Prados.
5. Joan Miquel Mena Arca.
6. María Freixanet Mateo.
7. Marcelo Expósito Prieto.
8. Alicia Ramos Jordán.
9. Núria Lozano Montoya.
10. Josep Vendrell Gardeñes.
11. Anna María Pérez Oller.
12. Jaume Durall Lobete.
13. Mercé Gómez Llobregat.
14. Marina Escribano Maspons.
15. Carles Rodríguez Herencia.
16. Isabel Rodríguez Borda.
17. Carlos Aguilar Paredes.
18. Rafael Bernabé Pérez.
19. Nati Veraguas Aguilera.
20. Dolores Castro Leiva.
21. Marta Reina Izquiano.
22. Leandro Juan Danza Arla.
23. Marcos Ortega Canillas.
24. Laura Oliva Mirón.
25. Aïda Llauradó Álvarez.
26. Ana Cecilia Querol Muñoz.
27. Joaquim Balaguer Nicolau.
28. José Carlos Vallejo Calderón.
29. Laia Rosich Solé.
30. Joan Carles Gallego Herrera.
31. Vicenç Navarro López.
32. Ada Colau Ballano.
Suplentes:
1. Silvia López Valentín.
2. Gabriel Serrano Sánchez.
3. Israel Benjumea Herreros.
4. César Raúl Mantilla Larrea.
5. Agnès Petit Estrenjer.
6. María Gracia Maldonado Núñez.
9. JUNTS (JUNTS)
1. Jordi Sànchez i Picanyol.
2. Laura Borràs i Castanyer.
3. Míriam Nogueras i Camero.
4. Jaume Alonso Cuevillas i Sayrol.
5. Genís Boadella i Esteve.
6. Francesc de Dalmases i Thio.
7. Josep Pagès i Massó.
8. M. Pilar Calvo i Gómez.
9. Pau Castellví i Canet.
10. Montserrat Girbau i Passarell.
11. Immaculada (Ada) Parellada i Garrell.
12. Francesc Ramon Olivella i Pastallé.
13. Marcel Padrós i Perejoan.
14. Mercè Casals i Martínez.
15. Joan Elies Adell i Pitarch.
16. Jofre Serret i Ballart.
17. M. Teresa Rubio i Silva.
18. Jordi Ribes i López.
19. Isidor Marí i Mayans.
20. Olga Gómez i Forés.
21. Montserrat Ponsa i Tarrés.
22. Carme Sayós i Motilla.
23. Ivan Condés i Sangenís.
24. Xavier Catarineu i Hernàndez.
25. David Miralles i Carbonell.
26. Jordi Ferrés i Valcarce.
27. Carme Callejón i Font.
28. Sònia Jorba i Ronco.
29. Joan Lluís Bozzo i Duran.
30. Lluís Puig i Gordi.
31. Pilarín Bayès i de Luna.
32. Joan Rigol i Roig.
Suplentes:
1. Marc Ventura i Noguera.
2. Carlota Torné i Navarro.
3. Sergi Herrera i Vega.
4. Esther Vilà i Vidal.
5. Miquel Nadal i Rosàs.
6. Mònica Giral i Elías.
7. Josep Lluís Soldevilla i Cabau.
8. David Mas i Ponte.
9. Esther Peña i de las Heras i de las Heras.
10. Bartomeu Martorell i Rojas.
10. INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem)
1. Nuria Castillo Monzoncillo.
2. Sonia Fernandez González.
3. Noelia García Madrid.
4. Daniel Buendía López.
5. Jesús Pedrós Cholvi.
6. Miriam Vivar Muñóz.
7. Anaís Gandiaga Quintana.
8. Carmen Bailón Ramos.
9. Iakes Blesa Alcalá.
10. Guillermo Rosales Rambla.
11. Sonia Rodríguez Montero.
12. Miriam Megías Jakes.
13. María José Vila Gómez.
14. Juan José Compaire García.
15. Gerard Gonzálvez Mira.
16. Blanca María Donald Buil.
17. Mireia Suero Comellas.
18. Alba Canadell Mezquita.
19. Oriol Puig i Palacios.
20. Jaime Alfonso Beneyto Gasset.
21. Cristina Gonzálvez Mira.
22. María Asunción Nortes Hernández.
23. Nasra Amah Iahdih Said.
24. Juan Atienza Blesa.
25. Guillem Beltrán Bonastre.
26. Begoña Monzoncillo Gómez.
27. María Pilar Antón Belle.
28. Hasna Yahia Mohamed.
29. Eduardo Charles Jordán.
30. Jesús Juan García.
31. David José Brunet Cabanes.
32. Consuelo Mira Tornadijo.
Suplentes:
1. Marc Ferrer Dominguez.
11. VOX (VOX)
1. Ignacio Garriga Vaz de Concicao.
2. Juan José Aizcorbe Torra.
3. Juan Carlos Segura Just.
4. Mónica Lora Cisquer.
5. Laura Aliaga Pérez.
6. Yago Ruiz Tintoré.
7. Pablo Martín Tharrats.
8. María Elisa García Fuster.
9. José Luis del Temple Jové.
10. Amanda Puiggros Martí.
11. José Manuel Arias Flores.
12. Patricia Marta Muñoz Piedrabuena.
13. Felicidad Morera González.
14. Nerea Andrés Antón.
15. Agustín Montoliu Tarragona.
16. José Ramón Puiggros Guerendiain.
17. María de Temple Salinas.
18. Alicia Tomás Martínez.
19. Andrés Félix Bello Sanz.
20. Tomás Mendaña Prieto.
21. Enriqueta Vaquera Morillo.
22. Miguel Pallerolas Reig.
23. Francisco Javier Millán Vidal.
24. Alejandra Chirivas Brazo.
25. Paula Teresa Cordera Aizpurua.
26. Jenniffer Christine Alonzo Pulido.
27. Juan Perán Ortega.
28. Aurora Dueñas Laita.
29. Daniel Frigols Biel.
30. María de los Reyes Lucán Peralta.
31. María José Perallón Gallego.
32. Josep María Casanovas Prenafeta.
Suplentes:
1. Gerardo Vizmanos Lamotte.
2. Silvia Felipe García.
3. Iván Cánovas Casanova.
4. Rodrigo Jurado Arias.
5. Elena Martí López-Amor.
6. María Asensio Villalba.
12. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Enric Lloret Barberà.
2. Glòria Marrugat Domènech.
3. Miguel Guerrero Sánchez.
4. Glòria Fontcuberta González.
5. Máximo Luna Luna.
6. Àlex de la Fuente García.
7. Ana María González García.
8. Buenaventura Ramos Bellés.
9. María del Carmen Lupiáñez Molina.
10. Ramón Vidal Miras.
11. Manuel Cristobal Martínez.
12. María Lourdes Cortina Blanca.
13. Luis Ballesteros Ballesteros.
14. Montserrat Serra Permanyer.
15. Salvador Deltell Soria.
16. Luis Pérez Moreno.
17. Josefa Peña Povedano.
18. José Gómez Ruano.
19. Ángeles Moreno López.
20. Rogelio Fuentes Navarro.
21. Iván Guillaumet Cornet.
22. Ivana Deltell Cortina.
23. María Carmen Zarza Aguilar.
24. Salvador Xicola Pachón.
25. Juan Francisco Martínez Martín.
26. Antonia Jorge Lacarta.
27. Iñaki Amor Ávila.
28. Concepción Moreno Gil.
29. Honorat Pons Floris.
30. Aritz Ilundain Marbà.
31. Encarna Muñoz Escudero.
32. Bernat Pons Floris.
Suplentes:
1. Claudio Gómez Vellerino.
2. Sheila Mazzene Vega.
3. Francisco Álvarez Durán.
4. Trinidad Garrido Galera.
5. Josep Lluís Roche Fernández.
6. Alba Ballesteros Zarza.
13. PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
1. David Martínez Planellas.
2. Ana María Lisbona Sacristán.
3. Maravillas Durán Fernández.
4. María Luisa Claver Oñate.
5. Juan Carlos Besoli García.
6. Edita Olaizola Fernández.
7. Daniel de los Cobos Castell.
8. Salvador Jódar Rivas.
9. Mónica Soledad Álvarez Cónsul.
10. Mónica Oliver Herrero.
11. Nuria Viadel Giménez.
12. David Molina Peñataro.
13. Manuel Almagro Torres.
14. Olga Traserra Costa.
15. Judit Roda Panades.
16. Juan José Corres Orue.
17. Rubén Valero Ballesta.
18. Paola Natalia Acuña Tecitor.
19. Pablo Serrano Gómez.
20. María Elisa López-Mateos Moreno.
21. Concepción Dempere Llinás.
22. Javier Hernández Valverde.
23. Andrés Martínez Molina.
24. Raquel Palomeque Tomico.
25. Sara González Oliveros.
26. Miguel Ángel Goicoechea Pérez.
27. Carles Días Mas.
28. María Eva Blesa Prats.
29. Ana Valeska Yutronic de Vicente.
30. Erika Garrido Barcos.
31. Rubén García Alonso.
32. Montserrat Juan Rodríguez.
Suplentes:
1. José Luis Triviño Ayala.
2. María José Añó Luján.
3. Ramón Cuscó Nicolás.
14. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Ferran Peris Serrano.
2. Pau Román Muñoz.
3. Marina Puente Matas.
4. Juan José Serrano Ruiz.
5. Gladys Ochoa Freire.
6. Albert Carré Sanz.
7. Lorena Chamorro Giráldez.
8. Xavi Ivaldi Fernández.
9. Yara Casero Terry.
10. Josep Lluís López Amigó.
11. Jordi Hostaled Pueyo.
12. Andrés Castañón Rincón.
13. Laia Magariño Vila.
14. Jorge Daniel Mera Figueroa.
15. Irene Chica i Capell.
16. Adrián López Fleming.
17. Albert Requena Fernández.
18. Marta Ruiz Perez.
19. Javier Carrillo Gris.
20. Ana María Serrano Ruiz.
21. Albert Albamonte i Rodríguez.
22. Artur Dilmé Riera.
23. Iris Milán Maillo.
24. María Dolores Giménez Zamora.
25. Carles Paradell Garfella.
26. Javier Alcalá Sevilla.
27. Aarón Reyes Calderón.
28. Marc Espinosa Cubeles.
29. Anna Vidal Rodríguez.
30. Sandra Moreira Medina.
31. Joan Galceran Puig.
32. Nerea Caballero García.
Suplentes:
1. Daniel Carbón Mallol.
15. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Toni García Pérez.
2. Cristina Simón Molina.
3. José Solar Chac.
4. Rafael Jiménez Ariza.
5. Slavitsa Punteska Stoeva.
6. Ginés Javier Ramírez Orduña.
7. Julia Beatriz Evan Quispe.
8. Mikel Fernández Alzola.
9. Silvia Nancy Jaramillo Gamboa.
10. Pedro Torres Sánchez.
11. Raúl Misael Veliz Galarza.
12. Javier Jacinto Cobeña Villafuerte.
13. Evelyn Padilla González.
14. Anmely Sierra Medina.
15. Eusebio Martinez Valero.
16. Josefa Hinojosa Ligero.
17. Bryan Andres Veintimilla Segovia.
18. Jesús Rosado Montoya.
19. Julio Guinart Pla.
20. Carmen Karina Lema.
21. Marc Muñoz Pueyo.
22. Jesús Gutierrez Fernández.
23. Miguelina Clotilde Quispe Valdivia.
24. Lilia Lucia Paredes Aldaz.
25. Jorge Sanjurjo Navarro.
26. Miriam Niño García.
27. Jose Patricio Veintimilla Velasquez.
28. Tomás Saban García.
29. Julián Cadenas Díaz.
30. Gloria Luz Ulloa García.
31. Denessi Ivonne Arroyo Rodriguez.
32. Daniel Perales Cárdenas.
Suplentes:
1. Martha Elvia Pilligua Pilligua.
2. Miguel Gonzalez Vizcaíno.
16. ESCONS EN BLANC/ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Joan Ramon Serra Font.
2. Sylvia Torras Crexells.
3. Àlex Muñoz i Mallofré.
4. Lourdes Membrado Peñarroya.
5. Sergio Llorens Escolar (Independiente).
6. Iñaki de Zaldua Martín (Independiente).
7. Ana Monedero Navarro (Independiente).
8. Jose Maria Garcia Villasante (Independiente).
9. Maria Isabel Recasens Ibàñez (Independiente).
10. Vicente Esteve Nunes (Independiente).
11. Carlos de los Mozos Ibàñez (Independiente).
12. Mercedes Marin Cortés (Independiente).
13. Alejandro Johnson Sanchez (Independiente).
14. Clara Isabel Gonzalez Garcia (Independiente).
15. José Javier Rubio Garulo (Independiente).
16. Jose Manuel Redondo Martin (Independiente).
17. Aura Blanch Torras (Independiente).
18. César Solé Calvo (Independiente).
19. Rut Oliveros Recasens (Independiente).
20. Marcos Àlvarez Rodríguez (Independiente).
21. Edmond Gregori Varela (Independiente).
22. Laura Monedero Navarro (Independiente).
23. Antonio Francisco Martínez Fernández (Independiente).
24. Ònia Gonzàlez López (Independiente).
25. Fernando Arribas Subirachs (Independiente).
26. Antonio Rios Carro (Independiente).
27. Maria Rosa Garcia Fernandez (Independiente).
28. David Sabastian Cabrera (Independiente).
29. Montserrat Milian Milian (Independiente).
30. Alexis de la Fuente Gonzàlez (Independiente).
31. Anna Garcia Belmonte (Independiente).
32. Ivan Escolar Félez (Independiente).
17. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Nuria Suárez Hernández.
2. Pascuala Gómez Iniesta.
3. Adrián Ramírez Rodríguez.
4. Manuel Camuñas Gómez.
5. Aitor Martín Faura.
6. Javier Delgado Martínez.
7. Adreu Romaní Gonzáles.
8. Elisabeth Mateo Flores.
9. Adriana Torres Luque.
10. Maria Encarnación Valle Fernández.
11. Lourdes Mas Gris.
12. Nuria Pérez Badia.
13. Carles López Vergés.
14. Eudald Catalán i Nebot.
15. Maria Suárez Hernández.
16. Ignasi Soler Crespo.
17. Antonio Barba Martí.
18. Victoria Hoyo Sequi.
19. Maria Dolores Almazan López.
20. Juan Jose Cabello Cabello.
21. Agustín Tella Barrachina.
22. Maria del Carmen Jurado Exposito.
23. Antonio de la Puerta Andrés.
24. Erika Camuñas Blanco.
25. Gabriel Martín Salesa.
26. Pedro Menchón Bernabé.
27. Pilar Ruiz Palácios.
28. Fernando Alberto Pastor González.
29. Francisca Tamerón López.
30. José Ramón García Bregante.
31. Pascual Gallart Arias.
32. Noemí Serrano González.
Suplentes:
1. Francisco Ginés Canales.
2. Maria Cotes Porcel.
3. Jordi Morera Cudos.
4. Verónica Álvarez Ruisánchez.
5. José María Fumanal Rey.
6. Alba Zorione González Ansoleaga.
7. José Fuentes Araya.
8. Laura Cabello García.
9. Valentín Redondo González.
18. MÁS PAÍS (MÁS PAÍS)
1. Juan Antonio Geraldes Herrero.
2. Berta Ballester Plané.
3. Raimundo Viejo Viñas.
4. Maria Cristina Martinez Lorente.
5. Tomas Herreros Sala.
6. Rosa Maria Izquierdo Barrio.
7. Maria del Carmen Nieves Cobo.
8. Alejandro Ruiz Rodriguez.
9. Begoña Loria Peña.
10. Jordi Castillejo Juarez.
11. Esther Lopera Tenorio.
12. Victor Manuel Lobato Palomino.
13. Carina Torres Gomez.
14. Lorena Troitiño Romani.
15. Andrea Cazorla Teruel.
16. Aníval Martín Borrego.
17. Gibet Llobregat Cortés.
18. Francisco Javier Sevillano Irigoyen.
19. Blanca Thiebaut Lovelace.
20. Jaime Gaixas Bagration de Mukhrani.
21. Ana Maria Elías Artiga.
22. Raul Vaos Morales.
23. Aurora Alquezar Lorca.
24. Dion Comas Torres.
25. Ainhoa Jimenez Achutegui.
26. Oscar Diez Alvarez.
27. Alicia Gisbert Pardo.
28. Javier Martín Corbo.
29. Eva Roldan Garrido.
30. Laura Abarca Poblador.
31. Elisa Coelho Dominguez.
32. Juan Enrique Murillo Fort.
Suplentes:
1. Isabel Rodríguez Pérez.
2. Josefa Torres Belmonte.
19. UNIDOS Actuando por la Democracia (UNIDOS SI-ACPS-DEf)
1. Enrique Martínez Herrera.
2. Mercedes Aguilera Vilalta.
3. Huma Jamshed Bashir.
4. Vanesa Gonzalez Fornas.
5. Germán Toro Fernandez.
6. Chiman Naraindas Bhojwani Bhojwani.
7. Elena Díaz Almela.
8. Miguel Bautista Ferreiro.
9. Tania Morales de Bengoechea.
10. Angel Velasco Fernandez.
11. Maria Dolores Huerta Arias.
12. Maria de los Angeles Cladellas Marcos.
13. Cristobal Pérez Martínez.
14. Juan Antonio Villanueva Jiménez.
15. Juan Pablo de la Torre Junio.
16. Fernando Castillo Gonzalez.
17. Marius Therese Villacorte Pascual.
18. Juan Manuel Alonso Podio.
19. Manahil Abbas Hayat.
20. Li He Hu.
21. Maria Dolores Fernandez Carrete.
22. Rehana Ayesha Malik.
23. Angel Luis García Martínez.
24. Jorge Juan Pascual Arias.
25. Jorge Villacañas Carrillo.
26. Lourdes Tabasco Organista.
27. Miguel Lluva Monteagudo.
28. Muhammad Afzal Inayat Begum.
29. Valentina Herrero Vicario.
30. Carmen Gutiérrez Comas.
31. Javier Balañá Henarejos.
32. Josefa «Pepa» Labrador Barrafón.
Suplentes:
1. Carmen Sofia Cano Molina.
2. Marisol Luisa Bravo Contreras.
3. Daniel Martín Fernández-Mayoralas.
4. Ramón González Moreira.
5. Juan Enrique Salvador García.
SENADO
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Manuel Cruz Rodríguez.
Suplente 1: Morgana Vargas Crespo.
Suplente 2: Javier Fernández Medrano.
2. Elia Tortolero Orejuela.
Suplente 1: Francesc Castellana Aregall.
Suplente 2: Teresa Llorens Carbonell.
3. Carles Martí Jufresa.
Suplente 1: Andrea Zapata Alfonso.
Suplente 2: Daniel Calvo Zurriaga.
2. POR UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Marius Lucien Makon Nkoyock.
3. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Martín Eusebio Barra López.
Suplente 1: María Eugenia Angulo López.
Suplente 2: Benito Pérez González.
2. Carmen de Rivera Pla.
Suplente 1: Anna-Clara Martínez Fernández.
Suplente 2: Jose Luís Sánchez López.
3. Juan «Nito» Foncuberta Riba.
Suplente 1: David Labrador Gabriel.
Suplente 2: Julia Barea Sánchez.
4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Raül Romeva i Rueda.
Suplente 1: Mirella Cortès i Gès.
Suplente 2: Jesús Terán i Martínez.
2. Ana Maria Surra i Spadea.
Suplente 1: Inmaculada Ranera i Blasco.
Suplente 2: Marcel Escudé i Pascual.
3. Robert Masih i Nahar.
Suplente 1: Muntsa Marzàbal i Estévez.
Suplente 2: Oriol Ortega i Tous.
5. PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)
1. Manuel Buenaño García.
Suplente 1: María Sacramento López Ruiz.
Suplente 2: Juan Antonio López Noguera.
2. Elisabet Ortega Robles.
Suplente 1: Eva Higueras Muñoz.
Suplente 2: Antonio Verdera Puntí.
3. Álvaro Benejam Peretó.
Suplente 1: Carlos Torrubiano Blanco.
Suplente 2: María Inmaculada Delgado Álvarez.
6. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Rosa Lluch Bramon.
Suplente 1: Noelia Bail García.
Suplente 2: Antonio Pérez García.
2. Joan Comorera Estarellas.
Suplente 1: Montserrat Mompió Gallart.
Suplente 2: Lluís Moreno García.
3. Vanessa Maxé Navarro.
Suplente 1: Antoni Segura Pérez.
Suplente 2: Araceli Orellana Aranda.
7. JUNTS (JUNTS)
1. Roger Español i Tor.
Suplente 1: Patrícia Illa i Borge.
Suplente 2: Jordi Molinari i Domingo.
2. Meritxell Lluís i Vall.
Suplente 1: Xavier Amate i Paz.
Suplente 2: Alba Hidalgo i Olmo.
3. Lorena Judith Iglesias i Teixidó.
Suplente 1: Josep Rafael Colominas i Reig.
Suplente 2: Anna Norverto i Vidal.
8. INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem)
1. María Elva Tenorio López.
Suplente 1: Isabel Mira Tornadijo.
Suplente 2: Javier Gonzálvez Avellana.
9. VOX (VOX)
1. Jordi Aguiló Vendrell.
Suplente 1: Eulogio Ruiz Tintoré.
Suplente 2: Claudia Gaeta Ruffo.
10. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATFALUNYA (PCPC)
1. Joaquim «Quim» Boix Lluch.
Suplente 1: Montserrat Vidal Miras.
Suplente 2: Nelson Herrera Moreira.
11. PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
1. Alejandro Cuesta Hidalgo.
Suplente 1: Nuria Pons Ortega.
Suplente 2: Juan Quintana Ungidos.
2. Blanca Pérez Uño.
Suplente 1: José Luis Fernández Martínez.
Suplente 2: Carolina Toda Corominas.
3. Bernat Pujol Trias.
Suplente 1: Antonia Cañete Serrano.
Suplente 2: David Gil Fernández.
12. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Eric Rodríguez Rodríguez.
Suplente 1: Laura Rodríguez Rodríguez.
Suplente 2: Arnau Montava i Agudo.
13. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Orlin Hernán Martillo Ortega.
Suplente 1: Marianela del Cisne Bustamante Jara.
Suplente 2: Luis Antonio Pilligua Pilligua.
14. ESCONS EN BLANC/ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Ezequiel Ramon Pinat.
Suplente 1: Mercè Font Ballester (Independiente).
Suplente 2: Joan Serra Jové (Independiente).
15. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Octavio Piulats Riu.
Suplente 1: Dolores Cortés Ruíz.
Suplente 2: Alberto Artigas Mavrommati.
2. Antonina Rodrigo García.
Suplente 1: Ana María Jurado Exposito.
Suplente 2: Asier Martín Faura.
3. Concepción «Concha» García García.
Suplente 1: María del Pilar Crespo Muñoz.
Suplente 2: Rubén Bonza Cortés.
16. MÁS PAÍS (MÁS PAÍS)
1. Jennifer Salmerón Comino.
Suplente 1: Laura Gonzalez Lopez.
17. UNIDOS Actuando por la Democracia (UNIDOS SI-ACPS-DEf)
1. Julio Antonio Villacorta Garcia.
Suplente 1: Jamshed Iqbal Ahmed.
JUNTA ELECTORAL DE BIZKAIA
Doña Maria Reyes San Emeterio, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Bizkaia,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Bilbao, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Reyes San Emeterio Peña.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Aitor Esteban Bravo.
2. Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
3. Josune Gorospe Elezkano.
4. Jon Aiartza Zallo.
5. Ainara Zelaia Markaida.
6. Javier Aldamiz-Etxebarria López.
7. Igotz López Torre.
8. Amaia Del Campo Berasategi.
Suplentes:
1. Andoni Busquet Elorrieta.
2. Josu Bergara López.
3. Sonia Rodríguez Rodríguez.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. Patxi López Alvarez.
2. María Guijarro Ceballos.
3. Carlos García de Andoin Martín.
4. Sonia Fernández López.
5. Angel Anero Murga.
6. Beatriz Gámiz Mata.
7. Victor Trimiño Vegas.
8. Dolores Alvarez Pascual.
Suplentes:
1. Oscar Salicio Rego.
2. María Eugenia Guezuraga Careaga.
3. Oscar Ríos Palomera.
3. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Oskar Matute García de Jalón.
2. Idurre Bideguren Gabantxo.
3. Andoni Rojo Toyos.
4. Idoia Aginako Arbaiza.
5. Arkaitz Fullaondo Elorduy-Zapatarietxe.
6. Ana Mezo Basaras.
7. Eba Ferreira Martínez.
8. Iñaki Antigüedad Auzmendi.
Suplentes:
1. Fermí Rubiralta Casas.
2. Yolanda Jubeto Ruiz.
3. Javier Etayo Larrainzar «Tasio».
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Laiene Herreros Ugarte.
2. Kepa Joseba Lozano Calvo.
3. Miren Andone Requejo Rodríguez.
4. Luis Alberto Real De Las Heras.
5. Antonia Esteban Gallego.
6. David Fernández Martínez.
7. Laura Márquez Rodríguez.
8. Ignacio Serrano Viteri.
Suplentes:
1. Ana Martín Somocurcio.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Sergio Saenz Alvarez.
2. Karen Martín Doñoro.
3. Gorka Saenz Alvarez.
4. Alejandra Gutiérrez García.
5. Mikel Txakartegi Hernández.
6. Marta del Carmen Otero Márquez.
7. Rafael Medina Méndez.
8. Andrea Velasco Palomero.
6. BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Cristina Elcuaz Arana.
2. Alfredo Parte Gutiérrez.
3. Iratxe Hernández Simón.
4. Garikoitz Etxebarria Contreras.
5. Iratxe Arrien Barruetabeña.
6. Roberto Barcina Burgui.
7. Elena Aguirre Martín.
8. Alfonso Aguirre Prado.
7. VOX (VOX)
1. Nerea Alzola Álvarez.
2. Aitor Ordeñana Armiño.
3. Margarita González Díez.
4. Ana Magdalena Jorge Arana.
5. Gorka Tejada Goicocheta.
6. Juan Manuel López de Munain Monforte.
7. María de la O Cordero García.
8. Aranzazu Orobio Remírez.
Suplentes:
1. María Sagrario Sánchez Mahia.
2. Francisco Javier Jiménez Martínez.
3. Olaya Fernández Burgos.
8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Luis Ignacio Gordillo Pérez.
2. Olga Cavia Dorao.
3. Alejandro Alcázar González.
4. María García González.
5. Óscar Caldevilla Larrabe.
6. María Dolores Delgado Martínez.
7. Rodrigo Pérez Milagro.
8. Andrea Fernández de la Rosa.
9. ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Roberto Uriarte Torrealday.
2. Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi.
3. Lorena Vicioso Adriá.
4. Amaya Arcocha Pinedo.
5. David Carracedo Verde.
6. Carolina Uribe de la Espriella.
7. Israel Escalante Mesón.
8. Aitor Pereda Mundiñano.
Suplentes:
1. Nagore González Antón.
2. Miguel Ángel Isasi Ruiz.
3. Irene Euba Arroyo.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Julia Ruth Hernández Castro.
2. María Concepción García Cobos.
3. Florencio Moreno Barrio.
4. Carmen Méndez Sansebastián.
5. José Manuel Blasco Luz.
6. Luis José González Echevarría.
7. Rogelio García García.
8. Inés Gonzalo Orabengoa.
Suplentes:
1. David López Montaña.
2. Elisa Morgado Díez.
3. Claudio Rubén Valenzuela Bravo.
4. Sonia Cuesta Clemente.
5. José Iván Sánchez Fernández.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Beatriz Isabel Álvarez Fanjul.
2. Eduardo Andrade Aurrecoechea.
3. Aiala Eguiluz Rodríguez.
4. Gonzalo Nicolás Zorrilla-Lequerica Pañeda.
5. Beatriz Calvo Fernández.
6. Carlos David García Fernández.
7. María Dolores Galilea Anchia.
8. Leopoldo Barreda De Los Ríos.
Suplentes:
1. Francisco Javier Elorza Hormaeche.
2. Mónica Concepción Sáez Abascal.
3. Francisco Javier Sánchez Gómez.
4. Beatriz Ainhoa Beristain Fernández.
12. PARTIDO FAMILIA Y VIDA (PFyV)
1. Cecilia Ortiz de Zárate Fontes.
2. José Javier Fernández Jauregui.
3. Domingo Carreras Puig.
4. Alejandro Martínez Zárate.
5. María Dolores De Santos García.
6. Sonsoles Ortiz de Zárate Fontes.
7. Javier Puig Sanahuja.
8. Gregorio Del Olmo Antón.
13. MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA (MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA)
1. José María Urquijo Azcárate.
2. Miren Garbiñe Santa Coloma Ibáñez.
3. Fabián Laespada Martínez.
4. María Sandra Barrena Lejarza.
5. Jose Emilio González Santos.
6. Iratxe Osinaga Gárate.
7. José Manuel Belamendia Belda.
8. María Asunsión Pérez de Mendiguren Ruiz de Olano.
14. PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA (SOLIDARIA)
1. Rafael Vaquero González.
2. Estíbaliz Blanco Alfonso.
3. Juan Casillas Ruiz.
4. María del Carmen Prieto Martínez de Osaba.
5. David Negro Agromayor.
6. Noelia Fernández Menéndez.
7. Francisco Javier Álvarez Barral.
8. Iratxe Diego de Somonte Arambilet.
SENADO
1. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Nerea Ahedo Ceza.
Suplente 1: Joseba Muxika Sarasketa.
Suplente 2: Lorea Bilbao Artetxe.
2. María Dolores Etxano Varela.
Suplente 1: Jon Andoni Atutxa Sainz.
Suplente 2: Irene Pardo Portillo.
3. Imanol Landa Jauregi.
Suplente 1: Maitane Leizaola Zulueta.
Suplente 2: Mikel Bagan Urtiaga.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. Txema OIeaga Zalvidea.
Suplente 1: Ana Belén Quijada Garrido.
Suplente 2: Vidal Martínez Bartolomé.
2. Idoia Agorría Martínez.
Suplente 1: Gorka Echave De Pablos.
Suplente 2: Olga Sainz Hernández.
3. Carlos Fernández Martínez.
Suplente 1: Tamara Ortega Gutiérrez.
Suplente 2: Antonio Castellet Conesa.
3. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Arantza Gutiérrez Paz.
Suplente 1: Asier Vega Isasi.
Suplente 2: Onintze Oleaga Solaguren.
2. Edriga Aranburu Agirre.
Suplente 1: Aitor Ugarte Torre.
Suplente 2: Rakel Goñi Lácar.
3. María Jesús Etxeandia Cirión.
Suplente 1: Izaskun Duque Santacoloma.
Suplente 2: Iker Uriguen Uribe.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Izaskun Almazán Ledesma.
Suplente 1: Enrique Pérez Rodríguez.
Suplente 2: María Ángeles Lozano Calvo.
2. Unai de Zarraolandia Salas.
Suplente 1: Marta Fernández Robledo.
Suplente 2: Fernando Gutiérrez Cotelo.
3. Rocío Hernández Clares.
Suplente 1: Miguel Ángel Cabello Ortega.
Suplente 2: Georgina Missé Suñol.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Unai Vidaurrazaga Sola.
Suplente 1: Saioa Cuadrado Recio.
Suplente 2: Eder Baile Molinero.
6. BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Javier Martínez Bárbara.
Suplente 1: María del Carmen Arana Gallardo.
Suplente 2: Íñigo Diego Gayte.
7. VOX (VOX)
1. María Pérez Fernández.
Suplente 1: Óscar Rodríguez Villate.
Suplente 2: María Amaya Alonso Blas.
8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Armán Basurto Barrio.
Suplente 1: Rebeca Sánchez Altaba.
Suplente 2: Alfredo López Arnaiz.
2. Blanca Amelia Gozalo Martínez.
Suplente 1: Gabriela Múgica López-Tapia.
Suplente 2: Daniel de la Rosa Patrocinio.
3. Santiago Orozco García.
Suplente 1: Alain Andrés Villares.
Suplente 2: Claudia Padilla Sánchez.
9. ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. José Antonio Martín Acosta.
Suplente 1: Verónica Luque Gil.
Suplente 2: Ion Iriarte Fernández.
2. Xabier Jiménez López.
Suplente 1: Carmen García del Monte.
Suplente 2: Casimiro Castaño González.
3. Amaia Hernández Rodríguez.
Suplente 1: Paula Amieva Clemente.
Suplente 2: José Manuel de Pablos Bajo.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Pablo Setién Pascual.
Suplente 1: María Pilar Abad Boti.
Suplente 2: Luis Zabala Pascual.
2. María Soraya Urrutia Santos.
Suplente 1: Juan Salvador Castañeda Morla.
Suplente 2: María Belén Mera Córdoba.
3. Jesús Ángel Gómez Esteban «Kendall Maison».
Suplente 1: Emilia Hidalgo Santos.
Suplente 2: Ali Embalo Balde.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Raquel González Diez-Andino.
Suplente 1: María Luisa Arrue Bergareche.
Suplente 2: Gabriel Rodrigo Izquierdo.
2. Luis Miguel Arroyo Millán.
Suplente 1: Natalia Aranduy Zuazagoitia.
Suplente 2: Ieltxu Tejedor Herrero.
3. María Carmen Sánchez Sequeros.
Suplente 1: Jose Ramón Navarro Bedoya.
Suplente 2: Alicia Juana González del Valle Francos.
12. MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA (MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA)
1. Pascual Blanco Peña.
13. PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA (SOLIDARIA)
1. Unai Ortúzar Barrenechea.
Suplente 1: María Pilar Ramos Gómez-Serranillos.
Suplente 2: Juan Carlos Olmo Lara.
2. María Pilar Vivar Ramos.
Suplente 1: Markel Cuesta Ortega.
Suplente 2: Mari Carmen Barrenechea Berrojalviz.
3. Javier López Galiana.
Suplente 1: Miren Begoñe Vivar Ramos.
Suplente 2: Jose Luis Vegas Rumayor.
JUNTA ELECTORAL DE BURGOS
Don José Luis Gallo Hidalgo, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Burgos,
CERTIFICO: Que las Candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Burgos, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, José Luis Gallo Hidalgo.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Esther Peña Camarero.
2. Agustín Javier Zamarrón Moreno.
3. María Dolores Villacorta Canal.
4. Ildefonso Sanz Velázquez.
Suplentes:
1. José Luis Aragón Abajo.
2. Fátima María Gutiérrez Santamaría.
3. Octavio Granado Martínez.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Alejandro Represa Martín.
2. Nuria Canals Álvarez Novoa.
3. Pedro Alfonso Cabello Albendea.
4. Beatriz Bustos Toribio.
3. VOX (VOX)
1. Javier Martínez Lozano.
2. Ignacio Sicilia Domenech.
3. Marta Sanz Camaño.
4. Elma Vicente Barrios.
Suplentes:
1. Alvar Campo Sastre.
2. Sandra Alonso Tomé.
3. Ángel Luis Martín Rivas.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Aurora Nacarino-Brabo Jiménez.
2. Francisco Román Martín.
3. Fernando Del Olmo Gómez.
4. Begoña Riocerezo Nebreda.
Suplentes:
1. Marta Puente García.
2. Fernando Martín López.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Marta Villamuera Aparicio.
2. Carlos Presa Irazábal.
3. Ruth García Zaldo.
4. Martín González López.
Suplentes:
1. Rubén Cabezón Milla.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Marta Jimeno Antolín.
2. Vicent Mompó I Serra.
3. Raquel Tablado Castellanos.
4. Antonio Luis Grande Espino.
Suplentes:
1. Esther Bonet de la Horra.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. María del Rosario Íñiguez Santamaría (PCAS-TC).
2. María Teresa Cristóbal Sanz.
3. Óscar Palma Sáiz (PCAS-TC).
4. Andrés Felipe Chancay Quijije.
Suplentes:
1. Secundina Reyes Cuevas.
2. Manuel Honorio Plaza Díaz.
3. Cristina María Merino Carracedo.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Sandra Moneo Díez.
2. Jaime Miguel Mateu Istúriz.
3. Eva María Asensio Esteban.
4. Martín González Ramonet.
Suplentes:
1. Víctor Manuel Arnáiz López.
2. María Inmaculada Sierra Vecilla.
3. Jesús María Sendino Pedrosa.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Dolores Martín-Albo Montes.
2. Jorge García Velasco.
3. Ana Isabel Hernando Del Campo.
4. Alberto Otal Sáez.
Suplentes:
1. Lorena Hernández Garavís.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Ander Gil García.
Suplente 1: Pedro Luis Alonso Báscones.
Suplente 2: María Mar Alcalde Golás.
2. María Mar Arnáiz García.
Suplente 1: Jesús Ignacio Grajal Martín.
Suplente 2: Blanca Elena Merino Ausín.
3. José Salvador Sierra García.
Suplente 1: María Jesús Ruiz Moreno.
Suplente 2: Gerardo Triana Sánchez.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Amador María Villar Riu.
Suplente 1: Amelia Sánchez Nagy.
Suplente 2: Daniel Barrera Boatas.
3. VOX (VOX)
1. Ana Rosa Hernando Ruiz.
Suplente 1: Óscar Villanueva Manzanares.
Suplente 2: María Mercedes Herrera Villanueva.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Julián Ruiz Navazo.
Suplente 1: Elia Salinero Ontoso.
Suplente 2: Álvaro Castrillejo Peña.
2. Jesús Moreno Revilla.
Suplente 1: María Belén Fraga Fernández.
Suplente 2: Jesús Álvarez Gómez.
3. Cristina Hermosilla Álvarez.
Suplente 1: Pablo Calvo Andrés.
Suplente 2: Laura Puente Franco.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA).
1. Luis Humberto Salazar Robles.
Suplente 1: María del Carmen Ventura Arana.
Suplente 2: Santiago Llorente Criado.
2. Ana María Rodríguez Horcajo.
Suplente 1: David Fernández De Pedro.
Suplente 2: Beatriz Madrid Prieto.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Domingo Hernández Araico (PCAS-TC).
Suplente 1: Isabel Mariño Fernández.
Suplente 2: José Antonio González Vaz.
2. María Ascensión Rodríguez Rubio (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
Suplente 1: José Carlos Rivas Parrilla.
Suplente 2: Ruth Gidaja Calvo.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Francisco Javier Lacalle Lacalle.
Suplente 1: Manuel Villanueva López.
Suplente 2: María Montserrat Ibáñez Barcina.
2. Cristina Ayala Santamaría.
Suplente 1: Ángel Carretón Castrillo.
Suplente 2: María del Carmen Santillana Del Río.
3. Salvador De Foronda Vaquero.
Suplente 1: Raquel Contreras López.
Suplente 2: César Curiel Fernández.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Carlos Diez Javiz.
Suplente 1: Laura Domínguez Arroyo.
Suplente 2: Pedro José Estébanez Maraña.
2. Jonathan Gete Núñez.
Suplente 1: María Ángeles Ruiz Bueno.
Suplente 2: Héctor Valgañón Navas.
3. Marina Benéitez Prieto.
Suplente 1: Roberto Domínguez Arroyo.
Suplente 2: María Teresa Vega Nadal Martínez.
JUNTA ELECTORAL DE CÁCERES
Doña María Jesús Suárez Quevedo, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Cáceres,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Cáceres, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Jesús Suárez Quevedo.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Ana Belén Fernández Casero.
2. César Joaquín Ramos Esteban.
3. Inés Mirella Conejero Domínguez.
4. Francisco Giraldo Sánchez.
Suplentes:
1. Leticia Díaz Pascual.
2. Arsenio Amor González.
3. María Soraya Cobos Bermejo.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Raquel Moreno Talavera.
2. Enrique Esteban Jiménez.
3. Adela Moreno Sandoval.
4. José Francisco Michelena Gil.
Suplentes:
1. Carmen Martín Aranda.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Victoria Domínguez Paredes.
2. Emiliana Hernández Antúnez.
3. Aniano Sánchez Pérez.
4. Miguel Ángel Julián Martin.
Suplentes:
1. Esperanza Mayero Sánchez.
2. Arturo González Macías.
4. VOX (VOX)
1. María Magdalena Nevado Del Campo.
2. Miguel Ángel Ruiz Castellanos.
3. Purificación Martín Díaz.
4. María Luz Gómez González.
Suplentes:
1. David Vaquero Paule.
2. Rafael García Sánchez.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Alberto Casero Ávila.
2. María Dolores Marcos Moyano.
3. Pablo Carrilho Reyes.
4. María Valentina Corrales Díaz.
Suplentes:
1. Pedro Caselles Medina.
2. Olivia Labrador Recio.
3. Dolores Peña Carril.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Álvaro Jaén Barbado.
2. Antonio Moreno Pérez.
3. María Consolación López Balset.
4. Sandra Martín Bayle.
Suplentes:
1. María José Castro Silva.
2. Manuel Valentín Tomé Pérez.
3. Manuela González Cañamero.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María De Los Reyes Piñero Rodríguez.
2. Jairo Humberto Mejía Vaca.
3. Serafina Benito Martín.
4. Eloy Sánchez Sánchez.
8. EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA)
1. Jose María Gijón Polo.
2. Oscar Solís Merino.
3. María de Los Ángeles Jorge Marcos.
4. Noemí Romero Barroso.
Suplentes:
1. Miguel López Ocampo.
2. Judith Pérez Díaz.
3. Jesús Miguel Arjona Gil.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Araceli Noguera Montero.
2. Pablo Rodríguez Garcia.
3. Verónica Donaire Talavera.
4. Diego Gaitero Ballinoto.
Suplentes:
1. Montserrat Ruiz Sánchez.
2. Jose Antonio Castillo Sáez.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Miguel Ángel Nacarino Muriel.
Suplente 1: María Nieves Sandoval García.
Suplente 2: Miguel Ángel Velaz Domínguez.
2. María Isabel Moreno Duque.
Suplente 1: Antonio Cano Cano.
Suplente 2: Manuela Cervera Salcedo.
3. Javier Garcinuño Rama.
Suplente 1: María Cristina Blázquez Cano.
Suplente 2: Antonio José Andrés Campo Barrado.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Beatriz Hernández Jiménez.
Suplente 1: Francisco Javier García López.
Suplente 2: Alexandra Tomé González.
2. Iván González Ruiz.
Suplente 1: Catalina Encinas Molano.
Suplente 2: Óscar Pastor Bárcenas.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Jose Antonio Villa Cortés.
Suplente 1: Óscar Redondo Hernández.
Suplente 2: Laura Peláez Guerra.
2. María Francisca García Díaz.
Suplente 1: Fernando Rodríguez Enrique.
Suplente 2: María Encarnación Martín Andrada.
3. David Redondo Iglesias.
Suplente 1: Marius Blanco Almendro.
Suplente 2: Sara Iglesias Fornet.
4. VOX (VOX)
1. Óscar Arturo Fernández Calle.
Suplente 1: Blanca Luz Retortillo Carpintero.
Suplente 2: Juan Cueto Eizaguirre.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Carlos Javier Floriano Corrales .
Suplente 1: Isidro Arrojo Batuecas.
Suplente 2: Cristina Ramírez Rubio.
2. María Felisa Cepeda Bravo.
Suplente 1: Juan Carlos Sendín Sánchez.
Suplente 2: Nuria Elena Camacho Durán.
3. Álvaro Arias Rubio.
Suplente 1: Sonia Cid Jiménez.
Suplente 2: Álvaro Calvo Prieto.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María del Carmen Muñoz Donoso.
Suplente 1: Javier Marín Valle.
Suplente 2: María Ángeles Ramos Rodríguez.
2. María Victoria Mata Moreno.
Suplente 1: Cruz Carmen Merino Vila.
Suplente 2: Matías Miguel Román Gil.
3. Gonzalo Ramos Mateos.
Suplente 1: María del Carmen Ibáñez Torres.
Suplente 2: Antonio Martín Fernández.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ismael Valdivia López.
Suplente 1: Rosa María Perdigón García.
Suplente 2: Fernando Antonio Piñero Rodríguez.
8. EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA)
1. María Guadalupe Victoria Díaz Martín.
Suplente 1: Manuel Díaz Lindo.
Suplente 2: José Andrés Jiménez Sánchez.
2. Máxima Gutierro Cuadrado.
Suplente 1: María Reyes Calvo Gutierro.
Suplente 2: Aniceta Bermejo Vivas.
3. Antonio Muñoz Sánchez.
Suplente 1: Juan Bautista David Herrero.
Suplente 2: Montserrat Pérez Díaz.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ricardo Hurtado Piris.
Suplente 1: Isabel Noguera Montero.
Suplente 2: Marciano Montero Basquero.
JUNTA ELECTORAL DE CÁDIZ
Doña María del Rosario Camacho Barbosa, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Cádiz,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Cádiz, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María del Rosario Camacho Barbosa.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Fernando Grande-Marlaska Gómez.
2. Eva Bravo Barco.
3. Juan Carlos Campo Moreno.
4. María Gemma Araujo Morales.
5. José Ramón Ortega Domínguez.
6. Carla Alejandra Leguiza Canicoba.
7. Manuel Jesús Melero Callado.
8. Laura Almisas Ramos.
9. Alejandro Sañudo González.
Suplentes:
1. María de los Santos Sevillano Villega.
2. Juan María Nieto Sánchez.
3. Pilar Bernardina Olivares Lara.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María del Carmen Martínez Granados.
2. Francisco Javier Cano Leal.
3. Lucrecia María Valverde Lasanta.
4. Carlos Parra Marín.
5. María Genoveva Lorenzo Molina.
6. Agustín Lorenzo Morales.
7. María Carmen Ruiz Gallego.
8. Manuel Jairo Correro Calvente.
9. Laura Ayllón Pérez.
Suplentes:
1. Sebastián Alba Jaén.
3. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. David Pelayo Segura Moreno.
2. Jesús Ruiz Gil.
3. Yolanda Rodríguez González.
4. Juan Manuel Pérez Maza.
5. María Isabel Amador García.
6. Rubén Ríos Otero.
7. Marta Ruiz Gil.
8. Águeda Parra Jiménez.
9. Antonio Benítez Lucio-Villegas.
4. VOX (VOX)
1. Agustín Rosety Fernández de Castro.
2. Carlos José Zambrano García-Raez.
3. Antonio Palomar García.
4. Marta Chaves Delgado.
5. Leocadia María Benavente Lara.
6. José Manuel Martínez Ayala.
7. Álvaro Cuadros García.
8. María Guadalupe Sánchez Polo.
9. Remedios Maruenda Piñero.
Suplentes:
1. María de los Ángeles Roldán Alcaide.
2. Estrella María Viejo Rodríguez.
3. José Salguero Pozo.
4. Josefa Gloria Pérez Puerto.
5. Francisco Javier De la Poza Fuentes.
6. Juan Carlos Sanz Martín.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU LV CA)
1. Noelia Vera Ruiz-Herrera.
2. Juan Antonio Delgado Ramos.
3. José Luis Bueno Pinto.
4. Rosa María Tomillero Cortés.
5. Luis Ismael Palacio Pérez-Gironés.
6. Gema Martín de Arriba.
7. María Dolores Sanisidro Pose.
8. Manuel Comesaña Romero.
9. Francisco Dorado Guerrero.
Suplentes:
1. Luisa Espada Sánchez.
2. Moisés Rodríguez Fénix.
3. Elena Coronil Fernández.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Eduardo Jesús Rovira del Río.
2. Manuel María Cabello Izquierdo.
3. Alba Luna Rodríguez.
4. Cristina María González Pérez.
5. Emilio Arcos Lanceta.
6. Rafaela Lobato Fariñas.
7. Luz María Pérez Martín.
8. Sergio Jesús Garrido Sánchez.
9. Moisés Pacheco Asencio.
Suplentes:
1. Rosario García Romero.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ana María Muñoz Colera.
2. Manuel Serrano Martín.
3. Josefa Fernández Leal.
4. Víctor Manuel Real Sánchez.
5. Milagros Muñoz Pérez.
6. José Pantoja Salas.
7. Antonio García-Galán Molina.
8. Tamara Álvarez Muñoz.
9. María Ángeles Colomo Sánchez.
Suplentes:
1. José Manuel Álvarez Estrada.
2. Patricia Verónica Acosta Barreda.
3. José Luis Muñoz Pérez.
4. Manuela Álvarez Estrada.
5. José Antonio Berenguer Enciso.
8. MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS)
1. María del Mar Polanco Teixeira.
2. Isabel Serrano Durán.
3. Mateo Rafael Quirós Hernández (EQUO).
4. Sara Amelia Algaba Maye (EQUO).
5. Leonardo Angelit Gálvez.
6. María Isabel Galavís Jiménez (EQUO).
7. Juan Carlos Romero López (EQUO).
8. Inmaculada Concepción López Barrera.
9. Domingo Javier Jiménez Troya.
Suplentes:
1. Alfredo José Charques Calderón.
2. Jennifer Medina Zamora.
3. Jorge Anselmo Urdangarín Manuel.
4. Dolores Maye Riaza.
5. Julio Cascobelo Moreno.
9. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ)
1. José Manuel Acosta Gaviño.
2. Raquel Moral Muñoz.
3. David Cabezón Marichalar.
4. Antonia García Marín.
5. David Fernández Vilanova.
6. Eulalia Gutiérrez Ruiz.
7. Bernardo Ruiz Beato.
8. Ana Ruiz Morillo.
9. Manuel Sánchez Díaz.
Suplentes:
1. Antonia Magallanes Gutiérrez.
2. Sergio Santos Sánchez.
3. José Antonio Ayuso Marente.
10. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Francisco José Ferrer Gálvez.
2. María Josefa López Sánchez.
3. Miguel Ángel Rojas Muñoz.
4. África Merino Ruiz.
5. Cristóbal Nieto Pavón.
6. Manuela Milagros Moreno García.
7. Antonio Pérez Castellano.
8. Viginia Moreno Muñoz.
9. Fermín Fernández Lombao.
11. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Rosario María López Ramos.
2. Carlos Eduardo Rapaport Andelman.
3. Raquel María Artero Calandria.
4. David Martín Sánchez.
5. Jesús Fernando Martín García.
6. María Jesús de la Fuente Guitart.
7. Pedro San Miguel Velázquez.
8. Olga María Artero Calandria.
9. Roberto Delso Matud.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María José Gacía-Pelayo Jurado.
2. José Ortiz Galván.
3. José Ignacio Romaní Cantera.
4. María Vanessa Beltrán Morales.
5. Ernesto Marín Andrade.
6. Francisco Javier Díaz Jurado.
7. María Muiño López.
8. María de los Ángeles Morales Pérez.
9. Aurelio Antonio Sánchez Ramos.
Suplentes:
1. María del Rocío García Pichardo.
2. José Ángel Muñoz Pozo.
3. Antonio Domínguez Dávila.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Jesús Castro Mateos.
Suplente 1: Catalina Gómez Sánchez.
Suplente 2: José Expósito García.
2. Alfonso Carlos Moscoso González.
Suplente 1: Manuel Sánchez Pérez.
Suplente 2: María Teresa Rovayo Díaz.
3. Cándida Verdier Mayoral.
Suplente 1: Lucía Trujillo Llamas.
Suplente 2: Joaquín Ramón Gómez Calvillo.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Carlos Pérez González.
Suplente 1: José Antonio López Subire.
Suplente 2: Isabel María Carrasco Romero.
2. María Dolores Rodríguez Cano.
Suplente 1: María Valle Rodríguez Baena.
Suplente 2: Fernando Morillas García.
3. Carlos de Andrés Ramírez.
Suplente 1: María de los Ángeles Barroso López.
Suplente 2: José Lagóstena Gutiérrez.
3. VOX (VOX)
1. Manuel González Bazán.
Suplente 1: Fernando Quirós Ruiz.
Suplente 2: Susana Candón Canales.
4. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Antón Gilen Haidl Dietlmeier.
Suplente 1: Ana María Marín Morales.
Suplente 2: Rafael Valderrábano Roales.
2. Rafael Jesús Lara Batlleria.
Suplente 1: Javier Tallo Niño.
Suplente 2: María Isabel Almagro Franco.
3. Rocío Ramírez Montañez.
Suplente 1: Estefanía González Díaz.
Suplente 2: Pablo Delgado Merino.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Isabel de Montalbán Podadera.
Suplente 1: Jesús Ramírez Carrillo.
Suplente 2: María José Colón Reyero.
2. Marcelino Laínez de los Reyes.
Suplente 1: Lourdes Escalante Sánchez.
Suplente 2: Abraham Jiménez Camacho.
3. María del Pilar Gato Silió.
Suplente 1: Sergio Miguel López Pineda.
Suplente 2: Soraya González Pacheco.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Hassan Ben Sid Amar Mohamed.
Suplente 1: Ángeles Luengo Bonillo.
Suplente 2: José Andrés Fabra Heredia.
7. MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS)
1. María del Dulce Nombre Merello Arvilla (EQUO).
Suplente 1: Iván Canca Torres.
Suplente 2: María del Mar San José Maestre.
2. Pedro José Collado Gómez.
Suplente 1: Santiago Domínguez Meca.
Suplente 2: Begoña Ojanguren Viejo.
8. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ)
1. María Fátima Utrera González.
Suplente 1: José Antonio Saborido Garrido.
Suplente 2: Victoria Ríos Cortés.
9. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Juan Marchena Moreno.
Suplente 1: Manuela Ferrer Gálvez.
Suplente 2: Ricardo Hurraco Ferrer.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Guillermo Sánchez de Cos Suárez.
Suplente 1: Lucia Orozco Heredia.
Suplente 2: Samuel Velarde García.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Ignacio Landaluce Calleja.
Suplente 1: Marina García Peinado.
Suplente 2: Andrés Clavijo Ortiz.
2. María José de Alba Castiñeira.
Suplente 1: Carlos Llaves Ruiz.
Suplente 2: María Antonia González Gallardo.
3. Domingo Jesús González Gil.
Suplente 1: Manuel Toro Rincón.
Suplente 2: Encarnación Castro García.
JUNTA ELECTORAL DE CANTABRIA
Don Francisco Javier Herrero Ruiz, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Cantabria,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Santander, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Francisco Javier Herrero Ruiz.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rubén Gómez González.
2. Cristina Arienza Rodríguez.
3. Ignacio Hernando Manzanedo.
4. María Consolación Saiz de la Mora.
5. Laura Ara Olavarría.
Suplentes:
1. Carlos Alfonso García Repetto.
2. Noelia Rodero Chacón.
3. Víctor Manuel Teja Sainz-Maza.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Juana Teresa Álvarez Torrús.
2. Francisco Javier Pereda Póo.
3. Lucía Varea Álvarez.
4. Víctor González Ruiz.
5. Aída Leal Fernández.
Suplente:
1. Ignacio Porras Ibáñez.
3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Federico José Saiz Sandoval.
2. Cristina González Vítores.
3. Carlos Arribas Velarde.
4. Amaya Marín Gutiérrez.
5. David Aguirre Fernández.
Suplente:
1. David García Valcarce.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Pedro Casares Hontañón.
2. María Jesús Calva Ruiz.
3. Marcos Agudo Bustillo.
4. María Lourdes Pisano García.
5. Borja Sañudo Viadero.
Suplentes:
1. María Emilia Pérez Prieto.
2. Luis José Concha Novoa.
3. Margarita Revuelta Puente.
4. Juan Ignacio Portilla Quílez.
5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Jesús Martínez Torrijos.
2. Yolanda Dueñas Barcones.
3. Eduardo Díaz Paricio.
4. María Isabel Gómez San Segundo.
5. Gaudencio Zoppetti Paricio.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Luis del Piñal de Cos.
2. Leticia Martínez Osaba.
3. Elsa María Miguel Gutiérrez.
4. María Cristina Gómez Torre.
5. Aurelio Nieto Segura.
Suplentes:
1. David García Navarro.
2. Jonathan Menocal Herrería.
3. Miriam Begoña Arenas Basterra.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Josu Lasanta Izaguirre.
2. María Jesús Elcuaz Arana.
3. Francisco Javier Zazpe Nicuesa.
4. Patricia Sáenz Novales.
5. Simón Antonio Andueza Azcárate.
8. PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC)
1. José María Ángel Mazón Ramos.
2. Vanesa Montes Díaz.
3. Eduardo Ortiz García.
4. María Matilde Ruiz García.
5. Diego García Saiz.
Suplentes:
1. Rosa Pérez Quevedo.
2. Pedro José Velarde Castañeda.
3. Sergio Castro González.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Inmaculada Bóo González.
2. Óscar Olombrada Urcelay.
3. Vicenta Ansoleaga Rodríguez.
4. Freddy Froylan López Salas.
5. Nerea Blasco Bilbao.
Suplentes:
1. Juan Pablo Ingunza Zumalde.
2. Angelines González Novoa.
10. VOX (VOX)
1. Emilio Jesús del Valle Rodríguez.
2. José Joaquín Bengochea Seco.
3. Jaime Sánchez Bermúdez.
4. Beatriz González Varela.
5. Isabel Coz Gordon.
Suplentes:
1. Fernando Manso Herraiz.
2. Lourdes Carrera Troule.
3. José Luis Vázquez Vidal.
4. Mercedes Mosquera Barquín.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Diego Movellán Lombilla.
2. Elena Castillo López.
3. Luisa Fernanda del Val del Río.
4. Javier Noriega Gómez.
5. María Rebeca Gómez Fernández.
Suplentes:
1. Pedro Gorjón de Mier.
2. Nuria Sañudo Rodríguez.
3. Isabel Ortiz Gómez.
12. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB).
1. Marcos Ordás Expósito.
2. Judit Miliá Marro.
3. Miguel Gurrea Ruiz.
4. María Milagros González Molinero.
5. Bryan Cobo da Silva.
Suplentes:
1. Pablo Tomás González del Río.
2. María Ángeles Pitarch Chamorro.
3. Diego Muñoz Pérez.
13. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Eloy Baro Fernández.
2. María Celeste Bueno Palazuelos.
3. Francisco Menchaca Martín.
4. María Elena Revuelta Gómez.
5. Miguel Ángel Puertas Morón.
Suplentes:
1. Pablo Cacho Madrazo.
2. Ana Isabel Benito Díez.
3. Manuel Fernández Cabo.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Ruth Pérez Higuera.
Suplente 1: Jesús Bezanilla de la Verde.
Suplente 2: María Dolores Merino López.
2. Agustín Prieto Espuñes.
Suplente 1: María Elena Hondal Fernández.
Suplente 2: Fernando Linaje del Campo.
3. Sara Cristina Quintanilla Fernández.
Suplente 1: Esteban Martínez Póo.
Suplente 2: Ascensión Bielva Rodríguez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Laura Tejedor Bonhome.
Suplente 1: Juan Carlos Casanova Santoyo.
Suplente 2: Raquel López Carrasco.
2. Javier Antonio Peña Fernández.
Suplente 1: María Emma del Castillo Sedano.
Suplente 2: José Ignacio Jáuregui Angulo.
3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Lorena García Tabarés.
Suplente 1: Daniel Pérez Somohano.
Suplente 2: Pablo Bazán Arenal.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Isabel Fernández Gutiérrez.
Suplente 1: Rodrigo López Laso.
Suplente 2: Silvia Peña Santisteban.
2. José Manuel Cruz Viadero.
Suplente 1: María Teresa Hoyo Cotera.
Suplente 2: Raimundo García Barquín.
3. María Rocío Rábago Gómez.
Suplente 1: Víctor Casal Guillén.
Suplente 2: Ana Carmen Piqueres Bilbao.
5. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Arturo Limón Fernández.
Suplente 1: Sara Artigas Manero.
Suplente 2: Jon Joseba Atorrasagasti Mayoral.
2. María Pilar Artigas Manero.
Suplente 1: Jesús Ángel Jiménez Casorrán.
Suplente 2: Rafael Jesús Corzán Bayona.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Rodrigo Romero Jiménez.
Suplente 1: Ana Serantes Díaz.
Suplente 2: Sergio Tamayo Gilabert.
2. Pablo Ángel González de la Riva.
Suplente 1: Mónica Rodero Rodríguez.
Suplente 2: Pablo Gómez Ruiz.
3. María Rosario Quintana Pantaleón.
Suplente 1: María Argentina Cabarga Peña.
Suplente 2: Luis Gonzalo Sanabria Rucandío.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Montserrat Barrio López.
Suplente 1: Félix Mariano Barcina Burgui.
Suplente 2: María Antonia Canales Vega.
8. PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC)
1. Luis Fernando Fernández Fernández.
Suplente 1: Myriam Martínez Muñoz.
Suplente 2: José Ramón Obregón Cañizal.
2. Aurora Cuero Fuentecilla.
Suplente 1: Luis Javier Casas Biedma.
Suplente 2: Marta María Trueba Álvarez.
3. Ángel Sainz Ruiz.
Suplente 1: Cecilia García Villoslada.
Suplente 2: Jesús Ramón Ochoa Ortiz.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Jaime Gómez García.
Suplente 1: María Isabel Espeita Larrañaga.
Suplente 2: José Alberto Frade Morales.
10. VOX (VOX)
1. José Luis Temes Ortiz.
Suplente 1: Eulalia García Barbero.
Suplente 2: Ignacio Monroy Rodríguez.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Javier Puente Redondo.
Suplente 1: Severiano Ángel Cuesta Alonso.
Suplente 2: Andrea Rodríguez Arias.
2. Amaya Landín Díaz de Corcuera.
Suplente 1: María Yolanda García Fernández.
Suplente 2: Álvaro García González.
3. Félix de las Cuevas Cortés.
Suplente 1: María Belén Ceballos de la Herrán.
Suplente 2: Laro Hernández Riestra.
12. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Alejandro Ruiz Benito.
Suplente 1: Javier Sainz-Maza Ruiz.
Suplente 2: María del Pilar Cerdera Bolívar.
13. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. María López Revuelta.
Suplente 1: Guillermo Díaz San Martín.
Suplente 2: Antonio Corral Baltasar.
JUNTA ELECTORAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Don Santiago Madroñero Pérez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Castellón,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Castellón de la Plana, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Santiago Madroñero Pérez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Susana Ros Martínez.
2. Germán Renau Martínez.
3. María Carmen Aguilella García.
4. Federico Arnau Moya.
5. Rosa Ángeles Marco Chordá.
Suplentes:
1. Tomás Mínguez Colás.
2. Nuria Sánchez Flor.
3. Ildefonso Añó Lores.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Elisabeth Rodrigo Barreda.
2. Andrea Martín Rodrigo.
3. Humberto González Ruiz.
4. Francisca Hernández Rodríguez.
5. Anay Bueno Pardo.
Suplentes:
1. Juana Torres Moreno.
3. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Sergio Álvarez Gallego.
2. Sara Ocon Ojeda.
3. Martin Colino Bustinza.
4. María Navarlaz Rivera.
5. Javier Arcos González.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Sandra Julià Julià.
2. Alejandro Marín-Buck Gómez.
3. Manuel Hernández Gómez.
4. María Araceli de Moya Sancho.
5. Carmen Rubio Lázaro.
Suplentes:
1. Manuel Plasencia Royo.
2. Javier Mateu Borras.
3. Ana Pilar Constante Orrios.
4. Clara Prieto Baidez.
5. PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA (PCPE)
1. Santiago Castillo Cano.
2. María Teresa Plazas Olmedo.
3. Eloy García Simarro.
4. Yasmina del Pino Ariza.
5. Judith Arantzazu Escuder Cano.
Suplentes:
1. Emilio José Beltrán Peñarroja.
2. María Lidón Broch Belenguer.
3. David Gumbau Donet.
6. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Darío Díaz Gastaldo.
2. Sara Mahiques Bou.
3. Alberto Catalán Gallach.
4. Adriana Guillem Cuadra.
5. Sebastián Casanova Larrosa.
7. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Francesc Manuel Puchol.
2. Maria Desemparats Sánchez Ruíz.
3. Maria Jesús Franch Aparici.
4. Teresa Empar Parejo Orenga.
5. Enoc Altabás Felipo.
8. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. Jorge Juan Marín de Gracia.
2. Javier García Martínez.
3. Patricia Navarro Armero.
4. María José Raimundo Pascual.
5. Roberto Martorell Leiva.
Suplentes:
1. Antonio Gil Snachis.
9. REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (RVPVE)
1. Jordi Pitarch Sales.
2. Concepción Calatayud Martínez.
3. Enric Borrás Calvo.
4. Florencia García García-Bermejo.
5. Joan Altès Pamies.
10. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. David Leopoldo Agustí Pérez.
2. Manuel Iserte Martín.
3. Esther Grima Chaves.
4. Néstor Manuel Naches Benages.
5. María José Medina Muñoz de León.
Suplentes:
1. Bartolomé Ripollés López.
2. Alberto Ramos Gutiérrez.
3. María Alarcos Andreu.
11. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. Marisa Saavedra Muñoz.
2. Silvia Peris Dumont.
3. Pedro Lorente García.
4. Óscar Langa Sáez.
5. Mario Llorente Ferreres.
Suplentes:
1. Miguel Ángel Rodríguez Méndez.
2. Adrián Ribelles Herrera.
3. Susana Gómez Granell.
12. VOX (VOX)
1. Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
2. Cristóbal Caballero Escribano.
3. Eugenia Viñals González.
4. Nuria Tomás Martín.
5. Alfonso Zaragoza Aymerich.
Suplentes:
1. Yolanda Tena Sola-Vera.
2. Antonio Miguel Climent Baldayo.
13. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Óscar Clavell López.
2. Luís Gandía Querol.
3. María Paz Aledón Guerrero.
4. María Nieves Eugenio Bayo.
5. Susana Sanz Ferreres.
Suplentes:
1. Jaime Manuel Martínez Andrés.
2. Carlos Leoncio del Río Díaz.
3. Patricia Gracia Gómez.
14. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Marta Sorlí Fresquet.
2. Susana Pérez Alonso.
3. Josep Ramón Navarro Navarro.
4. Sandra Sabater Gutiérrez.
5. Fernando Darós Arnau.
Suplentes:
1. Emma Zafón García.
2. Carles Escrig Monfort.
3. Longi Gil Puértolas.
15. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Juana Villena Paterna.
2. Victoria Burriel Navarro.
3. Juan José Martín Matilla.
4. Irene Martínez de Estíbariz Uriondo.
5. Héctor Manuel Lloret Pardo.
Suplentes:
1. Francesc Cremades Gómez.
2. María Luisa Doménech Castillo.
3. Armando Yuste Mislata.
4. Leonor María Yepes García.
16. AVANT LOS VERDES (AVANT ADELANTE LOS VERDES)
1. Antonio Miranda Bonet.
2. María Dolores Taberner Cucala.
3. Vicente Miquel Montagud (Independiente).
4. Dolores Guijarro Torres.
5. José Manuel Martínez Rodríguez.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Artemi Vicent Rallo Lombarte.
Suplente 1: José Pascual Martí García.
Suplente 2: María Aurora Martínez Simó.
2. Ana Belén Edo Gil.
Suplente 1: Ángel Luis Fajardo López.
Suplente 2: Pilar García García.
3. Josep Lluis Grau Vallés.
Suplente 1: Antonia García Valls.
Suplente 2: Salvador Capella Pérez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Natalia Giner Montañés.
Suplente 1: Alicia Gómez Rascón.
Suplente 2: Juan José Cruz Fernández.
2. Ricardo Sancho Arnau.
Suplente 1: Jennifer Porcar Vivó.
Suplente 2: José Ramón Martínez Fajardo.
3. Lorena Velasco Andrés.
Suplente 1: Delia Valentina Rodríguez Herrera.
Suplente 2: Miguel Ángel Vallés Villar.
3. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Guillermo Canals Álvarez-Novoa.
Suplente 1: Paz González de la Torre.
Suplente 2: Andoni Domínguez Aldazabal.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Francisco José Vicent Melchor.
Suplente 1: Francisco Bataller Piquer.
Suplente 2: Francisca Núñez Gallardo.
2. María Jesús Sanchís Gual.
Suplente 1: Paula Archelós Álvaro.
Suplente 2: Miguel Gimeno Sevilla.
3. Milton Trigoso Rojas.
Suplente 1: Vicente Javier Molla Redondo.
Suplente 2: Ainoa Beltrán Soriano.
5. PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA (PCPE)
1. Kevin Álvarez Cuesta.
Suplente 1: Lorena Gálvez Conrado.
Suplente 2: Francisco Tendero Egea.
6. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Agustí Romeu Sospedra.
Suplente 1: Óscar Rubert Fonte.
Suplente 2: María Carmen Anglès Gómez.
7. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. Pedro Funes García.
Suplente 1: Sara de Miguel Rueda.
Suplente 2: José Ricardo González Gudino.
8. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Juan Amorós Mezquita.
Suplente 1: Arantzazu Arquimbau Gozalbo.
Suplente 2: Antonio Pascual Belmar García.
2. María Asunción Peris Gómez.
Suplente 1: Miguel Angel Poyo Urbita.
Suplente 2: María Mercedes Vargas Martínez.
3. Luis Castellet Font.
Suplente 1: Laura Peris Llorens.
Suplente 2: Orencio Valverde Rubio.
9. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. Carlos Monsonis Adsuara.
Suplente 1: Vicent Manel Barrachina i García.
Suplente 2: Isabel Obón Martínez.
2. Francisco Porcar Rebollar.
Suplente 1: Raquel Rosell Llidó.
Suplente 2: Pascual Saura Albert.
3. María Martínez Tortosa.
Suplente 1: Rafael Segarra Silvestre.
Suplente 2: Fernanda Díaz Pla.
10. VOX (VOX)
1. Luis Andrés Cisneros.
Suplente 1: Judith Querol Ciuraneta.
Suplente 2: Javier Solsona Escudero.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Salomé Pradas Ten.
Suplente 1: Jaume Llorens Monzonís.
Suplente 2: Marta Barelles Gómez.
2. Vicente Martínez Mus.
Suplente 1: José María Andrés Alós.
Suplente 2: María Asunción Queralt Sanz.
3. Inmaculada Yáñez Climent.
Suplente 1: César Durá Edo.
Suplente 2: María Encarnación Gimeno Guillén.
12. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Jordi Navarrete Pla.
Suplente 1: M.ª Carmen Díaz Carsi.
Suplente 2: Josep Xavier Trenco Pitarch.
2. Carlos Javier Vidaurre Garayo.
Suplente 1: Silvia Miralles Monfort.
Suplente 2: Miguel Ginés Vilar.
3. Empar Carceller Centelles.
Suplente 1: Jordi Tàrrega Sangüesa.
Suplente 2: Inés Escoí Betoret.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Rosa Lentini Chao.
Suplente 1: Sergio Morente Ors.
Suplente 2: Yolanda Muñoz Cremades.
2. Ricardo Cano Gaviria.
Suplente 1: Vicente Manuel García Escrivá.
Suplente 2: M.ª Dolores Bosch Alemany.
JUNTA ELECTORAL DE CIUDAD REAL
Don Manuel Ignacio López-Lendinez Pozas, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Ciudad Real,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ciudad Real, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Manuel Ignacio López-Lendinez Pozas.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Miguel Ángel González Caballero.
2. Cristina López Zamora.
3. Antonio de Toro López.
4. Luz María Sánchez García.
5. José Ángel Martínez Mínguez.
Suplentes:
1. Alicia de Gregorio Acero.
2. Mario Estell de la Mora Fernández.
3. Raquel Fernández Ureña.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Javier Labajo Antequera.
2. Ana Martín Navas.
3. Miguel Ángel Ruiz Molino.
4. María de los Ángeles Rubio Pariente.
5. Filomena María Pereira Dos Santos-Inés.
Suplentes:
1. Carlos Rodríguez Hervás.
3. VOX (VOX)
1. Ricardo Chamorro Delmo.
2. Ana María Valero Lite.
3. Antonio Alarcos Olivares.
4. María Dolores Gómez Moreno.
5. María de los Ángeles Parra López.
Suplentes:
1. Agustín Luque Mialdea.
2. Carmen Belén Galván Cabrero.
3. Adolfo De Toro Jiménez.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Francisco Javier Fernández-Bravo García.
2. Irina Isabel Alonso Giménez.
3. Luis Mendoza Salinas.
4. Gema Pilar López-Serrano Villareal.
5. Gloria María Notario García-Uceda.
Suplentes:
1. David Mora-Gil Castro.
2. María Rosa Abad Cantero.
3. Richard Andrés Domínguez.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Jorge Uxó González.
2. María Marchante Armero.
3. Montserrat Chacón González.
4. Julián Sanz Real.
5. Juan Vicente Quintana Ruiz.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Rosa María Romero Sánchez.
2. Juan Antonio Callejas Cano.
3. Manuel Borja Menchen.
4. María Antonia Berlanga Antón.
5. Sonia González Martínez.
Suplentes:
1. José Lozano García.
2. Rebeca Sánchez-Maroto Sánchez-Migallón.
3. Carlos Espinosa Mateo.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Miriam Navarrete Márquez.
2. Rafael Abenza Moreno.
3. José María García de la Torre Riesco (Independiente).
4. Inmaculada Moraleda Merlo.
5. Iñaki Barinaga López.
Suplentes:
1. Gema María García del Castillo Serrano (Independiente).
2. Sergio Parralejo Recio.
3. Brígida Tejada García.
4. Alberto Luna Poblete (Independiente).
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Jorge Martínez Cuartero.
2. María Mercedes Ruiz Alfaro.
3. Cristian Poveda Cutanda.
4. Erica González Gutiérrez.
5. Carlos García González.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Jesús Martín Rodríguez.
Suplente 1: Manuela Castaño Serrano.
Suplente 2: Sergio Navarro Adeva.
2. María del Carmen Mínguez Sierra.
Suplente 1: Inocente Medina Real.
Suplente 2: Rosa María Gutiérrez Camacho.
3. José Manuel Bolaños Viso.
Suplente 1: Elisabeth Porrero Vozmediano.
Suplente 2: Francisco Manuel Vico Ruiz.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Victoria Pozo Sampedro.
Suplente 1: Miguel López Baldrich.
Suplente 2: María de las Mercedes Rodríguez Olmedo.
2. José Puchol González.
Suplente 1: Verónica Dávila Comesaña.
Suplente 2: Marcos Garrido Blanc.
3. VOX (VOX)
1. David Manzanares Fúnez.
Suplente 1: Carlos Fernández Ayala.
Suplente 2: María Luisa Ruiz Alonso de Castañeda.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rafael López Sánchez.
Suplente 1: Rosa María González-Magdaleno de la Morena.
Suplente 2: Albertano Núñez Martín.
2. Virginia Espinosa Gallego.
Suplente 1: Javier Francisco Martín Martín.
Suplente 2: María del Carmen García Masegosa.
3. Genaro Galán García.
Suplente 1: Gema Montealegre Barrilero.
Suplente 2: Miguel A. Beamud Sánchez-Carrillejo.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Antonio Moreno Valiente.
Suplente 1: Elena Trujillo Jiménez.
Suplente 2: Ángel Morena Sánchez.
2. Luis Benítez de Lugo Enrich.
Suplente 1: Daniel Blasco Grano de Oro.
Suplente 2: Clorinda Ivonne Tejada Chauca.
3. Victoria Maroto Barros.
Suplente 1: José Luis Torres Alcázar.
Suplente 2: María Isabel Mejía Sánchez Ballesteros.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Francisco Cañizares Jiménez.
Suplente 1: Martín Miguel Rubio Esteban.
Suplente 2: Irene María Fernández González.
2. Miguel Ángel Valverde Menchero.
Suplente 1: Jesús David Sánchez de Pablo González del Campo.
Suplente 2: Carmen María Montalbán Martínez.
3. María del Carmen Quintanilla Barba.
Suplente 1: Azucena Hervás Calle.
Suplente 2: José Luis Montalvo Ropero.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Alejandro Cerro de Lara.
Suplente 1: Ascensión Merino Fernández (Independiente).
Suplente 2: Francisco Javier Mena González (Independiente).
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Borja Bautista Villalba.
Suplente 1: María de Lourdes Cerpa Cervera.
Suplente 2: José María López García.
JUNTA ELECTORAL DE CÓRDOBA
Don Carlos Rubio Sabio, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Córdoba,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Córdoba, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Carlos Rubio Sabio.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Marcial Gómez Balsera.
2. María del Carmen Jaime Mena.
3. Lorenzo Moreno Pérez.
4. Cristina Nazaret Román Flores.
5. Pedro García Guillén.
6. María del Carmen Mayo Gómez.
Suplentes:
1. Salvador José Román Gómez.
2. María Dolores Matas Zamora.
3. Francisco José Osuna Molina.
4. Isabel Suárez Baena.
2. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Víctor Núñez Luque.
2. Catalina Ruiz Sánchez.
3. José David Contreras Guerrero.
4. Teresa Luque Naranjo.
5. Alberto Cruz Rojas.
6. Rafaela Benavente Ruiz.
3. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Francisco Infante Lisarte.
2. MarÍa del Mar Díaz Polonio.
3. Antonio Jurado Checa.
4. Pilar Márquez Quesada.
5. Carlos Bermudo Munzon.
6. Carmen María Valderrama Crespo.
Suplentes:
1. Iván Infante Díaz.
2. Ana Belén Alarcón Infante.
3. Emilio José Morales Gutiérrez.
4. María Antonia Díaz Polonio.
5. Salvador Martínez Zurera.
6. Antonia José Poyato Luna.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Antonio Muñoz Jaime.
2. Dolores Moreno Moreno.
3. José Ramírez Campos.
4. Francisca López García.
5. Juan Galisteo Romero.
6. Silvia Zurera López.
Suplentes:
1. Manuel Varo Barranco.
2. Ana López García.
3. José Prieto Pulido.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Luis Planas Puchades.
2. Rafaela Crespín Rubio.
3. Antonio Hurtado Zurera.
4. Teba Roldán Juez.
5. Juan Díaz Caballero.
6. María Josefa Jurado Pescuezo.
Suplentes:
1. Salvador Blanco Rubio.
2. Josefa Vioque Zamora.
3. Julio Salas Martos.
4. Ana Isabel López Pachón.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Javier Luna Sánchez.
2. Manuel De Toro Costa.
3. Lidia Gómez Segura.
4. María Pilar Bares Ruiz.
5. Ricardo González Delgado.
6. María Estelle Cabanes Niza.
Suplentes:
1. Daniel Alcalde Liévana.
2. Luna María Barrero Medina.
3. Ana Flores Campos.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Joaquín Malo de Molina Fernández de Córdova.
2. Begoña Escribano Salmoral.
3. Miguel Delgado Ayuso.
4. María del Carmen Espada Serrano.
5. Modesto Berna Berna.
6. Jana Escribano Bellido.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Martina Velarde Gómez.
2. Carmen María Ruiz Sierra.
3. María Teresa González Ruiz.
4. Enrique Moreno González.
5. Miguel Ángel Peña Muñoz.
6. Manuel Enrique Monereo Pérrez.
Suplentes:
1. Ana María Ortega Tenor.
2. Andrés Manuel Gómez Medina.
3. Juan García Ballesteros.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Roberto Guijarro López.
2. Elena Rodríguez Cañero.
3. Eloy Gómez García.
4. Cristina Jiménez Cabello.
5. Javier Álvarez Cuevas.
6. Gloria María Soto Fernández.
Suplentes:
1. Adrián García Barbarroja.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Andrés Lorite Lorite.
2. Maria de la O Redondo Calvillo.
3. Ana María Tamayo Ureña.
4. Manuel Torres Fernández.
5. Antonio Pedregosa Montilla.
6. Dolores Germana Sánchez Moreno.
Suplentes:
1. Carmen María Arcos Serrano.
2. Manuel Lopera Rodríguez.
3. María Antonia Aguilar Rider.
11. VOX (VOX)
1. José Ramírez Del Río.
2. María Dolores Hermoso Porras.
3. Francisco Jesús Navas Ruiz.
4. Manuela Martín Domínguez.
5. Alberto Cuevas Hoyas.
6. María Victoria Lozano Orellana.
Suplentes:
1. Saulo Eduardo Moyano Carmona.
2. Leonor Linares Marín.
3. Antonio José Moreno Mialdea.
12. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Francisco Antonio Adame Fernández.
2. Ana María García Conde.
3. Juan Manuel León López.
4. Deseada Otero Blanco.
5. Antonio Osuna Cañasveras.
6. Clara López Aguilera.
Suplentes:
1. Juan Cutiño Cortacero.
2. Samara Cadenas Otero.
3. Miguel Puentes García.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Sacramento Peña Espejo.
2. Manuel Torres Luque.
3. Mercedes Jiménez Ortiz.
4. Iván Mesa Diaz.
5. Rafaela Castaño Prieto.
6. Eugenio Rosa Diaz.
Suplentes:
1. Lucía Requena Perea.
2. Francisco Barba Zarza.
3. Rosa Tena Suárez.
4. Rafael Roldán Tejada.
5. María Josefa Aguilar Cabrera.
6. Rodrigo Moreno Lara.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Isidoro García-Escribano Acedo.
Suplente 1: Catalina María Fernández de Mesa Alarcón de la Lastra.
Suplente 2: Pedro Javier Cerro Castillo.
2. María Josefa de la Torre Barbero.
Suplente 1: Antonio Rivera Sánchez.
Suplente 2: Rocío Moreno Delgado.
3. Fernando Molina Espejo.
Suplente 1: Miguel Cantero Ramírez.
Suplente 2: Lucía Navarro López.
2. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Rafael de Troya Bononato.
Suplente 1: Maria Antonia de la Torre Benavente.
Suplente 2: Emilio Gómez Urbano.
2. María Lourdes Bellido Garrido.
Suplente 1: Francisco Manuel Alarcón Infante.
Suplente 2: María Lourdes Lara Bellido.
3. Manuel Elías Roldán.
Suplente 1: Rosario Infante Lisarte.
Suplente 2: Manuel Romero Poley.
3. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Rosario Vázquez Hidalgo.
Suplente 1: David Burguillos Pacheco.
2. Juan Muñoz Jaime.
Suplente 1: Mercedes López García.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María de los Ángeles Luna Morales.
Suplente 1: María Teresa Alonso Montejo.
Suplente 2: Andrés Morales Vázquez.
2. Alfonso Muñoz Cuenca.
Suplente 1: Antonio José López Fernández.
Suplente 2: Macarena Nieto González.
3. María Jesús Serrano Jiménez.
Suplente 1: Francisca Alamillo Haro.
Suplente 2: José Villalba Tienda.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ana María Cuevas Ángeles.
Suplente 1: Fernando Romero Moreno.
Suplente 2: Desireé Urbano Gómez.
2. Manuel Urbano Navas.
Suplente 1: María de los Ángeles García Ramírez.
Suplente 2: Antonio Flores Muñoz.
3. Sara Romero Valenzuela.
Suplente 1: Juan Luna Lozano.
Suplente 2: María del Rosario Sánchez Barrios.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ángel Morales Sillero.
Suplente 1: María Victoria Arévalo Gómez.
Suplente 2: José Manuel Figueroa Sánchez.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Manuel Baena Cobos.
Suplente 1: Francisca Elena Ruiz Bueno.
Suplente 2: Juan Madueño Moyano.
2. Noemí Martínez Jiménez.
Suplente 1: Adrián Valenzuela Motiño.
Suplente 2: Carmen García Ballesteros.
3. Francisco Antonio Molina Varona.
Suplente 1: María Dolores Quiles Marín.
Suplente 2: Pedro Navarro González.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Fernando Priego Chacón.
Suplente 1: Cristina Piernagorda Albañil.
Suplente 2: Félix Manuel Romero Carrillo.
2. Isabel Cabezas Regaño.
Suplente 1: José Fernández Nogales.
Suplente 2: Eva María García Baquero Delgado.
3. Bartolomé Madrid Olmo.
Suplente 1: María Isabel Medina Murillo.
Suplente 2: Francisco José Delgado Lozano.
9. VOX (VOX)
1. Joaquín Cortés Lucena.
Suplente 1: Alicia Malagón Porcuna.
Suplente 2: Rafael Jesús Del Campo Vázquez.
10. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. José Martínez Alvarez.
Suplente 1: Clara María Aguilar López.
Suplente 2: Juan José Cutiño Oropesa.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Manuel Bonillo Montes.
Suplente 1: Araceli Roldán Tejada.
Suplente 2: Ángel Vega Sánchez.
JUNTA ELECTORAL DE A CORUÑA
Don Lorenzo Villalpando Lucas, Secretario de la Junta Electoral Provincial de A Coruña,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
A Coruña, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Lorenzo Villalpando Lucas.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Vilas Liñares.
2. Mónica Martínez Lema.
3. Andrés Pérez Rouco.
4. Marcos Martínez Candal.
5. María Esther Diz García.
6. César Manuel Iglesias Fernández.
7. María José García Hidalgo.
8. Marcial Martelo de la Maza García.
Suplentes:
1. Nazaret Martín Peraza.
2. Ángel Manuel Cousillas Otero.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Mónica Velázquez Couto.
2. Pablo Díaz Cardamas.
3. María del Mar Camacho Díaz.
4. José Antonio González Álvarez.
5. Olalla Nogareda Gómez.
6. Luis Miguel González Seijas.
7. Emma Esperanza Tojo Vázquez.
8. Diego Barreira Ramos.
Suplentes:
1. Eliana Peteiro Rial.
3. VOX (VOX)
1. Miguel Ángel Fernández López.
2. Marta María Carreira García.
3. Alberto Domínguez López.
4. Elisa Carolina Fernández Feijoo.
5. Leopoldo Jáudenes Juncal.
6. María Alexandra Dorta Rivas.
7. Manuel Fuentes Lamas.
8. Noelia Prieto González.
Suplentes:
1. Francisco Javier Murúa Paz.
2. Jesús Juan Mantiñán Castro.
3. María Salomé Gil Reguero.
4. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. Néstor Rego Candamil.
2. María Xosé Bravo San José.
3. Ramón Fernández Alfonzo «Mon».
4. Silvia María Pardo Galdo.
5. Miguel Pernas Cora.
6. María Montserrat Almozara Cordeiro (Independiente).
7. Xosé Iglesias Lamela.
8. Mercedes Queixas Zas.
Suplentes:
1. Cristina López Sánchez.
2. Bruno Lopes Teixeiro (Independiente).
3. Belén Lendoiro Esmorís.
4. Maruxa Martínez Romaní.
5. Pedro Pérez Traba.
6. Pilar Veiga Ares.
7. Tania Fernández Iglesias.
8. Xoan Manoel Sande Muñíz.
9. Rocío da Igrexa Prego.
10. Ramón Noceda Caamaño.
5. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Francisco Eugenio Sebio Peña.
2. María Ángeles Prin Bermúdez.
3. Porfirio Embade Pita.
4. Tania Redondo González.
5. Francisco Leonardo Aneiros Dopico.
6. Rosa María Rey Varela.
7. Diego Ferreira Domínguez.
8. María Azucena Núñez Rodríguez.
Suplentes:
1. Santiago Luis Orjales Lamas.
6. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. Pilar Cancela Rodríguez.
2. Pablo Arangüena Fernández.
3. María Montserrat García Chavarría.
4. Diego Antonio Taibo Monelos.
5. Natividad González Laso.
6. Jesús Fernández Díez.
7. Clarisa Beatriz Domínguez Siaba.
8. Miguel Ángel Paz Barreiro.
Suplentes:
1. Gonzalo Rivera Fraga.
2. Susana Lebón Rivas.
3. Francisco Javier González Trillo.
4. María Rocío Mariño López.
5. Lois Anxo Rodríguez Calvo.
6. Gema Fernández Cuiña.
7. Antonio Federico Álvarez Cisneros.
8. Sandra Sánchez Íñiguez.
9. Iago Alfredo de Ron Fernández Mosquera.
7. POR UN MUNDO MAIS XUSTO (PUM+J)
1. Daniel Chaparro Jiménez.
2. Marina Fernández Delgado.
3. Ignacio Díez Sanz.
4. Carmen García Jiménez.
5. Víctor Chaparro Jiménez.
6. Isabel Cano Fernández.
7. Alejandro Castilla de la Hoya.
8. Beatriz Castellanos González.
8. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. Antonio Gómez-Reino Varela.
2. Loreto Taibo Rama.
3. José Manuel García Buitrón.
4. Adrián García Seijas.
5. Elena Pernas Ciudad.
6. Noelia Pedreira Díaz.
7. Luis Víctor Ruiz Rodríguez.
8. Raquel Bernárdez Rodal.
Suplentes:
1. Alfonso José Caparros Esperante.
2. Ana María Guzmán Cotillas.
3. José Guillermo Rebollido Pouso.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Sara Puga Rey.
2. Carlos Alberto Balboa Castelo.
3. Alexandre Rodal Giménez.
4. Andrea Rodríguez García.
5. José Francisco Vicente Rodríguez.
6. Adela Martínez Martí.
7. Rosa María Amil Martínez.
8. Alfonso Casal Pita.
Suplentes:
1. Iñaki Barinaga Olano.
2. Jordi Muiños Martínez.
3. María Elena Piedad Agras Suárez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Marta González Vázquez.
2. Tristana María Moraleja Gómez.
3. María Valentina Martínez Ferro.
4. José Ángel Rodríguez Prieto.
5. José Ramón de la Fuente Rodríguez.
6. María José Sampedro Fernández.
7. Julio Bustelo Castaño.
8. Rogelio Lema Mougán.
Suplentes:
1. Águeda María Díaz Mejuto.
2. Juan Domingo de Deus Fonticoba.
3. Cristina Castro Pampín.
11. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Andrés Paredes Sánchez.
2. Aarón López Azcunaga.
3. Cristina Riobóo Díaz.
4. Mercedes Sánchez Iglesias.
5. Rubén Darío Vázquez Vázquez.
6. Andrea García Louzao.
7. David Figueroa Collazo.
8. Sara Fidalgo Mérida.
12. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Carolina Bescansa Hernández.
2. Olga Dourado González.
3. Bieito Cambeiro Porrúa.
4. Alberto Prieto Arranz (EQUO).
5. Stephanie Ordoñez Pérez (EQUO).
6. Fabiana Beatriz García Porto.
7. Eduardo Martínez Nieto.
8. José Manuel Romarís Cercós.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María del Carmen Mahía Vázquez.
Suplente 1: Jorge Alberto García Iglesias.
Suplente 2: Tamara Martínez Soto.
2. Antonio Pablo Mosquera Aldecoa.
Suplente 1: Eva María Seoane Seijas.
Suplente 2: Miguel Ángel Reviejo Ares.
3. Juan Ramón Hermida Fandiño.
Suplente 1: Sandra García Lombardía.
Suplente 2: Abel García Carneiro.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Manuela García López.
Suplente 1: Marcelino Meana Canteli.
Suplente 2: María Cristina López García.
2. Adrián Abuín Pose.
Suplente 1: Adriana de Francisco Mallo.
Suplente 2: Ángel González Castrillejo.
3. Elena Martín Bravo.
Suplente 1: José Luis Moreno Peña.
Suplente 2: Verónica González Castellanos.
3. VOX (VOX)
1. Juan Garcilaso de la Vega Muñoz.
Suplente 1: María Nieves Coloma Sánchez.
Suplente 2: Francisco Javier Seijido Pazos.
4. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. María Tereixa dos Anxos Novo Arrojo.
Suplente 1: Lidya Castro Gabete.
Suplente 2: Xesús Sánchez Cea.
2. Laura Tato Fontaiña.
Suplente 1: Alexandre Pérez Queiro.
Suplente 2: Noela Rial Carril.
3. Xosé Deira Triñanes.
Suplente 1: Mercedes Tobío Rodríguez.
Suplente 2: Xan Freire Otero.
5. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Alfonso Martínez Merlán.
Suplente 1: Ana María Piñón Vilariño.
Suplente 2: Xosé Narciso Pérez Sampedro.
6. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. Antonio Vázquez Lorenzo.
Suplente 1: Manuel Mirás Franqueira.
Suplente 2: Paula Mouzo Maceiras.
2. Obdulia Taboadela Álvarez.
Suplente 1: María Torres Pose.
Suplente 2: Enrique Antonio Vázquez Naveira.
3. Julio Barros Casal.
Suplente 1: María Palomi Rodríguez Castiñeira.
Suplente 2: Ramón Medina González-Redondo.
7. POR UN MUNDO MAIS XUSTO (PUM+J)
1. Aitor Neira Villaverde.
Suplente 1: Elena María Viguera Moreno.
Suplente 2: Nicolás Carlos Sánchez Miranda.
8. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. Cristina Laya Miguélez.
Suplente 1: Miguel Ángel Jiménez Domínguez.
Suplente 2: María Teresa López Grandas.
2. Carmen Armada Martínez.
Suplente 1: José Luís Burón Eiras.
Suplente 2: Berta Vigil Ortega.
3. Jesús Basterrechea López.
Suplente 1: Esperanza Peña Mejuto.
Suplente 2: Carlos Tejerizo García.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Manuel Valiño Vázquez.
Suplente 1: Vanesa Pérez Miguel.
Suplente 2: Manuel Ángel Martínez Sánchez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Miguel Lorenzo Torres.
Suplente 1: María Dolores Pena Gutiérrez.
Suplente 2: Juan Alonso Tembrás.
2. Juan Manuel Juncal Rodríguez.
Suplente 1: Ramón Tojo Lens.
Suplente 2: María Oliva Agra Costoya.
3. Verónica María Casal Míguez.
Suplente 1: María Isabel Vila Vilas.
Suplente 2: Adrián Pardo López.
11. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Rogelio Santos Queiruga.
Suplente 1: Manuel Iglesias Dorda.
Suplente 2: María Celia Lorenzo Borrajo.
JUNTA ELECTORAL DE CUENCA
Doña María José Román Alcaraz, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Cuenca,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Cuenca, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María José Román Alcaraz.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Luis Carlos Sahuquillo García.
2. Mariana de Gracia Canales Duque.
3. Carlos Muelas Ramírez.
Suplentes:
1. María Trinidad Albendea Roa.
2. José Luis Merino Fajardo.
3. Esther Fernández Garrido.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María del Mar Tagle Rivera.
2. Pablo Casals Beca.
3. Marta Babé Riestra.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Luis Enrique Pérez Bueno.
2. María Virginia Gabaldón Guerrero.
3. José Javier de la Torre Valera.
Suplentes:
1. Eva María Soliva Fernández.
2. José Marín Valero.
3. Nicoleta Trifan Radu.
4. VOX (VOX)
1. Ismael Iván Vélez Cipriano.
2. Guillermo Martínez Huerta.
3. Rosa Ana Galán Rodríguez.
Suplentes:
1. José Eduardo Morán Morán.
2. María Isabel Lozano Gómez.
3. Rocío García Salazar.
5. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Encarnación Serrano Paricio.
2. Clemente de los Santos Benito (PCAS-TC).
3. María de las Mercedes Panadero Bermejo (PCAS-TC).
Suplentes:
1. José Valera García.
2. Purificación Corrales Gamero.
3. Pedro José Mateo Rodríguez.
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Joel Lozano Sadornil.
2. Juan Nogueira López.
3. María Mercedes Martínez Cadenas.
Suplentes:
1. José Luis Gómez González.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Vecino González.
2. Carlos Gismera Picazo.
3. María Paz Piquero Camino.
Suplentes:
1. José Luis Zarza Sanz.
8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. María Carmen García García.
2. Cristóbal Sanchís Blasco.
3. Ángel Bueno Domingo.
Suplentes:
1. María Ángeles Ortuño García.
2. José Manuel Muñoz Mateos.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Fernando Garrote Massó.
2. Clara Isabel Martínez Jimeno.
3. Arturo Vicente Zarzuela Palacios.
Suplentes:
1. Teresa María Navarro Zamora.
2. José Manuel García Picazo.
3. José Luis Blanco Aroca.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Beatriz Jiménez Linuesa.
2. María Jesús Bonilla Domínguez.
3. Francisco Javier Doménech Martínez.
Suplentes:
1. Álvaro Barambio Odriozola.
2. Estefanía Mellado Martínez.
3. Joaquín Escolano García.
11. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Carlos Pérez Solera.
2. Beatriz Contreras López.
3. Juan Manuel Pina Mérida.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Carmen Torralba Valiente.
Suplente 1: Ignacio Casillas Saiz.
Suplente 2: Esmeralda Mena Martínez.
2. Alfonso Escudero Ortega.
Suplente 1: María Paz Martínez Millán.
Suplente 2: Javier Monsálvez Alfaro.
3. María Ángeles López Martínez.
Suplente 1: Emilio José Osma Marchante.
Suplente 2: Yolanda Rozalén Rozalén.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Luis Armengot Paradinas.
Suplente 1: María del Pilar de la Fuente Fernández.
Suplente 2: Ignacio de Oñate Alguero.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Jaime Saiz Leal.
Suplente 1: Jesús Rafael Pastor Villalba.
Suplente 2: Casandra Castiblanque López.
2. Ana María Romero García.
Suplente 1: Pedro Monsalve Ramos.
Suplente 2: Irene Herrada Moreno.
3. Carlos Gascón García.
Suplente 1: Laura López Garrido.
Suplente 2: Cristian Luján Martínez.
4. VOX (VOX)
1. David Borja Pérez.
Suplente 1: Soraya Bustamante González.
Suplente 2: José Agustín García Arribas.
5. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Fernando Muñoz García.
Suplente 1: Eva Yolanda del Amo Davó.
Suplente 2: Arturo Miguel Casino.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ana Gallego Torres.
Suplente 1: Alberto Díaz Reboredo.
Suplente 2: Ana María Carrión de la Llana.
7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Andrea Constanza Scarcella González.
Suplente 1: José Manuel Casas Coello.
Suplente 2: Delfina Sánchez Valle.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Beatriz Martínez Valencoso.
Suplente 1: José María Oviedo Oviedo.
Suplente 2: Enelvia Quiroz Lara.
2. Ana María Navarrete Tudela.
Suplente 1: Cynthia Gómez Martínez.
Suplente 2: Andrés Fernández Ruiz.
3. Jesús Martínez García.
Suplente 1: Miguel Ángel Fernandez Marchante.
Suplente 2: Mercedes Ruiz Martínez.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Manuel Tortosa Ruiz.
Suplente 1: Daniel García Rebollo.
Suplente 2: Lidia Lucas de la Cruz.
2. María Pilar Martínez Peñarrubia.
Suplente 1: María Dolores Fernández Pedrosa.
Suplente 2: José Antonio Martín Buro Mañas.
3. María Soledad Herrera Arribas.
Suplente 1: Francisco Evaristo Navarro Navalón.
Suplente 2: María Arribas López.
10. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. José Antonio Peña Ramos.
Suplente 1: María José Garrido Sánchez.
Suplente 2: Óscar Timón Arnaiz.
JUNTA ELECTORAL DE GIPUZKOA
Don Joaquín Albizu Morentin, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el artículo 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
San Sebastián-Donostia, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Joaquín Albizu Morentin.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Mertxe Aizpurua Arzallus.
2. Jon Iñarritu García.
3. Esther Larrañaga Galdós.
4. Juan Mari Olano Olano.
5. Nerea Zubia Blázquez.
6. Juan Ramón Garai Bengoa.
Suplentes:
1. Ana Carrere Zabala.
2. Iñaki Errazkin Vitoria.
3. Itziar Ostolaza Galdós.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. Odón Elorza González.
2. María Luisa Del Pilar García Gurruchaga.
3. Jesus María Zaballos De Llanos.
4. Azahara Domínguez Urtizberea.
5. Alfonso Gurpegui Ruiz.
6. María Lourdes Acevedo Beldarrain.
Suplentes:
1. Jon Iraola Iriondo.
2. Gloria Vázquez Herranz.
3. Jon Ugarte Petricorena.
4. Aranzazu González San Vicente.
3. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Joseba Andoni Agirretxea Urresti.
2. Iñigo Barandiaran Benito.
3. Txaro Rodrigo Montalvo.
4. Itziar Alkorta Idiakez.
5. Xabier Barandiaran Irastorza.
6. Miren Garbiñe Mendizabal Mendizabal.
Suplentes:
1. Miren Elgarresta Larrabide.
2. Angel María Del Hoyo Bravo.
3. Ane Abarrategui Baamonde.
4. ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK (EB)
1. Daniel Lizarralde Aguirre.
2. Nerea Icuza Campos (Independiente).
3. Félix García Ramos.
4. Amaya Larrea Loran (Independiente).
5. Antonio Alier Laplana (Independiente).
6. Virginia Esther De La Parra Arruabarrena (Independiente).
Suplentes:
1. Emilio Gerardo Monfort Cebrian (Independiente).
2. Miren Lorea Uriarte Iraeta (Independiente).
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Manuel Gil Vegas.
2. Isabel Gil Marrodán.
3. León De Adrián Gallego.
4. Naiara Landa Pérez.
5. Ramiro Cibrián Uzal.
6. Cristina Martín Andonegui.
Suplentes:
1. Aitor Bilbao Rodríguez.
2. Belén Navarro Moratalla.
6. EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI (ELAK/PCTE)
1. José Alberto Jiménez González.
2. Laura Vázquez Martínez-Jáñez.
3. Eneko Lanz Llamas.
4. Carmen García Llamera.
5. Mikel Gallastegi Arevalillo.
6. Julia Fábrega Torrano.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Susana Pérez Benito.
2. Jon Orella Azcona.
3. Irene Azkarate López.
4. Rosa Ana Escudero Martínez.
5. Asier Esparza Billalabeitia.
6. Ana María Arcelus Casal.
Suplentes:
1. Andrés Manjón Hidalgo.
8. ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Pilar Garrido Gutiérrez.
2. Rafael Sainz De Rozas Bedialauneta.
3. Ubaldo Ortíz Rodrigo.
4. Kelly Alba Holmwood Benito.
5. Carlos Rodríguez Rubio.
6. Isabel Salud Areste.
Suplentes:
1. Agustina Pedroche Rodríguez.
2. David Nuño García.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Ángeles Alberdi Bergareche.
2. Roberto Gómez Egido.
3. Sergio Larredonda González.
4. María Del Carmen Devesa García.
5. Andrés Francia Miranda.
6. Antonio Urquijo Azaldegui.
Suplentes:
1. Nagore Blasco Bilbao.
2. Julio José Muñoz Mota.
3. Igone Bilbao González.
4. Jesús Zabalo Martínez.
10. BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Iratze Buztinza Vivanco.
2. Ignacio Lijo Sancho.
3. María Rosario Alonso Amigot.
4. Francisco Javier Barcina Burgui.
5. Arrate Masa López.
6. Iker Madina Lazurtegui.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Iñigo Arcauz Ascargorta.
2. José María Murguiondo Casal.
3. María Pilar Elías Zabala.
4. Carlos Sancho Coscolluela.
5. María Carmen Blasco Zuasti.
6. María Asunción Guerra Alonso.
Suplentes:
1. José Miguel Ochoteco Aguirre.
2. María José Lafuente Grasa.
3. Patricia María Puértolas Guerra.
4. José Javier Barcaiztegui Martínez-Avial.
12. VOX (VOX)
1. Juan De Dios Dávila Garijo.
2. María Del Mar Martija Sánchez-Guardamino.
3. José Manuel Menéndez Hernández.
4. Cristina Navarro Machín.
5. Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta.
6. Iñigo Arocena Fernández.
SENADO
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Gorka Elejabarrieta Díaz.
Suplente 1: Lore Agirre Zipitria.
Suplente 2: Eneko Maioz Ganboa.
2. Olaia Duarte López.
Suplente 1: Unai Iraola Agirrezabala.
Suplente 2: Ane Arruti Lopetegi.
3. Aitor Ibero Urbieta.
Suplente 1: Nekane Zinkunegi Barandiaran.
Suplente 2: Haritz Pérez Martínez.
2. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI (PSOE) [PSE-EE (PSOE)]
1. Lucio Hernando Albistegui.
Suplente 1: María Arritokieta Marañón Basarte.
Suplente 2: Juan Manuel Serna Portugal.
2. María Jesús Egido Moreno.
Suplente 1: Pablo Peñacoba Álamo.
Suplente 2: Mónica Martínez Notario.
3. Enrique José Ramos Vispo.
Suplente 1: Lore Suárez Linazasoro.
Suplente 2: Patxi Elola Azpeitia.
3. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. María Isabel Vaquero Montero.
Suplente 1: Rafael Uribarren Axpe.
Suplente 2: María Eugenia Iparraguirre Bemposta.
2. María Mercedes Garmendia Bereciartu.
Suplente 1: Josu Ezkurdia Santamaría.
Suplente 2: Irune Berasaluze Lazkano.
3. Luke Uribe-Etxebarria Apalategi.
Suplente 1: Edurne Egaña Manterola.
Suplente 2: Jon Aldazabal Etxeberria.
4. ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK (EB)
1. Luis García Molina.
Suplente 1: María Nieves Serrano Altimiras (Independiente).
Suplente 2: Jesus María Ordoñez Orzaiz (Independiente).
2. María Cruz Pascual Sánchez.
Suplente 1: Raúl Aperribay Ganzabal (Independiente).
Suplente 2: Zuriñe Durán Martín (Independiente).
3. Luis María Ormaetxea Santsiñena (Independiente).
Suplente 1: María Romaña Pascual (Independiente).
Suplente 2: Andrés Juan Prado Serrano (Independiente).
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rocio Galiana Naranjo.
Suplente 1: Mayr Alcaine Zapata.
Suplente 2: María Gloria Bilbao Avendaño.
2. Javier Estévez Videira.
Suplente 1: María Paz Lucía Pérez Marín.
Suplente 2: Iñaki Mendizabal Miguelez.
3. Mercedes Rodríguez Andrés.
Suplente 1: Naroa Paredero Lanciego.
Suplente 2: Luis Javier Garrido Palomares.
6. EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI (ELAK/PCTE)
1. Jakes Iñarra Lasabagaster.
Suplente 1: Laura González Diego.
Suplente 2: Miguel Albors Iruretagoyena.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Iván Ruiz García.
Suplente 1: Leyre Castresana Busto.
Suplente 2: Alfonso Pérez Hernández.
2. Mónica Del Río Barrón.
Suplente 1: José Manuel Fuente Gutiérrez.
Suplente 2: María Yolanda Barrera Laconcha.
8. ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Javier Ezkerekotza Pajares.
Suplente 1: Jesús López Velasco.
Suplente 2: Maria Teresa Santana Rubio.
2. Nagore Basurto Escamilla.
Suplente 1: Unai Burguete Rubio.
Suplente 2: María Del Carmen Salido Sierra.
3. Encarnación Ramos Robles.
Suplente 1: María Ángeles García Calle.
Suplente 2: David Soto Rodríguez.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Jordi Martínez Rigol.
Suplente 1: Teresa Otero Fernández.
Suplente 2: Graciano Fernández Saiz.
10. BIDEZKO MUNDURANTZ/POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Agurtzane Iraeta Zabala.
Suplente 1: Javier Denche Parrilla.
Suplente 2: Amaia Miguel Velado.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Alejandro Saenz Muriel.
Suplente 1: Blanca Tejada Manso De Zuñiga.
Suplente 2: Iñigo Manrique Cía.
2. Juana De Bengoechea Estrade.
Suplente 1: Juan Carlos Cano Aristoy.
Suplente 2: Marta Sánchez Moreno.
3. Jacobo Caparrós Ruipérez.
Suplente 1: Iñés Baroja Horrillo.
Suplente 2: Borja Semper Pascual.
12. VOX (VOX)
1. Carlos María Bell Clerico.
Suplente 1: Laura María González Viaña.
Suplente 2: Carlos García-Conde Del Castillo.
JUNTA ELECTORAL DE GIRONA
Doña Roser Gusiñer Mir, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Girona,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluido en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Girona, 8 de septiembre de 2019.–La Secretaria, Roser Gusiñer Mir.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Montserrat Bassa Coll.
2. Joan Margall Sastre.
3. Laia Cañigueral Olivé.
4. Eduard Coloma Boada.
5. Xènia Sala i Pareta.
6. David Pujol Bret.
Suplentes:
1. Montserrat López Amor.
2. Josep Navarro Santaeulàlia.
3. Ana María Hinojosa Valencia.
4. Mario Rueda i Martínez.
5. Maria Carme Freixa Bosch.
6. Luis Millans Miró.
2. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Héctor Amelló Montiu.
2. Arantxa Granada de Caramany Bonet.
3. Pere Cuadros i Dilla.
4. Isabel Machado Rosa.
5. Elisabet Guillén Verdejo.
6. Enrique Porcar Valiño.
Suplentes:
1. Antonio Fierro Solano.
3. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC)
1. Marc Lamuà Estañol.
2. Blanca Cercas Mena (Ind.).
3. José Manuel (Chema) Aliste Salís.
4. Laura Serrano Gálvez.
5. Antonio Jesús Lorente Estepa.
6. Olga Catalina Simarro Rojas.
Suplentes:
1. Elena Álvarez Castaño (Ind.).
2. Gabriel Guerrero Martín.
3. Francesca Planella Margall.
4. José Rodríguez Fontao.
5. Ana Belén Avilés Ramos.
6. Joan Martín Puntada.
7. Dolors Padilla Richart.
8. Francesc Francisco-Busquets i Palahí.
9. Montserrat Pla Font.
10. Lara Torres Lledó.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Isabel Ramos Sierpes.
2. Ramón Torredemer Turu.
3. Aitziber Sáez de Buruaga Cousillas.
4. Ángel Rodríguez Vilagran.
5. Natàlia Fernández Blanco.
6. Manuel Ismael Santos Rueda.
Suplentes:
1. Elena Costa Farré.
5. PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Pau Bofill Sala.
2. María Noel Escardo Pereyra.
3. Óscar Jiménez Herrero.
4. Yuleidy Mora González.
5. Mariano Arcos Quevedo.
6. Lucía María Fátima Heredia Armada.
Suplentes:
1. José Ignacio Elejalde Guerra.
6. VOX (VOX)
1. Ignasi Mulleras Vinzia.
2. Alberto Tarradas Paneque.
3. María Carmen Comas Viladot.
4. Verónica Nivia Giménez Castrege.
5. José Cartañá Pons.
6. Vanesa Guaita Granado.
Suplentes:
1. Raquel Mercedes González Ortega.
2. Sergio Concepción Yañez.
3. Pedro Bayonas Muñoz.
7. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Miguel de la Cruz Astasio.
2. Tania Notario Calurano.
3. Alejandro Nieto Puig.
4. Gemma Luisa Gómez Bañón.
5. Woula Mballo Balde.
6. Jesica Serrate San Millan.
Suplentes:
1. Justo Jesús Salguero Domínguez.
2. María Isabel García Cuevas.
3. Marc Cabrejas Terradas.
8. JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Joaquim Forn Chiariello.
2. Mariona Illamola Dausà (Ind.).
3. Sergi Miquel Valentí.
4. Marina Geli Fàbrega (Ind.).
5. Estefania (Fanny) Carabellido Bruns.
6. Ramón Cotarelo García (Ind.).
Suplentes:
1. Teresa M.ª Casademont Ruhí (Ind.).
2. Maria Rigola Junoy.
3. Joan Sala Quer.
9. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Andrés Peñalver Bernardo.
2. María Fabiola Quilca Viracocha.
3. Richard Alpidio Peñafiel Vera.
4. Maritza Maribel Lema Barragán.
5. Rodolfo Miguel Veintimilla Zabala.
6. Rosa Gladys Chac Palma.
10. ESCONS EN BLANC (EB)
1. Antoni Ramon Boixaderas.
2. Maila Surisca Ramos (Ind.).
3. Ricard Guamis Tarruella (Ind.).
4. Marta Capdevila Fumado (Ind.).
5. Florenci Gisbert Lemonche (Ind.).
6. Sara Deulofeu Villanueva (Ind.).
11. PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP)
1. Alberto Mas Vilá.
2. Nicolás Alcántara Kühn.
3. Elisabet Cortés López.
4. Júlia Sala Esteban.
5. Meritxell Forment Garreta.
6. Manuel Escobar Yegua.
Suplentes:
1. Josep Maria Bosch Ros.
2. Elisabeth García Martínez.
3. Antonio Sánchez Dengra.
12. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Adrià Moreno Sánchez.
2. Anna Portillo Cuberes.
3. Jorge Guisado Fradera.
4. Sonia Romero Otero.
5. Borja Gutiérrez Ruiz.
6. Cristina Girona Céspedes.
Suplentes:
1. Marcos González Rodríguez.
13. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA (CUP-PR)
1. Non Casadevall Sala.
2. Maria Besora Soler.
3. Daniel Cornellà Detrell.
4. Maria Roure Fabré.
5. Robert Sabater Costa.
6. Marta Guillaumes i Pibernat.
Suplentes:
1. Ignasi Sabater Poch.
2. Miquel Blanch i Solé.
3. Elisabeth Punset Pagès.
4. Roser Huete Calderón.
5. Ramon Muñoz Salló.
6. Mariona Baraldes Cabarrocas.
7. Hugo Alvira Esteban.
8. Laia Pèlach i Saget.
9. Eloi Güell Bosch.
10. Natàlia Sànchez Dipp.
14. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Laura López Domínguez.
2. M. Inmaculada Montrey Griñó.
3. Joan Salmerón Crosas.
4. Rubén Paz Martín.
5. Maria Monje Romaní.
6. Miguel Ernesto Gracia Moreno.
Suplentes:
1. Asunción Fernández Solsona.
2. Maria Teresa Bravo Rodríguez.
3. Laura Agüera Riera.
4. Jordi Córdoba García.
5. J. Xavier García Zabal.
6. Sonia Antequera Barbero.
7. Albert Pons Ramos.
15. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Rosa Estefanía Pérez Férnandez.
2. Juan Carlos Gonzalo Pérez.
3. Sandra Barba Olaiz.
4. Angel Casado Iglesias.
5. Francisca Cintas González.
6. Jordi Murgadella Solà.
Suplentes:
1. Ester Llach Córdoba.
2. Manuel Puig Hugas.
3. Verónica Ibáñez Laffort.
SENADO
1. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Jordi Martí Deulofeu.
Suplente 1: Maria Mercè Pibernat Carreras.
Suplente 2: Josep Maria Dalmau Alsina.
2. Elisenda Pérez Esteve.
Suplente 1: Albert Sanz Gonzàlez.
Suplente 2: Anna Tresserras López.
3. Josep Quintana Caralt.
Suplente 1: Olga Vinyeta i Riu.
Suplente 2: Enric Carcereny Beltran.
2. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Miriam Pujola Romero.
Suplente 1: Joan Farré Riera.
Suplente 2: Inmaculada Castro Garví.
2. María Paz García Moreno.
Suplente 1: Rebeca López Losada.
Suplente 2: Cristóbal Posadas Espinosa.
3. Vito Vicente García Galán.
Suplente 1: Elena Isabel Salazar Gutiérrez.
Suplente 2: Fernando Prats Santafe.
3. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC)
1. Fernando Camas Roda (Ind.).
Suplente 1: Marta Poyatos González.
Suplente 2: Miguel Rivas Peralta.
2. María Josefa (Pepa) Celaya Armisen.
Suplente 1: Carlos Fernández Amer.
Suplente 2: M.ª Dolors Hernández Navarro.
3. Xavier Rangel Martínez.
Suplente 1: Marina Alegre Martínez.
Suplente 2: Andrés Cascio Pirri.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Albert Benítez Hugas.
Suplente 1: Elena Cardelús Soler.
Suplente 2: Carlos Valcarce Magdalena.
2. María Rosa Blasco Prim.
Suplente 1: Ricardo Navarro Castilla.
Suplente 2: Paula Vázquez Bustamante.
5. PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Elisabet Requena López.
Suplente 1: Emiliano Rapaport Escardo.
Suplente 2: Ana Gayte Diego.
6. VOX (VOX)
1. Francisco Javier Domínguez García.
Suplente 1: Ana María Claparols Riu.
Suplente 2: Sergi Fabri Llavero.
7. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Esteban Huguet Pardo.
Suplente 1: María Miàs Subirós.
Suplente 2: José Carrillo Ávila.
8. JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Josep Maria (Jami) Matamala Alsina.
Suplente 1: Joan Bagué Roura.
Suplente 2: Begonya Montalbàn Vilas.
2. Josep Maria Cervera Pinart.
Suplente 1: Albert Robert Ribot.
Suplente 2: Maria Dolors Vilalta Fossas.
3. Laura Karina Corsunsky Zeitune.
Suplente 1: Xavier Sirvent Masgrau.
Suplente 2: Núria Navarro Pont.
9. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Jesús Osorio Hernández.
Suplente 1: Rosario Belizón Aleu.
Suplente 2: Miller Correa García.
10. ESCONS EN BLANC (EB)
1. Roger Panadès Llorens.
Suplente 1: Rosa Maria Barbarà Ferré (Ind.).
Suplente 2: Joan Crosas Carbó (Ind.).
11. PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP)
1. Maria Àngels Olmedo Delestal.
Suplente 1: Manuel Garrido Lepe.
Suplente 2: Carme Vicens Codina.
2. Daniel Ruíz Pérez.
Suplente 1: Julià Carpintero Rich.
Suplente 2: Adoración Herrero Tena.
3. Sebastián Mateo Herrero.
Suplente 1: Carmen Peñalver Camarena.
Suplente 2: Joan Solés Paris.
12. PARTIT COMUNISTA DEL TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Àlex Martínez Ramos.
Suplente 1: Jara de la Hera de Pedro.
Suplente 2: Ion Alen Picciuolo Urquiza.
13. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Gemma Triedo Salvador.
Suplente 1: Esthela Amalia Salinas de Bischoff.
Suplente 2: Jorge Fernández de la Fuente.
2. Marta Domènech Gràcia.
Suplente 1: Eva Rossell Teixidó.
Suplente 2: Jorge Romero Villalba.
3. Wilder Alfonso Palacio Pineda.
Suplente 1: Pilar Martínez Montoya.
Suplente 2: Pere Pujol Passarrius.
14. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francesc Sergio Ibáñez Laffort.
Suplente 1: Juan Ramos Puertas.
Suplente 2: Melissa Vargas Jerez.
JUNTA ELECTORAL DE GRANADA
Don Manuel Sánchez Aguilar, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Granada,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/19, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Granada, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Manuel Sánchez Aguilar.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Antonio Montilla Martos.
2. Elvira Ramón Utrabo.
3. José Antonio Rodríguez Salas.
4. María Inmaculada Oria López.
5. Sergio Bueno Illescas.
6. Isabel Abadía Buj.
7. Manuel Alarcón Pérez.
Suplentes:
1. María Begoña Folgueiras Varela.
2. Julio Alberto Castillo Siles.
3. María Dolores Pastor Manzano.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Francisco Javier Hervías Chirosa.
2. María del Mar Sánchez Muñoz.
3. María Isabel Leyva Teruel.
4. Ramón Martínez Martínez.
5. Beatriz González Orce.
6. Juan Carlos Ortega Guerrero.
7. Ana Belén Machado Gutiérrez.
Suplentes:
1. Antonio Francisco Suárez García.
2. María Gloria Gámez Vargas.
3. José Manuel Lemos Perea.
4. María Jesús Aguilera Linares.
3. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Esteban Leyva Cortés.
2. María Dolores González Rodríguez.
3. Juan Carlos Rodríguez Fortes.
4. Jéssica Burgos Purroy.
5. José Manuel Sabio Torres.
6. Carmen González Ferre.
7. Plácido García Bolaños.
Suplentes:
1. Carmen Sánchez Estévez.
2. Gabriel Díaz Pérez.
3. Carmen López Díaz.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Carmen Duarte Lafuente.
2. Manuel Francisco Varo López.
3. Alba Martínez Cabrera.
4. Francisco José Martínez Aguilar.
5. Laura Quirante Valdivieso.
6. Pablo Jerónimo Arozamena Laso.
7. María del Pilar Mínguez Navareño.
5. VOX (VOX)
1. Macarena Olona Choclán.
2. Onofre Miralles Martín.
3. Dolores Enríquez Salmerón.
4. Ignacio Pozo García.
5. Miguel Ángel López Fernández.
6. Sonia Sánchez Moreno.
7. Manuel Jorge Martín Montero.
Suplentes:
1. María Adela Vao Cañadas.
2. Sergio Mingorance Arnedo.
3. David Navarro Quesada.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Leticia Villar Alonso.
2. María Del Carmen Castellano Carmona.
3. José Pedro Berlanga Linero.
4. Ángel Luis Martín Sevilla.
5. Susana Correa Cabrera.
6. Juan Francisco López Gómez.
7. Débora Godóy Izquierdo.
Suplentes:
1. Juan de Dios Benítez Martín.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Cristina Fernández Gómez.
2. Agustín Marie Ndour Ndong.
3. María Rosa Mercado Alonso.
4. José Manuel Ruiz López.
5. Ricardo Rodríguez Torti.
6. Raquel Fernández Gómez.
7. Miguel Contreras Carrasco.
8. CONVERGENCIA ANDALUZA (CAnda)
1. Joaquín Cabrera Torres.
2. José Luis Ruiz Olivares.
3. Dolores María Jiménez Martín.
4. Jesús Esteban Ruiz Peralta.
5. Concepción del Castillo Martín.
6. Aurelio Martín Centurión.
7. Rosa María Jiménez Arellano.
Suplentes:
1. María Dolores Morales González.
2. Francisco Jiménez Ortega.
9. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-ANDALUCÍA)
1. Ana Belén Terrón Berbel (Más País-Andalucía).
2. Mercedes Barranco Rodríguez (Más País-Andalucía).
3. Juan Ruiz Romero (Más País-Andalucía).
4. Francisca López Torrecillas (Más País-Andalucía).
5. David Arribas Lendínez (Más País-Andalucía).
6. María Sánchez Fernández (Más País-Andalucía).
7. Fernando Fernández-Llebrez González (Más País-Andalucía).
Suplentes:
1. Rubén Ramírez Guerrero (Más País-Andalucía).
2. María de los Ángeles García Domínguez (Más País-Andalucía).
3. Javier Molina Pérez (Más País-Andalucía).
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IULV-CA)
1. Pedro Antonio Honrubia Hurtado (Podemos-IULV-CA).
2. Neyva María Molina Moya (Podemos-IULV-CA).
3. Matilde Ramiro Gutiérrez (Podemos-IULV-CA).
4. Federico José Velázquez de Castro González (Podemos-IULV-CA).
5. María Rosario Martín Venegas (Podemos-IULV-CA).
6. José Antonio Castro Pedrosa (Podemos-IULV-CA).
7. Victoria Robles Sanjuán (Podemos-IULV-CA).
Suplentes:
1. María del Carmen Noguera Soria (Podemos-IULV-CA).
2. María Raquel Torres Carretero (Podemos-IULV-CA).
3. Raúl Jesús Martínez Sánchez (Podemos-IULV-CA).
11. IZQUIERDA ANTICAPITALISTA REVOLUCIONARIA (IZAR)
1. Rubén Quirante Román.
2. Yasmina Soriano Galdeano.
3. Alejandro García Ferrer.
4. Jéssica Carmona Rodríguez.
5. Adrián Mora González.
6. María de las Mercedes Murillo Barroso.
7. Tomás Martínez Peña.
Suplentes:
1. Hada María Martínez Robles.
2. Felipe Alejandro Moreno José.
3. María José Sánchez Romero.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Dolores Minuesa Soria (Recortes Cero-GV).
2. Mimón Momahemd Hamed (Recortes Cero-GV).
3. María Nieves Alegre Galindo (Recortes Cero-GV).
4. José Luis Hidalgo Fernández (Recortes Cero-GV).
5. Ana Tercedor Lázaro (Recortes Cero-GV).
6. Javier Ignacio Caballos Martín (Recortes Cero-GV).
7. María Paz Rodríguez Pardo (Recortes Cero-GV).
Suplentes:
1. Cristian Almohalla Gómez (Recortes Cero-GV).
2. Manuel Jorge Rodelas (Recortes Cero-GV).
3. Ana Rico Rubio (Recortes Cero-GV).
13. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Juan Francisco Salinas Montoro.
2. Estela Adamuz Ávila.
3. Sergio Aranda Ruiz-Mata.
4. Mónica Cabrera Casas.
5. Bruno Alberto Levy Guillén.
6. Rafael Torres Pérez.
7. María Berrios Torres.
Suplentes:
1. Miquel Abril Fornielles.
14. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Carlos Rojas García.
2. Pablo Hispán Iglesias de Ussel.
3. Mariano García Castillo.
4. Trinidad Herrera Lorente.
5. Rosa María Fuentes Pérez.
6. Francisco Joaquín Camacho Borrego.
7. Ana Belén Garrido Ramírez.
Suplentes:
1. José Ignacio Garrido López.
2. Inmaculada Puche López.
3. María Isabel Fernández Muriel.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Alejandro José Zubeldía Santoyo.
Suplente 1: Ana Belén Palomares Bastida.
Suplente 2: Manuel Domínguez García.
2. María Sandra García Martín.
Suplente 1: Abelardo Vico Ruiz.
Suplente 2: Carolina Santaella Higueras.
3. Francisco Javier Aragón Ariza.
Suplente 1: Iluminada Carmen Jiménez Olivencia.
Suplente 2: Fernando Machado Cabrerizo.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Fernando Serrano González.
Suplente 1: María Paz Torres Contreras.
Suplente 2: Joaquín Muñoz Arias.
2. María Amparo Siles Martín.
Suplente 1: Modesto Zambrano Fernández.
Suplente 2: Almudena García Jaraices.
3. Luis Eugenio Períiñez Martín.
Suplente 1: Antonia Martínez Sánchez.
Suplente 2: Francisco Javier Milena Trujillo.
3. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Celia Principal López.
Suplente 1: Francisco David Martín Alonso.
Suplente 2: Estefanía Dueñas Estévez.
2. José Luis Espinosa Montes.
Suplente 1: María Isabel Hidalgo Castilla.
Suplente 2: Federico Pérez Padial.
3. María del Sagrario Martín Pino.
Suplente 1: Juan Rafael Jiménez Alaminos.
Suplente 2: Elísabet Megías Esparrell.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. José Luis Quirante Sánchez.
Suplente 1: María Josefa Arco Centeno.
Suplente 2: Rafael Castañeda Torres.
5. VOX (VOX)
1. Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.
Suplente 1: José Manuel Gómez Rodríguez.
Suplente 2: Matilde Carmona Maldonado.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Rafael Vázquez García.
Suplente 1: Blanca Sánchez Cabrera.
Suplente 2: Luis Ignacio González Fernández.
2. Carmen Inmaculada Sánchez Carmona.
Suplente 1: Juan Luis Cruz Sanjulián.
Suplente 2: María Elena Gutiérrez Cortacero.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Marta Castillo Fernández.
Suplente 1: Mario Pablo Sánchez Barrón.
Suplente 2: María del Carmen Barrón Sánchez.
8. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-ANDALUCÍA)
1. Francisco Javier Fernández Sánchez (Más País-Andalucía).
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IULV-CA)
1. Manuel Morales García (Podemos-IULV-CA).
Suplente 1: Isabel María Humbert Fernández (Podemos-IULV-CA).
Suplente 2: Domingo Palma González (Podemos-IULV-CA).
2. José Ismael Criado Aguilera (Podemos-IULV-CA).
Suplente 1: María Jesús Castaño Vinuesa (Podemos-IULV-CA).
Suplente 2: Francisco Contreras Escribano (Podemos-IULV-CA).
3. Francisca Sánchez Alías (Podemos-IULV-CA).
Suplente 1: Juan Antonio Beas Cobo (Podemos-IULV-CA).
Suplente 2: Juliet Anne Wangensteen Nieto (Podemos-IULV-CA).
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Juan Antonio Ortiz López (Recortes Cero-GV).
Suplente 1: Olga Merino Navarro (Recortes Cero-GV).
Suplente 2: Francisco Jesús Vázquez Pérez (Recortes Cero-GV).
2. Kim Joaquina Pérez Fernández-Fígares (Recortes Cero-GV).
Suplente 1: Josefa Merlo Abellaneda (Recortes Cero-GV).
Suplente 2: Esteban Sánchez Ocaña (Recortes Cero-GV).
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Antonio Robles Rodríguez.
Suplente 1: Mariam Abdalláh Sánchez.
Suplente 2: Francisco Javier Maldonado Escobar.
2. Vicente Azpitarte Pérez.
Suplente 1: Fernando Pérez Martín.
Suplente 2: Mónica Castillo de la Rica.
3. Celia Santiago Buendía.
Suplente 1: Estéfano Polo Segura.
Suplente 2: Faustina Béjar Pulido.
JUNTA ELECTORAL DE GUADALAJARA
Don Jesús Valencia Sánchez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Guadalajara,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Guadalajara, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Jesús Valencia Sánchez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Magdalena Valerio Cordero.
2. Aurelio Zapata Simón.
3. María José Valle Sagra.
Suplentes:
1. Francisco Javier Alonso Hernanz.
2. Sara Martínez Bronchalo.
3. Antonio José Ansotegui Pérez.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Belén Blanco Rubio.
2. Pedro Antonio Barquero Cascón.
3. Esther Colmenarejo Rubio.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Marta María Arias Moranchel.
2. Manuel Cubillo Menayo.
3. María Teresa Sánchez Navarro.
Suplentes:
1. Eugenio Alberto Alonso Martínez.
4. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Isaac Alonso Cepero.
2. Laura García Sanz.
3. Diego García Climent.
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María de los Ángeles Rosado Peinado.
2. Javier Bule Viedma.
3. Marta Usano Pradillo.
Suplentes:
1. José Cordero Pozuelo.
2. María Jiménez Ranera.
3. Agustín Santamaría Duque.
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Soraya Retuerta Moreno.
2. Luis Miguel Martín Nevado.
3. María Luisa García García.
Suplentes:
1. María José Serrano Pérez.
2. Ignacio Pastor Merino.
3. David Moure Bargo.
7. VOX (VOX)
1. Ángel López Maraver.
2. María del Sagrario Muñoz Valverde.
3. Gonzalo Romero Cuesta.
Suplentes:
1. Francisco Javier Toquero del Vado.
2. Sira Jiménez Garcés.
3. Francisco Javier Valdés Puelles.
4. Mercedes Menéndez Sanz.
5. Patricia Pajares del Valle.
6. Juan Carlos González Martínez.
8. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Clemente Antonio García Verdugo Galeote.
2. Juana Vinuesa Jiménez.
3. Sebastián Gonell Marsa.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Javier de Miguel Perucha.
2. Xavier Ferrándiz Fargas.
3. Ángeles María Bastardo Moreno.
Suplentes:
1. Jorge Fernández Asenjo.
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Juan Andrés García Torrubiano.
2. Vanesa Sánchez Rebollo.
3. Ricardo García López.
Suplentes:
1. Andrés de las Heras Fernández.
2. Adela Somolinos Juliá.
3. Mario Bueno Aguado.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Soledad Aixa Silgado Martínez (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
2. Carlos Alberto Marqués Moya.
3. José Luis Oliveros Calvo (PCAS).
Suplentes:
1. Paloma Catalán Noguera.
2. Juan Gordillo Carmona (PCAS).
12. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Iván González Sánchez.
2. María Del Camino Carrillo Iglesias.
3. José Ramón Franco Abad.
13. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Ignacio Echániz Salgado.
2. Daniel Martínez Batanero.
3. Alba Herranz Díaz-Mayordomo.
Suplentes:
1. Aurelia Hormaechea Gorria.
2. Francisco Javier del Río Romero.
3. Ángel Román Escamilla.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Rafael Esteban Santamaría.
Suplente 1: Bárbara García Torijano.
Suplente 2: Javier del Molino Rojo.
2. Riansares Serrano Morales.
Suplente 1: Rubén García Ortega.
Suplente 2: Paloma Nieves García Atance.
3. Julio García Moreno.
Suplente 1: Vanesa Trenado García.
Suplente 2: Francisco Javier Montes Moreno.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Cristina de la Puerta González-Quevedo.
Suplente 1: Luis Panzano Barbero.
Suplente 2: Sonsoles García Nieto Rivero.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ainhoa Pérez López.
Suplente 1: Jesús Cristina López.
Suplente 2: María Rosario Fernández García.
2. Manuel Carnero Chamón.
Suplente 1: María Jesús Abellán Minaya.
Suplente 2: José Luis Díaz Vázquez.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Felipe Oliva Encabo.
Suplente 1: Tamara Fernández Moreno.
Suplente 2: Jon Alexis Parra Fernández.
2. Almudena Sanz Cerezo.
Suplente 1: Alejandro Sanz de Francisco.
Suplente 2: Susana Macho Adalia.
3. Jaime Sánchez Gil.
Suplente 1: Alicia Ávila Milán.
Suplente 2: Israel Marco Tejón.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. José Casado García.
Suplente 1: Francisco Javier Hervás Etchart.
Suplente 2: Sonia Entro Garrote.
2. María Belén Minayo García.
Suplente 1: Isabel María Gat Cano.
Suplente 2: Rodrigo García Barrios.
3. Rodrigo Iván San Martín San Martín.
Suplente 1: María del Pilar Peñalva Hernández.
Suplente 2: Álvaro Martínez Blanco.
6. VOX (VOX)
1. Antonio de Miguel Antón.
Suplente 1: Asunción Muñoz Gonzálvez.
Suplente 2: Juan González-Perabá Miralles.
7. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Jaime Peleja Catala.
Suplente 1: María Montserrat Herranz Alarcón.
Suplente 2: José María Herranz Berzosa.
2. Caridad Roldán Delgado.
Suplente 1: Ángel Serrano González.
Suplente 2: Luis Carlos Sanz Arrastia.
3. Antonio Luis Herranz Alarcón.
Suplente 1: Vicenta Hernández del Pino.
Suplente 2: Sonia Herranz Boronat.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Milagros Ruiz-Roso Martín-Moyano.
Suplente 1: Luis Tomás Pérez Salazar.
Suplente 2: Celia López Castellano.
2. María Genoveva Bueno Bagase.
Suplente 1: Victoria Eugenia Álvarez Ramiro.
Suplente 2: Manuel Estévez Moreta.
3. Nicolás Santamaría Gómez.
Suplente 1: María Sellez Sáez.
Suplente 2: Iván Ramos Nieto.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Julio Peco Sigüenza (PCAS).
Suplente 1: María Alda Pérez (PCAS).
Suplente 2: Antonio Torres Zapata.
10. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Luis Felipe Pérez Gutiérrez.
Suplente 1: Eva María Medina Ruiz.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Antonio Román Jasanada.
Suplente 1: Sergio del Olmo Cerrada.
Suplente 2: Consolación Esther García Sagasta.
2. José Luis González La Mola.
Suplente 1: Álvaro Vara Ruiz.
Suplente 2: María José Martínez de Lis González.
3. Isabel Nogueroles Viñes.
Suplente 1: Amelia Rodríguez Sánchez.
Suplente 2: Primitivo Alguacil Martínez.
JUNTA ELECTORAL DE HUELVA
Doña Pilar González de Rivera Rodríguez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Huelva,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Huelva, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Pilar González de Rivera Rodríguez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Luisa Faneca López.
2. José Luis Ramos Rodríguez.
3. María del Pilar Rodríguez Gómez.
4. Pablo Valdera Pérez..
5. María José Fernández Cayetano..
Suplentes:
1. José Antonio Carrasco Vera.
2. Rosa María Tirador Villaseñor.
3. Juan Carlos Domínguez Cerrato.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Juan Sebastián Gómez Mejía.
2. Consuelo Rocío Ramírez Cáceres.
3. Manuel Jesús Rodríguez Custodio.
4. Isabel Heredia García.
5. Javier Rando Ramírez.
Suplentes:
1. Rosa María Ramos López.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Carlos Juan Hermoso Ayuso.
2. Paloma González Grajera.
3. Juan Carlos Gómez Rodríguez.
4. María Carmen Corchero Corchero.
5. David Sala González.
Suplentes:
1. Paula Guzmán Ruiz.
2. Rafael Caballero Rivas.
3. María Pilar Lucio Sarria.
4. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Neftalí Vázquez Cumplido.
2. Sara Pérez Chomón.
3. Enrique López Palmer.
4. Rafaela Berzagay Espino.
5. Ricardo Cáceres Cáceres.
5. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Manuel Crespo Martín.
2. Lorena Félix Barragán.
3. José Domingo López Ligero.
4. María Coronada Crespo Martín.
5. Antonio Rodríguez Jaramago.
6. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. María Leonor Alberto Estévez.
2. Pablo Luna Fernández.
3. Encarnación Santos Gutiérrez.
4. Andrés María Díaz Carrasco.
5. María Rocío Rodríguez Mora.
Suplentes:
1. David García Ruiz.
2. María Dolores Márquez Jaramillo.
3. José Luis Morano Martín.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU LV CA)
1. Alejandro García Orta.
2. Silvia Zambrano Marchena.
3. José Gómez Galván.
4. Irene María Reyes Mesa.
5. Miguel Ángel Gea Rifá.
Suplentes:
1. José María García Rincón.
2. Alba Munuera Ruiz.
3. Víctor Manuel Ruiz González.
8. VOX (VOX)
1. Tomás Fernández Ríos.
2. Gema Isabel Gutiérrez Toscano.
3. Carlos Bermejo Martins.
4. María del Carmen Córdoba Pallares.
5. Mario Ariza Pérez.
Suplentes:
1. Esperanza Soria García.
2. Juan Carlos Silvera.
3. María Jesús Menchero García.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Carlos Muñoz Sanz.
2. Virginia Burgos Pardo.
3. Alejandro Ucar Vital.
4. Juan Sebastián Bonilla Alzate.
5. Celia Rodríguez Torres.
Suplentes:
1. Jerónimo Perujo Fuentes.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Paulina Rodríguez Huertas.
2. Rafael Martínez Mercado.
3. Remedios García Suárez.
4. Álvaro Macías Figueroa.
5. Isabel De Benito González.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Encarnación García Manzano.
2. Pedro Antonio Nos Gómez.
3. María del Carmen Ferrera Castillo.
4. Álvaro Sánchez Gómez.
5. Delia Ascención Moron.
Suplentes:
1. Sira Teresa Díaz Pastora.
2. José Manuel García Gutiérrez.
3. María Amelia Marzal Sandiego.
4. Adrián Medina Cumalat.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Carmelo Romero Hernández.
2. Manuel García Félix.
3. Francisca María Rosa Crespo.
4. Ramón Domínguez Arguisjuela.
5. Gracia María Baquero Delcán.
Suplentes:
1. Eva María Martín Fernández.
2. Pablo Verdejo González.
3. Teresa Herrera Vidarte.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Amaro Huelva Betanzos.
Suplente 1: Eva Salazar Gadea.
Suplente 2: Juan Jesús Bermejo Delgado.
2. Josefa Inmaculada González Bayo.
Suplente 1: Manuel José Ceada Losa.
Suplente 2: María Dolores Fernández Agustiño.
3. Jesús González Márquez.
Suplente 1: María Azucena León Gerona.
Suplente 2: Juan Luis Infante Gil.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Iván Tomás Sánchez Rubio.
Suplente 1: Juana María Martín Beltrán.
Suplente 2: Francisco Javier Boniquito Agudo.
2. María Del Carmen Ledesma Cabrera.
Suplente 1: Antonio Pablo Portillo Gómez.
Suplente 2: Mónica Mary Wilkinson Marshall.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Néstor Manuel Santos.
Suplente 1: Juan Luis Martín Suárez.
Suplente 2: Noelia Álvarez Gómez.
2. Israel Medina Pereles.
Suplente 1: Marina Gómez Hernández.
Suplente 2: Ignacio Acebedo Parra.
3. Tamara Vargas Jiménez.
Suplente 1: Rubén Molina Valencia.
Suplente 2: María Isabel García Sánchez.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Gregorio Bermejo Sánchez.
Suplente 1: Celia Domínguez Gutiérrez.
5. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. José Ángel Brizo Álvarez.
Suplente 1: Leticia Gutiérrez Martín.
Suplente 2: José Eduardo Gil Infantes.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU LV CA)
1. Luis Alberto Zambrano Arenas.
Suplente 1: Raquel Estupiñán Martín.
Suplente 2: Gonzalo Vilas Suárez.
2. María del Pilar Díaz Guerrero.
Suplente 1: Rafael Sánchez Rufo.
Suplente 2: Mónica Rossi Palomar.
3. Daniel Hernando Berger.
Suplente 1: Rosario González Garrido.
Suplente 2: Rafael Sánchez Velo.
7. VOX (VOX)
1. Andrés Aragón Bejarano.
Suplente 1: Lidia Ponce Flores.
Suplente 2: José Vacas Barranco.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Susana Rodríguez Huertas.
Suplente 1: Marcelo Hernández Mastropascua.
Suplente 2: Angustias Jiménez Castilla.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Sixto Manuel Blanco Núñez.
Suplente 1: Catalina Marín Garzón.
Suplente 2: Daniel Cascado Caballero.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Juan José Cortés Fernández.
Suplente 1: Margarita María de Melgar Marra López.
Suplente 2: Francisco José Rastrojo Rubio.
2. José Enrique Sánchez Núñez.
Suplente 1: María Dolores Romero Boza.
Suplente 2: Emiliano Núñez Rodríguez.
3. María Álvarez Bermejo.
Suplente 1: Carmen Rincón Pérez de Vargas.
Suplente 2: Manuel Joaquín Carbajo Domínguez.
JUNTA ELECTORAL DE HUESCA
Doña María Ángeles Pérez Périz, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Huesca,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Huesca, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Ángeles Pérez Périz.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Antonio Moles Castán.
2. Lucía Roca Guardia (Independiente).
3. Antonio Torres Guardia (Independiente).
2. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. Manuel Martínez Pérez.
2. Silvia Susana Lozano Renieblas.
3. Lorenzo José Fumanal Trallero.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Lourdes Guillén Figuerola.
2. Miguel del Vado García.
3. María Pilar Casado Francés.
Suplentes:
1. Adrián Marcelo Cecconi Mosca.
2. María José López Almazán.
3. Mariano Soto Cambra.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Serrano Paradinas.
2. Mercedes Rodríguez Molina.
3. Marcos de los Mozos Gómez.
Suplentes:
1. Vicente Trenado Martín.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Begoña Nasarre Oliva.
2. Alfredo Sancho Guardia.
3. Carmen Soto Gracieta.
Suplentes:
1. Agustín Vilar Beltrán.
2. María Lourdes Arruebo de Lope.
3. Francis Javier Pérez Franco.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Pere Vicenç Castell Muixí.
2. Cristina Rozas Martínez.
3. Arturo Martínez Pizarro.
Suplente:
1. María Teresa Gellida Monferrer.
7. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Diego Guallart Gil.
2. María Carmen Martínez Torres.
3. Pablo Navarro Gómez.
8. VOX (VOX)
1. Pablo Daniel Ciprés Ara.
2. Daniel Ari Laks Adler.
3. Mercedes Roqueta Milián.
Suplentes:
1. María Cristina Vicén Altafaj.
2. José Ramón Gracia Asún.
3. José Francisco Seas Ardanuy.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Juan Carlos Gracia Virumbrales.
2. Jorge Betes Martínez.
3. Nuria del Carmen Taberna Monzón (Independiente).
Suplente:
1. Víctor Gracia Taberna (Independiente).
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Mario Garcés Sanagustín.
2. María José Vicente Poy.
3. Julio Riverola Atarés.
Suplentes:
1. Obdulia Gracia Alós.
2. José Luis Lloret Sin.
3. Ángel Durany Sabaté.
11. UNIDAS PODEMOS-ALTOARAGÓN EN COMÚN (PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común)
1. Daniel Fernández Domínguez.
2. Conchi Acín Bernués.
3. Carolina Somada Balsalobre.
12. CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. Salvador Ariste Latre.
2. Laura Climente Laín.
3. José Ramón Ceresuela Enguita.
Suplentes:
1. María Luisa Lerín Piniés.
2. Borja Lera Aused.
3. Tania Castañera Bajoz.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Noemí Larrayad Moneo.
2. Gema Pilar Gabernet Martínez.
3. Rubén Cebrián Domínguez.
Suplentes:
1. Melania Pilar Gabernet Casado.
2. Joaquín Casado Gabernet.
14. PUYALON (PYLN)
1. Amor Olomí Calderón (Independiente).
2. Daniel Lerín Cristóbal.
3. Sandra Fernández López (Independiente).
SENADO
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Luis Ladislao Izquierdo Pradilla.
Suplente 1: Luciana Guardia Estada (Independiente).
Suplente 2: José Ígor Clavería Gracia (Independiente).
2. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. José María Abad Torres.
Suplente 1: José Hernando Loras.
Suplente 2: María Jiménez Méndez.
2. María Atocha Angulo Martínez.
Suplente 1: Carlos Luis Peropadre Torres.
Suplente 2: María Isabel Beltrán Gallardo.
3. Eduardo Morales Osia.
Suplente 1: Blas Nieto Bartolomé.
Suplente 2: Ana María Pereta Aybar.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Miguel Burillo Julián.
Suplente 1: Montserrat Galindo Altemir.
Suplente 2: Sergio Nicolás Arriola Buisán.
2. Paula Martínez-Guisasola Cornago.
Suplente 1: José Miguel Lardiés Buil.
Suplente 2: Desiré García Carabantes.
3. Noelia Ángeles Folch Villas.
Suplente 1: Margarita Langa Albertín.
Suplente 2: Luis Óscar Domínguez Santaliestra.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ana Riestra de Noreña.
Suplente 1: Carlos Joaquín de Miguel Ximénez de Embún.
Suplente 2: Paloma Pallero Soto.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Antonio José Cosculluela Bergua.
Suplente 1: Ana María Puey Campos.
Suplente 2: Miguel Ángel Noguero Mur.
2. Rosa María Serrano Sierra.
Suplente 1: Rubén Marcos Villacampa Arilla.
Suplente 2: Rosa María Esteve Lapeña.
3. Gonzalo Palacín Guarné.
Suplente 1: Tania Soláns Raluy.
Suplente 2: Ramón Lasaosa Susín.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Cristina Peñarroya Gómez.
Suplente 1: Jorge Jesús Rodríguez Martín.
Suplente 2: Ana Isabel Tena Saura.
2. David Martín Barba.
Suplente 1: Anais Martín García.
Suplente 2: José Ramón Sánchez Ramírez.
7. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Rubén Andrés Gil.
Suplente 1: Vanesa Yaniz Díaz de Cerio.
Suplente 2: Jorge Ángel Navarro Pueyo.
2. Rosa María Martín Bartolomé.
Suplente 1: José Carlos Cacho Ferrer.
Suplente 2: María Fe Pomar Turmo.
3. Javier Martín Vega.
Suplente 1: Ana Rosa Lobera Serrano.
Suplente 2: Lorenzo Anadón Marco.
8. VOX (VOX)
1. Ricardo Arrudi Cajal.
Suplente 1: Nivia Da Silva Da Silva.
Suplente 2: Francisco Javier Alonso de Miguel.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Galaor Gimeno Sánchez.
Suplente 1: Inmaculada Concepción Martínez Cubero (Independiente).
Suplente 2: Juan Ignacio Aliaga Martínez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Ana Isabel Alós López.
Suplente 1: Nicolás Baena Martínez.
Suplente 2: Teresa Ferrer Rodríguez.
2. María Blanca Puyuelo del Val.
Suplente 1: José Luis Moret Ramírez.
Suplente 2: María Antonia Alcalá Ruiz.
3. Carlos Sampériz Enguita.
Suplente 1: Ester Artieda Puyal.
Suplente 2: Pedro Villellas Alcolea.
11. UNIDAS PODEMOS-ALTOARAGÓN EN COMÚN (PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común)
1. Juan Rodríguez Bielsa.
Suplente 1: Natalia López Ramón.
Suplente 2: Ramiro Moreno Chiral.
2. María Elena Orejuela Aparicio.
Suplente 1: Betuel Martínez Vicente.
Suplente 2: Sara Pajares Munárriz.
3. Daniel Isábal Rami.
Suplente 1: Rosario Bruned Salamero.
Suplente 2: Miguel Ángel Márquez Lapuente.
12. CHUNTA ARAGONESISTA (CHA)
1. Ana Beatriz Gual Planas.
Suplente 1: Francisco Palomares Cerezo.
Suplente 2: María Lourdes Cavero Martínez.
2. Fernando Marqués Mancho.
Suplente 1: María Jesús Orús Saba.
Suplente 2: José Antonio Pueyo Mazana.
3. Ana Usieto Pujala.
Suplente 1: José María Giménez Banzo.
Suplente 2: María Eugenia García Aznarez.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisco Javier Guiu Benito.
Suplente 1: Marta Rubira Salas.
Suplente 2: Adrián Agustín Casanova Baguena.
14. PUYALON (PYLN)
1. Alejandro Nasarre Pique (Independiente).
Suplente 1: Marta Gracia Lucientes (Independiente).
Suplente 2: José Antonio Meler Garanto (Independiente).
JUNTA ELECTORAL DE JAÉN
Doña Ana María Vaquero Abela, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Jaén,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Jaén, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Ana María Vaquero Abela.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Felipe Jesús Sicilia Alférez.
2. Laura Berja Vega.
3. Juan Francisco Serrano Martínez.
4. Josefa Jurado Latorre.
5. Rafael Rosa Pulido.
Suplentes:
1. Laura Nieto Jaenes.
2. Manuel Melguizo Arroyo.
3. María Francisca Espinosa García.
4. Santiago Rodríguez Yeste.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Ángeles Adán de la Paz.
2. Antonio Barrios Márquez.
3. María Begoña Estrella Anguita.
4. Luis Pulido Castillo.
5. Dolores Ciudad Campoy.
Suplentes:
1. María Lourdes Ballesteros García.
2. Sebastián Sola Cuesta.
3. Javier Morales García.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Sonia Collado Oropesa.
2. Manuel Poblete Tamara.
3. Laura Fernández Alaminos.
4. Diego Barranco Pérez.
5. Esperanza Fernández López.
Suplentes:
1. Jesús Ramón Narváez Morán.
4. PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ (RISA)
1. Antonio Navas Molina.
2. Teresa Maza García.
3. Juan José Armijo Moreno.
4. Rita María Dolores Santaella Ruiz.
5. Antonio Ángel Pérez Rodríguez.
Suplentes:
1. Ana Teresa Bailén Clavijo.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ana Sánchez Torres.
2. Octavio Rafael Carazo Montijano.
3. María Magdalena Rodríguez Martínez.
4. Juan Félix Muñoz Sánchez.
5. Lidia Machado López.
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Antonio Jesús Gil Cunquero.
2. Rosa Briones Rodríguez.
3. Francisco Gómez Luzón.
4. León George Jagger López.
5. Isabel María Fernández Marín.
Suplentes:
1. Marc Fernández García.
7. VOX (VOX)
1. Francisco José Alcaraz Martos.
2. Gerardo Aceituno Carrasco.
3. Carmen María García Aguilar.
4. Shahrookh Bomi Khambatta Damania.
5. María del Rosario del Águila Gallego.
Suplentes:
1. María del Carmen Álvarez Arias de Saavedra.
8. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Antonio Vicente de los Ríos Peñuela.
2. Noelia Muñoz Moreno.
3. Antonio Jesús Rodríguez Martínez.
4. Ana María López Moral.
5. Juan de Dios Ortega López.
Suplentes:
1. Rosa Delia Castillo Mendoza.
2. Francisco Díaz Expósito.
3. Tomás Francisco Portero Pérez.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Esperanza Rico Moral.
2. María Teresa García Recena.
3. Alberto Vázquez Pérez.
4. José Rico Rubio.
5. Juan Pedro Moreno Fernández.
Suplentes:
1. Julio César Vargas Lupión.
2. Fidel Sánchez Ocaña.
3. Dolores Gómez Zafra.
4. Ana Rubio Illana.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Juan Diego Requena Ruiz.
2. María Luisa del Moral Leal.
3. Agustín Moral Troya.
4. Miguel Contreras López.
5. Ana González Herrera.
Suplentes:
1. Águeda López Jódar.
2. José Juan Sánchez Barrera.
3. Virtudes Puertas Soria.
11. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Francisco Javier Sánchez del Pino.
2. María Isabel Soriano Puyana.
3. Josefa Alonso Torregrosa.
4. José Cabrero Palomares.
5. Pedro Pablo García Aparicio.
Suplentes:
1. Isabel Montavez Pastrana.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Micaela Navarro Garzón.
Suplente 1: David Delgado Jiménez.
Suplente 2: Rosa Espino de la Paz.
2. José Latorre Ruiz.
Suplente 1: Nuria Serrano Vázquez.
Suplente 2: Cristóbal Rodríguez Gallardo.
3. Manuel Ángel Fernández Palomino.
Suplente 1: María del Carmen Latorre García.
Suplente 2: Diego Fernández Muñoz.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Bruno García Pérez.
Suplente 1: María Isabel González Bellido.
Suplente 2: Francisco José López Castillo.
2. Rosel Jiménez Ruiz.
Suplente 1: Miguel Antonio Moreno Lorente.
Suplente 2: Silvia Calvo Alonso.
3. Pedro Gallardo Núñez.
Suplente 1: Gloria María Madueño Jiménez.
Suplente 2: José Luis Sánchez Gallego.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María José Torres Mayorga.
Suplente 1: Antonio Camino Martín.
Suplente 2: Concepción Millán Castellanos.
2. Francisco Javier García Márquez.
Suplente 1: Rocío Moya Ledesma.
Suplente 2: Antonio José Luque Carmona.
4. PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ (RISA)
1. Antonio Abad García Arboledas.
Suplente 1: María Dolores Martínez Villar (Independiente).
Suplente 2: Antonio Francisco Santaella Ruiz (Independiente).
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Gabriel Castillo Hidalgo.
Suplente 1: Rafael Arcángel Martínez Martínez.
Suplente 2: Vicenta López Torres.
6. VOX (VOX).
1. Ramón Ortuño Expósito.
Suplente 1: Susana Rodríguez Ramiro.
Suplente 2: José Manuel Rodríguez García.
7. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Ana María Ramos Martínez.
Suplente 1: Manuel Andrés Jiménez Crespo.
Suplente 2: Matilde Ramírez Camacho.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Teresa Recena González.
Suplente 1: María del Carmen González Nieto.
Suplente 2: Antonio García Pérez.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Francisco Javier Márquez Sánchez.
Suplente 1: María del Carmen García Delgado.
Suplente 2: Miguel Ángel Torres González.
2. Ángeles Isac García.
Suplente 1: Mirian Parrilla Lemus.
Suplente 2: José Calles Valenzuela.
3. Juan Morillo García.
Suplente 1: Baldomero Andréu Martínez.
Suplente 2: Josefa Olmedilla López.
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Antonio Machado Villacañas.
Suplente 1: Fernando Garrido Cobo.
Suplente 2: Luisa María Berbel Ruiz.
2. María Mercedes García Begara.
Suplente 1: Miguel Ángel López Ruiz.
Suplente 2: María del Carmen Ruiz Lara.
3. María Encarnación Merelo Jerez.
Suplente 1: María Dolores García Martínez.
Suplente 2: Miguel Ángel Cruz Luque.
JUNTA ELECTORAL DE LEÓN
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de León,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
León, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Javier Alfonso Cendón.
2. Andrea Fernández Benéitez.
3. Manuel Alfonso González.
4. María Montserrat Álvarez Velasco.
Suplentes:
1. Raúl Alfageme Menéndez.
2. Josefa Ajenjo Rodríguez.
3. Isidro Álvarez Barredo.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María del Carmen Rivera Estévez.
2. José Antonio Ferreiro Ansia.
3. Ramona Martínez García.
4. Jorge Moredo Araujo.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Justo Fernández González.
2. Ruth Morales De Vega.
3. María Isabel González Álvarez.
4. Jorge Martínez Domaica.
Suplentes:
1. Elena Lafuente Sánchez.
2. María del Carmen García Muñiz.
3. Juan Carlos Gutiérrez Hernández.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Natividad Franco Natal.
2. Javier Marañón Villa.
3. María Luisa Chana Gil.
4. Ángel Garzás Santos.
Suplentes:
1. María Begoña Fernández García.
5. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)
1. Luis Mariano Santos Reyero.
2. Miguel Ángel Díez Cano.
3. Ana María Fernández Caurel.
4. Seila Fernández Domínguez.
Suplentes:
1. Cristian Peláez Gutiérrez.
2. Rosa María Fernández Velilla.
3. José Vicente Álvarez De La Cruz.
6. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Miguel Ángel García Fidalgo.
2. María Oliva Álvarez Pérez.
3. José Cayetano Rodríguez De Castro.
4. María Asunción Sevillano Mayo.
Suplentes:
1. José Miguel Trufero Barrios.
2. José Manuel Boixo Vidal.
3. María de las Mercedes Fernández León.
4. María Isabel Lorenzo Macías.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Ana Marcello Santos.
2. Juan Carlos González Vidal.
3. María del Carmen Jiménez Franganillo.
4. Raúl Fuentes Carro.
Suplentes:
1. Rita María González Alonso.
2. Joaquín Prieto Gómez.
3. Edith Peña Domínguez.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Concepción Julia Fernández Fernández.
2. Julio Antón Bartolomé (PCAS-TC).
3. Ángel Álvarez Vega.
4. Ana Muñoz Guijarro.
Suplentes:
1. María Cruz De La Fuente Pintor.
2. Mario Ferreiro Cueva.
3. Violeta Díaz Sicilia.
4. Germán Rodríguez Cueva.
9. VOX (VOX)
1. Pablo Juan Calvo Liste.
2. José Luis Suárez Pastor.
3. Simoneta Riesco Alonso.
4. Blanca María Herreros Rodríguez.
Suplentes:
1. Nicolás Gomes Rabacal.
2. Cecilia Termenón Yebra.
10. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Pedro Gómez García.
2. María Estrella Almazán Pardo.
3. Ezequiel Blanco López.
4. Felicita Santamarina Pérez.
Suplentes:
1. Adrián Franco Barata.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Miguel González Robles.
2. María del Carmen González Guinda.
3. Andrés Pérez Marote.
4. Eva González Fernández.
Suplentes:
1. Porfirio Díez Casado.
2. Jorge Fernández González.
3. Laura Galindo Valtuille.
12. FAMILIA Y VIDA (PFyV)
1. Luis Fernando Norberto Roa Nonide.
2. Julián Álvarez González.
3. Adolfa Maide Elena.
4. Gemma García Rius.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Salvador Vidal Varela.
Suplente 1: Yolanda Arias González.
Suplente 2: Tomás Fernández Vidales.
2. María del Carmen Morán Franco.
Suplente 1: José Luis Casares García.
Suplente 2: María Yolanda Navarro González.
3. Constantino Marcos Álvarez.
Suplente 1: Cristina González Del Amo.
Suplente 2: Germán Carbajo García.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Manuel Real Fernández.
Suplente 1: María Eva Prieto Matesanz.
Suplente 2: Santiago Molinero García.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María del Mar Ordóñez Álvarez.
Suplente 1: Alfonso Vallecillo Torres.
Suplente 2: Susana Núñez Moral.
2. Sigifredo Benavides Fernández.
Suplente 1: Alejandra Cobos Moral.
Suplente 2: Juan Carlos García Martín.
3. Francisco Javier Panizo García.
Suplente 1: María José Rodríguez Aparicio.
Suplente 2: Antonio José Pérez Blanco.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Nuria Alcántara Fernández.
Suplente 1: Fernando García Carpintero.
Suplente 2: Irene López Carbajo.
2. Alberto Lancha Blanco.
Suplente 1: Lourdes González Martínez.
Suplente 2: Francisco Javier González Pascual.
3. Gloria Cristina Morales Conde.
Suplente 1: Carlos Enterria García.
Suplente 2: Carmela Costales Artieda.
5. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)
1. Roberto Aller Llanos.
Suplente 1: María Villagrasa Morón.
Suplente 2: María Montserrat Carbajal Mateos.
2. Laura López Andrés.
Suplente 1: Ángel Alija Casado.
Suplente 2: Diego Santos Celemín.
3. Félix José Pérez Echevarría.
Suplente 1: Manuela Cadenas Villamandos.
Suplente 2: Miriam García Cañón.
6. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Catalina Antúnez García.
Suplente 1: Emiliano Alonso Seijas.
Suplente 2: Tomasa Martín Martín.
2. Jesús Fernández Villar.
Suplente 1: María Diana Jiménez Hernández.
Suplente 2: Luis Ignacio Quiroga Prada.
3. Manuel Matilla Pérez.
Suplente 1: María Carmen Centeno Fernández.
Suplente 2: Francisco Javier Uña Alfonso.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Pabel Enrique Albán Ramírez.
Suplente 1: Ramona Mendoza Luengo.
Suplente 2: Julio Enrique González Bances.
2. Javier Arias Blanco.
Suplente 1: Paola Fernández García.
Suplente 2: Carlos Hernández Rodríguez.
3. Tamara Sánchez Carrera.
Suplente 1: José María Delgado Del Estal.
Suplente 2: Isabel Maroto Costa.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Alberto Sánchez Oveja.
Suplente 1: Concepción Sehnert García.
Suplente 2: Joaquín Farpón Navarrete.
9. VOX (VOX)
1. Carlos Pollán Fernández.
Suplente 1: María Carmen Rodríguez Suárez.
Suplente 2: Rubén Ramos Solla.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Antonio Silván Rodríguez.
Suplente 1: Manuel García Martínez.
Suplente 2: Fe Fernández Fernández.
2. Javier Santiago Vélez.
Suplente 1: Juan José López Peña.
Suplente 2: Noelia Álvarez Díez.
3. María Mar González Pereda.
Suplente 1: Álvaro Villaverde Hernández.
Suplente 2: María Jesús Marinelli De La Fuente.
JUNTA ELECTORAL DE LLEIDA
Don Alfonso Serrano Masip, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Lleida,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Lleida, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Alfonso Serrano Masip.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Montserrat Mínguez Garcia.
2. Silveri Caro Cabrera.
3. Lorena González Dios.
4. Juan Carlos Boix Riart.
Suplentes:
1. Encarnació (Encarna) Tarifa Fernandez.
2. Miguel Angel Sánchez Aguilá.
3. Gemma Moreno Iglesias.
4. Joel Bastons Vilaltella.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María del Carmen Bayle García.
2. José Armijo García.
3. Marta Garrido Ventura.
4. Alberto Muñoz Silva.
Suplentes:
1. María Goretti Palau Sicart.
3. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Josep Maria Baró i París.
2. Maria Mercè Escudé Sicart.
3. Manel Dueñas Triguero.
4. Maria Sogues Mateu i Navés.
Suplentes:
1. Manel González Pérez.
2. Remedios Aranda López.
3. Esteban Coma Burgués.
4. Maria Mercè Nabonne i Donaire (Independiente).
5. Antonio Heredia Iglesias.
4. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Maria Burrel Badia.
2. Laura Escrig Bolea.
3. Ramón Vilaltella Domenjo.
4. José María Córdoba Alos.
Suplentes:
1. Juan Ramón Oriach.
5. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Xavier Eritja i Ciuró.
2. Inés Granollers i Cunillera.
3. Núria Juangran i Palou.
4. Sergi Parramon i Garcia.
Suplentes:
1. Pol Oliva i Solé.
2. Mercè Carulla i Castells.
3. Marc Rafart i Colomés.
4. Xènia Sanjuan i Arbonés.
5. Ramon Cristòfol i Mora.
6. Eva Roig i Aiguadé.
7. Jordi Tremosa i Llurba.
8. Eva Gené i Solans.
9. Youssef Koumia Martín.
10. Gemma Farré i Nogué.
6. VOX (VOX)
1. Miquel Bonastre Guillamet.
2. Alejandra Roig López.
3. Gloria Rico Iribarne.
4. Gregorio Gálvez Pazos.
Suplentes:
1. Eduard Pallerola Mora.
7. ESCONS EN BLANC/ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Jordi Pedragosa Sala.
2. Marta Mullor Marlet (Independiente).
3. Andrés Navarro Garcia (Independiente).
4. Montserrat Parés Parés (Independiente).
8. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Domènec Merino Roca.
2. Laila Bchari Moran.
3. Joan García Ochs.
4. Almodis Ferrer i Alsina.
Suplentes:
1. Arnau Bou i Marín.
9. PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)
1. Dante Pérez Berenguer.
2. Pepita Camí Olona.
3. Josep Maria Serveto Figueras.
4. Marisa Xandri Pujol.
Suplentes:
1. Francisco González Cascón.
2. Núria Agulló Rodríguez.
3. Santiago Gimeno Monge.
10. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA (CUP-PR)
1. Francesc Gabarrell i Guiu.
2. Júlia Carbonell i Font.
3. Sebastià Mata i Molinero.
4. Núria Sauquillo i Guerra.
Suplentes:
1. Josep Ramon Farran i Belart.
2. Maria del Carmen Núñez i López.
3. Sergi Maza i Barrot.
4. Armando Simón i Llanes.
5. Maria Dolors Pujols i Farràs.
6. Roger Esteve i Mas.
7. Mireia Brandon i Trepat.
8. Daniel Tarrés i Céspedes.
9. Esther Sancho i Cepero.
10. Marcel Pena i Zanuy.
11. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Miguel del Amo Bonilla.
2. Maria Victoria Portús de Marco.
3. Logan Solar Prat.
4. Mariam Zaidi Touis.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Laura Sexer Pérez.
2. Vicente Díez Domper.
3. Gertrudis Faura Marín.
4. Pedro Martín Peñasco.
Suplentes:
1. Juan Martínez Gascó.
2. Josefa Ten Esteve.
13. PER UN MON MES JUST (PUM+J)
1. Francisca Payero Soto.
2. Enrique García Ojeda.
3. Inés Loza Lozano.
4. Jesús Gaueca Sertucha.
14. JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Jordi Turull i Negre.
2. Concepció Cañadell Salvia.
3. Rosa Maria Burrell Obiols.
4. Ricard Pérez Llordes.
Suplentes:
1. Raül Palacios Bover.
2. Mercè Valls i Querol.
3. Rafael Safont Aliaga.
15. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Jaume Moya i Matas.
2. Veronica Fuente Garcia.
3. Immaculada Perera Sambola.
4. Ricardo Pena Pérez.
Suplentes:
1. Francisco García Serrano.
2. Marta Bautista del Olmo.
3. Francesc Beà Bessó.
4. Laura Garcia Castillejo.
5. Arnau Sánchez Sala.
6. Antonio Martínez Espinar.
7. Antonia Cruz Guindos.
8. Montserrat Rollán Espunyes.
9. Carla Galeote Escoda.
10. Hagen Rider Abasto Salazar.
SENADO
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Victor Orrit Ambrosio.
Suplente 1: Rafael Peris Martín.
Suplente 2: Teresa Mayoral Seró.
2. Montserrat Parra Albà.
Suplente 1: Ana Queraltó Escudé.
Suplente 2: Adrià Olaya Salla.
3. Pasión-Gador Romero Garcia.
Suplente 1: Anna Rius Alzamora.
Suplente 2: José Luis Palacios Rodríguez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Alba Cases Calleja.
Suplente 1: Jordi Carreras Colomer.
Suplente 2: Rosa María Vila Madrid.
2. Xavier Santamaría Fumas.
Suplente 1: María José Vidal Albareda.
Suplente 2: Antoni López Esteban.
3. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Francesc Xavier García i Llop.
Suplente 1: Maria Teresa Burguillos Medina (Independiente).
Suplente 2: Ivan Patricio Lazo García.
4. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Cristina Daza Requena.
Suplente 1: José Siegrist Trelles.
Suplente 2: Monica Juverias Dotor.
2. Francisco de Urquia Comas.
Suplente 1: Carolina Castillejo Nuñez.
Suplente 2: Francisco Vilar Cejudo.
3. Juan Felipe Córdoba Ortega.
Suplente 1: Isaac Caballero Pujadas.
Suplente 2: Carme Gòdia Bagué.
5. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Sara Bailac i Ardanuy.
Suplente 1: Montserrat Bergés i Saura.
Suplente 2: Miquel Àngel Estradé i Palau.
2. Miquel Caminal i Cerdà.
Suplente 1: Josep Castells i Farré.
Suplente 2: Elisabet Lizaso i Cantón.
3. Xavier Castellana i Gamisans.
Suplente 1: Helena Martínez i Siurana.
Suplente 2: Engelbert Montalà i Pla.
6. VOX (VOX)
1. Antonio Ramón López Gómez.
Suplente 1: Maria Rosa Rojas Jiménez.
Suplente 2: Ramón Monfá Herreros.
7. ESCONS EN BLANC/ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Javier Calvo Sauret.
Suplente 1: Anna Jordana Ortigosa (Independiente).
Suplente 2: Jorge Fernàndez Gutiérrez (Independiente).
8. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Álvaro Patricio Jaque Jiménez.
Suplente 1: Tamara Rupérez Castellanos.
Suplente 2: Álex Rubiano Márquez.
9. PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP)
1. Miquel Àngel Balao Garcia.
Suplente 1: Antonieta Maller Lafont.
Suplente 2: Jaume Sánchez Ricart.
2. Gemma Batalla Casanovas.
Suplente 1: Santiago Morales Ibars.
Suplente 2: María Jesús Andrés Ferreiro.
3. José Reñé Porté.
Suplente 1: Núria Llovet Querol.
Suplente 2: Pau Sánchez Ricart.
10. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Luis Bautista Piguave Pilligua.
Suplente 1: José Antonio Solar Chac.
Suplente 2: Sintia del Pilar Solar Canales.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Wilwardo Belisario M’bande Naluanga.
Suplente 1: Magdalena Iniesta Real.
Suplente 2: Diego Gómez Guirao.
12. PER UN MON MES JUST (PUM+J)
1. Oscar García Montes.
Suplente 1: Odalys García Albolay.
Suplente 2: Alejandro Manuel Suárez Ferreira.
13. JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Maria Teresa Rivero Segalàs.
Suplente 1: Maria Isabel Pérez Martinez.
Suplente 2: Josep Magrí Mangues.
2. Rosalia Carnicé Farré.
Suplente 1: Joan Segura Segura.
Suplente 2: Imma Benages Teixidó.
3. Francesc López Solé.
Suplente 1: Rafel Panadés Farré.
Suplente 2: Sònia Valero Dencàs.
14. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. M.ª Sonia Martínez Albiñana.
Suplente 1: Salvador Márquez Martín.
Suplente 2: Ramona Gelonch Castañé.
2. Blanca Rubio Aner.
Suplente 1: Marc Dalmau Saba.
Suplente 2: Carmen Hernández Brezmes.
3. Lluc Capacete Gallardo.
Suplente 1: Paula González González.
Suplente 2: Manuel Faure Rubio.
JUNTA ELECTORAL DE LUGO
Doña María Dolores Cruz Requejo, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Lugo,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Lugo, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Dolores Cruz Requejo.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Laura Castro Martínez.
2. Alejandro Villamor Iglesias.
3. María Del Mar Alonso Dopeso.
4. Alberto Rodríguez Vázquez.
Suplentes:
1. María Paloma Rubio Domínguez.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Manuel Blanco López.
2. Francisco Pintado Otero.
3. Carla María Campo Dacal.
4. María Victoria García Vázquez.
Suplentes:
1. Marco Antonio Candal Quiroga.
2. María Nieves Pérez Dafonte.
3. Ramón Fernández Rego.
3. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Marina Quintillán Núñez.
2. José Fernández Reguera.
3. Ana Marta García Rea.
4. Joel Varela Besteiro.
Suplentes:
1. Yago Rodríguez Cacharrón.
4. POR UN MUNDO MAIX XUSTO (PUM+J)
1. Lila Fernández Delgado.
2. Eduardo Rapaport Escardo.
3. Yadiris Rivero García.
4. Manuel Navajas Segovia.
5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSOE)
1. Ana Prieto Nieto.
2. Javier Cerqueiro González.
3. Marta Rouco Seoane.
4. Daniel Castro Fernández.
Suplentes:
1. Horacio Rouco Ferro.
2. Begoña López Magdalena.
3. Iván Castro Díaz.
4. María del Pilar Ferreiro Martínez.
5. Pablo Núñez González.
6. Lorena Barreira Saá.
7. Miguel Ángel Crende López.
8. Olimpia López Rodríguez.
9. Rafael García Figueiras.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Carmen Espiñeira López.
2. Marcos Mouriño López.
3. María del Carmen Soliño Castro.
4. Cesar Cela Díaz.
Suplentes:
1. Carlos Tellado Pérez.
2. Josefa Costas Padín.
3. Carlos González González.
7. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. Olalla Rodil Fernández.
2. Yann Georges Pouliquen Kerlau.
3. Concepción García Iglesias.
4. Daniel Castro García.
Suplentes:
1. Miriam Bermúdez García.
2. Germán Arias López.
3. Sara Fernández Murados.
4. David Váquez Vázquez.
5. Andrea Martins Fernández.
6. Luis Ángel López Melle.
7. Mónica Rodríguez Vázquez.
8. Xosé Manoel Silva Rodríguez.
9. María Belén González Martínez.
10. María Carmen Salvadores Cobas.
8. CONVERXENCIA 21 (C 21)
1. Xaime Manuel Requeixo Souto.
2. Fernando Del Río Iglesias.
3. Laura Rodríguez Espansandín (Independiente).
4. Ana Folgueira Pérez (Independiente).
Suplentes:
1. Garcilaso De la Vega López.
2. Flora Iglesias Souto (Independiente).
3. Antonio Asorey Cacheda.
9. VOX (VOX)
1. Cristian González Nogueira.
2. Manuel Menéndez Mato.
3. Maria del Carmen Pardo Prado.
4. Eva Castiñeira Bellón.
Suplentes:
1. Jorge Juan Núñez Díaz.
2. María Anunciada De León Fernández de Córdoba.
10. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Cristian Bergantiños Álvarez.
2. Aida Sánchez Iglesias.
3. Agustín Ignacio Grisanti Fernández.
4. Julia Martínez Rodríguez.
11. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. Vanessa Somoza Domínguez.
2. Begoña Pedrouzo Vázquez.
3. José Manuel Pérez Afonso.
4. Francisco Jiménez Corpas.
Suplentes:
1. María de Carmen Asunción Cruces Artero.
2. Adrián Fuenteseca Fernández.
3. María Ángeles Gayoso Fraga.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jaime Eduardo De Olano Vega.
2. Joaquín María García Díez.
3. Mercedes Josefina González Alonso.
4. María del Mar Carballas Piñeiro.
Suplentes:
1. Javier Santín Vilor.
2. María Manuela Carballeira García.
3. Jesús Rodríguez Martínez.
4. Jovana Oroza Castro.
5. Begoña Sanjurjo Santar.
SENADO
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Kevin González Rodríguez.
Suplente 1: María Begoña Pedrazas Yubero.
Suplente 2: Eduardo Emilio Núñez-Torrón Caballero.
2. Paula Marcuño Alonso.
Suplente 1: Ignacio Aliende Povedano.
Suplente 2: Isabel Arrieta Raynaud.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Víctor González García.
Suplente 1: José Ángel Gomez Fernández.
Suplente 2: María Fe De la Fuente Castro.
2. José Ramón Fernández Yáñez.
Suplente 1: Josefa Alonso Crespo.
Suplente 2: José Antonio Touzón Fernández.
3. Mercedes Marcos Fernández.
Suplente 1: Lorena Bello Currás.
Suplente 2: Luis Álvarez Rey.
3. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Daniel López García.
Suplente 1: Eva González Carreira.
Suplente 2: Sergio Pena Dopico.
4. POR UN MUNDO MAIX XUSTO (PUM+J)
1. Ovidio Menéndez Cueto.
Suplente 1: Purificación Guerrero Fernández.
Suplente 2: Iñigo Carrión Echevarria.
5. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSOE)
1. Cesar Mogo Zaro.
Suplente 1: Alfredo LLano García.
Suplente 2: María Pilar Roca Núñez.
2. María del Pilar García Porto.
Suplente 1: Jesús Fidel Fernández Bello.
Suplente 2: Carmen Álvarez Álvarez.
3. José Luis Raposo Magdalena.
Suplente 1: María José Vales Garaloces.
Suplente 2: Xosé Teixeiro Pérez.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Jesús Puga Fraga.
Suplente 1: María Celsa Barreira Prada.
Suplente 2: Jacobo Castro Castro.
7. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. María Pilar Prieto Pita.
Suplente 1: José Manuel Peña Abeijón.
Suplente 2: Mónica Roca Ares.
2. Cosme Eladio Pombo Rodríguez.
Suplente 1: María Susana Riveira Fernández.
Suplente 2: Iago Suárez Fernández.
3. Cecilia Diéguez Fociños.
Suplente 1: Xavier Vázquez García (Independiente).
Suplente 2: María Abuín Sanfiz.
8. CONVERXENCIA 21 (C 21)
1. Florentino Piñeiro Vázquez (Independiente).
Suplente 1: María Mercedes Neira Neira (Independiente).
Suplente 2: José Luis Reza Pérez.
9. VOX (VOX)
1. Antonio Miguel Gálvez García.
Suplente 1: Víctor Miguel López Quiñoá.
Suplente 2: Noelia Rabanal González.
10. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. Carmen María Fernández Alarcón.
Suplente 1: Pedro Castro Díaz.
Suplente 2: Ana María López Corredoira.
2. Marta Beatriz Rodríguez Engroba.
Suplente 1: David Vázquez Garrote.
Suplente 2: María Covadonga Alonso García.
3. Francisco Farias Hernández.
Suplente 1: Antonio Castro López.
Suplente 2: Herminia Ferreiro García.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Manuel Barreiro Fernández.
Suplente 1: Enrique Ceferino Rozas López.
Suplente 2: Katherinie Varela Fernández.
2. Rosa María Arza Rodríguez.
Suplente 1: Gerardo Criado Guizán.
Suplente 2: María Eugenia Requeijo Chao.
3. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
Suplente 1: Javier Varela Pérez.
Suplente 2: María Remedios González Cabarcos.
JUNTA ELECTORAL DE MADRID
Doña Elena de Arce Milla, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Madrid,
CERTIFICO: Que las Candidaturas presentadas a las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Madrid, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Elena de Arce Milla.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Laura Duarte Domínguez.
2. Luis Alberto Bermejo San Juan.
3. Luis Víctor Moreno Barbieri.
4. María del Pilar Gómez Corona.
5. Andrea Gómez Redondo.
6. Juan Manuel Guerrero Casero.
7. Laura Díaz Barreto.
8. David San Martín Ortega.
9. Asunción Estévez Chacón.
10. Alfonso Javier Puertas Cerdeño.
11. Mónica Hermosa Moreno.
12. Jaime Hermida Villaseñor.
13. Ana Isabel López-Salazar Codes.
14. Lorenzo Paradinas Drinkwater.
15. Teodosia Felipe Delgado.
16. Javier Pérez Martín.
17. Esther Casas González.
18. Enrique Heras Ferrer.
19. Beatriz Arévalo Rodrigo.
20. Enrique Vidal del Amo.
21. Ana María Béjar Díaz.
22. José Javier Carrillo Martínez.
23. Verónica Villapalos García.
24. José Manuel Torres Marín.
25. Ana Isabel Calderón Carnero.
26. Jesús Fernández De Zayas.
27. Irene Vega Noguera.
28. Miriam Serrano Vilches.
29. Javier Ballesteros Rodríguez.
30. Sonia Malpartida Fernández.
31. Raúl Barrios Terroso.
32. María Dolores García Vélez.
33. Nicolás Bueno Díaz.
34. Juan Carlos Serrano Moya.
35. Ana María de la Ascensión Sánchez López.
36. Alejandro Romeral García.
37. Laura de Ugarte Sastre.
Suplentes:
1. Alberto Jorge García.
2. María del Pilar Borlaf González.
3. María Jesús Antúnez Alcántara.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
2. Carmen Calvo Poyato.
3. José Manuel Franco Pardo.
4. Teresa Ribera Rodríguez.
5. Dolores Delgado García.
6. Maria Reyes Maroto Illera.
7. Rafael Simancas Simancas.
8. Beatriz Corredor Sierra.
9. Zaida Cantera De Castro.
10. Daniel Vicente Viondi.
11. María Isaura Leal Fernández.
12. Omar Anguita Pérez.
13. Rafael José Vélez.
14. Gema López Somoza.
15. Julio Navalpotro Gómez.
16. Olga Salido Cortes.
17. Roberto González Boza.
18. Carmen Gutiérrez Toribio.
19. José Luis De La Cruz Leiva.
20. Raquel Alcázar Ballesteros.
21. Valentín Miguel Blázquez.
22. Ángela González Montes.
23. José Ignacio Prieto García.
24. Sonia Belhassen García.
25. Javier Romera Martín.
26. María Elena Alfonso González.
27. Carlos Sanz Zudaire.
28. Begoña García García.
29. Cándido Marín Madrid.
30. Lucia Parcet Romero.
31. Miguel Ribagorda Serrano.
32. María José Linares Ruiz.
33. Diego Fernández Reyes.
34. Gloria Razabal González.
35. José Luis Blanco Velasco.
36. Visitación González Villa.
37. Mariano Rubio Guzmán.
Suplentes:
1. Antonio García González.
2. Yolanda Martín Miguel.
3. Antonio Abarca Plana.
3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Blanca Esther Rivas González.
2. Víctor Manuel Lucas Ranz.
3. Juan Luis García Córdoba.
4. Olvido Inguanzo Inguanzo.
5. Juan Antonio Diéguez Martín (Espartaco).
6. Manuel González Pérez.
7. Guillermo Pérez Cuenca.
8. Laura García García.
9. Jesús Costa Gálvez.
10. María Carmen Vicente Cenzano.
11. Javier Martorell Nieves.
12. Eduardo Vecino Villa.
13. Alexis Arnáiz Molina.
14. Margarita Valle García (Independiente).
15. Natividad Martín Sierra.
16. Fernando García García.
17. José Fernando Silva Gata.
18. Enrique Arias Romera.
19. María del Rosario Villa González.
20. Clara Castro del Álamo.
21. Francisco José Alburquerque Hernández.
22. Raúl López Moreno.
23. Juan Luis Martín Feced.
24. Sandra Anta Nicolás.
25. Victorina Fernández Amo.
26. Rosa María Gayo Gómez.
27. Antonio Vicente Cenzano.
28. Carlos de Tomás Díez.
29. Anne Maríe Domínguez Loschi.
30. Daniel Lucas Gayo.
31. Antonio José Viñuela Chacón.
32. Juan Carlos Sánchez Alconada.
33. Iván Molina Recio.
34. Esther López Moreno.
35. María Teresa Belmonte Paredes.
36. Eva María Tiscar Martín.
37. Isidro Torrijos Pérez.
Suplentes:
1. Víctor López Ochoa.
2. María del Carmen Casado Esteban.
3. Raúl Lucas Gayo.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Antonio Arturo Sieira Mucientes.
2. María Angeles Beriso Gómez-Escalonilla.
3. Jorge Serrano Paradinas.
4. Fernanda Serrano Noreña.
5. Alquímide Francisco Romero Arévalo.
6. Amaya Valcárcel Silvela.
7. Alberto Bueno Manrique.
8. Ana Pozo Sánchez.
9. José Ignacio Pamies Masso.
10. Cristina González Zúñiga.
11. Carlos Caballero Alemany.
12. María Pérez Peinado.
13. Jaime Gil Merino.
14. Guadalupe Martín-Laborda García de Rasilla.
15. Jaime García de Viedma Lapetra.
16. Beatriz Plans Beriso.
17. Rafael Alfonso Gómez Aguilar.
18. María Pilar Pallero Soto.
19. Francisco José Pascual Díez.
20. Marta Tornos Martín-Fernández.
21. Hugo Díez Santaolalla.
22. Leticia Silvela Coloma.
23. Unai Díez Santaolalla.
24. Clara Sayans Moreno.
25. Javier Nieto Rico.
26. Leticia Laura Torres Babé.
27. Blas de Jesús de la Cruz García.
28. María Mendoza Jiménez.
29. Marcos Gutiérrez González.
30. Marta Villacieros Durbán.
31. Claudio Alberto Ramírez Elsel.
32. Diana Gloria Pastor Calero.
33. David Rey González.
34. Marta Bayona Beriso.
35. Emilio Tena-Dávila Sarmentero.
36. Lorea Fernández Baldor Sainz de la Maza.
37. Antonio Fernando Rubinos Lozano.
5. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Eva María Ubago Castro.
2. Pedro Pablo Martín Hernández.
3. María Jesús García Fernández.
4. José Luis Álvarez Cedena.
5. María Rosa Cimas Cuevas.
6. Jesús Ángel Tutor del Hoyo.
7. María Luisa González Galeano.
8. Xan Rodríguez Canabal.
9. María Rosa Mera Bande.
10. Javier Vilaplana Pottecher.
11. María del Sagrario Tejedor Tejedor.
12. Rafael Borge García.
13. María del Carmen Suárez Bendicho.
14. Pedro Fernaud Quintana.
15. María Victoria González Nogales.
16. Carmen Barroso Caballo.
17. Julián Muñoz Felipe.
18. Virginia López López.
19. Joaquín Pablo Segado Bixquert.
20. Tamara Rosa Bueno Doral.
21. Antonio Javier Pangua de la Varga.
22. Beatriz Carmen Penagos Artunduaga.
23. Manuel Hidalgo González.
24. María Isabel Pérez Gallardo.
25. Ángel Pascual Merino.
26. Olga Pardo Ayuso.
27. Santiago Galletero Galletero.
28. María Teresa Cuevas Pardo.
29. Jorge Eduardo Salinas Vélez.
30. Pablo Alberto de Pedro Martín.
31. Alfonso Bueno López.
32. María de las Mercedes Rodríguez Tenaguillo.
33. Israel Guadalix García.
34. Carmen Bendicho Ruiz.
35. Borja Guadalix García.
36. Miriam Hidalgo López.
37. Francisco Javier Batres Sánchez.
Suplentes:
1. Santiago Elegido González-Quevedo.
2. Rosa Cuevas Pardo.
3. Pedro Muradás Montesinos.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Pablo Iglesias Turrión.
2. Irene Montero Gil.
3. Enrique Santiago Romero.
4. Gloria Elizo Serrano.
5. Rafael Mayoral Perales.
6. María Mercedes Pérez Merino.
7. Pablo Manuel Fernández Alarcón.
8. Anabel Segado Sujar.
9. Mariano Muniesa de Caveda.
10. Aída María Quinatoa Quinatoa.
11. Maite Pina Ledesma.
12. Yeison Fernando García López.
13. Xavier García Fernández.
14. Antonia María Quispe Ayala.
15. Lizeth Valeros Chura.
16. Irene García-Durán Jiménez de la Iglesia.
17. Gemma Heras Juaristi.
18. Abel Díez de Lucas.
19. Jorge Rochet Monteagudo.
20. Manuel Hernández González.
21. María del Rosario Rodero Salamanca.
22. Mariano García González.
23. Leire Olmeda García.
24. Ariel Edgar Serrano Rico.
25. Pedro del Cura Sánchez.
26. Luisa Amaya Campos.
27. María Luisa Crespo Alonso.
28. Antonio González Castillo.
29. José Ruiz López.
30. Irene Valiente Guerrero.
31. María Montserrat García Rodríguez.
32. Constantino Arias Lamproy.
33. Óscar García Muga.
34. María del Mar Peniza Castillejo.
35. Fernando Aguilar Fernández.
36. Feliciana Gómez Pulido.
37. Sergio Antonio García Torres.
Suplentes:
1. Patricia Bermejo Jiménez.
2. José Raúl Rosa Torralbo.
3. Raúl Rodríguez Carrascosa.
4. Rosana Zarapuz Puertas.
5. Rubén Aguilar Ibáñez.
6. Isabel Rosa Torralvo.
7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Albert Rivera Díaz.
2. Marcos De Quinto Romero.
3. Laura Sara Giménez Giménez.
4. Edmundo Bal Francés.
5. Patricia-Isaura Reyes Rivera.
6. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas.
7. Cristiano Brown Sansevero (Independiente).
8. Roberto Hernández Blázquez.
9. María del Carmen Gutiérrez Moreno.
10. María Luisa Mariscal Macías.
11. Ignacio Perelló Almagro.
12. Pedro Gironés Galiana.
13. Juan Luis Cano Perucha.
14. Julia Gómez Galdón.
15. Begoña Franco Rego.
16. Sofía Fernández Vázquez.
17. Eduardo Torres Pinilla.
18. Ángela Martín de La Cruz.
19. Verónica Blanco González.
20. Alberto Hontecillas Villar.
21. Rafael Fernández Rodríguez.
22. Miguel Díaz Martín.
23. Gema Arroyo Montes.
24. Rosa María Gallardo Sastre.
25. María Begoña Sanfrutos Sáez.
26. María Teresa Simorte Gancedo.
27. Gerardo de Pascual y de Arpe.
28. Esperanza Torrijos Expósito.
29. Víctor Antonio Barroso Sánchez.
30. Nieves Álvarez Canuto.
31. Miguel Moreno de las Heras.
32. José Ignacio Piedra Rascón.
33. María Elvira Marcos Palma.
34. Pilar Herrero González.
35. Modesto Jesús López Rosa.
36. Sabrina García Pereira.
37. Fernando Savater Martín (Independiente).
Suplentes:
1. Araceli Gómez García.
2. Javier Naranjo Sanjuan.
3. Eva María Ruiz González.
8. VOX (VOX)
1. Santiago Abascal Conde.
2. Francisco Javier Ortega Smith-Molina.
3. Iván Espinosa de los Monteros de Simón.
4. María de la Cabeza Ruíz Solás.
5. Carla Toscano de Balbín.
6. Juan Luis Steegmnann Olmedillas.
7. Mireia Borrás Pabón.
8. Gema Pilar Herrero Monroy.
9. Alonso de Mendoza Asensi.
10. José Cadenas Rabaixet.
11. Marta Asunción Castro Fuertes.
12. Jesús Carlos Riosalido Gambotti.
13. Javier Moreno de Miguel.
14. Beatriz Tejero Oller.
15. Rubén Gallardo García.
16. Javier Cipriano Viviente Solé.
17. Óscar González Samos.
18. Gonzalo Padrón Ramos.
19. María Teresa López Divasson.
20. Eulalia López García.
21. Daniel Cuesta Lagarejo.
22. José Hidalgo Serrano.
23. Amaya Acosta Barrera.
24. Laura Cid Grueso.
25. Donato Francisco Javier Barba Prieto.
26. Ignacio Fernández Tomás.
27. Alejandro Ábalo Delgado.
28. Eva Arbeo Blázquez.
29. Ana Isabel Dompablo Guerrero.
30. Enrique Jesús Ortíz Gómez.
31. Alejandro Gozalo Yáñez.
32. Elena Garachana Nuño.
33. Gerardo Marín Carreño.
34. Vicente Pedro Morales Sancho.
35. María Carmen Rodríguez Anta.
36. María Ángela Chinarro Vadillo.
37. José Antonio Ortega Lara.
Suplentes:
1. David Lucas López.
2. María Victoria Bocanegra Buisan.
3. Ignacio Ansaldo Adriaensens.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Ástor García Suárez.
2. Alberto Sánchez Colomo.
3. Aída Maguregui Tomey.
4. Javier Martín Rodríguez.
5. Arantzazu Martínez Hernández.
6. Daniel Andrés Sobrino.
7. María José García Gañán.
8. Hugo Carrasco González.
9. Eva García de Madariaga Delgado.
10. Raúl Fernández Fernández.
11. María Luz Fernández Díaz.
12. José Chacón Labella.
13. Raquel García Álvarez.
14. Raúl Bedrina Saura.
15. Rubén Ferreiro Martínez.
16. Fernando Castro García.
17. María Victoria Caraballo Gota.
18. Luis Alberto Carrillo Mira.
19. Raquel Serrano Cano.
20. Jesús García-Morato Villarreal.
21. Rocío Montilla Moya.
22. Miguel Ángel Martín Cumplido.
23. Claudia Fernández Onrubia.
24. Javier Mengual Alfaya.
25. David Martínez Serrano.
26. María Mercedes Roldán Luceno.
27. Daniel Palacino Martínez.
28. Rocío Negrete Peña.
29. Manuel Calle García.
30. Carlos Villegas Díaz.
31. María Cristina Bravo Rozas.
32. Eduardo Bajo Ortiz.
33. Cristina Romero Pérez.
34. Xoan Xosé Vázquez Turrión.
35. Marcos Elías Bajaña León.
36. María Álamo Sanz.
37. David Sarmiento García Muñoz.
Suplentes:
1. Sergio Torres Jiménez.
2. Nadia Lobato Díaz-Pines.
3. Adrián Espina Illana.
10. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Iñigo Errejón Galván.
2. Marta María Higueras Garrobo.
3. Inés Sabanés Nadal (EQUO).
4. Héctor Tejero Franco.
5. Mónica García Gómez.
6. Sonia Silva Segovia.
7. Javier Padilla Bernáldez.
8. Amanda Amadora Romero García.
9. Antonio Sánchez Domínguez.
10. Laura Carenas Martínez.
11. José Ramón López González.
12. Claudia de Mesa Montero.
13. Emilio Santiago Muiño.
14. Lina Zehni Chaves.
15. Unai Sanz Llorente.
16. Ana María Álvarez Rodríguez (EQUO).
17. Violeta Carlavilla Ruiz.
18. Diego Segovia Domínguez.
19. Juan Ignacio Varela-Portas Orduña.
20. Herminia María Louriño Fernández.
21. María José Gallego Obieta (EQUO).
22. Gonzalo Javier Díaz Tomasich.
23. Aurora Gómez Rufián.
24. Sergio Gonzalo Fernández Paniagua.
25. María Jesús Luna Reche.
26. Jesús Martín Díaz.
27. Mariana Paula Arce García.
28. Juan Antonio Castrillo Ortiz.
29. Víctor Rey Palmero.
30. Olga Revilla Muñoz.
31. José Luis Peña Fernández (EQUO).
32. Daniel Muelas Ferreiro.
33. Evangelina Sarria Bayo.
34. Carlos Astudillo Rodríguez.
35. Laura Álvarez Gutiérrez.
36. Beatriz Blanco López.
37. Eva Martínez Borrega.
Suplentes:
1. Luis Oscar Reyes Torregrosa (EQUO).
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Pablo Casado Blanco.
2. Ana María Pastor Julián.
3. Adolfo Suarez Illana.
4. Isabel García Tejerina.
5. María Elvira Rodríguez Herrer.
6. Edurne Uriarte Bengoechea.
7. Ana María Beltrán Villalba.
8. Antonio Pablo González Terol.
9. Carlos Aragonés Mendiguchía.
10. Pilar Marcos Domínguez.
11. Gabriel Elorriaga Pisarik.
12. Percival Peter Manglano Albacar.
13. Miguel Ángel Quintanilla Navarro.
14. Lucia Soledad Fernández Alonso.
15. Mirina Cortés Ortega.
16. José Manuel Maza Muriel.
17. Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
18. Álvaro Ballarín Valcárcel.
19. Judit Piquet Flores.
20. Carla Isabel Greciano Barrado.
21. Carlos González Maestre.
22. Ignacio José Pezuela Cabañes.
23. Margarita Rubio Trincado.
24. Andrea Ramiro Montes.
25. Pedro Corbalán Ruíz.
26. Rodrigo Ramos Rodríguez.
27. Ana Belén Millán Arroyo.
28. María Mercedes López Moreno.
29. José de la Uz Pardos.
30. Jesús Moreno García.
31. María Dolores Vargas Fernández.
32. María Josefa Martínez de la Fuente.
33. José Luis Álvarez Ustarroz.
34. Francisco Javier Úbeda Liébana.
35. Ignacio Vázquez Casavilla.
36. Susana Pérez Quislant.
37. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés.
Suplentes:
1. María Begoña García Martín.
2. Francisco José Cruz Mata.
3. Andrés Navarro Morales.
4. Luisa María Fernández Fernández.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Sara Montero Sánchez.
2. Ángel Casero Hernández.
3. Ana María Luque Sillero.
4. Marcelo José Armengot Iborra.
5. Julián Martínez García (PCAS-TC).
6. Jerónimo Fernández García.
7. Adrián Sánchez Gibaja.
8. Ángel Roldán López.
9. Lucía de la Torre Montesino.
10. Encarnación García Llamas.
11. Máximo Sandín Domínguez.
12. Narciso Solorzano Arévalo.
13. Juan Talavera Canales.
14. Montserrat Ortega Gascón.
15. Raquel Álvarez Peláez.
16. Francisco José Martín Sesma (PCAS-TC).
17. Lucas Ricardo González Hernández.
18. Juan Carlos González Sánchez (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
19. María Raquel Ochoa Torres.
20. Teodora Iglesias Sanz (PCAS-TC).
21. Antonio Oyuela Sánchez.
22. José Ramón Lobo Rico.
23. Jorge González Daniel.
24. María Cecilia Voter Renjifo.
25. Belén Ramona Zabala De Díaz.
26. Miguel Gabriel Pérez Noguera.
27. Juan Carlos Martínez Aguera (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
28. Pablo Guarino Luque.
29. Cintia López González.
30. Antonina Dueñas Bonilla.
31. José María Álvarez Fernández.
32. Alfonso Sánchez Moreno (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
33. Francisco Miguel Quintana Domingo.
34. María de las Nieves Gómez Martínez (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
35. Justa Jabardo Peña.
36. Jesús Fernández De Rivas.
37. Amanda Rodríguez Cabal (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
Suplentes:
1. Juan Manuel Moratinos Gutiérrez (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
2. María de Las Mercedes Sancho Mateo.
SENADO
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ana Belén Martín Rojo.
Suplente 1: Luis Cristóbal Serrano.
Suplente 2: Verónica Rossetti López.
2. Jaime Fernández Garrido.
Suplente 1: Beatriz Bonsoms Tapia.
Suplente 2: Juan Ignacio Cabrera Herrero.
3. Margarita Morales Sarabia.
Suplente 1: Arturo García Pavía.
Suplente 2: Alicia De Mena Serrano.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Cristina Narbona Ruiz.
Suplente 1: José Luis Pedreira Massa.
Suplente 2: María Teresa Biehn Cañedo.
2. Antonio Armando Ferrer Sais.
Suplente 1: Pilar Jiménez Hernández.
Suplente 2: Julio Pinto Velasco.
3. Silvia Buabent Vallejo.
Suplente 1: Abraham Rodríguez Gamero.
Suplente 2: María Ángeles Monturiol González.
3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. María Teresa Rodríguez Celador.
Suplente 1: María Jesús Hernández Martín.
Suplente 2: Eduardo Martínez Blanco.
2. Melquiades Jiménez Vicente.
Suplente 1: Eloy Ruiz Fernández.
Suplente 2: Tamara Lucas Fernández.
3. Ramón Tiscar Marín.
Suplente 1: María del Carmen Muñoz Alcalde.
Suplente 2: Miguel Ángel Castaño Sánchez.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Alejandro Plans Beriso.
Suplente 1: M.ª Iciar Pilar Val Burguete.
Suplente 2: Fernando Llorente Gutiérrez.
5. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Gloria López López.
Suplente 1: Miguel Ángel Guadalix Lopez.
Suplente 2: María Paz García Gallego.
2. Arturo Viloria Fuentes.
Suplente 1: Rocío Bravo Pinel.
Suplente 2: Joaquín Salvador Rodríguez.
3. María Luisa Gabaldón Maroto.
Suplente 1: Justo Javier Sancho Vega.
Suplente 2: Beatriz García Hernández.
4. Juan Francisco Cerrada Cerrada.
Suplente 1: Carmen Horrillo García.
Suplente 2: José Manuel Vázquez Ríos.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Ana María Martínez Arenaza Muñoz.
Suplente 1: Víctor Reloba López.
Suplente 2: María Jésus Alonso Lazareno.
2. María Carmen Barrios Corredera.
Suplente 1: Litzi Bianca Rojas Jaldin.
Suplente 2: Rubén Gómez Morán.
3. José Blanco Martos.
Suplente 1: José Iván Almerich García.
Suplente 2: Sonia Morales Barbera.
7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Pilar Líebana Soto.
Suplente 1: José Luis Rey Alique.
Suplente 2: Ismael Rastoll Aranda.
2. José María Robles Élez-Villarroel.
Suplente 1: Elena Mahedero Guillén.
Suplente 2: Ana Isabel García García.
3. Jorge Reus García Bedoya.
Suplente 1: Ángel Serrano Carrasco.
Suplente 2: Esther Ruiz Fernández.
8. VOX (VOX)
1. Ana María Velasco Vidal-Abarca.
Suplente 1: Carlos Bustelo García del Real.
Suplente 2: Margarita de la Pisa Carrión.
9. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Ramón Linaza Iglesias (EQUO).
Suplente 1: Rosario Novalbos Gómez.
Suplente 2: María Victoria Hernández de Riquer.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Pío García-Escudero Márquez.
Suplente 1: Enrique Serrano Sánchez-Tembleque.
Suplente 2: Laura Gutiérrez Barreno.
2. Pedro Manuel Rollán Ojeda.
Suplente 1: Ramón Cubián Martínez.
Suplente 2: Julia de Micheo Carrillo Albornoz.
3. María Paloma Adrados Gautier.
Suplente 1: Marina Pont Huerta.
Suplente 2: Carlos Segura Gutiérrez.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Esteban Cabal Riera (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
Suplente 1: Fidela Esteban Fernández.
Suplente 2: Pedro Martínez García (LOS VERDES-GRUPO VERDE).
2. Jorge Mario Eines Landman.
Suplente 1: Beatriz Luengo Cano.
Suplente 2: José Fernández Piquero.
3. Juana Constantina Zlotescu Simatu.
Suplente 1: David Ubero Iglesias (PCAS-TC).
Suplente 2: Elena Luengo Cano.
JUNTA ELECTORAL DE MÁLAGA
Doña Silvia Nieves Sanz, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Málaga, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Silvia Nieves Sanz.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Ignacio López Cano.
2. Fuensanta Lima Cid.
3. José Carlos Durán Peralta.
4. María Dolores Narváez Bandera.
5. Rafael Fuentes García.
6. Inmaculada Pascual Martín.
7. Francisco Javier Salas Ruiz.
8. Paula Retamero Jiménez.
9. José Sánchez Moreno.
10. María Pilar Ortiz Hidalgo.
11. Jesús Manuel Galeote Albarrán.
Suplentes:
1. Irene Daza Martín.
2. Adolfo Moreno Carrera.
3. María Teresa Agulló Herrada.
4. Rubén Jesús Morales Flores.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Guillermo Díaz Gómez.
2. Irene Rivera Andrés.
3. María Cristina Baca Domingo.
4. Damián Caneda Domingo.
5. Verónica Humet Fuentes.
6. Ana Belén Palomo Ferrer.
7. María Dolores Molina González.
8. David Obadía Chocrón.
9. Javier García Moreno.
10. Francisco José Muñoz García.
11. María Luisa Valero González.
Suplentes:
1. Ana María González Fernández.
2. Jesús Ángel Martín Duzmán.
3. Javier Muñoz Márquez.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Eva Ramos Taillefer.
2. Noemí Pérez Carrasco.
3. Ana Isabel Melguizo Garín.
4. Carlos Fernando Palomo Aranda.
5. Emilio Alejandro Martínez Vuijk.
6. Eva María Bagu Cordero.
7. Marta Aguiar Guerrero.
8. Fernando Marín Gallardo.
9. Salvador Sánchez Sánchez.
10. Juan Manuel Gámez Arjona.
11. María José García Murcia.
Suplentes:
1. Fernando Cera Corral.
2. Blanca Boj Cano.
3. Enrique Manuel Liceras Fernández.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Juan Manuel Fernández Martín.
2. Victoria Soler Anaya.
3. Andrés Alejo Vázquez Podadera.
4. Tania de Paz Olmedo.
5. Carlos Javier Valenzuela Pintanel.
6. María Concepción del Prado Álvarez.
7. José Gregorio Martín Carrasquilla.
8. Dolores Valiente Borrrego.
9. Manuel Picón Lebrón.
10. María Adela Ruiz Cañete.
11. Juan Manuel Pérez Soto.
Suplentes:
1. Ana Soto Torralbo.
2. Fidel Sánchez Chica.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Antonio Jiménez Martínez de Ubago.
2. María Iluminada Ordóñez Casado.
3. Daniel Tomaselli Martín.
4. Ana Isabel Bastida Burgos.
5. Iván Burgos Pardo.
6. Salvador Jesús Ortigosa Gómez.
7. Coral Pacheco Comino.
8. Tomás Díaz Guillén.
9. Natalia González Rando.
10. Gonzalo Triviño Camero.
11. Noelia Lizarte Sánchez.
Suplentes:
1. Daniel Buenaventura Navarro Rubio.
6. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Justo Aliseda Miranda.
2. Francisco Alejo Soriano.
3. María Felicitas Aliseda Miranda.
4. Luis Carlos Timonet Andreu.
5. María González Ríos.
6. Patricia Millán Pérez.
7. María Fernanda Valdez García.
8. Rafael Cañestro Cabello.
9. Andrés Navarro Navas.
10. María Ángela Frías Gaviero.
11. José Antonio Gómez Escalona.
Suplentes:
1. María José Caro Oleas.
2. Manuel Pino Gálvez.
3. María Pilar Asunción Andreu Gómez.
7. VOX (VOX)
1. Patricia Rueda Perelló.
2. Rubén Silvano Manso Olivar.
3. Patricia Cristobalina García de Herrera Fernández.
4. Antonio Alfonso Alcázar Díaz.
5. Blas López García.
6. José Hidalgo Reina.
7. Pedro Barceló Barranco.
8. Loreto Ozores Canella.
9. María Belén Nuflo Morilla.
10. Ana Leticia Briales Alcaraz.
11. Francisco José Vázquez Cárdenas.
12. Faustino Rueda Rodríguez.
.
Suplentes:
1. Beatriz Gloria García Gallego.
2. Mateo José Moya Jiménez.
3. Inmaculada Ana Lara Gómez.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Marco Osorio Ritter.
2. Ana María Parriego de Celis.
3. José María Callejo Marín.
4. María Teresa Sánchez de Mora Parody.
5. Manuel Cuartero Sánchez.
6. Francisca Galiano Moreno.
7. Diego Orozco Heredia.
8. Clara de la Campa Merino.
9. Álvaro Sánchez López-Chicheri.
10. Elisa Sánchez Moya.
11. Francisco de Borja Abos Núnez de Celis.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Alberto Garzón Espinosa.
2. Eva García Sempere.
3. Juan Ramón González Triguero.
4. Isabel Reyes Franco.
5. María Carmen Molina Cañadas.
6. Favio Ernesto Galán Guajardo.
7. Dámaso Márquez Campaña.
8. Victoria Morales Ruiz.
9. Manuel Martínez Latorre.
10. Margarita Toledo Polo.
11. José Ramón Pacheco Morente.
Suplentes:
1. Alicia Pérez Gallardo.
2. Salvador Arijo Andrade.
3. Jesús Ferrete Domínguez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Pablo Montesinos Aguayo.
2. Carolina España Reina.
3. Mario Cortés Carballo.
4. Ángel Luis González Muñoz.
5. Isabel Gema Pérez Recuerda.
6. Daniel Castilla Zumaquero.
7. José Luis Trujillo Castillo.
8. Gema María García Rojo.
9. Alicia de Flores Galán Ramos.
10. María Rosa Morales Serrano.
11. Salvador Vega García (Independiente).
Suplentes:
1. Inmaculada Hernández Rodríguez.
2. Pedro Antonio Ramírez Sánchez.
3. Domingo Recio Gil.
11. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. José María Guerrero Fernández.
2. María Chirino Nieto.
3. José Molina Rodríguez.
4. Rosa María García Heredia.
5. David Moya García.
6. Luis Delgado Ramírez.
7. Alicia María Orellana Cocinero.
8. Armando Cáceres Vázquez.
9. Elena Domínguez Vázquez.
10. Isidoro León Navarro.
11. Manuela García Morilla.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Hita Muñoz.
2. Jesús Ramírez Rodríguez.
3. Verónica Caballero Escobar.
4. Juan Manuel Martín Navas.
5. Alma María Asensi Antuña.
6. David Ramírez Rodríguez.
7. María Eugenia López Jiménez.
8. José Ramón López Casado.
9. Agapita Muñoz Vega.
10. Darío Martín del Pino.
11. Emilio Suárez Villena.
Suplentes:
1. Encarnación Hita Muñoz.
2. Antonio José Asensi Yuste.
3. Carolina Huertas Díaz.
4. Juan Gallego Gaitán.
5. Manuel Rodríguez López.
13. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Carmen Lizárraga Mollinedo.
2. Francisco José Jurado Gilabert.
3. Rosario Luque Torrejón.
4. Ángel Isidoro Rodríguez Ramírez.
5. Encarnación Páez Alba.
6. Juan Carlos Martínez Coll.
7. María Victoria Mendiola Zapatero.
8. Efrén Millet Fernández.
9. Andrea Fernández Velasco.
10. Pablo Alfonso Medina Urda.
11. María Inmaculada Gálvez Torres.
Suplentes:
1. Carmen Borrego Aguayo.
2. David Ingelmo Rodríguez.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Miguel Ángel Heredia Díaz.
Suplente 1: María Belén Delgado Rojas.
Suplente 2: Antonio Ruiz Sánchez.
2. Estefanía Martín Palop.
Suplente 1: Francisco Fernández España.
Suplente 2: Patricia Puertas Ruiz.
3. José Aurelio Aguilar Román.
Suplente 1: Paloma Alonso Sahagún.
Suplente 2: José David Salinas Martín.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Juan Antonio Vargas Ramírez.
Suplente 1: María Sandra Cuesta Pino.
Suplente 2: Azucena Bueno Cosme.
2. María Pilar Conejo Ruiz.
Suplente 1: Gustavo Bedia Chumbo.
Suplente 2: Lourdes Bárbara Urdiales Doña.
3. Sergio Gómez Gutiérrez.
Suplente 1: María Jesús Palacios Álvarez.
Suplente 2: Pablo Jiménez Bernal.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Cristina García Salazar.
Suplente 1: Pablo Narváez Suárez.
Suplente 2: María Auxiliadora Moreno Quintana.
2. Vicente Manuel Corrales Rosado.
Suplente 1: Ana María Colom Pérez.
Suplente 2: José Roca Olmos.
3. Marta Marín Arrabal.
Suplente 1: Iván Marcelino Gómez Gallego.
Suplente 2: María Eugenia Villar Lavaur.
4. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. María Gloria Fernández Ruiz.
Suplente 1: Cristóbal Pérez Anaya.
Suplente 2: Juan Antonio Sánchez Moreno.
5. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Juan José Segura Palacios.
Suplente 1: Vanesa Rodríguez Martín.
Suplente 2: Alejandro Moreno López.
2. Lourdes Fernández Navas.
Suplente 1: Francisco Manuel Moyano Rodríguez.
Suplente 2: Ana Beatriz Broncano Lorenzo.
3. Salvador González Agüera.
Suplente 1: Dolores María Agua Luna.
Suplente 2: José Antonio Arjona Luna.
6. VOX (VOX)
1. Pablo Fernando Sáenz de Tejada Ariza.
Suplente 1: Anabel Ortega Díaz.
Suplente 2: José Miguel Gutiérrez Rodríguez.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Dolores García Sánchez.
Suplente 1: Alberto Javier Gómez Pacios.
Suplente 2: María Dolores Sosa Serván.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Aydé Salomón Ganado.
Suplente 1: Pedro Maya Ruz.
Suplente 2: Carmen Rosa Navajas Moreno.
2. Ernesto Alba Aragón.
Suplente 1: Juan Francisco Navas García.
Suplente 2: Ana Vanessa Cuberos Guzmán.
3. Salvador Pérez Mata.
Suplente 1: Efraín de Jesús Campos Vidal.
Suplente 2: Teresa Sánchez Ramírez.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Ángeles Muñoz Uriol.
Suplente 1: Sandra Jesús Extremera López.
Suplente 2: Juan Alejandro Pascual Martín.
2. Joaquín Luis Ramírez Rodríguez.
Suplente 1: Leonor García-Agua Juli.
Suplente 2: Francisco José Martín Moreno.
3. María Nieves Atencia Fernández.
Suplente 1: José Antonio Víquez Ruiz.
Suplente 2: Aurora Díaz Camacho.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisco José Rodríguez Marín.
Suplente 1: Manolo Sandoval Díaz.
Suplente 2: Ángeles Antuña Cueto.
2. Rafael Núñez Ruiz.
Suplente 1: Aroa Martín del Pino.
Suplente 2: José Manuel Santaella Romero.
3. Isabel Fernández Morales.
Suplente 1: Eduardo Cuesta Cervilla.
Suplente 2: Mar Pérez González.
11. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Francisco Soler Luque.
Suplente 1: María Lozano Pino.
Suplente 2: Pilar Rodríguez López.
JUNTA ELECTORAL DE MURCIA
Doña Mercedes García Sánchez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Murcia,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Murcia, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Mercedes García Sánchez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Miguel Ángel Garaulet Rodríguez.
2. José Luis Martínez González.
3. María Jesús Cachorro Sánchez.
4. María Dolores Cremades Solano.
5. Silvia Muñoz Hernández.
6. Eleuterio Ramón Navarro.
7. María Eugenia Barberi Álvarez.
8. Ramón Fernández Pinilla.
9. Juan Francisco Roda López.
10. Lidia Sofía Gómez Gómez.
Suplentes:
1. Mario Luis Urrea Pérez.
2. Cristina Sánchez Angulo.
3. Adrián Ariel Zittelli Ferrari.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Pedro Saura García.
2. María Soledad Sánchez Jódar.
3. Juan Luis Soto Burillo.
4. Carmen Baños Ruiz.
5. Joaquín Martínez Salmerón.
6. Natividad Muñoz Jiménez.
7. Alejandro Toledo Montoro.
8. Nuria García Sánchez.
9. Carlos Manuel García Martínez.
10. Carmen López Romero.
Suplentes:
1. María Carmen Martínez Muñoz.
2. Pedro José Rubio López.
3. María José Soriano Gil.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ignacio Daniel Carrasco González.
2. Pedro José Díaz Díaz.
3. Josefa de la Gracia Serrano Martínez.
4. Eloísa Julia García Alcázar.
5. Eduardo Konrad López Orenes.
6. Nereida Poré Font.
7. Elisabet Gómez Rascón.
8. Carlos Díaz Correas.
9. María Elisa Abad Candel.
10. Rafael Bermejo Bleda.
Suplentes:
1. Virginia Lidón Toledano Sánchez.
4. DEMOCRACIA PLURAL (DPL)
1. Francisco Miguel Muñoz Garre.
2. María del Pilar Rodríguez Gómez.
3. José García Gil.
4. Diana Muñoz Pérez.
5. Mariano del Carmen Alcaraz Martínez.
6. Raquel Soler Marín.
7. Segundo Humberto Álvarez Pillaga.
8. María Rosa Pérez García.
9. Julián Plaza Jiménez.
10. Gabriel Mario Cotillas Bravo.
5. VOX (VOX)
1. Lourdes Méndez Monasterio.
2. Joaquín Robles López.
3. Luis Gestoso De Miguel.
4. Juan Ignacio Cortés Guardiola.
5. María José Sánchez Alarcón.
6. Juan Manuel Pérez Martínez.
7. Miguel Ángel Mc Donnell Ros.
8. María del Alba Peña Acuña.
9. David Ibáñez Martínez.
10. Alba Franco Elvira.
Suplentes:
1. María Isabel Carpena Guillen.
2. Daniel Diego Giménez Sabiote.
3. María Antonia Murcia Tomás.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Miguel Ángel Hernández Pedreño.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Javier Sánchez Serna.
2. María Esther Herguedas Aparicio.
3. María Elía Olgoso Rubio.
4. John David Babyack Hernández.
5. Alicia Madrid Aznárez.
6. Víctor Manuel Egio García.
7. Juana María Marín Muñoz.
8. Miguel Campillo Ros.
9. María Aurora Ferrer González.
10. Antonio Urbina Yeregui.
Suplentes:
1. Francisco Javier Cases Alarcón.
2. Eugenia Justa Castaño Rodríguez.
3. Manuel Isidro Morcillo Herrera.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Fuensanta Garcés de los Fayos Montesinos.
2. Francisco José Sánchez López.
3. María de los Ángeles Roku Enseme.
4. Neido Manuel González Álvarez.
5. Concepción Hernández Mompean.
6. Manuel Fernández Planes.
7. Josefa Fernández Planes.
8. Francisco Saura Mármol.
9. María Josefa Cánovas Caja.
10. Jesús Arahuetes Hidalgo.
Suplentes:
1. Rafaela Pérez Verdú.
2. Luis Miguel San Nicolás Monje.
3. Ana Rubio García.
4. Roberto Romera Vivancos.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Francisco Jesús Valverde Martínez.
2. María Sánchez Sánchez.
3. Inés Andreu Ferrer.
4. Antonio Alcaraz González (Independiente).
5. Julio Hernández García.
6. Moisés Escudero Cano.
7. Blanca Madrid Navarro.
8. José Antonio Martínez Sánchez.
9. Emma Hernández Martínez.
10. José Javier Pina Torres.
Suplentes:
1. Jesús Galera Fernández.
2. Rubén Alacil Tomás.
10. SOMOS REGIÓN (SOMOS REGIÓN)
1. Jesús Macanás Sánchez.
2. Iria Vidal Vázquez.
3. Antonio Ibarra Lorente.
4. Manuela García Espinosa.
5. Tomás Sánchez Ojaos.
6. Pascuala Guardiola González.
7. Guillermo José Enriquez Carrillo.
8. María Teresa Jesús Bueno Delgado.
9. Jesús Miguel Manzano Roca.
10. José Gómez Fuentes.
Suplentes:
1. Mario Pellicer Pérez.
2. María Pilar García Santos.
11. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Bernardo Baños González.
2. Estefanía Moreno Alejo.
3. Raúl Pérez Abarca.
4. María Isabel García Gahete.
5. Alex Mateu Alfonso.
6. Francisca García Lozano.
7. Víctor Cárdenas Badenes.
8. Estela del Mar Martorell Chaques.
9. Daniel Burguera Videns.
10. Carlos Bañuls Peiró.
12. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Francisco Javier Trigueros Cano.
2. Maravillas del Carmen Jiménez Monreal.
3. Mariano José Franco Sánchez.
4. Francisco Javier Bel Gómez.
5. Nefertarí Gómez Carrasco.
6. Diego Andreo Mateos.
7. Juan Egea Rosique.
8. Nuria Hernández López.
9. José Mariano Jiménez Ortiz.
10. Natalia Hernández Gálvez (Independiente).
13. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Teodoro García Egea.
2. Isabel María Borrego Cortés.
3. Juan Luis Pedreño Molina.
4. Antonia López Moya.
5. Marcos Ortuño Soto.
6. Nuria Guijarro Carrillo.
7. María Josefa Pilar Hernández Cano.
8. Catalina Herrero López.
9. Miguel Ángel Noguera Gómez.
10. Nicolás Ruiz Gómez.
Suplentes:
1. Francisco José García Hernández.
2. José Ignacio Medina Bernal.
3. María José Bedia Navarro.
4. Gabriel Jesús Raja Ruiz.
5. Patricia Martínez Copete.
14. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Óscar Urralburu Arza.
2. María Giménez Casalduero.
3. José Fernández-Rufete Reverte (EQUO).
4. Carmen Garay Vicente.
5. José Ángel López Jiménez.
6. Ana María Suárez Aller (EQUO).
7. Francisco José Béjar Galera.
8. María Magdalena Díaz Guillermo.
9. Santiago Pina Caravaca.
10. María de la Concepción García Altares.
Suplentes:
1. Joaquín Pascual Sánchez Onteniente (EQUO).
2. Beatriz María Algárate Heredia (EQUO).
3. Fulgencio Madrid Conesa.
4. Juan Ángel Sánchez Naharro.
5. María de la Fé Sánchez Ros.
6. Francisco Javier Sánchez Única.
7. María Esther Martos Moreno.
8. Juan Antonio Ortega García (EQUO).
9. Marta Martínez García.
15. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. David Kevin López Ruiz.
2. Marina Sánchez Matas.
3. Francisco de Borja Casado Garrido.
4. Minerva Victorio Cano.
5. Cesáreo Emilio Fernández Molina.
6. María Carmen Ruiz Molina.
7. Lázaro Méndez García.
8. Teresa Matas Ruiz.
9. Antonio Ginés Hernández Gallego.
10. María Amparo Fernández Molina.
Suplentes:
1. Alejandro Guirao Sánchez.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Francisco José Caparrós Fernández.
Suplente 1: Eva García Bastida.
Suplente 2: Salvador Ros Nicolás.
2. María Pilar Muñoz Sánchez.
Suplente 1: Robert Bernardo Pocklington Freakley.
Suplente 2: María Luisa Concepción Hernández Sánchez.
3. José Luis Ros Medina.
Suplente 1: Rosa Ana Pacios Fernández.
Suplente 2: Rubén Peñalver Martínez.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Joaquín López Pagán.
Suplente 1: María José Partera González.
Suplente 2: Carlos Manuel López Sandoval.
2. Susana Hernández Ruiz.
Suplente 1: Raimundo Benzal Román.
Suplente 2: Rosa María Romero Gámez.
3. Emilio Martínez Martínez.
Suplente 1: María del Carmen López Alba.
Suplente 2: Francisco José Ruiz Ortiz.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Mónica Fátima Vozmediano Domínguez.
Suplente 1: Francisco Luis López Segura.
Suplente 2: María Cecilia Abad Tomás.
2. Francisco José Rivas Nadal.
Suplente 1: María Celia Collado García.
Suplente 2: Fernando Lobo Benítez.
3. Ángela Soler Lloret.
Suplente 1: Rodrigo Javier Gómez Carreras.
Suplente 2: Ana Cascales Abad.
4. DEMOCRACIA PLURAL (DPL)
1. Pedro Caraballo Garrido.
Suplente 1: Carmen Abellán Jiménez.
Suplente 2: Sergio Martínez Sánchez.
5. VOX (VOX)
1. José Manuel Marín Gascón.
Suplente 1: María Isabel García Lorenzo.
Suplente 2: Francisco Martínez Ortega.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Teresa Hernández Sánchez.
Suplente 1: José Manuel Patón López.
Suplente 2: Francisca Estín Ruiz.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Trinidad Espinosa Mira.
Suplente 1: Carmen María Pina Rojo.
Suplente 2: Jesús Molina García.
2. Tania Rojo Gómez.
Suplente 1: Mercedes Pérez Andreu.
Suplente 2: Raúl Alguacil Titos.
3. Carlos Rodríguez Ibañez.
Suplente 1: Gabriel Vegara Real.
Suplente 2: María Belén García Martín.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Sergio Sánchez Nicolás.
Suplente 1: María José Mas Hernández.
Suplente 2: Francisco Iniesta Jiménez.
2. Rafael Ordinas Montojo.
Suplente 1: Alejandra Fernández Vivancos.
Suplente 2: Ricardo José Martínez Monllor.
3. María de los Desamparados Estellés Carrasco.
Suplente 1: José Martínez Expósito.
Suplente 2: Carmen Sánchez López.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Alejandro Navarro Fuentes.
Suplente 1: Ramón Madrid Ruiz.
Suplente 2: María del Pilar Hernández Peñalver.
2. José Luis Aedo Zamora.
Suplente 1: Enrique Martínez Delgado.
Suplente 2: Violeta Sabater Martínez.
10. SOMOS REGIÓN (SOMOS REGIÓN)
1. Juana María Rocamora Lillo.
Suplente 1: Antonio Ramón Martínez Sánchez.
Suplente 2: Ascensión Hernández García.
2. María Rosario Segura Pérez Muelas.
Suplente 1: Gregorio Sánchez Olivares.
Suplente 2: Francisca López Piñera.
3. Jesús Rodríguez Madrid.
Suplente 1: Pedro Sabiote Conesa.
Suplente 2: Ana Illán Franco.
11. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. José Moreno Madrid.
Suplente 1: Esmeragda Ramos Carrasco.
Suplente 2: Juan José Martín Pignatelli.
2. María Cristina Fernández López.
Suplente 1: Rosario Pilar Trigueros Cano.
Suplente 2: Francisco José Perelló Faura.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Violante Tomás Olivares.
Suplente 1: Clemente García Martínez.
Suplente 2: Rosario Navarro Guillén.
2. Juan María Vázquez Rojas.
Suplente 1: Mónica Azorín Marco.
Suplente 2: Juan de la Luz Pérez Salmerón.
3. Francisco Martín Bernabé Pérez.
Suplente 1: Catalina Pérez Jiménez.
Suplente 2: Francisco Javier Martínez Pérez.
13. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. María López Montalbán.
Suplente 1: José María Marín Martínez.
Suplente 2: Alfonsa Huete Martínez.
14. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. José Guerrero Villar.
Suplente 1: Laura María Rojas Molina.
Suplente 2: David Palazón Cano.
JUNTA ELECTORAL DE NAVARRA
Doña Adela María Nuin Iturri, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Navarra,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Pamplona/Iruña, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Adela María Nuin Iturri.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. María Isabel «BEL» Pozueta Fernández.
2. Eneko Compains Silva.
3. Verónica Ferreira Pinto.
4. Laia Prat Gallego.
5. Paolo Albanese Weiss.
Suplentes:
1. Maite Sabalza Baztán.
2. Lur Albizu Etxetxipía.
3. Koldo Amezketa Díaz.
2. NAVARRA SUMA (NA+)
1. Sergio Sayas López (UPN).
2. Carlos García Adanero (UPN).
3. Cristina Sanz Barrios (PP).
4. Sonia Pérez Martínez (CS).
5. Alberto Picón Cintas (PP).
Suplentes:
1. María Isabel Echave Blanco (UPN).
2. Miguel Olza Moreno (CS).
3. Ana María Ruiz de Arriba (UPN).
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Santos Cerdán León.
2. María Concepción Ruiz López.
3. Jesús María Rodríguez Gómez.
4. María Pilar De Rodrigo Gutiérrez.
5. Antonio Gila Gila.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Uxue Goñi Del Río.
2. Luis Pradas Amat.
3. Yobana María Martínez Cunchillos.
4. Antonio Ortega González.
5. María Yolanda Rogel Gómez.
Suplentes:
1. Enrique Falagán Rodríguez.
5. GEROA BAI (GBAI)
1. María Roncesvalles Solana Arana.
2. Daniel Innerarity Grau.
3. Juana García Santamaría.
4. Iñaki Cabasés Hita.
5. Amaia Arrizabalaga Idiáquez.
Suplentes:
1. Pello Salaburu Etxeberría.
2. Blanca Regulez Álvarez.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO/BIDEZKO MUNDURANTZ (PUM+J)
1. Ignacio Agustín Aranzadi De Miguel.
2. María Arantzazu Munárriz Rodríguez.
3. José Javier Andueza Artal.
4. Itsaso Elejalde Elcuaz.
5. Enrique Carlos Abad Martínez.
7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Pedro López Ibarrola.
2. Leire Catalá Alonso.
3. Liher Calleja Montero.
4. Martín Latorre Irigoien.
5. Raquel González Blanco.
Suplentes:
1. Javier Sebastián García.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Ione Belarra Urteaga.
2. Guillén Carroza Armendariz.
3. María Teresa Mola Sáinz.
4. María del Mar Caleya Caña.
5. Iñigo Rudi Jiménez.
Suplentes:
1. Juan Carlos Berasategui Martínez.
2. Virginia Alonso Aparicio.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Inemoha Gonzalez Calero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
2. Pablo Martínez Escanciano (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
3. María Ángeles Goicoechea Fuentes (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
4. Alfonso Campos Gómez (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
5. Ángel Artigas Canales (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
Suplentes:
1. Pilar Gracia Romero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
2. Francisco Ernesto Bosch Navarro (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
10. VOX (VOX)
1. Adolfo Alústiza Romero.
2. Garabet Tarjenian Astour.
3. María Milagros Eraso Osés.
4. Elisa Pacho Zapatero.
5. Rafael Mora Martínez.
SENADO
1. EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)
1. Oihan Mendo Goñi.
Suplente 1: Maider Beloki Unzu.
Suplente 2: Joseba Ginés Eleno.
2. Oihane Indakoetxea Barbería.
Suplente 1: Pedro María Larrea Goñi.
Suplente 2: Sabina García Olmeda.
3. Pello Mirena Gurbindo Jiménez.
Suplente 1: Edurne León Sánchez.
Suplente 2: Haritz Romeo Galdeano.
2. NAVARRA SUMA (NA+)
1. Ruth Goñi Sarriés (CS).
Suplente 1: Sara Climent Sánchez (CS).
Suplente 2: Miguel Cornejo Castro (CS).
2. Amelia Salanueva Murguialday (PP).
Suplente 1: Sergio Achútegui Puerta (PP).
Suplente 2: Elena Victoria Samaniego Covarrubias (PP).
3. Alberto Catalán Higueras (UPN).
Suplente 1: Raquel Irigalba Sola (UPN).
Suplente 2: Carlos Monasterio Muro (UPN).
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Antonio Magdaleno Alegria.
Suplente 1: Úrsula Pardo García.
Suplente 2: Javier Iturbe Ecay.
2. Susana Castanera Gomez.
Suplente 1: Juan Minchan Prado.
Suplente 2: Alicia Erdociain Saralegui.
3. Emilio Cigudosa García.
Suplente 1: María Concepcion Gomez Martínez.
Suplente 2: Antonio Ángel Moleón Segura.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María del Mar García Blanco.
Suplente 1: David Cortés Muñoz.
Suplente 2: Olga Concepción Álvarez Alonso.
2. Fernando Camacho De Coca.
Suplente 1: María Isabel Martínez Alija.
Suplente 2: Miguel Ángel Padilla Ortiz.
5. GEROA BAI (GBAI)
1. Esther Cremaes Mayorga.
Suplente 1: Juan José Ausán Errandonea.
Suplente 2: Ana Ansa Ascunce.
2. Josean Beloqui Colomo.
Suplente 1: María Pilar García Castellano.
Suplente 2: Joseba Orduña Navarro.
3. Antso Fernández Oregi.
Suplente 1: Aneva Cilveti Loperena.
Suplente 2: Jesús María Janices Pérez.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO/BIDEZKO MUNDURANTZ (PUM+J)
1. María Rosario Elcuaz Viscarret.
Suplente 1: Luis Manuel Amezcua Zabalza.
Suplente 2: Marta Oloriz Iturgaiz.
7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Enmakon Boyero Vicente.
Suplente 1: Estrella Castelao Rial.
Suplente 2: Daniel Martínez Turrero.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Ángeles Roldán Marrodán.
Suplente 1: Gaxan Sad Irisarri.
Suplente 2: Eva Calleja Novales.
2. Iñaki Bernal Lumbreras.
Suplente 1: Miguel José Izu Belloso.
Suplente 2: Ane María Sánchez Jiménez.
3. María Joaquina Gómez Pérez.
Suplente 1: Imanol Cobos Velasco.
Suplente 2: Ainhoa Aznarez Igarza.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Santiago Casal Ribas (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
Suplente 1: Alicia de la Almudena Esperon Bragado (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
Suplente 2: Pablo Alfonso Bosch Esperon (RECORTES CERO-GRUPO VERDE).
10. VOX (VOX)
1. René Demarch Fariñas.
Suplente 1: Elena Garrués Íñigo.
Suplente 2: Javier Horno Gracia.
JUNTA ELECTORAL DE OURENSE
Doña Margarita Peña Bonet, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Ourense,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ourense, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Margarita Peña Bonet.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Rafael Manuel Fernández Alonso.
2. Maite Bugallo Castiñeiras.
3. Carlos Besada Gesto.
4. Carmela Armesto Fernández.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Dolores Rodríguez Vargas.
2. Rubén Bermejo Cañas.
3. Marta Gómez Cillán.
4. Juan Manuel Vilarchao Gallego.
Suplente:
1. Genoveva Pérez Van Kappel.
3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. Marina Ortega Otero.
2. Adolfo Pérez Abellás.
3. Uxía Tizón Vázquez.
4. Antonio Fernández Feijóo.
Suplentes:
1. Ofelia Puente Carracedo.
2. Antonio Alonso Suárez.
3. María Luisa Bravo del Caño.
4. Antonio González Fiuza.
5. Rosario Rodríguez Delgado.
6. José Antonio Corral Álvarez.
7. Rosa Mary Pérez Yáñez.
8. José Manuel Rodríguez López.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Inés Celia Iglesias Canle.
2. José Araújo Fernández.
3. Xan Xosé Rodríguez González.
4. Samanta Ferreiro González.
Suplentes:
1. Rubén Gómez Nóvoa.
2. Érica Álvarez Blanco.
3. Sonia Vieira Otero.
4. María Soledad Limia Gómez.
5. Diego José Rey Fernández.
5. VOX (VOX)
1. Begoña Conde Álvarez.
2. María Jesús Fernández Rodríguez.
3. Antonio Pérez Álvarez.
4. Cristino Arroyo Ramos.
Suplentes:
1. María Jesús Morenza Fernández.
2. Manuel Villanueva Grau.
3. Emilio Pascual San José.
6. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Emilio de Miguel Campos.
2. Eva Vázquez Novoa.
3. Mario Bastero Prieto.
4. María Laura Iglesias García.
Suplente:
1. José Carlos Feijóo Álvarez.
7. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. Francisco García Suárez.
2. Samanta Barreira Vivián.
3. Rita María Lago Ozores.
4. Iago Tabarés Pérez Piñeiro.
Suplentes:
1. Santiago Rodríguez Cid.
2. Ana Paz Villar.
3. Aleixo Fernández Sousa.
4. Noa Fernández Gómez.
5. Rubén Requeixo Ribeira.
6. Perfecta Losada Sotelo.
7. Gabriel Rodríguez Fernández.
8. Blanca María Rodríguez Ávila.
9. Xosé Diego Pérez Fontes.
10. Xela Fernández Veloso.
8. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. David Bruzos Higuero.
2. Isabel Peña-Rey Lorenzo.
3. José Antonio Villar Blanco.
4. Paloma Manzano González.
Suplentes:
1. Victoria María (Vicky) Álvarez Docabo.
2. Víctor Seara Gago.
3. Carlos Alberto Garrido López.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Ana Belén Vázquez Blanco.
2. Celso Luis Delgado Arce.
3. Avelino García Ferradal.
4. María Belén Gómez Quevedo.
Suplentes:
1. María Antonia Rilo Veiga.
2. Manuel Prado López.
3. Diana Sulleiro Lema.
4. Sara Isabel Hermida Álvarez.
5. José Ángel Sampayo Fernández.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Estrella Mo Álvarez.
2. Sergio Pérez Miguel.
3. Teresa González Castiñeira.
4. José Manuel Domínguez Rivera.
Suplentes:
1. Saleta Barinaga López.
2. Enrique Costas Teijeiro.
3. Francisco Pereira Pereira.
SENADO
1. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Quique Rodríguez Portabales.
Suplente 1: María del Carmen González González.
Suplente 2: Manuel Fernández Armesto.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Natalia Conde Gestido.
Suplente 1: Rafael Cabanelas Seara.
Suplente 2: Patricia Mestres Campdepadrós.
2. Daniel Carrascosa Díez.
Suplente 1: Aroa Mateos Pérez.
Suplente 2: Héctor Horacio Suárez Otero.
3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. Juan Carlos Francisco Rivera.
Suplente 1: Miguel Bautista Carballo.
Suplente 2: Elena Rosa de Prada Creo.
2. Marina Tallón Núñez.
Suplente 1: María Alexia Guede Fernández.
Suplente 2: Luis Gulin Iglesias.
3. José Antonio Pérez Domínguez.
Suplente 1: Álvaro de Castro Palomares.
Suplente 2: Lorena Guerra Vigo.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Montserrat Lama Novoa.
Suplente 1: Juan Carlos Solveira Pereira.
Suplente 2: Nuria Coello Pérez.
2. Luis Garayzábal Pedrosa.
Suplente 1: María José Fernández Soto.
Suplente 2: Emiliano Rodríguez González.
3. Marcos Chao Amaro.
Suplente 1: Irene Aguiar Lale.
Suplente 2: Jorge González Quesada.
5. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. José Jesús Ramos Martínez.
Suplente 1: Amelia Rosa Sebio Peña.
Suplente 2: Ernesto Quintillán Núñez.
6. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. Gloria María Viana Rivera.
Suplente 1: Roberto Quiroga López.
Suplente 2: Luísa del Carmen Escudero Centrón.
2. Xosé Lois González Vázquez «O Carrabouxo».
Suplente 1: Núria Rodríguez Rodríguez.
Suplente 2: Pablo Dapena Zapico.
3. Celso Sánchez González (Independiente).
Suplente 1: María Elena Suárez Estévez.
Suplente 2: Manuel Ferro Rodríguez.
7. VOX (VOX)
1. Julio Rodríguez Garrido.
Suplente 1: Ana Rodríguez Rosa.
Suplente 2: Jorge Rey González.
8. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. A. Víctor Ferreiro Outomuro.
Suplente 1: Sandra Armesto Baztán.
Suplente 2: Leandro Enrique Estrada Fuentes.
2. Celsa Ferreiro Varela.
Suplente 1: José Millán Fernández Borque.
Suplente 2: María Dolores Lluch Rodrigo.
3. Manuel Nogueira Pérez.
Suplente 1: María del Carmen Blanco Fernández.
Suplente 2: Avelino Carballo Álvarez.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Miguel Ángel Viso Diéguez.
Suplente 1: María Cristina Francisco Vílchez.
Suplente 2: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.
2. María del Carmen Leyte Coello.
Suplente 1: Susana Vázquez Dorado.
Suplente 2: José Luis Sousa López.
3. Francisco José Fernández Pérez.
Suplente 1: Rogelio Martínez González.
Suplente 2: Pilar Monserrat Caride González.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Celia Rodríguez Rodríguez.
Suplente 1: Gaspar Payán Díaz.
Suplente 2: Consuelo Bouzón Besteiro.
JUNTA ELECTORAL DE PALENCIA
Doña Margarita Martín Zamora, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Palencia,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Palencia, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Margarita Martín Zamora.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Aitor Vega García.
2. Miguel Ángel Ahumada Arranz.
3. Urz Fernández Villa.
Suplentes:
1. Sócrates Fernández López.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Beatriz Represa López.
2. Antonio Robles Rodríguez.
3. Eulalia Beatriz Caspar Pérez.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Luz Martínez Seijo.
2. Antonio Ángel Casas Simón.
3. Belinda Mencía Solla.
Suplentes:
1. Moisés Payo Nevares.
2. Laura Fernández Araguz.
3. Alejandro Martínez Acosta.
4. María Guadalupe Alonso García.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Enrique Víctor Rivero Ortega.
2. Sonia Terceño González.
3. Manuel Santos Rodilana.
Suplentes:
1. Ana Isabel Barrio Pérez.
2. Jesús María de Hoyos Andrés.
3. Yolanda Margarita Fernández Rico.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Teresa Pérez Saldaña.
2. Juan Ángel Pérez Saldaña.
3. Rebeca Molledo Cebrián.
Suplentes:
1. Andrés Guillermo Jiménez Zorrilla.
6. VOX (VOX)
1. Sonia Luisa Lalanda Sanmiguel.
2. Santiago José Diez Agúndez.
3. Sandra González Pérez.
Suplentes:
1. Miguel Gómez Cea.
2. Luisa Eugenia Santos Ibarzábal.
3. José Ángel Herreros Ventosa.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Sandra Menéndez Holguín.
2. Tomás Martínez González (PCAS-TC).
3. Freddy Antonio Bera Bautista.
Suplentes:
1. Antonia Ochoa Amador.
2. Miguel Huaman Laurente.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Rosa María Zorita Ballesteros.
2. Juan Antonio Gascón Sorribas.
3. Alberto Pozo Diez.
Suplentes:
1. Guadalupe Pérez Pérez.
2. David Carlos Decimavilla Redondo.
9. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. José María Reguera González.
2. Adrián González Ruiz.
3. María Begoña Pérez Pérez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Milagros Marcos Ortega.
2. Miguel Ángel Paniagua Núñez.
3. Ana Reyes San Millán Vallejo.
Suplentes:
1. María Dolores Marcos Gómez.
2. Luis Santos González.
3. Alfonso Núñez Plaza.
SENADO
1. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Ignacio García Valdecasas Medina.
Suplente 1: María Soledad Riu Méndez-Vigo.
Suplente 2: Daniel Moreno Linares.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Rosa María Aldea Gómez.
Suplente 1: Óscar Bilbao González.
Suplente 2: Marta Largo Fernández.
2. Eduardo Santiago Calleja.
Suplente 1: Daniel de Jesús Treceño.
Suplente 2: María Carmen Dueñas Labarías.
3. Gema Sanfélix Boubeta.
Suplente 1: Irene Antolín García.
Suplente 2: Alberto Fernández Polanco.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Elena León Hernández.
Suplente 1: Jorge Luis Herrero Acebo.
Suplente 2: Carlota Azucena González Moya.
2. Juan José Espegel Morte.
Suplente 1: María del Pilar Peláez Rodea.
Suplente 2: Álvaro Antón Blanco.
3. María Llorente Tejedor.
Suplente 1: Eduardo Cepeda Martínez.
Suplente 2: María José León Martín.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Alba García Roldán.
Suplente 1: Xosé Costa Álvarez.
Suplente 2: María del Rocío Gómez Sánchez.
2. Florencio Blas Benito.
Suplente 1: Rosa Lorena Pumariño Romero.
Suplente 2: Alejandro Gallego Parra.
5. VOX (VOX)
1. Luis Javier Zurro Hernández.
Suplente 1: César Carmelo Merino Tamayo.
Suplente 2: María Isabel García Sanjuán.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Ernesto Miguel Nungesser Luengo.
Suplente 1: Lara Noguera Catalán.
Suplente 2: Tito Diego Sánchez Salazar.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Luis Álvaro Villoldo Pelayo.
Suplente 1: José Gabriel Zurbano Melero.
Suplente 2: Nuria González Blázquez.
2. Rosa María Rebolledo Manuel.
Suplente 1: María Elena Hidalgo Mediavilla.
Suplente 2: Israel Caballero Hierro.
3. Eduardo Velázquez Martín.
Suplente 1: Rocío Blanco Castro.
Suplente 2: Julián de la Fuente Diago.
8. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Julio César de Alaiz Martínez.
Suplente 1: Patrocinio Castañeda Martín.
Suplente 2: Elena Antolín Piñán.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Rodrigo Mediavilla Pérez.
Suplente 1: María Victoria Álvarez Somoano.
Suplente 2: Carlos Morchón Collado.
2. Jorge Domingo Martínez Antolín.
Suplente 1: Manuel Maza de las Heras.
Suplente 2: María Inmaculada Malanda Fernández.
3. María del Carmen Fernández Caballero.
Suplente 1: Jesús Ángel Tapia Cea.
Suplente 2: Sara Esteban de los Mozos.
JUNTA ELECTORAL DE LAS PALMAS
Don Francisco Javier Labella Ribes, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Las Palmas,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Francisco Javier Labella Ribes.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Ana María Lermo Castelar.
2. Mouhamadou Moustapha Diop Wade.
3. Benito José Hernández Pérez.
4. Lilián Raquel Cabrera Lermo.
5. África García Cano Martín.
6. Agustín Julio Prieto Aguilar.
7. Ángel González Lorenzo.
8. Rosa María Oramas Torres.
2. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Vicente Quintana Pérez.
2. Gloria Esther Olivares Araña.
3. Olegario De La Cruz Vega.
4. Avenchara Rodríguez Pérez.
5. Carlos Gustavo Tejera Toledo.
6. Rosario (Rosy) Perdomo Araña.
7. Germán Ramos Ramos.
8. Francisca Rosa Cardona Estupiñán.
Suplentes:
1. Antonio Basilio Ordóñez Sánchez.
2. Noelia Manuela Morales Rodríguez.
3. José Miguel (Pepito Araña) Ramírez Araña.
3. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ana Alzola Oliver.
2. Javier Vázquez De La Torre Salinas.
3. Gara Rodríguez Gutiérrez.
4. Pedro Manuel Domínguez Sánchez.
5. Idaira María González Betancor.
6. Sergio López Casillas.
7. María Noelia Padrón Bailón.
8. Rafael Ángel De León Morales.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Saúl Ramírez Freire.
2. Eugenio Vidal Rivera.
3. Ana María Santana Zarzo.
4. Saray Rodríguez Marrero.
5. David Ademar Crespo Martínez.
6. Javier Gutiérrez Hernández.
7. Pedro Amadeo Cabrera Perdomo.
8. María Aranzazu Tejera Cabrera.
Suplentes:
1. Ana Isabel Navarro García.
2. Ibrahima Soumare Mane.
3. Carlos Javier Oliva Hernández.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Elena Mañez Rodríguez.
2. Luc André Diouf Dioh.
3. Ariagona González Pérez.
4. Juan Bernado Fuentes Curbelo.
5. María Arabia Mendoza Pérez.
6. José Francisco Duque Morán.
7. María Sandra Celís Rivero.
8. Miguel Merino Bermejo.
Suplentes:
1. María Obelesa Hernández Delgado.
2. Kevin Carlos Paz de Bijl.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Iris Cristina Sánchez Padrón.
2. Esperanza Pino Gómez Guerra.
3. Mariano Letón Cortijo.
4. Carmen Nieves Martín Plata.
5. Cristóbal Torrejón Lara.
6. María del Mar García Arias.
7. Antonio Fermín Pérez Santiago.
8. Matías Cristo Monzón Hernández.
Suplentes:
1. Ana Isabel Abarca Araya.
2. Bernabé de Jesús Bolaños Caballero.
3. Esther Soledad Díaz del Rio.
7. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Ylenia Pulido González.
2. Kevin Benítez García.
3. Francisco Vaquero Rodríguez.
4. Yurena Ramírez Hernández.
5. Jassary Alvarado Valiño.
6. María del Pilar Sosa Díaz.
7. Juan Francisco Rodríguez Báez.
8. José Valentín Ramírez Armas.
Suplentes:
1. Elba Eliana Jiménez Martel.
2. Marta Domínguez Moreno.
8. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. Carmelo Antonio Suárez Cabrera.
2. Sonia María Iruela Padrón.
3. Roberto Carlos Barreto Alcántara.
4. Juan Samper Pérez.
5. Jesús Dolores Betancor Ojeda.
6. José Del Toro Augusto.
7. Isabel Concepción Talavera Quevedo.
8. Antonia Cruz Quintana Cárdenes.
Suplentes:
1. María Rosa Delgado Santana.
2. Antonio José Santana Alonso.
3. Federico de Santa Ana Fernández.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Guillermo Carlos Mariscal Anaya.
2. María Auxiliadora Pérez Díaz.
3. María Inmaculada Sáez Santiago.
4. Gustavo Berriel Hernández.
5. Francisco Domingo Cabrera García.
6. Margarita Ángeles López Santana.
7. Alejandro Pérez Serra.
8. Carmen Teresa León Bueno.
Suplentes:
1. Bruno Pérez Saavedra.
2. María Ángeles Valls Gumiel.
10. NUEVA CANARIAS COALICIÓN CANARIA (NC-CCa)
1. Pedro Quevedo Iturbe.
2. María Fernández Pérez.
3. Carmen Rosa Hernández Jorge.
4. Eduardo Díaz Martín.
5. Candelaria Umpiérrez Ramos.
6. María del Pilar Rodríguez Ávila.
7. Tamara Leila Fietz Lorenzo.
8. Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
Suplentes:
1. María Isabel Guerra Sánchez.
2. Pedro Jesús Rodríguez De León.
3. Wenceslao Berriel Martínez.
4. Cristelle Iorio.
11. LOS VERDES (VERDES o LOS VERDES o LV)
1. Nereida López Casañas.
2. Bernardo Kore Knudsen Vizcaino.
3. María Cruz Munguía Pulido.
4. Francisco Agustín Ojeda Ramírez.
5. Naira Rodríguez Rodríguez.
6. Antonio Melchor Madrid Cervera.
7. María del Carmen Gironda Benítes.
8. Pedro Pablo Medina Sánchez.
Suplentes:
1. Leticia María Álamo García.
2. Domingo Afonso Martín.
12. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Victoria Rosell Aguilar.
2. María del Carmen Pita Cárdenes.
3. Hiurma Castejón Suárez.
4. Andrés Wenceslao León Almeida.
5. Eduardo Tarquis Rodríguez.
6. Carmelo Vicente Ramírez Alejandro.
7. Carmen Valido Pérez.
8. Ángel De los Reyes Sarmiento Medina.
Suplentes:
1. Myriam Elisabeth Barros Grosso.
2. Concepción Melany Molina Schwedes.
3. Manuel Jesús Pérez Pérez.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisca Dolores Artiles Hernández.
2. José Francisco Santana Alfonso.
3. Paula Arguedas Gaspar.
4. Josué Enríque Flores Palacios.
5. Ana María Fernández Nájera.
6. José Manuel Quintana Alejo.
7. Concepción Jiménez Rodríguez.
8. José Juan García Barrera.
Suplentes:
1. Glora Ángeles Hernández Alejo.
2. Manuel Jesús Cruz Saavedra.
3. Francisca Hernández Ramos.
4. José Miguel Melián Hernández.
14. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez.
2. José Manuel Quintana Santana.
3. Yolanda Blanco Vidal.
4. Samuel Castellano Sánchez.
5. Guacimara Sabina Pérez Barrera.
6. Grimanesa Tattina Marrero Ramos.
7. Pedro Manuel González Hernández.
8. Katherina Santana Torres.
Suplentes:
1. Fernando Barrera D’Amico.
2. Guayarmina Méndez Laguna.
15. VOX (VOX)
1. José María Vázquez Álvarez.
2. Andrés Alberto Rodríguez Almeida.
3. Ángel Treviño Martín.
4. Alexandra María Aguilar Monsalvo.
5. Silvia del Carmen Rodríguez Jiménez.
6. María de los Ángeles Barroso Santana.
7. Jesús Vicente Galván Sasia.
8. Agustín Carmelo González Rodríguez.
Suplentes:
1. María Elda Cabrera Riverol.
2. Israel Salas Jiménez.
3. Jaime González Canomanuel.
16. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Alejandro Alonso Vega.
2. Manuel Perdomo Armas.
3. Ismael Sánchez Hernández.
SENADO
Circunscripción electoral: Fuerteventura
1. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. José Manuel Vázquez Rodríguez.
Suplente 1: Begoña Desiré Olivares Araña.
Suplente 2: Antonio Ramón Blanco Ramos.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Ignacio López de Vicuña Artola.
Suplente 1: Diana Elena Chitoiu Chitoiu.
Suplente 2: Antonio Jesús Hernández Arteaga.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Paloma Hernández Cerezo.
Suplente 1: Domingo Curbelo Morales.
Suplente 2: María Jesús de la Cruz Monserrat.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Ángeles Encabo López.
Suplente 1: Miguel Sánchez Rivero.
Suplente 2: Elena del Carmen Fernández Roger.
5. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. María del Carmen Talavera Quevedo.
Suplente 1: Miguel Trujillo Toledo.
Suplente 2: Julia Monserrat Díaz.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jéssica del Carmen de León Verdugo.
Suplente 1: Jorge Cándido Marante Martín.
Suplente 2: María Concepción López Cruz.
7. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-NC)
1. Dolores Alicia García Martínez.
Suplente 1: Oliver Cristhian González Cabrera.
Suplente 2: María Franco Medina.
8. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Rafael Méndez Quintela.
Suplente 1: Alejandro Gabriel González Ciciaro.
Suplente 2: María del Pino Cabrera Padrón.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Elena Nasima Santana Salsouli.
Suplente 1: Victor Roman Quintana Ascanio.
Suplente 2: Francisca Teresa Doreste Cabrera.
10. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. María Eugenia Boán Álvarez.
11. VOX (VOX)
1. Francisco Sánchez Fernández.
Suplente 1: Victoria Torres Ojeda.
Suplente 2: David Casalins Rodríguez.
Circunscripción electoral: Gran Canaria
1. PARTIDO HUMANISTA (PH)
1. Luis Bodoque Gómez.
Suplente 1: Luz Marina Quintero Ramos.
Suplente 2: Víctor Manuel Cabrera Navarro.
2. María Dolores Blanco López.
Suplente 1: Jorge Walter Angeloni Dapueto.
Suplente 2: María Isabel Pinel Olmeda.
2. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Luz Carmen Rodríguez Gangura.
Suplente 1: Miguel Ángel López Hernández.
Suplente 2: Verónica Lorenzo Ramírez.
2. Alejandro Valdivia Hernández.
Suplente 1: Carmen Esther Martín Mejías.
Suplente 2: Favio (Fabio) González Sánchez.
3. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Laura Rodríguez Álvarez.
Suplente 1: Pedro Martín Morán.
Suplente 2: Ana Pilar Tevar Luaces.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rafael Juan Medina Jaber.
Suplente 1: Débora del Rosario Alemán Rosales.
Suplente 2: Vicente Efigenio Mena Santana.
2. Alicia Esther Díaz Álamo.
Suplente 1: Alexis Manuel Pérez Pérez.
Suplente 2: María Auxiliadora Pérez Quevedo.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Ramón Morales Quesada.
Suplente 1: María Marcelina Rodríguez Gil.
Suplente 2: Rafael Morales Ponce.
2. Saturnina Santana Dumpierrez.
Suplente 1: Lincoln Barceló Benedicto.
Suplente 2: María Elena Saiz Pelaez.
6. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Jesús Alberto Rosales Falcón.
Suplente 1: Natalia Meneses Suárez.
Suplente 2: Stella Rovira Pérez.
2. María Teresa Bañobre Nebot.
Suplente 1: Alejandro Verona Basso.
Suplente 2: José Antonio Ramírez Martel.
7. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. Javier Delgado Pérez.
Suplente 1: Nicasio Torres Padrón.
Suplente 2: Antonia Hernández Mendoza.
2. Judit Duque Suárez.
Suplente 1: José Ramón Galiano Vela.
Suplente 2: Luisa María Paz Hernández.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Sergio Ramos Acosta.
Suplente 1: Jaime Morales García.
Suplente 2: Mónica Nuez Ramos.
2. Rosa Faustina Viera Hernández.
Suplente 1: Óscar Mata Izquierdo.
Suplente 2: María Eugenia Melián Santana.
9. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-NC)
1. Heriberto José Dávila Ojeda.
Suplente 1: Ingrid Navarro Armas.
Suplente 2: Francisco Miguel Zumaquero García.
2. María Ángeles Batista Perdoma.
Suplente 1: Antonio Joaquín Medina Quesada.
Suplente 2: Antonia María Pérez Pérez.
10. LOS VERDES (VERDES o LOS VERDES o LV)
1. Ramón Francisco González Hernández.
Suplente 1: Rafael Carlos Rodríguez Santana.
2. Carmen Ureña Zapata.
Suplente 1: Carmen Gloria Afonso Martín.
11. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Raquel Díaz Santana.
Suplente 1: Anibal Herrera Rodríguez.
Suplente 2: Estefanía Navarro Cárdenes.
2. Daniel Romero Vecino.
Suplente 1: María Amalia Blesa Moreno.
Suplente 2: Tomás Ruíz Delgado.
12. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Carlos Carmelo Reyes Lima.
Suplente 1: Fabiola Nieves Rodríguez.
Suplente 2: Ardiel Juan Mendoza Betacort.
2. Laura Saz Almazán.
Suplente 1: Patricia Teresa Rodríguez Delgado.
Suplente 2: Vicente Frontana Aneas.
13. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Abisai Melián Ramírez.
Suplente 1: Asunción Esponda Caballero.
Suplente 2: Carlos Suárez Betts.
2. Juana María Ruiz Suárez.
Suplente 1: Anastasia María Ramírez González.
Suplente 2: David Carmelo Artiles Hernández.
14. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Guayarmina Méndez Laguna.
Suplente 1: Aridani del Cristo Alonso Santana.
2. José Miguel Yánez Ramírez.
Suplente 1: Tania María Cárdenes Russberg.
15. VOX (VOX)
1. Carlos Manuel Ruiz de Galarreta Hernández.
Suplente 1: Haridian Chafino Gallardo.
Suplente 2: Manuel Vega Marrero.
Circunscripción electoral: Lanzarote
1. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Nuria Esther Cedrés Perdomo.
Suplente 1: Mario Olivares Araña.
Suplente 2: María Carmen Olivares Araña.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Noemí del Pino Ramírez Rodríguez.
Suplente 1: Pablo Díaz Feria.
Suplente 2: María del Pilar Herrera Muñoz.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Francisco Manuel Fajardo Palarea.
Suplente 1: Florentina Rosario Alonso Betancor.
Suplente 2: Alfredo Villalba Barreto.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Bárbara Fernández Granda.
Suplente 1: Higinio Carmelo Martín Domínguez.
Suplente 2: Laura Fernández Domínguez.
5. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Ester Gómez Brodsky.
Suplente 1: Diana Pérez Torres.
Suplente 2: Óscar Ivo Díaz Hernández.
6. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. Francisca Sánchez Macías.
Suplente 1: Carmen Dolores García Rodríguez.
Suplente 2: José Cristóbal Mora López.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Remigio Joel Delgado Cáceres.
Suplente 1: Zuleyma Lemes Martín.
Suplente 2: Pedro José Cabrera Robson.
8. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-NC)
1. Samuel Carmelo Martín Morera.
Suplente 1: María Saray Hernández Hernández.
Suplente 2: José Bruno Ramírez Cubas.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Jorge Miguel Peñas Lozano.
Suplente 1: Francisco José Galdós Rossi.
Suplente 2: Yurena Corujo Martín.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María del Rosario Martel Marrero.
Suplente 1: José López Molina.
Suplente 2: Silvia Navarro Cabrera.
11. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Manuel Alejandro Fernández Martín.
12. VOX (VOX)
1. Javier Román Vas.
Suplente 1: Mónica Amparo Escobedo Campos.
Suplente 2: Juan Manuel Aguiar Cubells.
JUNTA ELECTORAL DE PONTEVEDRA
Doña María Jesús Prieto Toranzo, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Pontevedra, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Jesús Prieto Toranzo.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Beatriz María Pino Ocampo.
2. Javier Alonso Seoane.
3. Luis Gil Calzada.
4. Rocío Benito Bernal.
5. Diana María Otero Mascato.
6. Modesto Comesaña Boubeta.
7. Vanessa Rodríguez Búa.
Suplentes:
1. Adrián Vázquez Lázara.
2. Paula Morrazo Parada.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Alberto Ivo De Salazar Viñas.
2. Amelia Graña Rosales.
3. Diego Raúl Cordero Santamaría.
4. Lorena Daponte Campos.
5. Carlos Gómez Cerviño.
6. Marta Fernández Torquemada.
7. José Manuel Díaz Iglesias.
Suplentes:
1. Lucia Amelia Cid Gómez.
2. Daniel Alonso Gómez.
3. Noemí Coello Villafines.
3. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. Laura Quintillán Núñez.
2. Yuri Domenech González.
3. María Isabel Serrapio Amil.
4. Pablo Mendizábal Recuna.
5. Martín Mascato Galiñanes.
6. Andrea Alonso Sierra.
7. Eduardo da Silva Otero.
Suplentes:
1. Pablo Martínez Latorre.
4. VOX (VOX)
1. Antonio Budiño Carballo.
2. Fernando Garrido Fernández.
3. Tomás José Calvar Landín.
4. Mónica Montes López.
5. Yara Gómez Vasconcellos.
6. Sara Silva Senra.
7. Angel Julio Borja Saura.
Suplentes:
1. Juan José Rodríguez Castro.
2. María Belén Calvo Rubianes.
3. Oscar Cibeira Calvo.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Paloma Escobar Herrero.
2. Manuel Ogando Fernández.
3. María Noelia Alonso Domínguez.
4. Emilio Sestelo Lloves.
5. Macarena Tornos Martín-Fernández.
6. Rogelio Barbosa Correa.
7. Cristina Alonso De Cáceres.
6. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. Yolanda Díaz Pérez.
2. Ángela Rodríguez Martínez.
3. Jaime Cabeza Pereiro.
4. Verónica Hermida Longa.
5. Alberto García Álvarez.
6. María Luisa Lores Aguín.
7. Juan José Rodríguez Castro.
Suplentes:
1. Alexandre Iglesias Alcaraz.
2. Estela Miller Fernández.
3. Sonia Del Moral Vila.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Pilar Ramallo Vázquez.
2. Diego José Gago Bugarín.
3. Javier Bas Corugeira.
4. María Elena Suárez Sarmiento.
5. Juan Manuel Constenla Carbón.
6. Miguel Ángel García González.
7. Ana Cristina Pérez Cabaleiro.
Suplentes:
1. María Aurora Cañizares Malagón.
2. Eva María Montoto Méndez.
3. Leopoldo Costas Alonso.
4. Juan Manuel Batista Oviedo.
5. María de la Concepción Ortega Martínez.
6. José Cela Camiño.
7. Sergio Iglesias Romero.
8. María José Pino Fernández.
9. María Pilar Elena Fernández-Cid Ramos.
10. María del Carmen González Gil.
8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. María Carmen da Silva Méndez.
2. Xesús Ignacio López Carreira.
3. María do Pilar Xiráldez Outeda.
4. Francisco Xabier da Silva Irago «Kiko da Silva».
5. Berta Margarita Roldán Pimentel (Independiente).
6. María Olaia Fernández Davila.
7. Guillerme Vázquez Vázquez.
Suplentes:
1. Francisco Xavier Vilariño Taboada.
2. Marta Gómez Martín.
3. Pablo Ríos Santomé.
4. Miriam Rodríguez Fernández.
5. David Mochales Vigo.
6. Iria Villar Rodal.
7. Daniel Rodas Chapela.
8. María Cristina Hermida Moinelo.
9. David Torres Mascato.
10. Marta Ferreiro Fernández.
9. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. María Olga Alonso Suárez.
2. Guillermo Antonio Meijón Couselo.
3. María Angeles Marra Domínguez.
4. Jorge Luis María López.
5. Olga Rodríguez Puga.
6. Diego Cuiña Iglesias.
7. María Pérez Martínez.
Suplentes:
1. José Antonio García Lores.
2. María Yolanda Rodríguez Rodríguez.
3. Miguel Ferreiroa Barros.
10. ESCANOS EN BRANCO (EB)
1. Joaquín Francisco Pérez Fernández.
2. María Rosa Álvarez Mascato.
3. Javier Míguez Bello.
4. Rosaura Begoña Pérez Marrero.
5. Emilio Cabadas Gonçalves.
6. María Jesús Félez Julve.
7. Mario Cruz Madrona.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Divina Pastora Fernández García.
2. Manuel Ángel Sánchez Durán.
3. María Luisa Martínez Martí.
4. Concepción Martínez Martí.
5. Matías Villarejo García-Denche.
6. María Dolores López Meléndez.
7. Mariano Soriano Giménez.
Suplentes:
1. Celia Lago Campos.
2. José Camilo Cores Cobas.
3. María de las Mercedes Miguens Gómez.
4. Hermindo Romero Martínez.
12. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Daniel Liceras Pascual.
2. Natalia Prieto Fernández.
3. José Manuel Ledo Santiso.
4. Ruth Vallejo Vidal.
5. Julia Cea Cabanelas.
6. Sergio Míguez Bello.
7. Laura Villaverde Rodríguez.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Elena Posada Gutiérrez.
Suplente 1: Manuel González Vázquez.
Suplente 2: María de Fátima Iglesias Ferreira.
2. Gregorio Revenga Portela.
Suplente 1: Miguel Angel Castro Carrasco.
Suplente 2: Raquel Alvarez Mera.
3. Luis Miguel Lamas Pérez.
Suplente 1: Josefa Casado González.
Suplente 2: José Manuel Fernández Fernández.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Luisa De Ceano-Vivas Hernández.
Suplente 1: Juan Ramón Soliño Álvarez.
Suplente 2: Silvina María Garrido Garde.
2. Francisco Antonio González-Moro Rodríguez.
Suplente 1: Elena Domínguez Campos.
Suplente 2: Antonio Puig Serrano.
3. Iria Montenegro García.
Suplente 1: Diego Tobío Míguez.
Suplente 2: Ana Martina Varela Velo.
3. PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA (PCTG)
1. José Feliciano Gallego López.
Suplente 1: Mariana Zaragoza Santamariña.
Suplente 2: Antonio Fernández Campos.
4. VOX (VOX)
1. Antonio Ramilo Rodríguez de Robles.
Suplente 1: María Esther Martínez Pereira.
Suplente 2: Álvaro José Díaz-Mella López.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Alberto Fernández Armesto.
Suplente 1: María Gracia García Colis.
Suplente 2: Silverio Fernández Pérez.
6. EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EU)
1. María Vanessa Angustia Gómez.
Suplente 1: Julio Fernández Collazo.
Suplente 2: Paz García Gutiérrez.
2. Óscar González Álvarez.
Suplente 1: Antía Fernández González.
Suplente 2: Santiago Mascareñas Nogueiras.
3. Elsa Liliana Vázquez Lorenzetti.
Suplente 1: Paloma López Vidal.
Suplente 2: Gabriel Fernández Álvarez.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Javier Jorge Guerra Fernández.
Suplente 1: Montserrat María Otero Oitaven.
Suplente 2: Juan Andrés Bayon Rolo.
2. Pilar Rojo Noguera.
Suplente 1: José Jorge Abal Rebón.
Suplente 2: María Beatriz Iglesias Sánchez.
3. Santiago Rodríguez Dávila.
Suplente 1: Miguel Fidalgo Iglesias.
Suplente 2: Sara Martínez Salgado.
8. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
1. André Vidal Capón.
Suplente 1: Ana Seoane Suárez.
Suplente 2: Luis Martín Agrelo Janza.
2. Cecilia Pérez Orge.
Suplente 1: Roberto Jorge Correa.
Suplente 2: Jessica Souto Loira.
3. Segundo González González.
Suplente 1: Sabela Bará Louro.
Suplente 2: Xosé Manuel Méndez Díaz.
9. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE (PSdeG-PSOE)
1. Modesto Pose Mesura.
Suplente 1: Francisco Javier Osorno Camiña.
Suplente 2: Sara Juncal Martínez.
2. María Margarita Peregrina Adrio Taracido.
Suplente 1: Begoña Aldao Matilla.
Suplente 2: Alejandro Figueroa Expósito.
3. Daniel Chenlo Padín.
Suplente 1: Antonio Vázquez Vázquez.
Suplente 2: Vanesa Fernández Soage.
10. ESCANOS EN BRANCO (EB)
1. David Troncoso Casal.
Suplente 1: María Luisa Giménez Fabre.
Suplente 2: Adolfo Mora Molina.
2. Paula García Rodríguez.
Suplente 1: Xacobe Romasanta Álvarez.
Suplente 2: Gema Aguilar Pérez.
3. Xurxo Fernández Alonso.
Suplente 1: María Montserrat Felipe Pérez.
Suplente 2: Diego Troncoso Casal.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Carlos Vázquez González.
Suplente 1: Jesusa Vigo Díaz.
Suplente 2: José Alonso González.
2. María Luisa Prado López.
Suplente 1: José Ángel Castro Vázquez.
Suplente 2: Rebeca Conde Costas.
12. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Eduardo Alfonso Ortíz Preciado.
Suplente 1: María del Carmen Arias Fernández «Mayka».
Suplente 2: Néstor Vázquez Mariño.
JUNTA ELECTORAL DE LA RIOJA
Doña María José Miranda Sainz, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de La Rioja,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Logroño, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María José Miranda Sainz.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Luisa Alonso García.
2. Marta Gómez Vázquez.
3. Rubén García Benito.
4. Fernando Castillo Alonso.
Suplentes:
1. Luis Bella Gómez.
2. María Teresa Martínez Vega.
3. Rubén Marín Pascual.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Marrodán Funes.
2. Juan Cuatrecasas Asua.
3. Raquel Pedraja Sainz.
4. Abel Martínez Moreno.
Suplentes:
1. Miren Itxaso Guillén Cerrolaza.
2. Emilio Ibáñez Gavidia.
3. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Concepción Gamarra Ruiz Clavijo.
2. Javier Merino Martínez.
3. Marta Fernández Cornago.
4. Iñigo Alfredo López Araquistain Oserín.
Suplentes:
1. Irene Díez Garrido.
2. Borja Ríos Irazábal.
3. Patricia Pérez Martínez-Monterrubio.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Alicia Valero Martín.
2. Joseba Astarloa Aguirrebeitia.
3. Virginia Ramos Araque.
4. Juan Leandro Muro Ortega.
Suplentes:
1. Carmen Fernández Gómez.
5. VOX (VOX)
1. Jorge Arturo Cutillas Cordón.
2. María Teresa Arnedo Pérez.
3. Belinga Couceiro Redondo.
4. Miguel Angel Blanco Montoya.
Suplentes:
1. Adrián Belaza Hernáiz.
2. Antonio Jiménez Muñoz.
3. Jesica Fernández Villoslada.
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Francisco Javier Castro Portolés.
2. Lucía Antoñanzas Gil.
3. Alejandro Fernández Suárez.
4. Silvia López Amoedo.
Suplentes:
1. Camilo Víctor Vázquez García.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Luis Antón Illoro Arsuaga.
2. Alba Palacios García.
3. Victorino Pablo Pascual.
4. Laura Rodríguez Fernández.
Suplentes:
1. Raúl Rivera Jiménez.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Manuel Corcuera Miranda.
2. Maite San José González.
3. Gaizka Uceda Loroño.
4. María Pilar Segura Catalán.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Adoración Ángeles Gallardo Vallejo.
2. Santiago Olalla Moreno.
3. Judith Laviña Millán.
4. Raúl Anadón Pedrola.
Suplentes:
1. Andrea Rodríguez Martín.
2. Raúl Iliarte Miñana.
10. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Luis María Martín Montejo.
2. María Carmen García Pellejero.
3. Jorge Moreno García.
4. Encarnación Villalba Ale.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Diego Ubis López.
Suplente 1: Eva María Guerreros Sáenz.
Suplente 2: Justino Carmelo Maeztu Arenzana.
2. Cristina Moreno Martínez.
Suplente 1: Antonio Fuertes Martínez.
Suplente 2: María Teresa González Lumbreras.
3. José Javier Garijo Sánchez.
Suplente 1: Ana Belén Fernández España.
Suplente 2: Carlos Sáez García.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Victoria De Pablo Dávila.
Suplente 1: Roberto Negueruela Hernaiz.
Suplente 2: Cristina Jiménez Medel.
2. Pedro Antonio Montalvo Íñigo.
Suplente 1: Ana María Martínez Díez.
Suplente 2: Pedro Sánchez Angulo.
3. María del Carmen Arana Álvarez.
Suplente 1: Jesús Jiménez Martínez.
Suplente 2: Sandra Rodríguez Sebastián.
3. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Ana Lourdes González García.
Suplente 1: Rubén Gutiérrez Ruiz.
Suplente 2: Leticia Ramírez Arnáez.
2. Carlos Yécora Roca.
Suplente 1: Raquel Herrería García.
Suplente 2: Álvaro Manzanos Santibáñez.
3. Rosa María Ortega Martínez.
Suplente 1: Beatriz Lana Navarro.
Suplente 2: Jesús Ángel Muñoz Pérez.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Pilar Blanco Daroca.
Suplente 1: Miguel José Adán Padilla.
Suplente 2: Lorena Torrano Bote.
2. Ignacio Hourcade Bellocq Varela.
Suplente 1: Asunción María Amorós García.
Suplente 2: Iván Flores Serrano.
5. VOX (VOX)
1. Silvia Garrido Rivas.
Suplente 1: Juan Cruz Martínez Fonseca.
Suplente 2: Marta Pastor Álvarez.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Guillermo Robles Martínez.
Suplente 1: María José Campos Alemán.
Suplente 2: María Montserrat García Hernáez.
2. Miriam González Blanco.
Suplente 1: Mónica Solona Abad.
Suplente 2: Isaac Miranda Pérez.
3. Xavier Capellares Sesé.
Suplente 1: María Aránzazu Carrero Bacigalupe.
Suplente 2: Jesús María Ogueta Alegre.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Martina Mazorra Huerta.
Suplente 1: Antonio Barcina Burgui.
Suplente 2: Miren Segura Ruiz.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Isabel Padilla Aragües.
Suplente 1: Álvaro Gil Martinez.
Suplente 2: Ana María Calviño López.
9. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. María del Carmen Andrés Domínguez.
Suplente 1: Miguel Sánchez Aguaron.
Suplente 2: Tania Sánchez Andrés.
2. José Carlos Palacio Miguel.
Suplente 1: Carmen Blanca Gómez Maleta.
Suplente 2: Xavier Navarro Aleixendri.
JUNTA ELECTORAL DE SALAMANCA
Don José Manuel Andrés Martín Jiménez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Salamanca,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Disputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Salamanca, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, José Manuel Andrés Martín Jiménez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Antonio Mirón Canelo.
2. Jesús Luis de San Antonio Benito.
3. Miranda Bravo García.
4. María José Gavilán Sánchez.
Suplentes:
1. Nuria Acevedo Aparicio.
2. José Buenaventura Recio García.
3. Manuel Hoyas Barragán.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Begoña Montero Martín.
2. Juan Sánchez González.
3. Ana Sebastián Luque.
4. Alberto Vega Casero.
Suplentes:
1. María Isabel Rodríguez Garrido.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. David Serrada Pariente.
2. Ana María Muñoz de la Peña González.
3. Fidel Juan Francés Sánchez.
4. Rosa María Torres Cosme.
Suplentes:
1. José Luis Domínguez Álvarez.
2. María Cuesta Pedraz.
3. Félix Redondo Becerro.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Sandra de Luis Frade.
2. Javier Cascón Coca.
3. María de los Ángeles Osorio López.
4. Javier de Sande Inyesto.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Casandra Hernández Polo.
2. Mario López Pascua.
3. Gloria Soto Fernández.
4. Daniel Menéndez López.
Suplentes:
1. Martín Vallejo Recuna.
6. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Rafael Diego Núñez.
2. Noelia Sonia Contero Lozano.
3. Mónica Virginia López Rojo.
4. Santiago Sánchez Panadero.
Suplentes:
1. Isabel Rodríguez Gómez.
2. Juan Francisco Jambrina Segurado.
3. María Giralt Mier.
4. Fernando Huelmos Sánchez.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Isabel Muñoz Sánchez (PODEMOS-IU).
2. Francisco Javier Herrero Polo (PODEMOS-IU).
3. María Ángeles Pérez Nieto (PODEMOS-IU).
4. Maximiano Vallejo Llamas (PODEMOS-IU).
Suplentes:
1. Jesús Núñez Paniagua (PODEMOS-IU).
2. Mercedes Zarco Blanco (PODEMOS-IU).
3. María Fuensanta Rodríguez Herrera (PODEMOS-IU).
8. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Francisco Antonio Jiménez Rodríguez.
2. María Esperanza Nevado Martín-Serrano.
3. Edelmiro Amigo García.
4. Bárbara Gabriela Gutiérrez Pérez.
9. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (U.P.L.)
1. Miguel Lirio Díaz.
2. María Flor de Guadalupe Pérez Martínez.
3. Ricardo del Brío González.
4. María Lidia Martínez Martín.
Suplentes:
1. Esteban Daniel Muñoz Molina.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. María Pilar Aragüés Mainer (RECORTES CERO).
2. Luis Antonio Marcos Naveira (PCAS-TC).
3. María Jesús Benedicto Ortíz (RECORTES CERO).
4. Carlos Remón Arceiz (RECORTES CERO).
Suplentes:
1. Christian Jurado Marín (RECORTES CERO).
2. Alicia García Barrao (RECORTES CERO).
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández.
2. María Jesús Moro Almaraz.
3. Pedro Samuel Martín García.
4. María del Carmen Familiar García.
Suplentes:
1. María del Pilar Mateos Castaño.
2. Jaime González Alonso.
3. Emma Figueiredo González.
12. VOX (VOX)
1. Víctor Guido González Coello de Portugal.
2. Teresa Rodríguez Vidal.
3. Fernando Pablo García Rodríguez.
4. María Bello Navarro.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Manuel Morán González.
Suplente 1: María Pilar Rodríguez Morros.
Suplente 2: Jairo Segurola Cano.
2. María Natalia del Arco Pozas.
Suplente 1: Javier Herrero Pozo.
Suplente 2: María Esther Santiago González.
3. Jerónimo Gamallo de Cabo.
Suplente 1: María del Carmen Casas Romero.
Suplente 2: Antonio Agustín Alonso Sánchez.
2. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Julio Alberto Ceballo Sánchez.
Suplente 1: Sonia Albilares Vázquez.
Suplente 2: Roberto Sánchez García.
2. Cristina Daza García Blanes.
Suplente 1: Juan Manuel Díaz Vargas.
Suplente 2: Nuria Heras Peinado.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Elena Diego Castellanos.
Suplente 1: Manuel Montero Rodríguez.
Suplente 2: María Carmen Carpio García.
2. Fernando Vegas Sánchez.
Suplente 1: Francisco Alonso Rincón.
Suplente 2: Soledad Heras Juanes.
3. María Rosa Hernández Rubio.
Suplente 1: Javier Calvo Santiago.
Suplente 2: Nerea Pereira Rodríguez.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Manuel Domínguez de la Fuente.
Suplente 1: Mar Huilén Vial Chubarovsky.
Suplente 2: Juan Pablo Díez Izco.
5. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Juan Manuel Andrés López.
Suplente 1: Trinidad Núñez Jiménez.
Suplente 2: José González Luengo.
2. Miguel Ángel Diego Núñez.
Suplente 1: María del Pilar Galán Boyero.
Suplente 2: Ángel Rodríguez Simón.
3. Manuela Iglesias Carreño.
Suplente 1: Arcadio Lorenzo Torres.
Suplente 2: María Inés Ríos Ríos.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Genaro Luis García López (PODEMOS-IU).
Suplente 1: Isabel García Calderón (PODEMOS-IU).
Suplente 2: Jesús Antonio Benito de la Cruz (PODEMOS-IU).
2. María Isabel López Blázquez (PODEMOS-IU).
Suplente 1: Yolanda Sánchez Villarón (PODEMOS-IU).
Suplente 2: Antonio Estévez Martín (PODEMOS-IU).
3. José Vicente Delgado (PODEMOS-IU).
Suplente 1: Gilberto Soria Gómez (PODEMOS-IU).
Suplente 2: Raquel García Carbonell (PODEMOS-IU).
7. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Emilio Cano Díez.
Suplente 1: María Jesús Barrado Juanes.
Suplente 2: Francisco Aparicio del Río.
2. María Montserrat Nieto Nieto.
Suplente 1: Rubén Martínez García.
Suplente 2: María del Pilar Romo Hernández.
3. Miguel Ángel Simón Merino.
Suplente 1: Marta Conde Lázaro.
Suplente 2: Fernando García Hernández.
8. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (U.P.L.)
1. Carlos Javier Salgado Fuentes.
Suplente 1: Sandra Sánchez González.
Suplente 2: Daniel Hernández González.
2. Pilar Blanco Paredes.
Suplente 1: Luis García Sánchez.
Suplente 2: María del Carmen Fuentes Sendín.
3. José Benito Mateos Pascual.
Suplente 1: Jenifer Calvo Villoria.
Suplente 2: Víctor Marcos González.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Benjamín de Francisco Tundidor (RECORTES CERO).
Suplente 1: Miguela María Sancho Muniesa (RECORTES CERO).
Suplente 2: Ricardo García San Juán (RECORTES CERO).
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Bienvenido de Arriba Sánchez.
Suplente 1: Beatriz Jorge Carpio.
Suplente 2: Gonzalo Sánchez García.
2. Gonzalo Robles Orozco.
Suplente 1: Marta Labrador Gutiérrez.
Suplente 2: Ángel Orgaz Valle.
3. Esther Basilia del Brío González.
Suplente 1: Francisco Javier Iglesias García.
Suplente 2: Teresa Martínez Sánchez.
11. VOX (VOX).
1. Emilio Polo García.
Suplente 1: Eva María Pérez Bartol.
Suplente 2: Germán Torres Varas.
JUNTA ELECTORAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Doña Pilar Ramos León, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Pilar Ramos León.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-PNC-NC)
1. Ana M.ª Oramas González-Moro.
2. M.ª Guadalupe González Taño.
3. Flora Marrero Ramos.
4. José Ramón Mora Hernández.
5. Manuel Jorge Pérez.
6. Dulce M.ª Gutiérrez González.
7. M. Yonathan Martín Fumero.
Suplentes:
1. Manuel Carmelo González González.
2. Claudia Reverón Cabrera.
3. Sara Guadalupe Arteaga Darias.
4. Alberto Antonio Melián Álvarez.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Héctor Gómez Hernández.
2. María Tamara Raya Rodríguez.
3. Héctor Fernando Izquierdo Triana (Independiente).
4. María Teresa Gutiérrez Izquierdo.
5. Guillermo Herrera Hernández.
6. Tania Ávila Brito.
7. Luis Alejandro Beltri Baudet.
Suplentes:
1. Amaya Conde Martínez.
2. Luis González Clavijo.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Yolanda Morales Pérez.
2. Francisco Javier Pérez Herrera.
3. María Candelaria Oval Afonso.
4. Isaac Padrón Hernández.
5. Amanda María Luis Alemán.
6. Eduardo López Reig.
7. Victoria Eugenia Colomer Rodríguez.
Suplentes:
1. Airam Mendoza Herrera.
2. Ana Isabel Tavío Cano.
3. Daniel Rodríguez Rodríguez.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Melisa Rodríguez Hernández.
2. María Ángeles Rodríguez Fernández.
3. Alejandro Alonso Díaz.
4. Victoria Eugenia Fumero Perdomo.
5. José Moisés Fernández Varela.
6. Marta Plasencia Gutiérrez.
7. Jonatan Hernández Acosta.
Suplentes:
1. Germán Delgado Morales.
2. María del Pino Fuentes Socas.
3. Segundo García Notebaert.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Ana María Zurita Expósito.
2. Sebastián Jesús Ledesma Martín.
3. Ernesto Aguiar Rodríguez.
4. Manuel Luis Torres Herrera.
5. Belén Balfagón Santolaria.
6. Miguel Ángel González Ortega.
7. María del Carmen García Medina.
Suplentes:
1. Guillermo Díaz Guerra.
2. Montserrat Fuentes Bayona.
3. Víctor Reverón Gómez.
6. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Omar Batista Martín.
2. Aránzazu Sarmiento Saiz (EQUO).
3. Ana Gloria Gallardo Mancebo (EQUO).
4. Francisco Javier Duque Serrano.
5. Víctor Manuel Afonso Feliciano (EQUO).
6. Tazirga Guajara González Díaz (Independiente).
7. Sandra Yaneth Nieto Barreto (Independiente).
Suplentes:
1. Jorge Rivero Trujillo.
2. Genoveva Jorge Martín (EQUO).
3. María Adelaida Delgado Alonso (EQUO).
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Alberto Rodríguez Rodríguez.
2. Fátima González Bello.
3. Patricia Mesa Mederos.
4. M.ª del Cristo González del Castillo.
5. Jesús F. Martín Santana.
6. Jesús David Hernández Viña.
7. Judith Giannina Rodríguez Expósito.
Suplentes:
1. Denisse da Rocha Suárez.
2. Francisco Marrero Cabarcos.
3. María Luisa Tamayo Domínguez.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. M.ª Angustias Rodríguez García.
2. Bibiana Fernández Navarrete.
3. M.ª Carolina Martínez Moristerol.
4. Oscar Caballos Martín.
5. Santiago Jesús Díaz Delgado.
6. Candelaria González González.
7. David Concepción Rodríguez.
Suplentes:
1. Eva María Pérez Pérez.
2. Antonio Escriba Núñez.
3. M.ª Candelaria Rodríguez Mesa.
4. Antonio Luis Ros Soler.
9. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Manuel Jesús Montesdeoca Navarro.
2. Flora Gutiérrez Suárez.
3. Moisés Hernández Hernández.
4. María Beatriz Rodríguez Gutiérrez.
5. Rafael Claudio Martín Cárdenes.
6. Estefanía del Carmen González Guerra.
7. Agoney Alberto Acosta Lorenzo.
10. VOX (VOX)
1. Rubén Darío Vega Arias.
2. Alejandro Gómez Rodríguez.
3. Rebeca Martín León.
4. M.ª Aránzazu Laverdure Fernández.
5. José Manuel Muñoz García.
6. Zelena María Hormiga Díaz.
7. Juan Barbosa Rodríguez.
Suplentes:
1. Natalia Rodríguez Theuer.
2. Cristina Álvarez González.
3. Antonio Bueno Jorge.
11. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Mateo Jesús Pérez Marrero.
2. María Luisa Machado Romero.
3. Ángel David Febles Bancomo.
4. Marina Goretti Rodríguez González.
5. Prudencio García Mesa.
6. María del Carmen Sánchez Bencomo.
7. Mateo Alexander Pérez González.
12. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Holy Sunya Díaz Kaas-Nielsen.
2. Bentor Trujillo Flores.
3. Julián Aday Hernández Hernández.
4. María Elena Delgado Delgado.
5. Gregorio Hernández Hernández.
6. María Ithaisa Santana González.
7. Eduardo Nacimiento García.
Suplentes:
1. Pedro Manuel González Cánovas.
2. Argimira Pérez Estévez.
3. José Manuel Torres Álvarez.
13. LOS VERDES (VERDES o LOS VERDES o LV)
1. José Ramón Carrillo Rodríguez.
2. Ana Berta Afonso Martín.
3. Pedro Antonio García Pérez.
4. Nuria Espinosa Afonso.
5. José Luis Recuero González.
6. Rosa Delia Rodríguez Álvarez.
7. Feliciano Manuel Espinosa Fumero.
Suplentes:
1. Esther María Espinosa Fumero.
2. Pablo Espinosa Afonso.
3. María Inmaculada Estévez Fuentes.
14. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. María Tatiana Delgado Plasencia.
2. Axerax Trujillo León.
3. Ana María Caballero Artiles.
4. Eugenio Francisco Padilla Herrera.
5. Yesenia González Pestano.
6. Antonio Alexis Dorta Macía.
7. Mónica Carmen Padilla Herrera.
Suplentes:
1. Isidoro Martín Gil.
2. Elena Díaz Gutiérrez.
3. Álvaro Socas Pimentel.
15. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Manuel Marrero Acuña.
2. Yurena Candelaria Castro Gómez.
3. Anatael Expósito Pérez.
4. Carmen Rosa García González.
5. Cesar Alejandro Vera García (Independiente).
6. Sarai Marrero Pérez (Independiente).
7. Eduardo Acosta Zamora.
Suplente:
1. Daura García Pérez (Independiente).
SENADO
Circunscripción electoral: El Hierro
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Miriam Guerrero Hernández.
Suplente 1: Juan Manuel Morales Pérez.
Suplente 2: María Elena Pérez Marrero.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Esther Carmona Delgado.
Suplente 1: Alpidio Armas González.
Suplente 2: María Josefa Alcaráz Barros.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Marcos Nieto Ramírez.
Suplente 1: Manuel de Prado Ordas.
Suplente 2: Yesica Elizabeth Rossi Jost.
4. AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (AHI-CCa-NC)
1. Pablo Rodríguez Cejas.
Suplente 1: Caterin M.ª Machín Gutiérrez.
Suplente 2: Darío Santana Amaro.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Miguel Sánchez Padrón.
Suplente 1: Regina García Casañas.
Suplente 2: Francisco González Febles.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Teresa de las Nieves Ruiz González.
Suplente 1: María Elena Bellveser Mulet.
Suplente 2: Carlos Savoie Pérez.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ana Lucía López Martín.
Suplente 1: Diego Moguel Cano.
Suplente 2: Isabel Rodríguez Hernández.
8. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Miguel Ángel Pérez Luis.
Suplente 1: María Cristina Talavera Martínez.
Suplente 2: Julio López Repiso.
9. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Cándido Vidal González Felipe.
Suplente 1: Kevin Israel Guerra García.
Suplente 2: Laura Afonso Sánchez.
Circunscripción electoral: La Gomera
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Sylvana Ferreira Pérez.
Suplente 1: Benjamín Naves Ramos.
Suplente 2: Ana María Hernández Puig.
2. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-NC)
1. Lázaro Rafael Arteaga Hernández.
Suplente 1: Yasmina M.ª García Hernández.
Suplente 2: Christian Méndez Benedetti.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Fernando Manuel Méndez Borges.
Suplente 1: Cristina Arteaga Barroso.
Suplente 2: Ángel Rafael Fariña Chinea.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Laura Serafina Vega Casanova.
Suplente 1: Antonio Blanco Vázquez.
Suplente 2: Cristian José Luis González.
5. AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA (ASG)
1. Fabián Chinea Correa.
Suplente 1: Vanesa Lorena Vizcaíno Vera.
Suplente 2: Borja Barroso Jiménez.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Jesús Eder Arteaga Jerez.
Suplente 1: David Sánchez Aguado.
Suplente 2: Gwendolyn Méndez López.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Salvador Morales Coello.
Suplente 1: M. Ruyman Delgado Méndez.
Suplente 2: Andrea Concepción Rodríguez.
8. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Rosaura Begoña Pérez Marrero.
Suplente 1: Cesar Francisco Álvarez Álvarez.
Suplente 2: María Pilar Salinas Garmendia.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Carmen Delia García Medina.
Suplente 1: Alicia Cabeza Medina.
Suplente 2: Jhony Medina Negrín.
10. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Iván Medina Verheyen.
Suplente 1: Candelaria Ángeles Román Cordero.
Suplente 2: Yeray Bonilla Jorge.
Circunscripción electoral: La Palma
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Tamara Hernández Pimienta.
Suplente 1: Jerónimo Lavera Blázquez.
Suplente 2: Pilar González Cejas.
2. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-NC)
1. Gregorio Clemente Alonso Méndez.
Suplente 1: Virginia Espinosa Pérez.
Suplente 2: Martín Elías Taño García.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Sergio Matos Castro.
Suplente 1: Amanda Rodríguez Martín.
Suplente 2: Juan José Neris Hernández.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Juan Arturo San Gil Ayut.
Suplente 1: Susana Clavero Pérez.
Suplente 2: María Rosario Ortíz Martín.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Borja Pérez Sicilia.
Suplente 1: Nieves Laura Pérez González.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. José Luis Cabrera Sánchez.
Suplente 1: Sandra Sánchez López.
Suplente 2: Juan Carlos González Martín.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Rayco Pérez Rodríguez.
Suplente 1: Wenceslao Martín Herrera.
Suplente 2: M.ª del Rosario Cordovéz Govantes.
8. VOX (VOX)
1. Arturo Perez-Seoane Garau.
Suplente 1: Melysa Lorenzo Viña.
Suplente 2: Darko Custic Bucic.
9. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Carmen Nieves Pérez Marrero.
Suplente 1: Carlos Martínez Martín.
Suplente 2: Nayara García Pérez.
10. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Pedro Adrián Pérez López ( El Gasio).
Suplente 1: María Esther Pérez López.
Suplente 2: Leocadio Trujillo Lorenzo.
11. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. María Carmen Martín Pérez.
Circunscripción electoral: Tenerife
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Javier Hernández García.
Suplente 1: Ioanna García Hernández.
Suplente 2: Javier Gregorio Concepción Soria.
2. María José Martín Fagundo.
Suplente 1: Gonzalo Torre-Marín Domingo.
Suplente 2: Solange Lamas Gueren.
2. COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS (CCa-PNC-NC)
1. José Manuel Pitti González.
Suplente 1: Cristina Eugenia Darias Díaz.
Suplente 2: Eduardo Álvarez García.
2. Verónica Meseguer del Pino.
Suplente 1: Adrián Sergio Eiroa Santana.
Suplente 2: Raquel Rodríguez Cubas.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Olivia María Delgado Oval.
Suplente 1: María del Cristo Dorta López.
Suplente 2: José Vicente González Bethencourt.
2. Pedro Anatael Meneses Roque.
Suplente 1: Emilio Manuel Fariña Padilla.
Suplente 2: María Asunción Pardillo Vela.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rafael Nicolás Arteaga Acosta.
Suplente 1: Pedro Manuel Pérez Viña.
Suplente 2: Guacimara Alonso Pérez.
2. Evelyn del Carmen Alonso Hernández.
Suplente 1: Enoc de la Cruz Cruz.
Suplente 2: Jesús Domingo de Dios Febles.
5. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Antonio Alarco Hernández.
Suplente 1: Antonia Domínguez Sosa.
Suplente 2: Guillermo Meca Cervera.
2. María Isabel García Luis.
Suplente 1: Juan Miguel Olivera González.
Suplente 2: Beatriz González Navarro.
6. MÁS PAÍS-EQUO (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Hugo de Armas Estévez (EQUO).
Suplente 1: Juan Carlos de Lázaro Montelongo.
2. Laura Montilla Calvo (EQUO).
Suplente 1: María del Rosario Rodríguez Jorge.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Analdo González-Casanova Camacho.
Suplente 1: María del Carmen Rodríguez López.
Suplente 2: Roberto Luis Martín Felipe.
2. Eliana Acosta Rodríguez.
Suplente 1: Arlette Molina López.
Suplente 2: Luis Miguel López de Vergara Fernández.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Jorge Sosa Campos.
Suplente 1: Carlos Brito Ramos.
2. M.ª del Mar Palacios García.
9. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Anwar Hawach Umpiérrez.
Suplente 1: Irene de la Cruz Rodríguez Gutiérrez.
Suplente 2: Eladio José Domínguez Moreno.
2. Silvia Burdiel Alvarado.
Suplente 1: Marta Madruga Tobaja.
Suplente 2: Eloy Cuadra Pedrini.
10. VOX (VOX)
1. Merchines Zerolo Álvarez.
Suplente 1: Fernando Máximo Herrera González.
Suplente 2: María José García Quintela.
11. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Rosa Nieves González Pérez.
Suplente 1: Carmen Nereida Luis Luis.
Suplente 2: María Alicia Lacal Molina.
2. Francisco Páez Lorenzo.
Suplente 1: Néstor Febles León.
Suplente 2: José Miguel Delgado Ravelo.
12. AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) y Unidad del Pueblo (AHORA CANARIAS)
1. Yasmín Lucrecia Bouzaoui Acosta.
Suplente 1: José Carlos Fregel González.
Suplente 2: Sara María García García.
2. Banessa Bethencourt Mesa.
Suplente 1: Guillermo Laencina Navarro.
Suplente 2: Susana Delgado Díaz.
13. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC)
1. Manuel Gómez Díaz.
Suplente 1: Delfina Martín Coello.
2. Ariadna Delgado Delgado.
Suplente 1: Luis Manuel Bobet Hernández.
14. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Cesar Ricardo Vera Ayala.
Suplente 1: María Teresa Vera Ayala.
2. Silvia Martín Homubol.
Suplente 1: Eduardo Martín Pérez.
JUNTA ELECTORAL DE SEGOVIA
Doña Celia Salvador Milla, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Segovia,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/ 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Segovia, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Celia Salvador Milla.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Pablo Van Hoof Rodríguez.
2. Arrate Izcara Temprano.
3. Carlos Gallego de Miguel.
Suplentes:
1. Diego Corral Nieto.
2. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Hugo Sebastián Castro.
2. María José Centella Navajas.
3. Javier Andújar Prado.
3. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Manuel Eizaguirre Fernández-Palacios.
2. Rosa María Martín Pedrosa.
3. Miguel Ángel Lagunilla Infante.
Suplentes:
1. Cristina Schaver Eizaguirre.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Luis Aceves Galindo.
2. Lucía Otones Rubio.
3. David Arévalo Rodríguez.
Suplentes:
1. Marta Águeda Maroñas.
2. José Ignacio de la Fuente Montero.
3. Pilar Prado Peñas.
5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Eduardo Calvo García.
2. Alfonso Martín Gómez.
3. María Jesús Domínguez Vadillo.
Suplentes:
1. Samuel García Pastor.
2. Aurora Nieto Weiss.
3. Enrique Gila Martín.
6. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Daniel Martínez Martínez.
2. Jorge Martín Espada.
3. Concepción Molina Martínez.
7. VOX (VOX)
1. Rodrigo Jiménez Revuelta.
2. Milagros Beatriz Trenas Fernández.
3. Juan Quero Monge.
Suplentes:
1. Marta Andrino Martínez.
2. Manuel Pedro Méndez de Vigo Monasterio.
3. Elena Merino Caldas.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Lucía Sanz Arribas (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
2. Álvaro Fernández Mateo (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
3. Ángel Sanz Moreno (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
Suplentes:
1. María Elena Jorge Hernández (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
2. Ignacio Pérez de la Serna Calero (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
3. Araceli Gómez Fernández (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
4. Francisco Roldán López (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
9. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Javier García-Verdugo Vinuesa.
2. María Ángeles Blasco Solaesa.
3. Gustavo del Pozo Diezma.
10. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ana Beatriz Touriñán Ramos.
2. Juan Manuel Díaz Otero Herrero.
3. María Esther Jurado Escalante.
Suplentes:
1. Cayetano Ros Sánchez.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jesús Juan Bautista Postigo Quintana.
2. Beatriz Marta Escudero Berzal.
3. Marta Puertas Paniagua.
Suplentes:
1. Elena Rincón Iglesias.
2. Dionisio García Esteban.
3. Oscar Benito Moral Sanz.
12. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. José Luis Ordóñez Fernández.
2. María Soledad Alba Monfort.
3. María Dolores Soria Alameda.
Suplentes:
1. María Dolores Casado San Inocencio.
2. Luis Enrique Soriano Martín.
3. María Carmen Martín Arranz.
13. CENTRADOS (centrados)
1. Juan Ángel Ruiz Martínez.
2. Ana María Velázquez Yuste.
3. Borja Sanz Quiza.
Suplentes:
1. Esther Bermejo Bravo.
2. José Manuel Conde Brañas.
3. Marta Torres González.
SENADO
1. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Pilar Barral Heredero.
Suplente 1: José Luis Ibáñez Maraña.
Suplente 2: María Elena Municio de Benito.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Ana María Agudíez Calvo.
Suplente 1: José María Gonzalo González.
Suplente 2: Lorena Díaz Arroyo.
2. Jesús Javier Lucía Marugán.
Suplente 1: Estefanía Miguel Pintos.
Suplente 2: Enrique Maroto de Pablos.
3. Yolanda Benito Muñoz.
Suplente 1: Pablo Ángel Torrego Otero.
Suplente 2: Milagros Matesanz Otero.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Patricia Calvo Abia.
Suplente 1: Jesús Ángel Gascón Ames.
Suplente 2: Begoña Pulido Calvo.
2. Víctor Manuel Alvarado Gómez.
Suplente 1: Ángel Jiménez Polo.
Suplente 2: Laura Martínez Minguela.
3. Afrodisio Ángel Martínez Herrero.
Suplente 1: María Carmen Gómez Perela.
Suplente 2: Óscar Pastor Santiago.
4. PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)
1. Noel Horcajada Fernández.
Suplente 1: María de los Ángeles Chamorro Martínez.
Suplente 2: Adolfo Lozano del Campo.
5. VOX (VOX)
1. Jesús Marcos Martín Barba.
Suplente 1: María Enmanuela Cristóbal Díaz.
Suplente 2: Juan Ramón Ordás Campo.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Félix Matesanz Sacristán (PCAS-TC).
Suplente 1: Manuela Peña Martínez (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
Suplente 2: David López Mondéjar (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
7. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. Lorenza Albarracín de la Cerda.
Suplente 1: Jorge Casas Miguel.
Suplente 2: Mercedes Ros Llaurador.
8. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Irene Sacido Martín.
Suplente 1: Rubén Hernández Garrido.
Suplente 2: Luisa Almudena Esteban Ortiz.
2. Gonzalo Virseda Gil.
Suplente 1: Marta Herreros Guijarro.
Suplente 2: Domingo Miñán Gutiérrez.
3. María Isabel Torrijos Jareño.
Suplente 1: Simón González Sayavera.
Suplente 2: María Isabel García Gómez.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Paloma Inés Sanz Jerónimo.
Suplente 1: Basilio del Olmo Alonso.
Suplente 2: Pilar Ares de Blas.
2. Pablo Pérez Coronado.
Suplente 1: Miguel Ángel Hernández Tortajada.
Suplente 2: María Gozalo Rodríguez.
3. Juan José Sanz Vitorio.
Suplente 1: Jennifer Berzal Barroso.
Suplente 2: Carlos Enrique Fuentes Pascual.
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Mercedes Marinero Pilar.
Suplente 1: Miguel de Santos Rodríguez.
Suplente 2: María Esther López Yubero.
2. Daniel Torrego Marinero.
Suplente 1: Juana García Ramos.
Suplente 2: Miguel Ángel Rodríguez Alcolado.
3. Ana María López Guerrero.
Suplente 1: José Antonio López Morillo.
Suplente 2: Milagros Sanz Clavo.
11. CENTRADOS (centrados)
1. José Antonio Manrique Arribas.
Suplente 1: Óscar Benito González.
Suplente 2: María Teresa Mañas Marcos.
JUNTA ELECTORAL DE SEVILLA
Don Antonio Dorado Picón, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Sevilla,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Sevilla, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Antonio Dorado Picón.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Pablo Emérito Cambronero Piqueras.
2. María Virginia Millán Salmerón.
3. Francisco David Rincón López.
4. José Miguel Vera Piñero.
5. Isabel María González Blanquero.
6. Juan Manuel Curado Sánchez.
7. María Remedios Suárez Labrador.
8. Fernando Carrillo Díaz.
9. Elisa María Díaz Salmerón.
10. Moisés Bermudo Gómez.
11. María Dolores Noguera Salvatierra.
12. Álvaro Jesús Pimentel Siles.
Suplentes:
1. Rafael Miguel Rodríguez Redondo.
2. María del Mar García Pino.
3. Jesús Gabriel Moreno Navarro.
4. José Manuel Vázquez González.
5. Natividad Jiménez Negri.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Manuel López Martínez.
2. Lidia Medina Suárez.
3. Ana María Ramírez Martínez.
4. Manuel Jesús Martínez López.
5. José Luis García Montero.
6. Rubén Leal García.
7. María Ángeles Carranza Cervetto.
8. Antonio Ramón Ramírez Albarreal.
9. María Isabel Suárez Muñoz.
10. Laura Iris Márquez Domínguez.
11. Elia Álvarez Macías.
12. Pedro Medina Ayuso.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Francisco Javier Sanabria Moya.
2. Clara Isabel Márquez Martínez.
3. Francisco Javier Florencio Elías.
4. María Elena Romero Sánchez.
5. José Manuel Perea Fernández.
6. Consolación Martín Pozo.
7. Juan Antonio Baeza Bermúdez.
8. Rocío Fernández Lobo.
9. Jaime Martínez Sánchez-Suárez.
10. María de la Cruz Roa Galdeano.
11. Fernando Ramón Cordobés.
12. Esperanza Macarena Romero Méndez.
Suplentes:
1. José Rodríguez Valle.
2. Cristina Montaño Moreno.
3. Rosa María Jiménez Toledo.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Jesús Montero Cuadrado.
2. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
3. Beatriz Micaela Carrillo De los Reyes.
4. Francisco José Salazar Rodríguez.
5. Eva Patricia Bueno Campanario.
6. José Losada Fernández.
7. Marta Alonso Lappí.
8. Alejandro Moyano Molina.
9. María Ángeles Sepúlveda García de la Torre.
10. Eva María Contreras Cáceres.
11. Manuel García Benítez.
12. Cristina Arcos LLaneza.
Suplentes:
1. Carmen Amanda Copete Andrade.
2. José de la Rosa Solís.
3. María Cristina Pérez Gálvez.
5. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Francisco José Barjas Fernández.
2. Guillermo Augusto Ramos Ruiz.
3. Noelia Rubio Alfaro.
4. Marcos Prado Fernández.
5. Marta Salas Arroyo.
6. Rafael García Berzagay.
7. Ángeles Ortiz Agenjo.
8. Ignacio Rubio Alfaro.
9. Manuel Góngora Canela.
10. Carmen León Sánchez.
11. Manuel Sánchez Morillo.
12. Pilar Ariza Ruiz.
6. VOX (VOX)
1. María de los Reyes Romero Vilches.
2. Francisco José Contreras Peláez.
3. Fátima Azmani Ramírez.
4. María Dolores López-Bellido Garrido.
5. Gonzalo María Alba Betere.
6. Javier Navarro Ortiz.
7. Ángel Molini Estrada.
8. María Triguero Piñero.
9. María Camacho Guerra.
10. José Manuel Peláez Izquierdo.
11. Alejandro Llance Rodríguez.
12. Graciela Conforto Sesto.
Suplentes:
1. Patricio Jesús López-Ladrón García de la Borbolla.
2. Eloísa María Torres Moreno.
3. Rubén Pulido Sánchez.
4. María Cristina Peláez Izquierdo.
5. Aquilino Duque Gimeno (Independiente).
7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Francisco Sánchez López.
2. Irene García Corbacho.
3. Antonio Javier Chamorro Guerrero.
4. Blanca de los Ángeles Baena Rodríguez.
5. David Nieves Calo.
6. José Carlos Baena Rodríguez.
7. Ana Lioba Sánchez Santana.
8. Jorge Martín Pérez.
9. Juana Rodríguez Macías.
10. Alexis Romero Río.
11. Nasai Littarru Sampedro.
12. Rocío Sosa Sánchez.
Suplentes:
1. Alessandro Rinaldi Gómez.
8. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. María Ángel Maeso Rubio.
2. Francisco Manuel Cornejo Gil.
3. Fernando Rodríguez Martínez.
4. Carmen Sánchez Quirós.
5. Víctor Soriano Valenzuela.
6. María Isabel Portillo Rivero.
7. Manuel Francisco Castillo García.
8. Ana Concepción Renedo Barrera.
9. José Manuel Marín Rondán.
10. José Manuel Romero Cortés.
11. Esperanza Macarena Calvete Rial.
12. Rubén Lozano Fernández.
Suplentes:
1. María Dolores Romero Rodríguez.
2. José Antonio Ruiz García.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Salud Márquez Guerrero.
2. Isabel Franco Carmona.
3. Miguel Ángel Bustamante Martín.
4. Ezequiel García Nieto.
5. Raquel Mercedes Gómez Hernández.
6. Marina Segura Gómez.
7. Mario Perea Ruiz.
8. Ana Ángela Jiménez López.
9. José Ruiz Herman.
10. Áticus Méndez Díaz.
11. Tamara Campos Durán.
12. Juan Diego Cala Sánchez.
Suplentes:
1. Diana Fernández Romero.
2. Alfredo Oria de Rueda Elorriaga.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Teresa Jiménez-Becerril Barrio.
2. María Soledad Cruz-Guzmán García.
3. Ricardo Tarno Blanco.
4. María Teresa Astolfi González-Mogena.
5. Pedro Ángel González Rodríguez-Albariño.
6. Luis Miguel Ruiz Pérez.
7. Mercedes Cardona Salguero.
8. Rosario de Fátima Alvarez Acal.
9. Ricardo Gil-Toresano Riego.
10. Manuel Vargas Lobato.
11. María Pilar Pasadas González.
12. Manuel Bellido Ruiz.
Suplentes:
1. Manuel Latorre Ibáñez.
2. María del Rocío Escobar Macías.
11. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Norberto Mora Valverde.
2. Isabel Santos López.
3. Enrique Luzuriaga Martín.
4. Ismael Guillén Ortega.
5. María del Carmen Valverde Aguilar.
6. Alonso Rey Suárez.
7. Benito Ferrera Durán.
8. María Reyes Torres Guerrero.
9. Eustaquio Mora González.
10. Reyes Rey Torres.
11. Sergio Mora Valverde.
12. Alba Carpintero Santos.
Suplentes:
1. Ismael Guillén López.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Carmen Rocío Gutiérrez Antequera.
2. Ángel Moreno Fernández.
3. Antonio Luis Marín Garzón.
4. Francisca Álvarez Pérez.
5. María del Carmen Lozano Vega.
6. Manuel Moreno Graciano.
7. Calixto Medina Arteaga.
8. Josefa López Vallejo.
9. María Elena Villalba Murillo.
10. Francisco Javier García Caso.
11. Beatriz Pastora Álvarez.
12. Antonio González Calderón.
Suplentes:
1. José Gil Sánchez.
2. Carmen Jaime Borrego.
3. Francisco Javier Mejías Ramos.
4. Sira María Pastora Álvarez.
13. MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Esperanza Gómez Corona.
2. Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe.
3. Sacramento Andrés Fernández (EQUO).
4. Nuria Mesa Muñoz.
5. Nicolás López Torres.
6. Sergio Román Morato.
7. Inmaculada del Pino Fernández.
8. Gonzalo de las Heras Díaz.
9. Eugenia Gil García.
10. Manuel Jesús Machuca González.
11. Rosa María Pérez Hernández.
12. Alberto Pradilla Tello.
Suplentes:
1. Antonio Masset Ruiz (EQUO).
2. Delia Gutiérrez Rubio (EQUO).
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Ángel Mayo Llanos.
Suplente 1: María Nieves Fajardo Morera.
Suplente 2: Antonio Alberto Gaitán Alberto.
2. Amelia Velázquez Guevara.
Suplente 1: José Eduardo Serrano Ahumada.
Suplente 2: Virginia Roldán Santamaría.
3. Guillermo Prieto Perea.
Suplente 1: Adrián Torres Rosendo.
Suplente 2: Dolores Amaya Heredia.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Rafael Villar Liñán.
Suplente 1: Cristina Quirós Córdoba.
Suplente 2: José Alberto García Perea.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Cutiño Zamora.
Suplente 1: Jesús Jiménez Zubeldía.
Suplente 2: Janire González Martínez.
2. Gonzalo González Valencia.
Suplente 1: Lidia Infantes Guzmán.
Suplente 2: Miguel Ángel Pozo Gayango.
3. Rosario Carmona Rodríguez.
Suplente 1: Álvaro García Martín.
Suplente 2: Isabel Santísima Trinidad López Cepero.
4. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Antonio Gutiérrez Limones.
Suplente 1: Javier Fernández Gualda.
Suplente 2: Rosalía Moreno Marchena.
2. María Nieves Hernández Espinal.
Suplente 1: Manuela Cabello González.
Suplente 2: Juan Carlos Navarro Antúnez.
3. Juan Antonio Gilabert Sánchez.
Suplente 1: Antonio Valverde Macías.
Suplente 2: Áurea María Borrego Moreno.
5. VOX (VOX)
1. Macario Valpuesta Bermúdez.
Suplente 1: María Pastor Pérez-Angulo.
Suplente 2: José Alfredo Muñoz Martínez.
6. ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)
1. Antonio Jesús Acevedo Blanco.
Suplente 1: Rosa María Delmás Bizcocho.
Suplente 2: José Manuel Cejudo Suero.
2. María Gloria Molina Ramos.
Suplente 1: Antonio Lafuente González.
Suplente 2: María Antúnez González.
3. Manuel Vera Silvestre.
Suplente 1: Silvia Gracia Galán.
Suplente 2: Manuel José Estrada Merino.
7. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Antonia María Capitán Martínez.
Suplente 1: Jara Huisa Madroñal.
Suplente 2: Ismael Sánchez Castillo.
2. María del Valle Fernández Martínez.
Suplente 1: Ricardo Gutiérrez Japón.
Suplente 2: Esmeralda Delgado Guerrero.
3. María Ángeles García Ramírez.
Suplente 1: José Marcos León Escribano.
Suplente 2: María González Garrido.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Luis Sanz Ruiz.
Suplente 1: Luis Alberto Paniagua López.
Suplente 2: Isabel Díaz Cutiño.
2. Ricardo Villena Machuca.
Suplente 1: Fernando Espinosa Contreras.
Suplente 2: María Magdalena Montaño Rodríguez.
3. Isabel del Pilar Fernández de Liencres Rodríguez.
Suplente 1: Concepción Gallardo Pinto.
Suplente 2: Andrés Parrado Parra.
9. PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)
1. Antonio Vílchez Cebrián.
Suplente 1: Sara Carpintero Santos.
Suplente 2: Fidel Jesús Sánchez Villegas.
10. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisco Vicedo Carmona.
Suplente 1: Cándida Marcos Alvarez.
Suplente 2: Manuel Federero García.
2. Carlos Antonio Agudo Hill.
Suplente 1: Antonia Sánchez-Barbudo Fernández.
Suplente 2: Hugo Néstor Juárez Martínez.
11. MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS PAÍS-EQUO)
1. Concepción San Martín Montilla (EQUO).
2. Abraham Velázquez Moraira (EQUO).
3. Eduardo Terencio Jiménez Segovia (EQUO).
JUNTA ELECTORAL DE SORIA
Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Soria,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Soria, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Margarita Jiménez Salas.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Elena Machi Rojo.
2. Fernando Rodrigo López.
Suplentes:
1. María Pilar Molina-Campuzano González.
2. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Juan Carlos García Hernández.
2. María Milagros Solano Rodrigo.
Suplentes:
1. María Asunción Elvira Gil Oliva.
2. María José Marco Llorente.
3. Eduardo Gallego Caballero.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rodrigo García Lesmes.
2. María Belén Redondo Ortiz.
Suplentes:
1. José Luis Alonso Sanz.
2. María Natividad Zarca Contreras.
4. VOX (VOX)
1. Irene Guadalupe Sánchez Tabernero.
2. Mariano Pascual Ovejero.
Suplentes:
1. Rosario Vega Benigno.
2. Néstor Palacios Delgado.
5. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Manuela Ruiz Martínez (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
2. Pedro Mambrilla Cancho (PCAS-TC).
Suplentes:
1. Raquel Gómez Fernandez (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
2. José María Álvarez Sotomayor Salamanca (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Marina Gómez Gutiérrez.
2. Andrés Fontán Zarralanga.
Suplentes:
1. Alicia Torio Elices.
7. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Javier Antón Cacho.
2. Rosa Romero Amaya.
Suplentes:
1. Carlos Martínez Mínguez.
2. Teresita del Niño Jesús Ágreda Cabo.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Iván de los Mozos Hernando.
2. Belén Vallvé Lago.
9. PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO (PPSO)
1. José Antonio de Miguel Nieto.
2. Ascensión Pérez Gómez.
Suplentes:
1. Miriam Martínez Lafuente.
2. Miguel Amillas Alonso.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Tomás Cabezón Casas.
2. María José Martínez Navas.
Suplentes:
1. Javier Sanz Tejero.
2. Rocío Gallardo Sancho.
SENADO
1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Estefanía Gutiérrez Ledesma.
Suplente 1: José Luis Gil Lorés.
Suplente 2: Grevelyn Sosa Rotundo.
2. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. José Luis Sanjuán García.
Suplente 1: José Antonio Beltrán Corredor.
Suplente 2: Patrocinio Hernández Aranda.
2. Ana Isabel Barca Oliva.
Suplente 1: María del Carmen Heras Uriel.
Suplente 2: Juan Carlos Ríos Pacho.
3. José Alberto Lorenzo Pérez.
Suplente 1: Eva Vera Delgado.
Suplente 2: Enrique García Domínguez.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Antonio Leal López.
Suplente 1: María del Carmen Marcos Alonso.
Suplente 2: Jorge Llaurado Pérez.
2. María Ángeles Morales Garijo.
Suplente 1: Iván Andrés Aparicio.
Suplente 2: María Socorro García Tuda.
3. Francisco Javier Sanz Romera.
Suplente 1: Rubén Morales Garijo.
Suplente 2: Catherine Dunn Decker.
4. VOX (VOX)
1. Sara López Pérez.
Suplente 1: Jesús Carmelo Herrero González.
Suplente 2: María Muñoz Andrés.
5. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Florentina Juanes González (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
Suplente 1: Jesús Álvarez Valcarcel (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
Suplente 2: Isabel Holguín Alfageme (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC).
6. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Jesús Manuel Alonso Jiménez.
Suplente 1: Asunción Medrano Marina.
Suplente 2: José Peñalba Sanz.
2. María Pilar Delgado Díez.
Suplente 1: Luis Alfonso Rey de las Heras.
Suplente 2: Ana María Romero Rupérez.
3. Pedro Carlos Lafuente Molinero.
Suplente 1: María del Carmen Pilar del Olmo Machín.
Suplente 2: José María Gómez Martínez.
7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Lourdes Martín-Laborda García de la Rasilla.
Suplente 1: Alejandro Villa Racionero.
Suplente 2: María Martínez Iglesias.
8. PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO (PPSO)
1. Adolfo Sainz Ruiz.
Suplente 1: Rebeca Valderrama Muñoz.
Suplente 2: Alfredo Esteras García.
2. Antonio Pardo Capilla.
Suplente 1: Pascual de Miguel Gómez.
Suplente 2: Eva María Armillas Palacios.
3. María Isabel Bartolomé Yubero.
Suplente 1: Marcelino Romero Pérez.
Suplente 2: Esther Guerrero Navascués.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María José Heredia de Miguel.
Suplente 1: José Manuel Hernando García.
Suplente 2: María Felicidad Gómez Lafuente.
2. Gerardo Martínez Martínez.
Suplente 1: María José Fuentes Martínez.
Suplente 2: Mario Hernando Peirotén.
3. Manuel López Represa.
Suplente 1: María del Perpetuo Socorro Pérez Santa Bárbara.
Suplente 2: David Álvarez Sancho.
JUNTA ELECTORAL DE TARRAGONA
Doña Raquel Aunòs Gómez, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Tarragona,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169,4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Tarragona, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Raquel Aunòs Gómez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Joan Ruiz i Carbonell.
2. Sandra Guaita Esteruelas.
3. Dolors Bel Guerrero.
4. Oscar Sánchez Ibarra.
5. Diana Salvadó Artells.
6. Carlos Javier Trinchan Viñes.
Suplentes:
1. Xavier Sabaté Ibarz.
2. Estela Baeza Vaquerizo.
3. Roger Caballero Folch.
4. Vanesa Reina Belenguer.
2. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Sergio del Campo Estaún.
2. Maria Carme Margalef Vernet.
3. Tamara Navarrete Navas.
4. Sergio José Lou Mercadé.
5. Maria Cecilia Castelló Melich.
6. Fernando Pecino Robles.
Suplentes:
1. Raquel Tamar García Cámara.
2. José Ángel Susín Díaz.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Iván Guijarro Vila.
2. Silvia Arlanzón Vidal.
3. Nuria Español Martorell.
4. Jordi Pouget Huguet.
5. Tania Nieto Cortés.
6. Guillermo Feu Benavides.
Suplente:
1. Roser Parra Bigorra.
4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Jordi Salvador i Duch.
2. Norma Pujol i Farré.
3. Joan Basseda i Domènech.
4. Irina Gómez i Maturana.
5. Eladi Galbe i Mauri.
6. Camí Mendoza i Mercè.
Suplentes:
1. Lluís Escoda i Freixas.
2. Virgínia Susana Martínez i Torres.
3. Alexandre Gonzàlez i Castro.
4. Anna Vidiella i Piñol.
5. Francesc Anguela i Bonet.
6. Maria Magdalena Jové i Guasch.
7. Joan Bertomeu i Zaragoza.
8. Maite Bel i Farnós.
9. Joan Salvador Balagué i Cervera.
10. Conxita Pujol i Sarroca.
5. PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Maria del Rosario Muñiz Olivares.
2. Elisabeth Altayó Martí.
3. Clemente Garrido Duran.
4. Manuela Sánchez Gómez.
5. Jaume González Parra.
6. Adrià Vázquez Albaiges.
6. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. Alberto Blázquez Torres.
2. María Carmen Beltrí García.
3. César del Valle Bautista.
4. Amparo Fernández Azuaga.
5. Avelino Martínez Martínez.
6. Purificación Bosch Julve.
Suplentes:
1. Francisco Beltrí Valmaña.
2. María Iluminada Pegueroles Gombau.
7. VOX (VOX)
1. Alejandro de Anta Puig.
2. Isabel Lázaro Pina.
3. Sergio Macián de Greef.
4. Ana Belén Rodríguez Ros.
5. José Ramón Gargallo Bosch.
6. Ana Luisa Amores Gutiérrez.
Suplentes:
1. Rubén Benito Navarro.
2. Sandra Dios Morales.
3. Jordi Fernández Martínez.
8. JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Josep Rull i Andreu.
2. Ferran Bel i Accensi.
3. Aurora Masip i Treig.
4. Montserrat Vilella i Cuadrada.
5. Esther Flubacher i Domènech.
6. Jordi Marlès i Ribas.
Suplentes:
1. Bàrbara Flores i Vera.
2. Marc Vinya i Miralles.
3. Ferran Bladé i Pujol.
4. Eva Feijóo i Rodríguez.
5. Joaquim Miralles i Pegueroles.
6. Manel Suñé i Mataoui.
7. M.ª Lluïsa Gené i Rebull.
9. ESCONS EN BLANC / ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Josep Lluís Calabuig Pastor.
2. Concepció Benito Giménez.
3. Ernest Torrellas Sanz (Independiente).
4. Natalia Zanfaño Milian (Independiente).
5. Àngel Ezquerra Carreras (Independiente).
6. Dolores Manso de Haro (Independiente).
10. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Sergi Martin Rio.
2. Manuela Leiva Pérez.
3. Pablo Costa Nebreda.
4. Miriam Martín Río.
5. Alberto Ángel Morrás Martinez.
6. Jainaba Bayo Bayo.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Jordi Roca Mas.
2. Montserrat Duch Cartaña.
3. Juan José Sans Forcadell.
4. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés.
5. Montserrat Montcusí Cardona.
6. M.ª Dolores Juncal Santos.
Suplentes:
1. M.ª Encarnación Quilez Valdelvira.
2. Francisco Ripoll Roig.
3. Francesc Caballero Ristol.
12. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Ismael Cortés Gómez.
2. Carolina Burgos Martín.
3. Andreu Agredano Bonet.
4. Rosabel Recio Daga.
5. Francesc Benaiges Oriol.
6. María Carmen Pujadas Ruiz.
Suplentes:
1. Òscar Blasco Martínez.
13. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Albert Camarasa Escubedo.
2. Olga Says Fernández.
3. Andreu Tomás Martínez de Villa.
4. María del Carmen Asensio Giner.
5. María Luisa Serrano Zuñeda.
6. Eduard Amat Ochoa.
Suplente:
1. Pablo Roser Berthet.
14. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. Eduardo Cano Tomás.
2. Júlia Sala Medina.
3. Juan Francisco Caño Miñambres.
4. Carmen Perez Munuera.
5. Evelyn Cadenas Padilla.
6. Argenis Sierra Medina.
15. CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA (CUP-PR)
1. Mariona Cuadrada Monteverde.
2. Sergi Saladié Gil.
3. Jordi Fornós Pelejà.
4. Andrea Sánchez Pérez.
5. Maria Dolors Terrón Sacristán.
6. Ferran Reyes Gómez.
Suplentes:
1. Miquel Perelló Segura.
2. Griselda Pau Salvat.
3. Laura Riquelme Montalban.
4. Eleuteri Arques Casanova.
5. Albert Sabater Planisi.
6. Èrica Bel Queralt.
16. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Rut Clemente Martin.
2. Gerard Fonts Bonet.
3. Rafael Mateu Diaz.
4. Encarna López Gil.
5. Guillermo Garcia Salas.
6. Sandra Menor Ventura.
Suplentes:
1. Víctor Villacampa López.
2. Gema Menor Ventura.
SENADO
1. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
1. Santiago José Castellà Surribas.
Suplente 1: M. Inmaculada Costa Ramon.
Suplente 2: Daniel Cid Ricote.
2. Joan Castor Gonell Agramunt.
Suplente 1: Teresa Esmel Casanova.
Suplente 2: Manel de la Vega Carrera.
3. M.ª Jesús Sequera Garcia.
Suplente 1: Salvador Ferré Budesca.
Suplente 2: Rocio León Aller.
2. CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Patricia Faura Fernández.
Suplente 1: Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez.
Suplente 2: Concepción Almazán Gómez.
2. Cristina Satué Vallvé.
Suplente 1: Jose Portillo Rovira.
Suplente 2: María del Mar Negro Lorenzo.
3. José Patiño Ribera.
Suplente 1: Sergio Marchal García.
Suplente 2: Ana María Sampedro Bastos.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Esther Cuadrado Jaro.
Suplente 1: Iñigo Manrique Romero.
Suplente 2: Gemma Rocabert Almansa.
2. Jordi Martínez Latorre.
Suplente 1: Carmina Castellano Tejedor.
Suplente 2: Fernando del Blanco Cortijo.
3. Estela Pascual Chamizo.
Suplente 1: Josep Royo Laosa.
Suplente 2: Irene Ruiz Quixalós.
4. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES (ERC-SOBIRANISTES)
1. Miquel Aubà i Fleix.
Suplente 1: Vanessa Callau i Miñarro.
Suplente 2: Raül Franquet i Marcillas.
2. Laura Castel i Fort.
Suplente 1: Ivan Faccia i Serrano.
Suplente 2: Ester Martí i Accensi.
3. Josep Rufà i Gràcia.
Suplente 1: Isabel Sales i Coderch.
Suplente 2: Josep Maria Pallàs i Guasch.
5. PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
1. Alicia Garrido Muñiz.
Suplente 1: Eloi Calero Rodríguez.
Suplente 2: Maria López de Atalaya Ortega.
6. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
1. José Juan Ferré Fornos.
Suplente 1: Jordi Artesona Ruiz (Independiente).
Suplente 2: Engracia Julve Godes.
7. VOX (VOX)
1. Alejandro Soler Baiget.
Suplente 1: María Luisa Peña Gallo.
Suplente 2: Mariano Salas Lázaro.
8. JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS (JxCAT-JUNTS)
1. Hèctor López i Bofill.
Suplente 1: Teresa Moya i Giné.
Suplente 2: Xavier Gallego i Seuba.
2. Assumpció Castellví i Auví.
Suplente 1: Judith Vidal i Vilella.
Suplente 2: Rafael Serrano i Cobos.
3. Anna Magrinyà i Vinyes.
Suplente 1: Josep Sancho i Beltri.
Suplente 2: Míriam Forcadell i Estrem.
9. ESCONS EN BLANC / ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Tàlia Calabuig Manso (Independiente).
Suplente 1: Jesus Alberto Garcia Fernàndez (Independiente).
Suplente 2: German Rodríguez Ferrer (Independiente).
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Juan Acero de Dios.
Suplente 1: M.ª Cristina Campos Álvarez.
Suplente 2: Mariano Herraiz Puchol.
2. Nuria Gómez Granès.
Suplente 1: Luís María Pagés Bertomeu.
Suplente 2: Yolanda Ortega Palomar.
3. Juan Manuel Sánchez Ramírez.
Suplente 1: Rosa Mary Iglesias Matamoros.
Suplente 2: Carlos Joaquín Pastor García.
11. EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI (ECP-GUANYEM EL CANVI)
1. Carles Fuxet Garcia.
Suplente 1: Teresa Fortuny Solà.
Suplente 2: Ricard Redondo Moltó.
2. Angeles Aguilera Méndez.
Suplente 1: Maria Isabel Gazzino Rodríguez.
Suplente 2: Sergio Herrera López.
3. Juan Vicente Martínez Navarro.
Suplente 1: Verónica Rubio Lorente.
Suplente 2: Nicolás Pérez Lavid.
12. PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)
1. Anton Guerrero Calvo.
Suplente 1: Rosa García Morrón.
Suplente 2: Carlos Prytz Corrales.
13. IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP)
1. José Ruiz Arana.
Suplente 1: Raquel Sánchez Berlanga.
Suplente 2: Sergio Espejo Belizón.
14. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Juan Francisco Martinez Ten.
Suplente 1: Cora Melanie Kirch Jurado.
Suplente 2: Luis Fernando Rosas Rosa.
JUNTA ELECTORAL DE TERUEL
Doña María Teresa García-Denche Navarro, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Teruel,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Teruel, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María Teresa García-Denche Navarro.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Yuri Pérez Román.
2. María Carmen Peñalver Navarro.
3. Nicasio Manuel Aparisi Martín.
Suplentes:
1. Francisca Ortega Delgado.
2. Juan Ruiz Recio.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Joaquín Francisco Moreno Latorre.
2. Nuria Tregón Martín.
3. Francisco José Lahoz Celma.
Suplentes:
1. Ana Luisa Del Barrio Gorbe.
2. Mario Ortiz Grinón.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Herminio Sancho Íñiguez.
2. Cuca Montull Cajaraville.
3. Jorge Hernández Perona.
Suplentes:
1. Carlos Casares Igual.
2. Pilar Aurora Vicente Moreno.
3. Javier Carcía Calatrava.
4. UNIÓN DE TODOS (UDT)
1. Helen Mukoro Idisi.
2. Richard Cabo Mukoro.
3. Emmanuel Udieba Kevwe.
Suplentes:
1. Adriana Hernández Ruiz.
2. Yudi René Barros Pulgarín.
3. Juan Antonio Pulido Fuentes.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Leticia Simelio Carmona.
2. Jesús Martín Ferrero.
3. Silvia Miró Lluís.
Suplentes:
1. José Luis Asensio Sánchez.
6. VOX (VOX)
1. Alejandro Nolasco Asensio.
2. Ricardo Lorente Sancho.
3. Dalia León Soriano.
Suplentes:
1. Manuel Lozano Polo.
2. Elena Fernández Deveney.
3. María Nieves Calle Lidón.
7. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. Julián Vico Rentero.
2. Evelia Rentero Martínez.
3. Santiago Vico Calero.
Suplentes:
1. María Elda Dobón Elena.
8. AGRUPACIÓN DE ELECTORES «TERUEL EXISTE» (¡TERUEL EXISTE!)
1. Tomás José Guitarte Gimeno.
2. Manuel Gimeno Romero.
3. Ana Asunción Balaguer Barrachina.
Suplentes:
1. Raquel Benedí Becerra.
2. Enrique Vicente Marín Martínez.
3. Susana Camín Lechón.
4. José Alberto López García.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Ansoleaga Rodríguez.
2. Jorge Sebastián Rico.
3. Luis Martínez Pérez.
Suplentes:
1. Irene Pilar Campos Benedicto.
2. Juan Barbosa Sigüenza.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Paloma Ortiz Del Río.
2. Fernando Pérez Fernández.
3. María Gironza Álvarez-Mendizábal.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Alberto Herrero Bono.
2. Raquel Clemente Muñoz.
3. Elena Asensio García.
Suplentes:
1. Yolanda Sevilla Salvador.
2. Miguel Iranzo Hernández.
3. Francisco Narro Buj.
12. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Ángeles Manzano Sánchez Vaquerizo.
2. Nicolás López Sancho.
3. Carmen Mesa Raya.
13. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. Pascual Martín Ferrer.
2. María Dolores Nieto Hidalgo.
3. Alfonso Gómez Torcal.
14. PUYALON (PYLN)
1. Chabier Mallor Monzón.
2. Marian Roig Cestero.
3. Francho Herrero Roche.
15. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Abel Navarro Mahiques.
2. Elena Alderete Quiquia.
3. Jesús Jiménez Cerpa.
SENADO
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Desamparados Herrera Rubio.
Suplente 1: Ángel Moreno Martínez.
Suplente 2: Vladimir Pérez Román.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Alfonso Palmero Quintanilla.
Suplente 1: María Rocío Hernández Alonso.
Suplente 2: Inocencio López Corbatón.
2. María José Alonso Pérez.
Suplente 1: Carlos Aranda Anquela.
Suplente 2: María Carmen Bayod Navarro.
3. Luis Octavio Esteban Guijarro.
Suplente 1: Andrés González Paredes.
Suplente 2: Laura Esteban Soler.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María José Villalba Chavarría.
Suplente 1: María Jesús Sanjuan Gómez.
Suplente 2: Isidro Sancho Jarque.
2. Joaquín Noe Serrano.
Suplente 1: Fernando Safont Alcón.
Suplente 2: Vanesa Pellicena Pellicena.
3. María Perla Borao Aguirre.
Suplente 1: Julia Vicente Lapuente.
Suplente 2: Carlos Eugenio Martín Silvestre.
4. UNIÓN DE TODOS (UDT)
1. María Dolores Ivars Samper.
2. Jesús Miguel Ortiz Sánchez.
3. Kleber Ramiro Esquivel Moscoso.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Lourdes Mariñoso Aguarón.
2. Alfonso Baciero Adrados.
3. Ariadna Querol Agustí.
6. VOX (VOX)
1. Juan Manuel Hernández Simón.
Suplente 1: Juan Vicente Férriz Hernández.
Suplente 2: Begoña Luz Herrero.
7. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. José Luis Mallén Herrero.
Suplente 1: Miguel Ángel Beltrán Alandes.
Suplente 2: Juana Martínez García.
8. AGRUPACIÓN DE ELECTORES «TERUEL EXISTE» (¡TERUEL EXISTE!)
1. Joaquín Egea Serrano.
Suplente 1: Encarnación Catalán Maudos.
Suplente 2: Carlos Paricio Gascón.
2. Beatriz Martín Larred.
Suplente 1: Antonio Saz Baselga.
Suplente 2: Manuel Cirujeda Franco.
3. Alba Polo Artal.
Suplente 1: Amado Ángel Goded García.
Suplente 2: María Teresa Valero Adán.
9. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ana Burriel Navarro.
Suplente 1: Daniel Pozo Cuerva.
Suplente 2: Ana Teresa Sánchez Paredes.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Andrés Serrano Paradinas.
Suplente 1: María del Carmen Alonso Muñoz.
Suplente 2: Jaime Álvarez-Novoa Barrio.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Manuel Blasco Marqués.
Suplente 1: Javier Domingo Navarro.
Suplente 2: Sonia Navarro Millán.
2. María Carmen Pobo Sánchez.
Suplente 1: Beatriz Loma Marín.
Suplente 2: José Miguel Celma Belmonte.
3. Miguel Ángel Estevan Serrano.
Suplente 1: Fernando Javier Camps Juan.
Suplente 2: Carmen Maorad Úbeda.
12. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Ana Isabel Gimeno Pérez.
Suplente 1: Darío Sanz Lecina.
Suplente 2: María Milián San Nicolás.
2. Rafael Vivas Paniagua.
Suplente 1: Olga María Montañes Viloria.
Suplente 2: Edgar Gargallo Bolea.
3. Félix Rubio Ferrer.
Suplente 1: Manuela Blasco Bielsa.
Suplente 2: Ramón López Hernández.
13. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. Hector Juan Filloy Viver.
Suplente 1: Pedro Jesús Alfaro Zubero.
Suplente 2: María José Sesé Sierra.
14. PUYALON (PYLN)
1. Chemari García Rodríguez.
JUNTA ELECTORAL DE TOLEDO
Don Luis Díaz Fernández, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Toledo,
CERTIFICO: Que la candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Toledo, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Luis Díaz Fernández.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Sergio Gutiérrez Prieto.
2. Esther Padilla Ruíz.
3. Rodrigo Moreno Contreras.
4. María José Ruíz Sánchez.
5. Ángel Ramos Ruíz.
6. María Dolores Zapardiel Zapardiel.
Suplentes:
1. José Carlos Martín González.
2. Rosa María Quirós Querencias.
3. Alberto Hernández Garrobo.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Hernández Ballesteros.
2. Miguel Ángel de Juan Cebrián.
3. Isabel Gonález Zúñiga.
4. Venancio María Torralbo Pérez.
5. María Luisa Iglesias Gil de Bernabé.
6. Joaquín Cordero Martínez.
Suplentes:
1. María Almudena López Morillas.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Juan Carlos Girauta Vidal.
2. María Pilar Castellanos Castillo.
3. Gonzalo Álvarez Martínez.
4. Ruben Rizo Rodríguez.
5. Miriam Dorado Muñoz.
6. Susana Hernández del Mazo.
Suplentes:
1. Ángel Tomás Montero Carrillo.
2. Celinda Amores Cámara.
3. Antonio García Soto.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Alfonso Senovilla Labrador.
2. Silvia Victoria Peralta Sánchez.
3. Rubén Diego Rodrigo.
4. Ana María García Marcos.
5. María Isabel Cuesta Sánchez.
6. Sergio De Blas Mediavilla.
5. VOX (VOX)
1. Manuel Mariscal Zabala.
2. Inés María Cañizares Pacheco.
3. Cristobal Navarro Domínguez.
4. Anet Pereda Tomassevich.
5. Antonio Pérez Martín.
6. Ana María García Arranz.
Suplentes:
1. Benjamín Calero Figueroa.
2. Ana Isabel Bravo Tirado.
3. José Javier Camacho Iniesta.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Teresa Arévalo Caraballo.
2. Daniel Velasco García.
3. Pedro Labrado Pintado.
4. Elisabet Rueda Lopes.
5. Gemma Álvarez Martín.
6. José Gabriel Bejerano Alcón.
Suplentes:
1. José Manuel Perujo Campano.
2. Natividad López García.
3. Francisco Manuel de la Peña Mira.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Vicente Tirado Ochoa.
2. Carmen Riolobos Regadera.
3. Francisco Javier Bravo Fernández.
4. José Jaime Alonso Díaz-Guerra.
5. Cayetana González Peña.
6. Asunción Robles Sánchez.
Suplentes:
1. Manuela Lominchar Lominchar.
2. José Manuel Trigo Verao.
3. Roberto García Laredo.
4. Julia Fernández Cerrillo.
5. Vicente Alameda Fernández-Lancha.
8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Eduardo Corrales Moreno.
2. Almudena Morate Roldán.
3. Jorge Velázquez Merino.
4. Jorge Campos Fernández.
5. Tamara Ruperez Castellanos.
6. Juan Manuel Ferreira Morgazo.
Suplentes:
1. Miguel Coello Arce.
2. Ana Granados Rua.
3. Guillermo Corral Gil.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Diego Vega Sanchez.
2. Alba Violeta Vicente Pantoja.
3. David Espinosa Cuadrado.
4. Yolanda de Lucas Vicente.
5. Jose Antonio Perez Doblado.
6. Maria Teresa Pantoja Bargueño.
Suplentes:
1. Sergio Rodriguez Gomez Pimpollo.
2. Maria Magdalena Micaela Garcia Martin.
3. Jose Garcia de la Parra del Valle.
10. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
1. Marina Eva Llópiz Jiménez.
2. Florián Muñoz Del Moral.
3. María Cristina Siles Hernández.
4. Juan Fernando Pérez Díaz.
5. María Dolores Guijarro Valero.
6. Juan Carlos Cantelar González.
Suplentes:
1. Jessica Pérez Noguera.
2. Daniel Blanco Crespo.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Féliz Ortega Fernández.
Suplente 1: María José Gallego Ruiz.
Suplente 2: José Rubén Torres Moratalla.
2. Montserrat Muro Martín.
Suplente 1: José Carlos Sánchez Blázquez.
Suplente 2: Irene González Payo.
3. José Manuel Tofiño Pérez.
Suplente 1: Lucía Sánchez-Urán Díaz.
Suplente 2: Juan Angel Almonacid Gallego.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Laura María Herranz Menezo.
2. Pedro Luis Cano Claret.
3. Alicia Martínez-Clavel Martínez.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Begoña Molina Rodríguez.
Suplente 1: Verónica Fernández Palomino.
Suplente 2: Fernando Cedenilla Esteban.
2. Jorge Fernández Torres.
Suplente 1: Lucía Catro García.
Suplente 2: Antonio José Pérez Amo.
3. Rafael Cano García.
Suplente 1: Juan Carlos Mencía Gutiérrez.
Suplente 2: Natalia García Blanco.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María Esther Durán González.
Suplente 1: Mariano López Pacheco.
Suplente 2: Eva Concepción González Porres.
2. Luis Felipe Domínguez Domínguez.
Suplente 1: María del Carmen Nicolás García.
Suplente 2: José Luis Dolz Fernández.
5. VOX (VOX)
1. Josefina Blázquez Sánchez.
Suplente 1: Remigio Díaz Martínez.
Suplente 2: María del Carmen Jiménez González.
6. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Manuel Dorado Martín.
Suplente 1: M.ª Dolores Montserrat Talavera Martínez.
Suplente 2: Óscar Ricardo Gómez de la Cruz.
2. Jorge Vega Martín.
Suplente 1: Encarnación Flores Bote.
Suplente 2: José Iniesta Redondo.
3. M.ª Jesús Villafruela Matilla.
Suplente 1: Manuel Ariza Chacón.
Suplente 2: Margarita Ramos Gaona.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Julián Gregorio López.
Suplente 1: Carolina Alonso Fernández.
Suplente 2: José Manuel Carmona Lillo.
2. María Pilar Alía Aguado.
Suplente 1: José Javier Martín Palomino.
Suplente 2: Piedad María Díaz Escudero.
3. Pablo José Corrales Aragón.
Suplente 1: Israel Roberto Pérez Jiménez.
Suplente 2: María Victoria González Vilches.
8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Joaquín Vicente García.
Suplente 1: Lidia Ana Torres Albertos.
Suplente 2: José Luis López De Santa Maria Miro.
9. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
1. Pedro Manuel Soriano Galán.
Suplente 1: Adoración Sánchez Del Prado.
Suplente 2: Juan Luque Sillero.
JUNTA ELECTORAL DE VALENCIA
Don Teodoro Jesús García García, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Valencia,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Valencia, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Teodoro Jesús García García.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Mar Vizcaíno Cortés.
2. Manuel Lezcano González.
3. Elisa González Cazón.
4. Luis Muñoz Gutiérrez.
5. María Josefa Albiach Albiach.
6. Julián Baca Lechuga.
7. Amparo Rodríguez Aparicio.
8. Carles Climent Granell.
9. María Desamparados Guillem Sanz.
10. Miguel Aparisi Campos.
11. Adela Cerrillo García.
12. Francisco Canos Ontanaya.
13. Rubén Fons Company.
14. Rosa María Galbis Martínez.
15. Sergio Vega Pardo.
Suplentes:
1. Edgar Rubio Rodilla.
2. María Gracia Guillem Navarro.
3. Luis Alberto Badiola Noce.
2. REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (RVPVE)
1. Joaquim Cunyà i Alcover.
2. Àngels Alamar Jarque.
3. Josep Gomis Calatayud.
4. Elisabeth Roig Anisi.
5. Josep Alagarra i Donet.
6. Irene Mondragón Ortiz.
7. Antonio Marín Segovia.
8. Carmen Rocher López.
9. David Mínguez Pardo.
10. Adoración Haba Rubio.
11. David Blay Micó.
12. Natalia Pascual Lidón.
13. Borja Botifora Castillo.
14. María Mármol Sánchez.
15. Víctor Baeta Subías.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Luís Ábalos Meco.
2. Ana María Botella Gómez.
3. Vicent Sarrià Morell.
4. Josefa Andrés Barea.
5. Antonio Quintana Martínez.
6. Isabel García Sánchez.
7. Martín Navarro Vicent.
8. Gloria Isabel Calero Albal.
9. Rafael Darijo Escamilla.
10. Alicia Piquer Sancho.
11. Antonio Galán Talens.
12. Patricia Buigues Frasquet.
13. Fernando Pascual Moscardó.
14. Isabel Cecos Sánchez.
15. Ciprià Ciscar Casabán.
Suplentes:
1. Gemma Pérez Sanz.
2. Víctor Borrás Chofre.
3. Pilar Calabuig Pamplo.
4. Marc Oriola Pla.
5. Rosa Robledo Fuente.
4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Muñoz Vidal.
2. Vicente Ten Oliver.
3. María Amparo Moya Sanz.
4. Juan Domingo Muñoz Estepa.
5. María José García Jiménez.
6. Carmen Blanco Picó.
7. José Francisco Monserrat del Río.
8. Daniel Soler León.
9. Susana María Espada Sáenz.
10. José Fernando Fructuoso García.
11. Ignacio Corbín Espinosa.
12. Blanca Peris Dúo.
13. Juan José Terranegra Llop.
14. Amparo Brunchú Caballer.
15. María Sheila Cortés Quesada.
Suplentes:
1. Blas José Pardo Roca.
2. María Encarnación Alcaide Cabanes.
3. Andrea Iria Falco Tortosa.
4. José Antonio Carreño Ros.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Raquel Aguilar Povill.
2. María Amalia Sopeña Balordi.
3. Ignacio Javier de Guzmán Muñoz.
4. María Salud Martínez Galiano.
5. José Félix Baldoví Milla.
6. Dolores Ibáñez Ondoño.
7. Luisa Gómez Aranda.
8. Milagros Llopis Pérez.
9. Juan Manuel Torres Toral.
10. Alejandro Segura de León.
11. Concepción Carbonell Baquero.
12. María Teresa Amparo Gimeno Zorrilla.
13. Sergio Mira Montes.
14. Francisca Sahuquillo Núñez.
15. Roberto García Cortijo.
Suplentes:
1. María Teresa González Llorens.
2. Iván Morales Ibáñez.
3. Amparo Martínez Pérez.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María del Mar Ruiz Baños.
2. José Salvador Pechuán Martí.
3. María Pilar Rives Sola.
4. Gregorio Hernández Muela.
5. Beatriz Sanchís Aguilar.
6. Jorge Milio Torrero.
7. Esther Moral Rodríguez.
8. José Luis Peris Cuñat.
9. María Amparo Iñigo Clarí.
10. Jaime de Bengoa Granja.
11. María Luisa Bertó Sánchez.
12. Santiago Casado González-Gallego.
13. Alba Córdoba Rodrigo.
14. Jesús Redondo Campos.
15. Gabina Moya Villora.
Suplentes:
1. Emilio Salvador López.
2. Margarita María Selma Rodríguez Flores.
3. Salvador Cisneros Martínez.
7. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. Héctor Illueca Ballester.
2. Roser Maestro Moliner.
3. Carmen Collado Rosique.
4. Rosa Medel Pérez.
5. Antonio Navarro Eduardo.
6. Esther López Barceló.
7. Aida Serrano Novella.
8. David Ramos Bueno.
9. Mario Jordà Vidal.
10. María Ángeles Llorente Cortés.
11. Mati Mas Montó.
12. Daniel Aguilar Pedraza.
13. Manuel Clemente Silla.
14. Eva Montoro García.
15. Kepa Basabe Gallastegui.
Suplentes:
1. Rafa Aguado Tarazona.
2. Chelo Poveda Caballero.
3. Miguel Tabuenca Sánchez.
8. SOM VALENCIANS EN MOVIMENT (UIG-SOM-CUIDES)
1. Roberto Gómez Alabajos (SOM VALENCIANS).
2. Manuel Marzal Álvaro (UNIO I GERMANIA).
3. Maria del Carme Ballester i Ballester (SOM VALENCIANS).
4. Saray Rodríguez Olmos (SOM VALENCIANS).
5. Julio Chanzá Romaguera (UNIO I GERMANIA).
6. José Vicente Iborra Belenguer (SOM VALENCIANS).
7. María del Mar Bolea Ferrer (SOM VALENCIANS).
8. Carlos Rubén Crespo Grau (SOM VALENCIANS).
9. Ángel Francisco Mínguez Pertegaz (SOM VALENCIANS).
10. Miriam Ortiz Hernández (UNIO I GERMANIA).
11. María Guadalupe Costa Ruiz (SOM VALENCIANS).
12. Ramón Guzmán Vázquez (SOM VALENCIANS).
13. Carla Gómez Campos (SOM VALENCIANS).
14. Julián Navarro Monzonís (SOM VALENCIANS).
15. Joan Ignaci Culla Hernández (SOM VALENCIANS).
Suplentes:
1. Joan Enric Salanova Mollà (SOM VALENCIANS).
2. Ana Pilar Hernández Martínez (SOM VALENCIANS).
3. Alfredo Pitarque Arocas (SOM VALENCIANS).
4. Antonio Moreno Martínez (SOM VALENCIANS).
5. María Amparo Ferrandis Siurana (Independiente).
9. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. Aníbal Blas Pla Boix.
2. Roberto Bárcenas Pérez.
3. Estrella Estela Morata.
4. Mercedes Andani Ortega.
5. Amparo Lliso Tur.
6. Luz Estela Morata.
7. David Antonio Al Awa Barragán.
8. Sofía Al Awa Estela.
9. Fulgencio Ródenas Giménez.
10. Héctor Luengo Fito.
11. Margarita Álvarez López.
12. Christian Navarro Armero.
13. Bernardina Haro Domingo.
14. Eva Estela Morata.
15. Pablo Nicolás Luengo Heim.
Suplentes:
1. Marta Pilar Moliner Adobes.
2. Silvia Gualda Corchero.
3. José Luis Piqueres Fernández.
4. Faustino Cuquerella Estrugo.
10. VOX (VOX)
1. Ignacio Gil Lázaro.
2. Cristina de Esteban Calonje.
3. Julio Utrilla Cano.
4. José Luis Fernández Santamaría.
5. Ana María Bellver Alcántara.
6. José Pedro Martínez Carrión.
7. Ignacio Soriano Tarín.
8. María Ángeles Morán Tamarit de Arrue.
9. Fernando Sanfélix García.
10. Ana Guillén Peña.
11. Alejandro Vila Polo.
12. Francisco de Borja Revilla Brioso.
13. Juan José Gil Albiach.
14. Sara Blanco Lleti.
15. María Asunción Sonia Mollá Nebot.
Suplentes:
1. Miguel Ángel Bueso Casas.
2. Virginia Huertas Pechuán.
3. Iván Expósito Caballero.
11. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Joan Baldoví Roda.
2. Maria Josep Picó Garcés.
3. Clara Ferrando Estrella.
4. Paula V. Espinosa Giménez.
5. Vicent Muñoz i Jordà.
6. M. Angel Oltra Albiach.
7. Josep Ferran Baixauli Chornet.
8. Sílvia Antón del Álamo.
9. M. Rosa Garcia Robles.
10. Joan Company Sapiña.
11. Alícia Izquierdo Sese.
12. Joan Martínez Botella.
13. Maria José Castells Villalta.
14. Irene Gavídia Mir.
15. Joan Ribó Canut.
Suplentes:
1. Alex Amorós Hernández.
2. Dolors Gimeno Valero.
3. Joana Pascual Gil.
4. Víctor González Medina.
5. Isa Lozano Lázaro.
12. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Jaume Ferrà Pellicer.
2. Josep Lluís Alberola Ferrando.
3. Júlia Andrés Pascual.
4. Maria Desamparados Monzó Roselló.
5. Francesc Nicolau Galiano Navalón.
6. Laura Tudón Donat.
7. Josep Rafael Marí Molla.
8. Maria Pilar Navarro Borràs.
9. Jaume Vicent Ortiz Poblador.
10. Josepa Costa Múrcia.
11. Josep Vicent Martí Lluch.
12. Laura Castell Llàcer.
13. Josep Solà i Sanz.
14. Ana Maria Aso Aroca.
15. Roberto Júlio Mora Sancho.
13. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Yolanda Santos Jiménez.
2. Jaime Ruix Serra.
3. Begoña María Vázquez Algara.
4. Carmen Llopes Palacios.
5. José Antonio García Herrero.
6. María Dolores Navarro Muñoz.
7. Miguel Navarro García.
8. Lourdes Sanz Ruiz.
9. Juan Antonio Castillo Pedrajas.
10. Luis Vicente Cervera Utrillas.
11. Abraham Abad Esteban.
12. Sergio Llopes Palacios.
13. Ana Sofía Lopera Santamaría.
14. Josefa Hernández Soler.
15. Manuel Martínez Romero.
Suplentes:
1. Juan Ruiz Romero.
2. José Manuel Rodríguez Cerezo.
3. María Pilar Herrera Julián.
4. María del Carmen Palacios Noguerón.
14. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. Alejo Herrero González de Cárdenas.
2. Blas José Salvador Fons.
3. Carlos Cervera López.
4. Josefa Miguel Fernando.
5. Inmaculada Gómez Canales.
6. Antonio Rosique Tatay.
7. Juan Borja Segarra.
8. Eduardo Perdigones Gallimó.
9. María Eugenia Fernández Rubio.
10. María Carmen Aura Llopis.
11. Alfredo Escrivá Hernández.
12. Marcos M.ª Hermida Revilla.
13. Ignacio Andrés Sánchez Colomer.
14. Tina Pérez Rodríguez.
15. Josefina Sarrió Soriano.
15. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Belén Hoyo Juliá.
2. Vicente Betoret Coll.
3. Luis Santamaría Ruiz.
4. Óscar Gamazo Micó.
5. María Teresa García Sena.
6. Vicente Liliano Ferrer Roselló.
7. Elio Cabanes Sanchis.
8. Sandra Alfonso Sargues.
9. Begoña Ruiz Blasco.
10. José Vicente Todolí Masquefa.
11. Pablo Jacobo Carreres Margallo.
12. Carmen Jávega Martínez.
13. Emilio Palacios Marín.
14. Miguel García Francés.
15. María Teresa Cervera García.
Suplentes:
1. Ana Belén Muñoz Orts.
2. Eduardo Aguilar Villalba.
3. Enrique Martínez Olmos.
4. Amparo Heidi Camarasa Perales.
5. Alba María Frasquet Fayos.
6. Donís Xavier Salvador Cháfer.
16. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Sonia Ferrando Company.
2. Javier Noé Edo.
3. Francisco A. Tevar Almiñana.
4. Vera Creu Soler Poquet.
5. Hang Vu Nguyen.
6. Eduardo Puerta Cava.
7. David Chan Ruiz Yáñez.
8. Olvido Márquez Muñoz.
9. Enrique Carmona Ferrer.
10. Lola Juan Soler.
11. Vicente R. Blay Miralles.
12. M.ª Sonia Ortega Balbás.
13. Raul Martínez Mialdea.
14. José Carregal Manzano.
15. M.ª Obdulia Navarro Cadenas.
Suplentes:
1. Víctor Baixauli Chust.
2. Isabelo Juárez Álvarez.
3. M.ª Rosa Borja Bartual.
4. Sergio Camilo Malo.
5. M.ª José Salvador Pérez.
6. Jaume Vilà Michavila.
7. M.ª Antonia García Villar.
17. AVANT ADELANTE LOS VERDES (AVANT ADELANTE LOS VERDES)
1. Manuel Enciso Rodríguez.
2. Alicia Martínez Palanca.
3. José Francisco Boix Yuste.
4. María Amparo Escobedo Almeida.
5. José Vicente Martínez Giménez.
6. María Amalia Egea Prima.
7. Miguel Romero Jiménez.
8. Ana María Arias Gimeno.
9. Ginés José Muñoz Ballester.
10. María José Jurado Marcos.
11. Francisco Ramón Alapont Soler.
12. Nuria Lozano Martínez.
13. Vicente Salom Sánchez.
14. Amparo Juanes Navarro.
15. Iban Salom Taberner.
Suplentes:
1. María José Gimeno Minguet.
18. UNIDOS Actuando por la Democracia (UNIDOS SÍ-ACPS-DEf)
1. Luis Gabriel Rubio Sancho.
2. María José Escribá Blasco.
3. Pedro Joaquín Pérez Blanes.
4. Adolfina Muñoz Sánchez.
5. José Luis Burguera Gómez.
6. Gabriela Ruiz-Ocaña Cebrián.
7. Maximino Eloy Cevallos Baque.
8. Carolina Blasco García.
9. José Miguel Cortijo Martí.
10. Concepción González Macián.
11. José Antonio Ruiz Ocaña de Pascual.
12. María Isabel Coronado Lorente.
13. Domingo Montes Blanco.
14. Elena Ruiz-Ocaña Cebrián.
15. Pablo Rubio Armero.
SENADO
1. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Simeón Lezcano Serrano.
Suplente 1: María Peiró Romero.
Suplente 2: José Hernández Gascón.
2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Javier de Lucas Martín (Independiente).
Suplente 1: Feliciana Bondía Moreno.
Suplente 2: Mario Molla Tormo.
2. Mercedes Berenguer Llorens.
Suplente 1: Juan Carlos Requena Fresno.
Suplente 2: Gema Muñoz Mérida.
3. Pedro Rodríguez Navarro (Independiente).
Suplente 1: Matías Alonso Blasco.
Suplente 2: María Diago Giraldós.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Fernando Juan Mulas Delgado.
Suplente 1: Fernando Vicente Álvarez Ossorio Zahalka.
Suplente 2: Francisca Real Roig.
2. Ignacio Cartagena Sinisterra.
Suplente 1: Ana María Campillo Ruiz.
Suplente 2: Pablo Terán Coloma (Independiente).
3. Inmaculada Ester Redondo Cebolla.
Suplente 1: Ángel Ruiz Torres.
Suplente 2: Natalia Fortea Jiménez.
4. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Valeri Esteban San Julián.
Suplente 1: Olga Cortés García.
Suplente 2: Salvador Albiach Sepúlveda.
2. María Carmen Jachán Sánchez.
Suplente 1: Roberto Manuel Balbontin Noval.
Suplente 2: Elisa Vigo Romeo.
3. Carlos Naranjo González.
Suplente 1: Diana Sánchez Carbonell.
Suplente 2: Rafael Chaves Martín.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ocran García Martínez.
Suplente 1: Manuela Alonso Souto.
Suplente 2: Emilio José Martín Alexandre.
6. UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUPV)
1. Susana Ruiz Vives.
Suplente 1: María Carmen Molina Llorca.
Suplente 2: Joan Pérez Lara.
2. Ester Roca Laborda.
Suplente 1: Salvador Bonet Vidal.
Suplente 2: Melisa de la Rosa Satorres.
3. Luis Escobar de la Paz.
Suplente 1: Antonia Inés Rico Perete.
Suplente 2: Ventura Montalbán Gámez.
7. SOM VALENCIANS EN MOVIMENT (UIG-SOM-CUIDES)
1. Manuel Mocholí Aznar (SOM VALENCIANS).
Suplente 1: Bernardino Solís Navarro (SOM VALENCIANS).
Suplente 2: María José Martínez Sancho (Independiente).
8. AUNA COMUNITAT VALENCIANA (AUNACV)
1. Enrique Terrado Martínez.
Suplente 1: M.ª Reyes Elvias Sánchez.
Suplente 2: Víctor Rutea Martínez.
9. VOX (VOX)
1. Ricardo Belda Valiente.
Suplente 1: Carlos García De Pedraza.
Suplente 2: María Dolores Gómez-Lobo Navarro.
10. MÉS COMPROMÍS (MÉS COMPROMÍS)
1. Dolors Pérez Martí.
Suplente 1: Esther Tarin Gurrea.
Suplente 2: Víctor Vanyó Peidro.
2. Xavier Hervàs Martínez.
Suplente 1: Bárbara Peris Gil.
Suplente 2: Joan Hornos Llosa.
3. Raquel Vallés Navarro.
Suplente 1: Josep Cortell Moya.
Suplente 2: Laia Franco Corihuela.
11. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ (ERPV)
1. Vicent Ruiz Navarro.
Suplente 1: Mariola Mataix Juan.
Suplente 2: Raül Sanxis Mont.
12. CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. Juan José Ramírez Pérez.
Suplente 1: Judith Más Fenollar.
Suplente 2: Vicente Costa Tebar.
2. José Manuel Alejos Tordera.
Suplente 1: Miguel Pardo Castillo.
Suplente 2: M.ª Dolores Calomarde Tordera.
3. María del Carmen Marín Pérez.
Suplente 1: José Ramón Alba Benlloch.
Suplente 2: M.ª Isabel Ramírez Pérez.
13. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. Juan Pedro Guaita Echeverría.
Suplente 1: Sofía España Climent.
Suplente 2: Jaime Soler Linares.
14. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Fernando de Rosa Torner.
Suplente 1: José Miguel Ferris Estrems.
Suplente 2: Asunción Subiela Moros.
2. Rubén Moreno Palanques.
Suplente 1: María José Montoro Coll.
Suplente 2: José Francisco Gozalvo Llácer.
3. Susana Camarero Benítez.
Suplente 1: María Mercedes Pastor Calabuig.
Suplente 2: José Javier Sanchis Bretones.
15. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ricardo Puchades Pérez.
Suplente 1: Juan Fuster Peiró.
Suplente 2: María Del Carmen Galbis Estrada.
2. E. Veracruz Poquet Victoria.
Suplente 1: Amparo del Amo Davó.
Suplente 2: Juan Aparicio Quiles.
3. Mario de Juan Alemany.
Suplente 1: Lourdes Morata Suay.
Suplente 2: Ernesto Huart Peris.
16. AVANT ADELANTE LOS VERDES (AVANT ADELANTE LOS VERDES)
1. Roberto José Lázaro del Barrio.
Suplente 1: Rosario Solves Barberá.
Suplente 2: Francisco Jaén García.
17. UNIDOS Actuando por la Democracia (UNIDOS SÍ-ACPS-DEf)
1. Rafael Vélez Romero.
Suplente 1: Cándido Ortells Carbonell.
Suplente 2: Rosa María Vicente Serrano.
JUNTA ELECTORAL DE VALLADOLID
Doña María de los Ángeles Alonso Ortega, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Valladolid,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Valladolid, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, María de los Ángeles Alonso Ortega.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Javier Izquierdo Roncero.
2. Helena Caballero Gutiérrez.
3. Julio del Valle de Iscar.
4. Blanca de Luis Cano.
5. José Luis Garrido García.
Suplentes:
1. Ana Isabel García Sandoval.
2. Diego Miguel Holguín.
3. María Fernández Torrero.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Soraya Mayo Alonso (Independiente).
2. María del Henar Álvarez García.
3. David Macías Domínguez.
4. Noelia García Blanco.
5. Pablo Vicente de Pedro.
Suplentes:
1. Guillermo Alonso San José.
2. Cristina Bayo González.
3. Mario Rodríguez Cuadrado.
3. UNIÓN REGIONALISTA (UNIÓN REGIONALISTA)
1. Ana Belén Frutos Velasco.
2. José María Sigüenza Puertas.
3. Lorena Moratinos Delgado.
4. Miguel Ángel Pérez Andrés.
5. Camelia Cerezo del Villar.
Suplentes:
1. Pablo García Cubero.
2. María Pilar Navarro Gómez.
3. Eladio Izquierdo Caballero.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María del Carmen Rodríguez Nieto.
2. Luis Fernández Felipe.
3. Berta Domínguez Herrera.
4. Mariano Aragón Corral.
5. María Paz Quer de las Heras.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Hugo García Sáez.
2. Clara González Martín.
3. Juan Carlos Viña Muñoz.
4. Pilar García Espinosa.
5. José Manuel López Gutiérrez.
Suplente:
1. Eva María Viña Muñoz.
6. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Ignacio Javier Díez Arauz.
2. Estrella Alonso Almazán.
3. David Núñez Muñoz.
4. Laura Salgado de la Iglesia.
5. Fernando Guzón Fernández.
Suplente:
1. Manuel Zapico Sáenz de Miera.
7. VOX (VOX)
1. Pablo Sáez Alonso-Muñumer.
2. Jesús María García-Conde del Castillo.
3. María Isabel Pérez Martín.
4. María Teresa Martín Meléndez.
5. María Dolores de la Cuesta Sáenz.
8. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisca Luque Sillero.
2. Julián Sanz Muñoz.
3. Ángela Vega Escudero.
4. Francisco José Pérez Meda.
5. María Teresa Vega Escudero.
Suplentes:
1. Miguel García Llamas.
2. María Dolores Ochoa Amador.
9. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Óscar Sánchez Rico.
2. Luis Francisco Agúndez Gómez.
3. Jorge Jaime Galicia Lorenzo.
4. Alicia María del Pilar Nestares Gazol.
5. María Felicidad Gómez Garrido.
Suplentes:
1. Daniel Miguel Sevillano.
2. María Victoria Merino Ordax.
3. José Ramón Alonso Sarró.
10. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Marta Santos Ballesteros.
2. María del Rocío Anguita Martínez.
3. Miguel Ángel Rivera Martín.
4. Daniel Rodríguez García.
5. Juan Antonio Heras García.
11. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Andrés Fernández Márquez.
2. María Asunción Cuaresma Sáez.
3. Santiago Díez Monge.
4. Cristian Rubén Martín Fernández.
5. Violeta Martínez Noriega.
Suplente:
1. Margarita López Martín.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Ángel Alonso Pérez.
2. Eduardo Carazo Hermoso.
3. Raquel Lourdes Alonso Hernández.
4. César López Pérez.
5. Jennifer Gutiérrez Prieto.
Suplentes:
1. Álvaro Pastor Camazón.
2. Elisa Ojeda Arregui.
3. Raquel Nogueira de Francisco.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Manuel Escarda Escarda.
Suplente 1: Raquel Sánchez Villorejo.
Suplente 2: Julián Rodríguez Santiago.
2. Sara María Galván Lobato.
Suplente 1: Claudia Ortega Galván.
Suplente 2: Rodrigo Antón Galindo.
3. Marcial Barba González.
Suplente 1: Alejandro Llanes Blázquez.
Suplente 2: Alicia Villar Pérez.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Mónica Martín García.
Suplente 1: José Rafael Velasco Rivero.
Suplente 2: Marina Mojedano Corchado.
2. José María Sarmentero Busnadiego.
Suplente 1: Ana María González Bustamante.
Suplente 2: Juan Carlos Paniagua Íñiguez.
3. María Eugenia Hernández Peribañez.
Suplente 1: Nuria Duque Estaire.
Suplente 2: Diego García Díez.
3. UNIÓN REGIONALISTA (UNIÓN REGIONALISTA)
1. José Ignacio Moratinos Delgado.
Suplente 1: Sergio López Gómez.
Suplente 2: Juliana Delgado Arranz.
2. Virginia Román Puras.
Suplente 1: Raúl López Gómez.
Suplente 2: Cristina Berodas Pardo.
4. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Ángela María Sánchez Nagy.
Suplente 1: José Manuel Romero Melero.
Suplente 2: Estrella María Merchán Salas.
5. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Cristina Muñoz García.
Suplente 1: Joaquín Fernando Duarte Ferreira.
Suplente 2: Irene Patricia García Hernando.
2. David Aguado Robledo.
Suplente 1: Cristina López de la Rosa.
Suplente 2: Francisco Mendaña Antolínez.
6. VOX (VOX)
1. Pedro María Fernández Barbadillo.
Suplente 1: Beatriz Martín Garrido.
Suplente 2: Luis Alberto Matarranz Herreras.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. José Ramón Luna de María.
Suplente 1: Ana Sillero Redondo.
Suplente 2: Samuel Villalón Sanz.
8. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. Francisco Javier Sanz Méndez.
Suplente 1: Luis Ángel Ramón Daniel Ruiz Peradejordi.
Suplente 2: Concepción Rico Guzmán.
2. María Cristina Lorenzo Pau.
Suplente 1: Luis Fernando Rodríguez Coméndez.
Suplente 2: Concepción Parrondo Gómez.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Soraya Brezo Sutil Álvarez.
Suplente 1: Daniel Arroyo Lucio.
Suplente 2: Isabel Alonso Vay.
2. Julio Martín Ruiz.
Suplente 1: Gloría Vázquez de Prada García.
Suplente 2: Óscar de Abajo Sanz.
3. Lara Gago Blanco.
Suplente 1: Rosana de Castro Blanco.
Suplente 2: Juan Peña Ruiz.
10. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Fernando García García.
Suplente 1: Antonia Díaz Sánchez.
Suplente 2: José Alberto Saura Fernández.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez.
Suplente 1: César Martín Argüello.
Suplente 2: Ana Isabel Pita Esgueva.
2. Luis Alberto Plaza Martín.
Suplente 1: Alfonso Romo Martín.
Suplente 2: Henar Modroño Sánchez.
3. M.ª Arenales Serrano Argüello.
Suplente 1: José Ignacio Zarandona Fernández.
Suplente 2: Raquel Valencia Abad.
JUNTA ELECTORAL DE ZAMORA
Doña Isabel Santos Borlán, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Zamora,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Zamora, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Isabel Santos Borlán.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Antidio Fagúndez Campo.
2. María del Mar Rominguera Salazar.
3. María Remedios Fernández Pomeda.
Suplentes:
1. Iván Casado Martínez.
2. Carmen Olivera Olivera.
3. Feliciano Arce Cubero.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. José Antonio Bartolomé Cachón.
2. Luis Martín Martín.
3. Nuria Álvarez Rodríguez (Independiente).
Suplentes:
1. José Antonio Lara Álvarez.
2. María Carmen Rodríguez Vecino.
3. Anita Fernández Crespo.
3. VOX (VOX)
1. Pedro Jesús Requejo Novoa.
2. Eugenio Blanco Ugidos.
3. Marcela del Rosario Mansilla Frías.
Suplentes:
1. María Pilar Beltrán Morla.
2. Antonia San Segundo Maldonado.
3. Juan Bartual Magro.
4. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Francisco Iglesias Carreño.
2. María Paz Fernández Villar.
3. Domingo Villar Guerrero.
Suplentes:
1. Marta Jambrina Galán.
2. Joaquín Sampedro Sánchez.
3. María Begoña Ortega Pérez.
4. María Amparo Lozano Lozano.
5. Roberto Expósito Largo.
6. Noelia López Vaquero.
7. Eduardo Ramos Hernández.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Alejandro Rodríguez Pérez.
2. Dolores Victoria Díez Bécares.
3. Carmen Cuesta Benavides.
Suplentes:
1. Luis Fernando del Campo Sáez.
2. Bernarda de la Igesia Vicente.
3. Fernando Barrio Álvarez.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. Dionisia Baz Temprano.
2. Enrique Treviño Subirán (PCAS-TC).
3. María Eugenia Fernández Fernández.
Suplentes:
1. Hugo Arrieta Artidiello.
2. María del Mar Iglesias Fernández.
3. Victoria Covadonga Estrada García.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Rocío Martín Sánchez.
2. Antonio Granados Ariza.
3. Melisa Revidiego del Estal.
Suplentes:
1. Mario Aníbal López Rodríguez.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. José Manuel Rivero Rodríguez.
2. María Manzano Serrano.
3. María Teresa Castellanos González.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Víctor Lozano Mateo.
2. Irene Benéitez Castellanos.
3. Abraham David Ferrero Martínez.
Suplentes:
1. Bruno González Lázaro.
10. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)
1. Manuel Herrero Alonso.
2. José Ángel Chabau Prieto.
3. María Nuria Pablos Martín.
Suplentes:
1. Esther Refoyo Aguiar.
2. Fernando Antonio Yeguas Garrido.
3. Álvaro Álvarez Domínguez.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Elvira Velasco Morillo.
2. Feliciano Fernández Cuerdo.
3. Ana Mulas Cecilio.
Suplentes:
1. Luis Javier Ratón Rodríguez.
2. María Prieto Temprano.
3. Juan del Canto Sevillano.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Fernández Blanco.
Suplente 1: Jesús Iñaki Gómez Domínguez.
Suplente 2: Encarnación Sánchez Hernández.
2. María Ángeles Martínez Blanco.
Suplente 1: Jesús Ángel Antón Rodríguez.
Suplente 2: María Inmaculada García Rioja.
3. Luis Malmierca Pérez.
Suplente 1: Arantza Torrijos Cid.
Suplente 2: Pascual Iglesias Méndez.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Laudelina Celia Santos Poza.
Suplente 1: Eloy Alejandro Tomé González.
Suplente 2: Gloria González Álvarez (Independiente).
2. Esteban Fernández Prieto.
Suplente 1: Virginia Izquierdo Paredes.
Suplente 2: Miguel Javier Sánchez Valle.
3. Alfonso Joaquín Martín Carretero.
Suplente 1: María Jesús Tamame Pérez.
Suplente 2: José Luis Tomé Bermúdez.
3. VOX (VOX)
1. Inmaculada Benítez Gutiérrez.
Suplente 1: Miguel Barrios Ramos.
Suplente 2: María Luisa Calvo Enríquez.
4. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. Teresita Loreto Álvarez Pérez.
Suplente 1: Luis Carlos Iglesias Sienra.
Suplente 2: María Teresa Regueras Bermejo.
2. María Victoria Calvo Hernández.
Suplente 1: Pedro Martín Alonso.
Suplente 2: Luisa Pérez Pastor.
3. Miguel Ángel López Valle.
Suplente 1: Rosa María Pérez Villar.
Suplente 2: Carolino Esteban Villar.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Dolores Carreras Luis.
Suplente 1: Fernando José Martos Parra.
Suplente 2: María Teresa Sánchez Rodríguez.
2. Antonio Narváez de las Heras.
Suplente 1: Argelina Fernández Lera.
Suplente 2: José Antonio Rodríguez González.
3. Isabel Reguilón Fernández.
Suplente 1: María Inmaculada Valdivia Pablo.
Suplente 2: Diego Paulino Fernández.
6. RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (RECORTES CERO-GV-PCAS-TC)
1. María Beatriz Rivero Infiesta.
Suplente 1: Luis Alberto Sierra Sierra.
Suplente 2: Carmen María Menéndez Ledo.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Ana María Garcimartín Herranz.
Suplente 1: Manuel Plaza Madera.
Suplente 2: Eva María de Mingo Fernández.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Enrique Delgado Amador.
Suplente 1: Cristina Manzano Gamero.
Suplente 2: Juan García Aunión.
9. UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)
1. Santiago Castaño Freile.
Suplente 1: Ana Isabel Martínez Martín.
Suplente 2: Edgardo Omar Álvarez Marino.
2. Francisco Alfonso Martínez Martín.
Suplente 1: José Luis de la Calle Esteban.
Suplente 2: María de los Ángeles Rivera Martín.
3. María del Mar Rodríguez Verdasco.
Suplente 1: Santiago Manuel Baliñas Pérez.
Suplente 2: Anarbella Alonso Rodríguez.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Fernando Martínez-Maíllo Toribio.
Suplente 1: Aurelio Nicolás Tomás Fernández.
Suplente 2: Esther Fernández Corral.
2. José María Barrios Tejero.
Suplente 1: José Luis Bermúdez Lorenzo.
Suplente 2: Sandra María González Rodríguez.
3. María Teresa Martín Pozo.
Suplente 1: Ángel Sánchez Hidalgo.
Suplente 2: Sara Fernández Jiménez.
JUNTA ELECTORAL DE ZARAGOZA
Don Eduardo B. Cativiela Diez, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Zaragoza,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Zaragoza, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Eduardo B. Cativiela Diez.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. Amadeo Escolán Remartínez.
2. Juan Carlos Guillén Fabregat.
3. Rafael Pérez Ruiz.
4. María Elena Josefa Blasa Martínez Herrero.
5. María Jesús López García.
6. José María Pérez Salinas.
7. Nuria Lafuente Sánchez.
Suplentes:
1. Antonio Vicente Gabarrús Ginés.
2. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Luis Rafael Peralta Artacho.
2. Alicia Rodríguez Ruiz.
3. Juan Antonio García Corzán.
4. Eva María Trullén Ródenas.
5. José Segundo Mindán Gasque.
6. Vanesa Yaniz Lacarra.
7. Javier Ignacio Forcén Báguena.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Rodrigo Gómez García.
2. María Pilar Rosa Borderías Bolea.
3. María Soledad Gracia Romero.
4. Silvia Paco Allué.
5. Cristian Poblador Guardia.
6. María Pilar Llamas Binaburo.
7. Álvaro Gil Giménez.
Suplentes:
1. Clara Frago Pérez.
2. Alberto Arregui Jiménez.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Arturo Montesinos Colás.
2. Zulema Marín Losilla.
3. César Gómez Sánchez.
4. Manuela Jalón Ruiz.
5. Miguel Galindo García.
6. Josefina Gallego Gomez.
7. Jesús Senao Eseverri.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Susana Sumelzo Jordán.
2. Pau Mari Klose.
3. Noemí Villagrasa Quero.
4. Ramón Duce Maestro.
5. Ruth María Vallejo Dacosta.
6. Ignacio Gutiérrez Carnicer.
7. Ángeles Pérez Ferrer.
Suplentes:
1. Susana González Royo.
2. José Manuel Jariod Ortiz.
3. María Rosario Lázaro Marín.
6. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Marta Po Marquina.
2. Ignacio Barreras Bernad.
3. Laura Monzón Macipe.
4. Ana Torcal Mur.
5. Alejandro Andrés Álvaro López.
6. Sonia Fernández Sanz.
7. Miguel Ángel Lázaro Escolano.
Suplentes:
1. Lara Pilar Valero Ondiviela.
7. MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL (MAS)
1. Adrián Santiago Lafuente Fajardo.
2. Mireia Jiménez Aldabo.
3. Robert Molla Pérez.
4. Ana Isabel García Calvo.
5. María del Rosario Sanz Sanz.
6. Pedro Carlos Fortún Gamazo.
7. María Luisa Edo Artiaga.
8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Marina Lapuente Rey.
2. Cristian Ferrer García.
3. Jose Luis Delpón Sediles.
4. María Seral López (Independiente).
5. Eduardo Pérez Goñi.
6. Salvador Perugorría Lorente.
7. Laura Rodríguez Barbero (Independiente).
Suplentes:
1. Miguel Tello Bernad.
9. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Eloy Suárez Lamata.
2. Pedro Navarro López.
3. Rosa Plantagenet-Whyte Pérez.
4. Carmen Pinos Borque.
5. Daniel Liso Alastuey.
6. Sara Cobos Trallero.
7. Gustavo Alcalde Sánchez.
Suplentes:
1. Pablo Ruiz Franco.
2. María Jesús Martínez del Campo.
3. Pilar Cortés Bureta.
10. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Manuel Martínez Villegas.
2. Vanesa María Rodríguez Pascual.
3. Alvaro Rafael Vallve Fritschi.
4. Inés Merino Gómez.
5. Alfonso Carlos De la Puerta González-Quevedo.
6. Irene López Helguera.
7. Luis Manuel Berruete Martínez.
11. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ana Luisa Blasco Peco.
2. Ana Arguedas Gaspar.
3. Julio Calvo Francés.
4. Santiago Rubio Mesa.
5. Manuel Marteles Gracia.
6. Sara Guevara Seoane.
7. Jesús Puértolas Rey.
Suplentes:
1. Ángeles Chueca Perales.
2. José María Palleja Piñol.
3. María Inmaculada Pina García.
4. Luis Adrián Sisamón Roche.
5. Juana Portillo Colomo.
6. Patricio Miro Heredia.
7. Raquel Gómez Ordóñez.
8. Iván Huarte Franceschini.
12. VOX (VOX)
1. Pedro Fernández Hernández.
2. Sara Ballesteros Navarro.
3. Román Lobera Molina.
4. Héctor García Martínez.
5. María Teresa González Campos.
6. Jesús García Royo.
7. Victoria Bergua Pérez.
Suplentes:
1. Rafael Visiedo Sancho.
2. Socorro Barrio Álvarez.
3. Luis Ignacio Esteban Torres.
13. MÁS PAÍS-CHUNTA ARAGONESISTA-EQUO (M.PAÍS-CHA-EQUO)
1. Carmelo Javier Asensio Bueno.
2. Cristina María Marín Chaves.
3. Eduardo García Granado.
4. Ana Caudevilla Pérez.
5. Santiago Gascón Santos.
6. Josefina Musulén Giménez.
7. Enrique Tordesillas Aparicio.
Suplentes:
1. Ana Belén Gimeno Hernández.
2. Francisco Manuel Marcén Bosque.
14. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Pablo Echenique Robba.
2. Marta Abengoechea Aurensanz.
3. Francisco Gracia Villamayor.
4. María del Pilar Giménez San Agustín.
5. Ricardo Santa Bárbara Martínez.
6. Marta Blanco Allona.
7. Manuel Delgado Echeverría.
Suplentes:
1. María Mercedes Arteagabeitia Moliner.
2. Francho Duque Arto.
3. María del Pilar Suárez París.
4. María Mercedes Pérez de Obanos Ros.
5. Jorge Muñoz González.
15. PUYALON (PYLN)
1. Diego Marín Roig.
2. Asunción Gulina del Pueyo.
3. Francisco Javier Sola Montalbán.
4. Luz Divina Navarro Rubio.
5. Chusé Miguel Joven Utrilla.
6. María Cruz Bailo Gracia.
7. Dabi Lahiguera Albericio.
SENADO
1. FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN (FIA)
1. Jesús Lipe Figueruelo.
Suplente 1: Marta Abad Torres.
Suplente 2: Héctor Begueria Igual.
2. Josepa Andujar Morales.
Suplente 1: María Teresa Torres Lerín.
Suplente 2: Salvador Núñez Villarmín.
3. Fernando Benjamín Ruiz Sebastián.
Suplente 1: María Mercedes Mariblanca Morales.
Suplente 2: Javier Gómez Hernández.
2. ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. Antonio José Mateo Aguarón.
Suplente 1: María Estrella Hernández Camacho.
Suplente 2: Roberto Garcés Pardos.
2. María Teresa Lou Arnal.
Suplente 1: José María Alonso Martínez.
Suplente 2: Elena Rosa Jericó Rodríguez.
3. Santiago Pintos Pamplona.
Suplente 1: Josefina Gorzán Colás.
Suplente 2: José Antonio Navarro Roche.
3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Ana Pilar Velilla Martínez.
Suplente 1: Javier Longarón Lázaro.
Suplente 2: Davinia Romero Escarcena.
2. Miguel Ángel Polo Gil.
Suplente 1: María Poggio Cano.
Suplente 2: José Manuel Gracia Sánchez.
3. Ángel Sánchez Calvo.
Suplente 1: Isabel Esain García.
Suplente 2: Nicolás Cativiela Biel.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Miguel Angel Galindo Vicente.
Suplente 1: Nuria Colomina Gómez-Calcerrada.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Miguel Carmelo Dalmau Blanco.
Suplente 1: Álvaro Blasco Martín.
Suplente 2: María Mar Bruna Martín.
2. Ana Isabel Villar Lechón.
Suplente 1: Raquel Naranjo García.
Suplente 2: Eugenio Torrubia Acon.
3. Víctor Javier Ruiz De Diego.
Suplente 1: Luis Alberto Laguna Miranda.
Suplente 2: Raquel Giménez Marín.
6. TIERRA ARAGONESA (TA)
1. Alejandro David Muñoz Basols.
Suplente 1: Antonia Olga Fuentes Martínez.
Suplente 2: Domingo Pérez Sánchez.
7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Marina Luna Gálvez.
Suplente 1: César Augusto Monlat Begué.
Suplente 2: Estefanía Pola Cobo.
2. José Manuel Sanjuán Aragonés.
Suplente 1: Cristina María Sanchís Ventura.
Suplente 2: Manuel Mateo Morilla.
3. Tamara Satorre Constant.
Suplente 1: Benjamín Cano Pérez.
Suplente 2: Nerea Goicoechea Fernández de las Heras.
8. MOVIMIENTO ARAGONÉS SOCIAL (MAS)
1. Fernando Díaz Sanz.
Suplente 1: Luisa Loreto Solana Arranz.
Suplente 2: Oscar Villar Gracia.
9. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Alberto Sopeña Borroy.
Suplente 1: Gladis Milena Tejada Valle (Independiente).
Suplente 2: Juan Atrián Garcés.
10. PARTIDO POPULAR (PP)
1. José Manuel Aranda Lassa.
Suplente 1: Ruth Bravo Barrio.
Suplente 2: Carmelo Pérez Diez.
2. Ricardo Canals Lizano.
Suplente 1: Florencio Jesús Gracia Tello.
Suplente 2: Gema Bes Pérez.
3. María Tatiana Gaudes Lalmolda.
Suplente 1: Vanessa Munilla Murillo.
Suplente 2: Jesús Gil Ferrer.
11. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Amparo De Frutos Sanz.
Suplente 1: María Per Catalina.
Suplente 2: David De los Mozos Gómez.
12. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Blas Guevara Prieto.
Suplente 1: Antonia Mercedes Bretos Castán.
Suplente 2: Cesar Garcés Felipe.
2. Zoe Gonzaléz Garcia.
Suplente 1: Raúl Bueno De la Torre.
Suplente 2: Asunción Bretos Castán.
3. Andrés Ibiricu López.
Suplente 1: Eva Montero Carillo.
Suplente 2: Fernando Bonilla Múgica.
13. VOX (VOX)
1. Pascual López Buesa.
Suplente 1: Carlos Luis Falcón Lambán.
Suplente 2: Emilia Laborda Viamonte.
14. MÁS PAÍS-CHUNTA ARAGONESISTA-EQUO (M.PAÍS-CHA-EQUO)
1. Antonio Angulo Borque.
Suplente 1: José Luis Montero Lostao.
Suplente 2: María del Carmen Castillo Pinilla.
2. María Victoria Calzada Torres.
Suplente 1: María Concepción García Muñoz.
Suplente 2: Juan Manuel Moreno Pérez.
3. Basilia Torres Cuadrado.
Suplente 1: José Miguel Domínguez Santos.
Suplente 2: Julia Cortés Artigas.
15. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Yolanda Sancho Serrano.
Suplente 1: María Carmen (Mamen) López Miguel.
Suplente 2: Patricio Fernández Silva.
2. Elena García Juango.
Suplente 1: Margarita Deyá Martin.
Suplente 2: Jesús Molins Guitarte.
3. Leandro Eduardo Piragini Giella.
Suplente 1: José Ignacio Muñoz Ferrer.
Suplente 2: María Asunción Esteban Bermudo.
16. PUYALON (PYLN)
1. Pilar Yolanda Esteban Martínez.
Suplente 1: José Ramón Barrios Irache.
JUNTA ELECTORAL DE CEUTA
Don Francisco Javier Rubio Señorán, Secretario de la Junta Electoral Provincial de Ceuta,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Ceuta, 8 de octubre de 2019.–El Secretario, Francisco Javier Rubio Señorán.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Javier Hermoso González.
Suplentes:
1. Inmaculada Lechado Rull.
2. VOX (VOX)
1. María Teresa López Álvarez.
Suplentes:
1. Juan Manuel Aguiar Moreno.
3. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Ramón Rodríguez Casaubón.
Suplentes:
1. Sara Abdeselam Ahmed.
4. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Juana Rosa Rico Moral.
Suplentes:
1. Manuel Muñoz Espejo.
2. Juana Gálvez Marín.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. José Simón Marín.
Suplentes:
1. Sumaya Ahmed Mohamed (Independiente).
6. MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA CIUDADANÍA DE CEUTA (MDyC)
1. Fatima Hamed Hossain.
Suplentes:
1. Abbas Mohamed Omar.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Guillermo Martínez Arcas.
Suplentes:
1. Laura Pérez Mateos.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Boutaina Hanine El Hanafi.
Suplentes:
1. Alejandro Manuel Suarez Ferreira.
SENADO
1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Julián Manuel Domínguez Fernández.
Suplente 1: Encarnación Martín Santana.
Suplente 2: Albelkader Kilani Boutaher.
2. María Yéssica De Torres Gómez.
Suplente 1: Alberto Jesús García Pardo Delgado.
Suplente 2: Raquel Ruiz Guerrero.
2. VOX (VOX)
1. Juan Ros Alcaide.
Suplente 1: Yolanda Merelo Palomares.
Suplente 2: Francisco Javier Doncel Doncel.
3. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Nabila Solimán Alí.
Suplente 1: Antonio González De la Rubia.
Suplente 2: Carmen Isabel Ruiz Peña.
2. Antonio Nepomuceno Moreno.
Suplente 1: José Manuel Ramírez Romero.
Suplente 2: Lamyah Douali Ahmed.
4. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Francisco Manuel Ramírez González.
Suplente 1: Soledad Rodríguez Cazorla.
Suplente 2: Ángel Macía García.
5. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. María Blanca Gómez Serra.
Suplente 1: Rafael Podadera Amar.
Suplente 2: Cristina Pérez Valero.
2. Hamed Mohamed Ahmed.
Suplente 1: Elena María Mateo Astorga.
Suplente 2: Rafael Leal Salazar.
6. MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA CIUDADANÍA DE CEUTA (MDyC)
1. Álvaro María Guzmán Esteban.
Suplente 1: María Isabel Mayorga Navarro.
Suplente 2: Mohammad Reda Radi Mohamed.
2. Liria Taieb Mohamed.
Suplente 1: Youssef Mebroud Mohamed.
Suplente 2: Ihssan Ahmed Lahasen.
7. PARTIDO POPULAR (PP)
1. David Juan Muñoz Arbona.
Suplente 1: Manal Mohamed Mohamed.
Suplente 2: Gabriel García Parada Arias.
2. María Nieves Sorroche Alcina.
Suplente 1: Javier Martí Siles.
Suplente 2: Celina De Miguel Ratero.
8. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Emilio Francisco Nepomuceno Moreno.
Suplente 1: Miriam Isabel Rivera Miguez.
Suplente 2: José Manuel Martinez Calzada.
JUNTA ELECTORAL DE MELILLA
Doña Raquel Alonso Chamorro, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Melilla,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Melilla, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Raquel Alonso Chamorro.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. LOS VERDES (VERDES o LOS VERDES o LV)
1. Antoni Rodrigo Tost.
Suplentes:
1. Amal Briguech Mohamed.
2. Manuel Pastor Madalena.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Álvaro Galera Arias.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Jaime Bustillo Gálvez.
Suplente:
1. Josefa María Cabrera García.
4. VOX (VOX)
1. Ignacio Luis Ramírez Sempere.
Suplente:
1. Elvira Hervás Vilches.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. Gema Carolina Aguilar Maraver.
Suplentes:
1. Enrique Delgado Giménez.
2. María Victoria Pleguezuelo Carmona.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu.
Suplentes:
1. José Manuel Calzado Puertas.
2. María Victoria Fernández de Castro Ruiz.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. María Josefa Quero Pérez.
Suplentes:
1. Mohamed El Hadri El Kadiri.
2. Ikram Mohamed Hamed.
3. Carlos Alberto Prados Rodríguez.
8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. María Luisa Díaz Ruiz.
Suplente:
1. Francisco Ignacio Sánchez Jiménez.
9. COALICIÓN POR MELILLA (CpM)
1. Mustafa Hamed Moh Mohamed.
Suplente:
1. Laila Hamed Ali.
SENADO
1. LOS VERDES (VERDES o LOS VERDES o LV)
1. Nourdine Ahmed Hassan.
Suplente 1: Rosa Chanfreut Escribano.
Suplente 2: María del Carmen Palacios Coronas.
2. Karima Abdelkader Abdelah.
Suplente 1: Andrés García Martínez.
Suplente 2: Purificación Peris García.
2. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. María Lucía Caso de los Cobos Martín.
Suplente 1: Jacobo Torres Babé.
Suplente 2: María del Carmen Gloria Calero Fernández.
3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Cristina Morales del Pino.
Suplente 1: Manuel Vázquez Neira.
Suplente 2: Amparo Ruiz Rodríguez.
2. Miguel Luis Aparicio Montilla.
Suplente 1: Latifa Assbaa Kaddouri.
Suplente 2: Miguel Ángel Vázquez Díaz.
4. VOX (VOX)
1. Cristina Irurre Contreras.
Suplente 1: Alfredo Gutiérrez Vizcarra.
Suplente 2: Concepción Guerrero Moreno.
5. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. José Antonio Castillo Romero.
Suplente 1: Diana Mateo Carrillo.
Suplente 2: Óscar Gaztelumendi do Ejo.
2. María Teresa Thomasoro Vázquez.
Suplente 1: Marzok Mohamed Mohamed.
Suplente 2: Blanca Tadorian Ramos.
6. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Juan José Imbroda Ortíz.
Suplente 1: Francisco Javier Lence Siles.
Suplente 2: Bárbara María Espuche Rodriguez.
2. Sofía Acedo Reyes.
Suplente 1: Isabel María Moreno Mohamed.
Suplente 2: Borja Carmona Saavedra.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Mohamed Amine El Ouariachi El Ouariachi.
Suplente 1: Joaquina Mialdea Abad.
Suplente 2: Mohamed Mohamed Hamed.
8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Justo Sancho-Miñano Belmonte.
Suplente 1: Rachida Mohamed Douhri.
Suplente 2: Ahmed Boubnane El Outmani.
2. Julia Teresa Juan Montoya.
Suplente 1: José Robles Bernet.
Suplente 2: Cristina León Fernández.
9. COALICIÓN POR MELILLA (CpM)
1. Dunia Al-Mansouri Umpiérrez.
Suplente 1: Emilio Guerra Muñoz (Independiente).
Suplente 2: Mohamed Busian Mohamed.
2. Warda Mohamed Mohamed.
Suplente 1: María Cecilia González Casas.
Suplente 2: Juan José Pizana Muñoz. | Sentencia del TC que da visto bueno a la norma que le da poder para suspender a cargos públicos. | JUNTA ELECTORAL DE ALBACETE
Doña Josefa Rueda Guizán, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Albacete,
CERTIFICO: Que las candidaturas presentadas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, con la expresión de los candidatos incluidos en cada una de ellas, son las que a continuación se relacionan, y se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima, letra f), en relación con el 169.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Albacete, 8 de octubre de 2019.–La Secretaria, Josefa Rueda Guizán.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Manuel Gabriel González Ramos.
2. María Luisa Vilches Ruiz.
3. José Carlos Díaz Rodríguez.
4. Estefanía Escribano Villena.
Suplentes:
1. Eva María Marín Díaz.
2. Diego Soria Belmonte.
3. Ana Teresa García Lozano.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MarÍa Dolores Arteaga Espinosa de los Monteros (Independiente).
2. Hugo Gabriel Guillen Malagón.
3. Ana Isabel Martínez Molina.
4. Cristian Cuerda González.
Suplentes:
1. Antonio José Reolid Rodenas.
2. Lourdes Fajardo Aguado.
3. David Cantos Parada.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. María de los Llanos Soriano García.
2. Juan Carlos Castañeda Diehl.
3. Sandra Argudo Rodríguez.
4. David Abidanza González.
Suplentes:
1. Patricia Alfani Moncusí.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. Jesús Cózar Calderón.
2. Irene Gracia Redondo.
3. Carlos Molina Villanueva.
4. Bárbara Marín Prada.
Suplentes:
1. Francisco Fernández Porrúa.
5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Jesús Molina Valera.
2. María Rosario Martínez Valverde.
3. Juan Carlos Rodríguez Domínguez.
4. María Teresa Cases Martínez.
Suplentes:
1. Cristian Lozano Ponce.
6. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Alberto Martínez Cuartero.
2. María Pilar Mora Lizan.
3. Carlos Villarias Castedo.
4. Ángeles Cuartero Marqueño.
7. RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)
1. Ginesa Martínez Sánchez.
2. Damián Sánchez Núnez.
3. Josefa Ros López.
4. Guillermo Hernández Uría (PCAS-TC).
Suplentes:
1. Penélope Merino Zamora.
2. Daniel Sánchez López.
3. Juana López Pascual.
4. Francisco Javier Ayora Pérez.
8. VOX (VOX)
1. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez.
2. Juan Francisco Robles Descalzo.
3. María Remedios Gil Martínez.
4. María Teresa Fernández Lara.
Suplentes:
1. José Antonio Chinchilla Nuño de la Rosa.
2. Francisco Javier García-Peñas Jaén.
3. Purificación Escobar Lozano.
9. UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU)
1. María Pérez Segovia.
2. Emilio Zamora Martínez.
3. Darcy Gioconda Cárdenas Barrera.
4. Sergio León Bullón.
Suplentes:
1. Filomena Vilches Castillo.
2. José Luis García Gascón.
3. María de los Llanos Rabadán Navarro.
10. PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)
1. Paula Pozal Reyes.
2. Alejandro Escudero Santillana.
3. Génesis Alexandra Molina Acosta.
4. Jorge Jiménez Rodrigo.
11. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (PDSJE)
1. José Antonio Maciá Gómez.
2. Silvia Lazausa Julve.
3. Nemesio Rodríguez Álvarez.
4. Josefa Antonia Alor Olmo.
Suplentes:
1. Miguel Ángel de Arana García.
2. María Cristina González Amaro.
3. Juan Gutiérrez Domenech.
12. PARTIDO POPULAR (PP)
1. María Carmen Navarro Lacoba.
2. Manuel Ramón Serrano López.
3. Manuel Serena Fernández.
4. Cristina Garcia Martínez.
Suplentes:
1. Sergio Jiménez Fernández.
2. Ana Gore Sánchez Azañon.
3. Antonia García Martínez.
4. Antonio Gabriel Moreno Hoyos.
SENADO
1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Manuel Miranda Martínez.
Suplente 1: María de la Fuente Aguilar Arenas.
Suplente 2: José Manuel Salas Gil.
2. Donelia Roldán Martínez.
Suplente 1: Alberto Iglesias Martínez.
Suplente 2: Isabel Molina Monteagudo.
3. María Victoria Leal Utiel.
Suplente 1: María Pilar Sierra Morcillo.
Suplente 2: Enrique Navarro Carrión.
2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. Daniel Faura Macia.
Suplente 1: Ángel Roldán Pastor.
Suplente 2: María Agapita García Correoso.
2. Caridad Martínez Calero.
Suplente 1: Marino Iniesta Escudero.
Suplente 2: María Llanos Prieto Martínez.
3. José Antonio Ibáñez López.
Suplente 1: María Dolores Matea López.
Suplente 2: Imanol Sánchez García.
3. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. Pierre Pérez Silvestre.
Suplente 1: Mónica de la Cruz Hortal.
Suplente 2: José María Viña Muñoz.
2. Lara Peris Moral.
Suplente 1: Alejandro Vidal Baqueiro.
Suplente 2: Cristina Tatiana Cuatrecasas Barceló.
4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)
1. Jaime Oliver Cortés.
Suplente 1: Tulia Pascual Jiménez.
Suplente 2: Alberto Martínez López.
5. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. Clara Martínez Rabadán.
Suplente 1: Alejandro Moreno Cuartero.
### RESUMEN: Sentencia del TC que da visto bueno a la norma que le da poder para suspender a cargos públicos. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 229-2016, promovido por el Gobierno Vasco, representado por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco y bajo la dirección letrada de don Carlos Zabaleta Alvarez y don Zelai Nikolas Ezkurdia, Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Han comparecido y formulado alegaciones la Letrada de las Cortes Generales doña Paloma Martínez Santa María, en nombre y representación del Congreso de los Diputados, y el Abogado del Estado, en representación del Gobierno. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal
I. Antecedentes
1. Con fecha 15 de enero de 2016 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación procesal del Gobierno Vasco contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho («BOE» de 17 de octubre de 2015), así como contra el artículo único apartado tres de la misma en la redacción dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
2. Tras exponer el contenido de la Ley impugnada, el escrito rector del presente proceso adelanta la tesis principal que defiende «la modificación normativa otorga una serie de mecanismos de ejecución al alto Tribunal que alteran su configuración constitucional y lo desnaturalizan, situando a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales, que debe primar, más aun ante las situaciones excepcionales que prevé. Ello implica a nuestro juicio una vulneración de las previsiones constitucionales del título IX de la Constitución, en particular, de los artículos 161 y 164 en relación con el art. 117.3, todos de la CE, sobre atribución de jurisdicción al Tribunal Constitucional». Además, se sostiene la vulneración de otros preceptos constitucionales: el principio de legalidad penal (art. 25 CE), el régimen de aforamientos previsto en el bloque de constitucionalidad (art. 71 y 102 CE y 32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco –EAPV–, en relación con el art. 24 CE), el derecho fundamental de participación política (art. 23 CE), el principio de autonomía política de las Comunidades Autónomas (arts. 2 y 143 CE), así como el art. 155 CE. En suma, se trata de «una reforma sustancial del sistema político español que consideramos inconstitucional y que afecta al equilibrio entre poderes territoriales y por lo tanto al propio consenso constitucional logrado en 1978».
El recurso se interpone contra la Ley Orgánica en su conjunto, por el procedimiento legislativo seguido para su aprobación, y contra varios de sus apartados: la nueva redacción de las letras b) y c) del apartado 4 y del apartado 5 del art. 92 LOTC. Diversas consideraciones se refieren a la innecesariedad de la reforma, reconociendo que ello no constituye parámetro de constitucionalidad. A este respecto se alude a la falta de reflexión y a la disponibilidad de remedios judiciales ante los incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional (por este orden: arts. 164.1 CE y 38, 87, 92 y 95.4 LOTC; vía penal; y art. 155 CE).
Los motivos de inconstitucionalidad se articulan en cinco grandes grupos, que se sintetizan a continuación:
a) Procedimiento legislativo: Vulneración de los arts. 23 CE, 150.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 129.1 del Reglamento del Senado (RS).
Tras exponer el desarrollo del procedimiento legislativo seguido, se afirma que se ha vulnerado el Reglamento del Congreso, pues no se aprecia cumplido ninguno de los dos requisitos exigidos (art. 150.1 RCD y art. 129.1 RS y STC 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 10) para que pueda tramitarse el procedimiento de lectura única (que la naturaleza del texto lo aconseje o que lo permita la simplicidad de su formulación). Se considera vulnerado el primer requisito porque la reforma «incluye modificaciones con una relevancia constitucional fuera de discusión en cuanto afecta a principios y valores constitucionales de primera magnitud, a aspectos esenciales relativos a un órgano constitucional que afectan a las relaciones con el resto de los diferentes poderes públicos». Y en cuanto al segundo requisito, «nada más alejado de la ‘‘simplicidad’’ exigida por los artículos citados, que las modificaciones introducidas por la reforma cuya complejidad técnica exige el análisis de la propia posición institucional del Tribunal Constitucional y de la naturaleza de la jurisdicción constitucional».
Se recuerda que, según la STC 103/2008, de 11 de diciembre, el de lectura única es «un procedimiento en el cual resultan notablemente limitadas las posibilidades de participación en el proceso de elaboración de la norma», y que, según la STC 99/1987, de 11 de junio, «la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras». Así pues, el procedimiento de lectura única seguido para la elaboración de la Ley Orgánica 15/2015 infringe los Reglamentos de las Cámaras, que forman parte del bloque de la constitucionalidad (art. 28.1 LOTC), condicionando gravemente la formulación de la voluntad de la Cámara y vulnerando el derecho fundamental al ius in officium de los diputados y, por lo tanto, del art. 23 CE.
Además, la proposición de Ley fue presentada, impulsada y aprobada con los votos de un único grupo parlamentario y con la oposición y el rechazo del resto de grupos. Dado que se elevaron protestas y denuncias de toda la oposición de las Cámaras, en el presente caso el Tribunal Constitucional estaría en situación de juzgar tales decisiones, con arreglo a su doctrina reiterada de que dicho Tribunal no debe sobreponer su juicio al de las Cámaras para depurar irregularidades de procedimientos sobre decisiones parlamentarias no enteramente regladas y que no levantaron en su momento protesta alguna en sede parlamentaria [SSTC 136/2011, FJ 10 e); 176/2011, FJ 4; 209/2012, FJ 4 c), y 120/2014, FJ 2 e)].
b) Atribución de jurisdicción al Tribunal Constitucional con vulneración de los arts. 117.3, 161 y 164 CE.
Esta impugnación se dirige contra los tres apartados antes mencionados [letras b) y c) del apartado 4 y del apartado 5 del art. 92 LOTC]. En síntesis, se sostiene que en el diseño y posición institucional del Tribunal Constitucional previsto en el título IX de la Constitución no se atisba medida alguna parecida a las que introduce la reforma, de lo que se concluye, por una parte, que el legislador orgánico se ha colocado en el plano del constituyente excediendo de la habilitación contenida en el art. 165 CE y, por otra, que la reforma supone un cambio cualitativo en la naturaleza, posición y funciones del Tribunal Constitucional, que altera gravemente el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no está exenta del control de constitucionalidad: el legislador orgánico del art. 165 CE tiene límites derivados tanto de los preceptos del título IX de la Constitución como del modelo de Tribunal que se deriva de una interpretación conjunta de la norma suprema y de los principios constitucionales que se proyectan sobre el mismo (STC 49/2008, de 9 de abril). Las medidas de ejecución que introduce la reforma y que son objeto del presente recurso se colocan extramuros de dicha función, al punto de alterar la posición institucional del Tribunal con grave quiebra del equilibrio de poderes (horizontal y vertical) implícito en la Constitución, vulnerando en definitiva el modelo de justicia constitucional diseñado por la Constitución. El Tribunal Constitucional viene configurado por la Constitución como un órgano constitucional y a la vez como un tribunal de justicia sui generis, siendo precisamente la articulación o la interacción entre ambos elementos lo que le otorga su nota peculiar y distintiva dentro de la estructura institucional del Estado y lo que determina su estatus y posición dentro del orden constitucional. Como órgano constitucional es la propia Constitución la que determina su composición, su estatus y su sistema de competencias. De ella recibe directamente sus atribuciones fundamentales, su condición y posición. Con los demás órganos constitucionales configura la base del modelo de Estado y en dicha configuración cobra especial valor el conjunto de relaciones establecidas entre los mismos, de tal manera que un cambio significativo en dicho sistema de relaciones supone un cambio del sistema mismo. El Tribunal es además el encargado de velar por la supremacía de la Constitución y de asegurar la vigencia de la distribución de poderes establecida en la misma, de ahí que la jurisdicción constitucional sea garantía institucional básica del Estado constitucional de Derecho. Su función esencial es contribuir a que la realización de las funciones-poderes del Estado no se desvíe de la norma constitucional y facilite el diálogo entre poderes dentro del sistema democrático. Difícilmente podrá cumplir su función si él mismo se desvía de la posición que la Constitución le atribuye.
Por ello, si el sistema de distribución de poderes (principalmente el horizontal) no queda adecuadamente garantizado por la jurisdicción constitucional, porque en vez de orientarse a impedir la concentración del poder del Estado, la fomenta a través de la atribución de facultades con relación a medidas como la suspensión o la ejecución sustitutoria [arts. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC] y termina rompiéndose el delicado sistema de equilibrio. El Alto Tribunal puede incidir en la dirección política del Estado pero no condicionarla en la manera en que ahora posibilita la reforma: puede «corregir» las actuaciones y decisiones de los órganos constitucionales, pero no intervenir en la adopción de dichas actuaciones y decisiones y mucho menos sustituirles en el ejercicio de sus poderes de decisión y acción. El Tribunal no se encuentra por encima del resto de órganos constitucionales, cada uno es supremo en su orden, y desde luego el Tribunal lo es en la interpretación de la Constitución; pero la paridad entre ellos no es compatible con el predominio de uno de ellos de manera que afecte a la independencia decisora de los demás.
El precepto constitucional desde el cual debe iniciarse el análisis de la Ley Orgánica 15/2015, en lo que ahora interesa, es el art. 164.1 CE: en él se establecen las características y peculiaridades de la sentencia constitucional, en particular la eficacia erga omnes de las que declaran la inconstitucionalidad de una norma de rango legal, así como los propios límites para la ejecución de sus resoluciones. Además, la decisión que adopte el Tribunal Constitucional en la ejecución de sus resoluciones dependerá de la naturaleza o tipo de proceso en que haya recaído la Sentencia y de su concreto contenido. A continuación el escrito repasa los «grandes bloques competenciales» de la jurisdicción constitucional y los tipos de sentencia:
i) En el control abstracto de normas el pronunciamiento de inconstitucionalidad es por naturaleza meramente declarativo. Consecuentemente, la sentencia resolutoria de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad no requiere propiamente de ejecución de clase alguna, ya que alcanza efectos generales con su sola publicación oficial (art. 38.1 LOTC; ATC 309/1987, de 12 de marzo, STC 231/2015, de 5 de noviembre). Los efectos de este tipo de sentencias no pertenecen a la ejecución, sino a la aplicación de la ley a la que la sentencia afecta. Ley y aplicación que tienen vida y principios distintos de los de la ejecución jurisdiccional. La pregunta que cabe hacerse es si el legislador puede legítimamente apartarse del fallo y de la doctrina constitucional, reiterando el contenido de un precepto que ha sido declarado inconstitucional o que no se ajusta a la interpretación constitucional efectuada por el Tribunal: en qué supuestos y qué consecuencias puede tener esa reiteración respecto del control de constitucionalidad. Se aducen en este sentido los acuerdos del Pleno de la Sala de lo Penal de 25 de abril de 2006 que manifestaban: «1.º Que el artículo 5.1 LOPJ interpretado conforme a los artículos 117.1, 161.1 b) y 164.1, no pueden impedir que el Tribunal Supremo ejerza con plena jurisdicción las facultades que directamente le confiere el artículo 123.1 CE. 2.º Mantener la actual jurisprudencia sobre la interrupción de la prescripción pese a la Sentencia del Tribunal Constitucional 63/2005». Y en cuanto al poder ejecutivo, se hace referencia a lo que constataba la STC 38/2012, con apelación directa al principio de lealtad institucional: «el Abogado del Estado, por su parte, no niega que la Resolución impugnada haya desconocido la doctrina contenida en las SSTC 95/2002 y 190/2002».
ii) En las sentencias resolutorias de conflictos positivos de competencia, dado su carácter declarativo o constitutivo, pues se resuelve a quién corresponde la competencia controvertida y, en su caso, se anula la disposición, resolución o acto que está en la base del conflicto, dicha sentencia no requiere actividad ejecutiva de clase alguna y sí solo una actividad de mero diligenciamiento para la efectividad de lo resuelto, tanto dentro del proceso constitucional como fuera de él. La Sentencia podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la disposición o resolución conflictiva anulada (art. 66 LOTC). «Lo procedente» no es otra cosa que lo establecido en el art. 40 LOTC para el supuesto de anulación de una norma por Sentencia declaratoria de inconstitucionalidad. En cuanto a las sentencias que se dicten en conflictos negativos de competencia, no se requiere otra actividad por parte del Tribunal que su comunicación a los órganos enfrentados, pesando sobre el declarado competente el deber de actuar [en un plazo determinado, en su caso, ex art. 72.3 a) LOTC]: su negativa o inactividad posterior no pertenece a la ejecución de la sentencia.
iii) Las sentencias resolutorias de conflictos entre órganos constitucionales no ofrecen peculiaridades respecto a los conflictos positivos de competencia, y las declaraciones sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales no plantean cuestión alguna desde la perspectiva de la ejecución.
iv) Las sentencias dictadas en recursos de amparo pueden tener contenidos muy diversos como resultado de la combinación de diversos elementos (poder al que se le imputa la lesión, pretensión ejercida, etc.) y, consecuentemente, su ejecución puede ser diversa. El mecanismo procesal constitucional se aproxima al de un tribunal contencioso-administrativo: cuando la vulneración procede de la Administración, el Tribunal Constitucional se encuentra en la misma posición que un tribunal contencioso-administrativo frente a la Administración. Las sentencias de condena son susceptibles de ejecución: su característica es que imponen una conducta al obligado y el restablecimiento del recurrente en la integridad del derecho vulnerado. Las posibilidades de ejecución del Tribunal Constitucional varían en función del acto recurrido y su autor: si el acto procede de una Administración, la ejecución se dirigirá contra la Administración productora del acto; si es una resolución judicial, se dirigirá contra el órgano jurisdiccional, entendiendo que no podrá sustituir a la autoridad judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos (STC 1/2009, de 12 de enero, fijando como situaciones proscritas, los pronunciamientos judiciales contrarios a la decisión del Tribunal Constitucional y los intentos de menoscabar la eficacia, jurídica o material, de lo que aquel ha resuelto y mandado).
La sentencia constitucional tiene una naturaleza «triédrica»: acto procesal finalizador de un proceso; actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del Derecho; y decisión política o acto de poder en dialéctica con los demás poderes del Estado. Por ello, el régimen jurídico de la sentencia constitucional presenta peculiaridades y dificultades para extrapolar categorías procesales aplicables a las sentencias recaídas en el proceso judicial, así como para trasvasar, adaptar o introducir los instrumentos de ejecución de las mismas. El art. 164 CE es consciente de esas peculiaridades y destaca expresamente aquellos aspectos de su régimen que presentan diferencias con las del correlativo proceso ordinario. La doctrina administrativista distingue entre cumplimiento de la sentencia (mera realización material de las actuaciones ordenadas en el fallo), llevado a cabo por quienes están obligados a cumplirla, y ejecución procesal de la misma (actividad orientada a asegurar en su caso tal cumplimiento), que solo puede corresponder al tribunal que la dictó. Esta distinción es aplicable al orden constitucional. La redacción del nuevo artículo 92.4.c) («colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que… adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones») es significativa de que se reformula en cierta manera el antiguo sistema administrativo de ejecución de sentencias del art. 103 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), porque «asegurar el cumplimiento» en la expresión de ese nuevo artículo no es cumplir, sino ejecutar, además a través de las «medidas necesarias», enunciado como concepto indeterminado que deja al Tribunal un margen de discrecionalidad de dimensiones incompatibles con la seguridad jurídica y la previsibilidad de la actuación de un órgano jurisdiccional. Y resulta llamativo que dicho precepto solo prevea requerir la colaboración del Gobierno del Estado, cuando en un gran número de litigios puede ser el obligado por incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional. El significado general del art. 92 LOTC es el de atribuir al Tribunal Constitucional como «señor de la ejecución de sus decisiones» la competencia general para exigir a todos los órganos del Estado y a todos los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones en el caso concreto, pero sin que esa genérica atribución de competencia lleve consigo en todo caso la puesta en sus manos de un procedimiento de ejecución forzosa de sus sentencias que, equivalente al existente en los procesos ordinarios, pueda ser directamente dirigido contra los altos órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas: ello excedería de la esencia de la Constitución, pues un aparato de ejecución es concebible frente a los particulares, no frente a poderes constitucionales del más alto rango.
Aceptando con naturalidad que el Tribunal Constitucional adopta decisiones en cierta medida políticas, sin perjuicio de su carácter jurisdiccional, ha de concluirse que las medidas que la reforma introduce en los arts. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, bajo una apariencia formalmente jurídica, intentando equipararlas con medidas judiciales ordinarias, son medidas políticas, desvinculadas de la función de interpretación y aplicación de la Constitución y destinadas a ejecutar decisiones políticas, que exceden claramente de las posibilidades que al Tribunal Constitucional ofrece el título IX, por quebrantar el sistema de equilibrios entre poderes establecido por la propia Constitución, que terminan colocando al propio Tribunal en un plano y posición que no le corresponden, transformándolo de órgano de arbitraje a órgano ejecutor desvinculado del Derecho e inserto en el reino de lo estrictamente político, de «poder neutro» a poder que se superpone a los demás, abocándolo a situaciones de conflicto. Todo ello excede de las funciones que el art. 161.1 CE atribuye al Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, en la doctrina es prácticamente unánime la posición, según la cual la ejecución de las sentencias constitucionales no ha tropezado con mayores dificultades, de tal manera que el cumplimiento voluntario es la regla general, y es la auctoritas del propio Tribunal y el principio de lealtad constitucional lo que estimula a los demás órganos del Estado a aceptar sin reservas las decisiones de aquel. Es cierto que no han faltado problemas en el Derecho comparado (Alemania, Francia e Italia) de ejecución de sentencias de los tribunales constitucionales, pero el problema suscitado no pertenece al terreno de la ejecución procesal, sino al más intrincado, irregulable y político de los conflictos entre instituciones y es ahí donde debe ser solventado.
Incluso la medida prevista en la letra b) del art. 92.4 LOTC contempla unos destinatarios en abstracto, autoridades tanto de los ejecutivos como de los legislativos. Sin embargo, el principio de separación de poderes aludido impide que, excepto a través del mecanismo del art. 155 CE, pueda un órgano constitucional suspender a un cargo político de una Comunidad Autónoma o del Estado. Por tanto, la medida de la letra b) del art. 92.4 LOTC resulta contraria al principio de división de poderes, porque intentar la sustitución en sus decisiones de determinados órganos constitucionales (incluso órganos legislativos) resulta imposible dentro del sistema constitucional democrático. Igualmente, por su indeterminación el art. 92.5 LOTC puede incluir medidas que afecten a la actividad parlamentaria. En suma, las medidas contempladas en la reforma inciden en una verdadera función legislativa.
El principio democrático es un valor superior de nuestro ordenamiento reflejado en el art. 1.1 CE (STC 204/2011, de 25 de diciembre, FJ 8); y la actividad parlamentaria es inviolable (art. 63.3 CE para las Cortes Generales, y art. 25.4 EAPV para el Parlamento Vasco). La ejecución de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley requiere de iniciativas que solo pueden tomar los parlamentarios y de trámites que implican varios actos legislativos y que se resuelven mediante votación. Una sentencia no puede obligar a un parlamentario a proponer una reforma legislativa o a votar a favor de la misma. Se está ante un problema político cuya forma de resolución fue indicada en la STC 42/2014, de 25 de marzo.
c) Principio de legalidad penal: Vulneración del art. 161 CE en relación con el art. 25 CE.
La reforma contempla la posibilidad de que el Tribunal, en determinados casos, adopte «las medidas de ejecución necesarias», entre las que se incluyen las de «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamiento del Tribunal» [art. 92.4.b) LOTC] y «las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes» con respecto a «la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia» (art. 92.5 LOTC). Tales medidas no son meras medidas coercitivas, ni simples medidas cautelares: tienen un indudable carácter punitivo, y se aplican además a poderes del Estado, alterando el equilibrio y las reglas fundamentales de funcionamiento del sistema. Y no cumplen con los principios que rigen para las medidas coercitivas: legalidad, proporcionalidad, motivación, instrumentalidad, urgencia, jurisdiccionalidad, provisionalidad, carácter rogado.
La medida de suspensión no se encuentra en línea directa de continuación con la resolución que constituye el título de la ejecución: si se dirige contra las autoridades y empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, lo será porque son ellos los encargados de ejecutarla. Pero si les suspende, ya no pueden realizar actividad alguna encaminada a ejecutar la resolución. Por tanto, la suspensión de funciones, al romper la continuidad con la resolución, no es una medida dirigida a asegurar la ejecución de la resolución judicial, sino, más sencillamente, a sancionar la conducta de dicha autoridad o empleado. En consecuencia, no se cumplen las exigencias de la doctrina constitucional con respecto a la garantía material del principio de legalidad sancionadora, esto es, a la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y sus correspondientes sanciones (SSTC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 8; 104/2009, de 4 de mayo, FJ 2, y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 3).
La aplicación de la doctrina constitucional reseñada conduce a concluir que los elementos de las conductas antijurídicas previstas en algunas de las disposiciones introducidas por la Ley Orgánica («advertirse que pudiera estar siendo incumplida», «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento», «medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones», «circunstancias de especial trascendencia constitucional», «medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento») resultan de todo punto insuficientes desde la perspectiva de la garantía material resultante del art. 25.1 CE. Estamos ante una tipificación «sin acotación material alguna ni referencia a bienes jurídicos cuya protección pudiera justificar la sanción» (STC 13/2013, de 28 de enero, FJ 4). La Ley no contiene la definición básica de los comportamientos prohibidos, ni acota materialmente el ámbito al que debe ceñirse el régimen punitivo, ni enuncia su concreta finalidad, ni identifica los sujetos responsables, ni describe suficientemente los elementos objetivos de las conductas antijurídicas. La Ley incluye una amplia serie de conceptos jurídicos indeterminados que no permiten identificar certeramente el ámbito de lo prohibido ni, por tanto, las consecuencias de sus acciones. De esta forma se vulnera el art. 25.1 CE.
d) Régimen de aforamientos: Vulneración de los arts. 71 y 102 CE y 26.6 y 32 EAPV en relación con el art. 24 CE.
Determinadas autoridades y empleados públicos gozan de una «prerrogativa» consistente en la garantía constitucional de predeterminación del juez legal para el conocimiento de las causas seguidas con relación a los mismos y en el ejercicio de sus funciones; garantía que se incorpora al contenido del derecho fundamental reconocido en los arts. 23.2 y 24 CE.
El aforamiento está previsto para los miembros de la Familia Real, los Diputados y Senadores, los miembros del Gobierno, los Jueces y miembros del Ministerio Fiscal, los Magistrados del Tribunal Constitucional, los parlamentarios autonómicos y los miembros de los Consejos de Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas. Visto que el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional puede corresponder a cualquiera de esas autoridades (salvo miembros de la Familia Real), las medidas de ejecución previstas, incluida la suspensión de funciones, por incumplimientos totales o parciales, pueden afectar a cualquiera de los mismos con afectación expresa a los derechos derivados de su condición.
El art. 26.6 EAPV establece que, durante su mandato, los miembros del Parlamento Vasco no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estas prerrogativas, similares a las previstas en los arts. 71 y 102 CE para Diputados, Senadores, Presidente y demás miembros del Gobierno del Estado tienen como finalidad proteger de forma cualificada la libertad, autonomía e independencia de los órganos autonómicos (STC 22/1997, de 11 de febrero, FJ 5). El aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios, evitando las presiones de las que en otro caso podrían ser objeto sus miembros. Por ello, tal prerrogativa parlamentaria es imprescindible e irrenunciable (STC 92/1985), es ius cogens e indisponible para sus titulares, y solo susceptible de una interpretación estricta y vinculada a los supuestos expresamente contemplados en la Constitución (STC 22/1997). Se trata de proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes: independencia que queda totalmente anulada con la medida de suspensión de funciones prevista ahora en el nuevo art. 92.4 b) LOTC.
El art. 24.2 CE reconoce el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: lo que hace el art. 102.1 CE es precisamente predeterminar el juez competente para enjuiciar causas criminales dirigidas contra los miembros del Gobierno. Ello permitiría, de manera similar a lo que acontece en el caso de los Diputados y Senadores en virtud el art. 71.3 CE, esgrimir como derecho fundamental vulnerado la pretendida instrucción y enjuiciamiento criminal de los miembros del Gobierno por un órgano jurisdiccional distinto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Respeto al ámbito subjetivo del aforamiento, el art. 102.1 CE no impide que mediante norma de rango inferior a la Constitución pueda disponerse, como así acontece en la práctica, el aforamiento especial para dirimir la responsabilidad penal de otras autoridades. Así, en la práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía se dispone que corresponderá al respectivo Tribunal Superior de Justicia el conocimiento de los actos delictivos cometidos por los miembros del Consejo de Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma, y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo los cometidos fuera de dicho territorio (art. 32 EAPV). Además, el art. 102.2 CE establece un régimen peculiar para el caso de que la responsabilidad exigida al Presidente o a los demás miembros del Gobierno lo fuera en virtud de una acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones: sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. El art. 169 RCD desarrolla lo previsto en el art. 102.2 CE.
La reforma vulnera los mencionados preceptos constitucionales y estatutarios en cuanto establece como medida de aseguramiento de la efectividad de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional la consistente en que dicho Tribunal acuerde la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos. Dicha medida es real y materialmente una de las penas privativas de derechos contemplada en el art. 39 c) del Código penal (CP), la suspensión de empleo o cargo público, pena que impide o prohíbe el ejercicio de dicho empleo o cargo durante el tiempo de la condena (art. 43 CP), pasada la cual el penado vuelve a la plenitud del desempeño del cargo o empleo afectado. No es, por tanto, una sanción de naturaleza administrativa, sino una verdadera pena. Si ello es así, no puede ser sino una pena que se impone directamente por el Tribunal Constitucional como respuesta al incumplimiento de sus resoluciones y con total inobservancia del fuero que a dichas autoridades o empleados públicos les corresponde constitucionalmente. En definitiva, las medidas de los arts. 92.4 b) y 92.5 LOTC vulneran los arts. 71 y 102 CE y 26.6 y 32 EAPV.
e) Vulneración de los arts. 155 y 2 y 143 CE.
El art. 155 CE no precisa el alcance de los incumplimientos constitucionales o legales o el grave atentado al interés general de España por parte de una Comunidad Autónoma al que hace referencia o cuáles pueden ser las medidas coactivas («obligar … al cumplimiento forzoso») o de protección a poner en práctica por el Gobierno del Estado. La reforma planteada por la Ley Orgánica impugnada supone una alteración del sistema de controles de las Comunidades Autónomas por el Estado proscrito por el Tribunal Constitucional desde sus comienzos (STC 4/1981, de 2 de febrero) en cuanto que no se ajusta al principio de autonomía la previsión de controles genéricos e indeterminados que implican una posición jerárquicamente subordinada de las Comunidades Autónomas a la Administración del Estado. En la STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 12, se analizó un precepto legal que atribuía al Gobierno un poder de vigilancia y la facultad de formular requerimientos, así como un poder de control a través del mecanismo previsto en el art. 155 CE. Esto es lo que declaró el Tribunal Constitucional: «[L]a autonomía exige en principio, a su vez, que las actuaciones de la Administración autonómica no sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez o eficacia de dichas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. Por ello el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades Autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues, como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal, tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva (Sentencia 4/1981, de 2 de febrero y 6/1982, de 22 de febrero)».
Por ello, la referida Sentencia admitió la posibilidad de formular los requerimientos procedentes a fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas en la ejecución de la legislación del Estado por las Comunidades Autónomas, requerimientos no vinculantes. Ahora bien, el poder de control resultaba inconstitucional ya que «de no interpretarse la expresión ‘‘en su caso’’ de forma tal que el precepto se convierta en superfluo en cuanto supondría una repetición del texto constitucional, el contenido de dicho párrafo encierra una redefinición de los supuestos a los que es aplicable el art. 155 de la Constitución. Como hemos señalado en el fundamento cuarto de esta Sentencia, no corresponde al legislador estatal fijar en abstracto el alcance de dichos supuestos, como sucede en el presente caso al incluir en ellos con carácter general aquellos en que los requerimientos sean desatendidos o las informaciones reiteradamente negadas».
Las medidas contempladas en los arts. 92.4.b) y c) y 92.5 son, en realidad, modalidades de control distintas de las constitucionalmente previstas o admisibles, incurriendo en inconstitucionalidad y rebasando la línea divisoria entre poder constituyente y poder constituido. Concretamente, la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento y la adopción de las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento a instancias del Gobierno quedan configuradas como mecanismos equivalentes al previsto en el art. 155.2 CE, según el cual «el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas», implica en definitiva una intervención directa sobre la autonomía sin sujeción alguna a las garantías de procedimiento previstas en el art. 155 CE. Los presupuestos de hecho previstos en la Ley (básicamente «caso de que se advierta» que una resolución pudiera estar siendo incumplida, incluida aquellas que acuerdan la suspensión de disposiciones, actos o «actuaciones» impugnadas, cuando concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional) se convierten en realidad en presupuestos de aplicabilidad del art. 155 CE, ocupando el legislador, como ya se ha dicho, el plano del constituyente, porque dichos presupuestos no se contemplan en el art. 155 CE.
Por otra parte, las medidas previstas (suspensión en sus funciones, adopción de medidas necesarias por el Gobierno de la Nación o por el propio Tribunal Constitucional) suponen una actividad subsidiaria que implica una forma de control sobre la actuación de la Administración autonómica, además de no prevista constitucionalmente, incompatible con el principio de autonomía (arts. 2 y 143 CE) y con la esfera competencial de esta (STC 118/1998, de 4 de junio, FJ 26). Dicho de otra manera, si ante un incumplimiento de una Comunidad Autónoma se produjese «la sustitución en la competencia de la Comunidad Autónoma», dicha «sustitución sería inconstitucional» (STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 11).
No se trata de que, ante la falta de adopción de una decisión por una Comunidad Autónoma en relación con una resolución del Tribunal Constitucional, la Ley prevea la adopción de medidas de «cumplimiento forzoso», de medidas coercitivas que pretendan «forzar la voluntad o la conducta» (diccionario de la Real Academia Española) de la Comunidad Autónoma incumplidora, sino que, directamente, ya el Tribunal ya el Gobierno del Estado llevarán a término las resoluciones, sustituyendo a la Comunidad Autónoma. Estamos ante una injerencia ilegítima, por indebida, innecesaria y desproporcionada. Las medidas que prevé la Ley son consecuencia de las previsiones de la propia Ley sobre la apreciación del propio Tribunal sobre el incumplimiento de sus resoluciones, incluida la apreciación de las «circunstancias de especial trascendencia», y no del incumplimiento de precepto constitucional alguno. El art. 164 CE no contiene referencia alguna a los medios de ejecución de las Sentencias del Tribunal Constitucional. No es el incumplimiento de las obligaciones constitucionales previstas en el art. 164 CE ni lo previsto en el art. 117.3 CE lo que provoca la aplicación de medidas equivalentes a los contenidos en el art. 155 CE, sino el eventual desconocimiento de la eficacia (no de los efectos) de dichas resoluciones. Las medidas previstas en el art. 92 LOTC no encuentran su fundamento constitucional en el art. 164 CE ni en los arts. 117.3 o 118 CE, sino en la previsión del art. 155.1 CE. No operan como medidas encaminadas a garantizar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional para lo que ya existían mecanismos, sino como remedios punitivos al incumplimiento de dichas resoluciones. Así lo declara el preámbulo, al admitir que la reforma responde «a la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la efectividad».
El recurso encubierto a la vía prevista en el art. 155 CE que lleva a una actuación sustitutoria del Estado, supone una injerencia clara en la autonomía política de las Comunidades Autónomas, injerencia no autorizada por el texto constitucional sino es a través del procedimiento previsto en el art. 155 CE. La reforma no cumple ninguno de los requisitos que el art. 155 CE exige para que sea posible adoptar las medidas allí previstas.
3. Por providencia de 2 de febrero de 2016 el Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo se acordó publicar la incoación del procedimiento en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se produjo el día 9 de febrero de 2016.
4. Por escrito registrado el 10 de febrero de 2016, el Presidente del Congreso de los Diputados notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento, a los solos efectos de formular alegaciones en relación con los vicios de procedimiento legislativo que se denuncian en la demanda, en lo que afecta al Congreso de los Diputados; de encomendar la representación y defensa de la Cámara a la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la Cámara; de comunicar el acuerdo al Tribunal Constitucional y al Senado; y de remitir la documentación a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
5. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 12 de febrero de 2016, se personó en el recurso en nombre del Gobierno, y solicitó una prórroga del plazo otorgado para formalizar el escrito de alegaciones, habida cuenta del número de asuntos que penden ante dicha Abogacía.
Por providencia de 15 de febrero de 2016, el Pleno acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado, tenerle por personado en la representación que ostenta y otorgarle una prórroga de ocho días respecto al plazo concedido por providencia de 2 de febrero de 2016, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.
6. Por escrito registrado el día 17 de febrero de 2016, el Presidente del Senado notificó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. La Letrada de las Cortes Generales, en nombre y representación del Congreso de los Diputados, formuló mediante escrito de 26 de febrero las siguientes alegaciones, tras resumir el iter legislativo efectuado.
a) La jurisprudencia constitucional ha reconocido un principio de disponibilidad de la Cámara sobre lo que denomina los trámites del procedimiento y su cronología y una libertad de ordenación, que incluye la competencia no solo para decidir el procedimiento aplicable, sino también para resolver las cuestiones incidentales que puedan producirse (STC 136/2011, FJ 6). El art. 150 RCD establece dos presupuestos alternativos para la aplicación de la tramitación en lectura única: que la naturaleza de la iniciativa legislativa lo aconseje o que su simplicidad de formulación lo permita.
b) El primer presupuesto no se identifica exclusivamente con el segundo. Con independencia de la simplicidad de la formulación, pueden entrar en juego otros factores de índole diversa que aconsejen la aplicación de dicho procedimiento. Este tipo de procedimientos más rápidos y abreviados constituyen un instrumento legítimo en manos del legislador y los puede utilizar en función de sus prioridades legislativas, que especialmente se acentúan cuando era inminente el fin de la legislatura y era más reducido el margen de tiempo hábil disponible para legislar. La apreciación de la inmediata necesidad legislativa que justifica la aplicación del procedimiento de lectura única, al depender de la interpretación de una cláusula muy abierta, lleva a que sea la valoración política la que domine su aplicación: dicha valoración política, por las reglas del juego democrático, coincidirá con la valoración de la mayoría de la Cámara, primero en la Mesa que realiza la propuesta de aplicación de este procedimiento, y luego en el Pleno, que lo aprueba (STC 238/2012, FJ 4). El de la naturaleza del proyecto es un concepto abierto, que permite un margen de interpretación mucho más amplio que otros conceptos jurídicos. Al no poderse esclarecer con precisión suficiente lo que significa la naturaleza de un proyecto de ley, pues los proyectos de ley se clasifican con arreglo a otros criterios, el término se convierte en un elemento de aplicación discrecional y, por tanto, de pura valoración política.
La Letrada parlamentaria rechaza la interpretación que realiza el recurrente de que la especial relevancia de la reforma impedía su tramitación a través del procedimiento de lectura única, pues dicho criterio no está previsto en el art. 150 RCD. En la práctica la lectura única ha estado disociada de la relevancia y no se ha considerado que la aplicación de dicho procedimiento suponga rebajar el valor o la importancia de una norma en el conjunto del ordenamiento jurídico: es el caso de la reforma de la propia Constitución o del proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su Majestad el Rey don Juan Carlos I de Borbón. El único requisito es que la tramitación de la materia a regular no esté reservada a un determinado procedimiento, en cuyo caso la lectura única no resulta posible (ATC 9/2012): pero ni la Constitución ni el Reglamento (arts. 150 y 130 a 132) excluyen que las leyes orgánicas, ni específicamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puedan ser tramitadas por el procedimiento de lectura única.
c) Por lo que respecta al segundo presupuesto, se discrepa de la interpretación del concepto de simplicidad que realiza el recurrente. La simplicidad debe ir referida al análisis de la estructura interna del texto, si este es comprensible e inteligible, y estructuralmente sencillo de redacción. El texto solo sería complejo si para su entendimiento fuera necesario un proceso intelectivo de segundo nivel que requiriese un esfuerzo por encima de la media. Las referencias del demandante respecto a la vaguedad, la indeterminación o la ambigüedad de la nueva regulación podrían revelar en todo caso un problema de seguridad jurídica, pero ello no implica una supuesta complejidad de los apartados impugnados.
d) La Letrada de las Cortes Generales también rechaza la vinculación que efectúa el recurrente entre la falta de consenso manifestada durante la tramitación de la norma y la posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional para examinar la inconstitucionalidad del procedimiento, invocando la STC 129/2013, FJ 10. El consenso no tiene nada que ver con la constitucionalidad del procedimiento seguido para tramitar una norma, ni constituye un requisito para su aplicación. Tampoco existe exigencia alguna de mayoría especial para la tramitación de una iniciativa por el procedimiento de lectura única (STC 238/2012). Por lo demás, el control que realiza el Tribunal Constitucional es un control estrictamente jurídico y no político, y no puede entrar a valorar si se ha producido o no consenso en la tramitación y aprobación de una ley.
e) Ni la aplicación del procedimiento de lectura única ni la urgencia han impedido la posibilidad de debate y de participación de los diputados con todas las garantías debidas. Cada procedimiento tiene su singularidad, de lo contrario no se entendería la existencia de procedimientos diferentes, ordinarios y especiales: el ius in officium no tiene por qué tener el mismo contenido en cada procedimiento, sino que se modela de forma diferente, en función de las características de cada procedimiento. Ello no equivale a que la Cámara haya impedido o coartado el desempeño de los derechos y facultades que acompañan al núcleo de la función representativa parlamentaria (ATC 118/1999). El análisis de la tramitación de la proposición de Ley Orgánica demuestra lo contrario y no hace sino corroborar que los diputados pudieron ejercer de forma adecuada su ius in officium: en el procedimiento se celebraron hasta dos debates plenarios, primero con ocasión de la toma en consideración y luego en el momento de su aprobación; y los diputados pudieron presentar las enmiendas que consideraron convenientes, en total tres enmiendas a la totalidad de texto alternativo y treinta y cuatro al articulado, que fueron defendidas y votadas en la sesión plenaria del 1 de octubre de 2015. La voluntad de la Cámara quedó conformada de forma adecuada y en momento alguno se aprecia que su resultado quedase alterado de modo sustancial, que es el elemento clave que, según el Tribunal Constitucional, debería quedar acreditado para apreciar vicio de inconstitucionalidad (STC 136/2011, FJ 10), ni que se haya visto afectado el principio democrático (art. 1 CE).
8. Por escrito registrado el 9 de marzo de 2016 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, formuló las siguientes alegaciones:
a) El escrito de alegaciones comienza con un planteamiento general sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional, la necesaria garantía en el cumplimiento de sus resoluciones para la efectividad de su función de garante así como del art. 24 CE y los mecanismos que para tal fin prevé la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional es un órgano de carácter jurisdiccional, no un órgano político. Sus decisiones pueden tener consecuencias políticas, pero ello también es propio de las decisiones del Poder Judicial. El recurrente confunde las consecuencias políticas de las resoluciones judiciales con los conflictos puramente políticos no sujetos a control por parámetros de constitucionalidad. Cuando el conflicto político excede de los cauces procedimentales constitucionales e incide en la regulación constitucional, en ese momento se transforma en un conflicto jurídico: ese es el ámbito de los órganos jurisdiccionales y en concreto del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y garante de su efectividad.
La Constitución no excluye en ningún momento que la potestad de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda ser llevada a efecto por el propio Tribunal Constitucional. A diferencia de la Constitución austriaca, que atribuye dicha potestad de forma expresa y exclusiva, según el tipo de resolución, a los tribunales ordinarios o al Presidente Federal, la Constitución española deja abierta la cuestión, sin excluirlo, a lo que determine la Ley reguladora del Tribunal Constitucional (art. 165 CE). El sistema es semejante al previsto en Alemania. La Constitución alemana prevé dentro del título dedicado a los órganos jurisdiccionales un órgano como el Tribunal Constitucional (art. 93) y remite a una ley posterior en cuanto a su composición y funcionamiento (art. 94), como hace el art. 165 CE. La Ley reguladora del Tribunal Constitucional Federal alemán contiene, como la española, una cláusula general en materia de ejecución: «el Tribunal Constitucional Federal podrá determinar en su decisión, quién la ejecutará; en algunos casos en particular podrá establecer el modo y la forma de la ejecución» (art. 35).
Al igual que en Alemania, en España se han recogido también supuestos de ejecución concreta, junto al principio general del art. 92.1 LOTC. Desde la redacción originaria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se preveía la posibilidad de imponer multas coercitivas (art. 95.4 LOTC), como se regula en otros órdenes jurisdiccionales (arts. 112 LJCA y 591, 701 y concordantes de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC). También se preveía y se prevé la posibilidad de imponer plazos para ejecutar sus resoluciones, por ejemplo en los conflictos negativos de competencias (art. 72.3 LOTC).
En suma, la Constitución no excluye la posibilidad de atribuir al Tribunal Constitucional la potestad de ejecución de sus resoluciones, pues se remite a su Ley reguladora. Esta Ley recoge desde su promulgación como principio general que será el Tribunal Constitucional quien determine la forma de ejecutar sus disposiciones y resolver las incidencias de la ejecución, así como supuestos concretos de ejecución forzosa a cargo del Tribunal, sin perjuicio de poder solicitar el auxilio de otros poderes para dar efectividad a sus resoluciones. Pero la complejidad jurídica y la necesidad de adaptarse ante nuevas situaciones y retos determinaron la modificación de las funciones de ejecución del Tribunal Constitucional con la finalidad última de asegurar la efectividad de la propia Constitución, asegurando la efectividad de las resoluciones de su garante. La primera modificación del sistema de ejecución previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se produjo mediante la Ley Orgánica 6/2007, que introdujo una especificación en el art. 92.1 LOTC y un supuesto concreto de ejecución para habilitar la adopción de medidas específicas de protección del art. 18.4 CE (art. 86.3 LOTC). La reforma actual avanza en la misma senda, para evitar que la Constitución se convierta en letra muerta (STC 198/2012, FJ 8).
Por lo que respecta al argumento del recurrente de la falta de necesidad de la reforma, por contar el sistema constitucional con otros mecanismos de reacción (la vía penal y el art. 155 CE), se aduce, por un lado, la necesidad de dotar de efectividad a las resoluciones judiciales como garantía del art. 24 CE, que abarca también a las resoluciones del Tribunal Constitucional (por todos, ATC 1/2009, FJ 2). El derecho al cumplimiento y la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional no puede quedar abocado exclusivamente a una reprensión de carácter penal. Por otro lado, se rechaza que las medidas de suspensión o sustitución de órganos autonómicos solo puedan articularse sobre la base del art. 155 CE. La Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de anormalidad constitucional en desarrollo del art. 116 CE, ya prevé en el supuesto menos riguroso –el estado de alarma– que el Gobierno de la Nación suspenda y sustituya a autoridades y empleados autonómicos (artículo 10). El estado de alarma se declara exclusivamente por el Gobierno, sin perjuicio de su comunicación al Congreso. La misma actuación puede producirse como consecuencia de la activación del art. 155 CE, también de acuerdo con la apreciación del Gobierno. Siguiendo la argumentación del recurrente habría que admitir que la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional que requirieran medidas de sustitución o suspensión de autoridades y empleados públicos debería quedar a la exclusiva apreciación del Gobierno como único legitimado para activar los mecanismos constitucionales correspondientes. Esto sería admitir en nuestro ordenamiento constitucional la existencia implícita de una cláusula semejante a la austriaca, según la cual la efectividad de las sentencias del Tribunal Constitucional queda en manos del Presidente Federal. Tal conclusión choca frontalmente con los principios de autonomía e independencia del Tribunal Constitucional frente al resto de órganos constitucionales, entre ellos el Gobierno (arts. 1.1 y 73 LOTC). Lo relevante es el título legitimador que permita adoptar las medidas: en el caso de la jurisdicción constitucional las medidas de suspensión y sustitución se articulan como medios de ejecución, y el título legitimador es la garantía de la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, por tanto los arts. 161 y 165 CE y 1.1 LOTC.
Finalmente, en cuanto al ámbito de control de constitucionalidad de las normas reguladoras del Tribunal Constitucional, el Abogado del Estado señala que la doctrina se contiene principalmente en las SSTC 66/1985 y 49/2008: debe ser un control abstracto y, por lo tanto, al margen de su posible aplicación práctica, de los concretos preceptos impugnados y las normas y principios constitucionales que integran en cada caso el parámetro de control; un control limitado a supuestos de conflicto evidente e insalvable con la Constitución; un control que no puede tener en cuenta las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último. En cambio, a juicio del Abogado del Estado, el recurrente no realiza una crítica en abstracto de la reforma, sino de los supuestos en los que considera que no podrían aplicarse las medidas de suspensión y sustitución: respecto a las resoluciones de determinados procesos constitucionales y a un concreto sujeto obligado al cumplimiento. Este no es el ámbito del control abstracto de constitucionalidad de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo que debe enjuiciarse es si, en abstracto, al margen de su posible aplicación práctica, las medidas de ejecución puestas a disposición del Tribunal Constitucional por parte del legislador orgánico representan una opción constitucional válida, con independencia de que pueda haber otras opciones también constitucionales y válidas y de si su aplicación es apta a todos o a parte de los procesos constitucionales. Será a la hora de valorar su aplicación concreta cuando le corresponderá al Tribunal Constitucional apreciar si es posible o no adoptar una medida de ejecución, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso constitucional y el sujeto obligado. Pero esta valoración singularizada no es objeto del presente recurso de inconstitucionalidad.
b) Un segundo bloque de alegaciones se dirigen a rechazar la vulneración de los arts. 23.1 CE, 150.1 RCD y 129.1 RS, por razón del procedimiento adoptado para la tramitación legislativa.
Por un lado, se señala que el Reglamento del Congreso en modo alguno prohíbe o veda la utilización del procedimiento de lectura única o el de urgencia para tramitar una determinada clase de proposiciones o proyectos de ley, ni previene en relación con determinados o concretos ámbitos materiales de regulación. Ni siquiera la reforma constitucional está vedada al procedimiento de lectura única (STC 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 4). Además, el concepto de «simplicidad de la formulación» del texto a tramitar en lectura única es un concepto jurídico indeterminado ajeno al consenso político que pudiera suscitar el proyecto de ley, a su repercusión pública o a la complejidad material intrínseca que suponga la función administrativa de aplicación (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 10). En todo caso, el de la reforma aprobada por Ley Orgánica 15/2015 es un texto breve, claro y conciso.
Por otro lado, se expone en detalle la tramitación seguida y se concluye que, en la medida en que se observó el procedimiento legalmente previsto, los grupos políticos en el Congreso y en el Senado han tenido la oportunidad de intervenir en la fase plenaria durante el trámite de toma en consideración y de oponerse mediante el oportuno voto a la misma, luego también en la tramitación de la proposición y, ulteriormente, en la propia aprobación de la iniciativa legislativa de reforma de la Ley Orgánica. Si se ha observado el procedimiento, no puede aducirse que haya habido un «abuso de la mayoría parlamentaria», sino el propio funcionamiento de la democracia parlamentaria. Y si no acontece infracción de la legalidad del procedimiento, no cabe hablar de vulneración del ius in officium de los parlamentarios por el hecho de que por mayoría se adopte la decisión correspondiente.
c) Un tercer bloque de alegaciones se dirigen a descartar inconstitucionalidad alguna en los arts. 92.4, letras b) y c) y 92.5 LOTC.
En relación con el art. 92.4 b) LOTC se examinan dos tachas de inconstitucionalidad. La primera es la pretendida vulneración del principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE). Se rechaza que la medida de suspensión de funciones prevista en el art. 92.4 b) LOTC tenga carácter sancionador, invocando la doctrina sentada en, entre otras, la STC 48/2003, de 12 de marzo, en relación con la medida de disolución de partidos políticos ilegales. La medida de suspensión no está diseñada para sancionar un comportamiento, con carácter represivo, sino para evitar la persistencia en el incumplimiento de una resolución. La prueba es que se impone «durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal» y está condicionada a este hecho, que depende de la voluntad del responsable. Se trata de una suspensión evitable, puesto que el Tribunal no puede imponerla sino tras la constatación, con la tramitación del incidente en el que se da audiencia a las personas afectadas, de la voluntad incumplidora de su destinatario. Solo puede imponerse a la autoridad o empleado público responsable del incumplimiento. Y es una medida con una finalidad muy determinada, que se levanta tan pronto como cese la voluntad incumplidora de la persona responsable. Por tanto, la ausencia de carácter sancionador excluye la aplicación del principio de legalidad recogido en el art. 25 CE. Lo cual, no obstante, no significa que la suspensión no esté dotada de garantías. El escrito desarrolla a este respecto el respeto de los principios de proporcionalidad y de no arbitrariedad, aunque se trata de un argumento no desarrollado en la demanda.
Además, rechaza el argumento de que la suspensión de funciones excede de las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional. No es irrazonable considerar la hipótesis en que la anulación por el Tribunal Constitucional de una resolución que contraríe lo ordenado por el Tribunal no sea suficiente para su eficacia si la autoridad o el empleado público que debe privar de efectos a la resolución anulada no lo hace y mantiene su eficacia y hace caso omiso a la declaración de nulidad; o el supuesto en que se impone a una autoridad o empleado público una actuación positiva para remediar el orden jurídico alterado y no lo hace.
La segunda tacha de inconstitucionalidad examinada en relación con el art. 92.4 b) LOTC es la pretendida vulneración de la normativa sobre aforamientos. El Abogado del Estado no ve la relación que existe entre el aforamiento y las medidas previstas en el art. 92.4.b). La medida de suspensión no tiene carácter penal, por lo que no supone el enjuiciamiento penal (ni de otro tipo) de las personas destinatarias de la medida, respecto a las cuales solo se prevé la suspensión en sus cargos y empleos hasta tanto se allanan al cumplimiento de la resolución del Tribunal. No concurre, pues, el presupuesto de hecho para la aplicación del régimen de aforamiento.
En cuanto al art. 92.4 c) LOTC, se remite a los argumentos generales antes realizados y a otros posteriores desde la perspectiva del art. 155 CE. En todo caso, se subraya que las normas relativas a la ejecución se contienen en el título de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dedicado a las normas comunes sobre procedimiento, por lo que su aplicación a cada uno de los procesos constitucionales dependerá de la naturaleza y efectos de cada proceso, así como del sujeto obligado al cumplimiento (STC 309/1987). En segundo lugar, se afirma que en los procesos ante el Tribunal Constitucional la posición del Gobierno es distinta, con mayores atribuciones dada su carácter de órgano constitucional, lo que no implica, dada la naturaleza de los procesos y el fin último de garantía del sistema constitucional, que la diferenciación consagrada tanto en la Constitución (arts. 161 y 162 CE) como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en desarrollo de la habilitación del art. 164 CE implique una vulneración del principio de igualdad, pues la posición constitucional del Gobierno en orden a la salvaguarda del sistema constitucional es prevalente (arts. 116, 155, 153 CE, etc.). Por ello, dada la naturaleza de la ejecución sustitutoria, el legislador orgánico ha querido limitar su aplicación al Gobierno de la Nación. En tercer lugar, respecto a la inexistencia de título competencial para el ejercicio de competencias autonómicas por sustitución, se señala que el título legitimador no es un título competencial sino la garantía de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y que no es el Gobierno quien decide discrecionalmente sustituir al obligado, sino el Tribunal Constitucional quien pide a aquel su colaboración (art. 87.1 LOTC) para dar efectividad a sus resoluciones [art. 92.4 c) LOTC].
Por lo que respecta al art. 92.5 LOTC, además de reiterar las alegaciones relativas a la infracción del principio de legalidad y de las normas sobre aforamientos realizadas a propósito del art. 92.4.b) LOTC, se subraya el carácter de norma procesal de la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2015. Se trata de una categoría de decisión cautelar (las llamadas «cautelarísimas»), adaptada por el legislador al proceso constitucional, que en modo alguno pugna con la esencia de un Derecho procesal ajustado a los principios que informan la Constitución. Esta clase de medidas o similares están reconocidas en las normas reguladoras de los procesos en el orden contencioso-administrativo, jurisdicción que tiene por objetivo enjuiciar actuaciones del poder público (art. 135 LJCA).
La concurrencia de «circunstancias de especial trascendencia constitucional» es un elemento a valorar en cada caso por el Tribunal; también las concretas medidas que habrá de decidir «de oficio o a instancia del Gobierno». El Gobierno actúa en el incidente solo como parte procesal.
Las «circunstancias de especial trascendencia constitucional» hacen referencia implícita también al alcance o dimensión que para la integridad del régimen constitucional y para la aplicación de la Constitución pueda suponer el que una Comunidad Autónoma, cuyas normas o disposiciones hayan sido suspendidas cautelarmente en su vigencia, todavía desacate o infrinja esa obligatoriedad de respeto al efecto suspensivo del auto o providencia judicial que lo hubiere decretado. La finalidad que anima al art. 92.5 CE consiste simplemente en que la Constitución se cumpla. La naturaleza procesal se refleja en el trámite preceptivo subsiguiente a la adopción de las medidas cautelares inaudita parte, consistente en el otorgamiento de un trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, para confirmar, revocar o modificar las medidas adoptadas. Se trata, por lo tanto, de una actuación judicial, en fase de ejecución, no de una prerrogativa extraordinaria o excepcional atribuida al Gobierno.
El mismo Tribunal Constitucional ha elaborado una doctrina en relación con las circunstancias de especial trascendencia constitucional (ATC 156/2013, de 11 de julio, que mantuvo la suspensión inicial de la Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, del Parlamento de Cataluña). Esta doctrina expeditiva y favorable a calificar las situaciones que afectan a la unidad de España como circunstancias de gran relevancia constitucional tuvo su continuidad en los AATC 182/2015 y 186/2015, ambos de 3 de noviembre. Por lo tanto, el nuevo art. 92.5 LOTC no supone una vulneración de la Constitución creando una prerrogativa a favor del Gobierno, ni se amplía el art. 161.2 CE ampliando la prerrogativa de solicitud de la suspensión cautelar de la norma autonómica impugnada, ni hay alteración de la separación de poderes. En definitiva, el principio de la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales en general, garantizado por el art. 118 CE es la sola aspiración que se encuentra en la base de la reforma legislativa introducida por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, también en lo que concierne al artículo 92.5.
d) El último bloque de alegaciones rechaza la vulneración de los arts. 155 y 143 CE. El Abogado del Estado señala que el recurrente parte de una confusión en cuanto al título legitimador de las medidas de ejecución de sentencias introducidas por la Ley Orgánica 15/2015 y de las medidas previstas en el art. 155 CE: aunque las medidas puedan ser coincidentes, el título que legitima unas y otras es muy diferente. Las medidas para asegurar la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional previstas en los arts. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC –únicos recurridos– son medidas cuyo título legitimador es el cumplimiento de las sentencias dictadas por nuestro más alto Tribunal para garantizar el cumplimiento de la Constitución y como garantía del Estado de Derecho. Para que se apliquen esas medidas existe un requisito previo, el incumplimiento de una resolución emanada del Tribunal Constitucional, y es este órgano jurisdiccional el que está legitimado para actuar porque la propia Constitución y la Ley Orgánica que regula su funcionamiento así lo establecen. En cambio, en las medidas previstas en el art. 155 CE no hay necesariamente un incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, sino un incumplimiento por una Comunidad Autónoma de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o una actuación que atente gravemente al interés general de España. Ante dichos incumplimientos es el Gobierno de la Nación el que está legitimado para adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
En suma, las medidas introducidas por la Ley Orgánica 15/2015 no son controles que el Estado realiza sobre las Comunidades Autónomas con vulneración del principio de autonomía (art. 143 CE), sino medidas que el Tribunal Constitucional adopta ante un incumplimiento de las sentencias que dicta, con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y a las leyes (art. 9.1 CE). No existe subordinación jerárquica entre el Estado y las Comunidades Autónomas por la adopción de dichas medidas, pues el Tribunal Constitucional también puede adoptarlas en relación con el Estado.
Es cierto que, en los casos de ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales, el Tribunal solo podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación [art. 92.4 c) LOTC], y que, en el caso de las medidas previstas en el art. 92.5 LOTC, solo pueden adoptarse de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación. En estos casos el Gobierno tiene una posición procesal distinta a la de las Comunidades Autónomas, pero dicha circunstancia no supone ningún control del Gobierno de la Nación sobre las Comunidades Autónomas, ni ninguna subordinación jerárquica, ya que la colaboración con la ejecución sustitutoria se hará «en los términos fijados por el Tribunal» y la situación previa a las medidas previstas en el artículo 92.5 debe ser valorada por el Tribunal, no por el Gobierno, que solo actúa en el incidente promoviéndolo, solo como parte procesal. La posición procesal del Gobierno es, de todas formas, distinta a la de las Comunidades Autónomas, ya que goza de mayores atribuciones al ser órgano constitucional: la posición del Estado es prevalente a la de las Comunidades Autónomas a la hora de salvaguardar el sistema constitucional, tal como se desprende de los artículos 116, 155, 153, etc.
A continuación el Abogado del Estado examina las sentencias invocadas por el Gobierno Vasco (SSTC 4/1981, 6/1982 y 76/1983) para argumentar que las medidas de ejecución introducidas por la Ley Orgánica 15/2015 suponen una injerencia en la autonomía política de las Comunidades Autónomas, y obtiene una conclusión contraria atendiendo al criterio del título legitimador de las medidas. A diferencia del precepto enjuiciado en la STC 76/1983 (art. 7.2 del proyecto de la Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico), ninguno de los preceptos aquí impugnados se remite al art. 155 CE. Por otra parte, alega la STC 215/2014, de 18 de diciembre, en la que, ante la cuestión de si es constitucionalmente legítimo que el Gobierno pueda proponer a la Administración incumplidora la adopción de una serie de medidas, el Tribunal Constitucional concluyó con una respuesta «necesariamente positiva», ya que el cumplimiento de los objetivos de déficit y endeudamiento «representa una cuestión de interés general de extraordinaria importancia, respecto de cuya consecución el Estado es garante último». Y con respecto al recurso al art. 155 CE previsto en la norma entonces enjuiciada, el Tribunal afirmó que «supone una injerencia clara» en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, pero se trata de una intervención «autorizada por el propio texto constitucional, como reacción última a un incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas». Así pues, el Tribunal Constitucional ya ha respaldado la utilización de medidas coercitivas adoptadas por el Gobierno para conseguir el cumplimiento por las Comunidades Autónomas en materia de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) y la utilización de los mecanismos del art. 155 CE con dicho objetivo.
9. El Presidente del Tribunal Constitucional, en ejercicio de las competencias del art. 15 de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, del Tribunal Constitucional acordó, con fecha 27 de octubre de 2016, designar al Excmo. Sr. González-Trevijano Sánchez, Magistrado Ponente del recurso de inconstitucionalidad 229-2016, en sustitución de la Excma. Sra. Asua Batarrita, quien con esa fecha declinó la ponencia.
10. Mediante providencia de 2 de noviembre de 2016 se acordó señalar para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El Gobierno Vasco impugna, mediante este recurso, la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, por considerar que incurre en vicios de inconstitucionalidad de orden procedimental y sustantivo. La inconstitucionalidad procedimental traería causa de la inadecuación del procedimiento legislativo seguido en la elaboración de la Ley recurrida, al no concurrir los requisitos establecidos en los arts. 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 129 del Reglamento del Senado (RS) por haberla tramitado por el procedimiento en lectura única, condicionando gravemente la formación de la voluntad de ambas Cámaras, con la consiguiente vulneración del derecho de sus miembros al ius in officium que les reconoce el art. 23.2 CE. Los motivos de inconstitucionalidad de orden sustantivo se imputan al artículo único, apartado tres, en la nueva redacción que da al art. 92.4. b) y c) y 92.5 LOTC, cuyas previsiones, a juicio del recurrente, infringen los arts. 117.3, 161, 164 y 165 CE, en cuanto desnaturalizan el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por la Constitución; vulneran el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), al no satisfacer las exigencias que la garantía material de este principio impone, así como el régimen constitucional y estatutario de los aforamientos (arts. 24, 71 y 72 CE y 26.2 y 32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco –EAPV–); y, finalmente, contravienen los arts. 143 y 155 CE, al establecer mecanismos de control por parte del Estado a las Comunidades Autónomas, que atentan al principio de autonomía.
La Letrada de las Cortes Generales, por las razones de las que sucintamente se ha dejado constancia en los antecedentes de esta resolución, interesa la desestimación del recurso en el extremo referido a la inconstitucionalidad procedimental denunciada, motivo al que circunscribe sus alegaciones. Entiende que la tramitación parlamentaria de la Ley impugnada se ha ajustado a las previsiones reglamentarias del procedimiento en lectura única, sin que los diputados hayan visto mermadas o restringidas sus facultades de participación en el procedimiento legislativo, debiendo descartarse, por consiguiente, la vulneración del art. 23.2 CE.
Por su parte, el Abogado del Estado, en los términos que también se han resumido en los antecedentes de esta Sentencia, comparte la opinión de la Letrada de las Cortes Generales en cuanto al vicio de inconstitucionalidad procedimental alegado en la demanda, interesando la desestimación del recurso respecto a los motivos de inconstitucionalidad de orden sustantivo que se imputan a la nueva redacción que el art. único, apartado tres, de la Ley Orgánica 15/2015 da al art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, al no infringir, a su juicio, ninguno de los preceptos constitucionales y estatutarios invocados por el recurrente.
2. La Ley Orgánica 15/2015 define en su preámbulo como uno de los principales componentes de cualquier función jurisdiccional «la existencia de instrumentos suficientes para garantizar la efectividad de las resoluciones dictadas en el ejercicio de dicha función», lo que constituye además «un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho». La finalidad que persigue la reforma es la de introducir «en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dot[e]n al Tribunal», que tiene encomendada la función de supremo intérprete y garante de la Constitución mediante el ejercicio de su función jurisdiccional, «de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones». El legislador deja constancia en el preámbulo de la ley de la conveniencia de completar los principios generales en materia de ejecución contenidos hasta ahora en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de desarrollar «los instrumentos necesarios» para que la garantía de la efectividad de aquellas resoluciones sea real, por «la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad».
Entre las novedades que introduce la Ley Orgánica 15/2015 cabe destacar la aplicación supletoria de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de ejecución de resoluciones constitucionales (art. 80 LOTC); la posibilidad de que el Tribunal pueda acordar su notificación personal a cualquier autoridad o empleado público que considere necesario (art. 87.1 LOTC); la atribución a las mismas del carácter de título ejecutivo (art. 87.2 LOTC); el mandato de que el Tribunal ha de velar por su cumplimiento efectivo, pudiendo disponer en ellas de las medidas de ejecución necesarias (art. 92.1 LOTC), así como recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar su efectividad (art. 92.2 LOTC).
A los efectos que a este proceso constitucional interesan, la Ley recurrida en la nueva redacción que da al art. 92.4 LOTC, cuyos apartados b) y c) han sido impugnados, establece un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. En estos casos prevé que, de «advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se le fije informen al respecto». Una vez recibido el informe o transcurrido el plazo conferido, «si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes: a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado; b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal; c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
Y, en fin, el nuevo apartado 5 del art. 92 LOTC, también impugnado en este proceso, dispone que «[s]i se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento, sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas».
3. Antes de proceder al enjuiciamiento de las cuestiones suscitadas en este recurso, es necesario destacar la singularidad que presenta al impugnarse preceptos que reforman la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que nos sitúa, al igual que en los procesos en los que recayeron las SSTC 49/2008, de 9 de abril, y 118/2016, de 23 de junio, en el terreno de controlar la única ley a la que estamos íntegramente sometidos (art. 1.1 LOTC). En la citada STC 49/2008, cuya doctrina se reitera en la STC 118/2016, nos referimos a las peculiaridades que reviste el control de constitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ahora, siquiera sucintamente, conviene traer a colación.
a) Dijimos entonces que el legislador orgánico del Tribunal Constitucional «goza de una libertad de configuración que no sólo se deriva del principio democrático, sino que también está protegida a través de las diversas reservas de ley orgánica previstas en el texto constitucional respecto a esta institución [arts. 161.1.d), 162.2 y 165 CE]», cuyo contenido, como señalamos en la STC 66/1985, de 23 de mayo, FJ 4, es disponible para el legislador. Lógicamente, esta libertad, por exigencias del principio de supremacía constitucional (art. 9.1 CE), «no es absoluta, sino que tiene límites materiales y formales que tienen su origen no sólo en dichas reservas y en los restantes preceptos que integran el título IX de la Constitución, sino en una interpretación sistemática de todo el texto constitucional». En otras palabras, aquellos límites constitucionales que se imponen al legislador «no proceden únicamente de una interpretación literal del precepto aducido en cada caso, sino del modelo de Tribunal Constitucional que se deriva de una interpretación conjunta de nuestra Norma Suprema y de los principios constitucionales que se proyectan sobre el mismo». En consecuencia, «dentro del respeto a las normas constitucionales y a la independencia y función del Tribunal, [el legislador] puede introducir en ella los cambios o modificaciones que entienda oportunos, sin que haya de limitarse a aquellos indispensables para evitar la inconstitucionalidad o asegurar el cumplimiento de los objetivos constitucionales» [FJ 3; en el mismo sentido, STC 118/2016, FJ 3 a)].
b) Al legislador le corresponde respetar los límites materiales y formales del texto constitucional, y a este Tribunal controlar, en su función de intérprete supremo, el cumplimiento de estos límites. Lo contrario supondría, como declaramos en la citada STC 49/2008, «no sólo admitir una zona inmune al control de constitucionalidad, sino también hacer dejación de nuestra función en el ámbito tan decisivo para la propia supremacía de la Constitución como la jurisdicción de este Tribunal». De modo que «[d]ejar en manos del legislador orgánico la concreción [del modelo constitucional de nuestra jurisdicción] y renunciar a controlarla no se correspondería, en efecto, con la pretensión del constituyente de crear un órgano de control de constitucionalidad con amplias competencias y de garantizar su eficacia». La doble vinculación del Tribunal Constitucional al texto constitucional y a su Ley Orgánica no «puede interpretarse en el sentido de impedir el control de constitucionalidad de nuestra ley reguladora, puesto que ello supondría rechazar la vigencia del principio de supremacía constitucional en la fase creativa del Derecho, es decir, frente al legislador» (FJ 3).
c) No obstante, el alcance del control de constitucionalidad sobre nuestra Ley Orgánica presenta ciertas especificidades. Así, al margen de los límites del concreto proceso utilizado, hemos de «extremar las consideraciones institucionales y funcionales que siempre acompañan al control del legislador democrático», siendo evidente, en primer lugar, «que nuestro enjuiciamiento es exclusivamente de constitucionalidad y no político, de oportunidad o de calidad técnica», debiendo limitarnos a contrastar «con carácter abstracto y, por lo tanto, al margen de su posible aplicación práctica los concretos preceptos impugnados y las normas y principios constitucionales que integran en cada caso el parámetro de control». En segundo lugar, tratándose del legislador democrático, «no podemos perder de vista que la presunción de constitucionalidad ocupa un lugar destacado en el desarrollo de dicho control, correspondiendo al recurrente no sólo ponerlo en marcha mediante el ejercicio de su legitimación, sino concretar los motivos de la pretendida inconstitucionalidad y colaborar con la jurisdicción constitucional». En tercer lugar, hemos de tener presente, como cuestión de principio, «que el legislador no debe limitarse a ejecutar la Constitución, sino que está constitucionalmente legitimado para tomar todas aquellas medidas que, en el marco caracterizado del pluralismo político, no vulneren los límites que se derivan de la Norma fundamental» (FJ 4; en el mismo sentido, STC 118/2016, FJ 1).
Y, en fin, en cuanto al posible resultado de este control de constitucionalidad, hemos tenido ocasión de poner de manifiesto que en la medida que la vinculación de este Tribunal a su Ley Orgánica se proyecta sobre la propia legitimidad de este órgano, «el control de la Ley Orgánica del Tribunal debe limitarse a los supuestos en que existe un conflicto evidente e insalvable entre la misma y el texto constitucional». Llevar a cabo «un control más intenso –hemos de reiterar ahora– no sólo supondría debilitar la presunción de constitucionalidad de cualquier norma aprobada por el legislador democrático, sino que situaría al Tribunal en una posición que no se corresponde con el papel que cumple la reserva contenida en el art. 165 CE para que sea el legislador quien, a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, desarrolle directamente y con vocación de complitud el título IX CE, el desarrollo legal al que este Tribunal está íntegramente vinculado» (FJ 4).
4. Sentado cuanto antecede, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar por el denunciado motivo de inconstitucionalidad procedimental, al imputarse y, en consecuencia, afectar a la totalidad de la Ley Orgánica 15/2015.
Los Letrados del Gobierno Vasco, tras relatar la cronología de elaboración de la ley, desde su presentación como proposición de ley hasta su aprobación, consideran que al haberse tramitado por el procedimiento en lectura única se han infringido los Reglamentos del Congreso de los Diputados (art. 150 RCD) y del Senado (art. 129 RS), condicionado gravemente la formación de la voluntad de las Cámaras y vulnerado el derecho fundamental de los Diputados y Senadores al ius in officium que garantiza el art. 23 CE. De conformidad con los citados preceptos de ambos reglamentos parlamentarios, el procedimiento en lectura única puede utilizarse sólo para la tramitación de textos legislativos «[c]uando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita». Pues bien, en este caso no concurría, en su opinión, ninguno de los dos requisitos señalados, ya que la reforma que la Ley Orgánica 15/2015 lleva a cabo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional presenta una indudable relevancia constitucional, en cuanto afecta a principios y valores constitucionales de primera magnitud y a aspectos esenciales relativos a un órgano constitucional que repercuten en las relaciones con otros órganos constitucionales. Es evidente, asimismo, que nada resulta más alejado de la simplicidad exigida por aquellos preceptos reglamentarios que las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley recurrida, cuya complejidad técnica exige el análisis de la posición institucional del Tribunal Constitucional y de la naturaleza de la jurisdicción constitucional. Concluyen sus alegaciones poniendo de manifiesto la falta de consenso entre los grupos parlamentarios en la tramitación de la proposición de ley, que fue presentada, impulsada y aprobada con los votos de un único grupo, y con la oposición y el rechazo de todos los demás.
La Letrada de las Cortes Generales estima, por el contrario, que la decisión de utilizar el procedimiento en lectura única ha sido válidamente adoptada por los órganos competentes y de conformidad con las previsiones del Reglamento de la Cámara. Los requisitos exigidos por el art. 150 RCD son requisitos alternativos y no acumulativos; basta, por lo tanto, con la concurrencia de uno de ellos. La apreciación de «la naturaleza» del proyecto o de la proposición de ley es un concepto abierto, que concede a los órganos de la Cámara un amplio margen de interpretación, pero que en ningún caso excluye el procedimiento en lectura única en razón de la relevancia especial del texto legislativo, como lo acredita el hecho de que se hayan tramitado por este procedimiento una iniciativa de reforma constitucional y el proyecto de ley orgánica por el que se hizo efectiva la abdicación de su Majestad el Rey Juan Carlos I de Borbón. Por su parte, el concepto de «simplicidad en su formulación» está referido al análisis de la estructura interna del texto, si éste es comprensible e inteligible y estructuralmente sencillo, no teniendo nada que ver con su trascendencia jurídica. En este caso, las reformas que se introducen en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no son especialmente complejas, ni incurren en infracciones sintácticas, ni utilizan un lenguaje incomprensible, sino que, por el contrario, los artículos modificados precisan de una simple lectura para conocer su alcance. Y la ausencia de consenso no invalida una decisión que ha sido adoptada por quienes reglamentariamente están legitimados para ello y contaban con la mayoría suficiente. En definitiva, concluye la Letrada de las Cortes Generales, los diputados no han visto limitadas ni restringidas sus posibilidades de participación en el proceso de elaboración de la norma, cuyo desarrollo se atuvo a las previsiones reglamentarias, por lo que no puede entenderse vulnerado el art. 23.2 CE.
El Abogado del Estado interesa también la desestimación de este motivo de inconstitucionalidad porque no aprecia en la tramitación y aprobación de la Ley recurrida infracción alguna de los reglamentos parlamentarios. No existe materia vedada a la tramitación por el procedimiento en lectura única, hasta el punto que ni siquiera lo está una iniciativa de reforma constitucional (ATC 9/2012, de 13 de enero). De otra parte, el requisito de la «simplicidad de la formulación» del texto legislativo del art. 150 RCD hace referencia a textos normativos que en su redacción no resulten técnicamente complejos, extensos o muy interrelaciones o imbricados en cuanto a su regulación material. En este caso, la brevedad, concisión y claridad del texto de la Ley recurrida justifican su tramitación por el procedimiento en lectura única, sin que se haya constatado en su desarrollo ninguna infracción ni la inobservancia de algún trámite, por lo que no cabe deducir la existencia de una lesión del derecho de participación política de los grupos parlamentarios que el art. 23 CE reconoce.
5. El examen de este motivo de inconstitucionalidad requiere sendas precisiones para determinar en sus exactos términos su verdadero alcance.
a) Pese a que los Letrados de Gobierno Vasco hacen referencia en su alegaciones a la infracción tanto de los preceptos del Reglamento del Congreso de los Diputados como del Reglamento del Senado que regulan el procedimiento en lectura única, lo cierto es que la proposición de ley orgánica que ha dado lugar a la Ley Orgánica 15/2015 sólo se tramitó por este procedimiento en el Congreso de los Diputados, no en el Senado. Ello así, el motivo de inconstitucionalidad ha de quedar limitado a la posible vulneración del ius in officium de los diputados ex art. 23.2 CE por haberse tramitado la proposición de ley en la Cámara baja por dicho procedimiento, pues ningún reproche se efectúa en la demanda, ni se contiene en ella razonamiento alguno al respecto, en relación con su tramitación por el procedimiento de urgencia en ambas Cámaras.
La segunda precisión viene determinada porque los Letrados del Gobierno Vasco no cuestionan que aquella tramitación por el procedimiento en lectura única en el Congreso de los Diputados fuese propuesta y decidida por los órganos competentes, como así ha sido, ni que en el transcurso del procedimiento se hubiese prescindido de alguno de sus trámites o se hubiera privado a los Diputados o a los grupos parlamentarios de las facultades reglamentariamente previstas, lo que no ha acontecido. El motivo de inconstitucionalidad se funda exclusivamente en que a su juicio no concurría, por las razones que se han dejado expuestas, ninguno de los requisitos exigidos por el art. 150 RCD para la tramitación de la proposición de ley por el procedimiento en lectura única; esto es, cuando «su naturaleza… lo aconsej[e] o la simplicidad de formulación lo permita». A este concreto extremo se ciñe el motivo de inconstitucionalidad que por razones procedimentales se aduce en la demanda y estrictamente a él hemos de circunscribir nuestro enjuiciamiento.
b) Según doctrina reiterada de este Tribunal, aunque el art. 28.1 LOTC no menciona a los reglamentos parlamentarios entre aquellas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, no es dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente a la acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley, cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras [STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); doctrina que reitera, entre otras, STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 5].
Doctrina que se ha de cohonestar con la jurisprudencia constitucional, según la cual, «la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (art. 72 CE) y la propia naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración legal también obligan a otorgar a los Parlamentos y, significativamente, a sus órganos rectores, un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este Tribunal no puede desconocer». Y, específicamente, en relación con las decisiones parlamentarias referidas al acortamiento de los tramites y plazos del procedimiento legislativo –bien derivadas de la declaración de la tramitación por la vía de urgencia, bien por el procedimiento en lectura única, bien por la concurrencia de causas excepcionales, o por el mero incumplimiento de los plazos establecidos reglamentariamente– este Tribunal tiene declarado que: «(i) no está constitucionalizado ningún procedimiento legislativo abreviado para la tramitación de proyectos normativos caracterizados por la urgencia, salvo una regla temporal para la tramitación en el Senado de los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados (art. 90.3 CE), por lo que dicha regulación queda, entonces, encomendada a los reglamentos de las Cámaras [STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10 e)]; (ii) que una reducción del tiempo de tramitación no priva a las Cámaras del ejercicio de su función legislativa, ya que incide sólo sobre su cronología, ni tiene por qué traducirse en merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo en cuanto procedimiento de formación de voluntad del órgano (STC 234/2000, de 3 de octubre, FJ 13); (iii) que una decisión de estas características debe tener una aplicación tal que afecte por igual a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en evitación de que se ocasione un tratamiento desigual o discriminatorio (ATC 35/2001, de 23 de febrero, FJ 5); y (iv) que tal reducción del tiempo de tramitación sólo podrá llegar a tener relevancia constitucional cuando su alcance sea de tal magnitud que haya alterado, no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10 e); y 44/2015, de 5 de marzo, FJ 2]» (STC 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 3).
c) Descendiendo de lo general a lo particular, el art. 150 RCD establece como requisitos para la tramitación de un proyecto o de una proposición de ley por el procedimiento en lectura única que su «naturaleza» lo aconseje o que la «simplicidad de su formulación» lo permita. Requisitos ambos definidos, como la Letrada de las Cortes Generales señala, mediante cláusulas o conceptos abiertos que confieren a los órganos de la Cámara un amplio margen de apreciación o de interpretación en su aplicación. De modo que la valoración sobre la oportunidad de acudir a este tipo de procedimiento, así como sobre la concurrencia de los elementos de simplicidad del texto normativo o de una naturaleza que justifique la tramitación parlamentaria de un proyecto o de una proposición de ley por el procedimiento en lectura única corresponde al Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces (STC 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 4). En este caso, el Pleno del Congreso de los Diputados ha adoptado por mayoría la decisión de tramitar la proposición de ley por el procedimiento en lectura única, manifestando así su criterio de que concurría al menos alguno de los presupuestos a los que el Reglamento de la Cámara supedita la utilización de este procedimiento parlamentario.
Desde la perspectiva de control que nos corresponde de tales decisiones parlamentarias hemos de desestimar la denunciada infracción del art. 150 RCD, pues no le es dado a este Tribunal, por respeto a la autonomía de las Cámaras sobre los procedimientos que se desarrollan en su seno (STC 49/2008, FJ 15), reemplazar la voluntad y el criterio de oportunidad de la Mesa del Congreso de los Diputados al proponer la tramitación de la proposición de ley por el procedimiento en lectura única, ni la del Pleno de adoptar dicha decisión. En efecto, la especial relevancia o la trascendencia constitucional de un texto normativo, a la luz del citado precepto reglamentario, no es incompatible con su tramitación por el procedimiento en lectura única, ni suficiente por sí misma, como pretenden los Letrados del Gobierno Vasco, para excluir la utilización de este procedimiento parlamentario, al que no le está vedada materia alguna, incluida la reforma constitucional (STC 238/2012, FJ 4, que reproduce la doctrina del ATC 9/2012, de 13 de enero).
A mayor abundamiento, como la Letrada de las Cortes Generales y el Abogado del Estado ponen de manifiesto en sus alegaciones, no resulta arbitraria la consideración de que la simplicidad de la formulación de la proposición de ley, que tampoco puede confundirse con su relevancia material o trascendencia constitucional, pudiera justificar en este caso su tramitación por el procedimiento en lectura única, atendiendo a su estructura, contenido y lenguaje. Ciertamente, como permite apreciar su lectura, la proposición de ley consta de un único artículo, con cuatro apartados, y una disposición final que modifican o dan nueva redacción parcial a cuatro artículos LOTC, con una estructura y un lenguaje, desde la perspectiva de cualquier observador razonable (ATC 141/2016, de 19 de julio FJ 6), comprensibles, sencillos e inteligibles, sin perjuicio de su incidencia en una materia de indudable calado constitucional.
En fin, la falta de consenso entre los grupos parlamentarios en orden a la tramitación de la proposición de ley por el procedimiento en lectura única tampoco afecta a la constitucionalidad de dicha tramitación, pues la decisión ha sido adoptada, lo que los Letrados del Gobierno Vasco no cuestionan en momento alguno, por el órgano competente, a propuesta de los órganos facultados para ello, y por la mayoría reglamentariamente establecida. El consenso político que pudiera suscitar el proyecto o la proposición de ley es algo totalmente ajeno a la concurrencia de los requisitos de simplicidad de formulación o naturaleza del texto normativo que permitan o aconsejen su tramitación por el procedimiento en lectura única (STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 9). En otras palabras, la decisión de recurrir a este procedimiento parlamentario ha de adoptarse por mayoría simple y no por unanimidad o mayoría cualificada alguna, tal y como se deduce de lo dispuesto en el art. 79 CE y de la interpretación realizada por este Tribunal del juego de las mayorías descrito por la norma fundamental, al reconocer que la norma generalmente seguida en los procedimientos parlamentarios es el recurso a la mayoría simple, siendo la excepción la previsión de mayorías cualificadas en aras de obtener un mayor consenso para proteger más eficazmente los derechos e intereses de las minorías o con otro objetivo razonable (SSTC 179/1989, de 2 de noviembre, FJ 7, y 238/2012, FJ 4).
Por cuanto antecede, ha de desestimarse la denunciada vulneración del art. 23 CE y, por consiguiente, el vicio de inconstitucionalidad procedimental que se imputa a la Ley recurrida.
6. El primero de los motivos de orden sustantivo en los que el Gobierno Vasco funda la inconstitucionalidad del artículo único, apartado 3, de la Ley Orgánica 15/2015, en la nueva redacción que da al art. 92. 4 b) y c) y 5 LOTC, radica en la vulneración de los arts. 161, 164 y 165, en relación con el art. 117.3 CE.
En una extensa alegación, en la que abundan consideraciones de índole genérica, los Letrados del Gobierno Vasco impugnan de manera conjunta el art. 92.4 b) y c) y 92. 5 LOTC al estimar, por una parte, que el legislador orgánico se ha excedido de la habilitación que le confiere el art. 165 CE, y, por otra, que las medidas que introduce aquel precepto suponen un cambio cualitativo en la naturaleza, posición y funciones del Tribunal Constitucional, que altera gravemente el equilibrio de poderes del Estado, lo que implica, más que la infracción de uno o varios preceptos de la Constitución, la negación de cláusulas esenciales de la misma y la instauración de un sistema de justicia constitucional en contradicción con el diseñado en el título IX CE. Así pues, lo que se cuestiona en este caso –argumentan– es la atribución de determinadas facultades de ejecución al Tribunal Constitucional en cuanto viene a alterar su posición y funciones, pues deja de ser «un órgano de participación en la dirección política del Estado», para ocupar una posición prevalente a la que quedan subordinados los demás órganos constitucionales, de manera que el Tribunal interfiere en sus actuaciones y les puede llegar a sustituir en el ejercicio de sus poderes de decisión.
Los Letrados del Gobierno Vasco prosiguen su alegación afirmando que el significado del art. 92 LOTC es el de atribuir al Tribunal Constitucional, como «señor de la ejecución de sus decisiones», la competencia general para exigir a todos los órganos del Estado y a todos los ciudadanos el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, en su opinión, esta genérica atribución de competencia no puede llevar consigo la puesta a disposición del Tribunal de un procedimiento de ejecución forzosa que pueda dirigirse contra los altos órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas, porque ello excede de «la esencia de la Constitución», en cuanto tal aparato de ejecución únicamente es pensable frente a los particulares. Así pues, bajo una apariencia formalmente jurídica, el art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC introduce «medidas políticas destinadas a ejecutar decisiones políticas», que exceden claramente de las posibilidades que al Tribunal Constitucional le confiere el título IX CE. El Tribunal puede adoptar en los conflictos constitucionales la decisión que corresponda y de esta forma culmina su función como máximo intérprete de la Constitución, de modo que la realización, la aplicación y la consumación de dicha decisión no pueden depender y quedar sometidas al ejercicio por el propio Tribunal de las medidas que introduce la Ley recurrida. En definitiva, la previsión de las medidas contempladas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC excede de las funciones que el art. 161.1 CE reserva al Tribunal, no resultando, además, idóneas para alcanzar la finalidad que se afirma perseguir.
Los Letrados del Gobierno Vasco concluyen su extensa alegación respecto a este motivo de inconstitucionalidad con un reproche, no menos genérico, dirigido singularmente a cada una de las medidas del art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC. Así, respecto a la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento [art. 92.4.b) LOTC], sostienen que es una medida que puede afectar tanto a autoridades de órganos ejecutivos como legislativos y que el principio de división de poderes impide que, excepto a través del mecanismo del art. 155 CE, pueda un órgano constitucional suspender a un cargo político de una Comunidad Autónoma o del propio Estado. También resultan contrarias al principio de división de poderes las medidas contempladas en el art. 92.4.c) [ejecución sustitutoria, pudiendo requerir la colaboración del Gobierno de la Nación] y 5 LOTC [adopción de las medidas necesarias para asegurar la ejecución de resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones impugnados], toda vez que la sustitución en sus decisiones de determinados órganos constitucionales resulta imposible dentro del sistema constitucional democrático, pudiendo llegar a afectar a la actividad parlamentaria desarrollada en el seno de las Cámaras, protegida por la prerrogativa de la inviolabilidad.
El Abogado del Estado, ante las consideraciones que se hacen en la demanda, comienza sus alegaciones resaltando que el Tribunal Constitucional es un órgano de carácter jurisdiccional, el único del orden jurisdiccional constitucional en España, no un órgano político. A continuación, afirma que la Constitución no excluye que la potestad de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda ser encomendada al propio Tribunal, tratándose de una cuestión que el constituyente ha dejado abierta a lo que determine la ley orgánica prevista en el art. 165 CE. Tras referirse a la evolución legislativa de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de resoluciones constitucionales, el Abogado del Estado entiende que el título que se pretende defender con la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2015 es el principio general de dotar de efectividad a las resoluciones judiciales como garantía del art. 24 CE, que abarca, en este punto, también a las resoluciones del Tribunal Constitucional (ATC 1/2009, de 12 de enero, FJ2). Por lo tanto, lo que se persigue es la defensa del derecho al cumplimiento y efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que no pueden quedar abocados exclusivamente a una represión de carácter penal. En concreto, el título legitimador de las medidas del art. 92.4.b) y c) y 5 LOTC es su articulación y regulación como medios de ejecución y aplicación en garantía de la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que decir de su función como garante de la Constitución y, por consiguiente, los arts. 161 y 165 CE son los que legitiman su previsión.
7. Lo expuesto en la demanda respecto a este primer motivo de inconstitucionalidad de orden sustantivo y en las alegaciones frente a ella, requiere, para fijar con corrección el objeto y alcance de nuestro enjuiciamiento, las siguientes puntualizaciones.
a) Hemos de recordar, una vez más, que nuestro control es exclusivamente de constitucionalidad, de carácter jurídico, no político, ni de oportunidad, ni de calidad técnica, ni de idoneidad. De modo que las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constituyen, como es evidente, objeto de nuestro enjuiciamiento, que ha de circunscribirse a contrastar los concretos preceptos impugnados y las normas y principios constitucionales que integran en cada caso el parámetro de control, sin que pueda convertirse la legítima critica o discrepancia política en argumento de constitucionalidad [SSTC 49/2008, FF JJ 4 y 5; 197/2014, de 4 de diciembre, FJ 1; 118/2016, FJ 4 a), y 128/2016, de 7 de julio, FJ 5 A) a)].
b) En segundo lugar, es preciso advertir, asimismo, que el Tribunal en un recurso de inconstitucionalidad, procedimiento a través del cual se ha articulado la impugnación del precepto recurrido de la Ley Orgánica 15/2015 que ahora nos ocupa, «garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados» (art. 27.1 LOTC). El control que lleva a cabo el Tribunal Constitucional en este tipo de procedimiento es un control de carácter abstracto de la norma impugnada, desvinculado de cualquier consideración concreta sobre su aplicación a un específico supuesto de hecho. En otras palabras, en el presente caso, el control de constitucionalidad de nuestra Ley se ha promovido a través de un recurso de inconstitucionalidad, por lo que nuestro pronunciamiento debe estar al margen de cualquier posible o hipotético acto de aplicación de dicho precepto, debiendo limitarnos a contrastar de manera abstracta el precepto recurrido y las normas y principios constitucionales que se estiman infringidos [SSTC 49/2008, FF JJ 3 y 4, y 128/2016, de 7 de julio, FJ 5 A) a)].
Es preciso este recordatorio sobre el tipo de control que es propio de un recurso de inconstitucionalidad ante las extensas consideraciones que se efectúan en la demanda respecto del alcance de una hipotética actividad de ejecución del Tribunal en relación con los posibles pronunciamientos que pudieran recaer en los diferentes procesos constitucionales. De lo que se trata aquí, y ahora, es de enjuiciar la existencia o no de contradicción de las medidas o instrumentos impugnados, que el legislador ha puesto a disposición del Tribunal para garantizar el cumplimiento y efectividad de sus resoluciones, con los preceptos constitucionales alegados en el recurso, al margen, por lo tanto, de su aplicación a casos concretos y de la viabilidad de su adopción en los distintos procesos constitucionales. Será con ocasión de las específicas medidas que se pretendan o se soliciten tomar en un determinado proceso constitucional para la ejecución de las resoluciones recaídas en el mismo, cuando procederá examinar su viabilidad y, en su caso, la constitucionalidad de su aplicación en dicho proceso constitucional, pues es evidente que las potestades de ejecución del Tribunal Constitucional habrán de modularse, dentro de los instrumentos o medidas que para ello ha dispuesto el legislador, según el tipo de procedimiento y el contenido del fallo.
c) En fin, ante la generalidad de las alegaciones en las que se sustenta el primero de los motivos de inconstitucionalidad de orden sustantivo en los que se funda la demanda, hemos de insistir en que no basta para cuestionar la constitucionalidad de una disposición legal con imputarle una u otra vulneración, sino que es imprescindible argumentar sobre la efectividad de la vulneración cuya concurrencia se denuncia. Cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, hablar de una carga del recurrente y en los casos en que ésta no se atienda, de una falta de diligencia procesalmente exigible, como es la de ofrecer la fundamentación que razonablemente es de esperar [SSTC 44/2015, de 5 de marzo, FJ 4, y 118/2016, FJ 3 g)]. En suma, la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente [STC 101/2013, de 23 de abril, FJ 11; en el mismo sentido SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 b), y 100/2013, de 23 de abril, FJ 2 c)].
8. La Constitución de 1978 configura al Tribunal Constitucional, al que precisamente bajo esta rúbrica le dedica su título IX, como un órgano jurisdiccional al que le confiere en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Los preceptos que integran este título, junto con otros preceptos que lo complementan, diseñan los elementos nucleares de un modelo de jurisdicción constitucional que «el constituyente no quiso [que fuera] un modelo cerrado… petrificado y congelado en el tiempo e incompatible con el carácter evolutivo del Derecho, sino que dejó al legislador orgánico su determinación última». En ese sentido, hemos afirmado que «[b]asta con acudir a los arts. 161.1 d), 162.2 y 165 CE, para constatar la existencia de una amplia habilitación al legislador orgánico para su ulterior configuración» [STC 118/2016, FJ 4 d)].
El carácter no cerrado del modelo de jurisdicción constitucional diseñado principalmente en el título IX CE se constata prácticamente respecto a cada uno de sus elementos definidores. Así, en relación con la designación de los Magistrados que componen el Tribunal, hemos declarado que «la regulación detallada de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional» que se contiene en el art. 159.1 CE «no cierra las puertas de modo absoluto a que otras normas puedan desarrollar una regulación constitucional que, entre otras cosas, guarda silencio sobre el procedimiento a seguir en dicha elección». De modo que «no existe impedimento constitucional para que la regulación constitucional sea desarrollada y concretada siguiendo los requisitos formales y materiales que se derivan del texto constitucional» [STC 49/2008, FJ 7 a)].
No ha sido distinta la conclusión alcanzada en relación con la regulación de la figura del Presidente del Tribunal Constitucional contenida en el art. 160 CE. Dijimos en la citada Sentencia que desde «una perspectiva comparada se trata de una regulación más extensa que la de la mayor parte de países de nuestro entorno, de la que se deriva un modelo de Presidencia y de Tribunal Constitucional que otorga a su autonomía orgánica una papel ciertamente relevante, puesto que la Presidencia no sólo debe corresponder necesariamente a uno de sus miembros, sino que la única voluntad que concurre en su elección es la del conjunto de Magistrados». Sin embargo, continuaba nuestro razonamiento, «ni del art. 160 CE ni de dicho modelo organizativo se colige una regulación constitucional exhaustiva de la figura de la Presidencia del Tribunal Constitucional», pues, sin ir más lejos, «no se definen constitucionalmente ni sus funciones, ni sus concretas competencias, ni el modo de ejercerlas, aspectos todos ellos que están desarrollados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en las normas que la desarrollan» (STC 49/2008, FJ 18).
Tampoco desde la consideración de los procesos a través de los cuales el Tribunal ejerce la jurisdicción constitucional puede hablarse de un modelo cerrado de ésta. Así los arts. 53.2, 95.2, 161 y 163 CE no «acogen una lista exhaustiva de los procesos constitucionales de los que puede conocer este Tribunal Constitucional», sino que, antes al contrario, los arts. 161.1.d) y 165 CE «legitiman al legislador orgánico para delimitar qué otras ‘‘materias’’» pueden ser del conocimiento y jurisdicción de este Tribunal, de lo que es buena prueba la atribución hasta la fecha de procesos constitucionales no contemplados expresamente por la Constitución [STC 118/2016, FJ 4 d)].
También en virtud de las reservas de ley orgánica de los arts. 162.2 y 165 CE, el legislador llamado a cumplirlas se encuentra habilitado para determinar, más allá de las específicas legitimaciones reconocidas en los citados preceptos constitucionales, las personas y órganos legitimados para acudir al Tribunal Constitucional en los diferentes procesos constitucionales.
Tras ordenar el art. 164 CE la publicación de las Sentencias del Tribunal y, en su caso, la de los votos particulares, declarar el valor de cosa juzgada de aquellas y determinar sus efectos, previsiones que también han sido desarrolladas por el legislador orgánico del Tribunal Constitucional (arts. 38 a 40 y 86 LOTC), el artículo 165 cierra el título IX CE disponiendo que «[u]na ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones».
Esta reserva de ley orgánica, resulta expresiva, sin duda, del carácter no cerrado o petrificado del modelo de jurisdicción constitucional diseñado por el constituyente, cuya amplitud y vocación de plenitud hemos destacado como manifestación de la estrecha relación que existe entre la Norma Suprema y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En este sentido, este Tribunal tiene declarado que «los términos en que se formula esta reserva específica (‘‘una ley orgánica…’’), la amplitud de las materias (‘‘el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones’’), su posición de cierre del título IX y el hecho de proyectarse sobre un órgano como el Tribunal Constitucional le otorgan una vocación de complitud que debe llevarnos a rechazar una interpretación restrictiva de tales materias». Aunque no hemos excluido que otras leyes orgánicas incidan en el alcance de la jurisdicción constitucional atribuyéndole nuevas competencias [art. 161.1 d) CE], sí hemos descartado la traslación a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la doctrina sobre el carácter estricto de las reservas de ley orgánica, pues se trata de un supuesto enteramente diferente, dado que «[a]quellas reservas pueden ser interpretadas estricta o incluso restrictivamente porque el ordenamiento tiene a su disposición otro instrumento (la ley ordinaria) para regular aquello que se le veda a la ley orgánica», lo que no sucede «con la reserva prevista en el art. 165 CE, ya que únicamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y no cualquier otra ley puede desarrollar la institución del Tribunal Constitucional en todos los ámbitos en que quepa tal desarrollo, bien por requerirlo la Constitución, bien porque no esté constitucionalmente impedido» [STC 49/2008, FF JJ 3 y 16, en el mismo sentido, STC 118/2016, FJ 4 d)].
9. La Constitución no contiene previsión alguna en materia de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es obvio, que esta falta de previsión no puede interpretarse, en el modelo de jurisdicción constitucional diseñado por el constituyente en los términos antes indicados, como un desapoderamiento al Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones. El Tribunal Constitucional ha sido configurado en el texto constitucional como un verdadero órgano jurisdiccional que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional, de modo que, en cuanto cualidad inherente a la función de administrar justicia, también de la justicia constitucional, ha de postularse del Tribunal la titularidad de una de las potestades en que el ejercicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la ejecución de sus resoluciones, pues quien juzga ha de tener la potestad de obligar al cumplimiento de sus decisiones. Si ello no fuera así, el Tribunal, único en su orden, carecería de una de las notas esenciales del ejercicio de la función jurisdiccional y con ello de la potestad necesaria para garantizar la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), en tanto que supremo intérprete y garante último de la misma (art. 1.1 LOTC).
Cuestión distinta a la de la titularidad de la potestad de ejecución de sus propias resoluciones es la de la forma o el modo en que se pueda articular dicha ejecución, que, por razones de efectividad o, incluso, de oportunidad, puede llegar a reclamar el auxilio de otros órganos públicos, así como la de los instrumentos o medidas puestas a su disposición para garantizar el cumplimiento y la efectividad de aquellas resoluciones. Como el Abogado del Estado señala en sus alegaciones, estas son cuestiones que el constituyente ha dejado a disposición del legislador orgánico del Tribunal Constitucional ex art. 165 CE. Así pues, en principio, sin perjuicio de las tachas que puedan llegar a dirigirse o merecer sus concretas previsiones o los singulares instrumentos o medidas destinados a garantizar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, la regulación de la ejecución de sus resoluciones es materia que encuentra cobertura en la reserva de ley orgánica del art. 165 CE, reserva a cuya amplitud y vocación de plenitud ya nos hemos referido.
La redacción originaria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su título VII, que lleva por rúbrica «de las disposiciones comunes sobre procedimiento», materia esta expresamente incluida en el ámbito de la reserva de ley orgánica del art. 165 CE, contenía tres preceptos relacionados con la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. El primero, siguiendo un orden numérico, cuyo contenido reproduce el vigente art. 87.1 y 2 LOTC, proclamaba ya que todos los poderes públicos están obligados «al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva», y preveía también que los jueces y tribunales debían prestar «con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste necesite» (art. 87 LOTC). En materia propiamente de ejecución, el art. 92 LOTC establecía que «[e]l Tribunal podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quien ha de ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución». El contenido de este precepto se recoge en la actual redacción del apartado primero del art. 92.1 LOTC, con los añadidos de que «[e]l Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones» y que puede adoptar «las medidas de ejecución necesarias». Por último, se contemplaba la posibilidad de imponer multas coercitivas «a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar» (art. 95.4 LOTC).
La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, además de modificar la cuantía de las multas coercitivas establecidas en el art. 95.4 LOTC (art. 29), introdujo un párrafo segundo en el art. 92 LOTC, que reproduce el vigente art. 92.1 LOTC, en el que, en coherencia con la nueva redacción que dio al inciso final del art. 4.1 LOTC, faculta al Tribunal para «declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó» (art. 28).
La reforma de la Ley Orgánica 15/2015, cuyo art. único, apartado 3, se recurre en el presente proceso en la nueva redacción que da al art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, tiene como finalidad, como explicita su preámbulo y ya se ha señalado, introducir «en sede constitucional, instrumentos de ejecución que dot[e]n al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones». En concreto, el art. 92.4 b) [suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento] y c) LOTC [ejecución sustitutoria, pudiendo requerir la colaboración del Gobierno de la Nación], recogen sendas medidas que forman parte del elenco de las contempladas en el citado art. 92.4 LOTC, que el Tribunal Constitucional, previa sustanciación del trámite de audiencia legalmente previsto, puede adoptar en los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones. Del contenido literal e íntegro de este elenco de medidas se ha dejado constancia en el fundamento jurídico 2.
También en el mismo fundamento jurídico hemos reproducido el contenido del art. 92.5 LOTC, objeto igualmente de este proceso constitucional, que atribuye al Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia del Gobierno, la facultad de adoptar «las medidas necesarias para asegurar» las resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones impugnadas.
10. Llegados aquí, no es posible compartir, con base en las genéricas alegaciones en las que los Letrados del Gobierno Vasco fundan la impugnación conjunta del art. 92.4.b) y c) y 92. 5 LOTC, la denunciada desnaturalización del modelo de jurisdicción constitucional diseñado por la Constitución, con la consiguiente alteración de la posición y funciones de este Tribunal, de la que hacen derivar la vulneración de los arts. 161, 164 y 165, en relación con el art. 117.3, CE.
a) Modelo de jurisdicción constitucional que el constituyente, como ya se ha indicado, no ha querido que fuese cerrado ni petrificado, confiriendo al legislador orgánico del Tribunal Constitucional [arts. 161.1 d), 162.2 y 165 CE] una amplia habilitación, en los términos expuestos, para la determinación última de los distintos elementos que lo configuran. En la reserva de ley orgánica del art. 165 CE, cuya amplitud y vocación de complitud impide una interpretación restrictiva de su ámbito material, encuentran cobertura, con carácter general, la regulación de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en particular, de las medidas previstas para garantizar su cumplimiento y efectividad. Las concretas medidas contempladas en el art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC constituyen, al igual que el resto, instrumentos o potestades puestos a disposición del Tribunal por el legislador para garantizar el debido y efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones, al que están obligados todos los poderes públicos, incluidas las Cámaras legislativas (ATC 170/2016, de 6 de octubre, FJ 2). La finalidad perseguida con ellas, como también con las medidas ahora impugnadas, tiene un fundamento constitucionalmente legítimo, cual es el de «garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla» (ibidem), que es lo mismo que decir, preservar la supremacía de la Constitución, a la que todos los poderes públicos están subordinados (art. 9.1 CE), y cuyo supremo intérprete y garante último es este Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Así pues, sin perjuicio de las consideraciones que puedan hacerse en su momento respecto a otras posibles vulneraciones constitucionales que se alegan en el recurso, ha de descartarse que el legislador orgánico del Tribunal Constitucional con la introducción de las medidas previstas en el art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC se haya excedido, por las razones que el demandante aduce en este motivo de inconstitucionalidad, en la habilitación que el constituyente le ha conferido con la reserva de ley orgánica del art. 165 CE, siendo precisamente este precepto constitucional, el que da cobertura a aquellas medidas.
De igual modo, no puede afirmarse que estas medidas que el legislador, en su libertad de configuración, pone a disposición del Tribunal en el precepto impugnado para los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones alteren, por sí mismas, con base en los razonamientos ofrecidos en este primer motivo de inconstitucionalidad, las funciones del Tribunal Constitucional, quien continúa ejerciendo en exclusiva la función jurisdiccional encomendada ex constitutione mediante el conocimiento de los procesos constitucionales atribuidos bien por el constituyente (arts. 53.2, 95.2, 161.1 y 2 y 163 CE), bien por el legislador orgánico ex arts. 161.1 d) y 165 CE, sin que, por consiguiente, pueda apreciarse tampoco una alteración de la posición institucional del Tribunal Constitucional. Es justamente en ejercicio de su función jurisdiccional a través de los correspondientes procesos constitucionales, de la que es un componente esencial la potestad de ejecución, cuando el Tribunal, con respeto a los requisitos y garantías establecidos por el legislador, puede llegar a adoptar las medidas legalmente previstas, entre ellas las contempladas en el citado art. 92.4 a) y b) y 92.5 LOTC, para garantizar la efectividad y el cumplimiento de sus resoluciones, de modo que no resultan alteradas ni sus funciones ni su posición institucional.
b) Por otra parte, ningún precepto constitucional impide explícitamente, ni una prohibición de tal índole cabe inferir de los principios que informan nuestro modelo de jurisdicción constitucional, que el legislador orgánico ex art. 165 CE pueda establecer un proceso incidental que tenga por objeto velar por la efectividad y cumplimiento de las resoluciones del Tribunal y pueda poner a disposición de éste instrumentos o medidas destinados a dicha finalidad, así como que aquel proceso pueda dirigirse y que estos instrumentos o medidas puedan adoptarse en hipótesis en relación con altos órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas cuando sean los destinatarios del cumplimiento de aquellas resoluciones.
En este extremo, resulta necesario precisar, frente al planteamiento que se desliza en la demanda, que al Tribunal, como ya hemos señalado, no sólo le corresponde decidir las controversias que se susciten en los procesos constitucionales que ante él se promueven, sino también, en cuando componente esencial de la función jurisdiccional que tiene atribuida ex constitutione, la titularidad de la potestad de ejecutar sus resoluciones, velando por el cumplimiento y la efectividad de las mismas, sin la cual aquella función jurisdiccional devendría huera. En fin, hemos de concluir el examen de las alegaciones de los Letrados del Gobierno Vasco en las que fundan la impugnación conjunta del art. 92.4.b) y c) y 5 LOTC insistiendo, una vez más, en que todos los poderes públicos, y por ende sus titulares, están obligados al debido cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal (art. 87.1 CE), lo que es consecuencia de su sumisión a la Constitución (art. 9.1 CE) [AATC 141/2016, FJ 2, y 170/2016, FF JJ 2 y 8], sin que el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de los poderes públicos, cualquiera que sea, pueda menoscabar la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (ATC 170 /2016, FJ 8, con cita de los AATC 189/2015, de 5 de noviembre, FJ 3, y 141/2016, FJ 7).
c) Los Letrados del Gobierno Vasco concluyen este primer motivo de inconstitucionalidad aduciendo respecto de cada una de las medidas del art. 92.4.b) [suspensión en sus funciones de autoridades o empleados de la Administración responsable del incumplimiento], c) [ejecución sustitutoria, pudiendo requerir la colaboración del Gobierno de la Nación] y 5 LOTC [adopción de medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones impugnados y concurran circunstancias de especial trascendencia constitucional] que vulneran el principio de separación de poderes, a lo que añaden, en relación con las medidas contempladas en el art. 92.4 c) y 92.5 LOTC, que pueden llegar a afectar a la actividad de las Cámaras parlamentarias, que gozan de la prerrogativa de la inviolabilidad.
Ha de rechazarse, antes de nada, la posible existencia de la vulneración de la Constitución denunciada sobre la base de imputaciones genéricas, como las efectuadas al respecto en la demanda, supuestamente atentatorias de principios constitucionales, como en este caso el principio de división de poderes, pues la invocación genérica de tales principios no puede sustentar en un recurso de inconstitucionalidad la pretensión de que este Tribunal invalide normas con rango de ley [STC 238/2012, FJ 6 a) y jurisprudencia allí citada]. Respecto a la hipotética incidencia que pudiera tener en la actividad de las Cámaras parlamentarias las medidas que con base en el art. 92.4 c) y 92.5 LOTC pudieran llegar a adoptarse en orden a obtener el debido cumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional, hemos de reiterar que el control de constitucionalidad que hemos de llevar a cabo en este proceso es un control abstracto, que tiene por objeto exclusivamente contrastar los preceptos impugnados, en los que se incluyen medidas que el legislador ha puesto a disposición del Tribunal para garantizar con carácter general la efectividad de sus resoluciones, con los mandatos y principios constitucionales supuestamente vulnerados, al margen, por lo tanto, de su aplicación a casos concretos y de la viabilidad o no de las posibles medidas que se pudieran llegar a adoptar en los distintos procesos constitucionales. Será con ocasión de la aplicación concreta de alguna o algunas de estas medidas a fin de velar por el efectivo cumplimiento de la resolución recaída en un determinado proceso constitucional, cuando procederá examinar entonces su viabilidad.
No obstante, sin intención de formular ningún pronunciamiento preventivo sobre hipotéticas aplicaciones de los preceptos recurridos, que, según reiterada doctrina constitucional, ni debemos ni podemos efectuar (STC 85/2016, de 28 de abril, FJ 4), no resulta ocioso traer a colación que este Tribunal tiene declarado que «la autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional», sin que la admonición a cumplir sus resoluciones suponga «en modo alguno una restricción ilegítima» de aquella autonomía «ni comprometa el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE», pues «es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)». En este sentido, hemos señalado también que la interpretación de las disposiciones reglamentarias de las Cámaras, que no pueden contradecir el imperio de la Constitución como norma suprema, ha de cohonestarse con el debido cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), de modo que aquella interpretación no entre en contradicción con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (ATC 170/2016, FF JJ 6, 7 y 8).
Con base en los razonamientos expuestos, ha de ser desestimada la denunciada desnaturalización del modelo de jurisdicción constitucional diseñado en la Constitución, y, por consiguiente, la vulneración, que a ella se anuda, de los arts. 161 y 165 CE. E igual suerte han de correr la lesión del art. 164 CE, puesto que, además de carecer de argumentación alguna, este precepto nada dispone sobre la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional; y, en fin, la infracción del art. 117.3 CE, cuyas previsiones se refieren al alcance de la función jurisdiccional de los órganos que integran el Poder Judicial, del que aquél, como resulta del propio texto constitucional y tiene declarada una pronta y reiterada doctrina constitucional, no forma parte (ATC 83/1980, de 5 de mayo, FJ 2).
11. Como segundo motivo de inconstitucionalidad de orden sustantivo, los Letrados de Gobierno Vasco imputan al art. único, apartado 3, de la Ley Orgánica 15/2015, en la redacción que da al art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC, la vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), así como del régimen constitucional y estatutario en materia de aforamiento (arts. 24, 71 y 72 CE y 26.2 y 32 EAPV). En este sentido se argumenta en la demanda que las medidas contempladas en el art. 92.4 b) y c) y 92.5 LOTC no son meras medidas coercitivas o cautelares, sino que tienen verdadero carácter punitivo. En particular, reviste tal carácter la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento [art. 92.4 b) LOTC], que es claramente una medida ineficaz, en cuanto por definición la suspensión imposibilita que la autoridad o empleado público suspendido pueda desplegar actividad alguna encaminada a ejecutar la resolución judicial, lo que revela, a su vez, que se trata en realidad de una medida destinada a castigar o sancionar la conducta de la autoridad o empleado público concernidos. Dado el carácter sancionador de las medidas del art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, el precepto no satisface las exigencias de previsibilidad en la definición de las conductas y de las sanciones que requiere la garantía material del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE). Además, la suspensión de funciones constituye también una pena privativa de derechos (arts. 39 y 43 del Código penal: CP), que puede ser impuesta por el Tribunal Constitucional como respuesta al incumplimiento de sus resoluciones, con total inobservancia, por lo tanto, de la garantía del aforamiento que les pueda corresponder a las autoridades y empleados públicos.
El Abogado del Estado se opone a la estimación de este motivo de inconstitucionalidad, pues entiende que la suspensión de funciones prevista en el art. 92.4 b) LOTC no es una medida sancionadora, dado que no está diseñada para sancionar un comportamiento con carácter represivo, sino para evitar la persistencia en el incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional. Se trata de una suspensión evitable, ya que el Tribunal no puede imponerla sino tras la constatación, con la tramitación del incidente en el que se da audiencia a las personas afectadas, de la voluntad incumplidora de su destinatario y sólo a la autoridad o el empleado público responsable del incumplimiento. La ausencia del carácter sancionador de la medida excluye, afirma el Abogado del Estado, la aplicación del principio de legalidad (art. 25 CE), así como la infracción de la normativa constitucional y estatutaria en materia de aforamiento, puesto que su imposición no implica una actividad de enjuiciamiento penal de sus posibles destinatarios.
12. El motivo de inconstitucionalidad cuyo examen procede ahora afrontar se sustenta exclusivamente en el carácter punitivo de las medidas previstas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, lo que conllevaría la vulneración de las garantías de orden material que exige el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), así como la infracción de los preceptos constitucionales y estatutarios que regulan la figura del aforamiento.
Sin embargo, los Letrados del Gobierno Vasco sólo argumentan sobre el carácter punitivo de la medida de suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos del art. 92.4.b) LOTC, sin que nada digan al respecto en relación con las contempladas en el art. 92.4.c) y 92.5 LOTC, de modo que únicamente aquella medida puede ser objeto de nuestro enjuiciamiento con base en el motivo de inconstitucionalidad aducido, al no haber satisfecho la demanda, conforme a una reiterada doctrina constitucional de la que ya hemos dejado constancia, la carga de ofrecer una fundamentación suficiente sobre la posible vulneración por las otras dos medidas de los preceptos constitucionales y estatutarios invocados, no siendo admisibles impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente.
13. Es doctrina constitucional reiterada que las garantías que la Constitución prevé para los actos de contenido punitivo no resultan, sin más, exigibles a los actos restrictivos de derechos (SSTC 34/2003, de 25 de febrero, FJ 2 y 181/2014, de 6 de noviembre, FJ 5). Así, en relación con el principio de legalidad en materia penal este Tribunal tiene declarado que «los postulados del art. 25 CE no pueden aplicarse a ámbitos que no sean los específicos del ilícito penal o administrativo, siendo improcedente su aplicación extensiva o analógica … a supuestos distintos o a actos por su mera condición de ser restrictivos de derechos, si no representan el efectivo ejercicio del ius puniendi del Estado o tienen un verdadero sentido sancionador» (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 9 y doctrina allí citada).
Como dijimos en esta última Sentencia, para determinar si una consecuencia jurídica tiene o no carácter punitivo habrá que atender, ante todo, a la función que tiene encomendada en el sistema jurídico. De modo que si tiene una función represiva y con ella se restringen derechos como consecuencia de un ilícito, habremos de entender que se trata de una pena o sanción en sentido material, pero si en lugar de la represión concurren otras finalidades justificativas deberá descartarse la existencia de una pena, por más que se trate de una consecuencia gravosa. Así, hemos negado la existencia de una función retributiva porque las medidas impugnadas tenían la finalidad de constreñir a la realización de una prestación o al cumplimiento de una obligación concreta (STC 239/1988, de 14 de diciembre, FJ 2), perseguían la simple aplicación del ordenamiento por la Administración competente (STC 181/1990, de 14 de noviembre, FJ 4) o, en fin, tenían como único objetivo restablecer la legalidad conculcada (STC 119/1991, de 3 de junio, FJ 3). No basta, pues, la sola pretensión de constreñir al cumplimiento de un deber jurídico (como ocurre con las multas coercitivas) o de restablecer la legalidad conculcada frente a quien se desenvuelve sin observar las condiciones establecidas por el ordenamiento para la ejecución de un determinada actividad. Es preciso que, de manera autónoma o en concurrencia con esas pretensiones, el perjuicio causado responda a un sentido retributivo, que se traduce en la irrogación de un mal añadido al que de suyo implica el cumplimiento forzoso de una obligación ya debida o la imposibilidad de seguir desarrollando una actividad a la que no se tenía derecho. En fin, el carácter penal o administrativo sancionador de la reacción del ordenamiento sólo aparece cuando, al margen de la voluntad reparadora, se inflige un perjuicio añadido con el que se afecta al infractor en el círculo de los bienes y derechos de los que disfrutaba lícitamente (STC 48/2003, FJ 9; en el mismo sentido, SSTC 331/2006, de 20 de noviembre, FJ 4; 121/2010, de 29 de noviembre, FJ 7; 39/2011, de 31 de marzo, FF JJ 2 y 3, y 17/2013, de 31 de enero, FJ 12).
Debemos, en consecuencia, indagar la verdadera naturaleza de la medida de suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos prevista en el art. 92.4.b) LOTC a efectos de afirmar o descartar su carácter punitivo, para lo que sí es determinante, de conformidad con la doctrina constitucional referida, la función o finalidad que pretende conseguirse con aquella medida [STC, por todas, 181/2014, FJ 6; SSTEDH de 21 de febrero de 1984, asunto Öztürk, serie A, núm. 73 (53 y 70); de 22 de mayo de 1990, asunto Weber, serie A, núm. 177 (31-33) y de 27 de agosto de 1991, asunto Demicoli, serie A, núm. 210 (33)].
14. Los razonamientos en los que los Letrados del Gobierno Vasco sustentan el carácter punitivo de la medida de suspensión de funciones no son concluyentes para dilucidar su naturaleza. El que su adopción no permita la ejecución de la resolución jurisdiccional por la autoridad o empleado público suspendido en sus funciones y responsable del incumplimiento nada dice sobre el carácter punitivo de la medida. La constatación por el Tribunal de la voluntad deliberada y persistente de la autoridad o empleado público de no cumplirla es el presupuesto legal para la aplicación de la medida, con la que precisamente se pretende, no instar de nuevo a su cumplimiento por aquella autoridad o empleado público, sino remover el obstáculo que su manifiesta voluntad incumplidora supone para la efectividad de dicha resolución, de modo que el hecho de que la autoridad o empleado público suspendido no pueda en ejercicio de sus funciones llevarla a término no resulta revelador de su condición punitiva. Tampoco deviene determinante de esta condición su consideración como sanción en la legislación disciplinaria en materia de función pública o como pena en el Código penal, ya que justamente de lo que se trata ahora es de dilucidar si la concreta medida de suspensión de funciones, que el legislador orgánico ha puesto a disposición del Tribunal, tal y como aparece configurada en el art. 92.4.b) LOTC, tiene o no naturaleza punitiva. En otras palabras, lo que hemos de enjuiciar es su cuestionada viabilidad constitucional como potestad conferida al Tribunal para garantizar la ejecución de sus resoluciones. Parece evidente que, en principio, en modo alguno cabe descartar que una misma institución o medida pueda obedecer o atender a finalidades diferentes y pueda presentar, en consecuencia, una distinta naturaleza jurídica.
La medida ahora controvertida forma parte del elenco de instrumentos que el legislador orgánico ha puesto a disposición del Tribunal en el art. 92.4 LOTC para los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones. Medidas, entre ellas la suspensión de funciones, que sólo pueden adoptarse, como ya se ha señalado, una vez advertido que una resolución dictada por el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida y tras el trámite de audiencia que aquel precepto regula. Esto es, de advertirse tal incumplimiento, el Tribunal, de oficio o a instancia de una de las partes del proceso en las que hubiera recaído aquella resolución, «requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto». Si una vez recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, «el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas» que se recogen en el art. 92.4 LOTC, entre ellas, la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento [b)].
Esta medida de suspensión de funciones, como se explicita en la preámbulo de la Ley y resulta de una interpretación sistemática del precepto, sólo puede recaer sobre las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, una vez advertido tal incumplimiento y si, sustanciado el trámite de audiencia previsto en el art. 92.4 LOTC, el Tribunal aprecia el incumplimiento total o parcial de la misma, a la vista de informe recibido de las autoridades o empleados públicos a los que corresponde llevar a cabo el cumplimiento de la resolución o transcurrido el plazo fijado sin que hubieran emitido dicho informe. Es obvio que sólo podrá aplicarse, cuando esté en la esfera de actuación de la autoridad o empleado público concernidos el cumplimiento de la resolución de que se trate y se acredite su voluntad deliberada y persistente de no atender al mismo. Así pues, el ámbito subjetivo de aplicación de la medida es exclusivamente el de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, sin que pueda extenderse a autoridades, empleados públicos u otras personas ajenas a dicho ámbito de responsabilidad.
La suspensión, además, como se desprende del inciso final del art. 92.4 b) LOTC, sólo se puede acordar «durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal», de modo que la duración temporal de la medida queda circunscrita necesariamente a ese periodo, no pudiendo extenderse ni prolongarse más allá de ese lapso de tiempo; asimismo habrá de ajustarse, en la medida en que resulte factible, a las funciones que guarden relación directa con la ejecución de la sentencia.
Y, en fin, dado que la medida está orientada a «asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal», hay que concluir que en su adopción no sólo habrán de respetarse los límites subjetivos y temporales ya señalados, sino que, además, únicamente podrá acordarse cuando resulte idónea para la finalidad para la que ha sido prevista por el legislador, esto es, para garantizar la efectividad y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción. Eso implica que deberá contraerse al ejercicio de aquellas atribuciones cuya suspensión resulte imprescindible para asegurar la ejecución de la resolución dictada. Asimismo, como el Abogado del Estado pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, es una medida que habrá de levantarse tan pronto como cese la voluntad incumplidora de la autoridad o empleado público responsable del cumplimiento de la resolución.
15. La medida de suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos del art. 92.4.b) LOTC es, desde luego, una consecuencia jurídica gravosa para la autoridad o empleado público al que se le aplique, pero ello no la convierte sin más en un medida punitiva, pues en otro caso habría que conceder «que toda consecuencia jurídica desfavorable… encerraría un componente sancionador» (STC 48/2003, FJ 9).
La función de la medida no es la de infligir un castigo ante un comportamiento antijurídico o ilícito, como podría ser la desatención de la obligación de todos los podres públicos y los ciudadanos de cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, consecuencia de la sujeción de todos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Para la exigencia de las responsabilidades penales que pudieran derivarse del incumplimiento de aquella obligación, el legislador ha previsto otro tipo de medida como es la deducción del oportuno testimonio de particulares [art. 92.4.d) LOTC], que el preámbulo de la Ley Orgánica 15/2015, manifestando la voluntad del legislador, refiere como medida distinta a la que ahora nos ocupa.
El legislador orgánico del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la amplia habilitación que le confiere la reserva de ley del art. 165 CE, ha configurado en el art. 92.4.b) LOTC la medida de suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos como una medida para facilitar la plena ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional mediante la remoción de quien obstaculiza su debida observancia, esto es, la autoridad o empleado público que siendo responsable de su cumplimiento, sin embargo, se muestra renuente al mismo y persiste en esta actitud. Aquella remoción necesaria para que cese el obstáculo al cumplimiento de la resolución permitirá al Tribunal adoptar las medidas necesarias y pertinentes en cada caso para garantizar su efectividad. Así pues, por más que la medida de suspensión controvertida tenga una consecuencia gravosa para la autoridad o empleado público al que se le imponga durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamiento del Tribunal, no responde a una finalidad propiamente represiva, retributiva o de castigo, características de las medidas punitivas, sino a la finalidad de garantizar la efectividad y cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que todos los poderes públicos y ciudadanos están obligados,
No hay, por tanto, componente punitivo alguno en la medida de suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos prevista en el art. 92.4.b) LOTC. Se trata, por el contrario, de una medida que el legislador ha concebido, en el ejercicio de su libertad de configuración, directamente vinculada a la ejecución efectiva de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en garantía, por consiguiente, de uno de los componentes esenciales de su función jurisdiccional, que únicamente se puede adoptar previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que dispone el citado art. 92.4.b) LOTC. Al margen de la finalidad justificativa apuntada, no cabe apreciar en la configuración que el legislador orgánico ha hecho de la medida de suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos del art. 92.4.b) LOTC una pretensión de causar un perjuicio añadido en el círculo de sus bienes y derechos como consecuencia de la realización de una supuesta conducta ilícita.
Descartado el carácter punitivo de la medida de suspensión de funciones del art. 92.4.b) LOTC, han de desestimarse las denunciadas infracciones del art. 25.1 CE y de los preceptos constitucionales y estatutarios que regulan la figura del aforamiento.
16. El último motivo de inconstitucionalidad de orden sustantivo en el que los Letrados del Gobierno Vasco sustentan la impugnación del artículo único, apartado 3, de la Ley Orgánica 15/2015, en la nueva redacción que da al art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, consiste en la infracción de los arts. 143 y 155 CE. Argumentan que la Ley Orgánica 15/2015 supone una alteración del sistema de controles de las Comunidades Autónomas por el Estado proscrito por el Tribunal Constitucional, en cuanto no se ajusta al principio de autonomía el establecimiento de controles genéricos e indeterminados que implican una posición jerárquicamente subordinada de las Comunidades Autónomas respecto de la Administración del Estado (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 12). En concreto, las medidas previstas en el art. 92.4.b) y 92.5 LOTC quedan configuradas como mecanismos equivalentes al previsto en el art. 155.2 CE, es decir, se convierten en realidad en presupuesto de aplicabilidad de este precepto constitucional. De otra parte, la medida contemplada en el art. 92.4.c) LOTC supone una actuación subsidiaria que implica una forma de control sobre la actuación de la Administración autonómica incompatible con el principio de autonomía, al sustituirse a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de su competencia.
El Abogado del Estado se opone también a la estimación de este motivo de inconstitucionalidad, pues entiende que las medidas recogidas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC no son controles que el Estado realiza sobre las Comunidades Autónomas con vulneración del principio de autonomía (art. 143 CE), sino medidas que se adoptan por el propio Tribunal Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, con el objetivo de satisfacer el mandato constitucional de sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). No existe la alegada subordinación jerárquica entre el Estado y las Comunidades Autónomas por la posible adopción de aquellas medidas, ya que también el Tribunal puede acordarlas en relación con el Estado.
17. El enjuiciamiento de este motivo de inconstitucionalidad requiere distinguir, de una parte, el reproche que de manera conjunta se dirige a las medidas del art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC por posible alteración del sistema de controles del Estado sobre las Comunidades Autónomas, en particular, del mecanismo previsto en el art. 155 CE; y, de otra, la queja que se formula en relación con el art. 92.4.c) LOTC, en cuanto puede implicar la sustitución de la Comunidad Autónoma por el Estado en el ejercicio de sus competencias.
a) Los Letrados del Gobierno Vasco parten del presupuesto de considerar equivalentes las nuevas medidas de ejecución que el legislador ha puesto a disposición del Tribunal Constitucional, en concreto las previstas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, y el mecanismo del art. 155 CE. Sin embargo, aquellas medidas y este mecanismo descansan en diferentes títulos legitimadores, sin perjuicio de que puedan resultar coincidentes algunas de las medidas que puedan llegar a adoptarse en uno y otro supuesto.
Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en la reserva de ley orgánica del art. 165 CE encuentran cobertura, con carácter general, la regulación de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en particular, las medidas impugnadas en este proceso constitucional, cuya finalidad no es otra que la de garantizar el debido y efectivo cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que están obligados todos los poderes públicos (ATC 170/2016, FJ 6), protegiendo su posición institucional y su ámbito jurisdiccional. Es al propio Tribunal Constitucional, titular de la potestad de ejecución, al que le corresponde adoptar en caso de incumplimiento de sus resoluciones, tras el trámite de audiencia previsto en el art. 92.4 LOTC, las medidas puestas por el legislador a su disposición que, resultando constitucionalmente procedentes o viables en atención a las circunstancias concurrentes en cada supuesto, considere conveniente en orden a garantizar la efectiva observancia de sus pronunciamientos.
Por su parte, el título legitimador para la adopción de «las medidas necesarias» a las que se refiere el art. 155 CE es el incumplimiento por una Comunidad Autónoma de «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» o su actuación «de forma que atente gravemente al interés general de España». Es al Gobierno de la Nación, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y, en el caso de no ser atendido este, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, a quien le corresponde adoptar «las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general de España».
Se trata, por consiguiente, de medidas que tienen un diferente título legitimador y que, por lo tanto, frente a lo que sostienen apodícticamente los Letrados del Gobierno Vasco, no pueden considerarse como mecanismos equivalentes. Las contempladas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC, que también pueden llegar a adoptarse en relación con el Estado y a cuya finalidad y fundamento constitucionalmente legítimo ya nos hemos referido, en modo alguno constituyen mecanismos de control del Estado sobre las Comunidades Autónomas, estando exclusivamente orientadas a garantizar la efectividad y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que, es preciso insistir de nuevo, están obligados todos los poderes públicos. En otras palabras, el art. 155 CE regula una vía específica de coerción directa para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales y para la protección del interés general de España, que se diferencia nítidamente de la regulación de las medidas de ejecución de que pueda disponer el Tribunal Constitucional en orden a la efectividad de sus resoluciones, que encuentra cobertura en la reserva de ley orgánica del art. 165 CE.
b) El art. 92.4.c) LOTC recoge la ejecución sustitutoria como medida que el Tribunal puede adoptar para instar al cumplimiento de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En ese caso, el precepto contempla la posibilidad de que el Tribunal pueda requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por aquél, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.
Como resulta del tenor del precepto, es el Tribunal quien, entre el elenco de medidas puestas a su disposición por el legislador para hacer frente a los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones, puede decidirse, tras el trámite de audiencia del art. 92.4 LOTC, por la ejecución sustitutoria de la resolución de la que se trate y, de optar por esta medida, puede requerir la colaboración del Gobierno de la Nación, colaboración que ha de desarrollarse en los términos que fije el propio Tribunal. Por lo tanto, no es el Gobierno quien discrecionalmente decide intervenir en la ejecución sustitutoria, ni quien decide qué medidas concretas implica la ejecución. El título legitimador de esta medida de ejecución no es, como parece desprenderse de la demanda, un supuesto título competencial del Estado, sino, como el resto de medidas previstas en el art. 92.4 LOTC, la garantía de la efectividad y cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Así pues, ninguna tacha de constitucionalidad puede hacerse al legislador orgánico por haber recogido explícitamente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la ejecución sustitutoria como medio de ejecución de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, que responde a un fin constitucionalmente legítimo y que sólo puede adoptarse ex art. 92.4 LOTC una vez constatada la voluntad deliberada y persistente de incumplir la resolución por quien está obligado a su cumplimiento.
Finalmente, tampoco cabe inferir del tenor del precepto impugnado que la ejecución sustitutoria implique necesariamente, como sostienen los Letrados del Gobierno Vasco, que el Estado sustituya a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias con la consiguiente vulneración del principio de autonomía. Para desestimar esta alegación ha de tenerse en cuenta, de un lado, que se podrá recurrir a la ejecución sustitutoria cuando pueda resultar una medida de ejecución idónea y procedente para el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, lo que éste habrá de valorar en cada caso concreto atendiendo a las circunstancias concurrentes en el mismo; de otro lado, que la aplicación de esta medida, al igual que las demás instrumentos de ejecución del art. 92.4 LOTC, ha de cohonestarse y respetar siempre las previsiones constitucionales y nunca podrán dar lugar a la alteración de la posición institucional del Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, y sí sólo a la circunstancial adopción de las medidas necesarias y, por tanto, proporcionadas para la ejecución del fallo; y, en fin, que, como como con alguna reiteración hemos ya indicado, a este Tribunal no le corresponde pronunciarse en este proceso constitucional sobre hipotéticas aplicaciones del precepto legal recurrido, debiendo limitarse a contrastar su contenido con los preceptos constitucionales cuya vulneración se alega.
Por consiguiente, con base en las razones expuestas, ha de desestimarse también este último motivo de inconstitucionalidad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la Magistrada Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 229-2016
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, formulo Voto particular tanto a la fundamentación como al fallo de esta Sentencia.
Para resumir mi objeción básica a la presente Sentencia, debo decir que, a mi juicio, estamos ante una lamentable «abdicación» en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. La mayoría del Tribunal que sustenta la Sentencia ha eludido entrar en el fondo de diversas cuestiones sobre las que el recurso de inconstitucionalidad le forzaba a pronunciarse (1). La levedad de la argumentación ofrecida se ha pretendido remediar estérilmente con unas notas restrictivas del tenor literal de la norma legal impugnada y unos recordatorios genéricos de los requisitos subjetivos y temporales allí previstos (2). Y cuando, en algún caso, ha entrado en las impugnaciones formuladas, el análisis de la Sentencia apenas ha ido más allá de afirmaciones apodícticas o genéricas (3).
1. La Sentencia de la que disiento reduce la amplitud y la gravedad de las tachas de inconstitucionalidad que alega el recurso de inconstitucionalidad, a través de una triple estrategia de elusión de las cuestiones constitucionales:
a) La primera estrategia consiste en atribuir carácter «genérico», de forma reiterada, a las tachas alegadas por la representación procesal de la entidad recurrente. En principio, nada de extraordinario debería haber en que los reproches de inconstitucionalidad que motivan el control abstracto de constitucionalidad por este Tribunal sean de «índole genérica», pues «genérico» denota «común» y se opone a lo «especial» o «privativo». No obstante, la Sentencia parece utilizar la expresión en otro sentido, como sinónimo de «no argumentado». Alguna de las tachas puede no estar suficientemente desarrollada en el escrito rector del proceso; pero, en general, se compartan o no, los motivos de impugnación están ampliamente argumentados. Su gravedad y la posición jurídica que ocupa la norma impugnada en el ordenamiento constitucional le obligaban a este Tribunal a tratarlas con la debida seriedad.
b) La segunda estrategia consiste en considerar «amplísima» la capacidad de configuración de que dispone el legislador orgánico cuando legisla sobre el Tribunal Constitucional y, correlativamente, deducir la práctica ausencia de límites para disponer del contenido de la reserva de ley orgánica que establece en esta materia la Constitución. Sentado esto, el paso siguiente conduce a la rotunda afirmación de que el art. 165 CE ofrece cobertura no solo para una regulación general de las facultades de ejecución del Tribunal (FJ 9), sino también para la incorporación de las concretas medidas que ha previsto la Ley Orgánica 15/2015 (FJ 10).
Esta segunda estrategia suscita dos objeciones. Por un lado, la doctrina más autorizada ya advirtió hace años contra la conversión de la susodicha libertad de configuración del legislador en una especie de «macro-criterio hermenéutico» pues se corre el riesgo de confundir el objeto del juicio de constitucionalidad con su resultado. Esto es lo que ocurre en el presente caso. La libertad de configuración del legislador orgánico, cuyo alcance es precisamente el objeto del juicio de constitucionalidad que se le demanda al Tribunal Constitucional, es esgrimida por este como el criterio hermenéutico determinante de la ratio decidendi de su resolución, confundiendo el objeto de control con el resultado eventual de su juicio de constitucionalidad.
Por otro lado, en toda su argumentación la Sentencia parece olvidarse de que (también) el legislador orgánico tiene límites constitucionales. La potestad legislativa, como el resto de los poderes constituidos, deriva su existencia, su configuración y sus funciones de la norma constitucional y solo es legítima cuando se ejerce en los términos fijados por la misma. Como señaló la STC 49/2008, FJ 3, y reitera en el fundamento jurídico 3 la Sentencia de la que discrepo –aunque sin extraer aquí las oportunas consecuencias–, la libertad del legislador orgánico «no es absoluta, sino que tiene límites materiales y formales que tienen su origen no sólo en dichas reservas y en los restantes preceptos que integran el título IX de la Constitución, sino en una interpretación sistemática de todo el texto constitucional… sus límites constitucionales no proceden únicamente de una interpretación literal del precepto aducido en cada caso, sino del modelo de Tribunal Constitucional que se deriva de una interpretación conjunta de nuestra Norma Suprema y de los principios constitucionales que se proyectan sobre el mismo» (énfasis añadido). En consecuencia, se impone «la necesidad de controlar que el legislador respete el modelo constitucional de nuestra jurisdicción, puesto que de ello depende en buena medida la efectividad del orden constitucional en todos los ámbitos. Dejar en manos del legislador orgánico la concreción de dicho modelo y renunciar a controlarla no se correspondería, en efecto, con la pretensión del constituyente de crear un órgano de control de constitucionalidad con amplias competencias y de garantizar su eficacia» (énfasis añadido). También la STC 118/2016, de 23 de junio, FJ 3, apeló al «modelo de jurisdicción constitucional diseñado por el constituyente».
La proyección del constituyente no se agota en el momento de promulgación de la Constitución o de la aprobación de la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional. Recordemos las palabras de la STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 3: «la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél».
Pues bien, la Sentencia no contiene elaboración alguna sobre los límites constitucionales del legislador orgánico, ni sobre el «modelo constitucional de nuestra jurisdicción» que quedó objetivado en el texto constitucional y que solo el Tribunal Constitucional puede interpretar, porque solo a él le corresponde precisar cuál es la voluntad y racionalidad del constituyente en los supuestos necesitados de interpretación.
No es este el lugar para extenderse sobre las características de nuestro modelo de jurisdicción constitucional. Pero no es ocioso recordar que se distancia de otros modelos europeos de jurisdicción constitucional concentrada, así como del precedente histórico que supuso el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República. Así, a diferencia de lo contemplado en otras Constituciones, no se prevén en la nuestra competencias específicas del Tribunal Constitucional para, por ejemplo, el enjuiciamiento penal, o por infracción constitucional o legal, de los titulares de los órganos constitucionales y de los órganos superiores de las Comunidades Autónomas; tampoco para la prohibición de partidos políticos; ni para acordar la privación de derechos fundamentales a quienes abusen de ellos en sus actividades contra el orden constitucional. Tampoco, por ejemplo, se reconoce una acción de inconstitucionalidad ejercitable por los ciudadanos frente a la ley (STC 137/2010, de 16 de diciembre, FJ 3), pues la legitimación procesal para interponer el recurso de inconstitucionalidad regulada en el art. 162.1 a) CE lo descarta. La ausencia de competencias sobre las aludidas materias o procesos no es casual, sino decisión consciente y deliberada de nuestro constituyente que, teniendo presente el antecedente de la Constitución de 1931 y los modelos de las Constituciones italiana y alemana, optó por un determinado modelo constitucional de jurisdicción que, así como incluye las competencias esenciales de la jurisdicción constitucional en materia de control de normas y tratados internacionales, de resolución de conflictos y de garantía de derechos fundamentales, al mismo tiempo excluye otras.
Ciertamente, la Constitución permite que, mediante «leyes orgánicas», se amplíe ese elenco competencial ordinario o principal [art. 161.1 d) CE]. Esas leyes orgánicas pueden ser tanto la propia Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional, o sus posteriores modificaciones, como otras leyes orgánicas. El límite de esa eventual ampliación competencial no es otro que el respeto a la misma Constitución, por lo que dichas leyes orgánicas no pueden atribuir al Tribunal competencias que supongan la vulneración de los ámbitos competenciales constitucionalmente atribuidos a otros órganos, o bien que menoscaben el carácter propio del Tribunal o desvirtúen las competencias constitucionalmente previstas.
En lugar de considerar los límites del legislador orgánico, a lo largo de la Sentencia se repite como un mantra que el constituyente no quiso que fuera «un modelo cerrado… petrificado y congelado en el tiempo e incompatible con el carácter evolutivo del Derecho», argumento formulado de forma innecesaria en la STC 118/2016 [innecesaria pues, como ya se ha indicado, la razón de la admisibilidad de la ampliación de las competencias del Tribunal Constitucional es única y exclusivamente el art. 161.1.d) CE, y no un pretendido modelo abierto de jurisdicción constitucional] y que ahora se eleva a directriz hermenéutica y se desarrolla en extenso en el fundamento jurídico 8. Incluso aunque fuera correcta, que, a mi juicio, no lo es, la afirmación del carácter «abierto» del modelo español de jurisdicción constitucional sería irrelevante para resolver al problema planteado, pues «abierto» no equivale a «ilimitado». La Sentencia de la que discrepo confunde el carácter no exhaustivo de la regulación constitucional relativa al Tribunal Constitucional con un carácter pretendidamente abierto del modelo objetivado en la Constitución.
Lo único que señala la Sentencia sobre el modelo español de jurisdicción constitucional se contiene en unas frases ubicadas al principio del fundamento jurídico 9, relativas a la naturaleza jurisdiccional del Tribunal Constitucional y a la facultad de ejecución como «cualidad inherente» a la función de administrar justicia, «también de la justicia constitucional». He ahí un grave error conceptual de partida en que entiendo que incurre la Sentencia, como tuve ocasión de expresar durante el debate en el Pleno. La ejecución de las sentencias constitucionales no es en absoluto una atribución inherente al elenco de competencias de un Tribunal Constitucional, sino una decisión que puede adoptar el constituyente y, en su defecto, si aquel así lo permite, el legislador orgánico, como se comprueba con el caso italiano (donde no se han previsto facultades de ejecución de las sentencias constitucionales), austriaco (donde la Constitución encomienda la ejecución al Presidente de la República o, cuando se refiere a cuestiones patrimoniales, directamente a los tribunales ordinarios) y alemán (la Constitución de Weimar encomendó la ejecución al Presidente de la República; en cambio, en la Ley fundamental de Bonn nada dijo la Constitución y se confió esa función al propio Tribunal Constitucional, tras mucha discusión antes y después de la promulgación de la Ley reguladora del Tribunal Constitucional; de hecho, el primigenio proyecto de ley reguladora del Tribunal Constitucional federal alemán se lo atribuía al Presidente de la República, y la ejecución de las resoluciones de los tribunales constitucionales de no pocos Länder se atribuye todavía a los ejecutivos de esos Länder). Si atendemos a los tres mencionados Estados de nuestro entorno, que cuentan con el control concentrado de constitucionalidad más antiguo y sostenido en el tiempo, es claro que se impone cautela a la hora de realizar afirmaciones «esencialistas». El mencionado error conceptual era, por lo demás, evitable porque ya el Abogado del Estado apuntaba en la perspectiva correcta: la Constitución no excluye que la titularidad de la potestad de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda ser encomendada al propio Tribunal. Por tanto, el problema constitucional no reside en si el Tribunal Constitucional puede ser titular de la potestad de ejecución de sus resoluciones, sino en si las medidas con las que el nuevo art. 92.4 LOTC pretende garantizar la ejecución son respetuosas del orden constitucional.
c) La tercera estrategia, que resulta más inquietante de cara al futuro, consiste en constreñir el alcance del control de constitucionalidad que le compete ejercer al Tribunal Constitucional. Ello se lleva a cabo mediante dos líneas de discurso coincidentes en su finalidad reductora.
La primera línea discursiva se apoya en la afirmación (fundamento jurídico 3) de unas pretendidas especificidades de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como objeto del control de constitucionalidad, de forma que la peculiaridad del objeto determinaría una menor intensidad del control que le corresponde ejercer a este Tribunal. En este sentido se afirma que «el control de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional debe limitarse a los supuestos en que existe un conflicto evidente e insalvable entre la misma y el texto constitucional» (FJ 3). Esta cita procede ciertamente de la ya mencionada STC 49/2008. Sin embargo, sería un planteamiento erróneo entenderla como si fuera exigible, para declarar inconstitucional una norma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un nivel de contradicción o incompatibilidad con la Constitución superior al que se requiere para declarar la inconstitucionalidad de cualquier otra disposición de rango legal. Frente a lo que parece insinuar la Sentencia, no hay dos cánones o intensidades de control de constitucionalidad, uno más estricto para la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y otro más relajado para las demás leyes y normas de rango legal. Más bien, cabría defender justamente lo contrario: que, en razón de la función constitucional de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la posición institucional del Tribunal Constitucional, el control de inconstitucionalidad sobre su propia ley reguladora debe ser todavía más exigente, no menos, evitando incluso las sentencias interpretativas, dado que sus destinatarios no serían los aplicadores ordinarios del derecho, sino, como aquí ocurre, el propio autor de la interpretación. Justamente, el Tribunal Constitucional se creó como principal garantía de la Constitución frente al legislador. La existencia del Tribunal Constitucional como órgano especial encargado de garantizar la supremacía de la Constitución frente al legislador es incompatible con una actuación extremadamente deferente. Un Tribunal Constitucional no se instituye para invalidar las leyes solo cuando su inconstitucionalidad sea «evidente»; pues si una ley fuera de verdad «evidentemente» inconstitucional, hay que suponer que cualquier juez ordinario sería capaz de advertirlo, sin necesidad de establecer una jurisdicción constitucional separada.
La segunda línea de discurso consiste en la proclamación reiterada del carácter abstracto del control que debe realizar el Tribunal, cuyo pronunciamiento «debe estar al margen de cualquier posible o hipotético acto de aplicación de dicho precepto, debiendo limitarnos a contrastar de manera abstracta el precepto recurrido y las normas y principios constitucionales que se estiman infringidos» (FJ 7). La tesis de la Sentencia se reitera explícitamente en los fundamentos jurídicos 7 y 10: «será con ocasión de las específicas medidas que se pretendan o se soliciten tomar en un determinado proceso constitucional para la ejecución de las resoluciones recaídas en el mismo, cuando procederá examinar su viabilidad y, en su caso, la constitucionalidad de su aplicación en dicho proceso constitucional»; «será con ocasión de la aplicación concreta de alguna o algunas de estas medidas a fin de velar por el efectivo cumplimiento de la resolución recaída en un determinado proceso constitucional, cuando procederá examinar entonces su viabilidad». La insistencia en este argumento parece querer justificar la resistencia a abordar el examen de un aspecto esencial de la impugnación: la posible incidencia de las medidas impugnadas en la actividad y en la posición institucional de las autoridades que integran nuestro Estado constitucional y, en particular, en la actividad de las Cámaras parlamentarias. Dicho de otra forma, la Sentencia insinúa que la impugnación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es preventiva en cuanto que plantea como escenario la hipotética aplicación de las nuevas medidas de ejecución a las autoridades en general o a determinadas autoridades en particular. Con este sencillo subterfugio evita entrar a discutir si la suspensión en sus funciones de un Presidente de Parlamento o de otra autoridad es o no compatible con el derecho fundamental al ejercicio de un cargo público (art. 23.2 CE) y con la inviolabilidad parlamentaria (art. 66.3 CE y los preceptos correspondientes de los diversos Estatutos de Autonomía).
La argumentación que la Sentencia emplea desfigura, en primer lugar, el contenido de la reforma de la Ley Orgánica hasta convertirla en superflua: ni el contenido concreto de las medidas de ejecución impugnadas ni la entidad o naturaleza del cargo de funcionario o autoridad del eventual destinatario de esas medidas, resultan al parecer relevantes; el abordaje de los problemas de inconstitucionalidad queda diferido al momento de su aplicación. En «abstracto», nada podría ser objeto de valoración según la Sentencia.
En segundo lugar, y lo que es más grave, se desfigura también el sentido del control abstracto de inconstitucionalidad. La contraposición entre abstracción y concreción del control de constitucionalidad ha sido empleada –también por el Tribunal Constitucional– para perfilar el sentido peculiar del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. La interpretación que se expresa en la demanda de un recurso de inconstitucionalidad es, inevitablemente, una interpretación abstracta, como corresponde a un planteamiento desligado de cualquier confrontación de enunciados constitucionales y legales con casos o supuestos concretos. Por lo que se refiere a los preceptos legales impugnados en este proceso, la abstracción es casi total y ello puede darle un cierto carácter preventivo a la acción directa de inconstitucionalidad: la norma legal, promulgada y publicada hace un año, no ha sido todavía objeto de aplicación y todos sus elementos han de ser identificados por los recurrentes de un modo casi hipotético, como «propuestas» o «sugerencias» interpretativas ante el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ese es el sentido peculiar del recurso de inconstitucionalidad, y si no se acepta en esos términos y con ese alcance, entonces se convierten en superfluas tanto la previsión constitucional de un recurso de inconstitucionalidad como la consiguiente atribución de su conocimiento a este Tribunal. Ni una ley de presupuestos, ni una reforma penal, ni una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo podrían ser objeto, en plenitud, de un control abstracto de constitucionalidad. Una cosa es que el control abstracto de constitucionalidad no pueda prever y abordar todas las hipótesis de aplicación del programa normativo de una disposición legal –pues para eso está la cuestión de inconstitucionalidad–, y otra que este Tribunal no pueda controlar en toda su extensión por medio del recurso de inconstitucionalidad una norma legal recién publicada y promulgada. Centrándonos en el supuesto del presente proceso, frente a lo que sugiere la Sentencia, la entidad recurrente no está planteando situaciones específicas no contempladas en la Ley ni formulando hipótesis rebuscadas de colisiones normativas, sino una cuestión constitucional de calado que suscita inmediatamente la lectura del precepto impugnado: si la nueva potestad atribuida a este Tribunal de suspender «en sus funciones», con arreglo al nuevo art. 92.4 b) LOTC, a «las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento» y, por consiguiente, a los altos órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas incluidas sus autoridades parlamentarias, es compatible con diversos preceptos constitucionales. El juez constitucional tiene toda la información necesaria para poder decidir acerca de la constitucionalidad de la norma impugnada. La respuesta del Tribunal Constitucional ante esta impugnación –algo así como «lo veremos cuando llegue el momento»– es, por tanto, insólita.
La Sentencia, en suma, difiere a los futuros actos de aplicación el juicio de constitucionalidad sobre las medidas de ejecución controvertidas, pero no aclara cómo podría pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre las cuestiones constitucionales implicadas en la etapa aplicativa del derecho. En efecto, la única instancia que puede adoptar las medidas de ejecución controvertidas es el propio Tribunal Constitucional, por lo que no se vislumbra cuál sería el proceso constitucional que podría permitir un pleno control de constitucionalidad de los actos de aplicación y, a su través, de la propia norma controvertida: tanto la cuestión de inconstitucionalidad como el recurso de amparo quedan prima facie descartados. En consecuencia, solo cabría que los afectados alegasen su posible inconstitucionalidad en el seno del propio incidente de ejecución, procedimiento de carácter incidental cuya función constitucional no es la depuración del ordenamiento jurídico, o, alternativamente, con posterioridad a su adopción, mediante un eventual recurso de súplica contra el Auto que adopte la medida de suspensión de funciones o de ejecución sustitutoria. Ahora bien, ninguna de las dos vías mencionadas ofrece un cauce adecuado para satisfacer la tutela judicial efectiva del afectado frente a la aplicación de una Ley que se considera inconstitucional, por lo que el resultado de la abdicación del Tribunal Constitucional en el ejercicio pleno de su jurisdicción será que la Ley Orgánica 15/2015 quede indebidamente inmunizada desde un punto de vista constitucional.
2. La mayoría que sustenta la Sentencia no ha podido ignorar que las medidas de ejecución impugnadas son de un delicado contenido. Pero, en lugar de afrontar el enjuiciamiento pleno y directo que le reclamaba la demanda, se conforma con el deslizamiento de criterios restrictivos y correctores del tenor literal de la norma legal y con formular recordatorios de los requisitos legales, todo ello con el objetivo de «limar» algunas de sus aristas y «suavizar» su futura aplicación, al menos en apariencia. Así, por un lado, se subraya la necesidad de respetar los límites subjetivos y temporales fijados en el art. 92.4.b) LOTC, lo que resulta una obviedad que nada aporta al juicio de constitucionalidad que le incumbe a este Tribunal. Por otro lado, se afirma que «es evidente que las potestades de ejecución del Tribunal Constitucional habrán de modularse, dentro de los instrumentos o medidas que para ello ha dispuesto el legislador, según el tipo de procedimiento y el contenido del fallo» (FJ 7), sin concretar ni la fuente de esa evidencia ni la forma y el alcance de la modulación resultante. También se aduce que la medida de suspensión de funciones «únicamente podrá acordarse cuando resulte idónea para la finalidad para la que ha sido prevista por el legislador» (FJ 14; en términos similares con respecto a la ejecución sustitutoria, FJ 15), un criterio el de idoneidad que -de nuevo- nada aporta al juicio de constitucionalidad. Una cosa es que el aplicador del derecho interprete la ley de manera teleológica, a fin de evitar resultados absurdos, y otra es el juicio de constitucionalidad sobre la opción legislativa como tal que se le demanda al Tribunal Constitucional y que no se reduce a una interpretación que meramente reajusta la ley en sus márgenes aplicativos. Un Tribunal Constitucional no puede abstenerse de entrar en temas constitucionales acudiendo a argumentos interpretativos de legalidad ordinaria.
Mayor capacidad restrictiva sobre la futura utilización de las medidas controvertidas pueden desplegar los siguientes aspectos: la exigencia de que la voluntad de incumplir desencadenante de la medidas previstas en las letras b) y c) del art. 92.4 LOTC sea «deliberada» y «persistente» (FFJJ 14 y 17); y la consideración de que la medida de suspensión de funciones habrá de «contraerse únicamente al ejercicio de aquellas atribuciones cuya suspensión resulte imprescindible para asegurar la ejecución de la resolución dictada» (FJ 14). No obstante, estas últimas exigencias no están contempladas en el propio precepto legal impugnado, ni se infieren de una interpretación sistemática. De hecho, la insistencia en el aspecto subjetivo y reiterado de la voluntad incumplidora encaja mejor en la descripción típica de una infracción –por ejemplo, el del delito de desobediencia– que en el presupuesto para la adopción de una medida de ejecución: en efecto, ¿por qué el Tribunal Constitucional solo podría adoptar una medida de ejecución ante la existencia de una voluntad deliberada y persistente? ¿Por qué la supremacía de la Constitución solo debería garantizarse en tal supuesto?
La única vía para que el Tribunal Constitucional hubiera impuesto esas condiciones interpretativas tendría que haber sido la técnica de la interpretación conforme, cuyo presupuesto lógico es, precisamente, la previa constatación de una contradicción directa y frontal entre, al menos, parte del enunciado legal y la Constitución. Únicamente tras haber constatado la existencia de una contradicción de esa naturaleza puede procederse a salvarla en un segundo momento, si ello es posible, mediante una interpretación conforme que restrinja el programa normativo vinculado al precepto legal impugnado, de forma que la norma jurídica resultante no sea expulsada del ordenamiento jurídico. Así pues, lo que lleva a cabo la Sentencia no puede considerarse en puridad una «sentencia interpretativa» que fija las condiciones interpretativas bajo las cuales un precepto legal puede permanecer en el ordenamiento jurídico; sería en todo caso una interpretación conforme «disimulada», que no se identifica como tal, ni se lleva al fallo. Esa interpretación conforme «disimulada» no puede compensar la falta de examen de la cuestión constitucional que la Ley suscita y que la entidad recurrente le reclamaba explícitamente en su escrito de demanda.
3. Cuando, excepcionalmente, la Sentencia de la que disiento entra a examinar las graves tachas de inconstitucionalidad que alega el recurso de inconstitucionalidad, las despacha con afirmaciones superficiales y apodícticas. Este es el caso de la impugnación dirigida contra las concretas medidas de ejecución previstas en las letras b) y c) del art. 92.4 LOTC.
La controvertida naturaleza de la suspensión de funciones se analiza en los fundamentos jurídicos 12-15. La Sentencia se sirve exclusivamente del criterio de la finalidad o función para diferenciar las medidas sancionadoras de otras medidas que contienen limitaciones de derechos. El análisis que realiza sobre el carácter punitivo o no de la suspensión de funciones resulta muy rudimentario: todo se reduce a atribuirle a la suspensión una función no punitiva de forma apodíctica y reiterativa. No hay argumentos convincentes, al menos para quien suscribe este Voto particular. En mi opinión, la suspensión de funciones prevista en la letra b) del art. 92.4 LOTC debió ser declarada inconstitucional y nula porque, al no responder a la lógica de los medios de ejecución y sí a la de las medidas sancionadoras, excede de la habilitación conferida al legislador orgánico por el art. 165 CE. A continuación argumento mi posición.
a) Debo comenzar señalando que, a mi juicio, la atribución al Tribunal Constitucional de facultades de carácter materialmente sancionador en relación con autoridades y empleados públicos, aunque se refieran a conductas relacionadas con el incumplimiento de las resoluciones de dicho Tribunal, quebranta el carácter propio del Tribunal Constitucional como órgano de naturaleza jurisdiccional cuyas competencias se extienden al control de normas, a la resolución de conflictos y a la garantía de los derechos fundamentales. Este Tribunal, a diferencia de lo establecido en las Constituciones de otros Estados, carece de competencias para enjuiciar penalmente, o por infracción constitucional o legal, a los titulares de los órganos constitucionales, de los órganos superiores de las Comunidades Autónomas o de otras autoridades y empleados públicos. Como aludía al referirme el modelo español de jurisdicción constitucional, las competencias de este Tribunal consisten en analizar la validez constitucional de las normas con rango de ley, declarar la titularidad de competencias controvertidas con ocasión de actuaciones, resoluciones o disposiciones y proteger los derechos fundamentales. No es función del Tribunal Constitucional la depuración de las ilegalidades en las que pudiera haber incurrido la parte frente a la cual se alza un conflicto de competencias, ni la acomodación del ordenamiento jurídico a lo resuelto en una Sentencia constitucional (ATC 726/1986, de 18 de septiembre, FJ 2). Muy especialmente, no es función del Tribunal Constitucional enjuiciar la conformidad constitucional de actuaciones personales e imponer las correspondientes medidas correctoras, porque precisamente estas son funciones propias de los órganos que integran el Poder Judicial. Todo ello sin olvidar las delicadas implicaciones constitucionales que tendría la suspensión de autoridades cuya legitimidad provenga directa o indirectamente de las urnas.
b) Sentado lo anterior, la cuestión decisiva es si la medida de suspensión de funciones que se puede imponer a autoridades y empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento tiene carácter punitivo. Esta cuestión es mucho más compleja de lo que deja entrever o quiere aceptar la Sentencia.
La jurisprudencia constitucional sobre el carácter sancionador de medidas limitativas de derechos es relativamente abundante. Por ello, no resulta admisible que, ante la gravedad de una medida como la de suspensión de funciones de una autoridad o un funcionario público, que supone una interferencia en el ámbito del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE, el análisis que se despliega en la Sentencia sea tan pobre.
La jurisprudencia constitucional no se ha conformado con la función o finalidad de la medida como criterio exclusivo de delimitación entre las sanciones y otras medidas limitativas de derechos. Es consciente de que, muchas veces, más de una función se solapan en una misma medida. En el pasado, el Tribunal Constitucional ha dedicado muchas páginas para resolver si, por ejemplo, determinados recargos tributarios tienen carácter punitivo y, por lo tanto, les son aplicables las garantías de los arts. 24.2 y 25 CE (véase, en sentido afirmativo del carácter punitivo, las SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, y 291/2000, de 30 de noviembre, para recargos tributarios del 50 por 100 y del 100 por 100, respectivamente). También los recargos tributarios persiguen en principio que el obligado tributario cumpla con sus obligaciones tributarias, pero el Tribunal Constitucional consideró que, cuando superan cierto nivel, esos recargos pasan a tener carácter punitivo. De acuerdo con la STC 291/2000, FJ 10, el hecho de que una medida tenga por finalidad el cumplimiento de una obligación no excluye su carácter punitivo: «lo fundamental a efectos de pronunciarnos sobre la naturaleza jurídica del recargo es comprobar si cumple una finalidad de castigo, pues el hecho de que pueda cumplir otros fines distintos de los punitivos no excluye sin más esta función». En concreto, allí se afirmó con respecto a un recargo del 100 por 100 que «tampoco cabe apreciar que cumpla una función de estímulo positivo que excluya su carácter sancionador, ni se trata de un medio para constreñir al cumplimiento de una obligación, ni, por supuesto, tiene naturaleza tributaria». Sorprende que, para este Tribunal Constitucional, una medida aparentemente modesta como es un recargo tributario del 50 por 100 tenga carácter punitivo y, por tanto, desencadene la aplicación de las garantías procesales y materiales reconocidas en los arts. 24.2 y 25 CE y que, en cambio, descarte de forma absoluta el carácter punitivo de la medida de suspensión de funciones, ya sea de un empleado público e incluso de una autoridad, que interfiere de forma directa sobre el ejercicio de un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional (art. 23 CE).
También la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que la Sentencia pretende evocar mediante la cita de dos de sus pronunciamientos) es mucho más sofisticada de lo parece considerar la Sentencia. Para comprobar la complejidad de la cuestión, basta leer las páginas que una obra señera como la de Christoph Grabenwarter, European Convention on Human Rights. Commentary (Múnich 2014), le dedica (págs. 108-113). Como es sabido, en el ámbito del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) la determinación del carácter «penal» de una medida conduce a la aplicación de las garantías establecidas en el art. 6 CEDH. Además del criterio formal (cómo categoriza el derecho estatal la medida en cuestión, criterio que no es útil cuando la naturaleza de la medida está en disputa, como es ahora el caso), la llamada «doctrina Engel» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recurre ciertamente a la finalidad (nature of the offence, nature de l’’infraction). Pero el tercer criterio de la jurisprudencia de Estrasburgo es la naturaleza y la gravedad de la propia medida, esto es, las consecuencias perjudiciales que se derivan para el individuo. Aunque la satisfacción de cualquiera de los tres criterios es suficiente, se considera que el segundo y el tercer criterio están interrelacionados. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo es evidente que ciertas medidas acarrean la aplicabilidad del art. 6 CEDH: por ejemplo, las medidas de privación de libertad. Más problemas de delimitación suscitan las medidas disciplinarias y las multas. La jurisprudencia atiende al criterio de si afecta de forma adversa al individuo: así, una sanción de cuantía superior a 400 € sí se considera que desencadena la aplicación del art. 6 CEDH.
Ciertamente, en la jurisprudencia de Estrasburgo no se encuentra un caso similar al aquí examinado. El más próximo sería el abordado por la Sentencia Le Compte, van Leuven y de Meyere c. Bélgica de 23 de junio de 1981: se trataba de una medida disciplinaria de suspensión temporal (tres meses en un caso, quince días en otro) del ejercicio de una profesión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abordó la aplicabilidad del art. 6 CEDH desde la perspectiva «civil», no «penal», en cuanto «disputa» sobre «derechos y obligaciones civiles» (las consecuencias, en cuanto a la aplicabilidad de las garantías del art. 6 CEDH, son similares). Según el Tribunal, «Unlike certain other disciplinary sanctions that might have been imposed on the applicants (warning, censure and reprimand...), the suspension of which they complained undoubtedly constituted a direct and material interference with the right to continue to exercise the medical profession. The fact that the suspension was temporary did not prevent its impairing that right» (§ 4, énfasis añadido).
En consecuencia, ni a la luz de la jurisprudencia constitucional ni desde la perspectiva de la jurisprudencia de Estrasburgo podía descartarse de forma tan expeditiva el alegado carácter punitivo de la medida de suspensión. A continuación expongo lo que considero debieran haber sido los criterios a tener en cuenta al analizar esta cuestión.
c) La suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos no constituye aquí una medida cautelar de carácter personal, pues la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional (por todas, STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3); mientras que en la medida analizada el pronunciamiento ya ha tenido lugar. Además, no cabe acordar cautelarmente medidas que produzcan consecuencias que nunca podrían derivarse de la resolución final; este criterio, que fue afirmado por este Tribunal con respecto a la jurisdicción ordinaria en la STC 39/1995, de 13 de febrero, FJ 4, también se proyecta sobre nuestra propia jurisdicción.
Tampoco puede considerarse una medida de ejecución, pues no va encaminada de forma inmediata y directa a hacer efectivo el contenido del fallo de una sentencia. Se trata, más bien, en términos estrictos, de una reacción correctora de carácter individualizado ante un supuesto de incumplimiento de una resolución jurisdiccional, que dadas sus características persigue una finalidad distinta a la propia de la ejecución. Quien resulta ser suspendido en el cargo que ocupa deja de estar en situación de cumplir con las obligaciones derivadas de su cargo, tampoco, por tanto, de cumplir el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución del Tribunal Constitucional. Por eso, el sentido de la suspensión de funciones no reside aquí en la imposición del cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones jurisdiccionales, sino en la «finalidad represiva, retributiva o de castigo» que caracteriza a las medidas sancionadoras (por todas, STC 164/1995, de 13 de noviembre, FJ 4) por negarse a cumplir o no facilitar un determinado cumplimiento. La finalidad represiva se traduce en un plus con respecto a la obligación a cuyo incumplimiento se anuda: el plus de la medida prevista en el art. 92.4 b) LOTC es justamente la privación del ejercicio de un derecho fundamental (art. 23 CE) que comporta.
A ello no obsta el entendimiento de que, en sentido lato, dicha medida, al igual que la activación de un posible procesamiento penal [medida prevista en la letra d) del mismo art. 92.4], pueda desplegar también una eficacia coercitiva indirecta dirigida al cumplimiento. Toda sanción penal o administrativa refuerza la efectividad de una obligación, pero el solo efecto preventivo e indirecto que deriva, primero, de su previsión legal con carácter general y, segundo, del apercibimiento de su posible imposición en el caso concreto no la convierte en medio de ejecución, en sentido jurídico-procesal, de la correspondiente obligación. Con respecto a la medida de suspensión de funciones son aplicables las palabras de la STC 291/2000, FJ 10: «tampoco cabe apreciar que cumpla una función de estímulo positivo que excluya su carácter sancionador, ni se trata de un medio para constreñir al cumplimiento de una obligación». Por ello, a mi juicio se podía concluir que la medida prevista en el art. 92.4 b) LOTC constituye materialmente una sanción, una medida punitiva que se anuda al incumplimiento del contenido de una resolución del Tribunal Constitucional. Una medida sancionadora que debe respetar las garantías formales y materiales que contempla la Constitución.
d) La conclusión sobre el carácter sancionador de la suspensión de funciones introducida por la reforma de la Ley Orgánica se corrobora con tres consideraciones. En primer lugar, en el ordenamiento jurídico español no hay medida de suspensión de funciones, con una u otra denominación, que no tenga naturaleza sancionadora (disciplinaria) o penal. En segundo lugar, la medida de suspensión de funciones es desconocida como medio de ejecución en nuestra legislación procesal. La Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en las disposiciones que dedica a la ejecución de sentencias en dicho orden jurisdiccional, no contempla como medio de ejecución la medida de suspensión de funciones de la autoridad o del empleado público de la Administración responsable del incumplimiento. En tercer y último lugar, por lo que he podido conocer, ninguno de los ordenamientos de los Estados de nuestro entorno dotados de jurisdicción constitucional ha previsto con carácter general -ni ha adoptado nunca con arreglo a las cláusulas generales de atribución de las facultades de ejecución- la suspensión de funciones de autoridades y empleados públicos como instrumento para el cumplimiento de las resoluciones constitucionales.
e) La conclusión sobre el carácter sancionador de la medida de suspensión prevista en el art. 92.4 b) LOTC no queda enervada por el carácter temporal limitado e instrumental de su duración («durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal»). Por una parte, también las suspensiones de empleo o de funciones recogidas en nuestra legislación como medidas disciplinarias pueden tener un carácter temporal objetivamente limitado (de varios días) si, por ejemplo, se imponen por faltas disciplinarias leves. Por otra parte, la suspensión de funciones prevista en el art. 92.4.b) LOTC no es tanto limitada como indefinida: su duración no está acotada de antemano pues su terminación depende del comportamiento de terceras personas ajenas a la voluntad de la persona suspendida, que estén en situación y tengan la voluntad de dar cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal, lo cual puede significar una duración breve o una prolongación considerable de días o de meses. Frente a lo que aduce el Abogado del Estado, la medida no se levantaría tan pronto como cese la voluntad incumplidora de la persona responsable sino tan pronto cumpla quien, por su ámbito competencial, esté habilitado para cumplirla (al menos si el orden de distribución de competencias prevé o autoriza la alteración de la titularidad o del ejercicio de la competencia en general o en ese supuesto, lo que no puede presumirse en todo caso): si la persona responsable del incumplimiento está suspendida en sus funciones, ya no puede realizar la actividad requerida para dar cumplimiento al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, con independencia de que en un momento posterior cese su voluntad incumplidora.
De lo razonado hasta ahora se infiere, por tanto, que el art. 92.4 b) LOTC atribuye al Tribunal Constitucional facultades de carácter materialmente sancionador con respecto a autoridades y empleados públicos por el incumplimiento de las resoluciones de dicho Tribunal. Estas facultades van más allá de las facultades sancionadoras de carácter intraprocesal previstas en la propia Ley Orgánica (directamente, en el art. 95, apartados 3 y 4, y por remisión a lo dispuesto en materia de policía de estrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de enjuiciamiento civil, en el art. 80), pues las autoridades y empleados públicos que podrían ser suspendidos no tienen por qué ser idénticas a las partes del proceso.
4. En definitiva, a mi juicio, mediante la presente Sentencia el Tribunal Constitucional ha abdicado de su cometido esencial, la custodia de la Constitución, ante implícitas «urgencias de Estado». A través de una argumentación que resulta muy deferente para la libertad de configuración del legislador orgánico, se ha adoptado un fallo que parece sumamente «autorrestrictivo» con respecto a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, pero que, en último término, paradójicamente, acrecienta enormemente su poder de acción frente al resto de los poderes constituidos.
A mi disentimiento se une una nota amarga por no haberse logrado dictar una sentencia susceptible de ser suscrita por todos los magistrados, al priorizarse, por encima de otras consideraciones, la celeridad en la aprobación de una Sentencia desestimatoria.
Madrid, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 229-2016
I. Como tuve oportunidad de manifestar durante las sesiones de deliberación del presente proceso constitucional, disiento de la decisión finalmente adoptada; pero también expreso idéntico distanciamiento, y con similar intensidad, en relación con el razonamiento que sustenta la propia decisión. Dentro del obligado respeto hacia el parecer mayoritario de mis compañeros y por las razones que se expondrán seguidamente, entiendo que la Sentencia que resuelve el mencionado recurso de inconstitucionalidad debió de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las letras b) y c) del art. 92.4 de la Ley 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (LOTC), para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
II. 1. Antes de exponer las razones de ese doble disentimiento, me parece obligado hacer notar, aun cuando la aseveración pudiera calificarse como innecesaria por evidente, la notable relevancia de las cuestiones planteadas de modo directo en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco, relevancia ésta apreciable sin dificultad alguna desde una doble y combinada perspectiva. Por lo pronto y desde una vertiente micro, este proceso entra en el núcleo duro de la ordenación jurídica del Tribunal Constitucional, pues lleva a cabo una intensa y extensa ampliación de sus potestades. Pero su transcendencia no solo deriva de esta perspectiva doméstica, a la que ya se adhiere de manera natural una vasta serie de consecuencias externas en atención a la envergadura de las atribuciones que la Constitución española (CE) le confiere. A esta primera óptica se adiciona una segunda que, por decirlo sin sombra alguna de solemnidad, afecta a los cimientos del modelo democrático de Estado que el art. 1.1 CE proclama y su articulado se encarga de desarrollar en sus plurales pero inescindibles facetas.
La parte recurrente no solo no ha esquivado el anterior enfoque; antes al contrario, ha querido dejar constancia de él desde las primeras páginas de su escrito de recurso, las destinadas a identificar «el objeto y la finalidad» de la Ley impugnada, señalando que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pretende insertarse «en el entramado de normas que contienen los principios y valores de la organización jurídico-política del Estado», produciendo así «una grave alteración del sistema de equilibrio de poderes» y afectando al «modelo de Estado de las Autonomías configurado sobre el principio de autonomía política y separación de poderes» (p. 3).
No ha sido esta, sin embargo, la premisa metodológica manejada por la opinión mayoritaria que apoya la sentencia de la que me aparto, que instala su argumentación jurídica en un criticable autismo. En todo caso, esta decisión de mantener el razonamiento en el perímetro interior del Tribunal Constitucional, sin la menor concesión a la apertura de diálogos transversales, obedece, en mi opinión, a una finalidad elusiva; esto es, a la de evitar que la introducción en el análisis constitucional de las quejas alegadas de problemas vinculados con el modelo constitucional de Estado pudiera poner en peligro o, al menos, zarandear el juicio de regularidad de la ley impugnada. Al margen de las observaciones que de inmediato han de efectuarse, la constante y reiterativa alegación que la sentencia hace al control abstracto como obligado canon de enjuiciamiento de la constitucionalidad de los preceptos recurridos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional constituye una buena prueba de las razones determinantes de la discutible aproximación metodológica adoptada, que por este lado termina ofreciendo un equívoco y liviano apoyo argumentativo al fallo.
2. La entera fundamentación de la resolución de mi disentimiento discurre a través de tres grandes ejes que, a pesar de su diverso carácter, formal uno y material los otros dos, interactúan y se complementan recíprocamente. Son ellos: la falta o, en el mejor de los casos, la insuficiente argumentación de la que, respecto de algunas presuntas vulneraciones, adolece el escrito del recurso de inconstitucionalidad; la decisión del constituyente de reenviar a una intensa libertad normativa del legislador orgánico los elementos estructuradores del Tribunal Constitucional y, finalmente –y es un eje al que ya se ha hecho mención– el parámetro de constitucionalidad de obligada utilización en el presente proceso y que no es otro que un control abstracto que actúa con un doble alcance: en sentido negativo, vedando todo pronunciamiento sobre concretas aplicaciones de los preceptos legales recurridos y, en sentido positivo, exigiendo contrastar el contenido de esos preceptos con los pasajes constitucionales cuya infracción se invoca.
3. El primero de los ejes que sostiene el razonamiento jurídico es, como se viene de señalar, la falta de argumentación o una insuficiente o defectuosa argumentación del escrito de interposición del recurso. Así se hace, por ejemplo, en el fundamento jurídico 7 c) en el que, tras dejar constancia «de la generalidad de las alegaciones» referentes al primero de los motivos sustantivos de inconstitucionalidad (arts. 161, 164 y 165, en relación con el art. 117.3, todos ellos CE), se recuerda, con abundante apoyo de sentencias del Tribunal Constitucional, la consolidada jurisprudencia constitucional sobre la necesidad del recurrente de argumentar sobre la efectividad de la vulneración denunciada. Parecido argumento se formula en el párrafo inicial del fundamento jurídico 10, en donde se descarta, «con base en las genéricas alegaciones» presentadas, «la presunta desnaturalización del modelo de jurisdicción constitucional diseñado por la Constitución». Idéntica aseveración vuelve a traerse a colación en el segundo párrafo del fundamento jurídico 10 c) a fin de desestimar la violación por los preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impugnados del principio de separación de poderes «sobre la base de imputaciones genéricas». El párrafo final de este mismo fundamento jurídico persiste en desechar la afectación al modelo de justicia constitucional ex art. 164 CE en atención a que el alegato «carece de argumentación alguna». En fin, y sin pretensión de aludir a todas las ocasiones en que se evoca este déficit, en el fundamento jurídico 12 se insiste en el incumplimiento de la parte recurrente de «ofrecer fundamentación suficiente» del motivo a examen.
Con independencia de la mayor o menor consistencia constitucional de las diversas quejas dirigidas contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no comparto este incesante reproche vertido sobre el presente recurso. Así lo confirma la propia extensión del escrito de interposición que, al margen de su apartado introductorio, dedica más de una cincuentena de páginas a dotar de la obligada fundamentación a los cinco motivos de inconstitucionalidad que articula: procedimental uno y sustantivos los cuatro restantes. Pero sobre todo así lo ratifica el extenso escrito presentado por el Abogado del Estado, que no contiene la menor alusión, directa o indirecta, a una objeción semejante que, dicho sea como mérito de la representación del Estado, no suele ser dado de lado cuando concurre efectivamente.
En realidad y en mi opinión, este primer eje está al servicio de la premisa metodológica que informa, como ya he hecho constar, el entero razonamiento de la sentencia. Las referencias a las «alegaciones genéricas» así lo sugieren.
En este contexto y por lo demás, no deja de producir cierta sorpresa que la Sentencia objeto de mi disentimiento incurra en diversas ocasiones en el defecto que achaca a los recurrentes. El fundamento jurídico 12 ofrece un buen ejemplo de esta contradicción. Dicho fundamento jurídico, en efecto, afirma afrontar la constitucionalidad de las medidas previstas en los arts. 92.4, letras b) y c), y 92.5 a los que la parte recurrente les imputa un carácter punitivo con la consecuente vulneración del art. 25.1 CE. Una vez enunciado el objeto a consideración, la sentencia manifiesta que «los Letrados del Gobierno Vasco sólo argumentan el carácter punitivo de la medida de suspensión en sus funciones de autoridades y empleados públicos, sin que nada digan al respecto en relación con las contempladas en el art. 92.4 c) y 92.5, de modo que únicamente aquella medida puede ser objeto de nuestro enjuiciamiento». Sin embargo, la opinión mayoritaria de la presente resolución no repara en que la presunta violación del principio de legalidad penal queda circunscrita por el propio recurrente a los arts. 92.4 b) y 92.5 LOTC, tal y como se deduce sin margen para la incertidumbre de la rúbrica y contenido del apartado sexto del escrito de interposición del presente recurso de inconstitucionalidad. Y es que la sentencia aborda como un único motivo de inconstitucionalidad lo que el referido escrito articula como dos motivos diferentes, siendo el segundo, el relativo a la vulneración de los arts. 71 y 103 CE, en relación con el art. 24 CE, el que invoca el art. 92.4 c) LOTC.
Más sorprendente resulta, incluso, la forma de abordar y resolver esta última denuncia, la de los arts. 71 y 103 CE, que se solventa a través de la técnica de la mera remisión a los argumentos utilizados para desestimar la infracción por el art. 92.4 b) LOTC de los arts. 161 y 25.1 CE. Por decirlo en los escuetos términos empleados por la Sentencia: «descartado el carácter punitivo de la medida de suspensión de funciones del art. 92.4 b) LOTC, han de desestimarse las denunciadas infracciones del art. 25.1 CE y de los preceptos constitucionales y estatutarios que reglan la figuran del aforamiento» (último párrafo, FJ 15). La parquedad y liviandad de este razonamiento contrasta de manera palmaria con la extensa argumentación manejada tanto por la parte recurrente para fundamentar su reproche (pp. 51-62) como por el Abogado del Estado para descartar la vulneración denunciada (pp. 40-50). Pero, sobre todo, evidencia un doble e inequitativo parámetro en el tratamiento de la consistencia argumentativa: mientras su ausencia en el escrito de recurso se enjuicia con notable severidad («alegaciones genéricas», «argumentación apodíctica» o falta de «carga argumental»), su carencia en la sentencia se presume ajustada a las circunstancias del caso a examen.
4. El segundo de los ejes que vertebra el razonamiento de la Sentencia de mi disenso, de carácter material ahora, enuncia un juicio sobre la opción de política de derecho utilizada por el poder constituyente al regular los elementos estructurales y estructuradores del Tribunal Constitucional y, en concreto y en lo que aquí interesa destacar, la ejecución de sus resoluciones.
Desde luego, inobjetable resulta el resumen de la jurisprudencia que al respecto se enuncia en el fundamento jurídico 3 a) y que cabe sintetizar en dos básicas manifestaciones, las cuales, por cierto, pueden entenderse aplicables a otras muchas instituciones, institutos u órganos de cobertura constitucional. La primera reside en la libertad de configuración de la que goza el legislador orgánico a la hora de establecer el marco legal del Tribunal Constitucional. Es ésta, sin embargo –y se trata de la segunda expresión de esa jurisprudencia–, una libertad que no puede calificarse como absoluta; antes al contrario y por exigencias del principio de supremacía constitucional, tiene diversos límites formales y materiales derivados no solo de los instrumentos de protección establecidos en el art. 53 y en los restantes preceptos del título IX de la Constitución sino, además, «en una interpretación sistemática de todo el texto constitucional».
Así enunciados los componentes esenciales de la doctrina constitucional que delimita las potestades normativas de ordenación del Tribunal Constitucional, la Sentencia objeto de mi disentimiento, al entrar a analizar el nuevo régimen jurídico de la ejecución de las resoluciones dictadas por el Supremo Intérprete de la Constitución, no se atiene o, si se prefiere formular la idea en otros términos, interpreta de una manera notablemente laxa esa doctrina.
Un manifiesto ejemplo de la laxitud con la que la sentencia interpreta el ámbito atribuido constitucionalmente al poder normativo del legislador orgánico resulta apreciable en el fundamento jurídico 9 en el que, tras declarar –en afirmación que no puede dejar de compartirse– que el silencio de la Constitución en materia de ejecución no puede entenderse como un desapoderamiento al Tribunal Constitucional de la potestad de ejecutar y velar por el cumplimiento de sus resoluciones, se afirma, sin ningún tipo de restricción o limitación alguna, que «la forma o el modo en que se pueda articular dicha ejecución … así como la de los instrumentos o medidas puestas a su disposición para garantizar el cumplimiento y la efectividad de aquellas resoluciones» es materia que «el constituyente ha dejado a disposición del legislador orgánico del Tribunal Constitucional ex art. 165 CE».
Es esta una idea que se reitera, incluso con mayor contundencia y holgura, en el fundamento jurídico 10 a) en el que, tras sostenerse que los arts. 161.1 d), 162.2 y 165 CE confieren al legislador orgánico del Tribunal Constitucional «una amplia habilitación para la determinación última de los distintos elementos que lo configuran», se asevera que «en la reserva de ley orgánica del art. 165 CE, cuya amplitud y vocación de complitud impide una interpretación restrictiva de su ámbito material» (cursiva mía), encuentra cobertura, con carácter general, «la regulación de la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional y, en particular, de las medidas previstas para garantizar su cumplimiento y efectividad». Más aún; con la evidente finalidad de evitar dudas sobre la vasta libertad de configuración legal de la materia controvertida, la sentencia cierra la anterior argumentación del modo siguiente: «Las concretas medidas contempladas en el art. 92.4.b) y c) y 92.5 LOTC constituyen, al igual que el resto, instrumentos o potestades puestos a disposición del Tribunal por el legislador para garantizar el debido y efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones». Para concluir con este razonamiento, la resolución de mi discrepancia no dudará en recurrir a un bucle argumentativo: las medidas impugnadas son constitucionales dado que su finalidad, cual es «garantizar la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad» de sus decisiones, «tiene un fundamento constitucionalmente legítimo».
Por lo demás, el fundamento jurídico 10 b) se encarga de eliminar todo resquicio de incertidumbre sobre el alcance de la tesis defendida, certificando que «ningún precepto constitucional impide explícitamente, ni una prohibición de tal índole cabe inferir de los principios que nuestro modelo de jurisdicción constitucional, que el legislador orgánico ex art. 165 CE pueda establecer un proceso incidental que tenga por objeto velar por la efectividad y cumplimiento de las resoluciones del Tribunal y pueda poner a disposición de éste instrumentos o medidas destinados a dicha finalidad, así como que aquel proceso pueda dirigirse y que estos instrumentos o medidas puedan adoptarse en hipótesis en relación con altos órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas cuando sean destinatarios del cumplimiento de aquellas resoluciones» (cursivas mías). Mientras que la primera parte de la certificación transcrita no precisa mayor fundamentación, la segunda se invoca con un lenguaje apodíctico, resultando discutible que de la exactitud de aquella primera pueda hacerse derivar de manera mecánica, incluso aceptando dialécticamente el escenario hipotético evocado, el ajuste constitucional de la segunda. Por este lado, vuelven a emerger con especial intensidad las secuelas de la premisa metodológica a la que obedece el razonamiento de la sentencia; en particular, las que proceden de la renuncia a efectuar una interpretación sistemática de los preceptos impugnados con los preceptos que definen el modelo democrático de Estado.
5. El tercero y último de los ejes que articulan y sostienen la entera argumentación de la Sentencia de mi disenso es el canon de enjuiciamiento aplicable en el recurso de inconstitucionalidad a examen, consistente en un control de carácter abstracto; esto es, en un control «desvinculado de cualquier consideración concreta sobre su aplicación a un específico supuesto de hecho» [FJ 7 b)]. El tan mencionado canon de enjuiciamiento consiste, como hace constar el recién citado fundamento jurídico y se reitera en diversas ocasiones, en verificar la adecuación de los preceptos impugnados «con los mandatos y principios constitucionales supuestamente vulnerados, al margen de su aplicación a casos concretos» [FJ 10 c)].
Desde luego, el recurso a este canon de constitucionalidad para la sustanciación del presente proceso no es discutible, pues el mismo se erige en el obligado parámetro a fin de constatar, en el marco de los recursos de inconstitucionalidad, la regularidad o el ajuste de singulares reglas jurídicas establecidas por disposiciones con rango de ley a las proposiciones normativas enunciadas en la Constitución. Mi distanciamiento de la opinión mayoritaria que sustenta esta resolución no proviene, así pues, de la modalidad o tipo de canon de enjuiciamiento sino, y es ello bien diferente, de la concreta aplicación que del mismo se hace.
El enjuiciamiento que la Sentencia lleva a cabo de la alegada infracción por el art. 92.4.b) LOTC de una pluralidad de principios y preceptos constitucionales ofrece un buen ejemplo del uso desviado que la sentencia hace del control abstracto. La sentencia, en efecto, considera constitucional el referido precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, renunciando, bajo la cobertura del tipo de control impuesto, a verificar la constitucionalidad del completo enunciado normativo de la medida de ejecución ahí instituida. Las dudas de constitucionalidad no traen causa en la potestad conferida al Tribunal Constitucional de acordar en abstracto una medida de suspensión sino de adoptar, igualmente en abstracto, una concreta medida de suspensión, en el ejercicio de sus funciones, aplicable a las autoridades a las que se imputa el incumplimiento de una singular decisión.
Es en este contexto normativo en el que el recurso al canon de constitucionalidad a examen debió de hacer entrar en juego «los principios constitucionales» alegados como vulnerados; y en concreto y por invocar los más relevantes, el principio de separación de poderes, la inviolabilidad y autonomía parlamentarias, la autonomía política de las comunidades autónomas o, en fin, la posición institucional del Tribunal Constitucional en el entramado del modelo democrático de Estado. No se trata de examinar si, en el supuesto hipotético de que el Tribunal Constitucional, en un determinado momento, se encontrara en la tesitura de suspender en el ejercicio de sus funciones a alguna de las más altas autoridades de órganos constitucionales, la medida pudiera resultar o no constitucional.
Pero ello descartado, el uso por la sentencia de un parámetro de constitucionalidad de la naturaleza predicable del control abstracto hubiera obligado a enjuiciar el ámbito aplicativo, subjetivo y objetivo –juicio que habría de haber sido igualmente abstracto–, de la noción de autoridad ex art. 92 b) y, en consecuencia y en razón de esa comprobación, su regularidad constitucional.
Por estas razones, las insistentes alegaciones de la resolución de mi disenso de que será «con ocasión de la aplicación concreta de alguna o algunas de las medidas» controvertidas «cuando procederá examinar entonces su viabilidad» [por ejemplo, FJ 10 b)] resultan, en el contexto en que se desarrolla el razonamiento, de una notable equivocidad, derivada de ser el resultado de un enfoque conceptual parcial e incompleto.
III. Expuesta como ha quedado la crítica al modo de abordar el enjuiciamiento del art. 92.4.b) LOTC, las razones que a mi entender sustentan la inconstitucionalidad de este precepto, en cuanto regula la medida de ejecución consistente en la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, son las recogidas en el Voto particular formulado por la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, al que en este punto me adhiero formalmente.
IV. 1. Discrepo asimismo de la opinión mayoritaria en el juicio de constitucionalidad del art. 92.4 c) LOTC, que desestima el recurso con base en una argumentación que pivota sobre todo en el diferente título legitimador de este mecanismo de ejecución sustitutoria y el que recoge el art. 155 CE. También resulta aquí particularmente visible la ya advertida insuficiencia argumental general de la sentencia a la hora de abordar una cuestión extremadamente delicada por afectar al equilibrio de la arquitectura constitucional, y a la propia posición que en ella ocupa este Tribunal. De la extraordinaria importancia de la cláusula recogida en el art. 155 CE da cuenta toda la doctrina, y de ella se ha podido afirmar que concentra toda la Constitución en la relación entre poderes central y periféricos del Estado, y que encierra la decisión política más trascendente de las previstas en nuestra Carta Magna.
Sin abandonar en ningún momento el control de tipo abstracto propio del recurso de inconstitucionalidad, pero sin olvidar que dicho control no excluye sino que, antes al contrario, impone una interpretación sistemática de la Constitución, por esa sola y poderosa razón el Tribunal hubiera debido analizar en profundidad y en su íntegro contexto el fondo del problema constitucional que plantea este precepto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
2. De haberlo hecho así, en su debido rigor, hubieran aflorado las facetas presentes en la regulación de la medida de ejecución sustitutoria que no podrían considerarse compatibles con la Constitución, o que, al menos, habrían de reputarse inaplicables en atención a la naturaleza de los procesos encomendados al Tribunal Constitucional.
a) Me detengo en primer lugar en los aspectos subjetivos. La medida de ejecución sustitutoria podría afectar a todo tipo «instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares» a quienes se dirige el requerimiento previo según el párrafo inicial del art. 92.4 LOTC. Sin embargo, tal vocación universal es solo aparente o parcialmente inconstitucional, si se repara en los límites materiales que derivan de una interpretación sistemática del bloque de la constitucionalidad.
El círculo constituido por las instituciones y autoridades que forman parte de las Cortes Generales, así como del Poder Judicial, no puede en modo alguno verse afectado por la medida de ejecución sustitutoria sin transgredir un primer límite constitucional. Todos los poderes del Estado emanan del pueblo español (art. 1.2 CE), y sus atribuciones constitucionales no pueden alterarse o menoscabarse a través de la ejecución sustitutoria encomendada al poder ejecutivo, porque ello comporta poner en entredicho los principios de inviolabilidad y autonomía parlamentaria (arts. 66.3 y 72 CE), y de independencia e inamovilidad judicial (art. 117.1 CE).
La posición de los Parlamentos autonómicos está preservada en similares términos en los Estatutos de Autonomía (por citar únicamente el directamente afectado por este recurso, arts. 25.2 y 27 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco: EAPV). Estas normas forman parte del bloque de la constitucionalidad y, en particular, no son susceptibles de modificación por otra vía que la prevista en los propios Estatutos, como consecuencia del carácter paccionado de su elaboración y reforma, lo que les dota de una singular rigidez que se erige en garantía del derecho a la autonomía (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 6).
En el ámbito del poder ejecutivo, la mención a «autoridades» y «empleados públicos» presenta también alguna imprecisión o ambigüedad. Los empleados públicos están sujetos «a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (art. 9.1 CE); pero, además, actúan sometidos al principio de jerarquía (art. 103.1 CE). Es pues difícil concebir que un empleado público incumpla de forma autónoma una sentencia constitucional, sin que la «autoridad» de la que dependa inicie un procedimiento disciplinario y/o tome las medidas adecuadas para remediar esta anomalía. De otro modo, la cúspide identificada como «autoridad» sería la que, en última instancia, aparecería como la responsable del incumplimiento.
La mención a los «particulares» se antoja aquí superflua, incrustada en el precepto legal con una deliberada vocación de convertir en universal un ámbito subjetivo privado de ese rasgo. Francamente resulta difícil imaginar un supuesto en el que pudiera aplicarse a particulares la ejecución sustitutoria regulada en el art. 92.4 c) LOTC.
Esta operación de sucesiva reducción de la aparente amplitud de destinatarios de la ejecución sustitutoria conduce a entender, por tanto, que la medida tiene en realidad un alcance subjetivo mucho más limitado: las «instituciones» o «autoridades» que no formen parte del poder legislativo o judicial. Y procede añadir, ahora una ulterior precisión: que las mismas no formen parte de la órbita del «Gobierno de la Nación», dado que éste es precisamente el órgano llamado por el art. 92.4 c) LOTC a colaborar con el Tribunal Constitucional para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Queda así reducido el ámbito subjetivo de la medida a las instituciones o autoridades pertenecientes a las Comunidades Autónomas o a las entidades locales.
Sin embargo y a la luz de lo dispuesto en la legislación local, en particular, los mecanismos excepcionales regulados en los arts. 60, 61 y 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, parece también razonable descartar que sean las autoridades locales las auténticas destinatarias de esta medida de ejecución, puesto que el ordenamiento jurídico ya dispone de mecanismos suficientes para asegurar el cumplimiento regular del conjunto del ordenamiento jurídico, incluyendo la disolución de los órganos de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales» (artículo 61.1).
Despojada de este modo de su ficticia amplitud, no cabe sino concluir que, en un primer ajuste de constitucionalidad, los destinatarios de la medida de ejecución sustitutoria no podrían ser otros que las instituciones o autoridades de las Comunidades Autónomas, con la inexcusable salvedad de las Asambleas Legislativas, en atención a los principios de inviolabilidad y autonomía parlamentaria.
b) Determinar con exactitud el alcance objetivo de la medida de ejecución sustitutoria hubiera requerido una tarea hermenéutica análoga a la anterior.
La ejecución sustitutoria no tiene cabida como medida para remediar el incumplimiento de las sentencias recaídas en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en el título II LOTC (recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad), puesto que su estimación lleva aparejada la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de «leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley» (art. 31 LOTC) o «norma con rango de ley» (art. 35.1 LOTC). Esto determina la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma considerada inconstitucional; cualquier actuación llevada a cabo en aplicación de la misma sería radicalmente nula, y susceptible de control por la jurisdicción ordinaria. No contradice esta afirmación la existencia de supuestos de nulidad diferida, que son excepcionales. En atención a las circunstancias concurrentes, algunas sentencias recientes (a partir de la STC 164/2013, de 26 de septiembre) han acompañado la fijación de un plazo al legislador, vencido el cual surte efectos la declaración de nulidad.
Tampoco han prosperado «vías indirectas» cuando ha habido controversias competenciales derivadas de la ejecución de una sentencia dictada en un recurso de inconstitucionalidad. Así se pone de relieve en las resoluciones posteriores a la STC 150/2012, de 5 de junio, que inadmitieron tanto los conflictos negativos de competencias como el incidente de ejecución planteados por el Abogado del Estado. En la inadmisión del conflicto negativo de competencia, el ATC 207/2014, de 22 de julio, recuerda que «todos los conflictos de competencias tienen en común una controversia competencial, pero no cualquier desacuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino sólo las que versen sobre la interpretación que debe darse a las normas constitucionales, estatutarias, o delimitadoras de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pues sólo en este caso tienen trascendencia constitucional … ya se trate de la titularidad misma de la competencia o de la forma en que se ha ejercido o ni siquiera se haya llegado a ejercer, debe existir una discrepancia sobre la interpretación de las normas atributivas de competencias del bloque de la constitucionalidad … Con ello, se pretende vedar el acceso al Tribunal Constitucional de pretensiones que hayan sido desatendidas por razones no competenciales o por controversias que, aun siendo de naturaleza competencial, no son, sin embargo, propias de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. De forma que, la simple presencia de cuestiones estrictamente fácticas o, incluso, jurídicas en alguna medida vinculadas con el sistema de distribución de competencias, pero cuya solución no requiera de una interpretación de las reglas competenciales, no permite transformar un conflicto de competencias aparente en una verdadera controversia competencial … En otras palabras, no tienen cabida en este tipo de conflictos las controversias que versan sobre cuestiones materiales o incluso jurídicas, en alguna medida vinculadas con el sistema de distribución de competencias, pero cuya solución no requiere de una interpretación de las reglas competenciales del bloque de la constitucionalidad» (FJ 1). Por su parte, el ATC 120/2015, de 7 de julio, por el que se inadmite el incidente de ejecución de la STC 150/2012, recuerda que el pronunciamiento de inconstitucionalidad tiene un carácter meramente declarativo, sin incidir en la situación concreta que conforma el sustrato de aquel proceso constitucional.
Pasando revista a los recursos de amparo, la vía incidental del art. 92 LOTC está también presidida por las esenciales exigencias de subsidiariedad de la jurisdicción de amparo, como recuerda el ATC 65/2015, de 13 de abril. Es reiterada doctrina constitucional (ATC 1/2009, de 12 de enero, FJ 3, entre otros muchos), que «el ámbito de conocimiento del incidente de ejecución previsto en el art. 92 LOTC ‘‘se circunscribe exclusivamente a determinar si la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con ocasión de un recurso de amparo ha sido correctamente ejecutada, sin que, en modo alguno, pueda extenderse a cualesquiera otras pretensiones mantenidas por la parte recurrente ante la jurisdicción ordinaria’’ (AATC 52/2004, de 23 de febrero, FJ 2, y 323/2008, de 20 de octubre, FJ 2)». En todo caso, si se trata de resoluciones que hayan otorgado el amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales (art. 54 LOTC), no podría ser aplicada la medida de ejecución sustitutoria, en atención al ya mencionado límite infranqueable de los principios de independencia e inamovilidad judicial (art. 117.1 CE).
Sobre la ejecución de un conflicto positivo de competencia, el Tribunal se ha pronunciado estando ya en vigor esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Merece la pena reproducir en lo sustancial dicho criterio, por su cercanía al núcleo del problema constitucional que plantea el art. 92.4 c) LOTC. La STC 95/2016, de 12 de mayo, afirma que por regla general «las decisiones que ponen fin a los conflictos positivos de competencia no requieren medidas de ejecución. Como afirmamos en la STC 110/1983, de 25 de noviembre, FJ 2, las finalidades de un conflicto positivo de competencia son dos: por un lado, ‘‘la determinación de la legitimidad o ilegitimidad constitucional de la disposición o resolución concreta de que se trate’’; por otro, ‘‘la interpretación y fijación del orden competencial y en la determinación de qué competencias pertenecen a qué sujetos, yéndose así más allá de la mera solución del caso concreto origen del conflicto o controversia’’. Por este motivo, el art. 66 LOTC prevé una doble dimensión de la Sentencia constitucional en caso de conflicto. Esta Sentencia debe ‘‘acordar, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de su competencia’’; y, además, debe efectuar un pronunciamiento más general, relativo al orden competencial, ya que, como señala el mismo artículo, en su primer inciso, ‘‘la Sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida’’. La decisión que ponga fin al conflicto positivo de competencias vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos efectos frente a todos, como indican los arts. 164.1 CE y 61.3 LOTC. La especial vinculación que para todos los poderes públicos tienen las Sentencias de este Tribunal no se limita, según doctrina de este Tribunal, al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente fundamentación jurídica, en especial a la que contiene los criterios que conducen a la ratio decidendi (STC 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 4). Como consecuencia, tal como se razonó en la citada STC 110/1983, ‘‘una vez declarada la titularidad de la competencia de que se trate, desaparece su carácter controvertido, por lo que el ejercicio de esa competencia quedará, tanto respecto a la disposición que dio lugar al conflicto, como en ulteriores ocasiones en que tal competencia pueda ejercerse, atribuido y reservado al titular que la Sentencia señale, en virtud de la interpretación que el Tribunal lleve a cabo de las normas reguladoras del reparto competencial’’ » [FJ 8 a)].
c) De la propia naturaleza de la cosa derivan límites complementarios a los anteriores. En primer lugar y para resultar susceptible de ejecución sustitutoria, el fallo de la sentencia habría de contener una obligación de hacer, ámbito característico de esta medida en la legislación procesal ordinaria.
En segundo lugar, la decisión que desencadene la aplicación del art. 92.4 c) LOTC debería constituir un incumplimiento que excediera de las situaciones que pudieran calificarse de ordinarias: las anomalías o retrasos detectados en determinadas fricciones competenciales en las que, pese a los dilatadísimos retrasos que han podido apreciarse en la ejecución de algunas de sus sentencias, el Tribunal ha llamado a las partes a resolver sus diferencias sin demora, pero renunciando a asumir la dirección de la ejecución en vía jurisdiccional. Buena muestra de ello es la ya citada STC 95/2016: «al afrontar en ocasiones la persistencia de situaciones anómalas de disconformidad con la Constitución, este Tribunal ha proclamado el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos (en la STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4, afirmado ese deber como ‘‘un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico’’, y en la STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4, destacado en relación con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas) o el principio de lealtad constitucional que obliga a todos los poderes públicos (en las SSTC 209/1990, de 20 de diciembre, FJ 4; 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 7, y 245/2012, de 18 de diciembre, FJ 26, destacado en relación con las instituciones centrales del Estado). Más en concreto en la STC 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 8, afirmamos ‘‘la necesidad de que, para la plena realización del orden de competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden’’, al entender que ‘‘[e]l Estado de las Autonomías configurado por nuestra Constitución no alcanzará, en esta materia, su diseño acabado en tanto el orden de competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos no alcance plena realización’’. Son palabras plenamente válidas y suficientes para responder a la pretensión ejercitada por la Comunidad Autónoma promotora del conflicto» [FJ 8 b)].
3. Una vez expuestas las sucesivas reducciones subjetivas y objetivas que, por diferentes motivos, han de aplicarse al teórico ámbito de la medida de ejecución sustitutoria del art. 92.4 c) LOTC, o dicho de otro modo, despojada la medida de su ficticio carácter abstracto y genérico, queda de manifiesto su inadmisible solapamiento con lo dispuesto por el art. 155 CE.
En efecto, el verdadero núcleo de aplicación del art. 92.4 c) LOTC, enunciado esta vez en positivo, revelaría sin ambages su nudo propósito: tiene como finalidad sustituir a las instituciones o autoridades de los poderes ejecutivos de las Comunidades Autónomas (i) que incumplan una obligación de hacer contenida en el fallo de una resolución del Tribunal Constitucional recaída en un conflicto de competencia o en una impugnación del título V LOTC, (ii) que exceda de los límites habituales de las controversias dirimidas ante el Tribunal (o si se prefiere, que revista caracteres de especial gravedad o trascendencia constitucional) y (iii) que, en los términos utilizados por la sentencia de la que me aparto, no dé lugar «a la alteración de la posición institucional del Estado y de las Comunidades Autónomas» [FJ 17 b)]. En otras palabras, que no implique el ejercicio de una atribución o competencia que el bloque de la constitucionalidad haya atribuido en exclusiva a las Comunidades Autónomas, en atención a su posición institucional en la organización territorial del Estado.
El inconstitucional solapamiento de la ejecución sustitutoria así concebida con el art. 155 CE se desprende de su contraste con los elementos esenciales del mecanismo diseñado por el constituyente: (i) la genérica expresión Comunidad Autónoma que identifica el ámbito del art. 155 CE sin duda abarca también a las «instituciones» y «autoridades» del poder ejecutivo autonómico; (ii) el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes, primer presupuesto de aplicación del precepto constitucional, comprende per se, evidentemente, el de las resoluciones del Tribunal Constitucional; (iii) el segundo presupuesto, la actuación «de forma que atente gravemente al interés general de España», aunque aparezca formulado en términos alternativos respecto del anterior, parece difícil de concebir sin nexo con «las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes». Dado que entre las obligaciones impuestas por la Constitución la jurisprudencia constitucional ha incluido aspectos implícitos o inherentes como el deber de lealtad o el deber de colaboración, pocas dudas ofrece la conexión entre ambos enunciados del art. 155 CE.
Por la misma razón, también parece difícil concebir que estas situaciones no vengan precedidas de uno o varios pronunciamientos de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal, en su condición de intérprete supremo de la Constitución (art. 1.1 LOTC). Y ya he señalado antes que el incumplimiento de las resoluciones del Tribunal susceptibles de ejecución sustitutoria vía Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha de quedar en buena lógica constreñida a aquellos supuestos que desbordan el ámbito ordinario de las controversias competenciales, y revisten por ello caracteres de especial gravedad o trascendencia constitucional.
En la STC 41/2016, de 3 de marzo, tras calificar la sustitución en el ejercicio de una competencia por incumplimiento como «un control administrativo en sentido técnico», el Tribunal emitió una opinión que, lamentablemente, no se ha visto ratificada por esta sentencia: «en nuestro sistema constitucional no hay más controles administrativos de este tipo que los previstos en el art. 155 CE (para afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados) y en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (ante el incumplimiento de los objetivos de equilibrio y sostenibilidad presupuestaria)» (FJ 16). Sin dejar de recordar, en cuanto a los segundos, los votos particulares formulados a las SSTC 215/2014, de 18 de diciembre, y 101/2016, de 25 de mayo, me interesa ahora destacar que esta previa reflexión también contribuye a apreciar la práctica identidad del presupuesto que activa las medidas reguladas en las dos normas en contraste.
4. Recapitulo. La ejecución sustitutoria del art. 92.4.c) LOTC nos llega revestida de una apariencia de medida de ejecución jurisdiccional de vis neutra, técnica, con el soporte como precedente de la legislación procesal ordinaria, y con ficta vocación de aséptica generalidad. Pero si la sentencia hubiera transcendido la perspectiva meramente formal, para adentrarse en un análisis material, sistemático y teleológico, hubiera sido forzoso apreciar el altísimo grado de coincidencia o solapamiento entre el núcleo real de la medida de ejecución sustitutoria del art. 92.4.c) LOTC y el poder de coerción estatal que el constituyente recogió en el art. 155 CE, que en su génesis parlamentaria quedó configurado como un control político discrecional en las solas manos del Gobierno y del Senado, al quedar descartadas las propuestas que propugnaban la intervención del Tribunal Constitucional en alguna de sus fases. Esta duplicidad, que produce la irrupción del Tribunal en un ámbito reservado por la Constitución a otros órganos constitucionales, es la que pone en entredicho la constitucionalidad del citado precepto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2015.
No puede por ello sorprender la invocación de la primordial STC 76/1983 que, entre otras consideraciones de singular importancia para el presente enjuiciamiento, dedica su fundamento jurídico 4 a los límites intrínsecos de la potestad legislativa del Estado afirmando que «las Cortes Generales, como titulares ‘‘de la potestad legislativa del Estado’’ (art. 66.2 de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites, derivados de la propia Constitución, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de este, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquel».
Como dijera Manuel García-Pelayo, primer Presidente del Tribunal Constitucional conformado por la Constitución de 1978, en realidad todas las competencias del Tribunal tienen como sentido custodiar esta división primaria de la separación de poderes. En mi opinión, y con esto concluyo, hay que lamentar que, en un asunto de esta trascendencia, la sentencia de la que me aparto no haya cumplido debidamente con esta finalidad, que no es exagerado calificar de legitimadora de la propia existencia del Tribunal Constitucional.
V. Para terminar, deseo hacer mía y transcribir la conclusión con que se cierra el Voto particular a esta misma Sentencia, elaborado por la Vicepresidenta y ponente originaria del presente recurso de inconstitucionalidad, y que dice así: «a mi disentimiento se une una nota amarga por no haberse logrado dictar una sentencia susceptible de ser suscrita por todos los magistrados, al priorizarse, por encima de otras consideraciones, la celeridad en la aprobación de una sentencia desestimatoria».
En tal sentido formulo el presente Voto particular.
Madrid, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 229-2016
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo. Considero que debería haber sido estimatorio en relación con la impugnación del artículo 92.4.b) y c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre.
Planteamiento.
1. El objeto de este recurso de inconstitucionalidad es determinar si la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, en determinados preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la pretensión de reforzar sus capacidades de ejecución ante el eventual incumplimiento de sus resoluciones, vulnera determinados preceptos constitucionales. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia da una respuesta negativa a esta cuestión y, por ello, ha desestimado en su integridad este recurso.
Mi discrepancia con esta opinión se produce en relación con los siguientes aspectos generales: (I) los límites a la configuración del legislador orgánico en la regulación del Tribunal Constitucional y el correlativo alcance e intensidad del control de constitucionalidad que corresponde al propio Tribunal en los casos en que la norma impugnada sea la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; y (II) la decisión de posponer el análisis del recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Catalunya en relación con esta misma normativa y, por tanto, descontextualizar el estudio de este recurso.
Mi discrepancia se produce también en relación con los siguientes aspectos particulares: (III) la configuración materialmente sancionadora dada a la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos en el art. 92.4.b) LOTC; y (IV) el conflicto que la regulación de la ejecución sustitutoria establecida en el art. 92.4.c) LOTC tiene con el modelo constitucional de control del art. 155 CE, que hubiera debido determinar la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de ambos preceptos.
I. Sobre los límites a la configuración del legislador orgánico en la regulación del Tribunal Constitucional y el correlativo alcance e intensidad del control de constitucionalidad que debe desarrollarse en los casos en que la norma impugnada sea la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
2. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia ha tomado como doble premisa básica del control constitucional que debe llevarse a cabo en este recurso las ideas, ya expuestas en la STC 49/2008, de 9 de abril, en el sentido de que cuando el Tribunal Constitucional ha de analizar la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como única ley a la que está íntegramente sometido de acuerdo con el art. 1.1 LOTC, debe tomar en consideración que (i) el legislador orgánico goza de una libertad de configuración cuyos límites materiales y formales son los establecidos en las reservas y contenido de título IX de la Constitución y en la interpretación sistemática de todo el texto constitucional; y (ii) el control que procede llevar a cabo debe limitarse a los casos en que existe un conflicto evidente e insalvable entre la regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional enjuiciada y el texto constitucional para evitar situar al Tribunal en una posición que no se corresponde con el papel que cumple la reserva contenida en el art. 165 CE de que sea el legislador quien, a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, desarrolle directamente y con vocación de completitud (el texto dice «complitud») el título IX CE. Además, (iii) se ha incurrido en una actitud elusiva para reducir el nivel de densidad del control de constitucionalidad realizado maximizando el carácter abstracto del control y la exigencia de la carga de fundamentación que compete a los recurrentes.
Los Votos particulares formulados por la Vicepresidenta de este Tribunal y por el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré se han extendido en una, a mi juicio, fundada crítica a esta doble premisa y a la actitud elusiva en la que se incurre que, en lo esencial, comparto. A ambas críticas, que hago mías, me remito. En todo caso, creo preciso enfatizar determinados aspectos de mi discrepancia con la asunción por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia de la doctrina establecida en la STC 49/2008, que considero que debía haber sido o bien expresamente reconsiderada por el Pleno de este Tribunal o bien, como ha sucedido en otras ocasiones no infrecuentes con resoluciones de este Tribunal, dejada en el olvido jurisprudencial por desuetudo [desuso], evocando el concepto propuesto por A. Bickel.
3. No existe ningún argumento razonable para considerar que el legislador orgánico, cuando establece la regulación del Tribunal Constitucional, disponga de una mayor libertad de configuración que cuando establece cualquier otro desarrollo normativo. El legislador orgánico, por mandato expreso del art. 165 CE, está llamado a regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones con idénticos límites que cuando regula cualquier otro órgano constitucional u otra institución: el respeto de la Constitución. Dentro de ese límite cuenta con la misma libertad de configuración para regular el Tribunal Constitucional que cualquier otra institución. Por tanto, el Tribunal Constitucional, ya juzgue su propia Ley u otras leyes, debe ejercer el control de constitucionalidad en los mismos términos y no con parámetros debilitados.
La circunstancia de que el Tribunal esté vinculado solo a la Constitución y a su Ley Orgánica no es un argumento que permita concluir que el control del Tribunal sobre la constitucionalidad de su propia Ley deba ser menos intenso que el que ejerce en relación con las otras leyes. Esa posición implicaría una correlativa habilitación al legislador orgánico para debilitar su sometimiento a la Constitución en la regulación legal del Tribunal Constitucional. Esta habilitación no se desprende de la reserva de ley que contiene el art. 165 CE ni es compatible con la configuración constitucional del Tribunal Constitucional.
Al contrario, considero que la invocada libertad de configuración del Poder Legislativo debe ser objeto de un singular escrutinio por parte del Tribunal Constitucional en los casos en que la regulación recae sobre cuestiones o aspectos que inciden en materias sobre las que ya existe una previa configuración por parte del Poder Constituyente, como ocurre, paradigmáticamente, con los órganos constitucionales. A estos efectos, resulta de interés recordar como ya desde muy temprana jurisprudencia el Tribunal contempló esta situación y alertó sobre la especial función de control que debía desarrollar en estos supuestos, afirmando que «las Cortes Generales, como titulares ‘‘de la potestad legislativa del Estado’’ (art. 66.2 de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites, derivados de la propia Constitución, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél» (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4).
4. Del mismo modo, y aunque no sea un argumento utilizado expresamente por la STC 49/2008 ni por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, tampoco la circunstancia de que el Tribunal Constitucional tenga que autoenjuiciar el respeto a su configuración constitucional por parte del Poder Legislativo resulta justificante para debilitar su posición de control de constitucionalidad.
Puede resultar sugerente sostener la premisa de que en este tipo de enjuiciamientos el Tribunal Constitucional asumiría el doble papel de juez y parte, lo que le debería llevar a una especie de sumisión a los designios del Poder Legislativo por las dudas que podrían plantearse sobre su imparcialidad.
No comparto esta visión. Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional en casos en que habría que enjuiciar actos desarrollados por el propio Tribunal o debían resolverse recusaciones de buena parte o de todos sus Magistrados, la singular naturaleza del Tribunal Constitucional y la necesidad de que no se llegue a resultados absurdos o gravemente perturbadores que le impidan cumplir con las funciones que tiene constitucionalmente asignadas puede suponer que en determinadas circunstancias deba sacrificarse una estricta comprensión del principio de imparcialidad jurisdiccional (así, STC 47/2011, de 12 de abril, FJ 3, y ATC 351/2008, de 4 de noviembre, FJ 1). Este sacrificio, sin embargo, no consiente una mayor holgura del Poder Legislativo en su estricta sumisión a la Constitución en la regulación de otro de los órganos instituidos por el propio Poder constituyente cuya función es, precisamente y entre otras, garantizar la vigencia de la Constitución en el desarrollo de la labor legislativa. A la inversa: se admitirse así, se incurre en el defecto denigrado por Dworkin cuando denuncia las posiciones populistas favorables al predominio del Poder Legislativo sobre la judicial review [revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes]: se pide que quienes ostentan el poder político sean jueces exclusivos de sus propias decisiones; que juzguen si tienen derecho a hacer lo que han decidido que quieren hacer.
5. En íntima conexión con la anterior reflexión sobre el singular control que está llamado a desarrollar el Tribunal Constitucional en este tipo de supuestos, también debo mostrar mi discrepancia con lo que puede ser calificado como una actitud elusiva en la que incurre la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia para reducir el nivel de densidad del control de constitucionalidad que debe desarrollarse.
Esta actitud elusiva ha consistido en (i) incidir en que el tipo de control que debe ejercer el Tribunal sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es exclusivamente un control abstracto de constitucionalidad y no político o de oportunidad o de calidad técnica, asumiendo con ello de nuevo una idea ya presente en la STC 49/2008; y (ii) abusar del argumento de que no puede juzgarse lo que no se argumenta para eludir el análisis de aspectos que estaban en la raíz de las objeciones constitucionales que se hacían a la novedosa regulación de las potestades otorgadas al Tribunal Constitucional para la ejecución de sus resoluciones en caso de incumplimiento.
6. Con carácter general, el control abstracto de constitucionalidad es el que debe desarrollarse en relación con cualquier enjuiciamiento y no es específico del control de constitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ahora bien, lo problemático es que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha utilizado esa idea de lo «abstracto» para no tener que afrontar diversas y «concretas» cuestiones interpretativas que plantean estas novedosas potestades de ejecución asignadas por el Poder Legislativo al Tribunal Constitucional. La nota de abstracción del control de constitucionalidad que debe desarrollar el Tribunal en aquellos procedimientos que tienen por objeto la confrontación de normas significa, en contraposición con la labor desarrollada en la jurisdicción de amparo, que su análisis se hace con independencia de un concreto acto aplicativo. De igual modo, la idea de que el control de constitucionalidad no es de oportunidad, político o de corrección técnica también adquiere todo su sentido en atención al amplio margen que tiene el Poder Legislativo en el desarrollo de sus potestades dentro del marco constitucional.
Ninguna de estas notas propias del control de constitucionalidad y, especialmente, la de abstracción, impide que el Tribunal Constitucional deba entrar en el análisis de todas aquellas cuestiones interpretativas planteadas por los legitimados para la impugnación constitucional de la norma impugnada. Tampoco permite diferir temporalmente el análisis de esos problemas interpretativos a su eventual aplicación futura en casos concretos. De hecho, no son infrecuentes los casos en que el Tribunal, como otros Tribunales Constitucionales, desarrollan su control abstracto precisamente en relación con las diversas interpretaciones y situaciones aplicativas que pudieran llegar a plantearse para, en su caso, excluir aquellas que pudieran resultar inconstitucionales. Es más, hay supuestos, como el presente, en que su singularidad lo que propicia es que deba articularse un análisis especialmente extenso e intenso en este marco del control abstracto respecto de las posibilidades interpretativas y aplicativas de la normativa impugnada. Las razones para ello se basan en este caso no solo en elementales cuestiones de seguridad jurídica, sino en que la aplicación de una concreta medida de ejecución pro futuro plantea el problema del necesario control jurisdiccional de la decisión desde la perspectiva de la restricción de los derechos afectados. En esta circunstancia resulta especialmente problemático imaginar el escenario de un nuevo control de constitucionalidad por este Tribunal al que puede obligar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley planteada por el propio Tribunal Constitucional ante sí mismo (la llamada, en el lenguaje propio del Tribunal, cuestión interna). A ello parece invitar, sin embargo, la opinión mayoritaria en que se sustenta la sentencia al diferir ad futurum aquellos problemas interpretativos.
En efecto, el presente recurso de inconstitucionalidad versa sobre la potestad otorgada al Tribunal Constitucional de adoptar medidas para garantizar la ejecutividad de sus decisiones ante un eventual incumplimiento. Algunas de estas medidas, por su propia naturaleza, inciden en aspectos relevantes de la esfera de derechos e intereses de autoridades y empleados públicos. La circunstancia de que esas medidas deban ser adoptadas, precisamente, por el Tribunal Constitucional y en el marco de su función jurisdiccional implica la imposibilidad jurídica de que puedan ser controladas –a salvo de instancias internacionales– por ningún otro órgano de conformidad con la propia posición constitucional de este Tribunal y lo establecido en el art. 4 LOTC. En relación con ello, si la aplicación de estas medidas no es susceptible de ningún tipo de control judicial, ni tampoco mediante la jurisdicción de amparo, resulta difícilmente concebible de qué manera se podría acceder en un futuro a un control de constitucionalidad por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad.
No se puede desconocer que, tal como expone la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, estas medidas de ejecución se deben adoptar dentro de un procedimiento –normalmente en el marco de un incidente de ejecución– y de que en dicho incidente el Tribunal Constitucional podría, bien a instancia de parte, bien de oficio, plantear una cuestión interna de inconstitucionalidad. Sin embargo, una vez declarada la constitucionalidad de esta regulación, las posibilidades de combatir su constitucionalidad difícilmente podrán vincularse a la naturaleza de dichas medidas ante la apariencia de decisión definitiva con que se revisten las sentencias de constitucionalidad, lo que debilita hasta descender al nivel de la falacia la hipótesis defendida por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia. Por otra parte, habiéndose configurado legalmente como verdaderas potestades del Tribunal Constitucional, tampoco en el marco de ese incidente de ejecución se podría optar por su no ejercicio por razones de oportunidad. Una vez determinada la existencia del incumplimiento, ninguna posibilidad elusiva tiene el Tribunal Constitucional para no adoptar una de ellas. El único margen de discrecionalidad con el que cuenta es, dentro de un necesario juicio de proporcionalidad, seleccionar la medida de ejecución que debe adoptarse. Constituye una grave distorsión pensar que el Tribunal, una vez reconocidas las potestades de ejecución que la Ley le atribuye «puede o no» ejercitarlas; la realidad es que «debe» ejercitarlas si concurren los presupuestos para ello. No recordaré la teoría sobre la potestad como derecho-deber de ejercicio reglado y vinculante.
7. En conclusión, hay que rehuir el riesgo de la falacia argumental. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, bajo la apariencia de la neutral aplicación de la doctrina según la cual el control de constitucionalidad no puede extenderse por su carácter abstracto a todos los supuestos interpretativos y aplicativos, argumenta que se deja una válvula de escape en la eventual posibilidad de un futuro control cuando se haga una aplicación efectiva de las mismas. Pero lo que realmente se hace es blindar absolutamente estas potestades con el efecto pragmático de que nunca más puedan volver a ser objeto de un control abstracto. Si además, como efectivamente ocurre, ese control se debilita, eludiendo entrar en aspectos esenciales de la impugnación constitucional de esta normativa con un argumento formal sobre el incumplimiento de la carga de fundamentación que incumbe al recurrente, se comprenderán las razones por las que abogué y me esforcé en la deliberación –con todo el énfasis de que fui capaz, pero sin éxito– por propiciar un estudio más profundo de este asunto que, acaso –estoy convencido de ello– pudiera haber llevado en un tema de tan capital importancia a una posición común. Creo lícito formular esta observación, más fundada en el sentimiento que en la razón, cuando observo que, desde su destacada posición institucional, la Vicepresidenta de este Tribunal hace referencia en su voto particular a la «nota amarga por no haber logrado convencer de la importancia, también en este caso, de dictar una sentencia susceptible de ser suscrita por todos los magistrados, habiéndose priorizado, por encima de otras consideraciones, la celeridad en la aprobación de una Sentencia desestimatoria».
II. Sobre la decisión de posponer el análisis del recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Catalunya contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, y no contextualizar la normativa impugnada.
8. La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha sido objeto de dos recursos de inconstitucionalidad. El primero, tramitado con el núm. 7466-2015, fue planteado por la Generalitat de Catalunya y registrado en este Tribunal el 30 de diciembre de 2015. El segundo, tramitado con el núm. 299-2016, fue el planteado por el Gobierno del País Vasco y registrado en este Tribunal el 15 de enero de 2016, que es el que ha dado lugar a la presente resolución de la que ahora discrepo. Con carácter general, y sin perjuicio de un prudente margen de discrecionalidad en la ordenación del estudio de los recursos, parece razonable que, ante la diversidad de recursos de inconstitucionalidad planteados contra una misma norma, o bien se ordenen de manera temporal o, al menos, se haga un estudio acumulado o, en su caso, simultáneo. Ese no ha sido el caso de la Ley Orgánica 15/2015, en que se ha decidido abordar en primer lugar el análisis del último de los recursos planteados –el del Gobierno del País Vasco–, en detrimento del primero –el de la Generalitat de Catalunya–.
Considero, todavía dentro de mis discrepancias con el planteamiento general con el que se ha abordado este recurso, que no solo por razones de prioridad temporal, sino, especialmente, por estar muy singularmente concernida, el análisis debía de haber comenzado por el recurso planteado por la Generalitat de Catalunya. En su defecto, creo que, al menos, no hubiera debido utilizarse el argumento de la falta de sustento argumentativo del recurso soslayando en el análisis la valiosa información que puede y debe aportar la contextualización de la norma cuya constitucionalidad se estudiaba en este recurso.
9. El preámbulo de la Ley Orgánica 15/2015, en un intento de exposición aséptica de la justificación de la aprobación de esta normativa, se limita a mencionar que «[s]i bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real». No es difícil adivinar, sin embargo, que esas nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la efectividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional están en directa relación con diversas decisiones adoptadas por la Generalitat y, especialmente, por el Parlament de Catalunya.
Tampoco la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha hecho expresa la conexión de la norma impugnada con la situación en Catalunya. La necesidad, tan reiterada por esa misma opinión mayoritaria, de proyectar un análisis abstracto sobre las cuestiones planteadas en el recurso no son un obstáculo para que este Tribunal Constitucional hubiera reconocido a efectos de su contextualización la génesis y, en conexión con ella, la finalidad perseguida por la norma. Las interpretaciones subjetiva y teleológica son criterios de singular importancia en el examen de la norma. En este caso, como se pondrá de manifiesto más adelante, sin tener en cuenta ambos criterios se soslaya una información muy relevante para dilucidar, por ejemplo, el carácter materialmente sancionador de la nueva medida de suspensión contenida en el art. 92.4.c) LOTC; o la profunda alteración que en el sistema de contrapesos diseñados por la Constitución supone la nueva regulación de la ejecución sustitutoria establecida en el art. 92.4.c) LOTC.
10. La labor de un Tribunal Constitucional no puede hacerse eludiendo el contexto socio-político en que se desarrolla la legislación cuya constitucionalidad tiene la obligación de enjuiciar cuando es requerido para ello. No hay duda de que la vocación de la legislación es la abstracción de sus postulados y su proyección y pervivencia en el tiempo. Un flaco favor se hace a la alta función encomendada a la jurisdicción constitucional si en su ejecución, por un prurito en exceso formalista, se ignora la propia vitalidad del ordenamiento y su permeabilidad a los problemas y debates sociales y de todo tipo que se producen en torno a su desarrollo. Ocultar el contexto justificativo de una concreta normativa en nada ayuda a resolver sobre su eventual constitucionalidad. Partir de que la norma, una vez que entra en vigor, queda limpia de cualquier pecado original que pueda estar en su génesis es ignorar que aquel defecto frecuentemente queda grabado en su propia esencia y la acompaña como una sombra o como una luz durante su vigencia. Esa es la razón por la que en diversos supuestos –solo citaré a modo de ejemplo el control que se desarrolla sobre la concurrencia del llamado presupuesto habilitante de los decretos-leyes– la jurisprudencia constitucional acude a los trabajos parlamentarios en busca de información y argumentos para sustentar su posición.
En ese caso es de lamentar que no se haya hecho así por parte de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia. Pero esto no es un obstáculo para que en el marco de este voto particular se incida en este contexto por la relevancia que, como ya he dicho, va a tener en el concreto análisis de determinadas medidas de ejecución impugnadas.
11. La Ley Orgánica 5/2015 tiene su origen en una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso durante la X Legislatura. La lectura de la defensa que de esta proposición de ley hizo el representante de ese grupo parlamentario en su toma de consideración ante el Congreso de los Diputados y todo el debate que posteriormente se desarrolló en aquella sesión (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados –Pleno y Diputación Permanente– núm. 306, de 16 de septiembre de 2015, págs. 102 a 134) pone de manifiesto que la génesis de esta reforma legislativa está en indubitada conexión con lo que ha venido a denominarse el «procés constituent a Catalunya» y que su finalidad exclusiva es dotar al Tribunal Constitucional de los instrumentos necesarios para hacer frente a lo que se considera el desafío que supone el incumplimiento de sus resoluciones por parte de esta Comunidad Autónoma.
La intervención del representante del grupo parlamentario promotor de esta iniciativa legislativa no deja lugar a dudas. Menciona que «es la realidad la que nos ha demostrado que el grado de incumplimiento y de desacato a sus resoluciones [del Tribunal Constitucional] ha ido paulatinamente en aumento y, por qué no decirlo, esta situación ha ocurrido casi simultáneamente al desarrollo del movimiento independentista creado en Cataluña, cuyo objetivo único es el de destruir España». Junto a ello, afirma que los casos de incumplimiento son numerosos y evidentes, poniendo de manifiesto «[e]n primer lugar, la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, paradigmático en relación con la utilización predominante del catalán y la exclusión del castellano como lengua vehicular también en el territorio de la enseñanza, lo que ha provocado que muchos padres hayan renunciado a su derecho a que se escolarice a sus hijos en castellano por la presión que cada día ejerce el nacionalismo excluyente y virulento del que hemos tenido conocimiento hoy mismo en algunos periódicos que sonrojan de vergüenza. Y otros casos son la Ley catalana de veguerías, la suspensión de la convocatoria de referéndum por parte de la Generalitat el 9 de septiembre de 2014 o la impugnación del Comisionado para la Transición Nacional. Del mismo modo, el 11 de junio pasado el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del denominado proceso de participación ciudadana y esta misma semana el Tribunal Constitucional ha ordenado la suspensión de la prevista dotación de medios que la Generalitat había acordado para la Agencia Tributaria catalana… En todos estos casos la Generalitat de Catalunya ha puesto y está poniendo de manifiesto una única actitud: el incumplimiento como respuesta, el desacato como conducta y la deslealtad institucional como bandera. Y todo ello para avalar una pretendida afirmación nacional basada en el victimismo inmoral del falso agravio». Ningún otro incumplimiento, estatal o de cualquier otra Comunidad Autónoma es enunciado como justificativo de la necesidad de esta reforma.
Insisto en que un contexto tan marcadamente significado y vinculado con Catalunya como el que demuestra la norma impugnada hubiera merecido, y no solo por su prioridad temporal, bien no posponer el análisis del recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Catalunya contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre; bien, en su defecto, no eludir la debida contextualización de la normativa impugnada.
III. Sobre el carácter materialmente sancionador de la suspensión de funciones de las autoridades o empleados públicos en el art. 92.4.b) LOTC.
12. El Gobierno del País Vasco ha controvertido en su recurso el carácter materialmente sancionador de la medida de suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos introducida en el art. 92.4.b) LOTC por la norma impugnada. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha rechazado este planteamiento incidiendo en que esta medida tiene como exclusiva finalidad remover el obstáculo que la manifiesta voluntad incumplidora de la autoridad o empleado público supone para la efectividad de dicha resolución y está limitada, por ello, al tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.
El Voto particular formulado por la Vicepresidenta de este Tribunal ha desarrollado una completa argumentación sobre este particular en que, exponiendo tanto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las llamadas reglas Engel, como los criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, se fundamenta con singular solidez el carácter materialmente sancionador de esta concreta medida. Me remito a esa exposición, que hago mía. No obstante, creo preciso incidir en algunos argumentos adicionales.
13. El art. 92.4.b) LOTC establece que el Tribunal Constitucional, una vez advertido el incumplimiento total o parcial de su resolución podrá adoptar, entre otras, la decisión de «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». En defecto de un desarrollo legislativo más específico en cuanto a los concretos presupuestos habilitantes y precisos límites subjetivos, objetivos y temporales en que podría adaptarse la medida de suspensión considero que no pueden enervarse los riesgos ciertos de considerar que materialmente se está ante una medida de naturaleza sancionadora y que, como tal, podría ser utilizada por este Tribunal Constitucional en caso de incumplimiento de sus resoluciones por parte de una autoridad o empleado público.
Una primera idea en la que sustento esta opinión es la propia génesis de la norma. Los debates parlamentarios no despejan las dudas sobre la intención de dotar de una naturaleza materialmente sancionadora a estas medidas, sino que lo reafirman. De nuevo transcribo una parte de la intervención del portavoz del grupo parlamentario proponente de la iniciativa que, sin modificación alguna, ha dado lugar a la normativa ahora analizada para sustentar esta afirmación: «[d]e este modo, cuando el Tribunal Constitucional, señorías, solicita en un fallo una acción positiva por parte de un poder público y este responde con una consciente inactividad, se produce el incumplimiento y el desacato por su explícita negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, ya sea a través de la omisión dolosa de lo exigido o simplemente rehusando proceder a la derogación de la ley o actos autonómicos reprobados por el Tribunal Constitucional». Expresiones como desacato u omisión dolosa son evocadoras de conductas antijurídicas e inciden directamente en la idea de lo penalmente ilícito. Si este es el marco en que los autores de la iniciativa parlamentaria han propuesto esta nueva normativa, creo que están justificadas todas las cautelas respecto de la finalidad sancionatoria que en su génesis aparentan tener estas medidas.
También es de destacar que si la pretensión era hacer una traslación a la función jurisdiccional de este Tribunal de las medidas de ejecución previstas en la normativa procesal, a cuyos efectos se ha modificado también el art. 80 LOTC para establecer que en materia de ejecución de resoluciones se aplicará con carácter supletorio los preceptos de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, la posibilidad de la suspensión de funciones no se establece como una posible medida de ejecución en dicha normativa. Por el contrario, cuando se encuentra este tipo de medidas suspensivas en el ordenamiento jurídico se hace en el marco de regulaciones disciplinarias administrativas y, desde luego, como sanción propiamente penal ante la comisión de delitos por parte de autoridades y empleados públicos. Este es otro elemento difícil de soslayar cuando se indaga sobre el eventual carácter sancionador de la medida.
14. En segundo lugar, a pesar del esfuerzo de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en delimitar esta medida para minimizar los riesgos de que se identifique con una consecuencia materialmente sancionadora, no solo no se ha conseguido, sino que se ha introducido una más que preocupante distorsión en su aplicación al intentar clarificar sus perfiles jurídicos, que pone en evidencia una funcionalidad puramente represiva.
En efecto, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia afirma que «es una medida que habrá de levantarse tan pronto como cese la voluntad incumplidora de la autoridad o empleado público responsable del cumplimiento de la resolución». La referencia explícita al cese de la voluntad incumplidora de la autoridad o empleado público como uno de los criterios para el levantamiento de la medida pone de manifiesto que para esta opinión mayoritaria la finalidad de esta medida de suspensión puede no ser exclusivamente la de remover un obstáculo para la ejecución de la resolución incumplida a través de la suspensión puntual de la autoridad o empleado público incumplidor mediante su sustitución por otro que posibilite la ejecución de la resolución constitucional, sino conseguir doblegar la voluntad incumplidora. Ese objetivo, nuevamente, redunda en aspectos que la alejan de una pura medida de ejecución y la acercan a medidas sancionatorias en que lo relevante no es garantizar la ejecución de la resolución incumplida, sino la de adoptar una consecuencia jurídica en represión por una conducta renuente al cumplimiento de la resolución. Además, vendría a permitir, profundizando también en su carácter represivo, que esa medida de suspensión se torne en temporalmente ilimitada al vincularse no a que se haya ejecutado definitivamente la resolución incumplida, sino a la necesidad de que la autoridad o empelado público cese en su voluntad incumplidora. En última instancia, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia viene a posibilitar que esta medida se adopte como un mecanismo para doblegar la voluntad de la autoridad o empleado público incumplidor mediante la suspensión en sus funciones.
15. Más allá de las anteriores reflexiones, considero que una regulación legislativa más precisa en sus contornos o, al menos, una posición de este Tribunal más exigente y contundente en cuanto al establecimiento de límites claros para su aplicación podrían haber posibilitado despejar las dudas sobre su verdadera naturaleza como una medida de ejecución. Esta opción hubiera sido posible de haberse condicionado la aplicabilidad de esta medida, al menos, a las exigencias de que (i) el incumplimiento recayera en una obligación de hacer; (ii) que su exclusiva finalidad fuera la de posibilitar que un sustituto pudiera adoptar las decisiones necesarias para la ejecución de la resolución constitucional que estuviera siendo incumplida; y, en conexión con ello, (iii) que la suspensión lo fuera exclusivamente en relación con esa concreta función para la que deba ser sustituido; y (iv) por el tiempo estrictamente preciso para que el sustituto pudiera desarrollar esa labor.
No obstante, incluso con esas limitaciones creo que esta medida difícilmente puede desprenderse de su halo sancionatorio. El recurso a la suspensión de funciones como medida de ejecución resulta desproporcionado. Aun limitando esta medida a las obligaciones de hacer, la capacidad de ejecución de este Tribunal frente a su incumplimiento podría quedar siempre garantizada con la posibilidad de dictar una resolución jurisdiccional con carácter ejecutivo como ya ocurre en la jurisdicción ordinaria en relación con el incumplimiento de alcaldes de la obligación positiva de convocar los Plenos del Ayuntamiento para debatir sobre la moción de censura planteada contra ellos. Este antecedente es demostrativo de que una medida como la controvertida es innecesaria y desproporcionada en cuanto a su mera función de medida de ejecución y que, por tanto, siempre hace emerger de manera permanente un componente sancionador subyacente del que es difícil que se desprenda.
IV. Sobre la alteración del modelo constitucional de control del art. 155 CE por la regulación de la ejecución sustitutoria establecida en el art. 92.4.c) LOTC.
16. El Gobierno del País Vasco también ha controvertido en su recurso la regulación de la ejecución sustitutoria establecida en el art. 92.4.c) CE al considerar que implica una alteración del modelo constitucional de control del cumplimiento por las Comunidades Autónomas de las obligaciones que les impone la Constitución u otras leyes previsto en el art. 155 CE. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha rechazado ese planteamiento incidiendo en que el título legitimador de la intervención estatal del art. 155 CE y la del mecanismo de ejecución sustitutoria prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional son diferentes.
El Voto particular formulado por el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré ha desarrollado una prolija argumentación sobre esta cuestión destacando no solo el solapamiento de las medidas de ejecución sustitutorias con las medidas previstas en el art. 155 CE, sino la práctica inaplicación en que queda el art. 155 CE tras la nueva regulación del art. 92.4 c) LOTC. Me remito a esa exposición, que hago mía. No obstante, creo preciso incidir en algunos argumentos adicionales.
17. El art. 92.4.c) LOTC establece que el Tribunal Constitucional, una vez advertido el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar, entre otras, la decisión de la ejecución sustitutoria de sus resoluciones, pudiendo requerir para ello «la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones». Por su parte, el art. 155.1 CE establece que, «[s]i una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan … el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
Es difícilmente imaginable la posibilidad de articular el mecanismo del art. 155 CE sin que haya una verificación del incumplimiento de la Constitución por parte de la Comunidad Autónoma mediante resoluciones del Tribunal Constitucional que así lo pongan de manifiesto mediante la suspensión o la anulación de los actos autonómicos (entre otras razones, porque el Gobierno dispone de la facultad de provocar la suspensión automática por el Tribunal de las disposiciones autonómicas impugnadas). Partiendo de esa base, ambos preceptos diseñan modelos de intervención frente al incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de una Comunidad Autónoma divergentes. Cualquiera de ellos resulta asumible desde una perspectiva sustantiva. Pero esta no es la cuestión. Lo controvertido es si el modelo desarrollado por el legislador orgánico en el marco de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional implica una alteración tal del modelo diseñado por la Constitución que lo haga imposible de reconducir e incompatible con este. En ese caso, se pondría de manifiesto que el legislador orgánico se ha colocado en el mismo plano del Poder constituyente realizando actos propios de este al mutar la voluntad y racionalidad del Poder constituyente objetivadas en la Constitución en la regulación específica de este tipo de conflictos.
18. El modelo establecido en el art. 92.4.c) LOTC resulta incompatible con el diseñado por el Poder constituyente. La principal divergencia entre ambos, que es en la que me quiero concentrar en este voto particular, es que el modelo del art. 155 CE toma como base la idea de que el conflicto ha de ser resuelto, prima facie, por instancias políticas; y, por el contrario, el del legislador orgánico en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está presidido por la idea de la jurisdiccionalización de la reacción estatal por medio del Tribunal Constitucional.
Al Poder constituyente corresponde establecer los poderes constituidos, sus funciones, las garantías para su desarrollo y también decidir sobre los mecanismos para la resolución de los eventuales conflictos que pudieran producirse entre ellos, y especialmente entre los órganos constitucionales. En el plano de la organización territorial del Estado, el Poder constituyente decidió objetivar que el eventual incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de una Comunidad Autónoma debía resolverse, quizá en atención a la propia naturaleza esencialmente política del conflicto, a través de mecanismos políticos y no jurisdiccionales. De ese modo, el art. 155 CE da todo el protagonismo a las instituciones políticas implicadas, dejando no solo la iniciativa sino incluso la decisión última respecto de la conveniencia de adoptar alguna medida a esas instituciones políticas.
En el diseño constitucional, el Gobierno del Estado, como órgano constitucional, es quien, en primer lugar y con carácter prioritario, se instituye como garante del cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas de sus obligaciones constitucionales –incluyendo, desde luego, las que se pongan de manifiesto con ocasión del incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional, que también tiene, desde este punto de vista, el carácter de órgano constitucional–. Y en ese mismo diseño constitucional se establecen los mecanismos a través de los cuales el Gobierno del Estado debe desarrollar esa función de garante, señalando que es él a quien corresponde tomar la iniciativa escalonando su respuesta mediante un previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma incumplidora y, en caso de desatención, recabando la autorización de la mayoría absoluta del Senado, como Cámara de representación territorial del Estado, para la adopción de las medidas de ejecución sustitutivas que garanticen el cumplimiento forzoso de las obligaciones constitucionales por la Comunidad Autónoma incumplidora.
Solo en una segunda fase el Tribunal Constitucional, en su caso, podría someter a control de constitucionalidad dichas medidas a través de los procedimientos jurisdiccionales previstos en el art. 161 CE y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto es, en el modelo constitucional se respeta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional mantenga la posición arbitral en los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, incluyendo los supuestos de adopción de las medidas del art. 155 CE, permitiendo su participación en un segundo plano de modo que no se comprometa su posición constitucional.
19. La configuración de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ahora impugnada altera de manera sustancial este diseño constitucional y los equilibrios procurados por el Poder constituyente entre los distintos órganos constitucionales al enfrentar este tipo de conflictos. En primer lugar, pone en un plano de prioridad al Tribunal Constitucional, que es al que correspondería decidir sobre (i) la existencia del incumplimiento; (ii) las medidas que deben adoptarse; y (iii) requerir al Gobierno y dirigir su actuación para asegurar el debido cumplimiento de sus obligaciones constitucionales por parte de la Comunidad Autónoma incumplidora. Pero, en segundo lugar, paradójicamente, coloca también al Tribunal Constitucional en un plano de subordinación al Gobierno, habida cuenta de las posibilidades de iniciativa con que este cuenta en el marco de los procedimientos constitucionales y de sus incidentes de ejecución y de que, como ya se expuso anteriormente, son medidas que se configuran como potestades del Tribunal frente a cuyo cumplimiento no puede sustraerse ni alegar razones de oportunidad –mucho menos de carácter político– para evitar su adopción.
Esta reubicación del protagonismo del Tribunal Constitucional en el procedimiento de resolución de este tipo de conflictos, además, lo inhabilita, al menos en esa concreta cuestión, para ejercer una posterior labor de control de constitucionalidad sobre la forma en que se hubieran desarrollado las medidas de ejecución sustitutorias. De ese modo se altera también la función de garante que la Constitución reserva para la jurisdicción de este Tribunal Constitucional y, en suma, desdibuja gravemente su papel como órgano constitucional de garantía.
20. Un panorama como el expuesto debería haber llevado a la conclusión de que la mutación que en el diseño originario constitucional supone la norma controvertida era determinante de su inconstitucionalidad no solo por otorgar al Tribunal Constitucional funciones que exceden de las que constitucionalmente tiene reconocidas, sino porque, además, desapodera de ellas a otro poder constituido como es el Gobierno, que sí las tiene constitucionalmente reconocidas.
La premura con la que debe redactarse este voto me impide razonar, como hubiera sido mi deseo, que un examen de la situación en el Derecho comparado pone de relieve cómo para la ejecución de las decisiones de los tribunales constitucionales los poderes legislativos tienen especial cuidado en respetar el papel constitucional de los diversos órganos constitucionales y el equilibrio entre ellos, responsabilizando, por ejemplo, en algunos casos, al Presidente de la República de la ejecución de las sentencias de aquellos.
Pero sí me parece oportuno evocar que el origen de la jurisdicción de control de constitucionalidad de las leyes, en una sentencia valiente y legendaria, pronunciada en condiciones difíciles para la Corte, está vinculada al rechazo de la constitucionalidad de ciertas medidas de ejecución que la legislatura pretendía atribuir mediante ley a la Corte Suprema de los Estados Unidos sin estar previstas en la Constitución. Me refiero, como habrán supuesto los especialistas, a la Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos Marbury v Madison (1803) 5 US (1 Cranch) 137. En esta Sentencia, si bien es conocida por haber instituido la posibilidad del control de constitucionalidad de las leyes, se declaró inconstitucional la previsión legal de una potestad de ejecución otorgada al Tribunal Supremo de Estados Unidos al margen de las competencias originarias reconocidas a dicho Tribunal por la Constitución. En la citada Sentencia Marbury v Madison la situación planteada era que el Presidente Adams, en los últimos días de su Administración, propuso el nombramiento de Marbury como Juez de Paz del Distrito de Columbia, siendo confirmado por el Senado. El nombramiento no llegó a ser notificado mediante la expedición de la necesaria credencial del Secretario de Estado. Ya bajo la presidencia de Jefferson, Marbury solicitó al nuevo Secretario de Estado Madison que entregara el nombramiento, a lo que la nueva Administración era renuente por considerarlo ilegal. Ante su negativa, Marbury recurrió al Tribunal Supremo reclamando que ordenase al Secretario de Estado Madison expedir su nombramiento mediante un mandamiento u orden de hacer (writ of mandamus). El Tribunal Supremo finalmente rechazó esta solicitud al considerar que si bien la Judiciary Act de 1789 autorizaba al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a dirigir mandamientos, en los casos autorizados por los principios y usos del Derecho, a todos los Tribunales o autoridades, dicha ley era inconstitucional. Esa declaración de inconstitucionalidad se razonó afirmando que (i) entre las competencias originarias atribuidas por la Constitución al Tribunal Supremo solo aparecían las referidas a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y a aquellos en los cuáles un Estado sea parte, teniendo para el resto de supuestos una jurisdicción de apelación; (ii) la posibilidad de emitir un mandamiento como el solicitado por Marbury era propio de una jurisdicción originaria; por lo que (iii) la competencia para dictar mandamientos frente a los funcionarios públicos que la ley jurisdiccional otorga al Tribunal Supremo, al no estar prevista en la Constitución, era inconstitucional.
En el presente caso, a mi juicio, se ha producido un efecto análogo de exceso del legislador orgánico en su capacidad de configurar legalmente las competencias del Tribunal Constitucional al otorgarle unas potestades que el Poder constituyente tenía reservadas a otro órgano constitucional como es el Gobierno.
Madrid, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. | El Tribunal Constitucional sentencia de inconstitucional el decreto de julio de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 229-2016, promovido por el Gobierno Vasco, representado por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco y bajo la dirección letrada de don Carlos Zabaleta Alvarez y don Zelai Nikolas Ezkurdia, Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. Han comparecido y formulado alegaciones la Letrada de las Cortes Generales doña Paloma Martínez Santa María, en nombre y representación del Congreso de los Diputados, y el Abogado del Estado, en representación del Gobierno. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal
I. Antecedentes
1. Con fecha 15 de enero de 2016 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación procesal del Gobierno Vasco contra la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho («BOE» de 17 de octubre de 2015), así como contra el artículo único apartado tres de la misma en la redacción dada a las letras b) y c) del apartado 4 y al apartado 5 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
2. Tras exponer el contenido de la Ley impugnada, el escrito rector del presente proceso adelanta la tesis principal que defiende «la modificación normativa otorga una serie de mecanismos de ejecución al alto Tribunal que alteran su configuración constitucional y lo desnaturalizan, situando a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales, que debe primar, más aun ante las situaciones excepcionales que prevé. Ello implica a nuestro juicio una vulneración de las previsiones constitucionales del título IX de la Constitución, en particular, de los artículos 161 y 164 en relación con el art. 117.3, todos de la CE, sobre atribución de jurisdicción al Tribunal Constitucional». Además, se sostiene la vulneración de otros preceptos constitucionales: el principio de legalidad penal (art. 25 CE), el régimen de aforamientos previsto en el bloque de constitucionalidad (art. 71 y 102 CE y 32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco –EAPV–, en relación con el art. 24 CE), el derecho fundamental de participación política (art. 23 CE), el principio de autonomía política de las Comunidades Autónomas (arts. 2 y 143 CE), así como el art. 155 CE. En suma, se trata de «una reforma sustancial del sistema político español que consideramos inconstitucional y que afecta al equilibrio entre poderes territoriales y por lo tanto al propio consenso constitucional logrado en 1978».
El recurso se interpone contra la Ley Orgánica en su conjunto, por el procedimiento legislativo seguido para su aprobación, y contra varios de sus apartados: la nueva redacción de las letras b) y c) del apartado 4 y del apartado 5 del art. 92 LOTC. Diversas consideraciones se refieren a la innecesariedad de la reforma, reconociendo que ello no constituye parámetro de constitucionalidad. A este respecto se alude a la falta de reflexión y a la disponibilidad de remedios judiciales ante los incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional (por este orden: arts. 164.1 CE y 38, 87, 92 y 95.4 LOTC; vía penal; y art. 155 CE).
Los motivos de inconstitucionalidad se articulan en cinco grandes grupos, que se sintetizan a continuación:
a) Procedimiento legislativo: Vulneración de los arts. 23 CE, 150.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 129.1 del Reglamento del Senado (RS).
Tras exponer el desarrollo del procedimiento legislativo seguido, se afirma que se ha vulnerado el Reglamento del Congreso, pues no se aprecia cumplido ninguno de los dos requisitos exigidos (art. 150.1 RCD y art. 129.1 RS y STC 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 10) para que pueda tramitarse el procedimiento de lectura única (que la naturaleza del texto lo aconseje o que lo permita la simplicidad de su formulación). Se considera vulnerado el primer requisito porque la reforma «incluye modificaciones con una relevancia constitucional fuera de discusión en cuanto afecta a principios y valores constitucionales de primera magnitud, a aspectos esenciales relativos a un órgano constitucional que afectan a las relaciones con el resto de los diferentes poderes públicos». Y en cuanto al segundo requisito, «nada más alejado de la ‘‘simplicidad’’ exigida por los artículos citados, que las modificaciones introducidas por la reforma cuya complejidad técnica exige el análisis de la propia posición institucional del Tribunal Constitucional y de la naturaleza de la jurisdicción constitucional».
Se recuerda que, según la STC 103/2008, de 11 de diciembre, el de lectura única es «un procedimiento en el cual resultan notablemente limitadas las posibilidades de participación en el proceso de elaboración de la norma», y que, según la STC 99/1987, de 11 de junio, «la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras». Así pues, el procedimiento de lectura ú
### RESUMEN: El Tribunal Constitucional sentencia de inconstitucional el decreto de julio de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. |
I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión.
La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores.
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan.
En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.
El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4).
Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).
La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.
Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su ejecución fuera del concurso.
Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.
Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.
La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.
IV
En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.
Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.
También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación.
El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.
V
Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas.
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación.
VI
La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.
La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.
La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley.
La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.
La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.
La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible.
Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VII
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinanciación por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.
Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que estará de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación de la deuda. Además, la extensión de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías previstas por clases, garantizará un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podrán de este modo continuar con su actividad empresarial.
De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la mayoría de los casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.
También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos que están surgiendo en la transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato para la adquisición de empresas o ramas de negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Modificaciones en materia de convenio.
1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:
«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.»
2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior.
3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número anterior.
6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores de hecho o de derecho.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:
1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.
2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.»
3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción:
«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases:
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público.
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera.
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna.
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.»
«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente.
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.»
4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles.
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis.
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.»
5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:
«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.»
6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.»
7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.
1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías:
a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.
b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100.
2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134.»
8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 94.2:
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a).
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b).
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase.
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.»
9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:
«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.»
10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo.
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.»
Dos. Modificaciones en materia de liquidación.
1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos:
«En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.»
2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:
«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.»
3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2.
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.»
4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido:
«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155.
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.»
5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 149. Reglas legales supletorias.
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas:
1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal.
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.
3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas:
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.
4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información:
a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición.
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta.
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías.
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores.
Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido descrito en esta regla 4.ª
5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.
3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.»
6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.»
Tres. Modificaciones en materia de calificación.
1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias.
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración.
2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:
1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución.
2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.»
Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales.
A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.
En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.
Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales.
2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes:
a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de España.
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención a sus conocimientos técnicos, se estime precedente.
4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.
b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación preconcursal de deudas.
5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.
6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función.
7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.
Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de la administración concursal.
2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación.
3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.
4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación.
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.
Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.
A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologación judicial.
Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley deberán cumplirse íntegramente.
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación.
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo:
a) En el caso de acreedores ordinarios:
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).
b) En el caso de acreedores privilegiados:
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior.
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior.
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134.
4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados.
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.
1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:
«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción:
«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:
«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | La SGAE recurre ante el Supremo el decreto que regula composición y funciones sección 1ª propiedad intelectual. | I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la ad
### RESUMEN: La SGAE recurre ante el Supremo el decreto que regula composición y funciones sección 1ª propiedad intelectual. |
La Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que aprobó el Plan de Ginebra en junio de 2006, acordó el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz para los servicios de radiodifusión. Sin embargo, con posterioridad, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución al servicio de comunicaciones móviles en uso co-primario con los servicios de radiodifusión, de la subbanda de frecuencias 790 862 MHz (banda del dividendo digital).
Al amparo de estas decisiones regulatorias internacionales, las instituciones comunitarias determinaron que esta subbanda de frecuencias correspondiente al denominado dividendo digital, se destinara a otros usos diferentes de los servicios de radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, con el objetivo de, además de favorecer el uso más eficiente del espectro, garantizar el uso de la banda del dividendo digital para servicios que son considerados clave para la recuperación económica como los asociados a la telefonía móvil de cuarta generación que permitirán el acceso a la banda ancha ultrarrápida en movilidad. Por otra parte, el acceso al dividendo digital es considerado fundamental para la consecución de los objetivos de cobertura ancha establecidos en la Agenda Digital para Europa.
En el año 2012, la Comisión Europea hizo pública la Decisión 241/2012/UE por la que se establece un Programa Plurianual de Política del Espectro Radioeléctrico. En este programa se pide que todos los Estados Miembros dispongan la banda de 790-862 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas.
Los beneficios que la liberación de la banda de 790-862 MHz y su reasignación a la prestación de servicios de comunicación electrónica proporcionan a la economía de nuestro país, justifican plenamente que las Administraciones Públicas realicen todas las actuaciones a su alcance para una rápida consecución de dicho objetivo.
En atención a todas estas decisiones internacionales y comunitarias, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de Impulso de la televisión digital terrestre y de la Innovación Tecnológica, que tiene entre sus objetivos simplificar el proceso de liberación del dividendo digital evitando molestias y costes a los ciudadanos, y anticipar el despliegue de las nuevas redes de telefonía móvil, así como promover la innovación tecnológica, y de los servicios y las tecnologías más avanzadas y competitivas.
La consecución del Dividendo Digital es asimismo una pieza fundamental de la Agenda Digital para España aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013.
En dicho contexto, se ha aprobado el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
Mediante dicho Real Decreto se aprueba un nuevo Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y se establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro y del proceso de liberación del dividendo digital que sustituye al previsto en el Real Decreto 365/2010, 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto citado, el servicio de televisión digital terrestre se prestará mediante ocho múltiples digitales para las emisiones de cobertura estatal y autonómica, cuya planificación de canales radioeléctricos se recoge en el plan técnico que se aprueba en dicho real decreto.
También se fijan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso de reordenación del espectro y de liberación de los canales radioeléctricos que han de ser abandonados, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la subbanda de frecuencias del dividendo digital, para que pueda ser utilizada por los operadores de comunicaciones electrónicas que adquirieron su derecho de uso en las subastas de frecuencias celebradas en el año 2011.
En el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre se recogen los canales radioeléctricos en los que se explotarán los ocho múltiples digitales de cobertura estatal o autonómica, en cada una de las áreas geográficas previstas en el citado plan.
En dicha planificación radioeléctrica se incluyen, en particular, los cambios de canales radioeléctricos necesarios para poder abordar de manera eficiente el proceso de liberación de los canales afectados por el dividendo digital, y con el objetivo de optimizar el uso del espectro.
A este respecto es importante destacar que los cambios de canales radioeléctricos necesarios para la liberación del dividendo digital provocarían, a falta de medidas adicionales, la pérdida de acceso de una parte de la población a determinados canales que conforman la oferta del servicio de comunicación audiovisual televisiva hasta que se completara la adecuación del equipamiento de recepción. Sin embargo es necesario recordar la importancia reconocida del servicio de radiodifusión a nivel europeo, como medio para permitir un acceso amplio de la población a gran cantidad de informaciones y contenidos y de este modo, posibilitar la transmisión de las opiniones individuales y de la opinión pública.
La Comisión Europea ha destacado en su Comunicación sobre «la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión» que la radiodifusión en general, pública o comercial, es una fuente de información muy fiable, e incluso la principal para una parte no menospreciable de la población, que enriquece el debate público y, en último término, puede garantizar a todos los ciudadanos un grado equitativo de participación en la vida pública. La Comisión ha reconocido asimismo que todos los radiodifusores, públicos y comerciales, desempeñan un papel importante en la consecución de los objetivos del Protocolo interpretativo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (Protocolo de Ámsterdam) en la medida en que contribuyen al pluralismo, enriquecen el debate cultural y político y amplían la oferta de programas.
Considerando la importancia reconocida del servicio de radiodifusión a nivel europeo como medio para permitir un acceso amplio de la población a gran cantidad de informaciones y contenidos y posibilitar la transmisión de las opiniones individuales y de la opinión pública, se hace necesario garantizar la continuidad del servicio de radiodifusión que pudiera verse afectada por la liberación del dividendo digital, para lo cual es imprescindible realizar las actuaciones necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital, garantizando así un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos contenidos y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.
Estas actuaciones imponen a los ciudadanos unos gastos relacionados con la necesaria adaptación de las instalaciones de recepción en los edificios, al objeto de poder recibir la oferta televisiva. Es en este contexto en el que se justifican las subvenciones reguladas por el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital, puesto que vienen a compensar a los ciudadanos por estos costes sobrevenidos con el objetivo último de garantizar el acceso a las emisiones del servicio de televisión.
Para que no afecte a las condiciones del comercio y la competencia en la Unión Europea en un grado que sea contrario al interés común, la compensación respetará los principios de neutralidad tecnológica, de manera que no favorezca a una plataforma en particular. En efecto, los beneficiarios podrán optar por cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital, como el ADSL, el cable, el satélite, la TDT o cualquier otra tecnología.
En este sentido, cabe destacar que, previa notificación realizada por las autoridades españolas, la Comisión Europea dictó con fecha 25 de abril de 2012 la decisión C(2012) 2533 relativa a la ayuda estatal SA.32619, por la que acuerda no formular objeciones con respecto a la medida consiste en conceder subvenciones para comunidades de propietarios de edificios que, con objeto de garantizar la continuidad de la recepción de los canales emitidos hasta la fecha en la banda de 790-862 MHz, necesiten modernizar la infraestructura actual de televisión digital terrestre o cambiar a otra plataforma de su elección, al entender que dicha medida es constitutiva de ayuda de Estado, si bien compatible con el mercado interior de conformidad al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En dicha decisión, la Comisión Europea afirma que la medida examinada contribuye a la realización del objetivo de interés común, que es la liberación del dividendo digital, el cual no sólo aumentará la competencia en el mercado entre los distintos operadores de redes de comunicaciones electrónicas, sino que también fomentará la innovación en los sectores de las comunicaciones electrónicas.
Asimismo, considera que la ayuda es el instrumento adecuado, pues conceder apoyo financiero a las comunidades de propietarios garantiza el acceso a los canales que estaban antes disponibles en la banda de frecuencias de 800 MHz.
Por último, afirma que la medida es proporcional ya que se limita únicamente a los costes necesarios y realizados realmente de adaptación de la infraestructura común para la recepción de los canales disponibles anteriormente en la banda de frecuencias de 800 MHz y es tecnológicamente neutra.
En particular, respecto a esta última cuestión, la Comisión Europea reconoce que el importe máximo de compensación se habrá de fijar antes de conceder financiación alguna y afirma que, de hecho, la solución tecnológica más barata disponible en el mercado servirá como referencia para los costes subvencionables y se deberá determinar tras una consulta pública.
Esta consulta pública fue llevada a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2012, y en ella presentaron contribuciones doce agentes intervinientes en el sector.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información encargó la realización de un estudio independiente para que, partiendo de las contribuciones de la consulta pública y de los datos y costes que figuran en ellas, se estimaran los costes sobrevenidos de las diferentes tecnologías para poder recibir la cobertura actual del servicio de televisión como consecuencia de la liberación del dividendo digital, y se identificaran las soluciones más eficientes.
A la vista de dichas contribuciones y del estudio citado, y teniendo como referencia los costes unitarios más eficientes según la tipología de actuación a realizar en los edificios cuya instalación se vea afectada por la liberación del dividendo digital, se han fijado los importes máximos de subvención que figuran en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre..
En la fijación de estos importes se han tenido en cuenta diferentes tipologías de sistemas de recepción. Por un lado, están aquellos sistemas de recepción, como los que tienen amplificadores de banda ancha, que no se ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital y que solo precisan de una resintonización del receptor de televisión, de manera que las actuaciones llevadas a cabo en éstas no son actuaciones subvencionables. Por otro lado, están aquellos sistemas de recepción, como los que tienen centralitas programables, que sí se ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital pero que no precisan de la instalación de equipamiento adicional. Por último, están los sistemas de recepción, como los que tienen amplificadores monocanales, que sí se ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital y que al mismo tiempo precisan de la instalación de equipamiento adicional, que será diferente según el número de múltiples digitales afectados.
A tenor de lo anteriormente indicado, el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, tiene por objeto la regulación de la concesión directa de ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
En consecuencia, las actuaciones contempladas en las bases reguladoras de las subvenciones en que consiste el citado Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre y, en particular, las subvenciones a conceder, tienen como finalidad compensar los gastos sobrevenidos por las actuaciones necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación de la banda del dividendo digital, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.
Las ayudas revisten la forma de subvenciones y su concesión se realizará en la modalidad de subvenciones directas, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2, letra c) del artículo 22 y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habida cuenta de la excepcionalidad del proceso de liberación del dividendo digital al implicar la reubicación de numerosos canales públicos y privados de televisión, así como por la existencia de razones de interés público y social consistentes en evitar la pérdida de acceso al servicio de radiodifusión televisiva de una parte de la población española, hasta que se complete la adaptación de su equipamiento de recepción.
Conforme al artículo 12 del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, corresponderá a la Entidad Pública Empresarial Red.es, a través de su Director General, la competencia para la convocatoria, gestión, seguimiento, resolución, concesión, abono y, en su caso, la declaración de la procedencia de reintegro de las subvenciones.
La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene como misión contribuir al fomento y desarrollo de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en España.
Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
De acuerdo con lo anterior, y en uso de la competencia otorgada al Director General de Red.es por el artículo 12 del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, he resuelto:
Apartado primero. Convocatoria.
Se efectúa la convocatoria de concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
Apartado segundo. Bases.
Tienen la consideración de bases reguladoras de dichas subvenciones el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
Apartado tercero. Condiciones.
Se establecen las condiciones de la convocatoria a que se refiere el apartado primero, que son las que figuran a continuación.
Apartado cuarto. Eficacia.
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de noviembre de 2014.–El Director General de Red.es, César Miralles Cabrera.
CONDICIONES
Primera. Objeto
Las presentes condiciones tienen por objeto la regulación de la convocatoria para la concesión directa de ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
Segunda. Objetivos
Las subvenciones a conceder, tienen como finalidad compensar los gastos sobrevenidos por las actuaciones necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz (banda del dividendo digital), sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.
Tercera. Régimen Jurídico Aplicable
Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en la presente convocatoria, el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 3, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a la aplicación del principio de concurrencia, rigiendo supletoriamente, conforme al artículo 5.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Asimismo, es aplicable el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, y demás disposiciones de derecho interno y europeo que resulten de aplicación.
Cuarta. Actuaciones Subvencionables
1. Serán susceptibles de obtener subvención las actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones regidas en comunidad de propietarios y sujetas al régimen de propiedad horizontal, que cuenten con sistemas de recepción afectados por el proceso de liberación del dividendo digital, y que se realicen entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015.
2. Las actuaciones anteriores respetarán los principios de neutralidad tecnológica de manera que no se favorezca a una plataforma en particular. Los posibles beneficiarios podrán optar por seleccionar cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.
Quinta. Ámbito Geográfico
Para poder obtener la subvención, las actividades subvencionables deberán realizarse en las edificaciones ubicadas en alguna de las áreas geográficas relacionadas en el anexo 1 del Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre aprobado por el Real Decreto 805/2014.
Sexta. Beneficiarios
1. Podrán solicitar y, en su caso, obtener la condición de beneficiario las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad horizontal establecido en el artículo 396 del Código Civil, así como en los correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
2. Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada comunidad de propietarios, si bien la solicitud podrá abarcar la financiación de las actuaciones subvencionables en cada una de las cabeceras de recepción de televisión digital instaladas, en los términos descritos en la condición decimotercera de las presentes condiciones.
La financiación de las actuaciones subvencionables tendrá un límite máximo de tres cabeceras por cada comunidad de propietarios.
3. No podrán resultar beneficiarios las comunidades de propietarios en quienes concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto les resulten de aplicación.
4. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sujetos a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Podrán beneficiarse de las subvenciones las adaptaciones en edificaciones ubicadas en el ámbito geográfico definido en la condición Quinta.
Séptima. Conceptos susceptibles de subvención
Las subvenciones se destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación del dividendo digital. Las subvenciones no estarán condicionadas a la aplicación de una solución tecnológica concreta pudiendo el posible beneficiario optar por seleccionar cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva.
Dentro de los gastos subvencionables, conforme el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el beneficiario.
Octava. Empresas instaladoras
Para poder obtener la subvención, las actuaciones subvencionables a que se refiere la condición Cuarta deben llevarse a cabo por empresas instaladoras inscritas, en el momento de presentar la solicitud, en los Registros de empresas instaladoras de telecomunicación, en los tipos «A» o «F» de los contemplados en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.
Puede consultarse la relación de empresas instaladoras inscritas en los Registros de Empresas Instaladoras de Telecomunicación accediendo a la URL:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx
Novena. Modalidad de la Subvención e Incompatibilidad con otros Incentivos
1. Las subvenciones se otorgarán en la modalidad de subvención directa de acuerdo con lo previsto en el apartado 2, letra c) del artículo 22 y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Dichas subvenciones no son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse los destinatarios de la subvención.
Décima. Cuantía Máxima de las Subvenciones y Financiación
La cuantía máxima de las subvenciones asciende a doscientos ochenta millones de euros (280.000.000 euros).
La resolución y abono de las subvenciones se llevarán a cabo a partir del 1 de enero de 2015.
Undécima. Cuantía individualizada de la subvención
1. Los costes unitarios que se establecen como cuantía máxima de la subvención en función de la infraestructura de recepción de televisión afectada por el proceso de liberación del dividendo digital, previamente instalada, son, incluyendo impuestos indirectos conforme a la condición SÉPTIMA, los siguientes:
A. Infraestructura de recepción de televisión que no requiere de la instalación de equipamiento adicional, independientemente del número de múltiples digitales: 100 €.
B. Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para un múltiple digital: 150 euros.
C. Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para dos múltiples digitales: 250 euros.
D. Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para tres múltiples digitales: 350 euros.
E. Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cuatro múltiples digitales: 450 euros.
F. Infraestructura de recepción de televisión que requiere de la instalación de equipamiento adicional para cinco múltiples digitales: 550 euros.
2. La determinación del número de múltiples digitales que requieren de la instalación de equipamiento adicional está establecida por áreas geográficas en el anexo del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre.
3. En el caso excepcional de las instalaciones que consten de más de una cabecera de recepción de televisión digital instalada en los términos establecidos en la condición Decimotercera, las cuantías máximas señaladas en el apartado 1 de la presente condición, se entenderán referidas a cada una de dichas cabeceras, con un máximo de tres por comunidad de propietarios.
4. La cuantía de la subvención no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de la actuación subvencionable.
Duodécima. Órganos competentes
1. Corresponderá a la Entidad Pública Empresarial Red.es, a través de su Director General la competencia para la convocatoria, gestión, seguimiento, resolución, concesión, abono y, en su caso, la declaración de la procedencia de reintegro de las subvenciones, competencias que ejercitará conforme a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre.
2. La solicitud y tramitación de las subvenciones se realizarán a través de la plataforma electrónica disponible en https://ayudas.televisiondigital.gob.es
Decimotercera. Procedimiento
1. El procedimiento de tramitación se regirá por lo dispuesto en esta convocatoria, el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, aplicándose en lo no previsto expresamente en el mismo la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo, rigiendo supletoriamente, conforme al artículo 5.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
2. Los solicitantes podrán presentar su solicitud únicamente por vía telemática, a través del servicio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, accesible en https://ayudas.televisiondigital.gob.es, donde deberán cumplimentar el formulario electrónico habilitado a tal efecto y aportar la documentación en formato electrónico que resulte exigible.
La comunicación por medios electrónicos será obligatoria. Las comunicaciones a los solicitantes se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su consulta electrónica por los interesados que, previamente, deberán identificarse de forma segura bien con certificado electrónico o utilizando el código alfanumérico que se les facilitará una vez cumplimentado el formulario de solicitud de ayudas
La publicación de las comunicaciones en la sede electrónica sustituirá a la notificación y surtirá todos los efectos respecto a los interesados. El interesado recibirá aviso por correo electrónico de que los diferentes actos de trámite que deban notificarse, así como la resolución de concesión han sido puestos a su disposición en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Además, podrán enviarse avisos adicionales por mensajes SMS al teléfono indicado para este fin en la solicitud de ayuda.
3. La solicitud de subvención, dirigida al Director General de la Entidad pública empresarial Red.es, se cumplimentará por parte de un representante legal de la comunidad de propietarios o de un representante voluntario que cuente con la autorización de la misma.
En particular, podrá actuar como representante voluntario de la comunidad de propietarios las personas encargadas de prestar los servicios de administración de la finca así como la empresa instaladora de telecomunicación que hubiera realizado la actuación subvencionable.
En el anexo II de la presente convocatoria se incorpora ejemplo de modelo de autorización para actuar como representante voluntario de la Comunidad de Propietarios a los efectos de la solicitud y tramitación de las subvenciones. La autorización deberá conservarse por representante y representado, a los efectos de las posibles actuaciones de comprobación. Dicha autorización no deberá adjuntarse a la solicitud. Todas las obligaciones, tanto del solicitante como del beneficiario, serán aceptadas por declaración responsable del representante legal o voluntario del beneficiario, que deberá cumplimentarse a través del formulario web de solicitud de ayuda.
A los efectos de la identificación electrónica del solicitante, se admitirá la aportación de información conocida por ambas partes consistente en la fecha de caducidad del DNI o NIE de la persona física solicitante de la subvención, así como los certificados electrónicos admitidos en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En caso de no utilizarse certificados electrónicos, la presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para realizar la comprobación por medios electrónicos de los datos de identificación aportados.
4. Las solicitudes de subvención se podrán presentar a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 30 de junio de 2015. Se admitirán actuaciones que se realicen entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015.
5. Datos a cumplimentar en el formulario de solicitud:
Datos del solicitante. Podrá solicitar la ayuda el representante legal o voluntario de la comunidad de propietarios.
Deberá identificarse mediante:
● N.º de DNI o NIE.
● Nombre y Primer apellido (segundo apellido opcional).
● Fecha de caducidad del DNI o NIE, para el caso de identificación a través de información conocida por ambas partes.
● Número de teléfono móvil (a efectos de avisos de cortesía por SMS sobre la existencia de comunicaciones electrónicas).
● Número de Teléfono Fijo (opcional).
● Dirección de correo electrónico.
Datos del beneficiario. Los beneficiarios de las ayudas son las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad horizontal que hayan realizado en los mismos, actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva como consecuencia del proceso de liberación del dividendo digital.
La comunidad de propietarios, para poder presentar la solicitud, deberá contar necesariamente con CIF con las letras H y E.
Deberá identificarse al beneficiario mediante:
● CIF de la Comunidad de Propietarios, estando sólo permitidos CIF con las letras H y E.
● Nombre.
● Dirección postal.
● IBAN (International Bank Account Number) de la cuenta en la que se solicita el pago de la ayuda, cuyo titular deberá ser la Comunidad de Propietarios beneficiaria de la ayuda. No se admitirá que una misma cuenta figure en más de una solicitud.
Datos de la actuación:
Se deberán aportar los siguientes datos:
● Datos de la empresa instaladora de telecomunicaciones que hubiera realizado la actuación subvencionable:
La empresa instaladora de telecomunicación deberá estar inscrita, en el momento de presentar la solicitud, en los Registros de empresas instaladoras de telecomunicación, en los tipos «A» o «F» de los contemplados en la Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril. Deberá aportarse los siguientes datos de la empresa instaladora:
● NIF y
o RIN, es el Número de Registro de la empresa Instaladora de telecomunicaciones que haya expedido el Boletín de Instalación y que debe figurar consignado en el Boletín. Deberá corresponder al Número de Registro que tenga asignado la empresa Instaladora al momento de cumplimentar el formulario. Se puede verificar la información relativa a la empresa instaladora y su inscripción en el Registro en http://www.minetur.gob.es/Telecomunicaciones/Infraestructuras/Registroinstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx)
● Tipo de instalación de recepción de televisión digital terrestre existente en el edificio, afectada por el proceso de liberación del dividendo digital, sobre la que se realiza la actuación subvencionable:
o Centralita programable o
o Amplificador Monocanal (En este caso se deberá completar el campo de número de múltiples digitales afectados).
En el caso de que la infraestructura de recepción de televisión previamente instalada sobre la que se realiza la actuación subvencionable disponga de más de una cabecera de recepción de televisión digital, deberá identificarse el número de cabeceras.
A los efectos de la presente convocatoria, cabecera es el conjunto de dispositivos activos y pasivos encargados de recibir las señales de televisión digital terrestre provenientes de la antena y adecuarlas para su distribución al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas. Una vez procesadas en la cabecera, las señales de televisión digital se entregan a la red de distribución. A los efectos de esta convocatoria, una antena no podrá tener asociada más de una cabecera. Asimismo cuando las señales provenientes de más de una antena se agrupen en un mismo dispositivo de mezcla, se considerará que existe una única cabecera. En el caso de que la actuación subvencionable integre más de una cabecera, el solicitante deberá seleccionar la opción «Adaptación en más de una cabecera», cumplimentar el número de cabeceras que han sido adaptadas con un máximo de tres, y añadir el número máximo de viviendas a las que dé servicio cada una de las cabeceras para las que se solicita la ayuda.
● Datos de la factura correspondiente a las actuaciones objeto de la subvención (número de factura; importes; fecha de la factura). La factura solo podrá comprender actuaciones subvencionables, no siendo admisible que incluyan otros conceptos.
Cuantía solicitada de la subvención: deberá tenerse en cuenta las cuantías máximas señaladas en la condición Decimoprimera, en función de si la infraestructura de recepción de televisión previamente instalada requiere o no la instalación de equipamiento adicional, y del número de múltiples digitales afectados, número que no podrá ser superior al indicado en el anexo del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre. (Consultar el anexo en la dirección web http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/01/pdfs/BOE-A-2014-11219.pdf.)
Documentación a anexar:
Junto con el formulario de solicitud, todas las solicitudes deberán incluir además, con carácter obligatorio, tres (3) documentos anexos.
Todos los documentos anexos deberán ser presentados en soporte electrónico en formato PDF o JPEG. La documentación a anexar no podrá sobrepasar el tamaño máximo que se indique en el formulario de solicitud disponible en la dirección web indicada en la condición decimosegunda.
a) Copia electrónica o escaneada de la factura correspondiente a la actuación descrita:
Toda factura y sus copias deben estar sujetas a derecho y por tanto contener los datos o requisitos siguientes, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos:
● Datos del emisor: nombre y apellidos o denominación social, NIF y domicilio fiscal.
● Datos del cliente: nombre y apellidos o denominación social, NIF y domicilio fiscal.
● Fecha de expedición.
● Número y serie de la factura.
● Descripción de las operaciones, designándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto (importe, precio unitario sin impuesto, descuento, rebaja, etc.).
● Tipo impositivo aplicado a las operaciones.
● Cuota tributaria repercutida.
● Importe total.
b) Copia electrónica o escaneada del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada (el boletín deberá estar firmado electrónicamente o bien firmado de forma manuscrita y sellado por la empresa instaladora). El boletín de instalación deberá identificar en el apartado de «descripción de la instalación o intervención», como detalle de los trabajos realizados, tanto la descripción del equipamiento previamente instalado, identificando el tipo de instalación y, en su caso, el número de cabeceras que la configuran, como la actividad realizada, incluyendo el equipamiento adicional que se haya instalado y el número de múltiples digitales afectados. La empresa instaladora que expida el Boletín de instalación deberá ser la misma que expida la factura.
En el anexo I de la presente convocatoria se incorporan los modelos pre-cumplimentados de boletines de instalación con el contenido que debe recoger el apartado «Descripción de la Instalacion o Intervención», en función del tipo de adaptación al Dividendo Digital realizada.
c) Copia escaneada de un recibo domiciliado de la comunidad de Propietarios en el que figure el Código de Cuenta Cliente (CCC) correspondiente al código IBAN (International Bank Account Number) introducido en el formulario de solicitud para el pago de la ayuda, o bien, de un certificado de Titularidad de la Cuenta en favor de la Comunidad de Propietarios, emitido por la Entidad Financiera.
d) En aquellos casos en los que la actuación subvencionable haya tenido lugar en infraestructuras de recepción de televisión previamente instalada dotada de más de una cabecera de recepción de televisión digital, se exigirá también como documento anexo la copia escaneada del Título Constitutivo de la Comunidad de Propietarios, tal y como se regula por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (1).
(1) «El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales describirá, además del inmueble en su conjunto, cada uno de aquéllos al que se asignará número correlativo. La descripción del inmueble habrá de expresar las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria, y los servicios e instalaciones con que cuente el mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare y los anejos, tales como garaje, buhardilla o sótano.
En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o resolución judicial. Para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes.
El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.
En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución.»
En estos casos, adaptaciones en más de una cabecera con un máximo de tres subvencionables, el solicitante deberá seleccionar en el formulario la opción «Adaptación en más de una cabecera» cumplimentar el número de cabeceras que han sido adaptadas con un máximo de tres, y añadir el número de antenas TDT de la edificación y, para cada cabecera, el número de viviendas a las que da servicio y proceder al anexado de los 4 documentos descritos.
La empresa instaladora de telecomunicación deberá facilitar a la Comunidad de Propietarios el formato digital (versión electrónica o copia escaneada en formato pdf o jpg) de la Factura así como del Boletín de Instalación, para facilitar que el solicitante pueda adjuntar correctamente los documentos obligatorios.
El boletín de instalación deberá haber sido cumplimentado electrónicamente por parte de la empresa instaladora (Los modelos recomendados de boletín para la actuación de adaptación al Dividendo Digital se encuentran disponibles en el anexo I de las presentes condiciones así como en la dirección web: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/Paginas/Legislacion.aspx en el punto 3.–Modelos de boletín de instalación para las actuaciones relativas a la liberación del Dividendo Digital.) En ningún caso se aceptarán boletines de Instalación cumplimentados de forma manuscrita. Sin perjuicio que la firma del boletín de instalación podrá efectuarse tanto electrónicamente como de forma manuscrita.
El formulario web dispondrá de una pantalla inicial en la que se proporcionará al solicitante:
● Instrucciones para la correcta cumplimentación del formulario de solicitud.
● Instrucciones sobre la documentación que deberá aportar.
Una vez que el solicitante haya cumplimentado correctamente el formulario de solicitud de ayudas a la adaptación al dividendo digital, le aparecerá una pantalla informándole de que la solicitud se ha recibido correctamente en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se le mostrará un código alfanumérico identificativo del expediente que será único por solicitud y que servirá al solicitante para conocer en todo momento, previa autenticación en la dirección web indicada en la condición duodécima el estado de su solicitud de ayuda así como el contenido de las diferentes comunicaciones electrónicas recibidas.
6. Las solicitudes serán atendidas por orden de presentación en el sistema electrónico de gestión hasta, en su caso, el agotamiento de los fondos señalados en la condición Décima, en caso de producirse con anterioridad.
7. En el caso de que una solicitud no reúna los requisitos que señalan las presentes condiciones, se requerirá al interesado, mediante publicación en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que en un plazo de diez días, subsane la solicitud, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. El solicitante podrá subsanar accediendo a la dirección web indicada en la condición Decimosegunda, previa acreditación de la identidad con los datos que le fueron comunicados al presentar la solicitud
8. El Director de la Entidad Pública Empresarial Red.es deberá resolver la solicitud de subvención, a partir del 1 de enero del año 2015, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que se presentó. En particular, otorgará las subvenciones a los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. El plazo de tres meses estipulado para tramitar cada solicitud de subvención se suspenderá cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
9. En el caso de que no se resuelva la solicitud de subvención en el plazo indicado, el solicitante podrá entender que la misma ha sido desestimada.
Decimocuarta. Obligaciones de los solicitantes
Sin perjuicio de otras obligaciones que se deriven del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre y de la presente convocatoria, el solicitante:
1. Deberá tener la condición de representante legal o voluntario del beneficiario a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre.
2. Aceptará que los datos de carácter personal aportados a través del formulario habilitado para la solicitud de ayudas de la presente convocatoria, sean tratados por Red.es, únicamente con la finalidad de gestionar la ayuda solicitada. La entidad pública empresarial Red.es, es la entidad responsable del fichero de datos de carácter personal generado con los datos suministrados, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acompañando fotocopia del DNI o NIE. A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, Red.es se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad adoptando las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El almacenamiento de datos de carácter personal supone la creación de un fichero de datos que tiene que ser dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos.
3. Conoce y cumple con todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, y en las presentes condiciones, y que dispone de toda la documentación que permita verificar a Red.es en cualquier momento el cumplimiento de dichos requisitos.
4. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, conservará la documentación justificativa de la actuación y la solicitud de subvención durante el periodo durante el cual puedan, las actuaciones, ser objeto de control y supervisión (cuatro años sin perjuicio de la interrupción del plazo conforme a los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). Esta documentación será aportada a Red.es en cuanto sea requerida.
Todas las obligaciones del solicitante serán aceptadas por declaración responsable, que deberá cumplimentarse a través del formulario web de solicitud de ayuda.
Decimoquinta. Obligaciones de los beneficiarios
Sin perjuicio de otras obligaciones que se deriven del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, y de la presente convocatoria, el beneficiario estará obligado a:
1. Previo requerimiento de Red.es, justificar no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto le resulten de aplicación.
2. A fin de justificar y acreditar la aplicación de la subvención a la finalidad prevista en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, el beneficiario deberá estar en condiciones de aportar la factura girada por la empresa instaladora por la realización de las actuaciones subvencionables.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación que se determinen por Red.es encaminadas a garantizar la correcta aplicación o acción objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas,
4. Conservar la documentación justificativa de la actuación y la relativa a la solicitud de subvención en tanto las actuaciones puedan ser objeto de comprobación y control (cuatro años sin perjuicio de la interrupción del plazo conforme a los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
5. Proceder al reintegro de la subvención percibida en los supuestos contemplados en el artículo siguiente.
Todas las obligaciones del beneficiario serán aceptadas por declaración responsable del representante legal o voluntario del beneficiario, que deberá cumplimentarse a través del formulario web de solicitud de ayuda.
Decimosexta. Incumplimientos y Reintegros
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las subvenciones percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones públicas.
3. En el supuesto de que el importe de la subvención resulte de tal cuantía que supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el límite establecido, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público.
4. Corresponderá a la Entidad Pública Empresarial Red.es la tramitación de los procedimientos de reintegro y su resolución.
Decimoséptima. Registro de subvenciones
Todas las subvenciones concedidas al amparo del Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, se harán constar, en su caso, en la base de datos de subvenciones y ayudas públicas de la IGAE de conformidad con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, recogiendo los datos que se determinen en su norma reguladora.
ANEXO I
Cumplimentación del boletín de Instalación y modelos de boletín de instalación para las actuaciones relativas a la liberación del Dividendo Digital
En las actuaciones de adaptación de instalaciones o acceso al servicio de televisión digital que sean realizadas en los sistemas de recepción con motivo de la liberación del dividendo digital, el apartado «Descripción de la instalación o intervención» del boletín de instalación redactado por las empresas instaladoras incluirá el contenido que se recoge en los modelos pre-cumplimentados que se han elaborado para determinadas tipologías de actuación, y que se adjuntan a continuación y están disponibles en http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/Paginas/Legislacion.aspx en el punto 3.–Modelos de boletín de instalación para las actuaciones relativas a la liberación del Dividendo Digital.
Como alternativa a estos modelos, en los que se han eliminado aquellos epígrafes que no aportan información de las actuaciones relativas a la liberación del dividendo digital, también se podrá utilizar el formato completo de boletín incluido en el Anexo III de la Orden ITC/1142/2010, en cuyo caso el contenido del apartado «Descripción de la instalación o intervención» será el mismo que el recogido en dichos modelos pre-cumplimentados. Una vez finalizados los trabajos de adaptación, la empresa instaladora entregará al propietario o a la comunidad de propietarios, según proceda, un ejemplar del mencionado boletín.
Es responsabilidad de la empresa instaladora facilitar a la comunidad de propietarios la copia escaneada del boletín de instalación firmado electrónicamente o firmado de forma manuscrita y sellado.
El boletín de instalación que se debe anexar en el formulario de solicitud de ayudas deberá estar cumplimentado electrónicamente para el correcto tratamiento y contraste de la información. | Precios de mensajes a concursos varios: Si es un número que empiza por 23XXX, hasta 1,2 euros. Los que empiezan por 33XXX, hasta 6 euros. | La Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la región 1 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que aprobó el Plan de Ginebra en junio de 2006, acordó el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz para los servicios de radiodifusión. Sin embargo, con posterioridad, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución al servicio de comunicaciones móviles en uso co-primario con los servicios de radiodifusión, de la subbanda de frecuencias 790 862 MHz (banda del dividendo digital).
Al amparo de estas decisiones regulatorias internacionales, las instituciones comunitarias determinaron que esta subbanda de frecuencias correspondiente al denominado dividendo digital, se destinara a otros usos diferentes de los servicios de radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, con el objetivo de, además de favorecer el uso más eficiente del espectro, garantizar el uso de la banda del dividendo digital para servicios que son considerados clave para la recuperación económica como los asociados a la telefonía móvil de cuarta generación que permitirán el acceso a la banda ancha ultrarrápida en movilidad. Por otra parte, el acceso al dividendo digital es considerado fundamental para la consecución de los objetivos de cobertura ancha establecidos en la Agenda Digital para Europa.
En el año 2012, la Comisión Europea hizo pública la Decisión 241/2012/UE por la que se establece un Programa Plurianual de Política del Espectro Radioeléctrico. En este programa se pide que todos los Estados Miembros dispongan la banda de 790-862 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas.
Los beneficios que la liberación de la banda de 790-862 MHz y su reasignación a la prestación de servicios de comunicación electrónica proporcionan a la economía de nuestro país, justifican plenamente que las Administraciones Públicas realicen todas las actuaciones a su alcance para una rápida consecución de dicho objetivo.
En atención a todas estas decisiones internacionales y comunitarias, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de Impulso de la televisión digital terrestre y de la Innovación Tecnológica, que tiene entre sus objetivos simplificar el proceso de liberación del dividendo digital evitando molestias y costes a los ciudadanos, y anticipar el despliegue de las nuevas redes de telefonía móvil, así como promover la innovación tecnológica, y de los servicios y las tecnologías más avanzadas y competitivas.
La consecución del Dividendo Digital es asimismo una pieza fundamental de la Agenda Digital para España aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013.
En dicho contexto, se ha aprobado el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
Mediante dicho Real Decreto se aprueba un nuevo Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y se establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro y del proceso de liberación del dividendo digital que sustituye al previsto en el Real Decreto 365/2010, 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto citado, el servicio de televisión digital terrestre se prestará mediante ocho múltiples digitales para las emisiones de cobertura estatal y autonómica, cuya planificación de canales radioeléctricos se recoge en el plan técnico que se aprueba en dicho real decreto.
También se fijan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso de reordenación del espectro y de liberación de los canales radioeléctricos que han de ser abandonados, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la subbanda de frecuencias del dividendo digital, para que pueda ser utilizada por los operadores de comunicaciones electrónicas que adquirieron su derecho de uso en las subastas de frecuencias celebradas en el año 2011.
En el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre se recogen los canales radioeléctricos en los que se explotarán los ocho múltiples digitales de cobertura estatal o autonómica, en cada una de las áreas geográficas previstas en el citado plan.
En dicha planificación radioeléctrica se incluyen, en particular, los cambios de canales radioeléctricos necesarios para poder abordar de manera eficiente el proceso de liberación de los canales afectados por el dividendo digital, y con el objetivo de optimizar el uso del espectro.
A este respecto es importante destacar que los cambios de canales radioeléctricos necesarios para la liberación del dividendo digital provocarían, a falta de medidas adicionales, la pérdida de acceso de una parte de la población a determinados canales que conforman la oferta del servicio de comunicación audiovisual televisiva hasta que se completara la adecuación del equipamiento de recepción. Sin embargo es necesario recordar la importancia reconocida del servicio de radiodifusión a nivel europeo, como medio para permitir un acceso amplio de la población a gran cantidad de informaciones y contenidos y de este modo, posibilitar la transmisión de las opiniones individuales y de la opinión pública.
La Comisión Europea ha destacado en su Comunicación sobre «la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión» que la radiodifusión en general, pública o comercial, es una fuente de información muy fiable, e incluso la principal para una parte no menospreciable de la población, que enriquece el debate público y, en último término, puede garantizar a todos los ciudadanos un grado equitativo de participación en la vida pública. La Comisión ha reconocido asimismo que todos los radiodifusores, públicos y comerciales, desempeñan un papel importante en la consecuci
### RESUMEN: Precios de mensajes a concursos varios: Si es un número que empiza por 23XXX, hasta 1,2 euros. Los que empiezan por 33XXX, hasta 6 euros. |
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, establece el marco jurídico de las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, de aquellos juegos que se practican a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en las que los medios presenciales tienen un carácter accesorio.
Entre las modalidades de juego reguladas se encuentran los concursos, en los que para tener derecho a la obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional, así como otros juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo real o en diferido.
Por su parte, los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas han solicitado la habilitación de recursos específicos y diferenciados de numeración para las actividades de juego, con la finalidad de que el cliente pueda tener una aproximación certera tanto del servicio que está utilizando como del precio final aplicable.
La Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, define, entre otros, los rangos de números a utilizar para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes y sus criterios de gestión y control, estableciéndose rangos diferentes en función de los contenidos y precios que se cobren al usuario.
Dadas la distinta naturaleza y finalidades de las actividades de juego contempladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, con respecto a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes que se prestan actualmente según lo establecido en la Orden ITC/308/2008, se considera necesario habilitar recursos de numeración específicos para estas actividades, dentro de determinados rangos establecidos en la misma.
El artículo 27 del Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, en su apartado 7, otorga a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la competencia para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo de los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación.
El Reglamento también determina, en su artículo 34, que los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación, y sus disposiciones de desarrollo, designarán y, en su caso, definirán los servicios para los que puedan utilizarse dichos recursos públicos, y podrán incluir cualquier requisito relacionado con la prestación de tales servicios. Estos requisitos serán proporcionados y justificados objetivamente.
Igualmente, la mencionada Orden ITC/308/2008 prevé en su artículo 3.8 que puedan habilitarse por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información nuevos rangos de numeración cuando se considere necesario, pudiendo también determinar sus requisitos de utilización.
Esta resolución ha sido sometida a audiencia de los sectores afectados. Igualmente, se solicitó informe a la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 48.4.h) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
En su virtud resuelvo:
Primero. Habilitación de recursos públicos de numeración a los servicios tarificación adicional basados en el envío de menajes.
1. Se habilitan los siguientes recursos públicos de numeración a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes:
Formato de los números
Valores de las cifras
Longitud de los números
Modalidades de servicio
2 3YAB
Y, A, B = de 0 a 9
5 cifras.
a) Precio ≤ 1,2 €.
3 3YAB
Y, A, B = de 0 a 9
5 cifras.
b) 1,2 € < Precio ≤ 6 €.
2. Los números de los subrangos 23YAB y 33YAB, definidos en la tabla anterior, sólo se podrán utilizar para la prestación de las actividades de juego reguladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y con los precios netos por servicio completado a cobrar a los consumidores desde las redes telefónicas públicas que se especifican en dicha tabla.
Segundo. Condiciones de uso.
1. A los rangos de numeración habilitados en el apartado Primero y a los servicios prestados a través de dichos rangos, les será de aplicación la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, relativas a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes.
2. Sin perjuicio de la modalidad de servicio en que se encuadra cada rango, por lo que respecta al código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes, aprobado por Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y en tanto dicho código de conducta no establezca condiciones específicas para la prestación de actividades de juego, los rangos habilitados en el apartado Primero tendrán la consideración de servicios para adultos, siéndoles de aplicación las condiciones de uso fijadas para la modalidad de servicio d).
Tercero. Asignación inicial y sustitución de los números utilizados actualmente.
1. Con el fin de facilitar la sustitución de los números utilizados actualmente para los servicios asociados a juegos por los números habilitados en el apartado primero, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá un período de asignación inicial de dos meses en el que excepcionalmente cabrá no aplicar el orden de presentación de solicitudes.
2. Antes de haber finalizado el periodo de dos meses a que se refiere el párrafo anterior, los operadores que proveen el acceso al servicio de mensajes al abonado deberán haber efectuado las adaptaciones técnicas pertinentes en las redes, sin perjuicio de que en la resolución de asignación inicial se pueda establecer un plazo adicional para la apertura definitiva de los números asignados en las diferentes redes de acceso.
3. Una vez finalizada la transición a los nuevos rangos, no se podrán utilizar números distintos de los que se habilitan en esta resolución para la prestación de actividades de juego reguladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.
Cuarto. Eficacia.
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de noviembre de 2012.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. | Ley que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural. | La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, establece el marco jurídico de las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, de aquellos juegos que se practican a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en las que los medios presenciales tienen un carácter accesorio.
Entre las modalidades de juego reguladas se encuentran los concursos, en los que para tener derecho a la obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional, así como otros juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo real o en diferido.
Por su parte, los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas han solicitado la habilitación de recursos específicos y diferenciados de numeración para las actividades de juego, con la finalidad de que el cliente pueda tener una aproximación certera tanto del servicio que está utilizando como del precio final aplicable.
La Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, define, entre otros, los rangos de números a utilizar para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes y sus criterios de gestión y control, estableciéndose rangos diferentes en función de los contenidos y precios que se cobren al usuario.
Dadas la distinta naturaleza y finalidades de las actividades de juego contempladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, con respecto a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes que se prestan actualmente según lo establecido en la Orden ITC/308/2008, se considera necesario habilitar recursos de numeración específicos para estas actividades, dentro de determinados rangos establecidos en la misma.
El artículo 27 del Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, en su apartado 7, otorga a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la competencia para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo de los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación.
El Reglamento también determina, en su artículo 34, que los planes nacionales de numeración, direccionamiento y denominación, y sus disposiciones de desarrollo, designarán y, en su caso, definirán los servicios para los que puedan utilizarse dichos recursos públicos, y podrán incluir cualquier requisito relacionado con la prestación de tales servicios. Estos requisitos serán proporcionados y justificados objetivamente.
Igualmente, la mencionada Orden ITC/308/2008 prevé en su artículo 3.8 que puedan habilitarse por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información nuevos rangos de numeración cuando se considere necesario, pudiendo también determinar sus requisitos de utilización.
Esta resolución ha sido sometida a audiencia de los sectores afectados. Igualmente, se solicitó informe a la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 48.4.h) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
En su virtud resuelvo:
Primero. Habilitación de recursos públicos de numeración a los servicios tarificación adicional basados en el envío de menajes.
1. Se habilitan los siguientes recursos públicos de numeración a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes:
Formato de los números
Valores de las cifras
Longitud de los números
Modalidades de servicio
2 3YAB
Y, A, B = de 0 a 9
5 cifras.
a) Precio ≤ 1,2 €.
3 3YAB
Y, A, B = de 0 a 9
5 cifras.
b) 1,2 € < Precio ≤ 6 €.
2. Los números de los subrangos 23YAB y 33YAB, definidos en la tabla anterior, sólo se podrán utilizar para la prestación de las actividades de juego reguladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y con los precios netos por servicio completado a cobrar a los consumidores desde las redes telefónicas públicas que se especifican en dicha tabla.
Segundo. Condiciones de uso.
1. A los rangos de numeración habilitados en el apartado Primero y a los servicios prestados a través de dichos rangos, les será de aplicación la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, relativas a los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes.
2. Sin perjuicio de la modalidad de servicio en que se encuadra cada rango, por lo que respecta al código de conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes, aprobado por Resolución de 8 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y en tanto dicho código de conducta no establezca condiciones específicas para la prestación de actividades de juego, los rangos habilitados en el apartado Primero tendrán la consideración de servicios para adultos, siéndoles de aplicación las condiciones de uso fijadas para la modalidad de
### RESUMEN: Ley que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural. |
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia.
Las fiestas o espectáculos taurinos, incluyen no sólo a las corridas de toros sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por «Tauromaquia». Todo esto es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos.
El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen.
La Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. A ello hay que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva, siendo uno de los puntos de referencia a partir del cual las iniciativas de la sociedad se enmarcan en un contexto configurador de la identidad nacional propia, arraigada en una pluralidad de formas de expresión popular.
La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos. Conscientes de la heterogeneidad de la sociedad, también debemos admitir que, actualmente, existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la Tauromaquia como parte esencial del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España. Como tal, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística, como es la Tauromaquia, y el respeto hacia ella.
La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a ésta.
Ahora bien, lo que sí podemos afirmar es que la Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia.
Asimismo, hay que resaltar que la Tauromaquia comprende todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que van desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la indumentaria de los toreros (los llamados trajes de luces), la música de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano entre público y artista.
Por tanto, el presupuesto de esta norma es la afirmación de que la Tauromaquia es cultura, que comprende otras facetas dignas de protección además del propio espectáculo que se concreta en la corrida de toros moderna y, por ello, el reconocimiento de la Tauromaquia como patrimonio cultural supera la mera «conexión de los espectáculos taurinos con el fomento de la cultura» que afirma la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas de espectáculos taurinos.
Pero, además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo.
El espectáculo taurino no es sino el eslabón final de un proceso en el que intervienen y se yuxtaponen diversas actividades económicas y sujetos productivos, desde los activos y recursos materiales y humanos dedicados a la cría del toro de lidia en el campo, hasta los activos y recursos materiales y humanos que intervienen en el espectáculo taurino propiamente dicho.
La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico, entre otros.
En consecuencia, corresponde al Estado ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino, en su doble e inseparable aspecto de patrimonio cultural de carácter nacional y de sector económico y sistema productivo propio y bien delimitado en su contenido.
La Tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la Tauromaquia, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del Estado y las Comunidades Autónomas.
Es necesario contemplar la protección y regulación de tan importante Patrimonio Cultural, Artístico, Social y Económico como una actividad de todos los poderes públicos para el servicio a los ciudadanos, por mandato de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, pues aquellos deben promover y tutelar el acceso a la Cultura, a la que todos tienen derecho, y en el artículo 46, que impone a los poderes públicos la obligación de garantizar su conservación y promover su enriquecimiento, así como el de los elementos que los integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Por último, debe concluir esta referencia constitucional con la cita del artículo 149.2, que expresa la preocupación del legislador constituyente por la preservación y progreso de los valores culturales de la sociedad española, y que impone al Estado la obligación de considerar el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial.
El objeto de la Ley es delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia, en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado.
Artículo 1. Concepto de Tauromaquia.
A los efectos de esta Ley, se entiende por Tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma.
Artículo 2. Tauromaquia como patrimonio cultural español.
La Tauromaquia, en los términos definidos en el artículo 1, forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia.
Artículo 3. Deber de protección.
En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.
Artículo 4. Participación y colaboración entre las Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 3, la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, creada por la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, se constituye, bajo la presidencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en órgano de participación y colaboración de las Administraciones Públicas con competencias sobre la Tauromaquia y de los sectores vinculados a la misma, con la composición y funcionales que reglamentariamente se determinen.
Artículo 5. Medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado.
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1, reglas 1.ª y 28.ª, y 149.2 de la Constitución, es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones.
2. Para lograr los fines a que se refiere el apartado anterior, el Gobierno desarrollará las siguientes medidas:
a) La aprobación de un Plan Nacional, en el que se recogerán medidas de fomento y protección de la Tauromaquia, garantizando el libre ejercicio de los derechos inherentes a la misma.
b) El impulso de los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la Tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad a que se refiere el artículo 16 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial aprobada el 17 de octubre de 2003 en París por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
c) La actualización de la normativa taurina, a través del marco de colaboración de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos.
d) El impulso de normas y actuaciones que fomenten el principio de unidad de mercado, responsabilidad social y libertad de empresa en el ámbito de la Tauromaquia, en consideración a los beneficios económicos, sociales y medioambientales que esta actividad genera.
e) El impulso y fomento, en colaboración con las restantes Administraciones Públicas, de los mecanismos de transmisión de los conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que confluyen en la corrida de toros y el arte de lidiar. Así como potenciar otras medidas de identificación, documentación, investigación, valoración y transmisión de este patrimonio en sus distintos aspectos.
Disposición final primera. Reformas normativas y desarrollo reglamentario.
En el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente Ley, el Gobierno impulsará las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislación española, el mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.
El artículo 12 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, queda redactado como sigue:
«Artículo 12. Comisión Nacional de Asuntos Taurinos.
Se crea la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos con la composición, funciones y procedimiento de actuación que reglamentariamente se determinen.
La Comisión se constituye, bajo la presidencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en órgano de participación y colaboración de las Administraciones Públicas con competencias sobre la Tauromaquia y de los sectores vinculados a la misma.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 12 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | El Constitucional avala la reforma de la ley catalana de Urbanismo. | JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia.
Las fiestas o espectáculos taurinos, incluyen no sólo a las corridas de toros sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por «Tauromaquia». Todo esto es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos.
El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Esa específica manifestación cultural ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen.
La Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. A ello hay que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva, siendo uno de los puntos de referencia a partir del cual las iniciativas de la sociedad se enmarcan en un contexto configurador de la identidad nacional propia, arraigada en una pluralidad de formas de expresión popular.
La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos. Conscientes de la heterogeneidad de la sociedad, también debemos admitir que, actualmente, existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la Tauromaquia como parte esencial del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España. Como tal, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística, como es la Tauromaquia, y el respeto hacia ella.
La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a ésta.
Ahora bien, lo que sí podemos afirmar es que la Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia.
Asimismo, hay que resaltar que la Tauromaquia comprende todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al espectáculo taurino, que van desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la indumentaria de los toreros (los llamados trajes de luces), la música de las corridas, el diseño y producción de carteles, y que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar; y en un diálogo fluido y cercano entre público y artista.
Por tanto, el presupuesto de esta norma es la afirmación de que la Tauromaquia es cultura, que comprende otras facetas dignas de protección además del propio espectáculo que se concreta en la corrida de toros moderna y, por ello, el reconocimiento de la Tauromaquia como patrimonio cultural supera la mera «conexión de los espectáculos taurinos con el fomento de la cultura» que afirma la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas de espectáculos taurinos.
Pero, además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo.
El espectáculo taurino no es sino el eslabón final de un proceso en el que intervienen y se yuxtaponen diversas actividades económicas y sujetos productivos, desde los activos y recursos materiales y humanos dedicados a la cría del toro de lidia en el campo, hasta los activos y recursos materiales y humanos que intervienen en el espectáculo taurino propiamente dicho.
La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico, entre otros.
En consecuencia, corresponde al Estado ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino, en su doble e inseparable aspecto de patrimonio cultural de carácter nacional y de sector económico y sistema productivo propio y bien delimitado en su contenido.
La Tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la Tauromaquia, como actividad cultural
### RESUMEN: El Constitucional avala la reforma de la ley catalana de Urbanismo. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad 6777-2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Han comparecido el Congreso de los Diputados y el Senado y formulado alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. En el escrito de demanda se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE y del art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados.
El Abogado del Estado, en el relato de los antecedentes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad, expone que la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el 23 de mayo de 2012, decidió aplicar el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, resultando infructuoso dicho trámite. Acto seguido destaca que el Consejo de Ministros celebrado el día 30 de noviembre de 2012 decidió solicitar del Sr. Presidente del Gobierno la promoción del presente recurso de inconstitucionalidad, con expresa invocación del art. 161.2 CE, formalizándose la decisión en la misma fecha. Posteriormente, la comisión permanente del Consejo de Estado emitió el dictamen 1241-2012 sobre la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, que se sustenta en los siguientes argumentos.
2. El recurrente admite que se dicta la Ley 3/2012, en ejercicio de la competencia exclusiva que ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de urbanismo ex art. 149.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), pero entiende que la Ley autonómica incurre en inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulnerar el orden de distribución de competencias articulado legítimamente por el Estado a través de la legislación básica, que el Abogado del Estado identifica en relación con cada uno de los preceptos impugnados.
a) El art. 59 de la Ley 3/2012, que confiere nueva redacción al apartado 1 del art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, al regular el destino de los ingresos de la enajenación de suelo público y de los suelos cedidos, a juicio del Abogado del Estado, pone de manifiesto una extralimitación competencial, vulnerando la legislación básica estatal en materia de suelo dictada al amparo del art. 149.1.13 CE, y recogida en los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Destacados los elementos formales (con referencia a la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y materiales (con llamamiento a la doctrina contenida en las SSTC 61/1997, 164/2001 y 46/2007) que configura ambos preceptos como normativa básica, el Abogado del Estado pone de relieve la contradicción, que deriva en inconstitucionalidad mediata, existente entre el art. 59 de la Ley 3/2012 y los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
La legislación básica estatal, más precisamente el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, exige que los ingresos obtenidos con la enajenación y sustitución por dinero de los bienes, recursos y derechos que constituyen los patrimonios públicos de suelo y vivienda, se destinen a la construcción de viviendas públicas, o a otros usos de interés social, siempre que estos últimos se refieran a fines urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales y bienes inmuebles del patrimonio cultural. Frente a ello, la nueva redacción del art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, incluye entre los usos a los que pueden destinarse los bienes o recursos del patrimonio público de suelo y de vivienda que se cedan gratuitamente o se enajenen por un precio inferior al de su valoración, el de «generar actividad económica en áreas deprimidas», destino en el que claramente no concurre la finalidad urbanística ni la de protección o mejora medioambiental o cultural exigida por la normativa básica.
El argumento se completa al afirmar que la previsión del art 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, constituye una clara base de ordenación económica ex art. 149.1.13 CE, según nuestra doctrina constitucional, como lo son también los dos apartados del art. 38 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que contienen los rasgos definitorios y esenciales del patrimonio público del suelo. Las razones que avalan esa conclusión se congregan en torno a la consideración de que el art. 38 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece reglas de estructuración del mercado del suelo que se alejan del principio de obtención del máximo beneficio, vinculando a uno de los principales oferentes en ese mercado, esto es la Administración actuante, a emplear este suelo para satisfacer el derecho a la vivienda de las capas sociales que más lo necesitan y para los mencionados usos de interés social, debiendo por ello revertir los ingresos obtenidos por enajenación o sustitución, en la «conservación, administración y ampliación» del propio patrimonio público separado o en «los usos propios de su destino» (art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio).
El Abogado del Estado especifica asimismo que el primer inciso del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que prescribe un destino obligatorio, aunque no único, para «los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos del suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior», ha de considerarse norma básica sobre la actividad económica general (art. 149.1.13 CE) «en relación con la vivienda», puesto que así se desprende con toda claridad de la STC 61/1997, concretamente de su fundamento jurídico 36, que también sostendría el carácter de norma básica del segundo inciso del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que permite que los terrenos de los patrimonios públicos alcancen otros «usos de interés social». Esta última previsión se refiere a usos excepcionales para los terrenos adquiridos en virtud del deber regulado en el art. 16.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y su objetivo es preservar la efectividad de la norma básica, es decir, garantizar que los terrenos de los patrimonios públicos se destinen a la construcción de viviendas protegidas, exigiendo que el apartamiento de esta finalidad por obra del legislador autonómico esté objetivamente justificado en una finalidad de interés urbanístico, ambiental o cultural y no de otro tipo. Por tanto, si se admite como básica la prescripción del fin (esto es la construcción de viviendas protegidas), igualmente básica ha de ser una norma complementaria con la que se protege la consecución de la finalidad prescrita (excepcionalidad tasada de otros usos de interés social).
La argumentación del recurrente concluye con la afirmación de que, resultando materialmente básicos y debidamente amparados en la competencia reservada al Estado por el art. 149.1.13 CE, los arts. 38 y 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que actúan como norma de contraste, la previsión contenida en el art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, tras la redacción dada por el art. 59 de la Ley 3/2012, objeto del presente recurso, de que pueden destinarse los bienes o recursos del patrimonio público de suelo y de vivienda a la finalidad de generar actividad económica en áreas deprimidas, hace que el precepto impugnado adolezca de la inconstitucionalidad mediata que se denuncia, pues con dicho destino no se persigue finalidad urbanística alguna ni de protección o mejora del medioambiente o del patrimonio cultural, finalidades, todas ellas, previstas en la legislación básica.
b) El art. 64.4 de la Ley 3/2012, al dar nueva redacción al apartado 5 del art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, afecta a la regulación básica estatal sobre procedimiento administrativo común, invadiendo las competencias que otorga al Estado el núm. 18 del art. 149.1 CE.
El Abogado del Estado afirma que el juego combinado de los arts. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 y 36.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña, resulta contradictorio con el contenido del art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011 de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa (Real Decreto Legislativo 8/2011), que se erige, en este ámbito como norma básica estatal.
El art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 requiere, para la primera ocupación de edificaciones de nueva construcción, incluidas casas prefabricadas e instalaciones similares, un acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa, el que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística, estableciéndose además el sentido negativo del silencio administrativo si, tras el vencimiento del plazo máximo, no se notificara la resolución expresa. En cambio el art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción dada por el art. 64.4 de la Ley 3/2012, frente al criterio contenido en la legislación estatal, permite la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones con el único requisito de su comunicación previa al ayuntamiento, lo que supone reconocer ex lege un derecho a la ocupación de la edificación remitiendo la verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente previstos a tal efecto a un momento posterior, el de su comprobación por la Administración competente, impidiendo con ello que opere la técnica del silencio negativo que establece la legislación básica estatal.
Expresada la incompatibilidad normativa, el Abogado del Estado justifica el carácter formal y materialmente básico del art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011. Formalmente, constituye una norma legal que se dicta en virtud de los apartados 1 y 18 del art. 149.1 CE, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común [disposición final primera apartado 1 d) del Real Decreto Legislativo 8/2011]. Por lo que hace al carácter materialmente básico del art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, se justifica en la cobertura que le da el art. 149.1.18 CE, invocando la jurisprudencia constitucional que concreta su contenido (con cita de las SSTC 32/1981, 227/1988, y 50/1999) y determina que el Estado ostenta competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común así como para el dictado de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Según la Abogacía del Estado ambas competencias se inspiran en la necesidad de garantizar a los ciudadanos un tratamiento común ante todas las Administraciones, de modo que este elemento teleológico conduce decisivamente a definir, tanto los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones, como el procedimiento administrativo común. Esta parte continúa su argumentación afirmando que la regulación estatal de ciertos procedimientos formalizados se ha justificado en atención al título competencial recogido en el art. 149.1.1 CE, plenamente vinculado al régimen constitucional de los derechos y deberes de los ciudadanos, en la medida en que es posible afirmar que la concepción constitucional del procedimiento administrativo común viene esencialmente determinada por un elemento finalista garantista, que permite la regulación común de ciertos procedimientos especiales (con cita de la STC 23/1993). Sintetizando sus argumentos, el Abogado del Estado afirma que la correcta cobertura competencial del art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, por el art. 149.1.18 CE no puede cuestionarse, por la naturaleza esencialmente garantista que concurre en la técnica administrativa que recoge el artículo 23, que persigue la protección del interés general en la medida en que el carácter negativo del silencio constituye una garantía encaminada a preservar la legalidad urbanística.
Constatado el carácter formal y materialmente básico del art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, considera el Abogado del Estado que deviene inconstitucional por oposición con aquel, el art. 64.4 de la Ley catalana 3/2012, dado que, al sujetar a comunicación previa la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones, impide que opere el silencio negativo básicamente establecido.
c) Por último, argumenta el Abogado del Estado, que el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, vulnera la titularidad estatal sobre el dominio público marítimo-terrestre (art. 132.2 CE), resultando contrario a lo establecido por el Estado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (LC).
El Abogado del Estado arranca su argumentación recordando que el art. 132.2 CE atribuye al Estado la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, no sólo declarando el carácter demanial de los espacios costeros, sino indicando también que la propiedad de los mismos es estatal, lo que si bien no implica la atribución de ningún título competencial, ni altera la distribución de competencias estatales y autonómicas que la Constitución fija (con cita de las SSTC 58/1982, 77/1984, 227/1988 y 149/1991), sí habilita al Estado, como titular del dominio, para incidir sobre las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas costeras respecto de la ordenación del territorio (con cita de la STC 162/2012).
El Abogado del Estado se refiere al art. 149.3 EAC, que atribuye a la Generalitat la competencia sobre ordenación del litoral, recordando que la STC 31/2010, interpreta el apartado b) del citado precepto estableciendo que se trata de una competencia de naturaleza ejecutiva, sujeta por tanto a las potestades estatales, estableciéndose de ese modo que la actividad normativa de determinación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público marítimo-terrestre no corresponde al título competencial de ordenación del territorio, sino al derivado de la titularidad de ese dominio público, no pudiendo la Generalitat entrar a regular la comunicación previa como forma de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. De lo anterior se concluye que corresponde al Estado definir legislativamente en la Ley de costas, el dominio público estatal y establecer el régimen jurídico de los bienes que lo integran, así como adoptar las medidas precisas para proteger la integridad del demanio, preservar sus características naturales y su libre utilización. A partir de ahí el Abogado del Estado cita los arts. 2.2, 31.1 y 2, 32, 51.1, 53.1 y 110 b) de la Ley de costas, para concluir que es competencia estatal la gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento de adscripciones, concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento, las declaraciones de zona de reserva y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, así como las instalaciones marítimas menores como embarcaderos, pantalanes, varaderos y otras análogas que no formen parte de un puerto o estén adscritas al mismo. De tal competencia que delimita las reservas o adscripciones, concesiones y autorizaciones como títulos habilitantes únicos para articular la ocupación y aprovechamiento del demanio, en la medida en que tales títulos prevén manifestaciones de la titularidad del dominio público, se deriva que la Comunidad Autónoma no puede hacer uso de un título adicional o fórmula de ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre como es la comunicación de ocupación, en la medida en que el Estado no la contempla, siendo quien tiene la competencia para ello. Esta actividad normativa de la Comunidad Autónoma supone, a juicio del Abogado del Estado, la regulación de un nuevo título habilitante distinto de la autorización o concesión que prevé la Ley de costas y el ejercicio de una competencia normativa de la que carece la Generalitat.
3. A propuesta de la Sección Cuarta, el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre de 2012, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Acordó, asimismo, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, en la providencia se hace constar que el Presidente del Gobierno ha invocado el art. 161.2 CE, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –30 de noviembre de 2012–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Finalmente, se ordena la publicación de la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
4. Mediante sendos escritos presentados en el Registro General de este Tribunal los días 19 y 20 de diciembre de 2012, los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados respectivamente, comunicaron los acuerdos de las Mesas de una y otra Cámara de personarse en el procedimiento, dando por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en nombre y representación del gobierno autonómico, se opone a la demanda formulada por el Abogado del Estado, interesando del Tribunal Constitucional su total desestimación.
Las alegaciones de la Generalitat parten de la consideración de que los preceptos autonómicos impugnados inciden en las materias de urbanismo y ordenación del territorio, ambas de competencia autonómica exclusiva en virtud de lo dispuesto en el art. 149.5 EAC, con particular incidencia del art. 59 de la Ley 3/2012 en la submateria de patrimonio público de suelo; del artículo 64.4 de la misma norma en la submateria de intervención sobre la edificación y uso del suelo; y de la disposición adicional sexta, apartado 7, en las materias de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo, sin descartar su relación con las materias de protección del dominio público marítimo terrestre y protección del medio ambiente.
La Abogada de la Generalitat, con la pretensión de definir el ámbito competencial de la controversia planteada, recuerda el contenido que se ha dado a la competencia de urbanismo, acudiendo a la STC 61/1997 que interpreta, afirmando que la misma se refiere al urbanismo objetivo entendido como disciplina de ordenación de la ciudad, que incluye la competencia normativa para regular los criterios y los procesos de transformación urbanística, así como para determinar los instrumentos de planificación y de gestión y ejecución a su servicio, sin perjuicio de su eventual condicionamiento por las competencias estatales concurrentes [STC 61/1997, FJ 9.b)]. En este marco, afirma que el art. 149.5, apartado b) EAC atribuye de forma expresa a la Generalitat la competencia exclusiva respecto a dos de las submaterias sobre las que versa la presente controversia, que son, de una parte, los patrimonios públicos de suelo y vivienda, en la que incide el art. 59 de la Ley 3/2012 y, de otra parte, el régimen de la intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el subsuelo, submateria en la que se encuadra la regulación del art. 64.4 de la Ley 3/2012.
Por lo que hace a la ordenación del litoral, la Generalitat afirma, citando la STC 149/1991, que esta competencia forma parte de la ordenación del territorio, siendo por ello atribuible a la Comunidad Autónoma, que la ejercerá teniendo en cuenta la necesaria relativización de la misma por obra de los títulos competenciales del Estado que concurren en el litoral y del contenido del art. 132.2 CE. Así, esta parte admite que mientras que la incidencia del Estado sobre el espacio integrante del dominio público marítimo-terrestre al que se refiere el art. 132.2 CE se halla habilitada por la titularidad estatal sobre dicho espacio territorial, que incluye la competencia para su protección y para garantizar su libre utilización por los ciudadanos, en el caso de los terrenos de propiedad privada colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, en los que dicha titularidad pública no existe, la intervención del Estado para proteger las características propias del dominio público marítimo-terrestre y asegurar su libre uso público, descansa en la competencia que el art. 149.1 CE reserva al Estado, de una parte en su apartado 1 para fijar las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y de otro lado, en su apartado 23, que reserva al Estado la competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente. De la lectura combinada de ambos preceptos realizada por las SSTC 149/1991, 46/2007, 87/2012 y 162/2012, se infiere que el Estado es titular del dominio público marítimo-terrestre, teniendo competencia para su delimitación, el establecimiento del régimen jurídico de los bienes que lo integran y la adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad y su libre utilización, sumando a esas competencias, respecto de la servidumbre de protección, la de sujetar dichos terrenos a limitaciones de utilización con el objetivo de establecer las condiciones básicas de igualdad de los ciudadanos en su derecho al disfrute del dominio público costero, así como las condiciones básicas de igualdad de los titulares de dichos terrenos en el ejercicio de su derecho de propiedad (ex art. 149.1.1 CE), así como la de imponer limitaciones a la utilización de los referidos terrenos de propiedad privada para asegurar la protección de los valores paisajísticos y ambientales del dominio público marítimo-terrestre (ex art. 149.1.23 CE), sin que el establecimiento de tales limitaciones pueda comportar, sin embargo, una ordenación de los usos del suelo. Por su parte, corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, ordenación del territorio y del litoral y de desarrollo legislativo de la legislación estatal básica sobre protección del medio ambiente, tanto en relación con los terrenos de la servidumbre de protección, como respecto al propio demanio público marítimo-terrestre (con cita de las SSTC 87/2012, FJ 4, y 162/2012, FJ 7).
A partir de la definición del marco competencial descrito, la Abogada de la Generalitat analiza cada uno de los preceptos impugnados, realizando las siguientes consideraciones:
a) El art. 59 de la Ley 3/2012 está amparado en la competencia exclusiva que el art. 149.5 d) EAC atribuye a la Generalitat en materia de patrimonios públicos de suelo y vivienda, siendo este de los patrimonios públicos de suelo un instrumento urbanístico creado al servicio de las políticas de suelo y vivienda de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de urbanismo y vivienda.
La Abogada de la Generalitat glosa el fundamento jurídico 36 de la STC 61/1997, afirmando que en el mismo se reconoce la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE para fijar algunos criterios generales sobre política del suelo dado su impacto directo sobre la política económica general; para imponer la constitución de los patrimonios municipales de suelo (que no los autonómicos), con los objetivos indicados en el art. 276 del Real Decreto Legislativo 7/1992, del texto refundido de la Ley del suelo, de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento; y para prever el destino a vivienda protegida u otros usos de interés social de aquellos bienes, integrantes de los patrimonios municipales de suelo, ya incorporados al proceso urbanizador y edificatorio, cuya calificación urbanística fuera compatible con tales destinos (art. 280 del Real Decreto Legislativo 7/1992), dejando abierta la posibilidad de destinar el resto de bienes integrantes de dichos patrimonios no incorporados al proceso urbanizador y edificatorio o cuya ordenación urbanística sea incompatible con los referidos destinos de vivienda protegida u otros usos de interés social, a las finalidades genéricas establecidas en el art. 276 del Real Decreto Legislativo 7/1992. Asimismo, recuerda esta parte que el Tribunal negó competencia al legislador estatal para: fijar los bienes que debían integrar los patrimonios municipales de suelo (art. 277 del Real Decreto Legislativo 7/1992); regular las reservas de terrenos de posible adquisición con destino a los patrimonios municipales de suelo (art. 278.1 del Real Decreto Legislativo 7/1992); y establecer la regulación contenida en los arts. 282.2, 284.3, 285 y 286 del Real Decreto Legislativo 7/1992 relativos a las cesiones de terrenos integrantes de los patrimonios municipales de suelo, siendo el art. 286.2 del Real Decreto Legislativo 7/1992 altamente coincidente con el contenido del art. 59 de la Ley catalana 3/2012.
Continúa la argumentación de esta parte negando carácter materialmente básico a los arts. 38 y 39, apartados 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en los puntos en que entran en conflicto con la legislación autonómica. Al respecto, entiende que el art. 38.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, halla cobertura en el apartado 13 del art. 149.1 CE excepto en lo relativo a la determinación de los bienes que deben integrarse preceptivamente en los patrimonios públicos de suelo y en lo que hace a la previsión de su constitución como patrimonio separado y el destino de los ingresos de su gestión (art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), dado que se trata de prescripciones sobre el régimen jurídico de los patrimonios públicos de suelo que no guardan relación con la planificación general de la economía, sino que forman parte de la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña ex art. 149.5 d) EAC sobre los patrimonios públicos de suelo y vivienda, y en el caso de los patrimonios públicos autonómicos, de la competencia de autoorganización atribuida por el art. 150 EAC. Los argumentos anteriores se completan con la invocación del apartado 2 de la disposición final primera del texto refundido de la Ley del suelo de 2008, redactado conforme a la enmienda transaccional aprobada por el Senado el 11 de abril de 2007, con objeto, justamente, de salvar la competencia exclusiva sobre los patrimonios públicos de suelo de las comunidades autónomas que la tuvieran reconocida estatutariamente. En consonancia con la argumentación anterior, esta parte niega también el carácter materialmente básico del art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, al entender que este precepto incurre en exceso competencial, con la subsiguiente vulneración de la competencia exclusiva que el art. 149.5 d) EAC atribuye a la Generalitat de Cataluña sobre los patrimonios públicos de suelo y vivienda, porque la regulación que contiene no posee incidencia directa e inmediata en la actividad económica general.
A pesar de negar el carácter materialmente básico de las normas estatales que el Abogado del Estado define como básicas y determinantes de la inconstitucionalidad mediata del art. 59 de la ley catalana 3/2012, la Abogada de la Generalitat no concluye ahí su argumentación, pasando a negar la contradicción entre el precepto impugnado y los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
De un lado, se rebate la contradicción entre el art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y el apartado 1 del art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 (en la redacción otorgada por el art. 59 de la Ley 3/2012), por referirse uno y otro precepto a supuestos distintos. Así, el art. 38.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, entiende la parte que se referiría al destino de unas cantidades dinerarias específicas (los ingresos obtenidos por la venta onerosa de terrenos y los importes dinerarios substitutorios del deber de cesión de suelo con aprovechamiento), mientras que el precepto impugnado lo haría a los destinos específicos, dentro de las finalidades genéricas de los patrimonios públicos de suelo, que justifican que los terrenos integrantes de los patrimonios públicos de suelo y vivienda puedan ser cedidos gratuitamente o enajenados a precio inferior a su valor.
De otro lado, el precepto impugnado tampoco entraría en contradicción con lo establecido en el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ya que, al determinar el destino a vivienda protegida u otros usos de interés social, este precepto remite al legislador urbanístico autonómico la determinación de los otros usos de interés social a los que, alternativamente a la construcción de vivienda protegida, pueden destinarse los bienes procedentes del deber de cesión regulado en el art. 16.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, remisión que habilita la previsión establecida en el art. 59 de la Ley 3/2012, de destinar tales terrenos a generar actividad económica en áreas deprimidas. La Abogada de la Generalitat completa el argumento anterior afirmando que, en último término, es posible efectuar una interpretación del art. 59 de la Ley 3/2012 acorde con el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, entendiendo que quedan excluidos de la cesión o enajenación por precio inferior a su valor reguladas en el precepto autonómico, los terrenos que se hayan integrado en los patrimonios públicos de suelo procedentes del cumplimiento del deber de cesión de suelo con aprovechamiento establecido en el art. 16.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
b) El art. 64.4 de la Ley 3/2012 está amparado en la competencia exclusiva que el art. 149.1.5 d) EAC atribuye a la Generalitat en materia de intervención sobre la edificación y el uso del suelo, mientras que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislativo 8/2011, que el Abogado del Estado invoca como norma básica que determina la inconstitucionalidad mediata de la norma impugnada, es desposeído por la Abogada de la Generalitat del carácter materialmente básico.
Esta parte admite la evidente contradicción entre el precepto estatal y el autonómico impugnado, ya que, mientras que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislativo 8/2011 somete la primera ocupación a un acto expreso de conformidad, cuya falta de notificación tiene, según establece el apartado 2 del precepto, efectos negativos desestimatorios de la solicitud, el nuevo apartado 5 del art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, incorporado por el art. 64.4 de la Ley 3/2012, subordina la primera ocupación del edificio a una simple comunicación previa, que permite llevar a cabo desde el día de su presentación. No obstante tal reconocimiento, la Abogada de la Generalitat niega que semejante contradicción suponga la inconstitucionalidad mediata del precepto impugnado, al afirmar que es el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, el que incurre en exceso competencial, habiendo invadido la competencia autonómica exclusiva en materia de urbanismo, así como la relativa a la determinación de las peculiaridades procedimentales requeridas por el derecho sustantivo propio que le atribuye el art. 159.1 c) EAC, tal como en su día puso de manifiesto el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1886-2012, interpuesto contra diversos preceptos del citado Real Decreto Ley 8/2011, entre ellos su artículo 23.
La Abogada de la Generalitat descarta que el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legislativo 8/2011 tenga cobertura ni en el apartado 1, ni en el apartado 18 del art. 149.1 CE. Por lo que hace al primer precepto, trae a colación el fundamento jurídico 34 a) de la STC 61/1997 y descarta que la exigencia contenida en el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 quede amparada en la competencia reservada al Estado en el art. 149.1.1 CE, al carecer el acto expreso de conformidad, recogido en el citado artículo 23, de carácter constitutivo y ser un mero acto declarativo de un derecho preexistente, destinado a ejercer el control administrativo de la actividad de edificación. Incluso aunque no se admitiera la interpretación que diferencia entre actos constitutivos y actos declarativos de derechos preexistentes, el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, seguiría sin hallar cobertura en el art. 149.1.1 CE, puesto que, según la STC 61/1997, FJ 34 a), dicho título competencial únicamente ampararía la sujeción a intervención administrativa de los actos de edificación, dada su conexión con el derecho de propiedad y la materialización del aprovechamiento urbanístico, pero no habilitaría el sometimiento a licencia de los restantes usos del suelo, como es el caso de la licencia de primera ocupación de los edificios.
La Abogada de la Generalitat también descarta el encaje del art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legislativo 8/2011 en el art. 149.1.18 CE. Por un lado y, en lo que hace al régimen jurídico de las Administraciones públicas previsto en el citado apartado 18, la sujeción de la primera ocupación de los edificios a un acto expreso de conformidad, cuya falta de notificación en plazo permite entender desestimada la solicitud por silencio, no establece ningún régimen jurídico unitario de las Administraciones públicas, sino que incorpora una medida de intervención administrativa destinada a incrementar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, impidiendo el otorgamiento de facultades urbanísticas relevantes mediante la técnica del silencio positivo, medida que se incluye dentro del urbanismo objetivo, de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña ex art. 159.1 c) EAC. Por otro lado, la competencia estatal en materia de procedimiento administrativo común no habilita al Estado para regular todos los aspectos procedimentales (con cita del fundamento jurídico 3 de la STC 50/1999), ni supone una reserva en exclusiva al Estado para que regule todos los procedimientos administrativos especiales aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa ratione materiae (con cita de la STC 227/1988, FJ 32). El art. 23.1.e) del Real Decreto Legislativo 8/2011, no tiene la condición de regla de procedimiento sino que constituye una técnica de intervención administrativa dirigida, en este caso, a la protección de la legalidad urbanística, cuyo establecimiento corresponde al legislador titular de la competencia substantiva y, por tanto, al legislador urbanístico autonómico, tal como establece el art. 149.5 d) EAC. En cuanto a la determinación del sentido negativo del silencio, se trata de una prescripción que tampoco tiene cobijo en la competencia estatal del art. 149.1.18 CE, porque no establece una norma general sobre el régimen jurídico del silencio administrativo, sino una excepción a la regla general del silencio positivo en los procedimientos iniciados a instancia de parte que contiene el art. 43 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), precepto que, junto con el art. 44 LPC, agotaría, según la Generalitat, la regulación general y común del silencio administrativo.
Si bien los argumentos anteriores bastarían para predicar la constitucionalidad del art. 64.4 de la Ley 3/2012, la representación procesal del Gobierno autonómico añade que el legislador estatal ha impuesto en el art. 43.1 LPC una condición para invertir la regla general del silencio positivo que no ha sido respetada por el art. 23.2 del Real Decreto Legislativo 8/2011, y que se refiere a la necesidad de motivar la concurrencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen la inversión de la regla, omisión que implica una vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en el art. 9.3 CE. Las razones expuestas avalarían la afirmación de la Abogada de la Generalitat de que el art. 23.1 e) y 2 del Real Decreto Legislativo 8/2011 no pueda esgrimirse como parámetro de constitucionalidad para sostener la inconstitucionalidad indirecta o mediata del art. 64.4 de la Ley 3/2012.
c) Por último el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, se ampara, a juicio de la Abogada de la Generalitat, en las competencias autonómicas exclusivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en la competencia compartida sobre protección del medio ambiente. Se estima que la norma impugnada no tiene por objeto, frente a lo referido por el Abogado del Estado en su escrito de demanda, el control de las actuaciones que se desarrollan en el dominio público marítimo-terrestre, sino que el régimen de comunicación previa que establece se dirige a determinadas actuaciones menores que se pretendan realizar en los terrenos privados colindantes al dominio público marítimo-terrestre, comprendidos en la zona de servidumbre de protección, cuya regulación estatal se contiene en los arts. 25 y 26 LC. En otros términos, la Abogada de la Generalitat afirma que la interpretación del precepto controvertido hecha por el Abogado del Estado es errónea al basarse en una errata tipográfica que apareció en la publicación en el «BOE» de la primera versión en castellano de la ley («BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 2012), posteriormente corregida («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2012), insistiendo en el hecho de que la disposición impugnada no se aplica al dominio público marítimo terrestre, sino a la servidumbre de protección, razón por la cual los preceptos invocados por el Abogado del Estado como parámetro de constitucionalidad mediata (arts. 31, 32, 51.1, 53.1 de la Ley 22/1988, de costas) no serían aplicables, de modo que los argumentos aducidos por el Abogado del Estado en base a los referidos preceptos no satisfarían la carga que incumbe a la parte demandante de exponer los motivos en que se fundamenta su impugnación. Tal argumentación lleva a la Abogada de la Generalitat a afirmar que el apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012 debería quedar fuera de la controversia (con cita de las SSTC 11/1981, de 8 de abril FJ 3; 43/1996, de 14 de marzo, FJ 3; 104/2000 de 13 de abril, FJ 5, y 13/2007 de 18 de enero FJ 1).
Sin perjuicio de lo dicho, esta parte desarrolla una serie de argumentos en defensa de la constitucionalidad de la norma impugnada, afirmando que la misma tiene cobertura en las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo (art. 149.1 y 5 EAC) y en materia de desarrollo legislativo de la legislación estatal básica sobre protección del medio ambiente (art. 144 EAC), respetando las limitaciones derivadas de las competencias estatales recogidas en los arts. 149.1.1 CE y 149.1.23 CE, en la interpretación que a los mismos da la STC 149/1991, al referirse al alcance de los arts. 25 y 26 de la Ley 22/1988, de costas. Afirma la Abogada de la Generalitat que la disposición adicional sexta, apartado 7, de la Ley 3/2012 no autoriza el inicio de la actividad de que se trate con la mera presentación de la comunicación previa, sino que impone un plazo de dos meses para que la autoridad competente en la materia se oponga a su realización si resulta disconforme con el régimen de usos que rige en la zona de servidumbre de protección del dominio público, transcurridos los cuales sin que se notifique al interesado una resolución motivada de disconformidad, éste queda autorizado para llevarla a cabo. Esta regulación pondría de relieve, a juicio de esta parte, que bajo la denominación de comunicación previa, lo que en realidad establece la norma impugnada es una modalidad singular de intervención administrativa, análoga a la licencia o autorización, en la que la exigencia de resolución expresa se sustituye por una facultad de veto que, si la autoridad competente no ejerce dentro del plazo de dos meses, presupone el otorgamiento de la autorización por silencio administrativo. Insiste la Generalitat en que la norma autonómica se limita a establecer la técnica de intervención administrativa que considera más idónea para controlar que los usos que se desarrollen en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se ajusten a las limitaciones que, por razones de protección medioambiental, se establecen en el art. 25 LC y que dicha regulación se ampara en lo previsto en los arts. 149.1 y 5 EAC y 144 EAC. Esta parte concluye su argumentación afirmando que las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se inscriben en las materias de protección del medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo [STC 149/1991, FJ 1 D)], y que las Comunidades Autónomas poseen competencias de desarrollo legislativo de la legislación básica estatal sobre protección del medio ambiente (STC 102/1995, FJ 8), lo que habilita a la Generalitat, en desarrollo de la normativa estatal básica, a establecer que las actuaciones menores sobre implantaciones establecidas legalmente en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se sujeten a un régimen singular de intervención administrativa, consistente en la previa comunicación y en el establecimiento de un plazo de dos meses, transcurridos los cuales sin que la autoridad de costas competente manifieste su disconformidad con el régimen legal de usos, el interesado pueda entender concedida la autorización por silencio administrativo.
d) Adicionalmente, mediante otrosí, la representación procesal de la Generalitat de Cataluña solicita el levantamiento anticipado de la suspensión de los preceptos impugnados antes del transcurso del plazo de cinco meses establecido en el art. 161.2 CE.
6. El Parlamento de Cataluña, se personó en el procedimiento y presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal, el día 8 de enero de 2013, habiendo interesado la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, así como el levantamiento anticipado de la suspensión de los artículos impugnados.
Esta parte introduce sus alegaciones, contrarias a las que expone el Abogado del Estado en el escrito de demanda, recordando que la Ley 3/2012 se limita a modificar aspectos puntuales de la regulación integral del urbanismo establecida anteriormente, lo que significa que se inscribe plenamente dentro de la materia que aparece descrita en el art. 149.5 EAC, tratándose, pues, de una norma que se ha producido dentro del marco competencial correspondiente, de la misma manera que la Ley modificada. Ello no significa que el Estado carezca de competencias que puedan incidir sobre el sector material del urbanismo, ni permite impedir al mismo el ejercicio de sus competencias sectoriales, también exclusivas, con proyección territorial, contándose entre esas competencias estatales con incidencia en el sector urbanístico, las recogidas en los apartados, 8, 13, 18 y 23 del art. 149.1 CE (con cita de las SSTC 61/1997, de 20 de marzo; 164/2001, de 11 de julio, y 178/2004, de 21 de octubre).
A partir de las consideraciones anteriores, la representación procesal del Parlamento defiende el ajuste constitucional de los preceptos impugnados con los siguientes argumentos.
a) El art. 59.1 de la Ley 3/2012 es compatible con la legislación básica estatal. Entiende el Parlamento de Cataluña que la discrepancia planteada por el Abogado del Estado se centra en los destinos a los que obligatoriamente deben sujetarse los patrimonios públicos del suelo, teniendo en cuenta lo que dispone el art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, aunque en algún momento del recurso se alude también a la afectación de los recursos obtenidos a partir de los citados patrimonios, y considera que la contradicción no existe pues entiende que el art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y el art. 59 de la Ley 3/2012, no son plenamente coincidentes. Así, se afirma que el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, determina una afectación obligatoria: «la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública», sin excluir otras posibles, pero no para todos los bienes que integran los patrimonios públicos del suelo, sino sólo para una parte de los mismos: «los que integran necesariamente los patrimonios públicos del suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior». Por tanto, los bienes no incluidos en la categoría referida en el artículo 38.1, no se hallan afectos a la limitación de destino que se prescribe en esta norma. La limitación de destino se refiere a los bienes inmuebles incluidos en el suelo de cesión obligatoria y gratuita correspondiente al porcentaje de aprovechamiento que fije la legislación urbanística en cada caso, dentro de los procesos de transformación urbanística. Para los bienes «residuales», se pueden determinar otras finalidades, dentro de la amplitud de las generales a las que deben destinarse los patrimonios públicos del suelo, de acuerdo con el primer inciso del art. 38.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; señala la parte que, entre esas otras finalidades, cabe perfectamente la prescrita en el art. 59.1 de la Ley 3/2012, antes contenida en el art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que nunca fue recurrido. Por tanto, considera el Parlamento que solo un grupo de bienes de los que forman parte los patrimonios públicos del suelo, aquellos de integración obligatoria en este tipo de patrimonio especifico, están afectos a las finalidades determinadas por la legislación básica, pero los restantes bienes incluidos en dicho patrimonio [y contemplados, en el ordenamiento de Cataluña, en el capítulo II del título V de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 y en el Decreto 305/2006, de 18 de julio, particularmente el art. 223.1 c), pueden afectarse a otras finalidades determinadas por la legislación urbanística, las cuales serán de carácter urbanístico y vinculadas a lo que disponga el planeamiento correspondiente. Que la legislación básica determine una finalidad concreta no excluye otras coherentes con la función del patrimonio público del suelo, como instrumento para la ejecución de las previsiones urbanísticas.
Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el Parlamento de Cataluña también propone una lectura de la legislación básica estatal en lo relativo a la determinación de las finalidades a las que debe destinarse el patrimonio público del suelo, conciliable con la norma autonómica. Así, se entiende que el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, establece una finalidad específica a la que se hallan afectos los patrimonios públicos del suelo, pero esta no es la única posible, sino que el mismo precepto permite una ampliación a otras finalidades, cumpliéndose diversos requisitos: que se trate de usos de interés social, se prevea en la legislación urbanística y que sean fines urbanísticos o de protección o mejora de los espacios naturales o de bienes inmuebles del patrimonio cultural. En este marco, la previsión impugnada, esto es la posible afectación de bienes del patrimonio público del suelo a fin de «generar actividad económica en áreas deprimidas» no contradice, frente a lo que afirma la representación de la parte recurrente, las condiciones establecidas por el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, porque se trata de un uso del suelo de interés social, se halla previsto en la legislación urbanística y constituye también una finalidad urbanística, pues el destino de este suelo se halla previsto y determinado por el planeamiento urbanístico, el cual no establece una ordenación en función de la titularidad del suelo, sino que se trata de un modelo de desarrollo urbanístico. Dicho de otra manera, no puede obviarse que el patrimonio público del suelo se inscribe en un marco urbanístico que le atribuye una calificación concreta en orden a conseguir unos objetivos urbanísticos mediante su puesta en práctica, de modo que el interés social y económico de la operación de transformación urbanística que pretende generar actividad económica en un área deprimida no excluye la finalidad urbanística, al contrario, la supone. El patrimonio público del suelo se constituye como un instrumento de carácter urbanístico, no económico, para llevar a cabo unas previsiones contenidas en el planeamiento, con el que guardan coherencia y del que no se pueden aislar.
En síntesis, considera esta parte que debe prevalecer una interpretación teleológica del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, so pena de traspasar el ámbito material al que se refiere el art. 149.1.13 CE, y por tanto debe entenderse que el precepto básico pretende que la posible intervención pública en el mercado del suelo no tenga una finalidad especulativa, sino que se justifique en un criterio social y urbanístico, siendo exactamente esto lo que se prevé en el artículo 59 impugnado, por lo que resulta plenamente compatible con la legislación básica estatal. Acudiendo a la cita del fundamento jurídico 36 de la STC 61/1997, la representación del Parlamento deduce que el art. 149.1.13 CE ampara una determinación genérica mediante legislación básica, pero no una concreción, en lo que se refiere al patrimonio público del suelo, so pena de vaciar de contenido la competencia autonómica sobre urbanismo, de modo que una interpretación del art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, como la que fundamenta el recurso, al excluir la posibilidad que establece el art. 59 de la Ley 3/2012, incurriría en una restricción concreta contraria a lo sostenido en la jurisprudencia constitucional.
b) El art. 64 de Ley 3/2012 se adecúa al reparto constitucional de competencias, puesto que la legislación básica de contraste propuesta por el Abogado del Estado (art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011) es la que excede los límites competenciales que corresponden al Estado en esta materia. El Letrado del Parlamento entiende, por un lado, que el art. 149.1.1 CE no ofrece cobertura al Estado para regular el «derecho a la primera ocupación de una edificación o una casa prefabricada o instalación similar», porque esto no se inscribe dentro del «contenido primario» de un derecho constitucional, que deba ser objeto de garantía. Aún en el caso de que la sujeción de tal derecho a intervención administrativa pudiera entenderse comprendida dentro del mencionado «contenido primario», el art. 149.1.1 CE no habilita para determinar qué modalidad deba adoptar la misma, o cuál deba ser el sentido de la falta de pronunciamiento de la Administración [con cita de las SSTC 61/1997, FJ 6 a) y FJ 8, y 133/2006, de 27 de abril, FJ 3].
Por otro lado, se descarta también que el art. 149.1.18 dé cobertura al art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, al considerar que el mismo no encaja dentro de la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común (con cita de las SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, y 50/1999, de 6 de abril). Expone esta parte que la regulación del silencio administrativo, en términos generales, y sus efectos, o incluso la definición del régimen de comunicación previa, corresponderán al Estado, pero no la determinación de los casos en que en un ámbito sectorial de la actividad administrativa, proceda un tipo de silencio u otro, o el modo de intervención administrativa concreta, cuando la regulación de dicha actividad se encuadre dentro de una competencia de titularidad autonómica. Por lo tanto, dado que la materia de urbanismo, que comprende la regulación de las modalidades de intervención administrativa, ex art. 149.5 d) EAC, corresponde a la Generalitat de Cataluña, el Estado no puede imponerle a ésta una regulación como la establecida en el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, invadiendo la competencia autonómica al determinar la técnica de intervención concreta en éste ámbito. Asimismo, descarta el Letrado del Parlamento de Cataluña que pueda servir de justificación al legislador estatal para regular con carácter básico las modalidades de intervención administrativa, respecto de los actos de primera ocupación o uso de edificación, la consideración como básica de la norma contenida en el artículo 8.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que dispone la imposible adquisición por silencio administrativo de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística, que determinan la nulidad de pleno derecho de estos actos, puesto que existen disposiciones autonómicas que reproducen lo establecido en aquel precepto (art. 5.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 de Cataluña). Finalmente, esta representación considera oportuno añadir que el presunto carácter materialmente básico del art. 23.1 del Real Decreto Legislativo 8/2011 queda en entredicho, por lo que se refiere a su apartado e), relativo a las licencias de primera ocupación o utilización de edificios y casas, al resultar incongruente con otras regulaciones adoptadas por el Estado, particularmente con el art. 41 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
c) Por último, el Letrado del Parlamento inscribe la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley 3/2012 dentro del ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña. Entiende esta parte que el precepto impugnado no se refiere al dominio público marítimo-terrestre, sino a una parte de los terrenos colindantes al mismo, que se hallan en las zonas de servidumbre de protección, que pueden ser de propiedad privada y sobre los que pueden existir edificaciones e instalaciones, de acuerdo con el art. 25.2 y 3 y la disposición transitoria tercera LC. Además, el precepto impugnado no regula los títulos habilitantes para la ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, por lo que no incurre en ninguna invasión competencial por este motivo, careciendo de sentido la invocación de los arts. 51 y 110 LC, dado que no resultan aplicables en el presente caso.
El Letrado del Parlamento afirma que, sin perjuicio de la competencia estatal para regular sobre la zona de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, con amparo en el art. 149.1.1 y 23 CE [con cita de las SSTC 149/1991, FJ 18; y 7/2012, FJ 4)], la jurisprudencia constitucional admite también la posibilidad de una regulación autonómica fundamentada en la competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo, coexistente con la legislación estatal relativa a la zona de servidumbre de protección colindante con el dominio público (STC 149/1991, FJ 1). Asimismo, esta parte recuerda que la STC 102/1995, así como la STC 87/2012, admiten la competencia legislativa autonómica en materia de medio ambiente.
En el presente recurso, entiende el Letrado del Parlamento que no existe contradicción entre la norma estatal y la autonómica, porque el art. 26 LC determina que los «usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la Administración del Estado», y la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley 3/2012, establece que las actuaciones en la zona de servidumbre que no supongan el incremento de la superficie ocupada o de la volumetría existente, ni cambio del uso autorizado, se sujeten al régimen de comunicación previa. A su juicio, esta regulación supone que la autorización de usos (tanto nuevos, como si se trata de un cambio) continúa sometida al mismo sistema de intervención existente, definido en el art. 26 LC, mientras que la norma autonómica contempla unos supuestos a los que no se refiere la norma estatal, las obras, aunque se utilice el término más genérico de «actuaciones», que cumplan determinados requisitos negativos; para las mismas dispone un determinado régimen de intervención administrativa que se basa en su competencia sobre urbanismo y ordenación territorial.
d) Mediante otrosí digo, el Parlamento de Cataluña solicitó también el levantamiento anticipado de la suspensión por lo que respecta al artículo 59 impugnado.
7. El Pleno del Tribunal, por providencia de 9 de enero de 2013, acordó dar traslado al Abogado del Estado de los escritos presentados en fechas 4 y 8 de enero de 2013, por la Abogada de la Generalitat de Cataluña y por el Letrado del Parlamento de Cataluña, respectivamente, en los que se interesaba el levantamiento de la suspensión de los preceptos objeto del presente recurso, concediéndole un plazo de cinco días para que expusiera lo que estimara procedente al respecto. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 18 de enero de 2013, en el que interesó el mantenimiento de la suspensión de los arts. 59, 64.4 y el apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
Mediante ATC 80/2013, de 9 de abril de 2013, el Pleno acordó levantar la suspensión del apartado 7 de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, así como la nueva redacción dada al artículo 167 de este texto refundido por el art. 59 de la misma Ley 3/2012, salvo en el inciso de su apartado 1 «para generar actividad económica en áreas deprimidas», cuya suspensión se mantiene. Asimismo, acordó mantener la suspensión del nuevo apartado 5 del art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 introducido por el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
8. Por escrito registrado en la sede de este Tribunal el 17 de julio de 2013, la Abogada de la Generalitat de Cataluña solicitó el levantamiento de la suspensión del apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, señalando al respecto que, con posterioridad al ATC 80/2013, de 9 de abril, se aprobó la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que altera el marco normativo tomado en consideración por este Tribunal Constitucional para mantener la suspensión cautelar del referido precepto. Por providencia de 22 de julio de 2013, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó dar traslado al Abogado del Estado y a la representación legal del Parlamento de Cataluña del escrito presentado por la Abogada de la Generalitat de Cataluña, concediéndoles un plazo de cinco días para presentar alegaciones. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 30 de julio de 2013, se mostró conforme al levantamiento solicitado y en el mismo sentido se pronunció el Letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de agosto de 2013. El Pleno del Tribunal Constitucional, en virtud de ATC 266/2013, de 19 de noviembre, acordó levantar la suspensión del nuevo apartado 5 del art. 187 del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, introducido por el apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
9. Por medio de escrito registrado en fecha 2 de agosto de 2013, el Letrado del Parlamento de Cataluña, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Mesa el día 31 de julio anterior, formuló la recusación del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional, entre otros, en el presente proceso constitucional. El Pleno del Tribunal, por ATC 180/2013, de 17 de septiembre, inadmitió a trámite la recusación formulada.
10. Por providencia de 2 de febrero de 2016, se acordó señalar para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El recurso de inconstitucionalidad planteado por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, tiene por objeto los arts. 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
Al artículo 59 se le reprocha que permita que los bienes que integran el patrimonio público del suelo puedan destinarse a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, destino no incluido entre las finalidades previstas en los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que se invocan como legislación básica dictada al amparo del art. 149.1 apartados 1 y 13 CE. La impugnación del artículo 64.4 se basa en la contradicción con la normativa básica estatal dictada al amparo del art. 149.1.18 CE, contenida en el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011. Se entiende que el régimen de comunicación previa al ayuntamiento, en el caso de licencias de primera ocupación, contradice lo previsto en el citado artículo 23, que establece la necesidad de un acto expreso de conformidad, aprobación o autorización (con régimen de silencio negativo) para la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones. Por último, el Abogado del Estado considera que la disposición adicional sexta, apartado 7, vulnera la titularidad estatal de dominio público marítimo-terrestre y lo dispuesto en la Ley de costas, al determinar que, en la zona de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, se pueden realizar determinadas obras, en instalaciones ya autorizadas, bajo un régimen de comunicación sujeta a veto administrativo en el plazo de dos meses, difiriendo este sistema del previsto con carácter general en la Ley 22/1988 de costas.
La Abogada de la Generalitat niega el carácter materialmente básico de los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, así como del art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011, oponiéndose de este modo a la existencia de inconstitucionalidad mediata respecto de los impugnados arts. 59 y 64.4 de la Ley de Cataluña 3/2012, mientras que, en lo relativo al apartado 7 de la disposición adicional sexta, considera que su redacción está amparada en las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en la competencia compartida sobre protección del medio ambiente, negando la competencia estatal en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre a que alude la Abogacía del Estado, por tratarse de una regulación relativa a la servidumbre de protección del dominio público y no al dominio público marítimo terrestre en sentido estricto. Por su parte, el Letrado del Parlamento de Cataluña considera que no existe la contradicción denunciada entre el art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008 y el art. 59 de la Ley 3/2012, al no ser ambos plenamente coincidentes; añade que el art. 64 de la Ley 3/2012 se adecúa al reparto constitucional de competencias, puesto que es el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 la norma que excede los límites competenciales que corresponden al Estado en esta materia; y que la disposición adicional sexta, apartado 7, no se refiere al dominio público marítimo terrestre sino a la zona de servidumbre de protección, en la que la Comunidad autónoma puede ejercer sus competencias en materia de urbanismo y medio ambiente en los términos contenidos en la disposición impugnada.
2. Por razones metodológicas, antes de proceder al examen de los diferentes motivos de impugnación que se recogen en el recurso del Abogado del Estado, debemos analizar, como cuestión previa y para su desestimación a limine, la que hace referencia a la invocada inconstitucionalidad de la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley 3/2012, citada por aquél en su demanda de inconstitucionalidad, por los argumentos que, a continuación, se exponen.
Tal y como se detalla en los antecedentes, el Abogado del Estado sostiene que esta disposición actúa sobre el dominio público marítimo-terrestre y desarrolla sus argumentos en relación con la vulneración, por parte de la norma impugnada, de las competencias estatales en este ámbito. Frente a ello, las representaciones de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña sostienen que tal lectura es producto de un error de transcripción al castellano de la versión en catalán de la norma autonómica, error superado con una corrección publicada posteriormente en el «BOE».
En efecto, mientras que la primera versión del texto impugnado («BOE» núm. 60, del 12 de marzo de 2012) recogía lo siguiente:
«Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar nuevas actuaciones con relación a las obras, las instalaciones y las actividades implantadas legalmente en la zona de servidumbre de protección o del dominio público marítimo-terrestre.»
La versión corregida («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2012) dice:
«Corresponde al departamento competente en materia de costas autorizar nuevas actuaciones con relación a las obras, las instalaciones y las actividades implantadas legalmente en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.»
Por tanto, y así se puede deducir también de nuestro pronunciamiento en el ATC 80/2013, de 9 de abril, relativo al mantenimiento de la suspensión de este precepto, la norma autonómica de referencia regula el régimen de utilización de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y no la utilización del demanio en sí mismo considerado.
El Abogado del Estado impugna la norma autonómica entendiendo que la misma se proyecta sobre el dominio público marítimo terrestre y toda la argumentación desarrollada en el recurso tiene que ver con la exclusividad de la competencia estatal para actuar sobre esta zona, sin incluir referencia ni alegato alguno relacionado con las competencias estatales sobre la servidumbre de protección, o con la colisión de las competencias estatales y autonómicas cuando ambas actúan, simultáneamente, sobre la zona de la servidumbre de protección. Dicho de otro modo, y aceptando en este punto la alegación de la Generalitat, de la lectura de los términos en que está formulada la impugnación se deduce que la misma se dirige, con carácter exclusivo, a una mención del precepto que, tras la corrección de errores, se refiere a una redacción anterior que no se corresponde con la que fue aprobada en sede parlamentaria. Tal circunstancia determina que la omisión de cualquier alegación en relación con el precepto, tal y como está efectivamente redactado y publicado en el «BOE», impide a este Tribunal que pueda entrar a pronunciarse sobre la impugnación contenida en el recurso, pues toda la carga alegatoria del recurrente se ha encaminado a interesar la inconstitucionalidad del contenido de un precepto legal que, en el caso de autos, incluía una redacción trascrita erróneamente al castellano y publicada inicialmente en el «BOE» de ese mismo modo; este error de trascripción determinó, también, el sentido equivocado de la tesis impugnatoria, que no advirtió el contenido de la redacción corregida, publicada en el diario oficial del Estado seis días antes de la presentación del recurso ante este Tribunal.
Por todo ello, procede desestimar el recurso en relación con la disposición adicional sexta, apartado 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 impugnada.
3. Pasando ya al análisis de los vicios de inconstitucionalidad que el Abogado del Estado atribuye a los arts. 59 y 64.4 restantes de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, hay que señalar que, caso de ser apreciados, determinarían la existencia de un supuesto de inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, así calificado de forma reiterada por nuestra jurisprudencia en distintos pronunciamientos (por todos, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 1; 87/2009, de 20 de abril, FJ 2; 162/2009, de 29 de junio, FJ 2, y 246/2012, de 20 de diciembre, FJ 8). La razón es que a tales preceptos se les atribuye la infracción de distintas normas estatales básicas, contradicción que, de verificarse, determinaría la contravención del orden constitucional de distribución de competencias por parte de la normativa autonómica. Por tanto, este recurso de inconstitucionalidad plantea una controversia con alcance competencial, que exige llevar a cabo un encuadramiento de las cuestiones controvertidas, en la medida en que, cada uno de los dos preceptos que restan por enjuiciar, si bien responden ambos al ejercicio de la misma competencia autonómica de carácter exclusivo, esto es la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (y en ese sentido, reafirmando la exclusividad de la competencia, se pronuncia la reciente STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 4), se corresponden, en cambio, con distintos títulos competenciales del Estado, que pueden coexistir con aquella, habiendo reconocido ya este Tribunal que «la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística» (STC 61/1997, FJ 6).
No obstante, como presupuesto para la determinación de la concurrencia de esta inconstitucionalidad mediata, este Tribunal debe verificar antes si las normas básicas invocadas como parámetro de constitucionalidad siguen estando en vigor en los términos que sirvieron al recurrente para formular la demanda, lo que haremos en los siguientes fundamentos jurídicos, en función de las que fueron ofrecidas por el Abogado del Estado en su recurso, no sin antes advertir que la normativa estatal de referencia ha sufrido importantes modificaciones que han incidido notablemente en el análisis y resolución de este proceso de inconstitucionalidad.
Así pues, teniendo presente la existencia de un marco normativo de referencia totalmente nuevo, tal y como se expondrá en detalle, es preciso invocar nuestra doctrina sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial como el que ahora nos ocupa, a pesar de adoptar la forma de recurso de inconstitucionalidad. Esta doctrina exige que el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial deba hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad y con las demás normas que operan como parámetro de enjuiciamiento, que estén vigentes en el momento de dictar sentencia [por todas SSTC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; 5/2012, de 17 de enero, FJ 3, y 148/2012, de 5 de julio, FJ 2, y doctrina en ellas citada].
4. Se impugna el art. 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, al que el Abogado del Estado imputa una eventual contravención con los arts. 38 y 39, particularmente con el apartado 1 de este último, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprobó el texto refundido de la Ley de suelo.
Pues bien, el mencionado art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, fue inicialmente modificado por la disposición final duodécima apartado 15 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; ulteriormente, el Real Decreto Legislativo 2/2008 en su conjunto, ha sido derogado por el también Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (disposición derogatoria única). Los arts. 38 y 39 del derogado del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ahora se corresponden, respectivamente, con los arts. 51 y 52 del precitado Real Decreto Legislativo 7/2015, en vigor al tiempo de dictarse esta Sentencia.
Por su relevancia para la resolución de este proceso, hay que señalar, igualmente, que la redacción del art. 51 del precitado Real Decreto Legislativo 7/2015, viene a disponer que los patrimonios públicos del suelo, que son integrados por los bienes, recursos y derechos que se entreguen a la Administración competente en aplicación del art. 18.1 b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre o de otras disposiciones normativas, podrán ser destinados a los usos que prevé el art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que establece que «los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a). Podrán ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana». Por tanto, este último precepto y apartado incluye una relación de finalidades que son las que deben traerse a esta sentencia como parámetro de constitucionalidad mediata del art. 59 de la Ley catalana 3/2012.
Por otro lado, además de referirse a los usos a los que podrá ser destinado el patrimonio público de suelo, el precitado art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 establece criterios sobre el destino de aquel patrimonio a los usos previstos. Así, el precepto establece que deberá hacerse «de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística» y que, cuando se trate de destinar tal patrimonio a un fin de carácter socio-económico, lo habrá de ser «para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana».
Así pues, entrando ya en el análisis de la primera de las cuestiones de fondo del conflicto competencial suscitado, hay que destacar que el art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción que le da el art. 59 de la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, establece lo siguiente:
«Artículo 167. Cesión gratuita y enajenación onerosa por un precio inferior.
1. Las Administraciones públicas o las entidades urbanísticas especiales que gestionan el respectivo patrimonio público de suelo y de vivienda pueden ceder gratuitamente los bienes que están integrados en el mismo, o enajenarlos por un precio inferior al de su valoración, a favor de otras Administraciones o entidades públicas, o de entidades privadas sin ánimo de lucro, para atender necesidades de vivienda de carácter social o de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable.
2. El órgano competente para acordar la cesión gratuita de los bienes, o la enajenación por un precio inferior al de su valoración, debe concretar en la correspondiente resolución el destino que la justifica, al cual queda vinculado el bien cedido o enajenado, y el plazo para hacerla efectiva. Si el adquirente incumple este plazo o, posteriormente, no destina el bien a la finalidad o el uso vinculados, o no se cumplen las cargas o condiciones impuestas, queda resuelta la cesión o la enajenación y el bien revierte a la administración o la entidad transmisora.»
El Abogado del Estado reprocha al art. 59 de la Ley 3/2012, que permita que los bienes que integran el patrimonio público de suelo puedan cederse gratuitamente o enajenarse por un precio inferior al de su valoración, para fines distintos a los previstos en la legislación básica estatal. Más concretamente, le reprocha que permita que aquellos bienes puedan destinarse a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, destino no incluido entre las finalidades previstas en la norma estatal vigente en el momento de interposición del recurso. Las alegaciones del recurso se dirigen únicamente a poner en cuestión uno de los fines a los que el precepto impugnado permite destinar el patrimonio público de suelo, por lo que en el presente proceso deberemos ceñirnos al examen de la tacha de inconstitucionalidad alegada.
Así, si bien esos fines eran unos en la redacción de los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, vigente al momento de interponer el recurso y el conflicto se centraba en la previsión de la Ley autonómica que establece como finalidad posible la generación de «actividad económica en áreas deprimidas», ante el silencio de la Ley básica actualmente en vigor respecto de esta finalidad específica, hemos visto antes que el artículo 39 ha sido derogado y su contenido se corresponde con el que se encuentra ahora recogido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por lo que este Tribunal deberá, en primer término, pronunciarse sobre el alcance, formal y materialmente básico, de la disposición que sirve de referencia al control mediato de constitucionalidad de la norma impugnada, delimitando, para ello, el ámbito competencial que sustenta la acción normativa del Estado, y, en segundo lugar, comparar la redacción de ambos preceptos, estatal y autonómico, para verificar si la redacción del art. 59 de la Ley catalana 3/2012, encuentra encaje en las nuevas previsiones del art. 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015.
La redacción de este precepto y lo que le confiere su carácter formalmente básico, se ampara en la competencia estatal recogida en la disposición final segunda del Real Decreto Legislativo 7/2015. Esta disposición determina que «los artículos 51 y 52, apartados 1 y 2, tienen el carácter de bases de la planificación general de la actividad económica dictadas en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el artículo 149.1.13 de la Constitución, sin perjuicio de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las Comunidades Autónomas». Asimismo, la STC 141/2014, de 11 de septiembre, en su fundamento jurídico 11, establece que el inciso inicial del artículo 38.1, el artículo 38.2 y el artículo 39 –que son los preceptos ahora sustituidos por los artículos 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015–, hallan su cobertura en la competencia básica del Estado para proceder a la planificación de la actividad económica general (art. 149.1.13 CE).
Desde el punto de vista material, la STC 141/2014, referencia obligada en este ámbito, también afirma el carácter básico de ambas disposiciones, arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, –que ahora han sido sustituidos por los arts. 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015 sin alterar, no obstante, la redacción que ya tenían aquellos cuando se dictó la STC 141/2014– y a ella nos remitimos enteramente para dar respuesta a las dudas que plantean la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en relación con el exceso competencial en que habrían podido incurrir los artículos 38 y 39 –cuyo contenido ahora se encuentra recogido en los artículos 51 y 52–, y que ya fue objeto de análisis en aquel pronunciamiento.
Recuerda la STC 141/2014, en el fundamento jurídico 2, apartado c), trayendo al texto nuestra jurisprudencia previa, que «el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica», competencia para la ordenación general de la economía que «abarca la definición de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos». También apela a la necesidad de realizar «una interpretación restrictiva del art. 149.1.13 CE, puesto que una lectura excesivamente amplia del mismo podría constreñir o incluso vaciar las competencias sectoriales legítimas de las Comunidades Autónomas», de lo que deriva que no toda medida, por el mero hecho de tener incidencia económica, puede incardinarse en este título, siendo necesario que tenga «una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico». Por último, haciendo aquí referencia a la fundamental STC 61/1997, y a su referencial FJ 36, se reitera que los criterios anteriores resultan «también aplicables al sector de la vivienda y, en particular y dentro del mismo, a la actividad promocional, dada su más estrecha relación con la política económica general, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico, y en especial, como factor generador de empleo», y «a la política del suelo en su sentido más amplio, por su impacto directo sobre la política económica general».
En lo que hace, concretamente, a los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, el fundamento jurídico 11 de la STC 141/2014, reconoce que «el inciso inicial del art. 38.1 –“la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística”– encuentra cobertura, tal y como se deduce de nuestra STC 61/1997 (FJ 36), en la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. Esta regulación tiene como precedente el art. 276 del texto refundido de la Ley de suelo de 1992 entonces no impugnado, pero con el que tenía estrecha relación el art. 280.1 del texto refundido que, precisamente por esta conexión, se consideró constitucional en cuanto norma básica vinculada a la planificación de la actividad económica general. En cuanto al art. 38.2, el mismo debe declararse igualmente constitucional puesto que la regulación del destino de los bienes ya se calificó como una materia de competencia estatal ex art. 149.1.13 CE. La regla que se establece en este apartado, que configura los patrimonios públicos de suelo como patrimonios separados y que impide que los ingresos que se obtengan mediante su enajenación o en concepto de sustitución de la entrega de suelo se destinen a otros fines que no sean la conservación, administración y ampliación de los mismos o a los usos propios de su destino, constituye una regla de garantía o aseguramiento de la suerte de los bienes que integran el patrimonio público del suelo a los fines previstos en la legislación correspondiente (básica estatal y autonómica de desarrollo)». Y, por último, e invocando de nuevo nuestra STC 61/1997 (FJ 36), determina que «la regulación del destino de los bienes del patrimonio público de suelo podía considerarse regulación básica directamente vinculada a la planificación de la actividad económica general (art. 149.1.13 CE) en relación con la vivienda (art. 47 CE)».
Por tanto, en aplicación de la doctrina, entonces referida a los arts. 38 y 39, pero plenamente trasladable a los arts. 51 y 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015, las previsiones de tales preceptos quedan dentro de los márgenes de la competencia estatal ex art. 149.1. 13 CE, porque fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector económico concreto, como es el de la ordenación del suelo en relación con la concreta regulación del sector de la vivienda. Afirmado lo anterior, el análisis restante es el de la compatibilidad constitucional entre la normativa básica, conformada por los preceptos referidos, y la normativa autonómica de desarrollo, que se recoge en el art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012.
Llegados a este punto y comparada la dicción literal de las normas básicas y la norma autonómica, así como la identificación del problema competencial realizada por el recurrente, parece posible una lectura del precepto impugnado conforme a la vigente norma básica estatal.
Recordemos aquí que la presunción de constitucionalidad de las normas impugnadas ocupa un lugar destacado en nuestro juicio, siendo doctrina reiterada de este Tribunal Constitucional que, en los procesos de control abstracto de constitucionalidad de las normas, que buscan ante todo depurar el ordenamiento de disposiciones incompatibles con la Constitución, «es necesario apurar todas las posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan sólo la derogación de aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación» (STC 101/2008, de 24 de julio, FJ 9, y doctrina allí citada).
Sabiendo que «la admisibilidad de la interpretación conforme requiere que la interpretación compatible con la Constitución sea efectivamente deducible de la disposición impugnada» (por todas, SSTC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 11; y 32/2011, de 17 de marzo de 2011, FJ 9), parece fácil extraer esta del art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que prevé la cesión gratuita o la enajenación por precio inferior al de su valoración de bienes integrantes del patrimonio público del suelo, para atender necesidades de vivienda de carácter social o de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable; y también parece fácil llegar a la conclusión de que, a diferencia de la norma estatal básica existente en el momento de interposición del recurso, que sólo preveía dos finalidades o destinos para esos patrimonios, la nueva redacción contenida en el art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 amplía dicha previsión. Así, este precepto define actualmente que los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere el art. 18.1 b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, podrán ser destinados: a) a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 18.2 a) del Real Decreto Legislativo 7/2015; y b) a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán bien urbanísticos, bien de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o bien de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana.
Por tanto, si el recurso del Abogado del Estado centraba de modo exclusivo su impugnación en el diferente destino que, a su juicio, la norma autonómica daba a los bienes o recursos del patrimonio público del suelo cuando aquella permitía orientarlos a la generación de «actividad económica en áreas deprimidas», el art. 52 del Real Decreto Legislativo 7/2015 admite, en su redacción actual, que los bienes, recursos y derechos que integren el patrimonio público del suelo puedan ser destinados a usos de interés social, entre los que se incluyan las finalidades de carácter socioeconómico vinculadas a las necesidades puestas de manifiesto por el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana, por lo que se puede entender que, dentro de este elenco de usos de interés social ligados a la consecución de finalidades de carácter socioeconómico, bien puede incluirse la previsión autonómica de la generación de actividad económica en áreas deprimidas.
Ciertamente, la base estatal establece una serie de exigencias específicas adicionales cuando se trata de destinar patrimonio público de suelo a fines de carácter socio-económico, pues ello sólo puede realizarse, ex art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, «de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística», esto es dentro de ordenación y con exclusión de cesiones o enajenaciones individualizadas que no vayan recogidas en un plan, así como «para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana». A este carácter integrado se refiere el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 cuando señala que «las actuaciones de regeneración y renovación urbanas (aquellas que según el propio precepto afectan tanto a edificios, como a tejidos urbanos) tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria». Se debe, por tanto, subrayar que la previsión autonómica, que, sin ninguna otra especificidad, se limita a disponer, entre otros fines, el destino del patrimonio público de suelo a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, solo podrá desplegarse cuando se cumplan el resto de las condiciones previstas en la normativa básica estatal.
5. Por último, hemos de enjuiciar la denunciada inconstitucionalidad del art. 64.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que dio nueva redacción al art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012. A tal fin y como hemos indicado en los antecedentes, el recurso del Abogado del Estado alegó su contravención con el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
En relación con este precepto legal estatal, invocado como parámetro de constitucionalidad mediata del art. 64.4 de la Ley de Cataluña 3/2012, hay que señalar que fue dejado sin vigencia por la disposición derogatoria de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que, en su apartado 6, se refiere expresamente, entre otros, a este precepto; además, fue posteriormente declarado inconstitucional en la STC 29/2015, de 19 de febrero, por vulneración del art. 86.1 CE.
Más allá de la derogación expresa referida, se produce una modificación normativa que afecta a la cuestión aquí tratada. El contenido del art. 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se corresponde ahora con el recogido en el art. 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, cuyo apartado 3 establece que «todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística». El apartado 4 del mismo precepto instituye, a grandes rasgos, que serán expresos los actos que autoricen movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación; las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta; la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes; y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio público. No se prevé, por tanto, en la nueva regulación, la autorización expresa en supuestos de licencias de primera ocupación, habiendo quedado éstas fuera de la legislación básica que regula las autorizaciones.
Junto a ello, el apartado 5 del mismo art. 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, establece que «cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios. Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta Ley».
Esta nueva regulación prescinde de la regla del acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa en los supuestos de primera ocupación o utilización de las edificaciones que preveía el art. 23.1 e) del Real Decreto-ley 8/2011, lo que abre ahora la posibilidad de que sea la normativa de ordenación territorial y urbanística (la de la Comunidad Autónoma correspondiente) la que regule con discrecionalidad el régimen de control de los supuestos de primera ocupación o utilización de las edificaciones, admitiéndose, así, que dicha normativa disponga un régimen de comunicación previa o de declaración responsable para tales supuestos. No existe, por tanto, como desarrollaremos, una norma básica que sirva como parámetro de constitucionalidad mediata del art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción dada por el art. 64.4 de la Ley 3/2012.
Una vez precisado el ius superveniens de la normativa estatal que ha sustituido a la que, en su momento, fue invocada por el recurso del Abogado del Estado para contraponerla a la del precepto autonómico impugnado, hemos de poner de relieve que el art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, introducido por el número 4 del artículo 64 de la Ley 3/2012, dice literalmente:
«Queda sujeto al régimen de comunicación previa al ayuntamiento, de acuerdo con el procedimiento que establece la legislación de régimen local, la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones. La comunicación ha de acompañarse de la certificación del facultativo director que acredite la fecha de finalización de las obras y de que estas se han efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado o con las modificaciones posteriores y las condiciones impuestas, y que la edificación está en condiciones de ser utilizada.»
Pues bien, respecto de este precepto, hay que señalar, también, que el art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012 ha sido recientemente modificado en su integridad por el art. 22 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («DOGC» núm. 6920, del 24 de julio), que ha entrado en vigor el día 13 de agosto siguiente. Los apartados 2 a 4 del citado precepto han introducido una nueva configuración del régimen de control administrativo de las diferentes actuaciones urbanísticas, de tal manera que el modificado art. 187 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en redacción introducida por el apartado 2, dispone el régimen de los actos sujetos a licencia urbanística; el nuevo art. 187 bis de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, al que da contenido el apartado 3, dispone otro sistema bajo la rúbrica de los «actos sujetos a comunicación previa», que incluye en su letra b), el de los actos relativos a «la primera utilización y ocupación de los edificios»; y, por último, el también novedoso artículo 187 ter, en redacción introducida por el apartado 4, atiende a la regulación de los «actos no sujetos a intervención mediante licencia urbanística o comunicación previa».
Por tanto, como puede advertirse de lo expuesto, la modificación legal introducida, que es la vigente en la actualidad, ha establecido otra estructuración de los sistemas de control administrativo de las actuaciones urbanísticas, pero, en lo que ahora es de interés, no ha alterado el sistema de sujeción a comunicación previa de los actos relativos a la primera ocupación y utilización de los edificios.
Pero, comenzando ya el análisis de la impugnación formalizada por el Abogado del Estado, es preciso destacar que el art. 64.4 de la Ley 3/2012 se recurre por invasión de las competencias estatales ex art. 149.1.18 CE, al sustituir por un sistema de comunicación previa, la necesidad de acto expreso de conformidad, aprobación o autorización (con régimen de silencio negativo) que el art. 23.1 e) del Real Decreto Legislativo 8/2011 exigía para la primera utilización y ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas e instalaciones similares. Como ya hemos expuesto anteriormente, el parámetro de constitucionalidad mediata del precepto impugnado, el art. 23 del Real Decreto Legislativo 8/2011 que citaba el recurrente, ha sido derogado por el Real Decreto Legislativo 7/2015. El nuevo artículo 11.5 de esta norma legal alude únicamente a la posibilidad de que, cuando la normativa legal urbanística correspondiente (en este caso, la catalana) sujete la primera ocupación o utilización de edificaciones a «un régimen de comunicación previa» y no se cumplan los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, el precepto de referencia prevé las consecuencias derivadas de aquel incumplimiento, lo que permite concluir que la norma estatal contempla el sistema de comunicación previa como uno de los posibles en el control de este tipo de actuaciones urbanísticas, guardando, pues, plena sintonía con el que regula el art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, en la redacción proporcionada por el art. 64.4 de la Ley 3/2012 catalana.
A la vista de las modificaciones sobrevenidas que han sido introducidas en la normativa estatal, ha desaparecido el eventual conflicto que hubiera podido existir entre la norma autonómica de referencia y la norma estatal de contraste. En efecto, la vigente regulación contenida en la norma estatal modifica el anterior régimen de intervención de la primera ocupación y utilización de los edificios, que aparecía prevista en el art. 23.1 e) del Real Decreto-ley 8/2011 para la licencia de primera ocupación y que consistía en un sistema de autorización administrativa necesaria y correlativo silencio negativo (a este sistema se hacía referencia en el ATC 267/2013, de 19 de noviembre, FJ 4). A diferencia de lo establecido en aquella norma, la regulación actual permite, como se deriva fácilmente de la lectura del art. 11.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que las Comunidades Autónomas puedan someter la actuación de primera ocupación a simple comunicación previa (así lo reconoce expresamente el ATC 266/2013, de 19 de noviembre, FJ 1), por lo que, no existiendo una norma estatal que imponga en el caso de la primera utilización y ocupación de los edificios y construcciones un concreto mecanismo de intervención administrativa, no existe en este ámbito precepto básico con el que contrastar el precepto en su día impugnado, por lo que no nos encontramos ya ante un supuesto de inconstitucionalidad mediata.
Procede, pues, desestimar la impugnación del apartado 4 del art. 64 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, que dio nueva redacción al art. 187.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Declarar que el art. 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.
2.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. | El Ministerio de Fomento gasta 625.570,00 euros en insertar anuncios de publicidad institucional. | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad 6777-2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Han comparecido el Congreso de los Diputados y el Senado y formulado alegaciones la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 2012, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. En el escrito de demanda se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE y del art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados.
El Abogado del Estado, en el relato de los antecedentes de la presentación del recurso de inconstitucionalidad, expone que la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado, en su reunión celebrada el 23 de mayo de 2012, decidió aplicar el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, resultando infructuoso dicho trámite. Acto seguido destaca que el Consejo de Ministros celebrado el día 30 de noviembre de 2012 decidió solicitar del Sr. Presidente del Gobierno la promoción del presente recurso de inconstitucionalidad, con expresa invocación del art. 161.2 CE, formalizándose la decisión en la misma fecha. Posteriormente, la comisión permanente del Consejo de Estado emitió el dictamen 1241-2012 sobre la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, que se sustenta en los siguientes argumentos.
2. El recurrente admite que se dicta la Ley 3/2012, en ejercicio de la competencia exclusiva que ostenta la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de urbanismo ex art. 149.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), pero entiende que la Ley autonómica incurre en inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulnerar el orden de distribución de competencias articulado legítimamente por el Estado a través de la legislación básica, que el Abogado del Estado identifica en relación con cada uno de los preceptos impugnados.
a) El art. 59 de la Ley 3/2012, que confiere nueva redacción al apartado 1 del art. 167 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, al regular el destino de los ingresos de la enajenación de suelo público y de los suelos cedidos, a juicio del Abogado del Estado, pone de manifiesto una extralimitación competencial, vulnerando la legislación básica estatal en materia de suelo dictada al amparo del art. 149.1.13 CE, y recogida en los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Destacados los elementos formales (con referencia a la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y materiales (con llamamiento a la doctrina contenida en las SSTC 61/1997, 164/2001 y 46/2007) que configura ambos preceptos como normativa básica, el Abogado del Estado pone de relieve la contradicción, que deriva en inconstitucionalidad mediata, existente entre el art. 59 de la Ley 3/2012 y los arts. 38 y 39 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
La legislación básica estatal, más precisamente el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, exige que los ingresos obtenidos con la enajenación y sustitución por dinero de los bienes, recursos y derechos que constituyen los patrimonios públicos de suelo y vivienda, se destinen a la construcción de viviendas públicas, o a otros usos de interés social, siempre que estos últimos se refieran a fines urbanísticos o de protección o mejora de espacios naturales y bienes inmuebles del patrimonio cultural. Frente a ello, la nueva redacción del art. 167.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, incluye entre los usos a los que pueden destinarse los bienes o recursos del patrimonio público de suelo y de vivienda que se cedan gratuitamente o se enajenen por un precio inferior al de su valoración, el de «generar actividad económica en áreas deprimidas», destino en el que claramente no concurre la finalidad urbanística ni la de protección o mejora medioambiental o cultural exigida por la normativa básica.
El argumento se completa al afirmar que la previsión del art 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, constituye una clara base de ordenación económica ex art. 149.1.13 CE, según nuestra doctrina constitucional, como lo son también los dos apartados del art. 38 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que contienen los rasgos definitorios y esenciales del patrimonio público del suelo. Las razones que avalan esa conclusión se congregan en torno a la consideración de que el art.
### RESUMEN: El Ministerio de Fomento gasta 625.570,00 euros en insertar anuncios de publicidad institucional. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4522-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso –18 de julio de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 10 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Reparto de 5 millones a las Comunidades Autónomas para la acogida de los 200 niños que llegaron de Ceuta en mayo. Se hizo por población, riqueza y acogidos, menos 12 que se restaron a La Rioja porque dijo que no estaba preparada y que asumió la Comunidad Valenciana. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4522-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso –18 de julio de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 10 de septiembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Reparto de 5 millones a las Comunidades Autónomas para la acogida de los 200 niños que llegaron de Ceuta en mayo. Se hizo por población, riqueza y acogidos, menos 12 que se restaron a La Rioja porque dijo que no estaba preparada y que asumió la Comunidad Valenciana. |
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro González-Trevijano, don Enrique López y López, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2343-2010, promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya, representados por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y bajo la dirección de la Letrada doña Mélani Simón Martínez, contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010, por medio de la cual se acuerda la estimación del recurso de casación formulado de contrario. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de marzo de 2010, el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación de don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se menciona en el encabezamiento.
2. La demanda de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) Los recurrentes interpusieron una demanda civil solicitando la protección de su derecho al honor, el cual habría sido vulnerado por el periodista don Federico Jiménez Losantos y la cadena radiofónica Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares (en adelante, COPE), por las afirmaciones vertidas por el citado periodista en diversos tramos de su programa de radio «La Mañana», los días 13, 14 y 15 de junio, 1 de julio y 18 de noviembre de 2005.
Las declaraciones y expresiones vertidas las clasifica la demanda según quien era su destinatario y, de forma extractada, se concretan del siguiente modo:
– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 6:42:
«Carod-Rovira dice que piensa emprender acciones legales contra el Partido Popular y contra los organizadores de la manifestación del sábado en Salamanca por las amenazas de muerte que se profirieron en esa marcha contra él. El líder de Esquerra ha tachado a los populares de chulos de barrio y de franquistas sin escrúpulos y les ha acusado de hacer escarnio de la libertad y de la democracia. Asegura que acudirá a los tribunales para hacerles callar y para acabar con la impunidad con la que amparan, dice, su odio, su racismo y su xenofobia contra Cataluña.»
– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
Minuto 6:15:
«[H]ay mucha gente que ignora que ERC es un partido siempre violento, siempre golpista, cuyas juventudes, los «Escamots» desfilaban a la manera fascista con camisas verdes, que fue desde Prats de Motlló golpista»
– En fecha 14 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 15:44:
«[N]o sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana,‘ y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana.»
– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 28.49:
«[E]stos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar sus fechorías. Encima presumiendo»
– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana« de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 7:00:
«[E]l héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera»
– En fecha 13 de junio de 2005 ,«La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 12:14:
«El número 2 de Esquerra, Joan Puigcercós, ha atribuido los insultos de la manifestación del sábado a la impotencia que sufre el Partido Popular ante la fuerza de los republicanos y ha asegurado que es mejor que los populares se manifiesten a que den golpes de Estado. No obstante, les ha acusado de mantener una actitud guerra civilista.
Ha habido una manifestación absolutamente pacífica pidiendo que no expolie el gobierno del PSOE, del ¡PSOE! no de Roviretxe creo, que no rompa el Archivo de Salamanca.»
– En fecha 18 de noviembre de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
Minuto 05:10:
«[M]e alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época,... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé».
b) La demanda interpuesta por los hoy recurrentes en amparo fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona mediante sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor. Valoró el juzgador de instancia que las manifestaciones realizadas atañen a personajes públicos, de una gran repercusión mediática, y que dentro de ello se dedican a la vida política, y que las mismas, aun cuando son en extremos determinados sumamente duras, hirientes e incluso desorbitadas en su intensidad emotiva, atañen a extremos y hechos de relevancia pública relacionados con la actuación pública de sus destinatarios, por lo que da preeminencia al ejercicio de la libertad de expresión en el conflicto planteado.
c) Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por los demandantes, que correspondió conocer a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La Audiencia Provincial dictó sentencia de fecha 22 de febrero de 2007, por medio de la cual, se revocó la sentencia dictada en primera instancia declarando que la conducta de los demandados, don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, «constituye una intromisión ilegítima en el honor de los actores, condenando a los demandados a publicar la sentencia en los diarios 'Avui' y 'El País', así como en las cadenas radiofónicas 'Catalunya Radio' y la 'SER', y a indemnizar a los actores en la cantidad de 60.000 euros» (cantidad destinada a una fundación sin ánimo de lucro). La Audiencia Provincial destaca que la equiparación de un partido democrático y de sus dirigentes con una organización ilegal y terrorista no se puede justificar ni por la libertad de información ni por la libertad de expresión.
d) Contra dicha resolución se interpuso por parte de los demandados, don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, recurso de casación ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.
La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó sentencia de fecha 26 de enero de 2010 conforme a la cual se declaró haber lugar al recurso de casación otorgando prevalencia al derecho a la libertad de expresión y anulando la sentencia de 22 de febrero de 2007 dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona. El Tribunal Supremo descarta la vulneración del derecho al honor, pues considera que las expresiones proferidas «están en estrecha relación con los hechos denunciados, los cuales son de notorio interés general, llevados a cabo por personajes políticos y por tanto públicos, sobre cuya base procede el locutor demandado a fomentar la crítica en orden a la política antiterrorista del Gobierno y el hecho de su pasividad ante la posible reunión entre miembros del grupo terrorista e integrantes del partido político demandante, todo ello desde un marco de crítica política que si bien puede definirse como muy negativa, sin embargo, no denota un carácter insultante, vejatorio o difamatorio teniendo en cuenta el encuadre social, político y de función pública en el que se efectúa».
3. En la demanda de amparo se aduce que la sentencia de 26 de enero de 2010 de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha procedido a dar cobertura a una serie de declaraciones carentes de cualquier ápice de veracidad (infringiéndose así el deber de diligencia exigido al informante), además de ser totalmente injuriosas y ofensivas vulnerando así su derecho al honor (art. 18 CE).
La demanda de amparo considera que las manifestaciones del Sr. Jiménez Losantos han de incardinarse dentro de la categoría de actividad informativa, que es aquella destinada eminentemente a dar conocimiento de hechos que se entienden como verídicos. En el caso que nos ocupa, alegan los recurrentes que resulta evidente que la información dada es totalmente falsa, toda vez que no es cierto que el partido político Esquerra Republicana de Catalunya esté lleno de terroristas, no es cierto que sus componentes hayan secuestrado, disparado o amenazado de muerte, así como tampoco es cierto que se haya llegado a pacto alguno con la banda armada ETA. En este último extremo, los demandantes alegan que si bien es cierto que el Sr. Carod Rovira mantuvo una entrevista con miembros de la organización ETA, la misma no se hizo con el objetivo de que los terroristas no atentaran en Catalunya y sí en otros lugares, como intenta hacer creer el periodista.
En cualquier caso, según el escrito de los recurrentes, las expresiones empleadas tampoco podrían verse amparadas por el derecho a la libertad de expresión, reconocido también en el art. 20 CE, toda vez que el periodista formula opiniones utilizando afirmaciones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias para el recto ejercicio de la libertad ejercitada.
Para los recurrentes las declaraciones formuladas por el Sr. Jiménez Losantos, suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor, al exceder las mismas de los límites permisibles y tolerables al amparo del ejercicio de los derechos de expresión, crítica e información reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española. Los recurrentes señalan el ánimo y el talante eminentemente ofensivo y difamatorio del periodista demandado, ajeno al contenido de la información, habiendo realizado las expresiones denunciadas con un propósito de crear crispación y originar una opinión pública en contra de ERC, de sus dirigentes, de sus miembros e incluso de sus simpatizantes.
Los recurrentes subrayan que en caso de conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información, este Tribunal ha establecido una serie de directrices que han de ser tenidas en cuenta a la hora de resolver la controversia, siendo estas las siguientes:
– La delimitación de la colisión entre tales derechos tiene que hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos. Contrariamente, el Tribunal Supremo en la sentencia impugnada refuerza, según la demanda de amparo, la prevalencia de los derechos reconocidos en el art. 20 CE, argumentando que en este caso no nos encontramos ante una colisión de derechos.
– La comprobación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos de la personalidad del art. 18 CE ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1 d) CE, en función de su doble carácter de libertad individual y garantía institucional de una opinión pública libre, siempre que la información transmitida sea cierta y esté referida a asuntos de relevancia pública que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. En el presente caso, según la demanda de amparo, la conducta del informador (Sr. Jiménez Losantos) no responde al ejercicio de un derecho constitucional, toda vez que no ha sido comprobado, según los cánones de profesionalidad informativa, la veracidad; de sus manifestaciones.
– Cuando la libertad de expresión e información se quiere realizar sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor o la intimidad, es preciso que su proyección sea legítima y que lo que se haya informado sea de interés público. Según la demanda de amparo, el informador aprovecha un acto en el que tuvo intervención uno de los recurrentes para descalificar, insultar, y dar informaciones falsas sobre los mismos.
– Tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fundamentada, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias provocadas por la difusión de una determinada noticia, y reside en dicho criterio, por tanto, el elemento final de la valoración para dirimir, en estos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad, por una parte, y la libertad de información y expresión, por otro. En este caso, según la demanda de amparo, el Sr. Jiménez Losantos, con sus declaraciones no hace más que mostrar su personal menosprecio respecto a los recurrentes.
– La libertad de información y de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos, o de alguna forma que su identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público, dejando a un lado las costumbres sociales del momento. Esto es lo que habría hecho en repetidas ocasiones, según la demanda de amparo, el Sr. Jiménez Losantos en su programa radiofónico, calificando a los recurrentes de basura, majaderos y terroristas.
Sostienen los recurrentes que las manifestaciones realizadas por el periodista, no defienden ningún tipo de interés colectivo legítimo, no pretenden informar a la opinión pública de la ineptitud profesional o de los comportamientos incorrectos de personajes públicos y políticos, sino que van más allá del derecho a la libertad de expresión, información y crítica reconocidos en el artículo 20 de la Carta Magna.
Prosigue la demanda de amparo recordando, que las expresiones realizadas se efectuaron a través de un medio de comunicación, como es la radio, más concretamente en la cadena radiofónica COPE y que el periodista demandado, en sus programas radiofónicos da como cierto un «pacto» inexistente, puesto que la finalidad de la entrevista del Sr. Carod era la de ayudar a contribuir al cese de la lucha armada, sin haber llegado a ningún pacto y habiendo actuado el demandante dentro de la legalidad y con criterios democráticos. Reiterando a continuación que en ningún caso pueden ser consideradas expresiones protegidas por la libertad de opinión las expresiones formal y evidentemente injuriosas y vejatorias que, además, resultan innecesarias y no tienen nada que ver con la crítica, por dura que sea, de una conducta, sino que aparecen como meras exteriorizaciones de sentimientos personales ajenos a la información sobre hechos o la formación de una opinión pública responsable.
Los recurrentes finalizan solicitando que el Tribunal Constitucional declare que la conducta de don Federico Jiménez Losantos y la cadena de radio COPE, constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Y solicitan que este Tribunal les restablezca en la integridad de su derecho declarando la nulidad de la sentencia de 26 de enero de 2010, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y, como consecuencia, condene a don Federico Jiménez Losantos y a la cadena de radio COPE a la publicación de la sentencia en el diario «Avui», y «El País», así como en las cadenas radiofónicas «Catalunya Radio» y «cadena SER», igualmente solicitan ser indemnizados con la suma de 60.000 euros.
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de mayo de 2011, acordó admitir a trámite la demanda de amparo. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitieran respectivamente certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación 783-2007, al rollo de apelación 892-2006 y al procedimiento ordinario 976-2005.
5. Posteriormente, mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 31 de enero de 2012, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE y se procedió a dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. La representación procesal de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE presentó su escrito de alegaciones con fecha de registro de este Tribunal de 20 de febrero de 2012.
En su escrito solicita, en primer lugar, la inadmisión del recurso de amparo por no haberse instado por los recurrentes, respecto de la sentencia de 26 de enero de 2010 de la Sala de los Civil del Tribunal Supremo, a la que atribuyen la violación de sus derechos fundamentales en cuanto revoca la dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, un incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. En apoyo de su tesis, los recurrentes traen a colación la doctrina fijada en los AATC 10/2010 y 200/2010.
Tras sintetizar las alegaciones de los recurrentes procede el escrito de la representación procesal de don Federico Jiménez Losantos y de la cadena radiofónica COPE a subrayar que para que resulte constitucionalmente amparado el derecho a la libertad de información (con más motivo el de opinión) se exige que se esté ante asuntos de interés general o relevancia pública y el previo contraste de los hechos que analiza con datos objetivos.
En cuanto al primer requisito, considera el escrito de los demandados que es evidente que se está ante asuntos de interés general o relevancia pública. Para los demandados la fundamentación de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es irreprochable y la circunstancia de que el Presidente en funciones de la Generalitat Sr. Carod Rovira, en secreto y sin habilitación de ningún órgano oficial y sin competencia para representar en el exterior a ninguna parte del territorio del Estado ni con habilitación alguna para negociar con terroristas, se fuera a Perpiñán a reunirse con los miembros de una banda de criminales a discutir sobre el futuro de Cataluña, es de interés general.
En cuanto al segundo requisito, el previo contraste de los hechos que se analizan en las opiniones vertidas con datos objetivos, ha sido exhaustivo. El Sr. Carod Rovira, ocupando la Presidencia, en funciones, de la Generalitat de Catalunya, se reunió los días 3 y 4 de octubre de 2004, con miembros de la jefatura de la banda terrorista ETA. Los demandados reproducen un escrito del diario «ABC» de 30 de enero de 2004 en el que se afirmaba que la finalidad del encuentro fue llegar a un acuerdo con los terroristas para que no atentaran en Cataluña, a cambio de hacer pública una declaración en la que abogaría por el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado. En cuanto a la información sobre el ingreso de terroristas de Terra Lliure en ERC el escrito de los demandados se remite a la propia página web de ERC, donde se indicaría que en 1991 «a raíz de la evolución y clarificación del panorama político, Terra Lliure se replantea su estrategia abandonando la lucha armada e impulsando el ingreso a ERC de sus militantes y de buena parte de los que formaban Catalunya Lliure».
Prosigue el escrito de los demandados señalando que no hay en la crítica realizada la menor referencia a circunstancia personal alguna de los recurrentes, sino que la crítica se refiere a la actuación de relevancia pública de sujetos que desempeñan cargos públicos y que, en esa exclusiva medida, están expuestos a la crítica, por dura que sea, de su actuación en el desempeño del cargo. Se ejerce la libertad de expresión respecto de quien, a la sazón, ocupaba una altísima responsabilidad institucional y se reunió con una banda terrorista y de otro, no hay nada, que no se refiera (empleando las palabras del Tribunal Supremo) al ejercicio de sus funciones. Respecto de los personajes políticos o con proyección pública existe una muy consolidada jurisprudencia que entiende que, cuando se informa u opina libremente y con toda su extensión, respecto de su actividad no se quebranta su dignidad ni su fama ni se atenta contra su propia estimación.
El escrito de los demandados recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional, con amplia cita del contenido de la STC 9/2007, de 15 de enero, que en su fundamento jurídico 4 establece que «el artículo 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido se ha manifestado este Tribunal desde su STC 6/1981, de 16 de marzo, al poner reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no sólo protege un interés individual, sino que entraña 'el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político'.»
En definitiva, según los demandados, la sentencia expresa una serie de circunstancias que deben ponderarse a la hora de concretar los límites relativos al derecho al honor y que, en extracto, serían los siguientes: a) Si el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional incluye calificativos formalmente injuriosos o innecesarios para el mensaje que desea trasmitir. b) El carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión, especialmente si es o no titular de un cargo público. c) El juicio sobre la relevancia pública del asunto. d) El contexto en el que se producen las manifestaciones y si contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre.
En relación con la primera circunstancia el escrito de los demandados señala que el periodista nunca se ha referido a los entonces demandantes y ahora recurrentes en amparo en términos injuriosos o innecesarios para el mensaje que deseaba transmitir. Y ello porque nunca ha entrado a valorar la esfera íntima y personal de éstos. Es cierto que las expresiones utilizadas por el Sr. Jiménez Losantos son muy duras pero siempre se han enderezado a enjuiciar la labor política, y por tanto pública, de los actores. Nada de lo dicho supone una desconsideración respecto de los recurrentes en cuanto a su aspecto físico, vida personal y familiar, costumbres o hábitos privados o cualesquiera otras circunstancias personales que, por referirse a parcelas carentes de la menor relevancia pública, aquellos mantienen perfectamente incólumes a toda crítica o injerencia, por la protección que a todos dispensa lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Española.
Para los demandados es constitucionalmente legítimo hacer un juicio de la conducta públicamente relevante de quien desempeña un cargo destacado en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya o de quién es secretario general de un partido político. Opinando sobre dicha conducta, el periodista ha criticado a los actores en términos extraordinariamente severos, pero referidos a la conducta, públicamente relevante y de indudable interés social, de los actores y sin referir las descalificaciones a parcelas de los mismos que a nadie interesan por carecer del trascendente presupuesto de la relevancia pública que autoriza, cuando proceda, la crítica descarnada.
Para fundamentar sus afirmaciones recuerda el escrito de los demandados la STC 105/1990, de 6 de junio, donde el Tribunal afirmó que «una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea de una conducta (evaluación que se inserta en el derecho de libre expresión y que a veces es de difícil o imposible separación de la mera información) y otra cosa muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones, o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa información, y que resultan proferidos gratuitamente, sin justificación alguna, en cuyo caso cabe que nos hallemos ante la mera descalificación, o incluso el insulto y sin la menor relación con la formación de una opinión pública libre» y aplicando la doctrina sentada en tal sentencia, se afirma por los demandados que nada se dijo respecto de los recurrentes que no estuviera en intima conexión con la conducta pública reprobada. Para los demandados habría intromisión ilegítima en su derecho al honor, si además de denunciar su proceder, se hubiese hecho alusión a rasgos físicos de sus personas que nada tienen que ver con lo primero, cualidades intelectuales poco favorables o a conductas de naturaleza privada y, por lo tanto, excluidas del debate.
Para los demandados la crítica puede ser penosa, por vehemente, descarnada o cáustica que la misma resulte, pero, en la medida en que se circunscribe a un hecho de relevancia pública (tanto es así que forzó la dimisión de uno de los actores) están obligados a soportarla.
Prosigue el escrito de los demandados afirmando que los partidos políticos estarían excluidos del ámbito de protección derivado del reconocimiento constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE). A tal efecto, traen a colación la doctrina establecida en la STC 107/1988, afirmando que el Tribunal Constitucional ha restringido la protección que dispensa el art. 18 CE a las personas físicas, por lo que a fortiori habrá que excluir de esa protección a los partidos políticos, por cuanto éstos, como cauce institucional de participación en los asuntos públicos, son entidades paradigmáticamente públicas en las que no es concebible la existencia de parcela alguna perteneciente a una conducta privada carente de interés público.
Finaliza el escrito solicitando que se inadmita la demanda de amparo o subsidiariamente se desestime.
7. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 21 de febrero de 2012, interesó que se estimara el amparo solicitado. Tras exponer los antecedentes de la cuestión, entra a delimitar el objeto del amparo, constatando que la demanda de amparo se dirige contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de enero de 2010, al estimar que la misma habría vulnerado el derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE) de los demandantes.
Para el Ministerio Fiscal a diferencia de lo que se sostiene en la sentencia de casación, nos encontramos ante un supuesto de colisión de derechos fundamentales. Concretamente entre el derecho al honor (art. 18.1 CE) y el derecho a la libertad de expresión [arts. 20.1 a) y 20.4 CE] y aunque los demandantes de amparo aluden, también, al derecho a la libertad de información, al denunciar que la misma no cumplía la condición de veracidad constitucionalmente exigible, en realidad las expresiones proferidas en el programa radiofónico que dirigía el demandado se incardinarían dentro del ejercicio de la libertad de expresión, al tratarse de la exteriorización de juicios de valor, ideas y de opiniones personales. El Ministerio Fiscal subraya que dicha precisión tiene relevancia en la medida en que resulta intrascendente el requisito de la acreditación de la veracidad de las afirmaciones y expresiones llevadas a cabo por el demandado y que los juicios de valor y las opiniones ocupan un lugar preferente y predominante en el mensaje emitido, al igual que las imputaciones que lleva a cabo el periodista demandado, por lo que el enjuiciamiento constitucional debería realizarse desde el canon propio de la libertad de expresión.
A continuación procede el escrito del Ministerio Fiscal a rechazar el óbice de admisibilidad alegado por los demandados, pues, a su juicio, se ha respetado la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, ya que la parte demandante de amparo denunció en la primera instancia la vulneración del derecho al honor, que es el núcleo esencial del recurso de amparo presentado, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
También el Ministerio Fiscal examina la objeción que plantean los demandados acerca de la no titularidad del derecho al honor por parte del partido político Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y considera aplicable al caso la doctrina recogida en la STC 139/1995, de 26 de septiembre, que declara, en su fundamento jurídico 5, que «el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 de la CE».
En cuanto al análisis del fondo del asunto, el Ministerio Fiscal no comparte la afirmación que lleva a cabo la Sala Primera del Tribunal Supremo en la sentencia objeto de impugnación, cuando niega que se trate de un supuesto de colisión de derechos y recuerda la doctrina constitucional que identifica cuatro criterios relevantes para llevar cabo la ponderación entre los dos derechos fundamentales en conflicto, con arreglo a la doctrinas de las SSTC 11/2000, FJ 8, y 160/2003, FJ 4, que se puede concretar en los siguientes puntos: a) El juicio sobre la relevancia pública del asunto. b) El carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión, especialmente si es titular o no de un cargo público. c) El contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables. d) Si las manifestaciones contribuyen o no a la formación de una opinión pública libre.
El examen de dichos criterios debe llevarse a cabo a la luz de las concretas circunstancias concurrentes en el caso objeto de enjuiciamiento constitucional.
Para el Ministerio Fiscal el examen de las circunstancias del caso, singularmente del contenido de las manifestaciones, opiniones y juicios de valor emitidos por el periodista demandado, permite concluir que las mismas no estaban amparadas por un ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión y constituyeron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los demandantes (art. 18.1 CE) y afirma que el escrutinio público al que debe someterse la actividad política de los representantes elegidos democráticamente ampara el ejercicio de un derecho de crítica de sus concretas actuaciones y, por tanto, de abierta discrepancia político-ideológica. Sin embargo, ello no supone que quien desempeña dichos cargos públicos o de responsabilidad política quede despojado totalmente, en el contexto de un debate público crítico, de la protección constitucional que deriva de su derecho al honor, sino que simplemente la tolerancia a la crítica debe ser mayor que para el caso de simples particulares.
El escrito del Ministerio Fiscal no cuestiona la legitimidad del periodista demandado para comentar el hecho noticiable, ni tampoco para, al hilo del mismo, criticar y cuestionar con dureza y vehemencia la actuación del demandante Sr. Josep Lluís Carod Rovira, pues dicha crítica tendría plena cobertura constitucional y no podría ser objeto de ningún tipo de censura. Ahora bien, la información sobre el hecho noticiable y la reacción crítica que generó no pueden ser utilizadas como coartadas para legitimar ni justificar el empleo de opiniones, afirmaciones, expresiones o juicios de valor, que son absolutamente denigrantes y vejatorias para sus destinatarios.
El ejercicio legítimo a disentir y criticar las posiciones políticas mantenidas por el Gobierno y los demandantes de amparo no autoriza, según el Ministerio Fiscal, a utilizar expresiones y verbalizar juicios de valor totalmente despectivos e injuriosos, dirigidos no sólo contra los demandantes de amparo sino, de forma generalizada e indiscriminada, contra los cuadros dirigentes de un partido político, así como contra sus militantes, afiliados y simpatizantes y ello le lleva a concluir que las expresiones fueron totalmente innecesarias y, en este punto, trae a colación lo afirmado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Lindon, Otchakovsfa-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, § 57. El Fiscal concluye interesando de este Tribunal que se dicte sentencia otorgando el amparo solicitado por vulneración del derecho al honor (art. 18.1 CE) de los recurrentes.
8. Los recurrentes de conformidad con el art. 52.1 LOTC presentaron escrito de alegaciones el 1 de marzo de 2012 y niegan la necesidad del planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, toda vez que la vulneración del derecho fundamental al honor, no lo produce ex novo la resolución del Tribunal Supremo, sino que dicha vulneración ya había sido producida por una resolución anterior, cuyos argumentos hace suyos la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010.
Después desarrollan algunos de los argumentos contenidos en la demanda reiterando que la Constitución no ampara el derecho al insulto y cuando lo que sucede, como en el presente caso, es que se está ante conductas que no pueden considerarse comprendidas en los límites de las libertades o derechos garantizados por la Constitución, la mención al contexto en el que dichas conductas se producen resulta irrelevante. Esto es, en ningún caso pueden ser consideradas expresiones protegidas por la libertad de opinión las expresiones formal y evidentemente injuriosas y vejatorias que, además, resultan innecesarias para la expresión de la opinión o crítica que merezca el aludido por ellas aunque se trate de un personaje público o con notoriedad pública, pues de lo contrario se estaría lisa y llanamente privando del derecho al honor al ofendido, dando lugar al absurdo de que determinadas personas no tendrían derecho al honor.
Para los recurrentes no resulta concebible que las graves manifestaciones realizadas por el demandado, se traten como ideas y opiniones cuando, resulta muy claro que por parte del periodista demandado hay una clara y evidente pretensión de difundir hechos que son noticiables, y lo que está haciendo es comunicarlos.
Finalmente, los recurrentes afirman que a tenor de la jurisprudencia constitucional (STC 139/1995, de 26 de septiembre, reiterada luego en la STC 183/1995, de 11 de diciembre), las personas jurídicas son titulares del derecho al honor proclamado en el art. 181 CE y, por tanto, y al igual que las personas físicas, para recabar la tutela jurisdiccional del mismo pueden valerse de las vías procesales previstas en el art. 53.2 CE, y en la legislación de desarrollo de dicho precepto.
9. Por providencia de 23 de mayo de 2014 se señaló para deliberación y fallo de la sentencia el día 28 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la sentencia dictada el 26 de enero de 2010 por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona y la revoca, declarando la conformidad a derecho de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor de los hoy demandantes de amparo.
Los recurrentes aducen la vulneración de su derecho al honor. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del amparo solicitado y los demandados se oponen a la prosperabilidad del recurso.
2. La parte demandada en este proceso de amparo opone como óbice procesal la falta de agotamiento de la vía judicial previa, en concreto, y con base en la doctrina del ATC 200/2010, de 21 de diciembre, por no haberse interpuesto por los recurrentes incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con carácter previo a la interposición del recurso de amparo constitucional.
La alegación debe ser rechazada por un doble motivo, el primero porque la conclusión a la que llegó el ATC 200/2010 al exigir en determinados supuestos la interposición del incidente de nulidad de actuaciones como condición para poder considerar cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa, ha sido revisado por la STC 216/2013, de 19 de diciembre, que ha establecido que incluso cuando la vulneración del derecho se produjo en la última sentencia, «cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho, como es el caso del derecho al honor o la intimidad, el reconocimiento de su lesión, o el no reconocimiento con la consecuente lesión del derecho a la libertad de expresión o de prensa, consecuencia de la revocación de las sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad, al estar ayuno de los fines para los que fue previsto, puesto que consistiría en la pretensión de una reconsideración sobre el fondo de la resolución con argumentos semejantes a los ya empleados en la vía judicial. Todo lo expuesto supone un cambio claro de criterio respecto a la doctrina desarrollada en el ATC 200/2010» [STC 216/2013, FJ 2 d)].
El segundo motivo para rechazar la alegación procesal planteada por la parte demandada sería que la doctrina que se recogía en el ATC 200/2010, y que ha sido modificada por la STC 216/2013, concernía a un supuesto distinto del que aquí se ha producido. En efecto, tal como recuerda igualmente la STC 216/2013, «el ATC 200/2010 daba respuesta a una situación muy concreta y sin vocación de aplicación extensiva: cuando la ‘vulneración’ [concepto éste delimitador del ámbito objetivo del incidente de nulidad, por mandato expreso del art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)] del derecho fundamental cuya protección se impetra en amparo por la parte recurrente (no otro derecho, ni por otra persona), tiene lugar en virtud de la última resolución que cierra la vía judicial y no antes. Situación que puede determinar la necesidad del incidente no solamente respecto de la lesión de derechos procesales del art. 24 CE, sino también y de manera novedosa la de los derechos fundamentales sustantivos, a partir de la reforma del art. 241 LOPJ por la disposición final primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que amplió su cobertura a todos los derechos del art. 53.2 CE» [FJ 2 d)].
En el caso examinado, el derecho al honor invocado en amparo por los recurrentes no fue reparado por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona, al considerar prevalente la protección del derecho a la libertad de expresión. Tras un pronunciamiento en sentido inverso de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación promovido entonces por los demandados, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo casa la sentencia de segunda instancia y, al revocarla y entrar a enjuiciar el fondo, confirma y hace suya «con todos sus pronunciamientos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona». En tales condiciones no es posible afirmar, por tanto, que se trate de una lesión atribuible ex novo a la sentencia que cierra la vía judicial previa al amparo, ni que tal lesión «no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso», en los términos del art. 241.1 in fine de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para la exigencia del incidente.
En consecuencia, el carácter subsidiario del recurso de amparo ha quedado sobradamente garantizado, pues el asunto pasó por tres instancias judiciales, en cada una de las cuales hubo ocasión de examinar las alegadas lesiones de derechos fundamentales y no cabe sino concluir que el recurrente no estaba obligado a promover, además, el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ frente a la sentencia de casación impugnada. Dicho en otros términos, la interposición del incidente de nulidad no puede considerarse exigible en casos como éste.
La causa de inadmisibilidad opuesta por ese motivo debe ser, en consecuencia, rechazada.
3. El adecuado tratamiento de este recurso requiere que se analice, en primer lugar, la alegación planteada por la parte demandada relativa a que los partidos políticos estarían excluidos del ámbito de protección derivado del reconocimiento constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE).
Precisamente en el presente caso este Tribunal entiende que concurre el requisito de la especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] al apreciar que las cuestiones suscitadas en este recurso de amparo permiten perfilar y aclarar algunos aspectos de la doctrina constitucional en relación con la titularidad del derecho al honor de un tipo concreto de personas jurídicas como son los partidos políticos.
De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste, no es patrimonio exclusivo de las mismas y dada la propia sistemática constitucional, el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 CE.
En relación al ámbito de la protección constitucional del derecho al honor, la STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 6, expresaba que «el significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas las de substrato personalista, y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas, individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.»
Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines, como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, «la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena (art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982)» (STC 139/1995, de 26 de septiembre, FJ 5).
En aplicación de la doctrina reproducida, no cabe excluir a los partidos políticos de la protección que dimana del derecho al honor frente a aquellas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la consideración ajena. Así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al aceptar que la protección de la reputación y el honor (art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos) se predique también respecto de los partidos políticos (vid. STEDH caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia, de 22 octubre 2007, §§ 42, 44, 47 y 60).
Cuestión distinta será si el grado de tolerancia a la crítica debe ser mayor en el caso de los partidos políticos, en razón del papel fundamental que les asigna la Constitución como instrumento esencial para la participación política y, consecuentemente, para la formación y existencia de una opinión pública libre. Pero tan importante papel debe tener como contrapartida la posibilidad de que los partidos políticos deban soportar que se les valore y se les critique por parte de la opinión pública y los medios de comunicación, lo que supone también una protección constitucional dispensada por el reconocimiento de su derecho al honor, dentro de nuestro sistema democrático.
4. Entrando ya en el fondo de la cuestión controvertida, ésta se centra en determinar si el Tribunal Supremo (y antes el Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona) ha realizado una adecuada ponderación de los derechos fundamentales implicados, partiendo de la precisión inicial, tal y como hemos reiterado, que la función de este Tribunal en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos no se limita a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a los que se demanda su amparo desde el prisma del art. 24 CE, pues en el ejercicio de su competencia como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, en supuestos como el presente, debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o el de expresarse libremente y el derecho al honor, determinando si, efectivamente, se han vulnerado aquellos derechos atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos (por todas, STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 3).
En el caso examinado, para delimitar los términos de la controversia que se nos presenta, es preciso, con carácter preliminar, concretar ante cuál de las libertades recogidas en el art. 20 CE nos encontraríamos en el presente supuesto siguiendo los criterios de la doctrina constitucional.
Este Tribunal viene distinguiendo, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término «información», en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo «veraz» (SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010, FJ 4).
Asimismo, el Tribunal ha subrayado que en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, y la «expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión» (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; y 50/2010, FJ 4).
5. Aplicando la doctrina precedente a la cuestión planteada, la emisión de valoraciones aparece indisolublemente unida a la atribución de unos hechos de carácter noticiable consistentes en la descripción de la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Catalunya y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA.
En este punto, los recurrentes aducen en el escrito de demanda que el periodista afirma repetidamente, de forma inveraz, que en la citada reunión se concertó un pacto en virtud del cual ETA no atentaría en el territorio de Catalunya, y sí en otros territorios, de lo cual se colige una clara intencionalidad del periodista demandado para atentar contra la ideología política de los demandantes.
Al respecto debe indicarse que, incluso desde el canon propio de la libertad de expresión, cuando una declaración equivale a un juicio de valor, debe basarse en una base factual suficiente como indica la STEDH de 22 de octubre de 2007 (caso Lindon y otros contra Francia, ya citada) y en este caso es un hecho admitido que se celebró efectivamente la reunión en Perpiñán en enero de 2004 y entre otras conjeturas que se trasladaron a la opinión pública por algún medio de comunicación, una de ellas era que se había alcanzado el pacto que se indica por el demandado, pues así fue publicado en el diario «ABC» en la edición impresa de 30 de enero de 2004. Por tanto, los hechos que apoyan el juicio de valor del periodista tenían una base efectiva que cabe considerar suficiente y eran conocidos del público en general, pero al tratarse de un juicio crítico o valoración personal de aquellos hechos, y al realizarse tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido y de que se hubiese informado ampliamente de tales eventos por los medios de comunicación, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información.
En definitiva, las afirmaciones del periodista constituyen una crítica política fundada en hechos, pero a la postre un juicio de valor que debe examinarse a la luz de la libertad de expresión, pues según la jurisprudencia constitucional, la confluencia conflictiva entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor debe resolverse a través de un análisis de ponderación en el que ha de tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones que afecten a la organización colectiva.
6. En efecto, de acuerdo con nuestra jurisprudencia «el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).
En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia caso Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, ha reiterado que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (SSTEDH casos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).
Como ha afirmado este Tribunal, sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política (por todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 15 de noviembre). La libertad de expresión aparece así «como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español, colocada en una posición preferente y objeto de especial protección» (STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3), y necesitada de un «amplio espacio» (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5; 297/2000. de 11 de diciembre, FJ 4; y 127/2004, de 19 de julio, FJ 4), es decir, «un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor. De ahí que no disuadir la diligente, y por ello legítima, transmisión de información constituya un límite constitucional esencial que el art. 20 CE impone a la actividad legislativa y judicial» [SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3 a); 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5, y 9/2007, de 15 de enero, FJ 4].
De acuerdo con esta doctrina «quedarán amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público» (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5). Así, «el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de 'pensamientos, ideas y opiniones', sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas» (entre otras muchas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4, 9/2007, FJ 4; y STEDH caso Castells c. España, § 46).
7. Es preciso, en consecuencia, efectuar aquí la ponderación entre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y el derecho al honor (art. 18.1 CE), para lo cual será necesario analizar las concretas manifestaciones vertidas por el recurrente.
En primer lugar, debe señalarse que en el presente caso la vertiente de la libertad de expresión que pudiera verse afectada tenía por finalidad garantizar «el desarrollo de una comunicación pública libre que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherente al principio de legitimidad democrática» (STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3), pues las expresiones y valoraciones consideradas lesivas del honor de los recurrentes son difundidas públicamente a través de la radio, y se fomentaba con ellas un debate público. Nos hallamos, por tanto, en el ámbito de supuestos donde el derecho fundamental alcanza su mayor ámbito de protección constitucional (SSTC 101/2003, FJ 3, y 9/2007, FJ 4).
En segundo lugar, es importante tomar en consideración que los hechos criticados se refieren a la actuación de los dirigentes de un partido político en el ejercicio de su actividad política, lo que supone, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, que «los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública» (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 20/2002, de 28 de enero, FJ 5; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 9; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4; 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4, y 41/2011, de 11 de abril, FJ 5).
Así, lo ha considerado igualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha recordado que «los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre político», a diferencia de un simple particular, puesto que se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos; debe, por tanto, mostrar una mayor tolerancia (SSTEDH de 26 de abril de 1979, caso Sunday Times; 8 de julio de 1986, caso Lingens c. Austria; 28 de agosto de 1992, caso Schwabe y 26 de abril de 1995, caso Prager y Oberschlick).
En tercer lugar, como hemos sostenido en otras ocasiones, lo relevante para determinar el carácter meramente ofensivo de una expresión es su vinculación o desvinculación con el juicio de valor que se emite o con la información transmitida. Así, por ejemplo, en el caso resuelto por la STC 29/2009, FJ 5, entendimos que no podía considerarse el apelativo de xenófobo como vejatorio o humillante, pues se basaba en un hecho veraz (una denuncia a la policía por tal motivo) y no se trataba de una expresión formalmente vejatoria, en tanto que gratuita o innecesaria, para la información que se pretendía transmitir en aquel caso. En el ámbito de lo penal, hemos considerado que la libertad de expresión amparaba la imputación a un edil de «concesión de licencias urbanísticas irregulares», «adjudicación de un puesto de recaudador municipal a un amigo personal», «obstrucción a la justicia en la persecución de dichas infracciones» (STC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3). A la misma conclusión llegamos en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, donde consideramos que la utilización del término corrupción «no puede considerarse innecesaria para la información transmitida». La información, por lo demás, era de relevancia pública, pues se refería a una cuestión de interés general consistente en el desarrollo urbanístico de la isla de Lanzarote y a la actuación de un funcionario público, circunstancias en las que, como se ha señalado, el ejercicio de la libertad de expresión alcanza «su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor» (FJ 6).
8. En el supuesto que ahora nos ocupa es posible afirmar que muchas de las expresiones vertidas en el programa radiofónico pueden ser consideradas especialmente hirientes y desabridas. En efecto, las continuas referencias a los recurrentes como aliados, socios o amigos de ETA lo son, como también lo son las referencias a los terroristas sin arrepentir que habrían ingresado en el partido político Esquerra Republicana de Catalunya y expresan la opinión de que se trata, por un lado de una crítica a la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA y por otro una crítica o valoración de lo ocurrido en 1991 donde la propia página web de ERC se refiere a que «a raíz de la evolución y clarificación del panorama político, Terra Lliure se replantea su estrategia abandonando la lucha armada e impulsando el ingreso a ERC de sus militantes y de buena parte de los que formaban Catalunya Lliure».
En ese contexto, y como ya hemos afirmado en otras ocasiones, especialmente cuando los afectados son titulares de cargos públicos, éstos han de soportar las críticas o las revelaciones aunque «duelan, choquen o inquieten» (STC 76/1995, de 22 de mayo) o sean «especialmente molestas o hirientes» (STC 192/1999, de 25 de octubre). Estos criterios jurisprudenciales de este Tribunal han sido muy intensamente refrendados en la STEDH de 15 de marzo de 2011 (caso Otegi Mondragón c. España, § 50), que afirma que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a los sujetos políticos, pues se exponen inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; y que los imperativos de protección de su reputación deben ser puestos en una balanza con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, haciendo una interpretación más restrictiva de las excepciones a la libertad de expresión.
En este caso, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada en primera instancia, al considerar que las expresiones emitidas en los referidos espacios radiofónicos estaban en estrecha relación con los hechos denunciados, los cuales cabe entender como de notorio interés general, y que fueron llevados a cabo por personajes políticos y por tanto públicos, sobre cuya base se procede a criticar la política antiterrorista del Gobierno y el hecho ya noticiado de su pasividad ante la posible reunión entre miembros de grupo terrorista e integrantes del partido político demandante, todo lo cual se desarrolla en un marco de crítica política que bien podría definirse como muy negativa.
Esta fundamentación se ajusta a la doctrina interpretativa que hemos expuesto, ya que los juicios de valor del periodista se construyen alrededor de una base fáctica suficiente, pues el pacto que afirma que se produjo fue un hecho trasladado a la opinión pública en algún medio de comunicación y las expresiones vertidas se vinculan al juicio de valor que se emite por parte del periodista. Es cierto que tales expresiones se sitúan en los límites de lo admisible por su marcado carácter hiriente y desmesurado, pero las manifestaciones realizadas en los programas radiofónicos examinados se encuentran amparadas por la libertad de expresión, por cuanto que se enmarcan en un debate nítidamente público y de notorio interés, fueron pronunciadas por un periodista y se referían a la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales, lo que amplía los límites de la crítica permisible, por tratarse de un debate de relevante interés general, lo que comporta un riesgo de que los derechos subjetivos de personas públicas puedan resultar afectados por dichas opiniones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (en este sentido, STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 in fine, con cita de la STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2).
9. Los razonamientos expuestos conducen a confirmar los criterios manifestados por la sentencia recurrida y a denegar el recurso de amparo interpuesto.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Denegar el amparo solicitado por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2343-2010 al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita
1. Como tuve oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disiento de la decisión adoptada por la mayoría. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de mis compañeros de Sala, entiendo, por las razones que de inmediato expondré, que el fallo debió de declarar la lesión del derecho al honor de los recurrentes (art. 18.1 CE)
La sentencia de la que me aparto desfigura el derecho a la libertad de expresión del art. 20.1 a) CE, obviando los límites que a mi juicio lo configuran y la especial gravedad de las reprobaciones efectuadas a su pretendido amparo en la cadena COPE por el periodista que fue demandado en el proceso judicial, reprobaciones éstas ajenas, como se razonará, a la cobertura constitucional de aquel derecho fundamental, vista la radical ausencia de base fáctica para sostener el juicio crítico que formuló en las ondas. La resolución mayoritariamente adoptada priva de la menor virtualidad jurídico-constitucional a la centralidad que en el caso de autos poseen la libertad de información del art. 20.1 d) CE y sus límites, concentrando exclusivamente el debate en los márgenes de protección de la conducta discutida en el apartado a) de este mismo pasaje constitucional y terminando, en atención a este encuadramiento constitucional, por convalidar el ejercicio de una crítica expresada en términos de una extraordinaria hostilidad, virulencia y agresividad, que traducen la imputación de conductas ilícitas sin la constitucionalmente obligada base factual capaz de servir de presupuesto y soporte al juicio valorativo.
2. Es cierto, como dice la sentencia, que este Tribunal Constitucional ha subrayado, como la realidad enseña y los Tribunales que conocen de vulneraciones de derechos fundamentales reconocen, que no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una fusión o, al menos, mezcla de ambos. La formulación de pensamientos necesita con frecuencia apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de meras noticias no se presenta en ocasiones en un estado químicamente puro, integrando algunos elementos valorativos, dotados de una vocación conformadora de opinión (así lo recogen, entre muchas otras, las sentencias que cita el texto aprobado: SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2; y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4).
Sin embargo, no es impertinente recordar, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido declarando (por ejemplo, STEDH de 22 de octubre de 2007, caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia), que existen límites a la libertad de expresión cuando los juicios de valor acarrean imputaciones de hecho. En semejantes situaciones, la declaración, incluso cuando equivalga a un juicio de valor, debe contar con una base fáctica suficiente para no resultar lesiva o, formulado el juicio desde otro ángulo, para resultar lícita.
En el presente caso, las declaraciones del Sr. Jiménez Losantos, a las que seguidamente haré referencia, pretendían estar fundadas o asociadas a hechos supuestamente acaecidos, que eran objeto de comentario y valoración crítica. Es ahí donde, a mi juicio, reside la quiebra lógica del pronunciamiento del que discrepo; en el silencio sobre la bien visible conexión entre unos –los hechos– y otras –las opiniones–, desconexión ésta determinante de que los juicios vertidos terminen careciendo del menor soporte fáctico; esto es, de la mínima verificación o contraste. En el supuesto enjuiciado, no concurre la obligada base factual que permita instalar las durísimas apreciaciones formuladas en el exclusivo ámbito de la libertad de expresión o, lo que es igual, que consienta amparar la conducta enjuiciada bajo el manto protector del derecho fundamental del periodista a emitir opiniones o juicios de valor.
En atención a ello, me parece precaria o, por enunciar la idea con mayor precisión jurídica, falta de la necesaria fundamentación la respuesta que se da sobre el derecho concernido en el recurso. Para sustentar que el derecho realmente comprometido es exclusivamente la libertad de expresión, y no, adicionalmente, la libertad de información, la sentencia razona del tenor siguiente: «[e]n este caso es un hecho admitido que se celebró efectivamente la reunión en Perpiñán en enero de 2004 y entre otras conjeturas que se trasladaron a la opinión pública por algún medio de comunicación, una de ellas era que se había alcanzado el pacto que se indica por el demandado, pues así fue publicado en el diario ‘ABC’ en la edición impresa de 30 de enero de 2004. Por tanto, los hechos que apoyan el juicio de valor del periodista tenían una base efectiva que cabe considerar suficiente y eran conocidos del público en general, pero al tratarse de un juicio crítico o valoración personal de aquellos hechos, y al realizarse tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido y de que se hubiese informado ampliamente de tales eventos por los medios de comunicación, su enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información».
La lectura de este pasaje revela una aproximación selectiva de las circunstancias de hecho. Y ello, por cuanto en el presente caso no solo están presentes, como equívocamente se afirma, conjeturas y juicios de valor; también comparecen, y de manera muy relevante, abundantes imputaciones de hecho. Para fundamentar esta conclusión, bastará transcribir, entre otras, las siguientes declaraciones emitidas: a) En fecha 13 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas, minuto 6:15 «hay mucha gente que ignora que ERC es un partido siempre violento, siempre golpista, cuyas juventudes, los ‘Escamots’ desfilaban a la manera fascista con camisas verdes, que fue desde Prats de Motlló golpista»; b) En fecha 14 de junio de 2005 «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 15:44, «no sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana, y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana»; c) En fecha 15 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 28.49, «estos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar su fechorías. Encima presumiendo»; d) En fecha 15 de junio de 2005. «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas, minuto 7:00, «el héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera»; e) en fecha 18 de noviembre de 2005. «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas, minuto 05:10, «me alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época,... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé». O más aún, como se desprende de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en estos autos: [calificando a ERC] «el partido separatista aliado de la ETA. El que pactó en Perpiñán con la ETA que los etarras pusieran coches bombas, por ejemplo, asesinaran a gente en toda España menos en Cataluña», «un partido paranoico, parecido al fascismo». O, por ejemplo en relación con el Sr. Carod Rovira, «se ha sentado con ETA para decidir dónde se atenta y dónde no, dónde se mata y dónde no», «las demandas de Carod-Rovira son las de Josu Ternera»; «el amigo de la ETA»; «las amenazas de Carod-Rovira son amenazas de ETA» o, en fin, «sus socios matan y ahora se hace el mártir».
3. Unas imputaciones del tenor transcrito no pueden en modo alguno dejar de calificarse como atribuciones de «hechos», dotadas de una indudable relevancia pública y de una indiscutible gravedad, que hubieran debido de ser enjuiciadas con los criterios propios del canon de la libertad de información veraz del art. 20.1 d) CE (diligencia en la averiguación de los hechos). Es cierto, como sostiene la sentencia aprobada y ya se ha recordado, que no siempre es fácil escindir la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos; pero lo relevante en el caso a examen, a mi parecer, no es tanto que los juicios de valor y los hechos confluyan, como a menudo acontece, sino –y es afirmación que quiero enfatizar– que los hechos que se afirman son total y definitivamente condicionantes de la crítica efectuada. Tan es así que, si fueran abiertamente falsos o se hubieran presumido sin la diligencia propia de la veracidad informativa, esa crítica estaría huérfana del menor sostén argumentativo, entrando de lleno en el reino de la mera fantasía especulativa; máxime cuando alguna de esas declaraciones describen conductas que podrían calificarse como delictivas (articular comandos terroristas o pactar con una organización terrorista el lugar dónde realizará sus atentados, por ejemplo). Por ello, el canon de la veracidad propio de la libertad de información debería de haber entrado necesariamente en juego, en contra de lo que dice la sentencia aprobada. Por todo ello, el presente amparo responde a un tipo mixto, encuadrable en los arts. 20.1 a) y 20.1 d), en su colisión conflictiva con el art. 18.1 CE.
No puedo compartir el criterio defendido en la sentencia de la que me aparto, conforme al cual las declaraciones del Sr. Jiménez Losantos revelan únicamente «la atribución de unos hechos de carácter noticiable consistentes en la descripción de la reunión en Perpiñán de un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, que desempeñaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Catalunya y en ese preciso momento ostentaba la Presidencia en funciones de éste, con representantes del grupo terrorista ETA». Si ya de por sí no es irrelevante la atribución de una determinada descripción a ese hecho, más entidad posee si cabe –encuadrando la dimensión constitucional del caso en el apartado d) del art. 20.1 CE– lo que se afirma que supuestamente aconteció en esa reunión: el pacto (incluso la insinuación de colaboración) con ETA.
Tampoco me parece de recibo el otro argumento que se apunta en la sentencia para rechazar la implicación del art. 20.1 d) CE; a saber: que el periodista realizara tal juicio más de un año y medio después de que se hubiesen producido esos hechos y de que se hubiese informado ampliamente a la opinión pública de tales eventos a través de los medios de comunicación (en concreto, se cita la edición impresa de «ABC» de 30 de enero de 2004). A juicio de la mayoría de la Sala, ese factor temporal resulta determinante de que el enjuiciamiento deba efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, en lugar de conforme al canon de la veracidad exigido constitucionalmente en el derecho a comunicar información. No se ofrecen razones ni encuentro fundamento alguno, ni siquiera ligero, a esta tesis. Antes al contrario, el paso del tiempo hubiera exigido, en un caso como el que nos ocupa, una mayor diligencia en la búsqueda de fuentes de averiguación y contraste informativo. En otras palabras, de tener algún efecto, el transcurso del tiempo, lejos de diluir el deber de diligencia en la confrontación con la noticia y la crítica, lo acrecentaría, acentuando el nivel de responsabilidad del periodista. En suma, la preexistencia de noticias suministradas por otros medios sobre la cuestión controvertida no puede justificar sin más la imputación a representantes políticos de hechos tan graves e ilícitos como la colaboración con ETA, de conformidad con el supuesto pacto alcanzado, sin cumplimiento de las exigencias de la veracidad informativa.
Por lo demás, y no es lo de menos, no puedo dejar de manifestar mi desconcierto por la referencia que hace la sentencia a la noticia publicada tiempo atrás en el citado medio de comunicación, publicación ésta que, en el criterio de la mayoría y como ya he destacado, parecería justificar la reconducción del caso en el exclusivo ámbito de cobertura constitucional del apartado a) del art. 20.1 CE. Este desconcierto deriva del incontestable hecho de que en ninguna de las resoluciones judiciales se cita esa circunstancia fáctica, no alcanzando a adivinar cómo puede entonces formar parte de nuestro pronunciamiento. A este respecto, no estará de más recordar –y no es la primera vez que he de rememorarlo en un Voto particular–, la invariabilidad de los hechos que nos impone el art. 44.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
4. Tampoco comparto el juicio que efectúa la mayoría desde el prisma del art. 20.1 a) CE. Por lo pronto, porque es imprescindible dotar al reconocimiento constitucional de los partidos políticos, como instituciones básicas de nuestro Estado social y democrático de Derecho, de una doble consecuencia en los supuestos en los que concurren las libertades del art. 20 CE y el derecho al honor.
La primera se enuncia en el texto de la sentencia y consiste en la sujeción de los partidos a una crítica singularmente intensa, precisamente por su función institucional; personalmente comparto que las instituciones centrales de la participación política deben estar sometidas, al igual que los personajes con responsabilidades públicas, a un mayor control de la comunidad y de la opinión. La segunda consecuencia en estos terrenos de colisión de derechos derivada del reconocimiento constitucional de los partidos políticos, sin embargo, apenas se esboza en el pronunciamiento del que discrepo, y es una fuente más de mi divergencia. Me refiero a las garantías necesarias vinculadas a esa crítica potencialmente más incisiva, que, insisto, postulo. Estimo que deberíamos haber enfatizado esa particular protección del derecho al honor de las instituciones centrales del sistema democrático, precisamente por la función que tienen constitucionalmente encomendada.
Mantengo la firme convicción de que ambos planos son compatibles. El primero hace referencia a la intensidad potencial de la crítica constitucionalmente amparada. El segundo, en cambio, a la especial protección frente a críticas que no sean tales, sino meras difamaciones gratuitas, insultos, afrentas o insidias contra las instituciones centrales del Estado y los instrumentos de participación política de los ciudadanos, dirigidos a asegurar el pluralismo político y la formación y manifestación de la voluntad popular. Y es que, de lo contrario, el prestigio de esas instituciones puede quedar en el camino comprometido o progresivamente deteriorado. Del reconocimiento constitucional de los partidos políticos (art. 6 CE), en suma, deberíamos derivar una singular tutela frente a la difamación gratuita (art. 6 en relación con el art. 18 CE) y no sólo una mayor potencialidad de la crítica legítima. Las instituciones necesitan ser protegidas, no sólo debida e intensamente criticadas.
Pero al margen de lo expuesto y descendiendo a lo particular, tampoco coincido con el juicio que se enuncia ex art. 20.1 a) CE a la vista de las circunstancias del caso. La formación y existencia de una opinión pública libre, y los márgenes de la libertad de expresión que a ella cooperan, nada tienen que ver con la imputación de hechos, incluso delictivos, infundada y en absoluto indagada o mínimamente verificada a las instituciones básicas del sistema democrático. Algunas de las calificaciones vertidas por el Sr. Jiménez Losantos sobre el proceder de los recurrentes de amparo, a los que se les tildó como «pistoleros no arrepentidos», «terroristas» o «asesinos», sobrepasan con creces el más exigente ámbito de licitud de la libertad de expresión, entrando de lleno y sin ambages en el territorio del insulto y la injuria, en modo alguno protegido por aquella libertad. Tales calificativos no son opinión; son, sencillamente, anti-opinión; una perversión de la por tantas razones respetable función informativa.
5. En mi criterio y a la vista del supuesto enjuiciado, la única posibilidad de justificar ese tipo de juicios de valor hubiera acaecido mediante la debida acreditación, siquiera indiciariamente, con diligencia de averiguación y contraste, de la conexión causal entre crítica efectuada e información transmitida (hechos). En otro caso, a falta de la más mínima expresión de diligencia, no se puede aceptar la equiparación o vinculación de un partido democrático y de sus dirigentes con una organización ilegal y terrorista. Con afirmaciones de semejante tenor, es la existencia del propio Estado social y democrático de Derecho la que queda comprometida y denigrada.
A pesar de la centralidad de esta conexión y al haberse excluido de esta demanda el examen ex art. 20.1 d) CE, me resulta inviable vislumbrar en la sentencia una decidida voluntad de construir tal asociación entre hechos y juicios de valor. A diferencia del caso resuelto por la STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 5, a la que paradójicamente se refiere el pronunciamiento de la mayoría, no está demostrado esta vez que las imputaciones que hace el Sr. Jiménez Losantos respondan a hechos veraces de conformidad con los criterios de constitucionalidad al uso, ni que constituyan informaciones fiables que sean resultado de una investigación seria. Sin el contraste y comprobación a los que viene obligada la profesionalidad informativa, lo que queda es una mera estigmatización y desacreditación personales, además de un ataque virulento a la reputación política de representantes públicos. Es este, sin embargo, un comportamiento por completo ajeno a la libertad de opinión constitucionalmente amparada, en tanto que consiste en la imputación sensacionalista de actos ilegales a un partido político y sus dirigentes, quienes, como se ha hecho constar, deberían de contar, de conformidad con su función constitucional, con una singular protección de su derecho al honor.
Por todas estas razones, que evidencian la minusvaloración de elementos sustantivos imprescindibles en la resolución del presente recurso de amparo, entiendo que la sentencia que lo ha sustanciado debió de haber reconocido la violación del art. 18.1 CE. La estimación del amparo resultaba ser así la única respuesta posible.
Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Firmado y rubricado. | La adjudicación a Eurest de la cafetería del Congreso por importe total de 1.949.062,5 euros. | La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro González-Trevijano, don Enrique López y López, y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2343-2010, promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya, representados por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y bajo la dirección de la Letrada doña Mélani Simón Martínez, contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 26 de enero de 2010, por medio de la cual se acuerda la estimación del recurso de casación formulado de contrario. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de marzo de 2010, el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación de don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (en adelante, ERC), interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se menciona en el encabezamiento.
2. La demanda de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) Los recurrentes interpusieron una demanda civil solicitando la protección de su derecho al honor, el cual habría sido vulnerado por el periodista don Federico Jiménez Losantos y la cadena radiofónica Radio Popular, S.A., Cadena de Ondas Populares (en adelante, COPE), por las afirmaciones vertidas por el citado periodista en diversos tramos de su programa de radio «La Mañana», los días 13, 14 y 15 de junio, 1 de julio y 18 de noviembre de 2005.
Las declaraciones y expresiones vertidas las clasifica la demanda según quien era su destinatario y, de forma extractada, se concretan del siguiente modo:
– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 6:42:
«Carod-Rovira dice que piensa emprender acciones legales contra el Partido Popular y contra los organizadores de la manifestación del sábado en Salamanca por las amenazas de muerte que se profirieron en esa marcha contra él. El líder de Esquerra ha tachado a los populares de chulos de barrio y de franquistas sin escrúpulos y les ha acusado de hacer escarnio de la libertad y de la democracia. Asegura que acudirá a los tribunales para hacerles callar y para acabar con la impunidad con la que amparan, dice, su odio, su racismo y su xenofobia contra Cataluña.»
– En fecha 13 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
Minuto 6:15:
«[H]ay mucha gente que ignora que ERC es un partido siempre violento, siempre golpista, cuyas juventudes, los «Escamots» desfilaban a la manera fascista con camisas verdes, que fue desde Prats de Motlló golpista»
– En fecha 14 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 15:44:
«[N]o sé si es que piensa el ladrón que todos son de su condición y piensa que el PP también está lleno de pistoleros sin arrepentir como lo está la Esquerra Republicana,‘ y si te atreves Roviretxe, llévame a los Tribunales y vamos a repasar cuántos terroristas de Terra Lliure tienes en tu partido, con su historial y actividades. Empezando por Puigcercós; ¿era terrorista o sólo era el brazo político de los terroristas? Este Otegi de la ETA catalana.»
– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 28.49:
«[E]stos socios de la ETA en Perpiñán, en lugar de tener que responder de su fechoría, de por qué pactaron con la ETA de matar en Madrid y no en Barcelona, en Zaragoza y no en Lérida, en Valencia y no en Gerona, encima se permiten utilizar la justicia contra los que nos atrevemos a criticar sus fechorías. Encima presumiendo»
– En fecha 15 de junio de 2005, «La Mañana« de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 7:00:
«[E]l héroe de Perpiñán, el amigo de Josu Ternera»
– En fecha 13 de junio de 2005 ,«La Mañana» de la COPE, en el «Despertador» de las 6:00 horas.
Minuto 12:14:
«El número 2 de Esquerra, Joan Puigcercós, ha atribuido los insultos de la manifestación del sábado a la impotencia que sufre el Partido Popular ante la fuerza de los republicanos y ha asegurado que es mejor que los populares se manifiesten a que den golpes de Estado. No obstante, les ha acusado de mantener una actitud guerra civilista.
Ha habido una manifestación absolutamente pacífica pidiendo que no expolie el gobierno del PSOE, del ¡PSOE! no de Roviretxe creo, que no rompa el Archivo de Salamanca.»
– En fecha 18 de noviembre de 2005, «La Mañana» de la COPE, en «La Tertulia» de las 8:00 horas.
Minuto 05:10:
«[M]e alegra mucho que comuniquen que Puigcercós, que era el jefe político de Terra Lliure, el Otegi de la época,... no sé si estará reconstruyendo algún comando Madrid, no sé».
b) La demanda interpuesta por los hoy recurrentes en amparo fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona mediante sentencia de fecha 4 de septiembre de 2006 que consideró que no hubo intromisión en el derecho al honor. Valoró el juzgador de instancia que las manifestaciones realizadas atañen a personajes públicos, de una gran repercusión mediática, y que dentro de ello se dedican a la vida política, y que las mismas, aun cuando son en extremos determinados sumamente duras, hirientes e incluso desorbitadas en su intensidad emotiva, atañen a extremos y hechos de relevanci
### RESUMEN: La adjudicación a Eurest de la cafetería del Congreso por importe total de 1.949.062,5 euros. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Economía y Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría General.
2) Domicilio:
Avenida Teniente Flomesta s/n, Palacio Regional.
3) Localidad y código postal:
30011 Murcia.
4) Teléfono:
968 366011.
5) Telefax:
968 366012.
6) Correo electrónico:
mpilar.monllor@carm.es.
d) Número de expediente:
46/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Adquisición de licencias y actualización de licencias corporativas Microsoft, con carácter corporativo para todas las Consejerías, Organísmos Autónomos y otros Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1174872,30 euros. Importe total: 1421595,49 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
4 de diciembre de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Domicilio:
Avenida Teniente Flomesta s/n.
3) Localidad y código postal:
30011 Murcia.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Avenida Teniente Flomesta s/n.
c) Localidad y código postal:
Murcia.
d) Fecha y hora:
En su fecha se comunicará a los licitadores.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
11 de noviembre de 2013.
Murcia, 11 de noviembre de 2013.- El Secretario General, Miguel Ángel Blanes Pascual. | Tribunal Constitucional suspende de la declaración de soberanía del Parlament. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Economía y Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Secretaría General.
2) Domicilio:
Avenida Teniente Flomesta s/n, Palacio Regional.
3) Localidad y código postal:
30011 Murcia.
4) Teléfono:
968 366011.
5) Telefax:
968 366012.
6) Correo electrónico:
mpilar.monllor@carm.es.
d) Número de expediente:
46/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Adquisición de licencias y actualización de licencias corporativas Microsoft, con carácter corporativo para todas las Consejerías, Organísmos Autónomos y otros Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1174872,30 euros. Importe total: 1421595,49 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
4 de diciembre de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Oficina corporativa de atención al ciudadano de la Consejería de Economía y Hacienda.
2) Domicilio:
Avenida Teniente Flomesta s/n.
3) Localidad y código postal:
30011 Murcia.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Avenida Teniente Flomesta s/n.
c) Localidad y código postal:
Murcia.
d) Fecha y hora:
En su fecha se comunicará a los licitadores.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
11 de noviembre de 2013.
Murcia, 11 de noviembre de 2013.- El Secretario General, Miguel Ángel Blanes Pascual.
### RESUMEN: Tribunal Constitucional suspende de la declaración de soberanía del Parlament. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite la Impugnación de Disposiciones Autonómicas número 1389-2013, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Resolución 5/X, del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, desde la fecha de interposición de la impugnación –8 de marzo de 2013–.
Madrid, 7 de mayo de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Becas del Plan Estratégico del INAP por importe total de 124.800,00 euros. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite la Impugnación de Disposiciones Autonómicas número 1389-2013, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Resolución 5/X, del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, desde la fecha de interposición de la impugnación –8 de marzo de 2013–.
Madrid, 7 de mayo de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Becas del Plan Estratégico del INAP por importe total de 124.800,00 euros. |
Con fecha 26 de abril de 2017 fue suscrita, previa tramitación reglamentaria, la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se publica en el Boletín Oficial del Estado dicha Adenda al Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 12 de diciembre de 2017.–El Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Antonio Aguilar Mediavilla.
ANEXO
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia)
En Madrid, a 26 de abril de 2017.
ASISTENTES
De una parte, el Excmo. Sr. don Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que actúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y conforme al apartado septimo.1 de la Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento.
De otra parte, el Excmo. Sr. don Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto de la Presidencia n.º 18/2016, de 30 de mayo, «BORM» n.º 125, por el que se dispone su nombramiento, y expresamente autorizado para la firma de esta Adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de octubre de 2016.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. don Francisco Jódar Alonso, Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, actuando en nombre y representación del citado Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21-1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Acuerdo y al efecto,
EXPONEN
Primero.
Que con fecha 17 de mayo de 2011 se suscribió el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia).
Segundo.
Que el objeto de dicho Convenio es el de establecer las bases generales de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento de Lorca, que permitan la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia).
Así, el Ministerio de Fomento financiará en un cincuenta por ciento, los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas, con cargo al crédito ampliable que a estos efectos se habilite en los Presupuestos del citado Departamento. La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia financiará el otro cincuenta por ciento de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas.
Tercero.
Que la tramitación y resolución de las ayudas, tal y como se establece en la Cláusula Tercera del Convenio corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que corresponden a la comisión mixta constituida en virtud del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, en relación con la elaboración de las propuestas de concesión de las ayudas solicitadas.
Cuarto.
Que, con fecha 1 de noviembre de 2011, entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011 y se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo.
Quinto.
Que, con fecha 31 de marzo de 2012, se aprobó el Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.
Sexto.
Que, con fecha 29 de noviembre de 2013, se suscribió una Adenda cuyo objeto era adaptar el Convenio suscrito el 17 de mayo de 2011 a la normativa vigente, así como prorrogar el plazo de finalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2016.
En su exponendo sexto se establecía que los expedientes de ayudas que se presentaron en el plazo legalmente establecido debían ser resueltos, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2014.
Séptimo.
Que, con fecha 6 de noviembre de 2015, se suscribió una Adenda cuyo objeto era adaptar la Adenda suscrita el 29 de noviembre de 2013 al ritmo de las actuaciones y prorrogar el plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, también se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016, el plazo de finalización para la resolución de los expedientes de solicitud de ayudas, establecido en el exponendo sexto de la Adenda de 29 de noviembre de 2013.
Octavo.
Que en la actualidad, y debido a las dificultades en la gestión, no ha podido ser resuelta la totalidad de los expedientes de ayudas cuyas solicitudes fueron presentadas por los beneficiarios en el plazo establecido.
Noveno.
Que, en consideración a todo lo expuesto, y a petición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se propone la modificación de la fecha límite de resolución de los expedientes de solicitud de ayudas, adaptándolo al ritmo de ejecución real de las actuaciones. Así, las partes intervinientes acuerdan suscribir la presente Adenda, estableciéndose las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto de la Adenda.
La presente Adenda tiene por objeto fijar una nueva fecha límite de resolución de los expedientes de solicitud de ayudas, adaptándolo al ritmo de las actuaciones.
Segunda. Plazo de resolución de expedientes.
El plazo de finalización para la resolución de los expedientes de solicitud de las ayudas establecido en el exponendo sexto de la Adenda de 29 de noviembre de 2013 y en la cláusula Tercera de la Adenda de 6 de noviembre de 2015, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tercera. Naturaleza y jurisdicción.
En todo lo que no se oponga a la presente Adenda, serán de aplicación las cláusulas de carácter general contenidas en la Adenda suscrita el 29 de noviembre de 2013, el 6 de noviembre de 2015 y en el Convenio de colaboración suscrito el 17 de mayo de 2011.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes lo firman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.
El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Julio Gómez-Pomar Rodríguez.–El Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Rivera Barrachina.–El Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Jódar Alonso. | El TC ampara a Gonzalo Miró contra Telecinco. El personaje no tiene interés público y se vulneró su intimidad. | Con fecha 26 de abril de 2017 fue suscrita, previa tramitación reglamentaria, la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se publica en el Boletín Oficial del Estado dicha Adenda al Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 12 de diciembre de 2017.–El Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Antonio Aguilar Mediavilla.
ANEXO
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia)
En Madrid, a 26 de abril de 2017.
ASISTENTES
De una parte, el Excmo. Sr. don Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que actúa al amparo de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y conforme al apartado septimo.1 de la Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Fomento.
De otra parte, el Excmo. Sr. don Pedro Rivera Barrachina, Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del Decreto de la Presidencia n.º 18/2016, de 30 de mayo, «BORM» n.º 125, por el que se dispone su nombramiento, y expresamente autorizado para la firma de esta Adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de octubre de 2016.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. don Francisco Jódar Alonso, Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, actuando en nombre y representación del citado Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21-1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Acuerdo y al efecto,
EXPONEN
Primero.
Que con fecha 17 de mayo de 2011 se suscribió el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011, en Lorca (Murcia).
Segundo.
Que el objeto de dicho Convenio es el de establecer las bases generales de colaboración y cooperación entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento de Lorca, que permitan la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia).
Así, el Ministerio de Fomento financiará en un cincuenta por ciento, los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas, con cargo al crédito ampliable que a estos efectos se habilite en los Presupuestos del citado Departamento. La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia financiará el otro cincuenta por ciento de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas.
Tercero.
Que la tramitación y resolución de las ayudas, tal y como se establece en la Cláusula Tercera del Convenio corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que corresponden a la comisión mixta constituida en virtud del artículo 7 del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, en relación con la elaboración de las propuestas de concesión de las ayudas solicitadas.
Cuarto.
Que, con fecha 1 de noviembre de 2011, entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011 y se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo.
Quinto.
Que, con fecha 31 de marzo de 2012, se aprobó el Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.
Sexto.
Que, con fecha 29 de noviembre de 2013, se suscribió una Adenda cuyo objeto era adaptar el Convenio suscrito el 17 de mayo de 2011 a la normativa vigente, así como prorrogar el plazo de finalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2016.
En su exponendo sexto se establecía que los expedientes de ayudas que se presentaron en el plazo legalmente establecido debían ser resueltos, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2014.
Séptimo.
Que, con fecha 6 de noviembre de 2015, se suscribió una Adenda cuyo objeto era adaptar la Adenda suscrita el 29 de noviembre de 2013 al ritmo de las actuaciones y prorrogar el plazo de finalización hasta el 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, también se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016, el plazo de finalización para la resolución de los expedientes de solicitud
### RESUMEN: El TC ampara a Gonzalo Miró contra Telecinco. El personaje no tiene interés público y se vulneró su intimidad. |
La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en su regla 38 la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial de Estado», en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, la información relativa a las cuentas anuales que determine la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. En virtud de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, modificada por la de 3 de junio de 2013, en la que se determina la publicación del Informe de Auditoría, el contenido mínimo de la información a publicar por las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo es el siguiente:
I. Balance.
II. Cuenta de resultado económico patrimonial.
III. Resumen del Estado de cambios en el patrimonio neto.
III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto.
III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos.
IV. Estado de flujos de efectivo.
V. Estado de liquidación del Presupuesto.
V.1 Liquidación del Presupuesto de gastos, desarrollado a nivel de capítulo.
V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos, desarrollado a nivel de capítulo.
V.3 Resultado de operaciones comerciales. (Sin contenido).
V.4 Resultado presupuestario.
VI. Resumen de la Memoria:
VI.1 Organización y Actividad.
VI.2 Bases de presentación de las cuentas.
VI.3 Normas de reconocimiento y valoración.
VI.4 Inmovilizado material.
VI.5 Activos financieros: Estado resumen de la conciliación.
VI.6 Pasivos financieros: Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
VI.8 Provisiones y contingencias. (Sin contenido).
VI.9 Información presupuestaria.
a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
b) Estado del remanente de tesorería.
c) Balance de resultados e informe de gestión.
VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
VI.11 Hechos posteriores al cierre.
VII. Informe de Auditoría.
Habiéndose efectuado la presentación indicada ante el Tribunal de Cuentas con fecha 3 de agosto de 2016, esta Dirección acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y que figuran como anexo a esta Resolución.
Las Cuentas Anuales completas están disponibles en la página Web de la Agencia Tributaria. (www.agenciatributaria.es)
Madrid, 30 de agosto de 2016.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez. | Amancio Ortega convoca 600 becas para estudiar 1º de Bachiller el curso que viene en Estados Unidos y Canadá. | La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, establece en su regla 38 la obligatoriedad de publicar en el «Boletín Oficial de Estado», en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, la información relativa a las cuentas anuales que determine la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. En virtud de la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, modificada por la de 3 de junio de 2013, en la que se determina la publicación del Informe de Auditoría, el contenido mínimo de la información a publicar por las entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo es el siguiente:
I. Balance.
II. Cuenta de resultado económico patrimonial.
III. Resumen del Estado de cambios en el patrimonio neto.
III.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto.
III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos.
IV. Estado de flujos de efectivo.
V. Estado de liquidación del Presupuesto.
V.1 Liquidación del Presupuesto de gastos, desarrollado a nivel de capítulo.
V.2 Liquidación del presupuesto de ingresos, desarrollado a nivel de capítulo.
V.3 Resultado de operaciones comerciales. (Sin contenido).
V.4 Resultado presupuestario.
VI. Resumen de la Memoria:
VI.1 Organización y Actividad.
VI.2 Bases de presentación de las cuentas.
VI.3 Normas de reconocimiento y valoración.
VI.4 Inmovilizado material.
VI.5 Activos financieros: Estado resumen de la conciliación.
VI.6 Pasivos financieros: Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
VI.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
VI.8 Provisiones y contingencias. (Sin contenido).
VI.9 Información presupuestaria.
a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
b) Estado del remanente de tesorería.
c) Balance de resultados e informe de gestión.
VI.10 Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
VI.11 Hechos posteriores al cierre.
VII. Informe de Auditoría.
Habiéndose efectuado la presentación indicada ante el Tribunal de Cuentas con fecha 3 de agosto de 2016, esta Dirección acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y que figuran como anexo a esta Resolución.
Las Cuentas Anuales completas están disponibles en la página Web de la Agencia Tributaria. (www.agenciatributaria.es)
Madrid, 30 de agosto de 2016.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
### RESUMEN: Amancio Ortega convoca 600 becas para estudiar 1º de Bachiller el curso que viene en Estados Unidos y Canadá. |
La Fundación Amancio Ortega Gaona convoca 600 becas dirigidas a alumnos de 4.º de la ESO de centros educativos de España para estudiar el curso académico 2019-2020 en Canadá y Estados Unidos. Plazo de inscripción abierto del 24 de septiembre al 30 de octubre de 2018.
Bases e inscripciones en la página web: www.becas.faortega.org.
Arteixo (A Coruña), 20 de septiembre de 2018.- El Director general, Óscar Ortega Chávez. | La nieta de Suárez, Alejandra Romero Suárez, ya ha heredado el título de Duque de Suárez. | La Fundación Amancio Ortega Gaona convoca 600 becas dirigidas a alumnos de 4.º de la ESO de centros educativos de España para estudiar el curso académico 2019-2020 en Canadá y Estados Unidos. Plazo de inscripción abierto del 24 de septiembre al 30 de octubre de 2018.
Bases e inscripciones en la página web: www.becas.faortega.org.
Arteixo (A Coruña), 20 de septiembre de 2018.- El Director general, Óscar Ortega Chávez.
### RESUMEN: La nieta de Suárez, Alejandra Romero Suárez, ya ha heredado el título de Duque de Suárez. |
De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Suárez, a favor de doña Alejandra Romero Suárez, por fallecimiento de su abuelo, don Adolfo Suárez González.
Madrid, 18 de noviembre de 2014.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. | Aprobada la norma de calidad para el cafés y derivados. | De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Suárez, a favor de doña Alejandra Romero Suárez, por fallecimiento de su abuelo, don Adolfo Suárez González.
Madrid, 18 de noviembre de 2014.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
### RESUMEN: Aprobada la norma de calidad para el cafés y derivados. |
El Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español, establece la normativa relativa al café en la sección 1.ª «Cafés y derivados», pertenecientes al capítulo XXV «Alimentos estimulantes y derivados». Esa normativa se complementa con lo establecido en el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café.
La Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria, fijó en su anexo las denominaciones, definiciones y características de esos productos, siendo incorporada al derecho nacional mediante el Real Decreto 943/2001, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 2323/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización de sucedáneos de café, y el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café. Esta norma vuelve a incluir los aspectos de la Directiva relativos a los extractos de café.
El citado Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, ha sido modificado en varias ocasiones para actualizar aspectos técnicos. Por otra parte, numerosos aspectos recogidos en ese real decreto ya no están en vigor, al haber sido regulados por diversas disposiciones comunitarias de carácter horizontal, relacionadas con los alimentos en general.
Estas razones aconsejan la elaboración de una nueva disposición actualizada y simplificada en forma de norma de calidad que, al tiempo que deroga la reglamentación técnico-sanitaria aprobada mediante Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, sustituya las definiciones y el contenido de los apartados 3.25.01, 3.25.02, 3.25.03, 3.25.04, 3.25.05, 3.25.06, 3.25.07 y 3.25.08 de la sección 1.ª «Cafés y derivados», pertenecientes al capítulo XXV del Código Alimentario Español.
En la tramitación de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido el preceptivo informe la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información, regulado por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se aprueba la norma de calidad para el café tostado y los extractos del café que figura en el anexo.
Artículo 2. Derogación parcial del Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español.
Se derogan los apartados 3.25.01, 3.25.02, 3.25.03, 3.25.04, 3.25.05, 3.25.06, 3.25.07 y 3.25.08 de la sección 1.ª, pertenecientes al capítulo XXV del Código Alimentario Español aprobado por el Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, quedando su contenido sustituido por las definiciones, denominaciones y características incluidas en la norma de calidad contenida en el presente real decreto.
Disposición adicional única. Cláusula de reconocimiento mutuo.
Los requisitos de la norma de calidad que se aprueba no se aplicarán a los productos legalmente fabricados o comercializados en otros Estados miembros de la Unión Europea, ni a los productos originarios de los países de la Asociación Europea de libre Comercio (AELC), partes contratantes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), ni a los Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea.
Disposición transitoria única. Prórroga de comercialización.
Los productos, objeto de la norma de calidad que se aprueba, elaborados sin etiquetar o etiquetados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en el mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes anteriores a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Referencias normativas.
Las referencias al derogado Real Decreto 664/1983, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café, contenidas en los artículos 2 y 3.2 del Real Decreto 2362/1985, de 4 de diciembre, por el que se autoriza la comercialización de las mezclas solubles de café con solubles de sucedáneos de café, se entenderán hechas al presente real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
ANEXO
NORMA DE CALIDAD PARA EL CAFÉ
Definiciones, denominaciones y características de los productos
1. Definiciones
1.1 «Café»: son las semillas sanas y limpias procedentes de las diversas especies del género botánico «Coffea».
1.2 «Descafeinado»: es el proceso mediante el cual se elimina la mayor parte de la cafeína al café y a los extractos de café.
Tras la aplicación de este proceso, los productos definidos en los apartados 2.1 al 2.6 que contengan como máximo 0,1 por 100 de cafeína anhidra sobre materia seca y los definidos en el apartado 2.8 que contengan como máximo 0,3 por 100 de cafeína anhidra sobre materia seca, incluirán en la denominación la mención «descafeinado».
En el caso de los productos del apartado 2.7 con un contenido de cafeína anhidra inferior o igual en peso al 0,3 por 100 de la materia seca procedente del café, el etiquetado incluirá la mención «descafeinado» en el mismo campo visual que la denominación de venta.
2. Denominaciones y características
2.1 «Café de tueste natural» Es el obtenido al someter el café verde o crudo en grano a la acción del calor, de forma que adquiera el color, aroma y otras cualidades características.
Contendrá: humedad: 5 por 100 máximo.
Cafeína: 0,7 por 100 mínimo s/materia seca.
Cenizas totales: 6 por 100 máximo s/materia seca.
Sólidos solubles del extracto acuoso*: Del 20 al 35 por 100.
2.2 «Café torrefacto»: Es el café tostado en grano, con adición de sacarosa o jarabe de glucosa, antes de finalizar el proceso de tueste, en una proporción máxima de 15 kilogramos de dichos azúcares (expresados en sustancia seca) por cada 100 kilogramos de café verde.
Contendrá: humedad: 5 por 100 máximo.
Cafeína: 0,6 por 100 mínimo s/materia seca.
Cenizas totales: 5,5 por 100 máximo s/materia seca.
Sólidos solubles del extracto acuoso*: Del 25 al 40 por 100.
2.3 «Café de tueste natural (porcentaje) y café torrefacto (porcentaje)»: Esta denominación, donde obligatoriamente figurarán los porcentajes, corresponde a las mezclas realizadas con café de tueste natural y café torrefacto, debiendo ajustarse, por separado, a las especificaciones de dichos apartados.
2.4 «Café molido de tueste natural»: Es el café de tueste natural después de los procesos industriales de molido y envasado, debiendo ajustarse a las especificaciones del café de tueste natural.
2.5 «Café molido torrefacto»: Es el café torrefacto después de los procesos industriales de molido y envasado, debiendo ajustarse a las especificaciones del café torrefacto.
2.6 «Café molido de tueste natural (porcentaje) y torrefacto (porcentaje)»: Es la mezcla realizada con cafés de tueste natural y cafés torrefactos, sometidos a los procesos industriales de molido y envasado, debiendo ajustarse a las especificaciones de los apartados 2.1 y 2.2 que resulten según los porcentajes empleados.
* El extracto acuoso del café es la infusión obtenida de una mezcla de café/agua al 10 por 100 en masa, tras la ebullición durante cinco minutos.
2.7 «Café soluble», «café instantáneo», «extracto de café» o «extracto de café soluble»: es el producto concentrado obtenido por extracción de los granos de café tostados, utilizando solamente agua como medio de extracción, con exclusión de cualquier procedimiento de hidrólisis por adición de ácido o base. Además de las sustancias insolubles tecnológicamente inevitables y de los aceites insolubles procedentes del café, el extracto de café sólo deberá contener los componentes solubles y aromáticos del café.
El contenido de materia seca procedente del café deberá ser:
a) Para el extracto de café (café soluble o instantáneo): Igual o superior al 95 por cien en masa.
b) Para el extracto de café en pasta: Del 70 al 85 por cien en masa.
c) Para el extracto de café líquido: Del 15 al 55 por cien en masa.
El extracto de café en forma sólida o en pasta no deberá contener más elementos que los procedentes de la extracción del café. No obstante, el extracto de café líquido podrá contener azúcares alimenticios, tostados o no, en una proporción que no sobrepase el 12 por cien en peso.
2.8 «Café torrefacto soluble» o «café torrefacto instantáneo», «extracto de café torrefacto en pasta» y «extracto de café torrefacto líquido»: Es el producto concentrado obtenido por extracción de los granos de café torrefacto, utilizando solamente agua como medio de extracción, con exclusión de cualquier procedimiento de hidrólisis por adición de ácido o base.
El contenido de materia seca deberá ser:
a) Para el café torrefacto soluble o instantáneo: Igual o superior al 95 por cien en masa.
b) Para el extracto de café torrefacto en pasta: Del 70 al 85 por cien en masa.
c) Para el extracto de café torrefacto líquido: Del 15 al 55 por cien en masa.
3. Materias primas y otros ingredientes
Café en grano, verde o crudo, con un máximo de humedad del 13 por 100.
Sacarosa o jarabe de glucosa solamente en el café torrefacto y azúcares alimenticios en el extracto de café líquido.
Aditivos autorizados.
4. Etiquetado y denominación de venta
4.1 El etiquetado de los productos recogidos en esta norma de calidad, deberá cumplir lo dispuesto en las disposiciones de etiquetado de los productos alimenticios que le sean de aplicación.
4.2 Denominación de venta:
a) La denominación del producto se corresponderá con los diferentes tipos recogidos en el punto 2.
b) Las denominaciones de los productos b) y c) definidos en el apartado 2.7 «extracto de café» o «extracto de café soluble» o «café soluble» o «café instantáneo», se completarán, en su caso, con los términos «en pasta» o «en forma de pasta», o «líquido» o «en forma líquida», de acuerdo con las características allí establecidas.
En el caso del extracto de café líquido, definido en la letra c) del apartado 2.7, la denominación se podrá completar con el calificativo «concentrado» siempre que el contenido de materia seca procedente del café sea superior en peso al 25 por 100.
c) El etiquetado deberá incluir la mención «descafeinado» conforme a lo previsto en el apartado 1.2.
d) En el caso del extracto de café líquido, definido en el apartado 2.7, el etiquetado deberá indicar «con…», «conservado con…», «con… añadida» o «tostado con…» acompañado de la denominación del tipo de azúcar o azúcares utilizados. Esta mención deberá figurar en el mismo campo visual que la denominación de venta.
e) El etiquetado deberá indicar el contenido mínimo de materia seca procedente del café, en el caso del extracto de café en pasta y del extracto de café líquido definidos en las letras b y c del apartado 2.7. Dicho contenido se expresará como porcentaje en peso del producto acabado. | Nuevos precios para las cajetillas de Camel y Winston. | El Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español, establece la normativa relativa al café en la sección 1.ª «Cafés y derivados», pertenecientes al capítulo XXV «Alimentos estimulantes y derivados». Esa normativa se complementa con lo establecido en el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café.
La Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria, fijó en su anexo las denominaciones, definiciones y características de esos productos, siendo incorporada al derecho nacional mediante el Real Decreto 943/2001, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 2323/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización de sucedáneos de café, y el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café. Esta norma vuelve a incluir los aspectos de la Directiva relativos a los extractos de café.
El citado Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, ha sido modificado en varias ocasiones para actualizar aspectos técnicos. Por otra parte, numerosos aspectos recogidos en ese real decreto ya no están en vigor, al haber sido regulados por diversas disposiciones comunitarias de carácter horizontal, relacionadas con los alimentos en general.
Estas razones aconsejan la elaboración de una nueva disposición actualizada y simplificada en forma de norma de calidad que, al tiempo que deroga la reglamentación técnico-sanitaria aprobada mediante Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, sustituya las definiciones y el contenido de los apartados 3.25.01, 3.25.02, 3.25.03, 3.25.04, 3.25.05, 3.25.06, 3.25.07 y 3.25.08 de la sección 1.ª «Cafés y derivados», pertenecientes al capítulo XXV del Código Alimentario Español.
En la tramitación de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido el preceptivo informe la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información, regulado por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se aprueba la norma de calidad para el café tostado y los extractos del café que figura en el anexo.
Artículo 2. Derogación parcial del Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español.
Se derogan los apartados 3.25.01, 3.25.02, 3.25.03, 3.25.04, 3.25.05, 3.25.06, 3.25.07 y 3.25.08 de la sección 1.ª, pertenecientes al capítulo XXV del Código Alimentario Español aprobado por el Real Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, quedando su contenido sustituido por las definiciones, denominaciones y características incluidas en la norma de calidad contenida en el presente real decreto.
Disposición adicional única. Cláusula de reconocimiento mutuo.
Los requisitos de la norma de calidad que se aprueba no se aplicarán a los productos legalmente fabricados o comercializados en otros Estados miembros de la Unión Europea, ni a los productos originarios de los países de la Asociación Europea de libre Comercio (AELC), partes contratantes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), ni a los Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea.
Disposición transitoria única. Prórroga de comercialización.
Los productos, objeto de la norma de calidad que se aprueba, elaborados sin etiquetar o etiquetados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en el mismo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes anteriores a su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Referencias normativas.
Las referencias al derogado Real Decreto 664/1983, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del café, contenidas en los artículos 2 y 3.2 del Real Decreto 2362/1985, de 4 de diciembre, por el que se autoriza la comercialización de las mezclas solubles de café con solubles de sucedáneos de café, se entenderán hechas al presente real decreto.
Disposición final tercera.
### RESUMEN: Nuevos precios para las cajetillas de Camel y Winston. |
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Precio total
de venta
al público
–
Euros/cajetilla
A) Cigarrillos
American Club
4,00
American Club 100’s
4,00
Benson & Hedges 100’S
4,95
Benson & Hedges Gold
4,95
Benson & Hedges London Blue
4,10
Benson & Hedges London Red
4,10
Benson & Hedges London Red 100
4,10
Benson & Hedges Option
4,10
Benson & Hedges Silver
4,80
Camel Activa
4,65
Camel Blue 20
4,65
Camel Essential Blue
4,55
Camel Essential Filters
4,55
Camel Filter Box 20
4,65
Camel Filter Soft
4,55
Camel Non Filter Soft
4,65
Egalite 100’s
4,00
Egalite Blanches
4,00
Egalite Slim
4,00
Fraternite 100’s
4,00
Fraternite Blondes
4,00
Fraternite Slim
4,00
Liberte Brunes Negro
4,00
Mark 1 American Blend
4,10
Mark 1 American Blend 25
5,00
Mark 1 Break
5,00
Mark 1 Golden 100’s
4,10
Mark 1 Golden Blend
4,10
Mark 1 Golden Blend 25
5,00
Mark 1 Menthol
4,10
Mark 1 Negro
4,10
Mark 1 Negro 100’s
4,10
Mark 1 Silver
4,10
Mark 1 Soft Negro
4,10
Mark 1 White 0.1
4,10
Mark-1 100’s Red
4,10
Mayfair Green
4,40
Mayfair King Size
4,40
Mayfair Sky Blue
4,40
Mayfair Superkings
4,40
Naturalmente Seneca Fine
4,00
Naturalmente Seneca Full
4,00
Rex FF Blando
4,70
Ronson 25 S Red
5,30
Silk Cut Blue
4,95
Silk Cut Purple
4,95
Silk Cut Purple 100’S
4,95
Silk Cut Silver
4,95
Silk Cut White
4,95
Sterling Dual
4,15
Sterling King Size
4,15
Sterling Superking Blue
4,20
Sterling Superkings
4,20
Winston Blue
4,55
Winston Classic 100
4,45
Winston Classic Ks Box
4,55
Winston Classic Red Ks Soft
4,55
Winston Evolution (cajetilla blanda)
4,30
Winston Evolution (cajetilla dura)
4,40
Winston Evolution 100 (cajetilla dura)
4,20
Winston Evolution Blue
4,40
Winston Evolution Red
4,40
Winston Silver
4,55
Winston Xstyle Gold
4,40
Winston Xstyle Red
4,40
Precio total
de venta
al público
–
Euros/unidad
B) Cigarros y cigarritos
Davidoff:
Grand Cru Robusto (25)
11,40
Grand Cru Robusto (4)
11,40
Grand Cru Toro (25)
13,20
Grand Cru Toro (4)
13,20
Signature Petit Corona (25)
7,20
Signature Petit Corona (5)
7,20
Signature Toro (25)
12,60
Signature Toro (4)
12,60
C) Picaduras de liar
Camel Cigarette Tobacco (60 g)
10,40
Camel Picadura de Liar (30 g)
5,30
Camel Picadura de Liar (70 g)
12,50
Camel Roll Kit (12,5 g)
3,20
Camel Tabaco de liar (25 g)
4,40
Cubo Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g)
5,20
Domingo Auténtico (70 g)
11,70
Domingo Celeste (200 g)
33,40
Domingo Celeste (70 g)
11,70
Domingo Negro (200 g)
33,40
Domingo Negro (70 g)
11,70
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g)
37,00
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g)
7,75
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g)
92,00
Fleur Du Pays N.º 2 Brun (40 g)
7,75
Old Holborn 10 × 50 gr
9,00
Winston Blue Tabaco de Liar (70 g)
12,50
Winston Cigarette Tobacco (35 g)
6,15
Winston Cigarette Tobacco (48 g)
8,30
Winston Picadura de Liar (30g)
5,30
Winston Picadura de liar o entubar (83 g)
14,40
Winston Picadura Liar (70 g)
12,50
Winston Tabaco de Liar (25 g)
4,40
Segundo.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Precio total
de venta
al público
–
Euros/cajetilla
A) Cigarrillos
Camel Blue 20
2,95
Camel Filter Box 20
2,95
Winston Blue
2,80
Winston Classic Ks Box
2,80
Precio total
de venta
al público
–
Euros/unidad
B) Picaduras de liar
Domingo Autentico (30 g)
2,50
Domingo Natural Flavour (25 g)
2,10
Domingo Natural Flavour Intenso (25 g)
2,10
Domingo Negro (30 g)
2,50
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de diciembre de 2016.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández. | Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013.
| En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Precio total
de venta
al público
–
Euros/cajetilla
A) Cigarrillos
American Club
4,00
American Club 100’s
4,00
Benson & Hedges 100’S
4,95
Benson & Hedges Gold
4,95
Benson & Hedges London Blue
4,10
Benson & Hedges London Red
4,10
Benson & Hedges London Red 100
4,10
Benson & Hedges Option
4,10
Benson & Hedges Silver
4,80
Camel Activa
4,65
Camel Blue 20
4,65
Camel Essential Blue
4,55
Camel Essential Filters
4,55
Camel Filter Box 20
4,65
Camel Filter Soft
4,55
Camel Non Filter Soft
4,65
Egalite 100’s
4,00
Egalite Blanches
4,00
Egalite Slim
4,00
Fraternite 100’s
4,00
Fraternite Blondes
4,00
Fraternite Slim
4,00
Liberte Brunes Negro
4,00
Mark 1 American Blend
4,10
Mark 1 American Blend 25
5,00
Mark 1 Break
5,00
Mark 1 Golden 100’s
4,10
Mark 1 Golden Blend
4,10
Mark 1 Golden Blend 25
5,00
Mark 1 Menthol
4,10
Mark 1 Negro
4,10
Mark 1 Negro 100’s
4,10
Mark 1 Silver
4,10
Mark 1 Soft Negro
4,10
Mark 1 White 0.1
4,10
Mark-1 100’s Red
4,10
Mayfair Green
4,40
Mayfair King Size
4,40
Mayfair Sky Blue
4,40
Mayfair Superkings
4,40
Naturalmente Seneca Fine
4,00
Naturalmente Seneca Full
4,00
Rex FF Blando
4,70
Ronson 25 S Red
5,30
Silk Cut Blue
4,95
Silk Cut Purple
4,95
Silk Cut Purple 100’S
4,95
Silk Cut Silver
4,95
Silk Cut White
4,95
Sterling Dual
4,15
Sterling King Size
4,15
Sterling Superking Blue
4,20
Sterling Superkings
4,20
Winston Blue
4,55
Winston Classic 100
4,45
Winston Classic Ks Box
4,55
Winston Classic Red Ks Soft
4,55
Winston Evolution (cajetilla blanda)
4,30
Winston Evolution (cajetilla dura)
4,40
Winston Evolution 100 (cajetilla dura)
4,20
Winston Evolution Blue
4,40
Winston Evolution Red
4,40
Winston Silver
4,55
Winston Xstyle Gold
4,40
Winston Xstyle Red
4,40
Precio total
de venta
al público
–
Euros/unidad
B) Cigarros y cigarritos
Davidoff:
Grand Cru Robusto (25)
11,40
Grand Cru Robusto (4)
11,40
Grand Cru Toro (25)
13,20
Grand Cru Toro (4)
13,20
Signature Petit Corona (25)
7,20
Signature Petit Corona (5)
7,20
Signature Toro (25)
12,60
Signature Toro (4)
12,60
C) Picaduras de liar
Camel Cigarette Tobacco (60 g)
10,40
Camel Picadura de Liar (30 g)
5,30
Camel Picadura de Liar (70 g)
12,50
Camel Roll Kit (12,5 g)
3,20
Camel Tabaco de liar (25 g)
4,40
Cubo Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g)
5,20
Domingo Auténtico (70 g)
11,70
Domingo Celeste (200 g)
33,40
Domingo Celeste (70 g)
11,70
Domingo Negro (200 g)
33,40
Domingo Negro (70 g)
11,70
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g)
37,00
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g)
7,75
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g)
92,00
Fleur Du Pays N.º 2 Brun (40 g)
7,75
Old Holborn 10 × 50 gr
9,00
Winston Blue Tabaco de Liar (70 g)
12,50
Winston Cigarette Tobacco (35 g)
6,15
Winston Cigarette Tobacco (48 g)
8,30
Winston Picadura de Liar (30g)
5,30
Winston Picadura de liar o entubar (83 g)
14,40
Winston Picadura Liar (70 g)
12,50
Winston Tabaco de Liar (25 g)
4,40
Segundo.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Precio total
de venta
al público
–
Euros/cajetilla
A) Cigarrillos
Camel Blue 20
2,95
Camel Filter Box 20
2,95
Winston Blue
2,80
Winston Classic Ks Box
2,80
Precio total
de venta
al público
–
Euros/unidad
B) Picaduras de liar
Domingo Autentico (30 g)
2,50
Domingo Natural Flavour (25 g)
2,10
Domingo Natural Flavour Intenso (25 g)
2,10
Domingo Negro (30 g)
2,50
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de diciembre de 2016.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto Fernández.
### RESUMEN: Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013.
|
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
I
La situación económica por la que atraviesan tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos es sumamente complicada, con una crisis sin precedentes, en un entorno macroeconómico de recesión y con una crisis financiera internacional que está restringiendo la liquidez y, por tanto, el crédito necesario para poder impulsar la actividad económica y generar, así, puestos de trabajo.
En esta situación, la ausencia de medidas correctoras en los años iniciales de la crisis produjo una notable reducción de los niveles de ingresos tributarios que ha ido trasladándose a todas las administraciones territoriales del Estado, incidiendo particularmente en las Comunidades Autónomas. Además, esta falta de actuación provocó una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, un alto nivel de déficit y un elevado endeudamiento, junto con una situación de recesión y de abultada pérdida de empleo e incremento del número de parados.
La Comunidad Autónoma de Madrid viene desarrollando desde el 2008 un esfuerzo continuado para, en primer lugar, contener el gasto y, en segundo y como consecuencia de la disminución de los recursos durante los ejercicios siguientes, realizar un amplio esfuerzo para que la reducción del gasto se concentrase en el de carácter improductivo. Se ha aplicado una política económica basada en la austeridad y la consecución de la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de preservar la prestación de los servicios públicos esenciales, no incrementar la presión fiscal y liberar rentas y recursos para su aplicación en la economía productiva, frente a la caída de ingresos que provienen del sistema de financiación que el Estado ha comunicado a la Comunidad de Madrid y que suponen una pérdida de alrededor de 1.000 millones de ingresos en el ejercicio 2013, derivados de la defectuosa aplicación y aplicación del sistema de financiación.
Este Proyecto de Presupuestos se vertebra sobre dos ejes, la seriedad y la eficiencia, que permiten el resultado final pretendido: garantizar los servicios esenciales a los madrileños. Seriedad, con un Proyecto de Presupuestos realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico sumamente prudente, y eficiencia, porque este Proyecto de Presupuestos no es mera austeridad, sino que recoge el espíritu de los presupuestos anteriores y, mediante una reforma estructural profunda, potencia la eficiencia en la gestión, en la manera de prestar los servicios. En definitiva, logra poder hacer más con menos recursos, sin menoscabar, por tanto, el nivel de los servicios a los madrileños.
Se trata de los primeros presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.
Este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.
La introducción de esta regla fiscal debe reforzar la certidumbre y credibilidad de la política fiscal de la Comunidad Autónoma, haciendo más predecible la actuación de las autoridades. En esta línea, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal.
La Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda, cumplirá también en 2013 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en –0,7% del PIB.
Por tanto, la Comunidad de Madrid, desde su política económica liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria y la rebaja ordenada y selectiva de impuestos, va a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros.
Así, los Presupuestos para 2013 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, de incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid, en coherencia con la tradición política de este Gobierno, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.
En las actuales circunstancias, la obligación institucional de garantizar previamente la sostenibilidad financiera del sistema exige adecuar el diseño y la gestión de las políticas públicas a la realidad económica que vive el país, todo lo cual, afecta de manera determinarte a los créditos presupuestarios con los que puede contar la administración autonómica madrileña para prestar servicios públicos de tanta relevancia social.
En efecto, si algo define a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid desde 2003, y que se acrecienta en este Proyecto de Presupuestos para 2013, es que su gasto es eminentemente social, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, que ya suponen el 90% del presupuesto, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.
En definitiva, este Proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que permitirán que la Comunidad de Madrid lidere la recuperación de España en cuanto las reformas estructurales que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación se consoliden.
En el marco de la descrita política presupuestaria, tiene lugar el desarrollo del programa de gobierno de la Comunidad de Madrid que se concreta en las diversas políticas públicas que abarcan los ámbitos sectoriales de su competencia.
Por lo que se refiere a la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2013, el objetivo principal es continuar mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario, profundizando en la determinación y análisis de las necesidades asistenciales demandadas por los ciudadanos y, consecuentemente, en la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor eficacia y eficiencia en la organización sanitaria.
Las iniciativas emprendidas en este sentido en los ejercicios anteriores demuestran que los resultados en salud y la calidad de la atención sanitaria se pueden mantener, e incluso mejorar, al tiempo que se racionaliza el gasto. Por ello, el objetivo para 2013 es extremar la eficiencia, en línea con lo realizado en los ejercicios presupuestarios anteriores, como ejercicio obligado de responsabilidad, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema. Estas iniciativas formarán un conjunto ordenado y coherente, que deberá ser periódicamente evaluado y que se verá acompañado por una periódica rendición de cuentas de los resultados en salud de la sanidad pública madrileña.
La política educativa continuará teniendo como bases la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la formación y el reconocimiento del trabajo de los docentes, la extensión de la enseñanza bilingüe, la garantía a las familias madrileñas de la libertad de elección de centro para la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades a través del mantenimiento del sistema de ayudas, la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y el avance en el ámbito de la investigación.
En materia de asuntos sociales, se llevarán a cabo políticas tendentes a mantener el nivel de protección social alcanzado en 2012 en aquellos servicios y prestaciones sociales considerados esenciales o prioritarios, como son los dirigidas a las personas en situación de dependencia.
Entre las acciones prioritarias que se atenderán con el presupuesto indicado, destacan las encaminadas a garantizar unos ingresos básicos a través de la Renta Mínima de Inserción a todo aquel que realmente los necesite. Se asegura también el mantenimiento de las plazas de atención residencial y de día para personas mayores dependientes y de las plazas de atención a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y crónica.
El presupuesto contempla también los créditos para llevar a cabo programas dirigidos a los mayores no dependientes, de los que se beneficia un importante número de estas personas, el mantenimiento de las políticas de atención a la familia, reconocimiento de las prestaciones y apoyos económicos para el acogimiento familiar, así como las políticas de promoción del voluntariado social.
La política de seguridad se asienta en el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño. Este proyecto ha sido implantado en 111 Ayuntamientos mediante la suscripción de Convenios de Colaboración. Desde la Comunidad se financian las retribuciones de los 2.500 policías locales adscritos a las Brigadas y sus dotaciones unipersonales, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.
En el campo de la protección ciudadana, se continuará con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. Por otro lado, la Campaña para la Detección y Extinción de Incendios en la Comunidad de Madrid (INFOMA) articulará, como en pasados años, las actuaciones tanto preventivas como de vigilancia y extinción de incendios que garanticen la conservación de los ecosistemas forestales del territorio regional.
En materia de justicia, en 2013, el esfuerzo irá destinado a dotar de medios a los órganos judiciales que, a principios de año, alcanzarán los 528,481 unipersonales y 47 colegiados, los Juzgados de Paz, Servicios Comunes, órganos de la Fiscalía, Registros Civiles y servicios de Medicina Forense.
En materia de política económica y sectorial, se continuará avanzando en crear un entorno económico y legal favorable a la actividad empresarial, promoviendo instrumentos que impulsen la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, apostando por la innovación a través de la colaboración público-privada y de una mayor cooperación entre administraciones, evitando duplicidades.
Por otro lado, se seguirá apostando por impulsar la competitividad a través del fomento de la internacionalización de la economía madrileña como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región, intensificando para ello la cooperación con la Cámara de Comercio de Madrid y los organismos estatales que trabajan en esa misión.
Los emprendedores como motor del crecimiento económico y la creación de empleo siguen siendo para la Comunidad de Madrid una prioridad, por lo que se pondrán en marcha acciones de apoyo a la contratación, asesoramiento y formación para que sus negocios puedan desarrollarse y consolidarse en el tiempo.
En el sector del comercio, se continuará avanzando en la promoción del comercio madrileño, especialmente a través del fomento del comercio electrónico y el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de impulsar la mejora de su competitividad e incentivar el consumo.
En materia industrial, se continuará fomentando la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, minera y energética.
En el ámbito energético, continuarán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética, asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables. Para ello, se aprobará el Plan Energético 2013-2020.
En materia de medio ambiente, como objetivo primordial se fija el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y gestión del medio ambiente y la política de desarrollo regional, la evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones, y la configuración de un modelo territorial equilibrado con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, la valoración de suelo y la programación y gestión de actuaciones públicas de suelo.
El programa de actuaciones para el año 2013, en materia de infraestructuras del transporte se concreta fundamentalmente en el desarrollo de la red de Metro.
La estrategia global de Metro de Madrid es ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la captación de nuevos usuarios del servicio. La inversión programada para 2013 corresponde al desarrollo de la segunda fase, entre Mirasierra y la estación de intercambio con Cercanías que se sitúa en las inmediaciones de la calle Costa Brava.
Por lo que respecta a la política de vivienda, el Gobierno Regional tiene como objetivo prioritario favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda en condiciones asequibles y adaptadas a sus necesidades. En este sentido, se impulsa el alquiler y el alquiler con opción a compra, como las formas de acceso que suponen un menor esfuerzo económico a las familias.
El Instituto de la Vivienda de Madrid continuará dando respuesta a las necesidades de vivienda de los más desfavorecidos, intensificando las adjudicaciones a aquellas familias que están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis económica.
En materia de políticas activas de empleo, la Comunidad de Madrid afronta el reto en 2013 del diseño de nuevas líneas de actuación una vez que el marco nacional de las políticas activas de empleo fue derogado en 2011 por el Gobierno de la Nación y, en su lugar, se ha aprobado una nueva Estrategia Española de Empleo. Su objetivo será el de mejorar la empleabilidad, tanto de los trabajadores que se encuentren en una situación de desempleo como de los trabajadores ocupados, para darles mayores oportunidades de acceder al mercado de trabajo o de progresar en él.
II
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.
Asimismo, el Alto Tribunal señala que, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:
El Título I, «De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen fundaciones y consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.
El nuevo Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno ha incluido en el presupuesto para 2013 la creación de un «Fondo de Contingencia», dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.
El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.
El Título II, «De los gastos de Personal», consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2013 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ni la minoración de retribuciones establecida en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.
También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2013, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general se fija la tasa de reposición en el 10% en los sectores determinados por la normativa estatal. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
Otras disposiciones en materia de personal incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
El Título III, «De las operaciones financieras», se divide en dos capítulos. En el Capítulo I «Operaciones de crédito» se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
En el Capítulo II, «Tesorería», se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.
El Título IV, «Procedimientos de gestión presupuestaria», estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2013.
El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.
Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 10 de esta ley.
En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2013.
En el Título V, «Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid», se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.
Finalmente, en el Título VI, «De las tasas», se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.
En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo, será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, el régimen de integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.
Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.
TÍTULO I
De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones
CAPÍTULO I
De los créditos y su financiación
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2013 están integrados por:
a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid.
b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas.
c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid.
d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos.
e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles.
f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
g) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.
h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil.
i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.
j) Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran información de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Artículo 2. De los créditos iniciales y financiación de los mismos.
1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 26.667.945 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía.
2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 6.928.397 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013 de igual cuantía.
3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 18.603.762.866 euros, que se financiarán:
a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.301.319.004 euros.
b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.
4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EUROS
Servicio Regional de Bienestar Social.
246.096.476
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
41.989.384
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
105.166.375
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
38.775.197
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
19.925.406
Madrid 112.
13.130.156
Instituto Madrileño del Deporte.
17.727.738
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados.
5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
EUROS
Instituto de la Vivienda de Madrid.
270.908.658
Consorcio Regional de Transportes.
1.063.398.421
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
11.784.239
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
14.739.958
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales.
6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:
ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS
EUROS
Servicio Madrileño de Salud.
6.960.091.192
Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid.
1.058.914
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.
0
Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2013, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.
7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
INGRESOS NO FINANCIEROS CAPS. 1 a 7
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas.
309.700
1.359.470
1.669.170
Administración de la Comunidad de Madrid.
15.284.596.300
11.359.529
15.295.955.829
Organismos Autónomos administrativos.
43.424.636
1.071.481
44.496.117
Organismos Autónomos mercantiles.
383.801.685
2.067.606
385.869.291
Entes del artículo 1.1.f) de la presente ley.
46.594.127
3.479.947
50.074.074
TOTAL
15.758.726.448
19.338.033
15.778.064.481
8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:
GASTOS NO FINANCIEROS CAPS. 1 a 7
ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8
TOTAL
Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas.
33.411.342
185.000
33.596.342
Administración de la Comunidad de Madrid.
8.074.839.732
282.755.202
8.357.594.934
Organismos Autónomos administrativos.
481.739.251
1.071.481
482.810.732
Organismos Autónomos mercantiles.
1.242.163.902
117.781
1.242.281.683
Entes del artículo 1.1.f) de la presente ley.
6.329.721.959
631.428.147
6.961.150.106
TOTAL
16.161.876.186
915.557.611
17.077.433.797
Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el Capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 2.116.260.964 euros.
Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2013 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 3.415.630.280 euros.
9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:
FUNCIÓN
EUROS
Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno.
39.073.562
Administración general.
507.402.582
Justicia.
391.165.104
Seguridad y protección civil.
189.558.057
Seguridad y protección social.
1.247.213.730
Promoción social.
296.367.538
Sanidad.
7.111.512.367
Educación.
4.141.546.839
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
345.708.945
Bienestar comunitario.
89.094.914
Cultura.
94.297.696
Deportes.
35.723.016
Infraestructuras básicas y transportes.
1.336.694.953
Innovación e investigación.
77.895.127
Información básica y estadística.
3.547.992
Regulación económica.
104.190.299
Regulación financiera.
174.227.523
Industria.
18.833.950
Turismo.
7.096.901
Comercio.
3.281.436
Transferencias a Administraciones Públicas territoriales.
69.599.041
Deuda pública.
2.909.663.189
Artículo 3. De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos.
1. Se aprueban los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO
EUROS
Canal de Isabel II
261.236.197
Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid
2.302.158
Hospital de Fuenlabrada
110.389.441
Empresa Pública Hospital del Sur
51.093.300
Empresa Pública Hospital del Norte
78.407.727
Empresa Pública Hospital del Sureste
42.853.355
Empresa Pública Hospital del Henares
55.140.161
Empresa Pública Hospital del Tajo
34.187.950
Empresa Pública Hospital de Vallecas
72.503.267
Unidad Central de Radiodiagnóstico
16.920.993
2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:
EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL
EUROS
Hidráulica Santillana, S.A.
2.951.220
Hispanagua, S.A.
18.293.079
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.
3.707.275
Mercado Puerta de Toledo, S.A. en liquidación.
1.087.631
Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A.
4.104.533
Centro de Transportes de Coslada, S.A.
1.936.083
Turmadrid, S.A.
4.698.031
NUEVO ARPEGIO, S.A.
36.690.858
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A.
40.660.770
Metro de Madrid, S.A.
956.237.729
GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A.
16.504.228
Canal Extensia, S.A.
1.413.980
Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.,.
3.474.174
Sociedad Pública Turismo Madrid, en liquidación.
6.000
Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación.
158.505
Alcalá Natura 21, S.A. en liquidación.
0
Canal Energía, S.L.
0
Canal Energía Generación, S.L.
0
Canal Energía Comercialización, S.L.
0
Canal Energía Distribución, S.L.
0
Canal Gas Distribución, S.L.
0
INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.
0
Aeropuertos de Madrid, S.A.
0
Canal de Isabel II Gestión, S.A.
873.213.560
3. Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 187.999.768 euros.
4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:
RESTANTES ENTES PÚBLICOS
EUROS
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
165.086.500
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
4.350.588
Instituto de Realojamiento e Integración Social
13.889.481
Fundación Hospital Alcorcón
141.692.980
Artículo 4. Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid.
1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos» a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1.1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Artículo 5. Aplicación de remanentes de tesorería.
1. Durante 2013, los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios.
3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indica quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.
Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.705 millones de euros.
CAPÍTULO II
De la Estabilidad Presupuestaria
Artículo 7. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia.
2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus normas de desarrollo.
Artículo 8. Disponibilidad de los créditos.
1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid, para 2013, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad, en los siguientes casos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
a) En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de incumplimiento, regulada en el artículo 19.
b) En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.
c) En el caso de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas verifique desviación en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.
El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada Ley Orgánica.
2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2013 se aprobaran disposiciones estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las adecuaciones procedentes en la proporción que corresponda para ajustar sus consecuencias.
Artículo 9. Fondo de Contingencia.
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de «Fondo de contingencia» los créditos consignados en el programa 061 de la sección 26.
2. La dotación de este Fondo de Contingencia será por un importe máximo del 1 por 100 del gasto aprobado en esta ley.
CAPÍTULO III
Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados
Artículo 10. Vinculación de los créditos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley.
3. Durante 2013 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos.
4. Durante 2013 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos».
5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley.
6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
Artículo 11. Plan Especial de Actuaciones e Inversiones.
1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2013, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución.
2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2013, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias.
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.
Artículo 13. Transferencias de crédito.
1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.
2. Durante el año 2013, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid:
a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.
b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 «Servicios nuevos: gastos de funcionamiento» y 69 «Servicios nuevos: gastos de inversión».
c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos de la Sección 26 «Créditos Centralizados».
e) Las transferencias que afecten al artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes públicos».
3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 «Arrendamiento edificios y otras construcciones» requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
4. Durante 2013 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten a la Sección 26 «Créditos Centralizados».
Artículo 14. Limitación de transferencias de crédito.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable los créditos de los subconceptos 1430 «Funcionarios interinos de Justicia», 1531 «Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal» y 1601 «Cuotas sociales personal eventual» y de los conceptos 131 «Laboral eventual», 141 «Otro personal» y 194 «Retribuciones de otro personal estatutario temporal», con excepción de los subconceptos 1414 «Profesores Especialistas», 1415 «Personal directivo de instituciones sanitarias» y 1416 «Profesores de Religión».
2. En ningún caso, las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas.
3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.
Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias.
3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto.
4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2013, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 16. Subconceptos de gastos asociados a ingresos.
1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2013, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.
Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2013, los subconceptos de gastos asociados a financiación del período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.
De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral.
2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el ejercicio 2013, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.
Artículo 17. Cooperación municipal.
1. Durante 2013 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios.
2. Durante el año 2013 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
3. Se exceptúan de lo establecido en el anterior apartado 1 las transferencias de crédito financiadas con fondos de la reserva de aportación regional prevista en la disposición adicional primera del Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 2008-2011 que en la fecha de su tramitación, no estén adscritos a encomienda, ni hayan sido solicitados para su inclusión como actuación PRISMA, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6, 11 y disposición transitoria única del citado Decreto.
Artículo 18. Información y control.
El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.
Artículo 19. De los presupuestos de carácter estimativo.
1. Durante 2013 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea.
3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital.
4. Durante 2013, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.
Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo. Tampoco será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la modificación de los límites del presupuesto de la empresa o ente derive de los encargos mediante mandato o encomienda de gestión referidos en el artículo 64 de la presente ley.
Artículo 20. Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
1. Durante 2013 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.
2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Consejería de Asuntos Sociales, en el marco de los límites previamente fijados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.
TÍTULO II
De los gastos de personal
CAPÍTULO I
De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid
Artículo 21. De las retribuciones.
1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid:
a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.
b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
c) Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid.
d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
e) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.
f) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.
Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
2. Con efectos de 1 de enero de 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni las que resulten de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.
Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resulten de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del de la Comunidad de Madrid para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre, aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ni de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
7. Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda suspendida y sin efecto, la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tengan su origen en Acuerdos, Pactos, Convenios y cláusulas contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados públicos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.
Por su parte, dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el artículo 27.5.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda regulada en el artículo 24 de esta Ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en este apartado.
8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.
Artículo 22. Oferta de Empleo Público.
1. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, a excepción de las sociedades mercantiles que se regirán por el apartado 8 de este artículo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores.
Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 21.1 de esta ley requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo previsto en el siguiente apartado.
No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid.
4. En todo caso, respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación contenida en el primer apartado de este artículo no será de aplicación en los sectores establecidos al efecto en la normativa de carácter básico dictada por el Estado, en los que la tasa de reposición de efectivos se fijará hasta un máximo de un 10 por 100.
Dentro de este límite, la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.
Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.
5. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y las contrataciones de personal interino por vacante, deberán incluirse en la Oferta de Empleo Público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público, salvo que se decida su amortización.
Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2013 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público.
Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2013 de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, de acuerdo con la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre de 2013, sin posibilidad de prórroga.
Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios en centros educativos no universitarios cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso académico siguiente.
6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma.
7. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público anteriores, estén o no ocupadas interina o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera o personal laboral fijo.
Asimismo, dichas plazas, como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes, por motivos de índole presupuestaria o por cualquier otra circunstancia de similar alcance, podrán ser objeto de amortización, mientras no se encuentren incluidas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas.
La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que se encuentren incluidos.
Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización.
8. En el año 2013, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.d) no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de esta ley.
Por su parte, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público contemplados en el artículo 21.1.f) de la presente ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.
No obstante, las referidas prohibiciones en dichos ámbitos no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.
9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a las normas básicas en materia de oferta de empleo público, y a lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades correspondiendo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y de la Consejería de Economía y Hacienda y debiendo acreditar las Universidades Públicas el cumplimiento de los requisitos exigibles para su aprobación.
Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de personal laboral temporal de las universidades deberá respetar la normativa básica estatal en la materia.
Artículo 23. Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario.
Con efectos de 1 de enero de 2013, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.
d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
Artículo 24. Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid.
1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2013, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y el gasto de las prestaciones no suspendidas para 2013, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
2. Con efectos de 1 de enero de 2013, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa, Ente Público, fundación del sector público autonómico y consorcio participado mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y Organismos que integran su sector público, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe solicitado supere los 250.000 euros.
3. Durante el primer trimestre de 2013 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.
La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía y Hacienda de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en el artículo 21.7.
4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.
5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2013 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2012.
7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2012.
Artículo 25. Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo.
1. En el año 2013 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público y agilización de la actividad económica.
2. En el año 2013 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.
3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.
4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.
6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.
7. En el año 2013 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tener en cuenta la reducción aprobada por la Ley 4/2012, de 4 de julio.
8. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente ley, así como al régimen asistencial y prestacional vigente en la Comunidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2013 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007
SUELDO
TRIENIOS
A1
13.308,60
511,80
A2
11.507,76
417,24
B
10.059,24
366,24
C1
8.640,24
315,72
C2
7.191,00
214,80
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)
6.581,64
161,64
b) Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba:
GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007
SUELDO
TRIENIOS
A1
684,36
26,31
A2
699,38
25,35
B
724,50
26,38
C1
622,30
22,73
C2
593,79
17,73
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril)
548,47
13,47
A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL
IMPORTE
30
11.625,00
29
10.427,16
28
9.988,80
27
9.550,20
26
8.378,40
25
7.433,64
24
6.995,04
23
6.556,92
22
6.118,08
21
5.680,20
20
5.276,40
19
5.007,00
18
4.737,48
17
4.467,96
16
4.199,16
15
3.929,28
14
3.660,12
13
3.390,36
12
3.120,84
11
2.851,44
10
2.582,28
9
2.447,64
8
2.312,52
7
2.178,00
6
2.043,24
5
1.908,48
4
1.706,52
3
1.505,04
2
1.302,84
1
1.101,00
d) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.
e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.
Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral, tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.
g) Los complementos personales y transitorios reconocidos, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Artículo 27. Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud.
1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones:
a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-ley.
b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2012. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de junio de 2012.
c) Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
d) La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2. Tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto- ley 20/2012, de 13 de julio.
3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2013, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013.
4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
Durante el ejercicio 2013 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.º y 4.º nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.
Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.º y 2.º a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2013.
5. Durante el año 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y quedan sin efecto las previsiones contenidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio de aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, excluidos préstamos y anticipos.
En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.
6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.
Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.
Artículo 29. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y en la demás normativa que resulte aplicable.
2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la presente ley.
Artículo 30. Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo.
1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.
2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.
Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.
3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.
4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.
5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.
Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 y 31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley.
6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.f) de esta ley, así como de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.
A estos efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los demás altos cargos que refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, a aquel con contrato de trabajo de personal de alta dirección.
Artículo 31. Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad.
Con efectos de 1 de enero de 2013, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el importe total abonado por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos dotados para tal fin en la partida 1533 «Productividad factor variable del personal directivo» de la Sección 17.
No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.
Artículo 32. De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas.
1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:
a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.
b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.
c) Las normas que dicten las Universidades, en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 y 23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.
2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4.b) de esta Ley.
En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate.
3. Con objeto de recabar esta autorización, las Universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:
a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.
b) La totalidad de los costes de personal.
c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.
d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.
Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
4. Los costes de personal autorizados para 2013 no podrán ser objeto de incremento alguno.
5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21 de la presente Ley, con efectos de 1 de enero de 2013, la cuantía de las retribuciones previstas en los apartados primero y segundo del Acuerdo de 9 de septiembre de 2004 para la mejora retributiva del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, pasará a formar parte de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
El importe de estas cuantías en cada universidad será el siguiente:
– Universidad Complutense de Madrid: 14.646.036 euros.
– Universidad Autónoma de Madrid: 6.309.970 euros.
– Universidad Politécnica de Madrid-INEF: 9.006.912 euros.
– Universidad Alcalá de Henares: 3.956.484 euros.
– Universidad Carlos III de Madrid: 4.439.638 euros.
– Universidad Rey Juan Carlos: 4.029.146 euros.
7. Las cuantías previstas en el apartado anterior sólo podrán destinarse a retribuciones del personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión.
8. En el caso de que una Universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 de esta Ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2013, podrá acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.
CAPÍTULO II
Otras disposiciones en materia de personal
Artículo 33. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.
1. Durante el año 2013 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de:
a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos.
b) El Ente Público «Radio Televisión Madrid» y las sociedades anónimas dependientes del mismo.
c) Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.
d) Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley.
La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado.
2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe.
4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial.
5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos.
6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3 y 5 de este artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos.
7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2013 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 34. Contratos de alta dirección.
Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2013 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.
Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.
Artículo 35. Prohibición de ingresos atípicos.
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Artículo 36. Prohibición de cláusulas indemnizatorias.
1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid.
2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, a los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley.
3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.
Artículo 37. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.
1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2013, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.
Artículo 38. Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal.
1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 60 de esta ley.
En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin.
2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.
TÍTULO III
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Operaciones de crédito
Artículo 39. Límite del endeudamiento.
Durante 2013, la Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.
Artículo 40. Operaciones financieras a largo plazo.
1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior.
2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior.
3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de:
a) Canal de Isabel II Gestión, S.A.: 134.400.000 euros.
b) Metro de Madrid, S.A.: 58.281.925 euros, de los cuales, deducidos 58.131.782 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 150.143 euros.
La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2013 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio.
4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado 3 o de los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1.
6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente artículo.
Artículo 41. Operaciones financieras a corto plazo.
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para:
a) Concertar operaciones financieras activa que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2013, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.
b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.
2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior.
3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 42. Otras operaciones financieras.
1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid.
2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior.
3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.
4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado.
5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.
Artículo 43. Anticipos de caja.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente.
2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de «Deudores», debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan.
4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.
CAPÍTULO II
Tesorería
Artículo 44. Apertura de cuentas en entidades financieras.
La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 45. Valores pendientes de cobro.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.
TÍTULO IV
Procedimientos de gestión presupuestaria
CAPÍTULO I
Autorización de gastos
Artículo 46. Autorización de gastos.
En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.
CAPÍTULO II
De los centros docentes no universitarios
Artículo 47. Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes.
1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2013-2014.
2. Durante 2013, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.
Artículo 48. Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2013:
a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de distribución de los importes que integran los “gastos variables” de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de «gastos variables» se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley.
La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2013 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.
c) Las cuantías señaladas para «salarios del personal docente» y «gastos variables», incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.
En el año 2013, las cuantías del apartado de «salarios de personal docente, incluidas cargas sociales» de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012.
La Administración no asumirá:
1.º Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.
2.º Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.
3.º Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.
4.º Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.
d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2013, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2013.
e) La cuantía correspondiente a «otros gastos» se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a «otros gastos» tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2013.
En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a «otros gastos» por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a «otros gastos».
Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.
f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, formación profesional de grado medio y programas de cualificación profesional inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.
g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.
2. Las relaciones profesor/unidad concertada («ratios») adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
La financiación obtenida por los centros, como consecuencia del cobro a los alumnos tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los otros gastos.
La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a «otros gastos» establecido en el Anexo V de la presente Ley.
4. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Artículo 49. Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013-2014.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2013-2014.
Artículo 50. Convenios con Corporaciones Locales.
1. Durante 2013 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Durante 2013, la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.
CAPÍTULO III
Universidades Públicas
Artículo 51. Régimen Presupuestario de las Universidades.
1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.
2. Las actuaciones de las Universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y normativa europea.
3. Los preceptos contenidos en los apartados 1 y 2 anteriores son aplicables a las entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro del sector Administración Pública de acuerdo con los criterios contenidos en el Reglamento (CE) n.º 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC)
4. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades:
a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.
b) Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de nuevo ingreso que se proponen.
La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación a la Consejería de Economía y Hacienda.
5. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
6. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.
Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los Presupuestos de las Universidades Públicas y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.
La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el trimestre anterior.
En el supuesto de que las Universidades incumplan la obligación de remitir la información requerida se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información se reanudará el pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.
8. Las Universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario calculado de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.
El plan económico financiero de reequilibrio deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
a) En caso de que éstas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero de reequilibrio.
b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.
c) En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.
d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
La Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad con un máximo de seis mensualidades, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno.
b) En el supuesta de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento del mismo por la Universidad correspondiente.
9. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación, Juventud y Deporte y autorización del Consejero de Economía y Hacienda.
10. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas.
11. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.
Artículo 52. De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades.
1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se librarán por doceavas partes.
2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley.
3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las Universidades, consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.
CAPÍTULO IV
Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud
Artículo 53. Gestión económica y presupuestaria.
La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 54. Vinculación específica de los créditos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica.
2. No obstante lo dispuesto en los apartado 2 y 4 del artículo 10 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos:
a) 131 «Laboral eventual».
141 «Otro Personal».
194 «Retribuciones otro personal estatutario temporal».
891 «Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios».
b) 1241 «Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo».
1413 «Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos».
1415 «Personal directivo de Instituciones sanitarias».
1417 «Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales».
1418 «Sustitución sanitarios locales».
1419 «Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales».
1500 «Complemento de productividad».
1501 «Complemento de productividad otro personal».
1510 «Gratificaciones».
1530 «Productividad factor fijo personal estatutario».
1531 «Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal».
1532 «Productividad factor variable».
1533 «Productividad factor variable del personal directivo».
1534 «Productividad factor variable participación en programas o actuaciones concretas».
1535 «Productividad Programa IT Atención Primaria».
1600 «Cuotas sociales».
1601 «Cuotas sociales personal eventual».
1620 «Formación y perfeccionamiento de personal».
1800 «Previsión para ajustes técnicos».
1801 «Previsión para crecimiento de plantilla».
1803 «Homologación otro personal».
1807 «Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario».
2020 «Arrendamiento de edificios y otras construcciones».
2261 «Atenciones protocolarias y representativas».
Artículo 55, Modificaciones de los créditos.
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas reglamentarias de desarrollo.
2. Durante 2013 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 «Atención especializada».
3. Con carácter excepcional, durante 2013, respecto de los créditos de la subfunción 416 «Atención especializada», no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance:
a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.
b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.
4. Con carácter excepcional, durante 2013, en el ámbito de la subfunción 416 «Atención especializada», cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 «Atención especializada», siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.
La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a los capítulos 2, 4 y 6, si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.
La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con carácter excepcional durante el ejercicio 2013, se podrá generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos del Servicio Madrileño de Salud por el importe de los ingresos efectivamente recaudados, derivados de la prestación de los servicios sanitarios a los que se refiere el artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, siempre que sean aplicados a los artículos 31 «Precios Públicos» y 32 «Otros ingresos por prestaciones de servicios o realización de actividades» de la clasificación económica de ingresos y que superen el 60 por 100 por ciento de las previsiones iniciales de ingresos aprobadas por la presente Ley en cada una de las aplicaciones presupuestarias de las unidades gestoras dependientes del mismo. Los créditos generados podrán destinarse a gastos de funcionamiento y de inversión de reposición de los centros de las unidades gestoras en donde se aplicaron los ingresos, no pudiéndose satisfacer, en ningún caso, retribuciones de personal.
Artículo 56. Gestión presupuestaria.
1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda.
2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:
a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.
c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 «Atención especializada».
d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.
3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.
4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO V
Otras normas de gestión presupuestaria
Artículo 57. Planes y programas de actuación.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.
Artículo 58. Retención y compensación.
1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas.
2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales, y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.
Artículo 59. Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas.
1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas.
2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.
Artículo 60. Especialidades en el ejercicio de la función interventora.
1. Durante el año 2013, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos.
2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2013, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera.
3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.
4. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas.
5. Durante 2013 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
6. Durante 2013 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.
Artículo 61. Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2013.
Con efectos 1 de enero de 2013, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:
a) Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros.
b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.
c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.
TÍTULO V
Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid
Artículo 62. Reordenación del sector público.
Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2013 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.
Artículo 63. Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas.
Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 64. Encargos a Empresas y Entes Públicos.
1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.
3. Durante 2013, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas y Entes Públicos, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas:
a) «NUEVO ARPEGIO, Sociedad Anónima», para la ejecución de los encargos que le realice la Consejería competente en materia de Administración Local, para gestionar, contratar y ejecutar las obras que corresponda realizar a la citada Consejería, vinculadas a sus competencias en materia de Administración Local.
b) «ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.», para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar, así como para la ejecución de otras actuaciones.
Artículo 65. Radio Televisión Madrid.
Durante el año 2013 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público «Radio Televisión Madrid», por un importe total de 70.977.600 euros.
Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos en el supuesto de adaptaciones del referido contrato-programa.
TÍTULO VI
De las tasas
Artículo 66. Actualización de la cuantía de las tasas.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.
No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2013.
Disposición adicional primera. Informes de la Consejería de Economía y Hacienda.
1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto.
2. Durante 2013, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos.
3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.
Disposición adicional segunda. Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Durante el año 2013 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional tercera. Personal transferido.
1. Durante el ejercicio 2013 no se efectuarán transferencias de personal temporal o interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde otras Administraciones Públicas a la Comunidad de Madrid.
2. Al personal funcionario que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2013, le será de aplicación el artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de esta ley.
En todo caso, y en cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.
Disposición adicional cuarta. Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid.
1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2013, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.
En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia.
2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2013 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.
En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.
Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible, reducible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo.
3. El Complemento Personal Transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.
A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable.
4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Disposición adicional quinta. Adaptaciones técnicas del presupuesto.
Durante 2013, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango de ley.
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.
Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.
Disposición adicional sexta. Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.
1. Durante 2013 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de Entes Públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.
2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.
3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública.
4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.
Disposición adicional séptima. Contratos, convenios y subvenciones a las Universidades.
Durante 2013, en el caso de que alguna Consejería, Centro Directivo, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.
Disposición adicional octava. Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus dimensiones.
Disposición adicional novena. Suspensión de acuerdos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, durante el año 2013 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:
a) Artículo 6, apartado B), letra e), en lo relativo a la percepción económica correspondiente a vacaciones por parte de los profesores interinos.
b) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.
c) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
d) Artículo 19, denominado «Ayudas a la formación fuera de la red propia y para cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros públicos de enseñanza no universitaria y universitaria».
e) Artículo 23, denominado «Formación», en lo relativo al fondo destinado a acciones formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no universitario.
f) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1.d) del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de trabajo efectivo, con arreglo a la siguiente escala:
– Hasta 100 funcionarios: 15.
– De 101 a 250 funcionarios: 20.
– De 251 a 500 funcionarios: 30.
– De 501 a 750 funcionarios: 35.
– De 751 en adelante: 40.
g) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.
h) Disposición transitoria primera, denominada «Ayudas para gastos de administración del Acuerdo».
Disposición adicional décima. Suspensión de normas convencionales.
En el año 2013, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la misma, quedan suspendidas todas las previsiones contenidas en Acuerdos para personal funcionario y estatutario o en Convenios Colectivos para el personal laboral suscritos, que puedan dar lugar a incremento de la masa salarial para el año 2013, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.
Disposición adicional undécima. Arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales.
1. En el año 2013 y con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las Universidades Públicas, queda sin efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.
2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la Consejería de Economía y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.
Disposición adicional duodécima. Subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales.
Durante 2013, solo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de concesión directa sólo se podrán conceder cuando las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social distintas a las de su actividad propia como partidos políticos u organizaciones sindicales y empresariales.
Disposición adicional decimotercera. Subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Durante el año 2013, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la Disposición adicional duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad de Madrid, en relación con la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el año 2012.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución de la presente ley.
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.
Por tanto,
Ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 26 de diciembre de 2012.–El Presidente, Ignacio González González.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 310, de 29 de diciembre de 2012)
ANEXO I
Créditos vinculantes con el nivel que se detalla
a) Los consignados en los conceptos:
131 «Laboral eventual»
141 «Otro personal»
452 «Universidades públicas: otras actuaciones»
455 «Complemento retributivo universidades públicas»
485 «A centros docentes no universitarios»
782 «Investigación»
b) Los consignados en los subconceptos:
1241 «Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo»
1260 «Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida»
1315 «Retribuciones de personal con contrato de alta dirección»
1316 «Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales»
1413 «Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos»
1414 «Profesores especialistas»
1416 «Profesores religión»
1418 «Sustitución de sanitarios locales»
1430 «Funcionarios interinos de Justicia»
1500 «Complemento de productividad»
1501 «Complemento de productividad otro personal»
1502 «Enseñanza bilingüe»
1503 «Tutorías»
1504 «Innovación educativa o tecnológica»
1505 «Especial dedicación al centro»
1510 «Gratificaciones»
1521 «Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte»
1542 «Cumplimiento de programas concretos de actuación»
1600 «Cuotas sociales»
1601 «Cuotas sociales personal eventual»
1800 «Previsión para ajustes técnicos»
1801 «Previsión para crecimiento de plantilla»
1803 «Homologación otro personal»
1807 «Mejora de la calidad asistencial»
1808 «Actuaciones centralizadas personal docente»
2020 «Arrendamiento de edificios y otras construcciones»
2261 «Atenciones protocolarias y representativas»
2262 «Divulgación y publicaciones»
2273 «Trabajos realizados por empresas de proceso de datos»
2276 «Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos»
2801 «Promoción económica, cultural y educativa»
4630 «Fondo Regional de Cooperación Municipal»
6123 «Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato Arproma»
6214 «Viviendas IVIMA»
6215 «Construcción edificios: mandato Arproma»
6290 «Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)»
6314 «Reparación o mejora edificios: mandato Arproma»
6500 «Convenio colaboración: NUEVO ARPEGIO»
7630 «Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)»
d) Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:
Programa
Subconcepto
601
6015 «Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales»
601
6017 «Repoblación y mejora forestal»
601
6115 «Reposición del Medio Ambiente y Parques Naturales»
601
7733 «Desarrollo ganadero»
601
7736 «Actuaciones agrícolas»
410
7840 «Gestión C.M. subvención Plan Estado de Vivienda»
410
7842 «Gestión C.M. subvención Plan Estado Rehabilitación»
808
6211 «Construcción de edificios»
808
6310 «Reposición o mejora de edificios»
810
2219 «Otros suministros»
811
2284 «Convenios con universidades»
811
2289 «Otros convenios, conciertos o acuerdos»
901
4820 «Actuaciones cofinanciadas por el FSE y otros»
915
2284 «Convenios con Universidades»
915
2540 «Con corporaciones locales»
ANEXO II
Adscripción de programas por secciones
ANEXO III
Plan de actuaciones en Vallecas
ANEXO IV
Subconcepto de gastos asociados a ingresos
ANEXO V
Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos
ANEXO VI
Fundaciones y Consorcios | Adjudicada a la constructora San José las obras de construcción de un nuevo edificio para la Uned en el campus científico y tecnológico de Las Rozas en Madrid por un importe total de 12.568.048,49 euros.
| EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
I
La situación económica por la que atraviesan tanto España como el conjunto de nuestros socios europeos es sumamente complicada, con una crisis sin precedentes, en un entorno macroeconómico de recesión y con una crisis financiera internacional que está restringiendo la liquidez y, por tanto, el crédito necesario para poder impulsar la actividad económica y generar, así, puestos de trabajo.
En esta situación, la ausencia de medidas correctoras en los años iniciales de la crisis produjo una notable reducción de los niveles de ingresos tributarios que ha ido trasladándose a todas las administraciones territoriales del Estado, incidiendo particularmente en las Comunidades Autónomas. Además, esta falta de actuación provocó una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, un alto nivel de déficit y un elevado endeudamiento, junto con una situación de recesión y de abultada pérdida de empleo e incremento del número de parados.
La Comunidad Autónoma de Madrid viene desarrollando desde el 2008 un esfuerzo continuado para, en primer lugar, contener el gasto y, en segundo y como consecuencia de la disminución de los recursos durante los ejercicios siguientes, realizar un amplio esfuerzo para que la reducción del gasto se concentrase en el de carácter improductivo. Se ha aplicado una política económica basada en la austeridad y la consecución de la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de preservar la prestación de los servicios públicos esenciales, no incrementar la presión fiscal y liberar rentas y recursos para su aplicación en la economía productiva, frente a la caída de ingresos que provienen del sistema de financiación que el Estado ha comunicado a la Comunidad de Madrid y que suponen una pérdida de alrededor de 1.000 millones de ingresos en el ejercicio 2013, derivados de la defectuosa aplicación y aplicación del sistema de financiación.
Este Proyecto de Presupuestos se vertebra sobre dos ejes, la seriedad y la eficiencia, que permiten el resultado final pretendido: garantizar los servicios esenciales a los madrileños. Seriedad, con un Proyecto de Presupuestos realizado con suma cautela, al considerar un escenario macroeconómico sumamente prudente, y eficiencia, porque este Proyecto de Presupuestos no es mera austeridad, sino que recoge el espíritu de los presupuestos anteriores y, mediante una reforma estructural profunda, potencia la eficiencia en la gestión, en la manera de prestar los servicios. En definitiva, logra poder hacer más con menos recursos, sin menoscabar, por tanto, el nivel de los servicios a los madrileños.
Se trata de los primeros presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.
Este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía y reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.
La introducción de esta regla fiscal debe reforzar la certidumbre y credibilidad de la política fiscal de la Comunidad Autónoma, haciendo más predecible la actuación de las autoridades. En esta línea, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal.
La Comunidad de Madrid, que siempre ha sido la Administración que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como muestra el hecho de tener el menor déficit medio y la menor deuda, cumplirá también en 2013 con el objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado en –0,7% del PIB.
Por tanto, la Comunidad de Madrid, desde su política económica liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria y la rebaja ordenada y selectiva de impuestos, va a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros.
Así, los Presupuestos para 2013 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, de incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid, en coherencia con la tradición política de este Gobierno, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.
En las actuales circunstancias, la obligación institucional de garantizar previamente la sostenibilidad financiera del sistema exige adecuar el diseño y la gestión de las políticas públicas a la realidad económica que vive el país, todo lo cual, afecta de manera determinarte a los créditos presupuestarios con los que puede contar la administración autonómica madrileña para prestar servicios públicos de tanta relevancia social.
En efecto, si algo define a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid desde 2003, y que se acrecienta en este Proyecto de Presupuestos para 2013, es que su gasto es eminentemente social, al priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y transporte, que ya suponen el 90% del presupuesto, con especial importancia en sanidad y potenciación de la Renta Mínima de Inserción y la Calidad Educativa.
### RESUMEN: Adjudicada a la constructora San José las obras de construcción de un nuevo edificio para la Uned en el campus científico y tecnológico de Las Rozas en Madrid por un importe total de 12.568.048,49 euros.
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.
c) Número de expediente:
AM 12/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.uned.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras de construcción de un nuevo edificio para la Uned en el campus científico y tecnológico de Las Rozas en Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45210000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11 de julio de 2012 y 16 de julio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
12.406.382,38 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 12.406.382,38 euros. Importe total: 15.011.722,68 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
3 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
11 de enero de 2013.
c) Contratista:
Constructora San José, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 10.386.816,93 euros. Importe total: 12.568.048,49 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa para la Universidad.
Madrid, 26 de febrero de 2013.- La Secretaria General, Ana M.ª Marcos del Cano. | Suministro y actualización de licencias de productos de la firma Microsoft, vía El corte Inglés, para Presidencia por un importe total de 508.756,12 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.
c) Número de expediente:
AM 12/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.uned.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras de construcción de un nuevo edificio para la Uned en el campus científico y tecnológico de Las Rozas en Madrid.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45210000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
11 de julio de 2012 y 16 de julio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
12.406.382,38 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 12.406.382,38 euros. Importe total: 15.011.722,68 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
3 de diciembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
11 de enero de 2013.
c) Contratista:
Constructora San José, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 10.386.816,93 euros. Importe total: 12.568.048,49 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa para la Universidad.
Madrid, 26 de febrero de 2013.- La Secretaria General, Ana M.ª Marcos del Cano.
### RESUMEN: Suministro y actualización de licencias de productos de la firma Microsoft, vía El corte Inglés, para Presidencia por un importe total de 508.756,12 euros. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
c) Número de expediente:
158/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro y actualización de licencias de productos de la firma Microsoft.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
7 de junio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
600.389,78 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 522.078,07 euros. Importe total: 631.714,47 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
17 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
16 de octubre de 2013.
c) Contratista:
Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 420.459,60 euros. Importe total: 508.756,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La oferta económicamente más ventajosa.
Madrid, 16 de octubre de 2013.- Subsecreario de la Presidencia. | ¿Qué pagaremos a las eléctricas y a las gasistas en 2015? En el BOE de hoy viene. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
c) Número de expediente:
158/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro y actualización de licencias de productos de la firma Microsoft.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
7 de junio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
600.389,78 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 522.078,07 euros. Importe total: 631.714,47 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
17 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
16 de octubre de 2013.
c) Contratista:
Informática El Corte Inglés, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 420.459,60 euros. Importe total: 508.756,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
La oferta económicamente más ventajosa.
Madrid, 16 de octubre de 2013.- Subsecreario de la Presidencia.
### RESUMEN: ¿Qué pagaremos a las eléctricas y a las gasistas en 2015? En el BOE de hoy viene. |
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, estableció en su artículo 92 que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecería las metodologías para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso, transporte y distribución, regasificación y almacenamiento y carga de cisternas, a su vez, el artículo 91.2 de la citada ley dispone que reglamentariamente se establezca el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler de contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones.
La disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, dispone que hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional undécima.tercero.1.decimonovena.iv de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, serán de aplicación los criterios recogidos en la citada ley así como lo dispuesto en el Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural y las órdenes de desarrollo.
El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, recoge en su artículo 25 los criterios para la determinación de tarifas, peajes y cánones, y señala que se seguirán los objetivos de retribuir las actividades reguladas, asignar de forma equitativa los costes, incentivar el uso eficiente del gas natural y del sistema gasista, y no producir distorsiones sobre el mercado, disponiendo que el Ministro de Economía (remisión que en la actualidad debe entenderse efectuada al Ministro de Industria, Energía y Turismo), mediante orden, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de gas natural, los precios de cesión de gas natural para los distribuidores, y de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso por terceros.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia dedica el Capítulo II del Título III a la sostenibilidad económica del sistema de gas natural, incluyendo en sus artículos 59 y 60 los principios del régimen económico y en el 61 y siguientes los procedimientos de cálculo de las retribuciones y el tratamiento de los desajustes temporales entre ingresos y costes. Asimismo, el artículo 63.2 de esta disposición determina que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución de cada una de las empresas que realizan actividades reguladas.
Asimismo se amplía en 15 días el plazo para que los comercializadores puedan adaptar su nivel de existencias de gas en los almacenamientos subterráneos a las obligaciones de mantenimiento de existencias de seguridad en vigor, que son función de su cuota de mercado anual.
Esta orden da cumplimiento a dos sentencias firmes del Tribunal Supremo: la relativa al recurso 61/2013 interpuesto por GESA Gas, S.A. (en la actualidad Redexis Gas Baleares, S.A.) que determina la obligación de reconocimiento del coste diferencial por el suministro de gas manufacturado en las Islas Baleares durante el año 2013 y la sentencia correspondiente al recurso 51/2013 interpuesto por la sociedad TABICESA, S.A. contra la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas. En este caso se procede a reconocer la aplicación de los coeficientes de minoración del término de conducción del peaje de transporte distribución en el año 2013, estableciéndose asimismo el procedimiento de liquidación de estos saldos.
Igualmente se da cumplimiento al mandato incluido en el artículo 66.b de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en el que se reconoce a la empresa propietaria del contrato de gas natural de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb al que hace referencia el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, la cantidad de 32.758.000 € al año, sin incluir los correspondientes intereses que serán reconocidos en una futura orden ministerial. En cumplimiento del citado artículo se ha dividido la cantidad anual a reconocer entre la demanda prevista del grupo 3 y la cantidad resultante se ha adicionado a los componentes variables del término de conducción del peaje de transporte y distribución.
La presente orden ha sido objeto de informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobado por su Consejo el 11 de diciembre de 2014, para cuya elaboración se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos. El Consejo Consultivo de Hidrocarburos sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución del Consejo Consultivo de Energía de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
Mediante Acuerdo de 17 de diciembre de 2015 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar la orden.
En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de la retribución de las empresas que realizan actividades reguladas en el sector del gas natural y la determinación de los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas de aplicación en vigor a partir del 1 de enero de 2015 y las tarifas de alquiler de contadores y equipos de telemedida y pagos por acometida en vigor a partir del 1 de enero de 2015.
2. Las retribuciones reguladas del sector gasista para el año 2015 se incluyen en el anexo II de la presente orden, y han sido calculadas mediante la aplicación de las fórmulas de los anexos X y XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aplicando una tasa de rentabilidad del 4,59 %, que ha sido calculada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65.2 de la citada ley. Asimismo, se han empleado los valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento publicados en los anexos V y VII de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.
Dicho anexo II incluye:
− Retribución a las empresas que realizan actividades de distribución.
− Retribución en concepto de disponibilidad (RD) y continuidad de suministro (RCS) de las empresas titulares de activos de transporte.
− Retribución en concepto de RD y RCS de las empresas titulares de activos de regasificación.
− Retribución definitiva en concepto de RD y RCS de las empresas titulares de activos de almacenamiento subterráneo básico.
Asimismo, se incluye en el apartado 5 del anexo II un listado con las retribuciones provisionales de las instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de diciembre de 2014 y que no cuentan con retribución definitiva reconocida.
3. Los importes antes de impuestos de los peajes y cánones asociados al uso de las instalaciones de la red básica, transporte secundario y distribución de gas natural en vigor a partir del 1 de enero de 2015 son los establecidos en el anexo I de la presente orden. Dichos peajes cumplen con los principios establecidos en el artículo 59 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre y son suficientes para garantizar la sostenibilidad económica del sistema gasista.
4. Para el cálculo de dichos peajes y cánones, y de forma adicional a las retribuciones publicadas en el anexo II, se ha considerado la previsión de pagos a realizar durante el año 2015 para abonar las retribuciones definitivas y provisionales de las actividades reguladas, una estimación del coste financiero asociado al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre y una previsión de retribución al operador de mercado en el caso de que esta figura sea legalmente reconocida.
Artículo 2. Cuotas destinadas a fines específicos.
1. Las cuotas destinadas a la retribución del Gestor Técnico del Sistema y la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos serán del 0,381 por ciento y del 0,140 por ciento respectivamente, aplicables como porcentaje sobre la facturación de los peajes y cánones que deberán recaudar las empresas transportistas y distribuidoras.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la retribución provisional del Gestor Técnico del Sistema para el año 2015 será de 11.561.060 €. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluirá en la liquidación 14 del año 2015 la diferencia, positiva o negativa, entre las cantidades percibidas por el Gestor Técnico del Sistema por la aplicación de la cuota establecida en el apartado anterior y su retribución correspondiente al año 2015.
Artículo 3. Régimen aplicable a los gases manufacturados en los territorios insulares.
1. El precio de cesión a considerar como coste liquidable de las empresas distribuidoras que suministren gases manufacturados en los territorios insulares será de 0,035 €/kWh.
2. Mientras sea de aplicación el régimen dispuesto en la disposición transitoria vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, se reconoce a la empresa distribuidora titular de las redes donde se llevé a cabo este suministro la retribución en concepto de «suministro a tarifa» calculada por aplicación del artículo 21 de la Orden ITC/3993/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de determinadas actividades reguladas del sector gasista.
Disposición adicional primera. Obligación de mantenimiento de existencias estratégicas de seguridad.
A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias estratégicas de seguridad, los comercializadores dispondrán del 15 de marzo al 15 de abril (ambos incluidos) para adaptar su nivel de existencias, al alza o a la baja, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Durante dicho período no será de aplicación ninguna penalización por incumplimiento, ni tampoco cánones de almacenamiento por los volúmenes que durante dicho período superen las obligaciones de almacenamiento, siempre que dichos volúmenes sean extraídos o cedidos a terceros al final del período y que se cumplan en todo momento las instrucciones impartidas por el Gestor Técnico del Sistema.
Disposición adicional segunda. Cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo relativa al recurso 61/2013.
En cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia firme de 18 de noviembre de 2014 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, relativa al recurso 61/2013 interpuesto por GESA Gas, S.A. contra la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, se procede a reconocer la cantidad de 258.118 € en concepto de coste diferencial por el suministro de gas manufacturado en las Islas Baleares en el año 2013. Dicha cantidad ha sido incluida dentro de las retribuciones de la empresa Redexis Gas Baleares, S.A. publicada en la tabla 1.ª del anexo II.
Disposición adicional tercera. Cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Supremo relativa al recurso 51/2013.
1. En cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia firme de 2 de junio de 2014 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo relativa al recurso 51/2013 interpuesto por TABICESA, S.A. contra la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, se procede a reconocer a la citada empresa la aplicación en el año 2013 de los coeficientes incluidos en la disposición transitoria segunda de la presente orden.
2. A los efectos de hacer efectivos estas devoluciones, la empresa titular de la red de distribución a la que esté conectado TABICESA, S.A. procederá a calcular los peajes de acceso de dicho período de acuerdo a lo indicado en el apartado anterior, y la diferencia con los facturados originalmente se aplicará como descuento en el pago mensual de peajes del año 2015 que realice su actual comercializadora, aplicándose en el mes de enero de 2015 el saldo del mes de enero de 2013 y así sucesivamente. El comercializador deberá incluir dicho descuento de forma íntegra en la factura mensual que emita a TABICESA, S.A. en el mismo mes en que esta se produzca. El distribuidor procederá a descontar dicha cantidad de los peajes declarados para dicho mes.
A estos efectos TABICESA, S.A. deberá enviar las facturas correspondientes al año 2013 a la empresa distribuidora y al servicio de liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que comprobará los saldos aplicados.
Disposición adicional cuarta. Desvío en la retribución del gas natural destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66.b de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se reconoce a la empresa propietaria del contrato de gas natural de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb al que hace referencia el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, la cantidad de 32.758.000 €. Esta cantidad se repartirá en 12 pagos mensuales que se liquidarán como pago único.
Esta cantidad se repercute en el término variable del peaje de conducción del grupo 3 de forma proporcional al volumen de ventas previsto en este grupo. Los desvíos de recaudación anual que sean consecuencia de valores diferentes entre las ventas reales y estimadas, se tendrán en cuenta en el cálculo del año siguiente.
El actual titular del contrato deberá acreditarlo documentalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de forma suficiente.
Disposición adicional quinta. Parámetros de aplicación.
Los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento fijos y variables en vigor son los publicados la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.
Disposición adicional sexta. Mandato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente orden, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará y enviará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de metodología para el cálculo de la retribución del Gestor Técnico del Sistema. Dicha metodología incluirá un sistema de incentivos para el desempeño eficiente de sus funciones.
Disposición adicional séptima. Costes provisionales por la administración del almacenamiento «Castor».
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, los costes provisionales de mantenimiento, operatividad y los derivados de las obligaciones indicadas en el artículo 3.2 del citado Real Decreto-ley desde el 1 de diciembre de 2014 y para el año 2015 a abonar a ENAGÁS Transporte, S.A.U., con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista se incluyen en el apartado 4.e del anexo II.
Los costes reales incurridos deberán justificarse con la correspondiente auditoría y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
Disposición transitoria primera. Actualización de parámetros para el cálculo de la tarifa de último recurso.
Con efecto desde el 1 de enero de 2015 serán de aplicación los siguientes parámetros de la fórmula de cálculo de la tarifa de último recurso incluida en la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural:
– Tmbuque: 111.536 m3.
– Cm1 (TUR.1): 2.465 kWh.
– Cm2 (TUR.2): 9.724 kWh.
– fc: 0,36.
– %GNL: 0,46.
– fconv: 6.840 kWh/m3 GNL.
– Emax (TUR.1): 12 GWh/día.
– Emax (TUR.2): 39 GWh/día.
– GNd (TUR.1): 14.537 MWh/día.
– GNd (TUR.2): 46.514 MWh/día.
– Número consumidores TUR.1 (n1): 3.965.407.
– Número consumidores TUR.2 (n2): 3.208.956.
Disposición transitoria segunda. Término de conducción aplicable a las redes de distribución alimentadas por planta satélite.
A partir de la entrada en vigor de esta orden, y hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia apruebe la metodología para el cálculo de los peajes de gas natural, los coeficientes «C» aplicables al término de conducción del peaje de transporte y distribución aplicables a los usuarios conectados a redes de distribución alimentadas desde plata satélite son los de la tabla que figura a continuación:
Escalón de peaje
Coeficiente aplicable
3.1
0,612
3.2
0,615
3.3
0,616
3.4
0,722
3.5
0,324
Disposición transitoria tercera. Peaje temporal para antiguos usuarios de la tarifa para materia prima (PA).
1. Con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de 2018 los consumidores acogidos a la tarifa específica para usos de materia prima podrán acogerse al peaje temporal para antiguos usuarios de la tarifa para materia prima, el cual engloba el peaje de transporte y distribución (incluyendo el término de reserva de capacidad), el peaje de descarga de buques y el peaje de regasificación. La diferencia entre los peajes ordinarios y este peaje se reducirá anualmente de forma lineal hasta desaparecer el 31 de diciembre de 2018.
El valor del peaje temporal para antiguos usuarios de la tarifa para materia prima (PA) es el siguiente:
• Término fijo: 3,5469 cent/kWh/día/mes.
• Término variable: 0,0561cent/kWh.
2. El peaje (PA) será facturado por la empresa titular del punto de salida.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango, en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final primera. Aplicación de la orden.
Por la Dirección General de Política Energética y Minas se dictarán las resoluciones precisas para la aplicación de esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a las cero horas del 1 de enero de 2015.
Madrid, 19 de diciembre de 2014.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López.
ANEXO I
Peajes y cánones de los servicios básicos
Se mantienen en aplicación los peajes y cánones en vigor a 31 de diciembre de 2014, recogidos en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, con la excepción del termino de conducción del peaje de transporte y distribución que se ve modificado por la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta:
Término variable
Tij
cent/kWh
3.1
2,9287
3.2
2,2413
3.3
1,6117
3.4
1,3012
3.5
0,2010
La cantidad de 32.758.000 € se repercute en el término variable del peaje de conducción del grupo 3 de forma proporcional al volumen de gas consumido, dividiendo dicha cifra de 32.758.000 € entre la previsión de ventas en 2015 de 69.178.994 kWh, lo que resulta en un incremento de 0,047353 cts/kWh en el término de conducción de cada escalón de peajes del grupo 3.
ANEXO II
Retribución de las actividades reguladas para el año 2015
ANEXO III
Tarifa de alquiler de contadores y equipos de telemedida para el año 2015
ANEXO IV
Derechos de acometida para los suministros conectados a redes con presión de suministro inferior o igual a 4 bar para el año 2015 | Una concesión de subvenciones se retrasa por falta de medios. Esta vez, fines sociales de la renta, se amplia el plazo. | La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, estableció en su artículo 92 que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecería las metodologías para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso, transporte y distribución, regasificación y almacenamiento y carga de cisternas, a su vez, el artículo 91.2 de la citada ley dispone que reglamentariamente se establezca el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler de contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones.
La disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, dispone que hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional undécima.tercero.1.decimonovena.iv de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, serán de aplicación los criterios recogidos en la citada ley así como lo dispuesto en el Real Decreto 949/2002, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural y las órdenes de desarrollo.
El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, recoge en su artículo 25 los criterios para la determinación de tarifas, peajes y cánones, y señala que se seguirán los objetivos de retribuir las actividades reguladas, asignar de forma equitativa los costes, incentivar el uso eficiente del gas natural y del sistema gasista, y no producir distorsiones sobre el mercado, disponiendo que el Ministro de Economía (remisión que en la actualidad debe entenderse efectuada al Ministro de Industria, Energía y Turismo), mediante orden, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de gas natural, los precios de cesión de gas natural para los distribuidores, y de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso por terceros.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia dedica el Capítulo II del Título III a la sostenibilidad económica del sistema de gas natural, incluyendo en sus artículos 59 y 60 los principios del régimen económico y en el 61 y siguientes los procedimientos de cálculo de las retribuciones y el tratamiento de los desajustes temporales entre ingresos y costes. Asimismo, el artículo 63.2 de esta disposición determina que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución de cada una de las empresas que realizan actividades reguladas.
Asimismo se amplía en 15 días el plazo para que los comercializadores puedan adaptar su nivel de existencias de gas en los almacenamientos subterráneos a las obligaciones de mantenimiento de existencias de seguridad en vigor, que son función de su cuota de mercado anual.
Esta orden da cumplimiento a dos sentencias firmes del Tribunal Supremo: la relativa al recurso 61/2013 interpuesto por GESA Gas, S.A. (en la actualidad Redexis Gas Baleares, S.A.) que determina la obligación de reconocimiento del coste diferencial por el suministro de gas manufacturado en las Islas Baleares durante el año 2013 y la sentencia correspondiente al recurso 51/2013 interpuesto por la sociedad TABICESA, S.A. contra la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas. En este caso se procede a reconocer la aplicación de los coeficientes de minoración del término de conducción del peaje de transporte distribución en el año 2013, estableciéndose asimismo el procedimiento de liquidación de estos saldos.
Igualmente se da cumplimiento al mandato incluido en el artículo 66.b de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en el que se reconoce a la empresa propietaria del contrato de gas natural de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb al que hace referencia el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, la cantidad de 32.758.000 € al año, sin incluir los correspondientes intereses que serán reconocidos en una futura orden ministerial. En cumplimiento del citado artículo se ha dividido la cantidad anual a reconocer entre la demanda prevista del grupo 3 y la cantidad resultante se ha adicionado a los componentes variables del término de conducción del peaje de transporte y distribución.
La presente orden ha sido objeto de informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobado por su Consejo el 11 de diciembre de 2014, para cuya elaboración se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos. El Consejo Consultivo de Hidrocarburos sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución del Consejo Consultivo de Energía de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
Mediante Acuerdo de 17 de diciembre de 2015 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria
### RESUMEN: Una concesión de subvenciones se retrasa por falta de medios. Esta vez, fines sociales de la renta, se amplia el plazo. |
A propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,
Vengo en nombrar miembros del Consejo Económico y Social, en calidad de expertos, a don Juan García Blasco, a don Juan Iranzo Martín, a don José María Goerlich Peset, a doña Ana Matorras Díaz-Caneja, a don José Andrés Sánchez Pedroche y a don Juan Llovet Verdugo.
Dado en Madrid, el 7 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Cese de Francisco Mercadal Alabern y Mercedes Garrido Rodríguez de la Junta Electoral Provincial de Illes Balears, nombrado nuevos vocales a Juan Carlos Escribano Herruzo y Eduard Vila Riera. | A propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,
Vengo en nombrar miembros del Consejo Económico y Social, en calidad de expertos, a don Juan García Blasco, a don Juan Iranzo Martín, a don José María Goerlich Peset, a doña Ana Matorras Díaz-Caneja, a don José Andrés Sánchez Pedroche y a don Juan Llovet Verdugo.
Dado en Madrid, el 7 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
### RESUMEN: Cese de Francisco Mercadal Alabern y Mercedes Garrido Rodríguez de la Junta Electoral Provincial de Illes Balears, nombrado nuevos vocales a Juan Carlos Escribano Herruzo y Eduard Vila Riera. |
La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, se dictó en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la LOREG y tiene por objeto regular los procedimientos para garantizar el respeto durante los periodos electorales de los principios del pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación, en los términos establecidos en dicho precepto legal.
La finalidad de esta Instrucción es incorporar a la citada Instrucción 4/2011 la doctrina que la Junta Electoral Central ha ido elaborando a partir de su Acuerdo de 15 de marzo de 2012 sobre la consideración como grupo político significativo de determinadas candidaturas en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.
La Junta Electoral Central ha estimado que los principios de pluralismo político e igualdad, garantizados por el artículo 66 de la LOREG, exigen reconocer como grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones que no alcanzaron representación en las últimas equivalentes pero que han obtenido en procesos electorales recientes en el mismo ámbito territorial al que se refiere la convocatoria actual unos resultados que acreditan un amplio apoyo de los electores. Dicha condición obliga a los medios públicos a proporcionarles una cobertura informativa mayor que la dedicada a otras fuerzas políticas sin representación, si bien inferior a la concedida a las que sí la lograron.
La consideración de grupo político significativo debe resultar de datos objetivos basados en los resultados electorales obtenidos con posterioridad a las últimas elecciones equivalentes. La Junta ha considerado que, para procurar certeza en la aplicación de este criterio, resulta conveniente concretar el porcentaje mínimo de votos, acordando que éste sea un número igual o superior al 5 por ciento de los votos válidos emitidos, por entender que dicho porcentaje es utilizado por la LOREG en diferentes momentos y en particular en su artículo 64, y refleja adecuadamente un apoyo del electorado que merece esa consideración.
Por ello, la Junta Electoral Central, en su reunión del día de la fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la LOREG, y oídas las formaciones políticas que han presentado alegaciones, ha aprobado la siguiente
INSTRUCCIÓN
Primero. Modificación del número 2 del apartado cuarto de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011.
El número 2 del apartado cuarto de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011 tendrá la siguiente redacción:
«2.1 La información específica relativa a la campaña electoral deberá responder a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La duración de la información dedicada a cada formación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio y se emitirá de conformidad con los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa, y, en su defecto, aplicando el criterio de mayor a menor, por el orden de los resultados logrados por cada formación política en dichas elecciones.
2.2 Los planes de cobertura informativa deberán incluir las candidaturas de aquellas fuerzas políticas que no se presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en ellas representación y posean la condición de grupo político significativo. Esa cobertura no podrá ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas que lograron representación.
2.3 Se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos.
En el caso de coaliciones electorales, éstas sólo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo lo dispuesto en el párrafo anterior.
2.4 La cobertura informativa de las candidaturas de formaciones políticas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes o que no obtuvieron representación en ellas no podrá ser igual o superior a la dedicada a las que vean reconocida la condición de grupo político significativo.»
Segundo. Publicación en el BOE y vigencia.
Esta Instrucción será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.6 de la LOREG, surtiendo efectos desde el día siguiente al de dicha publicación.
Como anexo se incluye el texto consolidado de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011, que incorpora la modificación acordada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.
ANEXO
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 66 de la LOREG, en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral, modificada por la Instrucción 1/2015, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación
I
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), la Junta Electoral Central aprobó el 4 de noviembre de 1985 la Instrucción prevista en dicho precepto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 7 de noviembre de 1985.
Con ocasión de los procesos electorales celebrados desde la citada fecha, la Junta conoció numerosos recursos y reclamaciones en la materia. A la vista de las numerosas resoluciones adoptadas y teniendo en cuenta, asimismo, la derogación de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, decidió actualizar la referida Instrucción, adaptándola a los criterios plasmados en dichas resoluciones, lo que hizo mediante la Instrucción de 13 de septiembre de 1999.
Desde entonces se han producido diferentes circunstancias que aconsejan sustituir la mencionada Instrucción. De una parte, la reciente reforma legal en materia audiovisual llevada a cabo por la Ley 7/2010, de 31 de marzo de Comunicación Audiovisual, ha supuesto la generalización de la televisión digital, con un incremento muy significativo de los canales de titularidad privada. De otra parte, la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, ha incorporado un nuevo párrafo segundo al artículo 66 de la LOREG, en el cual se establece que las emisoras de titularidad privada durante el periodo electoral deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad, y que además, las televisiones privadas habrán de respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral. A propósito de las televisiones privadas, la propia Ley Orgánica 2/2011 ha encomendado a la Junta Electoral Central la aprobación de «Instrucciones» que permitan una cierta concreción del alcance de los principios que, por mandato expreso de la Ley, son de aplicación a estas emisoras de televisión durante el periodo electoral.
En relación a la exigencia a los medios de titularidad privada del respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa, esta Junta entiende que el inequívoco mandato legal en este punto debe cohonestarse con los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución -el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas y opiniones, y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz- y con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reconocida en el artículo 38 de nuestra norma fundamental. Ello aconseja dispensar un tratamiento diferenciado a los medios públicos y privados, modulando las prescripciones que la Instrucción de la Junta Electoral Central de 13 de septiembre de 1999 establecía para las emisoras de titularidad pública en su aplicación a las emisoras de televisión de titularidad privada.
Resulta conveniente, finalmente, incorporar a esta Instrucción la doctrina de esta Junta en relación a los planes de cobertura informativa de los medios de comunicación de titularidad pública.
En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reunión de 24 de mayo de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y previa consulta a las formaciones política con representación en el Congreso de los Diputados, aprobó su Instrucción 4/2011.
II
La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, se dictó en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la LOREG y tiene por objeto regular los procedimientos para garantizar el respeto durante los periodos electorales de los principios del pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación, en los términos establecidos en dicho precepto legal.
La finalidad de esta Instrucción es incorporar a la citada Instrucción 4/2011 la doctrina que la Junta Electoral Central ha ido elaborando a partir de su Acuerdo de 15 de marzo de 2012 sobre la consideración como grupo político significativo de determinadas candidaturas en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.
La Junta Electoral Central ha estimado que los principios de pluralismo político e igualdad, garantizados por el artículo 66 de la LOREG, exigen reconocer como grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones que no alcanzaron representación en las últimas equivalentes pero que han obtenido en procesos electorales recientes en el mismo ámbito territorial al que se refiere la convocatoria actual unos resultados que acreditan un amplio apoyo de los electores. Dicha condición obliga a los medios públicos a proporcionarles una cobertura informativa mayor que la dedicada a otras fuerzas políticas sin representación, si bien inferior a la concedida a las que sí la lograron.
La consideración de grupo político significativo debe resultar de datos objetivos basados en los resultados electorales obtenidos con posterioridad a las últimas elecciones equivalentes. La Junta ha considerado que, para procurar certeza en la aplicación de este criterio, resulta conveniente concretar el porcentaje mínimo de votos, acordando que éste sea un número igual o superior al 5 por ciento de los votos válidos emitidos, por entender que dicho porcentaje es utilizado por la LOREG en diferentes momentos y en particular en su artículo 64, y refleja adecuadamente un apoyo del electorado que merece esa consideración.
Por ello, la Junta Electoral Central, en su reunión de 15 de abril de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la LOREG, y oídas las formaciones políticas que han presentado alegaciones, aprobó su Instrucción 1/2015.
INSTRUCCIÓN
Primero. Objeto.
La presente Instrucción se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la LOREG y tiene por objeto regular los procedimientos para garantizar el respeto durante los periodos electorales de los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública y de las emisoras de titularidad privada, en los términos establecidos en el citado precepto.
Se entiende por periodo electoral el comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones en el boletín oficial correspondiente y el día mismo de la votación.
Segundo. Juntas Electorales competentes.
Serán Juntas Electorales competentes a los efectos de esta Instrucción las siguientes:
a) Las Juntas Electorales Provinciales, en relación a los medios de comunicación cuyo ámbito de difusión sea local, comarcal, provincial o de Comunidad Autónoma, exceptuando los supuestos que a continuación se indican en que sea competente la Junta Electoral de Comunidad Autónoma. En el caso de medios cuyo ámbito de difusión sea una Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la Junta Electoral Provincial de la provincia en que radique el medio.
b) Las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, en relación a los medios de comunicación cuyo ámbito de difusión sea la propia Comunidad Autónoma y se celebren elecciones a la Asamblea Legislativa de ésta.
c) La Junta Electoral Central, en los demás casos.
I. Medios de comunicación de titularidad pública
Tercero. Principios que deben ser respetados por los medios de titularidad pública y garantías ante la Administración Electoral.
Como dispone el artículo 66.1 de la LOREG, durante el periodo electoral, los órganos de dirección y administración de los medios de comunicación de titularidad pública deberán garantizar el respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa en toda su programación. Las decisiones de los referidos órganos de dirección y administración serán recurribles ante la Junta Electoral competente según el procedimiento regulado en esta Instrucción.
Cuarto. Planes de cobertura informativa de la campaña electoral.1
1. Los órganos de dirección de los medios de titularidad pública someterán a las Juntas Electorales competentes sus planes de cobertura informativa de la campaña electoral, en los que incluirán los debates, entrevistas y programas específicos de naturaleza electoral que pretendan realizar, así como los criterios sobre la información específica relativa a la campaña electoral.
1 Los párrafos 2.1 a 2.4 de esta Instrucción fueron introducidos por la Instrucción de la Junta Electoral Central 1/2015, de 15 de abril.
2.1 La información específica relativa a la campaña electoral deberá responder a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La duración de la información dedicada a cada formación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio y se emitirá de conformidad con los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa, y, en su defecto, aplicando el criterio de mayor a menor, por el orden de los resultados logrados por cada formación política en dichas elecciones.
2.2 Los planes de cobertura informativa deberán incluir las candidaturas de aquellas fuerzas políticas que no se presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en ellas representación y posean la condición de grupo político significativo. Esa cobertura no podrá ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas que lograron representación.
2.3 Se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos.
En el caso de coaliciones electorales, éstas sólo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo lo dispuesto en el párrafo anterior.
2.4 La cobertura informativa de las candidaturas de formaciones políticas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes o que no obtuvieron representación en ellas no podrá ser igual o superior a la dedicada a las que vean reconocida la condición de grupo político significativo.
3. Corresponde a los órganos de dirección de los medios la decisión de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán respetar los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad.
En la organización de esos debates o entrevistas deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes.
En el caso de que un medio decida emitir un debate entre representantes de las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre las demás candidaturas que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes.
Quinto. Recursos contra los planes de cobertura informativa de la campaña electoral.
1. Las Juntas Electorales pondrán a disposición de los representantes generales o de las candidaturas acreditados ante las mismas los planes de cobertura informativa de la campaña electoral remitidos por los medios públicos, concediéndoles un plazo para que puedan formular las reclamaciones o recursos que estimen oportunos. La referida notificación a los representantes habrá de realizarse al número de fax que hayan comunicado dichos representantes a la Junta competente y mediante anuncio en el boletín oficial correspondiente.
2. Las Juntas Electorales, previa audiencia al órgano de dirección del medio afectado, resolverán las reclamaciones o recursos presentados, notificándolo al medio y a los representantes que hayan participado en el procedimiento.
3. Las resoluciones que adopten las Juntas Electorales Provinciales y las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma serán susceptibles de recurso ante la Junta Electoral Central, en el plazo y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 21 de la LOREG y en la Instrucción de la Junta Electoral Central 11/2007, de 27 de septiembre. No obstante, corresponderá a la Junta Electoral de Comunidad Autónoma afectada conocer los recursos contra las resoluciones de las Juntas Electorales Provinciales relativas a unas elecciones a la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma.
4. Las modificaciones en los planes de cobertura informativa que con posterioridad puedan acordar los medios públicos serán inmediatamente comunicadas a las Juntas Electorales competentes a efectos de que éstas den traslado a los representantes acreditados, siendo aplicable lo indicado en los apartados anteriores.
Sexto. Recursos contra las actuaciones y programas emitidos con incidencia electoral.
1. Las actuaciones y los programas emitidos durante el periodo electoral por los medios de comunicación de titularidad pública con incidencia electoral podrán ser objeto de impugnación ante la Junta Electoral competente, en los términos previstos en este apartado.
2. Están legitimados para presentar este recurso los representantes generales o de las candidaturas acreditados ante la Junta Electoral competente.
3. El recurso habrá de basarse en la vulneración de los principios de pluralismo político y social, de igualdad, de proporcionalidad o de neutralidad informativa.
4. Deberá interponerse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas desde su emisión, en la sede de la Junta Electoral competente, con indicación de la actuación o programa impugnado y el motivo del recurso, debiendo aportarse los medios de prueba que se estimen pertinentes y procedentes en Derecho.
5. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, los Secretarios de las Juntas Electorales competentes recabarán de los órganos directivos de los medios de comunicación los informes correspondientes en relación con los hechos denunciados por los recurrentes y darán traslado para alegaciones a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran al proceso electoral y que pudieran resultar afectados.
6. Las Juntas Electorales resolverán los recursos dentro de los cinco días siguientes a su interposición. La resolución adoptará, en su caso, las medidas necesarias para el restablecimiento de la efectividad de los principios vulnerados a que se refiere el artículo 66 de la Ley Electoral por el acto recurrido.
7. Las Juntas Electorales competentes podrán acordar la práctica de cuantas pruebas estimen convenientes para la resolución del recurso.
8. Si de los hechos denunciados en el escrito de interposición del recurso o de cualquier otro acto de instrucción del procedimiento se dedujera que aquéllos pudieran ser constitutivos de delito, las Juntas competentes darán traslado al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.
9. Las Juntas Electorales declararán de oficio la inadmisibilidad de todo recurso que no guarde relación con los principios del artículo 66 de la Ley Electoral.
10. La resolución del recurso será notificada a los recurrentes y a los interesados personados y a los órganos directivos de los medios de comunicación de los que proceda el acuerdo recurrido.
11. Las resoluciones adoptadas por las Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma serán susceptibles de recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 21 de la LOREG y en la Instrucción de la Junta Electoral Central 11/2007, de 27 de septiembre. No obstante, corresponderá a la Junta Electoral de Comunidad Autónoma afectada conocer los recursos contra las resoluciones de las Juntas Electorales Provinciales relativas a unas elecciones a la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma.
II. Medios de comunicación de titularidad privada
Séptimo. Principios que deben ser garantizados por las emisoras de radio y televisión de titularidad privada.
1. Durante los periodos electorales, los órganos de dirección de las emisoras de radio y televisión de titularidad privada deberán garantizar el respeto a los principios de pluralismo e igualdad, conforme dispone el artículo 66.2 de la LOREG.
2. En particular, las televisiones privadas, durante el periodo electoral, deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral que decidan realizar, como establece el citado artículo 66.2 de la LOREG.
Octavo. El principio de proporcionalidad que debe ser garantizado por las televisiones privadas.
1. La información dedicada específicamente a la campaña electoral que decidan realizar las televisiones privadas deberá responder, además de a los principios de pluralismo, igualdad y neutralidad informativa, al principio de proporcionalidad, entendido éste en el sentido de que su tratamiento deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes, sin que dicho criterio impida proporcionar otra información sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones. En cualquier caso, estas últimas candidaturas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones.
2. Corresponde a los órganos de dirección de las televisiones privadas decidir libremente sobre la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes.
En el caso de que un medio decida emitir un debate entre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes.
Noveno. Recursos contra las actuaciones y los programas emitidos por emisoras de radio y televisión de titularidad privada.
En los periodos electorales, las actuaciones y los programas emitidos por emisoras de titularidad privada que tengan incidencia electoral podrán ser impugnados ante las Juntas Electorales competentes, de acuerdo con lo previsto en el apartado sexto de esta Instrucción, con las siguientes particularidades:
a) Los recursos contra las actuaciones y programas difundidos por emisoras de radio de titularidad privada sólo podrán basarse en la vulneración de los principios de pluralismo e igualdad.
b) Los recursos contra las actuaciones y programas difundidos por emisoras de televisión privada sólo podrán basarse en la vulneración de los principios de pluralismo e igualdad, a no ser que tengan por objeto entrevistas y debates electorales, o información específica sobre la campaña electoral, supuestos en los que también podrán fundarse en la violación de los principios de neutralidad informativa y de proporcionalidad.
Décimo. Publicación en el BOE y entrada en vigor.
Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 18.6 de la LOREG, la presente Instrucción será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación a partir del día siguiente al de dicha publicación, quedando sin efectos la Instrucción de la Junta Electoral Central de 13 de septiembre de 1999, dictada en desarrollo del artículo 66 de la LOREG, a la que sustituye. | Creada la Fundación España Constitucional, cuyos fines son poner en valor las raíces comunes que compartimos los españoles, principalmente nuestra lengua común, cultura e historia. | La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, se dictó en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la LOREG y tiene por objeto regular los procedimientos para garantizar el respeto durante los periodos electorales de los principios del pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación, en los términos establecidos en dicho precepto legal.
La finalidad de esta Instrucción es incorporar a la citada Instrucción 4/2011 la doctrina que la Junta Electoral Central ha ido elaborando a partir de su Acuerdo de 15 de marzo de 2012 sobre la consideración como grupo político significativo de determinadas candidaturas en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.
La Junta Electoral Central ha estimado que los principios de pluralismo político e igualdad, garantizados por el artículo 66 de la LOREG, exigen reconocer como grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones que no alcanzaron representación en las últimas equivalentes pero que han obtenido en procesos electorales recientes en el mismo ámbito territorial al que se refiere la convocatoria actual unos resultados que acreditan un amplio apoyo de los electores. Dicha condición obliga a los medios públicos a proporcionarles una cobertura informativa mayor que la dedicada a otras fuerzas políticas sin representación, si bien inferior a la concedida a las que sí la lograron.
La consideración de grupo político significativo debe resultar de datos objetivos basados en los resultados electorales obtenidos con posterioridad a las últimas elecciones equivalentes. La Junta ha considerado que, para procurar certeza en la aplicación de este criterio, resulta conveniente concretar el porcentaje mínimo de votos, acordando que éste sea un número igual o superior al 5 por ciento de los votos válidos emitidos, por entender que dicho porcentaje es utilizado por la LOREG en diferentes momentos y en particular en su artículo 64, y refleja adecuadamente un apoyo del electorado que merece esa consideración.
Por ello, la Junta Electoral Central, en su reunión del día de la fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la LOREG, y oídas las formaciones políticas que han presentado alegaciones, ha aprobado la siguiente
INSTRUCCIÓN
Primero. Modificación del número 2 del apartado cuarto de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011.
El número 2 del apartado cuarto de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011 tendrá la siguiente redacción:
«2.1 La información específica relativa a la campaña electoral deberá responder a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. La duración de la información dedicada a cada formación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio y se emitirá de conformidad con los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa, y, en su defecto, aplicando el criterio de mayor a menor, por el orden de los resultados logrados por cada formación política en dichas elecciones.
2.2 Los planes de cobertura informativa deberán incluir las candidaturas de aquellas fuerzas políticas que no se presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en ellas representación y posean la condición de grupo político significativo. Esa cobertura no podrá ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas que lograron representación.
2.3 Se reconocerá la condición de grupo político significativo a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 % de los votos válidos emitidos.
En el caso de coaliciones electorales, éstas sólo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo lo dispuesto en el párrafo anterior.
2.4 La cobertura informativa de las candidaturas de formaciones políticas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes o que no obtuvieron representación en ellas no podrá ser igual o superior a la dedicada a las que vean reconocida la condición de grupo político significativo.»
Segundo. Publicación en el BOE y vigencia.
Esta Instrucción será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.6 de la LOREG, surtiendo efectos desde el día siguiente al de dicha publicación.
Como anexo se incluye el texto consolidado de la Instrucción de la Junta Electoral Central 4/2011, que incorpora la modificación acordada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2015.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez.
ANEXO
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de 2011, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 66 de la LOREG, en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral, modificada por la Instrucción 1/2015, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación
I
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), la Junta Electoral Central aprobó el 4 de noviembre de 1985 la Instrucción prevista en dicho precepto, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 7 de noviembre de 1985.
Con ocasión de los procesos electorales celebrados desde la citada fecha, la Junta conoció numerosos recursos y reclamaciones en la materia. A la vista de las numerosas resoluciones adoptadas y teniendo en cuenta, asimismo, la derogación de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley 30/1992, de 26 de novi
### RESUMEN: Creada la Fundación España Constitucional, cuyos fines son poner en valor las raíces comunes que compartimos los españoles, principalmente nuestra lengua común, cultura e historia. |
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2017 remitida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la relación de Fiestas Laborales para el año 2017.
Segundo.
La remisión de la relación de Fiestas Laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto dar publicidad a las mismas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
Primero.
El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.
Segundo.
Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.
La Dirección General de Empleo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales comunicadas, de conformidad con lo previsto en el reiterado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el reiterado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Empleo ha resuelto:
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales para el año 2017 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como anexo a esta Resolución.
Madrid, 4 de octubre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Thibault Aranda. | Corrección de errores del real decreto-ley 4/2013. | Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2017 remitida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la relación de Fiestas Laborales para el año 2017.
Segundo.
La remisión de la relación de Fiestas Laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto dar publicidad a las mismas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de Derecho
Primero.
El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las Comunidades Autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las Comunidades Autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.
Segundo.
Entre las facultades reconocidas a las Comunidades Autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.
La Dirección General de Empleo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales comunicadas, de conformidad con lo previsto en el reiterado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el reiterado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Empleo ha resuelto:
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas laborales para el año 2017 de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que figuran como anexo a esta Resolución.
Madrid, 4 de octubre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Thibault Aranda.
### RESUMEN: Corrección de errores del real decreto-ley 4/2013. |
Advertidos errores y errata en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 23 de febrero de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 15220, séptimo párrafo, primera línea, donde dice: «El título primero desarrolla…», debe decir: «El Título I desarrolla…».
En la página 15221, sexto párrafo, tercera línea, donde dice: «… importe, aplicable el primer período…», debe decir: «… importe, aplicable en el primer período…».
En la página 15221, décimo párrafo, segunda línea, donde dice: «… mayores de 45 años y contratación…», debe decir: «… mayores de 45 años y la contratación…».
En la página 15222, en la exposición de motivos en su apartado IV, párrafo tercero, donde dice: «… contenidas en el Título III…», debe decir: «… contenidas en el Capítulo I del Título III…».
En la página 15229, artículo 1.Uno, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, octava línea, donde dice: «… excepto en la incapacidad temporal…», debe decir: «… incluida la incapacidad temporal…».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, cuarta línea, donde dice: «… propia o en el Régimen…», debe decir: «… propia en el Régimen…».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… cada momento, excepto en la incapacidad temporal.», debe decir: «… cada momento, incluida la incapacidad temporal.».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal,…», debe decir: «… contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal,…».
En la página 15231, en la rúbrica del artículo 2, donde dice: «… compatibiliar…», debe decir: «… compatibilizar…».
En la página 15232, en la redacción dada, por el artículo 4.uno, al apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en la regla 3ª.a), segundo párrafo, donde dice: «… mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad…», debe decir: «… mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad…».
En la página 15233, artículo 5.Dos, donde dice: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que redactada…», debe decir: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda redactada…».
En la página 15233, en el artículo 5.Dos, en la redacción dada al artículo 212.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, décima línea, donde dice: «… duración igual o inferior a sesenta meses El derecho…», debe decir: «… duración inferior a sesenta meses.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «El derecho…».
En la página 15237, artículo 9.7, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
En la página 15237, artículo 9.8, segunda línea, donde dice: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo…», debe decir: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo…».
En la página 15239, artículo 12.6, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
En la página 15241, primera línea, en la redacción dada, por el artículo 15 a la disposición adicional trigésima segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde dice: «… en el Sistema Nacional de Empleo no podrán ser objeto de estos contratos marco…», debe decir: «… en el Sistema Nacional de Empleo.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «No podrán ser objeto de estos acuerdos marco…».
En la página 15245, artículo 25.1, donde dice: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo x, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....», debe decir: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo 23, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....»
En la página 15246 artículo 25.3, donde dice: «3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo x de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado…», debe decir: «3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado…»
En la página 15247 artículo 29, apartado 1, sexta línea, la referencia al artículo 9, debe hacerse al artículo 28.
En las páginas 15247 y 15248 artículo 30, apartados 1, 3 y 5, las referencias realizadas al artículo 10 deben realizarse al artículo 29.
En la página 15254, segundo párrafo, apartado Uno del artículo 39, en la nueva redacción que se da al apartado 41.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, al final del último párrafo debe eliminarse un signo ortográfico de punto.
En la página 15254, apartado Dos del artículo 39, en la nueva redacción que se da del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, a continuación del último párrafo debe insertarse el siguiente texto: «Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo».
En la página 15257, el tercer párrafo donde dice: «Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 5 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento», debe decir «Durante el periodo de carencia, lo previsto en el apartado 4 de la presente disposición transitoria no será de obligado cumplimiento».
En la página 15258, en el inciso final de la disposición adicional cuarta, donde dice «Estos, contratos no podrán incluir cláusulas que…», debe decir «Estos contratos no podrán incluir cláusulas que…».
En la página 15260, disposición final primera, segunda línea, donde dice: «… artículo lo 149.1.7.ª y 17.ª…», debe decir: «… artículo 149.1.7.ª, 17.ª y 18.ª…». | ABC convoca sus premios de periodismo, con un importe de diez mil euros cada uno. | Advertidos errores y errata en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 23 de febrero de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 15220, séptimo párrafo, primera línea, donde dice: «El título primero desarrolla…», debe decir: «El Título I desarrolla…».
En la página 15221, sexto párrafo, tercera línea, donde dice: «… importe, aplicable el primer período…», debe decir: «… importe, aplicable en el primer período…».
En la página 15221, décimo párrafo, segunda línea, donde dice: «… mayores de 45 años y contratación…», debe decir: «… mayores de 45 años y la contratación…».
En la página 15222, en la exposición de motivos en su apartado IV, párrafo tercero, donde dice: «… contenidas en el Título III…», debe decir: «… contenidas en el Capítulo I del Título III…».
En la página 15229, artículo 1.Uno, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, octava línea, donde dice: «… excepto en la incapacidad temporal…», debe decir: «… incluida la incapacidad temporal…».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, cuarta línea, donde dice: «… propia o en el Régimen…», debe decir: «… propia en el Régimen…».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 1 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… cada momento, excepto en la incapacidad temporal.», debe decir: «… cada momento, incluida la incapacidad temporal.».
En la página 15230, artículo 1.Dos, en la redacción dada al apartado 2 de la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, séptima línea, donde dice: «… contingencias comunes, excepto en la incapacidad temporal,…», debe decir: «… contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal,…».
En la página 15231, en la rúbrica del artículo 2, donde dice: «… compatibiliar…», debe decir: «… compatibilizar…».
En la página 15232, en la redacción dada, por el artículo 4.uno, al apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en la regla 3ª.a), segundo párrafo, donde dice: «… mujeres jóvenes menores 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad…», debe decir: «… mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose la edad…».
En la página 15233, artículo 5.Dos, donde dice: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que redactada…», debe decir: «Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda redactada…».
En la página 15233, en el artículo 5.Dos, en la redacción dada al artículo 212.4.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, décima línea, donde dice: «… duración igual o inferior a sesenta meses El derecho…», debe decir: «… duración inferior a sesenta meses.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «El derecho…».
En la página 15237, artículo 9.7, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
En la página 15237, artículo 9.8, segunda línea, donde dice: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo…», debe decir: «… Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo…».
En la página 15239, artículo 12.6, primera línea, donde dice: «… las medidas a que se refiere este apartado…», debe decir: «… las medidas a que se refiere este artículo…».
En la página 15241, primera línea, en la redacción dada, por el artículo 15 a la disposición adicional trigésima segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde dice: «… en el Sistema Nacional de Empleo no podrán ser objeto de estos contratos marco…», debe decir: «… en el Sistema Nacional de Empleo.». Y, como párrafo diferente, tras punto y aparte: «No podrán ser objeto de estos acuerdos marco…».
En la página 15245, artículo 25.1, donde dice: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo x, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....», debe decir: «1. Una vez remitidas las certificaciones individuales previstas en el artículo 23, la entidad local elaborará un plan de ajuste,....»
En la página 15246 artículo 25.3, donde dice: «3. Si las entidades locales a las que se refiere el apartado 3 del artículo x de la presente norma tuviesen un plan de ajuste aprobado…», debe decir: «3. Si las entidades locales a las que se refiere
### RESUMEN: ABC convoca sus premios de periodismo, con un importe de diez mil euros cada uno. |
Convocatoria y Bases de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC.
ABC convoca sus tres Premios Internacionales de Periodismo:
Premio Mariano de Cavia:
Para artículos o crónicas con firma o seudónimo habitual. Instituido en 1920.
Premio Luca de Tena:
Para trayectorias periodísticas sobresalientes en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. Instituido en 1929.
Premio Mingote:
Se concede alternativamente a chistes, caricaturas o dibujos y fotografía. En esta edición, por haber sido premiado un chiste, caricatura o dibujo en la anterior, se convoca exclusivamente para fotografías. Instituido en 1966.
Cada uno de los premios está dotado con diez mil euros.
Presentación de trabajos:
Los trabajos presentados a los Premios Mariano de Cavia y Mingote, uno o dos por autor, deberán haber sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en idioma español y en papel, no se admitirán trabajos que hayan sido publicados únicamente en soporte digital.
Opciones de presentación:
· Por correo postal: Envío de copia original de cada trabajo.
· Por correo electrónico: Envío de PDF o página escaneada del medio en que se publicó.
Los participantes deberán incluir en su presentación: nombre y apellido, domicilio, teléfono, correo electrónico, título del trabajo, medio y fecha de publicación.
Las candidaturas al Premio Luca de Tena podrán ser presentadas mediante propuesta razonada, por cualquier medio de comunicación, academia, centro cultural, institución o personalidad, o por el propio interesado.
Direcciones para envío de trabajos y candidaturas:
· Correo postal: Director de ABC. Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027 Madrid.
· Correo electrónico: premiosperiodismo@abc.es
El plazo de presentación finalizará el día 30 de abril de 2014.
Jurado:
Procederá al examen y calificación de las obras y candidaturas presentadas atendiendo a su calidad periodística, a la oportunidad y tratamiento del tema y a sus bondades literarias en los trabajos presentados al Premio Mariano de Cavia; a su calidad artística en los que opten al Premio Mingote; y a la acreditación de los méritos en las propuestas para el Premio Luca de Tena.
Condiciones:
Los trabajos premiados podrán ser reproducidos por ABC bien entendido que esto no implicará ni exigirá la cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre las obras a la editora del periódico.
Madrid, 31 de enero de 2014.- Gerente y Apoderado de Diario ABC, S.L., don Francisco Javier Caballero Urquizu. | Cambios en el reglamento del Congreso para ampliar las situaciones en las que se pueda votar de forma telemática. | Convocatoria y Bases de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC.
ABC convoca sus tres Premios Internacionales de Periodismo:
Premio Mariano de Cavia:
Para artículos o crónicas con firma o seudónimo habitual. Instituido en 1920.
Premio Luca de Tena:
Para trayectorias periodísticas sobresalientes en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. Instituido en 1929.
Premio Mingote:
Se concede alternativamente a chistes, caricaturas o dibujos y fotografía. En esta edición, por haber sido premiado un chiste, caricatura o dibujo en la anterior, se convoca exclusivamente para fotografías. Instituido en 1966.
Cada uno de los premios está dotado con diez mil euros.
Presentación de trabajos:
Los trabajos presentados a los Premios Mariano de Cavia y Mingote, uno o dos por autor, deberán haber sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, en idioma español y en papel, no se admitirán trabajos que hayan sido publicados únicamente en soporte digital.
Opciones de presentación:
· Por correo postal: Envío de copia original de cada trabajo.
· Por correo electrónico: Envío de PDF o página escaneada del medio en que se publicó.
Los participantes deberán incluir en su presentación: nombre y apellido, domicilio, teléfono, correo electrónico, título del trabajo, medio y fecha de publicación.
Las candidaturas al Premio Luca de Tena podrán ser presentadas mediante propuesta razonada, por cualquier medio de comunicación, academia, centro cultural, institución o personalidad, o por el propio interesado.
Direcciones para envío de trabajos y candidaturas:
· Correo postal: Director de ABC. Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027 Madrid.
· Correo electrónico: premiosperiodismo@abc.es
El plazo de presentación finalizará el día 30 de abril de 2014.
Jurado:
Procederá al examen y calificación de las obras y candidaturas presentadas atendiendo a su calidad periodística, a la oportunidad y tratamiento del tema y a sus bondades literarias en los trabajos presentados al Premio Mariano de Cavia; a su calidad artística en los que opten al Premio Mingote; y a la acreditación de los méritos en las propuestas para el Premio Luca de Tena.
Condiciones:
Los trabajos premiados podrán ser reproducidos por ABC bien entendido que esto no implicará ni exigirá la cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre las obras a la editora del periódico.
Madrid, 31 de enero de 2014.- Gerente y Apoderado de Diario ABC, S.L., don Francisco Javier Caballero Urquizu.
### RESUMEN: Cambios en el reglamento del Congreso para ampliar las situaciones en las que se pueda votar de forma telemática. |
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El funcionamiento del procedimiento de voto telemático en el Congreso de los Diputados se ha consolidado técnicamente en los últimos meses como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia. Esta consolidación permite ampliar los supuestos que se establecieron en la reforma del artículo 82 aprobada en el año 2011 a aquellos casos en los que los parlamentarios deben ausentarse de la votación en una sesión plenaria para cumplir con compromisos de representación institucional en foros internacionales en el extranjero.
Artículo único.
Se modifica el apartado 2 del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que queda redactado como sigue:
«2. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático.
El mismo régimen de votación se aplicará a los miembros de las Delegaciones Permanentes de las Cortes Generales en Asambleas Parlamentarias, o a los Diputados y Diputadas que tuvieran compromisos de representación institucional en el extranjero en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, de sus Convenciones, o asimilados, cuando la participación en sus actividades oficiales les impida la asistencia a la votación en sesión plenaria.
A tal efecto, la Diputada o Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, quien le comunicará su decisión, precisando el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente.»
Disposición final primera.
La Mesa de la Cámara aprobará las disposiciones y adoptará las medidas necesarias para la puesta en práctica del procedimiento de voto telemático previsto en la presente reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Disposición final segunda.
La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña. | Convenio de prensa no diaria | EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El funcionamiento del procedimiento de voto telemático en el Congreso de los Diputados se ha consolidado técnicamente en los últimos meses como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia. Esta consolidación permite ampliar los supuestos que se establecieron en la reforma del artículo 82 aprobada en el año 2011 a aquellos casos en los que los parlamentarios deben ausentarse de la votación en una sesión plenaria para cumplir con compromisos de representación institucional en foros internacionales en el extranjero.
Artículo único.
Se modifica el apartado 2 del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que queda redactado como sigue:
«2. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático.
El mismo régimen de votación se aplicará a los miembros de las Delegaciones Permanentes de las Cortes Generales en Asambleas Parlamentarias, o a los Diputados y Diputadas que tuvieran compromisos de representación institucional en el extranjero en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, de sus Convenciones, o asimilados, cuando la participación en sus actividades oficiales les impida la asistencia a la votación en sesión plenaria.
A tal efecto, la Diputada o Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, quien le comunicará su decisión, precisando el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente.»
Disposición final primera.
La Mesa de la Cámara aprobará las disposiciones y adoptará las medidas necesarias para la puesta en práctica del procedimiento de voto telemático previsto en la presente reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Disposición final segunda.
La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». También se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2022.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
### RESUMEN: Convenio de prensa no diaria |
Visto el texto del Convenio colectivo nacional de prensa no diaria (código de convenio n.º 99010555011996), que fue suscrito, con fecha 25 de noviembre de 2013, de una parte, por la Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales CC.OO. y UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de diciembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE PRENSA NO DIARIA
CAPÍTULO I
Ámbito y vigencia
Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en Empresas de Prensa no Diaria.
A efectos de aplicación de este Convenio, se entiende por prensa no diaria todas las Empresas que editan publicaciones de aparición periódica no diaria de información general, actualidad o especializadas.
Artículo 2. Ámbito personal.
Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten servicios en las Empresas definidas por el Artículo 1, cualquiera que sean las funciones que realicen. Quedan expresamente excluidos:
a) Consejeros y personal de Alta Dirección.
b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.
c) Los corresponsales o colaboradores que tengan formalizado un contrato civil.
d) Los colaboradores a la pieza, independientemente que mantengan una relación continua.
Artículo 3. Ámbito normativo.
Todas las materias que son objeto de regulación del presente Convenio Colectivo sustituyen y derogan a las pactadas con anterioridad, sin perjuicio de los derechos consolidados.
Artículo 4. Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo será de obligatoria aplicación en todo el territorio del Estado Español.
Artículo 5. Vigencia.
La vigencia del presente Convenio será desde 1 de enero de 2013, sea cual fuera su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y tendrá una duración hasta 31 de diciembre de 2015.
Artículo 6. Denuncia.
I. El presente Convenio Colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas.
II. Denunciado el Convenio Colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto.
Artículo 7. Indivisibilidad.
Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.
Artículo 8. Garantía personal.
Se respetarán las situaciones personales que con carácter global excedan del Convenio, manteniéndose estrictamente «ad personam» cuando, examinadas en su conjunto, resulten más beneficiosas para el trabajador.
Artículo 9. Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y quedarán compensadas cuando los salarios que realmente perciba el trabajador, considerados en su conjunto y cómputo anual, y demás condiciones que disfrute el trabajador, sean más favorables que los fijados en el presente Convenio.
CAPÍTULO II
Organización del Trabajo
Artículo 10. Organización y dirección del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo es facultad exclusiva de la Empresa.
Los representantes de los trabajadores colaborarán con la Dirección de la Empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad.
De igual manera los representantes de los trabajadores serán informados por la Dirección de la Empresa, y deberán emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte de ésta sobre las siguientes cuestiones tal y como recoge el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores:
– Reestructuración de plantillas y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquellas.
– Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones. Planes de formación profesional de la Empresa.
– Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo.
– Estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.
Artículo 11. Formación profesional.
Las Empresas velarán, de una forma continuada, por la actualización de conocimientos por parte del personal. En consecuencia, los trabajadores tendrán derecho a:
a) Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.
b) Disfrutar del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional, con reserva del puesto de trabajo.
Para ejercitar cualquiera de estos derechos será requisito indispensable que el interesado justifique previamente la concurrencia de las circunstancias que confieren el derecho invocado.
Sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores, la representación de los mismos participará en la elaboración y desarrollo de los planes de formación de la Empresa.
Artículo 12. Formación continua.
Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del IV Acuerdo Nacional de Formación Continua de 1 de febrero de 2006 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo), o norma que lo sustituya, declarando que éste desarrollará sus efectos en el ámbito funcional del presente Convenio.
Queda facultada la Comisión Mixta que se creará al efecto para desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias conducentes a la aplicación de dicho acuerdo.
Artículo 13. Modificaciones tecnológicas.
Deberá informarse de cualquier proyecto de introducción de nuevas tecnologías, que pueda modificar las condiciones de trabajo de las distintas profesiones, previamente a su introducción, a los representantes de los trabajadores o Secciones Sindicales. En el caso de que un puesto de trabajo se vea afectado por modificaciones tecnológicas, la Dirección de la Empresa ofrecerá a los trabajadores que lo ocupaban, un curso de formación por el tiempo indispensable para su adaptación a las nuevas tecnologías, que en ningún caso tendrá una duración mayor de seis meses. Esta formación se dará en horas de trabajo o en su defecto serán compensadas con descanso.
CAPÍTULO III
Contratación e Ingreso
Artículo 14. Contratación e ingreso.
Es deseo de las partes firmantes del presente Convenio que prevalezca la estabilidad en el empleo.
El ingreso de los trabajadores se ajustará a las modalidades de contratación legales vigentes en cada momento, con las siguientes determinaciones:
A) Contrato eventual.
Son trabajadores eventuales por circunstancias de la producción aquellos contratados para realizar una actividad excepcional o esporádica, por un plazo máximo que no exceda de 12 meses en un período de dieciocho meses, con una sola prórroga de contrato. Si al término de este período no se hubiesen cubierto las necesidades temporales para las cuales fue contratado, el trabajador adquirirá la condición de fijo de plantilla con efectos desde el comienzo del primer contrato.
B) Contrato por obra o servicio.
Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, la duración del contrato no podrá tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por acuerdo con la representación de los trabajadores. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
C) Contrato para la formación y el aprendizaje.
La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años, con un máximo de dos prórrogas.
La formación inherente al contrato podrá ser recibida en un centro formativo autorizado (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) o impartida por la propia empresa cuando ésta disponga de los medios adecuados.
El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75% el primer año ni al 85% el segundo año.
La retribución del trabajador se fijará en función del tiempo de trabajo efectivo y del salario establecido en la categoría correspondiente del convenio colectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional.
D) Contrato en prácticas.
Quienes estuviesen en posesión de una titulación universitaria o de formación profesional podrán concertar contrato de trabajo en prácticas a fin de perfeccionar sus conocimientos y adecuarlos al nivel de estudios cursados.
La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años, con un máximo de dos prórrogas.
La retribución del trabajador será del 85% y 95%, para el primer y segundo año respectivamente, del salario establecido en la categoría correspondiente del convenio colectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional.
Artículo 15. Estudiantes becarios.
Las prácticas que realicen los estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos en un medio se regularán según el convenio de colaboración firmado entre la empresa y el centro docente del estudiante o Fundación coordinadora de estas prácticas.
En caso de que dicho convenio no lo regule, estas prácticas no podrán exceder de cinco meses, se realizarán en periodo lectivo, con un máximo de cinco horas diarias, excluyéndose los horarios nocturnos, fines de semana, festivos y período de vacaciones.
El número de becarios nunca podrá exceder del diez por ciento de la plantilla de la empresa.
Los estudiantes becarios deberán percibir como mínimo, el transporte y las comidas, además de cualquier gasto que genere su tarea en beneficio de la empresa.
La cotización por estos estudiantes será según la legislación vigente.
Artículo 16. Trabajo a distancia.
Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa, considerando las partes firmantes que el presente contrato es idóneo para promover la vida laboral, personal y familiar.
El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores para la copia básica del contrato de trabajo.
Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial.
Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en el presente Convenio. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.
Artículo 17. Cobertura de vacantes y promoción interna.
La Empresa definirá los puestos de carácter estructural necesarios para su funcionamiento. Cada vez que se produzca una vacante, excepto las de libre designación que corresponden a los grupos profesionales uno y dos, la Empresa la cubrirá en las siguientes condiciones:
a) La Empresa tendrá la obligación de informar a los representantes legales de los trabajadores sobre planes, previsiones y modalidades de contratación.
b) Todas las vacantes serán publicadas, indicando la sección y condiciones que se requieren para ocuparlas.
c) En cada sección tendrá preferencia para ocupar una vacante el trabajador más antiguo que estuviera sujeto a cualquier modalidad de contratación temporal.
d) En todo lo relativo a nuevas contrataciones se estará a lo dispuesto en el artículo 8.3.a) del Estatuto de los Trabajadores.
e) Obligación de entregar copia básica de cada contrato a los representantes legales de los trabajadores.
Cuando la Empresa pretenda cubrir un puesto de trabajo de nueva creación o una sustitución por ascenso o baja, deberá realizar una prueba de aptitud entre los trabajadores, conforme a lo regulado en este artículo.
En caso de no quedar cubierto el puesto vacante, tras la realización de la correspondiente prueba, la Empresa comunicará a la representación de los trabajadores, con una antelación de quince días, su decisión de cubrirlo mediante la contratación de personal ajeno a la Empresa.
Artículo 18. Periodos de prueba.
Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en ningún caso, podrá exceder de seis meses para los Técnicos Titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores, excepto para los no cualificados, en cuyo caso la duración máxima será de quince días. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su puesto de trabajo y categoría profesional. La resolución de la relación laboral podrá producirse a instancias de cualquiera de las partes en este período. El período de prueba será computable a efectos de antigüedad. El período de prueba quedará suspendido en caso de enfermedad o accidente del trabajador.
CAPÍTULO IV
Movilidad geográfica y funcional
Artículo 19. Traslados, cambios de puesto de trabajo y permutas.
Cuando, por necesidades económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente justificadas, las Empresas pretendan el traslado de un trabajador, un grupo de trabajadores o de la totalidad de la plantilla, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a su tramitación, plazos y condiciones.
Cuando el traslado se efectúe a solicitud del trabajador interesado, previa aceptación de la Empresa, las condiciones del traslado se pactarán entre las partes.
Si el traslado se efectúa por mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador, se estará a las condiciones establecidas por escrito entre ambas partes, sin perjuicio de las reconocidas legalmente.
Los trabajadores pertenecientes a la misma Empresa, área de actividad y grupo profesional con destinos en localidades distintas, nacionales o internacionales, podrán concertar la permuta de sus respectivos puestos, a reserva de lo que la Empresa decida en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud de ambos permutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que sean dignas de apreciar.
Artículo 20. Movilidad funcional.
La Empresa, por necesidades organizativas o productivas, podrá destinar a los trabajadores a realizar tareas de distinta naturaleza a la de su actividad profesional, teniendo como límite lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 21. Trabajos de grupo profesional superior.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio podrán realizar trabajos del grupo profesional inmediatamente superior dentro de su área de actividad, bien en casos excepcionales de necesidad perentoria, bien para sustituir a otros trabajadores en situación de I.T., vacaciones, licencias o excedencias.
La duración de estos trabajos, no podrá superar un período de seis meses en un año, salvo en el caso de sustitución por I.T. por enfermedad o accidente, que podrán tener una duración igual a la del período de la baja.
Durante el tiempo que dure esta prestación de grupo profesional superior, los trabajadores que la realicen percibirán las retribuciones integras del puesto de trabajo que desempeñen, sin que, en caso alguno, las diferencias retributivas que se produzcan puedan absorberse por aplicación de Convenio o disposición legal que modifique los conceptos retributivos.
Cuando se lleven a cabo trabajos de un grupo profesional superior, durante un período de tiempo mayor que el señalado en los párrafos anteriores, se producirá automáticamente la consolidación del ascenso profesional y económico del trabajador.
Artículo 22. Trabajos de grupo profesional inferior.
Por necesidades justificadas por la Empresa y previa notificación por escrito a la representación sindical, se podrá destinar a un trabajador a realizar funciones de un grupo profesional inmediatamente inferior al que esté adscrito, siempre que sea dentro de su área de actividad, conservando la retribución correspondiente a su grupo profesional y nivel salarial de origen.
Salvo casos excepcionales, en los que deberán estar de acuerdo los representantes de los trabajadores, esta situación no podrá prolongarse durante más de un mes, con el fin de no perjudicar la formación profesional del trabajador.
Asimismo, la Empresa no podrá reiterar la realización de trabajos de calificación profesional inferior a un mismo trabajador en un período inferior a seis meses.
Si el cambio de destino del trabajador a un grupo profesional inferior, tuviera su origen a petición del propio trabajador, se asignará a éste la retribución que corresponda al trabajo efectivamente realizado.
Artículo 23. Límites y garantías en la movilidad funcional.
Los límites para la movilidad funcional quedan conformados por la idoneidad profesional. Se entiende que existe idoneidad profesional cuando la capacidad para la nueva tarea se desprenda de la antes realizada, o cuando el trabajador tenga el nivel de formación y experiencia requeridos. En caso de no concurrir estas circunstancias, la Empresa deberá dotar al trabajador de la formación para el nuevo puesto, exigida en sus correspondientes definiciones de grupo y actividad profesional descritas en el Artículo 78 del presente convenio.
La formación no reglada exigible para el desarrollo de cualquier actividad profesional será diseñada por la Empresa, que deberá informar de su plan de capacitación a los representantes de los trabajadores.
No se podrá invocar, como causa de despido objetivo, la ineptitud sobrevenida en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales, como consecuencia de la movilidad funcional de cualquier tipo.
Artículo 24. Trabajadores con capacidad disminuida.
A los trabajadores que se les reconozca una incapacidad permanente parcial, derivada de accidente o enfermedad, común o profesional, que les impida continuar con las funciones que venían desarrollando, la Empresa les intentará garantizar un puesto de trabajo compatible con la invalidez que tengan declarada.
En esta situación, los trabajadores percibirán la retribución íntegra que corresponda al nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que pueda existir reducción alguna del salario como consecuencia de estar percibiendo la pensión correspondiente de la Seguridad Social.
CAPÍTULO V
Jornada de trabajo, horario, horas extraordinarias, descanso y vacaciones
Artículo 25. Calendario laboral.
Anualmente se elaborará entre la Empresa y la representación legal de los trabajadores el calendario laboral, teniendo en cuenta las limitaciones fijadas en el presente Convenio Colectivo, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo antes del 1 de enero de cada año.
Artículo 26. Jornada de Trabajo.
Desde el día 1 de enero de 2014 la jornada laboral para todo el personal afectado por este Convenio será de 37 horas efectivas semanales durante todas las semanas del año. Desde el 24 de junio hasta el día 7 de septiembre, ambos inclusive dicha jornada no podrá exceder de 35 horas a la semana, excepto pacto con los representantes de los trabajadores. Corresponde a las empresas y los representantes de los trabajadores fijar en el calendario laboral cómo se distribuyen el resto de año las horas no realizadas durante estos meses. También podrá pactarse entre las empresas y los trabajadores que dicha jornada continuada se realice durante más meses del año, así como que pueda ser inferior al periodo que marca este Convenio.
La jornada máxima ordinaria, será de 9 horas, teniendo que existir al menos 12 horas de intervalo entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente.
Todo el personal disfrutará dentro de esta jornada semanal de dos días de descanso consecutivos que, preferentemente, serán sábados y domingos.
A partir de la vigencia del presente convenio, las Empresas abonarán 8,20 euros en concepto de ayuda de comida, cuando se imponga la jornada partida a aquellos productores que la tuvieran continuada. De igual manera las Empresas que tuvieran establecida la jornada partida abonarán a sus productores la cantidad de 8,20 euros diarios, en concepto de ayuda de comida, o, caso contrario, les concederán un descanso para comer de dos horas y media. Si el trabajador, o los trabajadores, renunciaran a ese período de descanso, para disfrutar de otro de menor duración a su conveniencia, no tendrá derecho a percibir la ayuda de comida.
Igualmente, las Empresas que tengan establecida la jornada partida y que a la firma del presente Convenio sus trabajadores ya vinieran percibiendo la ayuda de comida, podrán pactar con la representación legal de los trabajadores la duración del horario de comida, manteniendo en todo caso, y sólo para quienes lo vinieran percibiendo, la ayuda económica que fija el Convenio, o la superior que se abone en la Empresa que se trate.
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, en las Empresas afectadas por el presente Convenio, se establece una flexibilidad en los horarios de entrada al trabajo de hasta 30 minutos antes y hasta 30 minutos después de la hora fijada para la incorporación al trabajo, siempre que técnicamente la empresa pueda ofrecer esta flexibilidad por tener sus instalaciones abiertas y funcionando adecuadamente. Se compensarán diariamente los adelantos o retrasos del horario de entrada en el horario de salida y respetándose, en todo caso los horarios de comida.
Artículo 27. Vacaciones.
Todos los trabajadores disfrutarán de veinticuatro días laborables de vacaciones anuales retribuidas.
Las vacaciones se disfrutaran preferentemente entre los meses de junio a septiembre ambos inclusive, previo acuerdo de la Empresa y los delegados de los trabajadores.
Si por cualquier causa, la Empresa dispone para el disfrute de las vacaciones, fecha distinta a las acordadas en este convenio, compensará al personal afectado con tres días más de vacaciones. Si el cambio de fecha del disfrute de las vacaciones se realiza a instancias del trabajador, éste no tendrá derecho a disfrutar ningún día de compensación por dicho cambio.
No podrá iniciarse el disfrute de las vacaciones, en domingo, festivo, ni en día que coincida con el descanso semanal del trabajador.
CAPÍTULO VI
Artículo 28. Retribuciones.
Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo, y corresponden a la jornada normal fijada en el presente Convenio. No formarán parte del salario, en su caso, las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.
Artículo 29. Salario.
Se entiende por salario la cantidad bruta que, con carácter ordinario y fijo, percibe el trabajador por todos los conceptos. La totalidad del salario deberá figurar en la nómina.
El salario base de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio será el que, para cada grupo profesional y nivel salarial, se establece en el anexo correspondiente. Estas remuneraciones tienen el carácter de mínimas y por jornada completa.
Artículo 30. Complemento ad personam.
El complemento ad personam que tengan consolidado los trabajadores en compensación del suprimido plus de antigüedad, se incrementará en el año 2015 en el mismo porcentaje en que se incremente el salario base.
Artículo 31. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias por el trabajador es voluntaria salvo en caso de horas de fuerza mayor. Cuando por necesidades del servicio sea necesario realizar horas extraordinarias, éstas se abonarán por el importe que se establece para cada grupo profesional y nivel salarial en las tablas salariales anexas.
Previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador afectado las horas extraordinarias se podrán compensar, por un tiempo de descanso de al menos 1,25 horas por cada hora extraordinaria realizada, dentro del mes siguiente a la fecha de su realización y por jornadas o medias jornadas completas.
Artículo 32. Plus de libre disposición.
El personal de Redacción que preste servicios en régimen de libre disposición percibirá, en concepto de «Plus de Libre Disposición», las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas.
La aceptación de este plus será voluntaria para el trabajador. Cualquiera de las partes podrá renunciar a la Libre Disposición con el preaviso de un mes.
Artículo 33. Plus de titularidad.
Todos los redactores titulados percibirán un «Plus de Titularidad» por importe de 588,72 euros anuales ó 49,06 euros mensuales.
Artículo 34. Plus de distancia y transporte.
Como compensación de los gastos de desplazamientos y medios de transporte dentro de esta localidad, así como desde el domicilio a los centros de trabajo y regreso, se establece un complemento extrasalarial, que se abonará a todas las categorías, sea cual fuere la duración de su jornada, según las cantidades que se fijan en las tablas salariales anexas. Este plus extrasalarial no se abonará durante el período vacacional ni en las gratificaciones extraordinarias.
Artículo 35. Desgaste de material.
Aquellas Empresas que no proporcionen equipo fotográfico a sus trabajadores, habrán de pactar con la parte interesada el pago de un complemento en concepto de desgaste de material y roturas en caso de servicio, cuya cuantía no podrá ser inferior a 83,15 euros mensuales. En caso contrario, la Empresa cubrirá todos los gastos de reparación y reposición de equipos.
Artículo 36. Pago.
El salario deberá ser satisfecho por meses. El retraso en el pago de los salarios, que sea imputable a la Empresa dará derecho al trabajador a percibir una indemnización equivalente al interés de la cantidad demorada, calculando el 10% anual desde la fecha que debería haber sido abonado.
Artículo 37. Anticipos.
El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo realizado, siempre que se soliciten una vez al mes y antes del día 15, sin que pueda exceder dicho anticipo del 50% de su salario mensual.
Artículo 38. No discriminación por sexo o nacionalidad.
Se abonará la misma retribución por trabajo de igual o similar valor o responsabilidad, independientemente del sexo o nacionalidad del personal que lo realice.
Artículo 39. Aumentos salariales.
Las partes acuerdan mantener las tablas salariales del año 2012 para los años 2013 y 2014 e incrementar un 0,6% partir del 1 de enero del año 2015 los siguientes conceptos: salario base, hora extraordinaria, plus de libre disposición, plus de transporte y complemento ad personam.
Artículo 40. Gratificaciones extraordinarias.
Se abonarán a todo el personal, como parte del salario, las gratificaciones extraordinarias con vencimiento superior al mes, que se harán efectivas en los meses de marzo, junio y diciembre, a razón de treinta días del salario base, cada una de ellas. Las fechas de abono de dichas gratificaciones reglamentarias serán los días hábiles anteriores al 15 de marzo del año siguiente, 15 de junio y 15 de diciembre.
Al personal que cese o ingrese en la Empresa en el transcurso del año, se le abonarán las gratificaciones prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios, computándose la fracción de semana o mes como completas. Esta misma norma se aplicará a los trabajadores eventuales, interinos o contratados por tiempo determinado.
Las empresas abonarán a los trabajadores una paga extraordinaria por el concepto de nupcialidad o constitución de pareja de hecho cuyo importe será 264 euros y otra paga de natalidad por cada hijo nacido por importe de 351 euros.
Toda persona que se jubile, percibirá por parte de la Empresa una llamada «paga de jubilación», que se abonará por una sola vez y consistirá en el total de una retribución mensual de su salario, incluidos todos los conceptos.
Artículo 41. Dietas.
Cuando por razones de trabajo el trabajador tenga que desplazarse fuera de la provincia y pasar al menos una noche fuera del lugar de residencia percibirá, en concepto de dieta, para manutención y hospedaje 93 euros diarios dentro de España y 185 euros en el extranjero.
Cuando la dieta fijada para el extranjero no alcance a cubrir los gastos realizados por el trabajador, la Empresa abonará la diferencia entre la dieta estipulada y los gastos efectuados, siempre que éstos lo hayan sido en establecimientos clasificados de tres estrellas, o similares, y previa justificación de los mismos.
Cuando por razones de trabajo se necesite comer fuera del domicilio, y el trabajador no esté recibiendo ayuda de comida, la Empresa abonará por comida, 21,50 euros.
Las Empresas abonarán a los trabajadores que utilicen su propio vehículo como medio de transporte la cantidad de 0,32 euros por kilómetro durante la vigencia del Convenio, debiendo estar el vehículo obligatoriamente asegurado a todo riesgo. En esta cantidad se incluyen todos los gastos; no obstante, cuando la Empresa ponga a disposición del trabajador un vehículo y éste lo rechace por preferir el suyo propio, las cantidades fijadas en este Artículo se reducirán en un 40%.
Artículo 42. Incapacidad temporal.
Durante la situación de incapacidad temporal y mientras el trabajador esté en dicha situación, cualesquiera que sean las contingencias de la que ésta se derive, la Empresa le abonará la diferencia entre lo que perciba en tal situación y el cien por cien de su salario Convenio.
Artículo 43. Procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo.
El presente convenio colectivo obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
No obstante lo anterior será de aplicación el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores para la inaplicación de las condiciones de este Convenio.
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas las partes someterán la discrepancia a la Comisión Paritaria del Convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse.
CAPÍTULO VII
Permisos, licencias y excedencias
Artículo 44. Permisos.
El trabajador, avisando con antelación y justificando posteriormente los motivos, tendrá derecho a licencia o permiso retribuido, en los siguientes supuestos y por la duración que se indica:
– Dieciséis días naturales en caso de matrimonio.
– Cuatro días en caso de fallecimiento o enfermedad grave de padres, hijos y parientes de primer grado de consanguinidad o afinidad y de tres días en caso de fallecimiento o enfermedad grave de parientes de segundo grado de consanguinidad o afinidad. Anexo III.
– Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
– Tres días al año en caso de traslado de domicilio habitual.
– Cuatro días naturales en caso de nacimiento de hijo, aunque éste tenga lugar fuera de la residencia del trabajador.
– Tres días al año para asuntos propios, previa comunicación con 48 horas de antelación y sin necesidad de justificación posterior.
– Los días 24 y 31 de diciembre.
En todo lo no previsto en el presente Artículo se estará a lo dispuesto, en materia de permisos y licencias, en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 45. I.T. por maternidad. Permiso de paternidad.
En el supuesto de parto, la baja tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de baja se disfrutará a opción de la interesada siempre que como mínimo, seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen al iniciarse el período de descanso, podrán optar indistintamente a éste.
En caso de adopción o acogimiento se estará a lo dispuesto en el Artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores.
El permiso de Paternidad equivale en todo al permiso de Maternidad, para el cual será de aplicación el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente.
Artículo 46. Acumulación de Lactancia.
Como establece el artículo 37.4 del Estatuto de los trabajadores, para la lactancia del menor hasta que este cumpla nueve meses, los trabajadores podrán sustituir con carácter voluntario el permiso habitual, 1 hora diaria en medio de la jornada o ½ hora diaria al inicio o final de la misma, por un permiso de 13 jornadas laborables que se acumularán a su permiso de maternidad y/o paternidad.
Artículo 47. Trabajo penoso o peligroso para el embarazo.
La mujer embarazada o en periodo de lactancia, en caso de desarrollar un trabajo declarado por el facultativo pertinente, como penoso o peligroso para su salud, la de su feto o bebé se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, especialmente en la materia de Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el trabajo.
Tendrán preferencia para ocupar, sólo por el tiempo que dure dicho estado, la primera vacante que se produzca en un puesto sin dicho riesgo.
En idénticos términos de duración y provisionalidad, previa solicitud y siempre que exista posibilidad para la Empresa, podrá permutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoría y salario.
En caso de no poder realizar esta permuta, la Empresa designará a la persona que habrá de cubrir el puesto de la mujer embarazada, quien por el carácter de provisionalidad de la situación, se reincorporará a su anterior puesto, cuando la embarazada cause baja en el trabajo por dicho motivo.
Artículo 48. Guarda legal.
El trabajador que tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un minusválido, físico, psíquico o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada diaria de trabajo de al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla, con la disminución proporcional del salario.
Artículo 49. Licencias.
Los trabajadores que tengan una antigüedad en la Empresa de un año podrán solicitar, y su autorización será discrecional por parte de la Empresa, en caso de necesidad justificada licencia sin sueldo por un plazo no superior a dos meses.
Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en el transcurso del año, ni repetirse durante dos años consecutivos.
Las licencias reguladas en este artículo podrán ser también con sueldo, para lo cual el trabajador deberá recuperar las horas utilizadas en la licencia dentro de una distribución equitativa, que no represente un aumento anormal o excesivo de la jornada diaria.
Artículo 50. Excedencia por maternidad/paternidad.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha del nacimiento. Los sucesivos hijos, darán derecho a un período de excedencia, que en su caso pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Durante el primer año de excedencia el trabajador/a tendrá derecho a la incorporación automática de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto del mismo grupo profesional.
El período en que el trabajador permanezca en esta situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en cada momento en la legislación vigente.
Artículo 51. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo, al reingreso automático y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia.
Tendrán la consideración de excedencia forzosa la designación o elección para cargo público y el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior, que imposibilite el cumplimiento de su jornada laboral, mientras dure el ejercicio de los cargos.
La reincorporación del trabajador, deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta días, a partir de la finalización de la situación que dio lugar a la excedencia.
Artículo 52. Excedencia voluntaria.
Las Empresas concederán a su personal de plantilla que, como mínimo, cuenten con una antigüedad de un año de servicio en la Empresa, el paso a la situación de excedencia voluntaria por un período de tiempo no inferior a cuatro meses ni superior de cinco años.
Su concesión será obligatoria por parte de la Empresa, salvo que vaya a utilizarse para trabajar en otra actividad idéntica o similar a la de la Empresa de origen. Será potestativa su concesión si no hubieran transcurrido cuatro años, al menos, desde el disfrute por el trabajador de excedencia anterior.
Durante el disfrute de la excedencia, a pesar de que se haya solicitado y concedido por un plazo superior a dos años, transcurridos éstos, podrá el trabajador renunciar al resto de la excedencia, con la obligación de avisar con un mes de antelación, su deseo de reincorporarse al trabajo activo.
El tiempo de excedencia voluntaria, no será computado a ningún efecto como antigüedad.
La petición de reingreso, deberá hacerse dentro del período de excedencia y el trabajador excedente sólo conservará un derecho preferente a reincorporarse en las plazas que queden vacantes.
En caso de que algún trabajador en situación de excedencia no solicitara el reingreso en las condiciones citadas, se entenderá que causa baja voluntaria. Transcurrido el tiempo de excedencia, será potestad de la Empresa, ampliarla por igual período a solicitud del trabajador.
Artículo 53. Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo.
Al cesar las causas legales de suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto de trabajo el trabajador tendrá derecho a la reincorporación automática a su anterior puesto de trabajo con la misma categoría que ostentaba.
Artículo 54. Cese voluntario.
Cuando el trabajador cause baja voluntaria al servicio de la Empresa, la misma está obligada a abonarle la liquidación el mismo día del cese en su relación laboral.
Por su parte, los trabajadores deberán comunicar a la Empresa su decisión de cesar, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: Personal Técnico Titulado, un mes; resto de los trabajadores, 15 días.
El incumplimiento del plazo de preaviso llevará aparejado la deducción de un día de salario por cada uno de retraso en el preaviso.
CAPÍTULO VIII
Derechos Sindicales
Artículo 55. Facultades y garantías sindicales.
Las facultades y garantías de los representantes legales de los trabajadores en el seno de las Empresas, serán las reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. No obstante, el crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros del Comité o Delegados de Personal, en cada centro de trabajo, será como mínimo de veinticinco horas para empresas de más de 60 trabajadores y de 20 horas para empresas de menos de 60 empleados. Asimismo, los distintos miembros del Comité de Empresa, y en su caso los Delegados de Personal, podrán acumularlos en uno o varios de sus componentes.
Artículo 56. Comités europeos.
En aplicación de la Directiva 94/95 CE del Consejo del 22 de septiembre de 1994 sobre la constitución de un Comité de Empresa Europeo, los miembros de la Comisión Negociadora y del Comité Europeo gozarían de la misma protección que los demás representantes de los trabajadores/as, no sufriendo en consecuencia ninguna discriminación a causa del ejercicio legítimo de su actividad.
Los citados miembros tienen derecho a participar en las reuniones, no solo del Comité de Empresa Europeo, sino también en cualquier otra actividad relacionada con el ejercicio de su función, percibiendo el salario correspondiente al período de ausencia necesario para el cumplimiento de su actividad.
Artículo 57. Comités intercentros.
Las Empresas afectadas por este Convenio que tengan dos o más centros de trabajo en la misma provincia o en otro punto cualquiera del territorio español, podrán constituir Comité Intercentros, con un máximo de 13 miembros, que serán designados entre los componentes de los distintos Comités de centro.
En la constitución del Comité Intercentros, se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales, considerados globalmente. Estos Comités Intercentros, mantendrán al menos una reunión semestral con la Dirección de la Empresa, en la que:
a) Será informado de la evolución del sector económico al que pertenece, sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción e inversiones, y la evolución probable del empleo en la Empresa, sobre la situación contable, y en general sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.
b) Serán informados con carácter previo a su ejercicio y cuando se refiera a uno o varios centros de trabajo, sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, sobre los planes de formación profesional de la Empresa, procesos de fusión, absorción o modificación del status jurídico de la Empresa y sobre cualquier modificación en la actividad empresarial.
c) El Comité Intercentros, podrá formular propuestas a la Dirección de la Empresa, que ésta deberá considerar o debatir conjuntamente con los Comités de Empresa.
Los Comités Intercentros tendrán al menos, las mismas competencias que los Comités de Centro, establecidas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, pero con respecto a la totalidad de los centros, así como a la negociación colectiva.
Artículo 58. Asamblea de trabajadores.
Los trabajadores de una empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea, para lo que dispondrán de 5 horas anuales dentro de la jornada de trabajo.
Podrá ser convocada por los Delegados de Personal, Comité de Empresa, Secciones Sindicales legalmente constituidas o un tercio de los trabajadores de la Empresa.
Artículo 59. Horas sindicales.
El crédito de horas que anteriormente se reconocen podrá ser utilizado para la asistencia a cursos de formación u otras actividades sindicales similares, organizadas por los sindicatos representativos del sector, previa oportuna convocatoria y posterior justificación de asistencia que serán expedidas por los aludidos Sindicatos.
Artículo 60. Derecho a sindicarse.
Las Empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente; no podrán supeditar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical, y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier otra forma, a causa de su afiliación o actividad sindical.
Artículo 61. Secciones sindicales y reuniones.
Los trabajadores afiliados a un Sindicato, podrán, en el ámbito de la Empresa o centro de trabajo:
a) Constituir Secciones Sindicales, de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de la hora de trabajo, y sin perturbar la actividad normal de la Empresa.
c) Recibir la información que le remita su Sindicato.
Artículo 62. Secciones sindicales.
Las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comité de Empresa o cuenten con Delegados de Personal, tendrán los siguientes derechos:
a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los trabajadores en general, la Empresa pondrá a su disposición tablones de anuncios que deberán situarse dentro del centro de trabajo y en el lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.
b) A la negociación colectiva en los trámites establecidos en la legislación específica.
Artículo 63. Cargos de nivel superior.
Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas tendrán derecho:
a) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo establecerse, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades del proceso productivo.
b) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su Sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.
Artículo 64. Comisión negociadora de convenios colectivos.
Los representantes sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculación como trabajador en activo en alguna Empresa, tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como negociadores, siempre que la Empresa esté afectada por la negociación.
Artículo 65. Delegados sindicales.
Los sindicatos que tengan la condición de mayoritarios a nivel nacional y autonómico podrán constituir secciones sindicales y estarán representados a todos los efectos por Delegados Sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la Empresa y centro de trabajo.
Artículo 66. Número de delegados sindicales.
El número de Delegados Sindicales por cada Sección Sindical que hayan obtenido el 10% de los votos en la elección al Comité de Empresa, se determinará según la siguiente escala:
De 250 a 750 trabajadores: 1.
De 751 a 2.000 trabajadores: 2.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: 3.
De 5.001 en adelante: 4.
Las Secciones Sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos estarán representadas por un solo Delegado Sindical.
Artículo 67. Funciones y derechos de los delegados sindicales.
La función de los delegados sindicales es presentar y defender los intereses del sindicato a quien representan.
Podrán asistir a las reuniones del Comité de Salud Laboral y Comités Paritarios de interpretación, con voz y sin voto.
Tendrán acceso a la misma información y documentación que la Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. En el supuesto de que no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las mismas garantías reconocidas en la Ley a los miembros del Comité de Empresa.
Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.
Artículo 68. Locales sindicales.
Las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que tengan representación en los Comités de Empresa, tendrán derecho a la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades, en aquellas Empresas o Centros de trabajo con más de 250 trabajadores. La Empresa facilitará los medios necesarios para ejercer sus funciones.
Artículo 69. Cuotas sindicales.
A requerimiento de los trabajadores afiliados a las Centrales Sindicales que ostenten la representación a que se refiere este apartado, la Empresa descontará en la nómina mensual de los trabajadores, el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá a la Dirección de la Empresa, un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical en la Empresa, si la hubiere.
Artículo 70. Prácticas antisindicales.
En cuanto a los supuestos de prácticas que, a juicio de alguna de las partes, quepan calificar de antisindicalistas, se estará a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
CAPÍTULO IX
Faltas y sanciones
Artículo 71. Faltas.
Se considera falta las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores, así como el quebranto o incumplimiento de los deberes de cualquier índole impuestos por las disposiciones legales en vigor y por el presente convenio colectivo. Según su índole y circunstancia las faltas se calificarán en leves, graves o muy graves.
Faltas leves:
a) Las que siendo producto de negligencia, descuido, errores o demoras en la realización de cualquier servicio no produzca perturbación importante en él y siempre que sea sin intención deliberada.
b) Hasta tres faltas de puntualidad superior a cinco minutos, en el transcurso del mes, sin causa justificada.
c) Distraerse en las horas de servicio en cualquier trabajo ajeno al mismo.
d) Ausentarse por tiempo breve de su puesto de trabajo.
e) La ostensible falta de aseo y limpieza personal.
f) Pequeños descuidos en la conservación del material, mobiliario y enseres.
g) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.
h) Faltar al trabajo un día sin la debida autorización o causa justificada.
i) No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente, cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
j) La asistencia al trabajo en estado de embriaguez.
k) Omitir la comunicación de las alteraciones familiares que afecten a la retención de impuestos o cargas sociales. Si las circunstancias revelasen especial malicia en esta omisión la falta se considerará grave.
l) En general, todas las acciones u omisiones de características análogas a las anteriormente relacionadas.
Faltas graves:
a) La mera desobediencia a las órdenes recibidas, siempre que no constituya un quebranto manifiesto de la disciplina.
b) Más de tres faltas de puntualidad en el transcurso del mes.
c) Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes sin causa justificada. Cuando de esta falta se deriven perjuicios para el servicio, se considerará como falta muy grave.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) Simular la presencia de otro empleado fichando o firmando por él la entrada o la salida del trabajo.
f) La negligencia o descuido en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio, o el retraso deliberado de las actuaciones que le son propias.
g) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, así como utilizar para uso propio útiles o materiales de la entidad.
h) La falta de veracidad comprobada en informes o manifestaciones verbales o escritas referentes al servicio.
i) Recibir gratificaciones, no siendo de la entidad, por trabajos propios de su función y el explotar, en provecho propio, los negocios de la sociedad.
j) La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo.
k) Las ofensas verbales ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la empresa.
l) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador o para sus compañeros, o peligro de avería para las instalaciones podrá ser considerado como falta muy grave.
m) La reincidencia en falta leve, aunque las correspondientes infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un mes, a partir de la primera falta de la citada graduación.
n) En general, todas las acciones u omisiones de características análogas de gravedad a las anteriormente relacionadas.
Faltas muy graves:
a) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto en la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante acto de servicio en cualquier lugar.
b) Más de seis faltas de puntualidad en el transcurso de un mes, o diez durante un trimestre o veinte durante un semestre.
c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, mobiliario y documentos de la entidad.
d) La embriaguez o toxicomanía habitual, si repercute negativamente en el trabajo.
e) Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la entidad o del personal.
f) Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.
g) El trabajo para otras empresas de las incluidas en el ámbito de este convenio o cuando se estime concurrencia desleal, sin autorización expresa de la empresa.
h) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal, de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
i) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
j) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los jefes o familiares, así como a los compañeros y subordinados.
k) Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
l) Acoso moral-psicológico, acoso sexual y acoso por razón de género.
m) La reincidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.
n) En general, todas las acciones u omisiones de características análogas a las anteriormente relacionadas.
Sanciones:
Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones de acuerdo con lo determinado en la legislación vigente.
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación.
Para la imposición de faltas muy graves la empresa deberá informar a la representación de los trabajadores. En los supuestos de sanciones por faltas de naturaleza sexual se realizará siempre con el conocimiento y la participación de los representantes legales de los trabajadores.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días; las graves, a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días en los supuestos h) y j).
Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo hasta treinta días.
Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa días. Despido.
CAPÍTULO X
Salud Laboral
Artículo 72. Salud laboral.
Las Empresas afectadas por este Convenio cumplirán las disposiciones contenidas en la vigente Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en el trabajo, así como el resto de reglamentos de especial aplicación a la actividad específica de la Empresa y a la de sus diversos centros laborales, secciones o departamentos.
Todas las Empresas constituirán el Comité de Salud Laboral en el trabajo de acuerdo con las disposiciones contenidas en ésta.
Artículo 73. Peligrosidad.
Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se considerarán como niveles máximos admisibles de sustancias químicas y agentes físicos, en el medio ambiente laboral, los valores límites umbrales que en cada momento vengan homologados por la legislación vigente.
b) Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones por el Servicio de Salud Laboral. Sus resultados serán comunicados, por la Dirección de la Empresa, a los representantes legales de los trabajadores y al Comité de Salud Laboral.
Artículo 74. Prevención de riesgos laborales.
El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
El deber de prevención establecido en el párrafo anterior tiene la consideración de deber laboral y supone, según lo establecido en los artículos 4,2.d) y 19 del Estatuto de los Trabajadores y en este artículo, la existencia de un correlativo derecho de los trabajadores a una eficaz protección.
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, y en el marco de sus responsabilidades, el empresario adoptará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de riesgos laborales, de formación y de información con unos medios necesarios.
Artículo 75. Vigilancia de la salud.
Las Empresas afectadas por el presente convenio pondrán especial atención a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esta vigilancia se realizará de acuerdo con lo establecido en los protocolos específicos legalmente establecidos para cada puesto de trabajo, y que establezcan las autoridades sanitarias correspondientes (Ministerio de Sanidad y Consumo y Comunidades Autónomas), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 37, punto 3 del Reglamento de los servicios de prevención.
Artículo 76. Terminales de ordenadores, pantallas de grabación y pantallas de video.
El trabajo de terminales de ordenador, pantallas de grabación y pantallas de vídeo, conlleva unas características que pueden derivar en situaciones de estrés, y otras enfermedades laborales. Para lo cual, los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de estos puestos de trabajo deberán tener la posibilidad de un sistema de organización del trabajo que les permita poder intercalar sus diferentes funciones, con el fin de no permanecer demasiado tiempo continuo frente a la pantalla, facilitando así la disminución del riesgo a los trabajadores.
No obstante, en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero; Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y Real Decreto 488/1997, de 14 de abril.
Los trabajadores que realicen trabajos en este tipo de puesto pasarán una revisión médica especialmente concebida para el puesto que desempeñan (Oftalmología, Traumatología, etc.) que se realizará según lo establecido en el protocolo médico correspondiente.
Los trabajadores que presten servicios en videoterminales o pantallas de grabación tendrán derecho a un descanso de quince minutos, por cada dos horas de trabajo. Este descanso no podrá ser acumulado, teniendo la consideración de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada, pudiendo realizarse durante este período otras tareas siempre que estén dentro de su competencia.
Artículo 77. Ropa de trabajo.
Todo aquel trabajador que por su actividad laboral requiriese la utilización de atuendo de trabajo, la Empresa estará obligada a facilitar las prendas y complementos adecuados para desarrollar su actividad cada año, una vez en temporada de invierno y otra en verano. En cualquier caso la Empresa deberá reponer tanto las prendas como los complementos, en el caso de que por desgaste de los mismos el trabajador lo quiera.
CAPÍTULO XI
Clasificación profesional y grupos profesionales
Artículo 78. Clasificación profesional.
1. Principios generales.
1.1 Se entiende por sistema de clasificación profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales.
1.2 A estos efectos, se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes profesionales, titulaciones y actividades profesionales.
1.3 El sistema de clasificación profesional será la base sobre la que se regulará la forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos.
2. Aspectos básicos de clasificación.
2.1 El presente sistema de clasificación profesional se establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el Artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia de un grupo profesional: titulaciones, aptitudes y actividades profesionales.
2.2 La clasificación profesional se realiza en áreas de actividad y grupos profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las tareas y funciones que desarrollan los trabajadores. Éstos, en función de la actividad profesional que desarrollan, serán adscritos a una determinada área de actividad y a un grupo profesional de los establecidos en el presente capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo y retributivo de la empresa.
La posesión por parte de un trabajador de alguna o todas las capacidades representativas de un grupo profesional determinado no implica necesariamente su adscripción al mismo, sino que su clasificación estará determinada por la exigencia y el ejercicio efectivo de tales capacidades en las funciones correspondientes a su puesto de trabajo. En cualquier caso, dichos mayores conocimientos por parte del trabajador le serán válidos y la empresa deberá tenerlos en cuenta en las futuras promociones que se planteen.
2.3 Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se definen a continuación:
2.3.1 Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un puesto de trabajo, referidos a una función o actividad empresarial. Este factor está formado por:
Titulación: Considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos teóricos que debe poseer una persona de capacidad media para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones del puesto de trabajo.
Especialización: Considera la exigencia de conocimientos especializados o complementarios a la formación inicial básica.
2.3.2 Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.
2.3.3 Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.
2.3.4 Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
2.3.5 Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
2.3.6 Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.
3. Áreas de actividad: Se entiende por áreas de actividad las agrupaciones organizativas de la empresa, teniendo en cuenta tanto el contenido de los puestos que las componen como los objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una carrera profesional. Son las siguientes:
3.1 Área de Redacción: Se integran en esta área de actividad aquellos puestos de trabajo cuya misión es la producción de contenidos en papel o en cualquier otro soporte, incluida la transmisión por medios electrónicos.
3.2 Área de Gestión: Quedan encuadrados en esta área de actividad todos los puestos que tienen como funciones primordiales labores de control interno de la empresa y cuyo objetivo fundamental es dar soporte al resto de las áreas de la misma. Agrupa cometidos propios de secretaría, gestión económica, administrativa y de recursos humanos, así como los de comercialización de productos.
4. Grupos profesionales: Los grupos profesionales, y dentro de ellos las divisiones por áreas de actividad y las tareas o labores descritas en los mismos, no suponen la obligación de tener provistas todas y cada una de dichas labores que aquí se enuncian si la necesidad y el volumen de la empresa no lo requieren.
A estos mismos efectos, las labores descritas a título de ejemplo en todos y cada uno de los grupos profesionales que siguen tienen un carácter meramente enunciativo, no limitativo, y deben servir de referencia para la asignación de puestos análogos que surjan con posterioridad como consecuencia de cambios tecnológicos.
Esta distribución profesional pretende obtener una estructura productiva más razonable, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución que corresponda a cada trabajador. Los puestos de trabajo y actividades profesionales vigentes a 30 de junio de 2004 se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio Colectivo.
Desde el momento en que exista en una empresa un trabajador que realice las funciones específicas de la definición de un grupo y actividad profesional, habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución que a la misma se le asigna en este Convenio.
En aquellos supuestos en que sea precisa la adscripción a un grupo determinado y su correspondiente labor, tarea o actividad profesional no venga recogida en el presente Convenio Colectivo, la misma será llevada a la Comisión Mixta del mismo.
Los grupos profesionales son los siguientes:
Grupo profesional 1.
Criterios generales: Funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control al más alto nivel de las distintas áreas de actividad de la empresa.
Las funciones del personal perteneciente a este grupo están dirigidas a la realización de las directrices empresariales orientadas a la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados. También se incluyen la toma de decisiones que afecten a aspectos fundamentales de la actividad de la empresa y el desempeño de puestos directivos en las diversas áreas de actividad y departamentos.
El personal de este grupo profesional es designado libremente por la empresa valorando sus capacidades.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 1: Director: Ejerce labores de dirección, organización, coordinación, planificación, control y supervisión de las actividades propias de su publicación o área de gestión.
Grupo profesional 2:
Criterios generales: Funciones que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la empresa, partiendo de directrices muy amplias y debiendo dar cuenta de su gestión a los Directores de las áreas de actividad o departamentos existentes.
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de trabajadores dentro de su misma área de actividad.
Funciones que consisten en la realización de actividades complejas y diversas, con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en autonomía y responsabilidad.
Se incluyen, además, la realización de tareas complejas que, implicando responsabilidad de mando, exigen un alto contenido intelectual o de interrelación humana.
Formación: Titulación universitaria superior o bien de grado medio complementada con una dilatada experiencia profesional. O, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, complementados con formación específica en el puesto de trabajo que sea equivalente a estudios universitarios de grado medio.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 2:
Subdirector: Bajo la supervisión de su director de área o departamento, contribuye a la realización de las funciones propias de éste y le sustituye en su ausencia.
Director de Sección (diseño gráfico, moda, belleza...): Bajo la supervisión y en coordinación con el director y subdirector de la publicación, decide los contenidos de su sección, planifica las actividades de la misma y coordina el trabajo de las personas a su cargo.
Nivel Salarial 3: Redactor Jefe: En dependencia del director y subdirector de la publicación, coordina y supervisa la ejecución de las tareas de redacción, realiza un trabajo literario de responsabilidad (titulación, revisión de textos) y sirve de enlace entre colaboradores, redacción y dirección de la publicación.
Nivel Salarial 4: Jefe de Sección (jefe de reportajes, cierre, edición, diseño gráfico, documentación, edición gráfica, informática, publicidad, marketing, administración...): Bajo la supervisión de su superior inmediato, organiza y supervisa las tareas del equipo a su cargo, si lo tuviese, o ejecuta las tareas de jefatura propias de su sección.
Grupo profesional 3:
Criterios Generales: Funciones: Realización de tareas complejas que, sin implicar mando, exigen un alto contenido intelectual. Puede desarrollar la coordinación de colaboradores en su ámbito funcional
Formación: Titulación universitaria superior específica para el desempeño de su profesión o bien de grado medio complementada con experiencia profesional adecuada.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 5:
Redactor: Redacta, edita, revisa y titula textos bajo la supervisión y en coordinación con sus superiores. Elabora los contenidos de la publicación en el área que tenga asignada.
Analista: Diseña, según instrucciones de su jefe de departamento, los programas informáticos y otros recursos de software necesarios para el mejor desarrollo de las tareas redaccionales y de gestión administrativa de la empresa. Realiza los cálculos necesarios para facilitar la tarea de desarrollo del software al programador, teniendo en cuanta la búsqueda de programas de estructuras de diálogo.
Nivel Salarial 6:
Corrector de Estilo/Edición: Lleva a cabo la revisión del contenido editorial de las páginas y la corrección de estilo y ortotipográfica de los textos.
Estilista: Selecciona los materiales (ropa, complementos, objetos de decoración) y planifica la infraestructura necesaria para la realización de las producciones gráficas de la publicación.
Documentalista: Se encarga de la recepción, clasificación y archivo de la información específica del departamento registrada en cualquier tipo de soporte, de forma que permita su almacenamiento, recuperación, utilización y difusión. Su trabajo incluye el mantenimiento de bases de datos documentales internas y el manejo de bases de datos externas.
Grupo profesional 4:
Criterios Generales: Funciones: Realización y desarrollo de tareas que, sin implicar mando, exigen un alto nivel de adecuación a las directrices generales de su departamento.
Formación: Titulación de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, todo ello complementado con formación específica para el puesto de trabajo.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 7:
Diseñador Gráfico: Elabora el diseño gráfico de la publicación en lo referente a la optimización de la composición de la página, siguiendo los criterios marcados por el director de arte y el jefe de diseño gráfico. Realiza la maquetación desde la recepción del material (fotos, textos) hasta la entrega de las páginas para su producción e impresión.
Fotógrafo: Realiza fotografías para elaborar los reportajes de la publicación y supervisa su correcto revelado y entrega al editor gráfico.
Retocadores de Imágenes Digitales: Quienes realizan los retoques o los montajes necesarios de las fotografías o imágenes previamente digitalizadas que se reciben en la Redacción, bajo las pautas del director de arte, jefe de diseño gráfico o diseñadores.
Programador Informático: Desarrolla, según instrucciones del analista, los comandos informáticos necesarios para que los programas u otros recursos de software cumplan con las necesidades del departamento.
Promotor de Publicidad: Realiza las tareas de captación de clientes para inserciones publicitarias, así como de recepción, seguimiento y control de materiales para su publicación.
Coordinador de Publicidad: Reserva espacios publicitarios y coordina su ubicación con los responsables de la redacción.
Oficial Administrativo: Realiza tareas estadísticas y contables que requieran cálculos medios, manejo y utilización de ficheros complejos y redacción de correspondencia con iniciativa propia en asuntos que excedan a los de trámite.
Grupo profesional 5:
Criterios generales: Funciones: Tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas. Su responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.
Formación: Conocimientos de grado medio, completados con una experiencia o una titulación profesional necesaria para desarrollar su función.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 8:
Ayudante de Sección (redacción, diseño gráfico, informática...): Realiza tareas complementarias propias del área o sección a la que está asignado.
Escanista: Escanea y retoca las fotos que recibe el equipo de diseño gráfico, bajo las pautas de los diseñadores, jefes de diseño y directores de arte.
Secretaria/o: Asiste al director y jefes intermedios para facilitar la organización de las tareas profesionales propias de éstos, así como a los componentes de su sección o departamento.
Grupo profesional 6:
Criterios generales: Funciones: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que exijan conocimientos profesionales de carácter elemental y un periodo breve de adaptación.
Formación: La formación básica exigible es la equivalente a E.S.O. o Formación Profesional de Grado Elemental, complementada profesionalmente con una formación específica de grado medio o con experiencia profesional.
En este grupo se incluyen actividades profesionales análogas a las que se definen a continuación:
Nivel Salarial 9:
Telefonista: Atiende y distribuye internamente las llamadas telefónicas procedentes del exterior. Asiste en el control de la gestión telefónica por ordenador.
Auxiliar Administrativo: Es la persona que, según directrices de sus superiores, realiza operaciones administrativas simples: tareas de facturación, gestión de archivos...
Almacenero: Lleva a cabo tareas de registro y ordenación de la paquetería.
Repartidor: Carga, traslada y distribuye interna o externamente los productos de la empresa.
Conductor: Provisto del permiso de circulación de la clase correspondiente, se encarga de la conducción de vehículos para realizar tareas relativas a la producción y distribución editorial.
Conserje: Realiza tareas de recepción de personas y objetos en el ámbito del centro de trabajo.
Artículo 79. Tabla de equivalencias.
A los efectos de facilitar el cambio de categorías profesionales a los grupos profesionales definidos en el Artículo anterior, se ha configurado una tabla de equivalencias categorías- grupos profesionales-niveles salariales en la disposición transitoria primera del presente Convenio Colectivo.
La aplicación de la tabla de equivalencias en ningún caso puede dar lugar a disminución del Salario Base de los trabajadores afectados.
Disposición transitoria primera. Tabla de equivalencias. Áreas de actividad.
Grupos profesionales
Niveles salariales
Redacción
Gestión
1
1
Director.
2
2
Subdirector. Director de Arte. Director de Moda.
Técnico Titulado Superior.
3
Redactor Jefe.
Jefe Departamento.
4
Redactor Jefe Sección.
Jefe de Sección.
3
5
Redactor.
Jefe de Negociado. Técnico Titulado Medio. Analista.
6
Documentalista. Corrector
de Estilo. Estilista.
4
7
Diagramador. Fotógrafo.
Fotógrafo de Laboratorio. Retocador de Imágenes Digitales.
Promotor de Publicidad. Coordinador de Publicidad.
Oficial Primera de Administración. Programador.
5
8
Ayudante Redacción. Operador
de Escáner. Secretaria/o
de Redacción.
Encargado de Almacén.
Técnico no Titulado. Secretaria/o.
Jefe de Ventas (Distribución).
6
9
Auxiliar Administración. Operador Ordenador. Telefonista.
Cobrador-Pagador. Ayudante. Almacenero. Repartidor.
Oficial Segunda Manipulador. Conductor.
Conserje. Portero. Ordenanza. Motorista.
Guardas, Serenos y Vigilantes. Mozo.
Personal de Limpieza.
Disposición adicional primera. Uso genérico del lenguaje.
En el texto se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a las trabajadoras y trabajadores, al efecto de no realizar una escritura demasiado compleja, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la diferenciación de género.
Disposición adicional segunda. Equiparación matrimonios y parejas de hecho.
Se reconocen los mismos derechos que a los cónyuges en matrimonio, a las personas que no habiéndose casado entre ellos, conviven en unión afectiva, estable y duradera, previa justificación de estos extremos mediante certificación de inscripción en el correspondiente registro oficial de parejas de hecho.
Disposición adicional tercera. Víctimas de violencia de género.
En todo lo relacionado con este asunto, las Empresas se ajustarán a lo que dispone el ordenamiento jurídico y legislación vigente.
Disposición adicional cuarta. Personal de redacción.
El personal de redacción no podrá ser obligado a realizar trabajos de carácter informativo en los que emitan opiniones contrarias a sus convicciones; no se les podrá obligar a realizar informaciones inexactas o incompletas ni firmar aquellas en las que se les impida expresar su opinión sobre el tema de que se trate, cuando deterioren la objetividad de la información.
Disposición final primera. Comisión Mixta Paritaria.
A los efectos del presente Convenio y de dirimir diferencias de aplicación que puedan surgir en materias relacionadas con él, se nombrará una Comisión Mixta Paritaria de interpretación del mismo con las atribuciones y gestiones previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Esta Comisión estará integrada por cuatro miembros y un asesor por cada una de las partes.
Se reunirá cuando sea necesario a los fines previstos en el presente Convenio, a instancia de cualquiera de la partes y en el plazo de quince días desde que se realice la solicitud de reunión, y con máxima urgencia cuando reciba cualquier consulta sobre inaplicación de Convenio, según lo que indica el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Si no se alcanza un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos establecidos en la disposición final segunda del presente Convenio Colectivo.
El domicilio de la Comisión se establece provisionalmente en los locales de la Asociación de Revistas de Información (A.R.I.), sitos en la Calle Orense 23, 2, 28020 Madri.
Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de Igualdad y Conciliación en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007, de 22 de marzo; para su aplicación, desarrollo, seguimiento y vigilancia de los planes y medidas de igualdad en las Empresas del Sector. Las empresas afectadas por el presente Convenio, aplicarán con el máximo celo e interés, lo dispuesto en las Leyes de Igualdad y Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral de los trabajadores.
Desarrollará iniciativas conducentes a la aplicación del Acuerdo Nacional de Empleo vigente en cada año de duración del presente Convenio.
Así mismo, asumirá aquellas otras funciones y competencias recogidas en la legislación.
Disposición final segunda. Adhesión a los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan someter al Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), los conflictos que puedan surgir en el ámbito del mismo, adhiriéndose al V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos (A.S.A.C.), así como a su reglamento de desarrollo.
Disposición final tercera.
El presente Convenio se concierta entre las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T., en representación de los trabajadores, y la Asociación de Revistas de Información (A.R.I.) y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (A.E.E.P.P.), en representación de las Empresas Editoras de Prensa no Diaria. Ambas representaciones se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir este Convenio.
ANEXO 1
Tablas salariales. Años 2013 y 2014
Tabla salarial mensual
Grupo profesional
Nivel salarial
Salario base
Plus de libre dispos.
Hora extra
Plus transporte
1
1
1.890,37
81,48
21,81
62,15
2
2
1.718,52
74,07
19,83
62,15
3
1.554,57
65,00
17,94
62,15
4
1.426,04
57,69
16,46
62,15
3
5
1.252,11
48,26
14,45
62,15
6
1.188,53
13,71
62,15
4
7
1.150,64
48,26
13,28
62,15
5
8
1.067,13
32,32
12,32
62,15
6
9
888,32
10,25
62,15
Tabla salario anual
Grupo profesional
Nivel salarial
Salario base
Plus de libre dispos.
Plus transporte
1
1
28.355,57
977,76
683,65
2
2
25.777,78
888,84
683,65
3
23.318,50
780,00
683,65
4
21.390,54
692,28
683,65
3
5
18.781,64
579,12
683,65
6
17.827,95
683,65
4
7
17.259,59
579,12
683,65
5
8
16.066,98
387,84
683,65
6
9
13.324,83
683,65
Artículo 35. Plus de titularidad.
Todos los redactores titulados percibirán un plus por importe de 588,72 euros anuales o 49,06 euros mensuales.
Artículo 36. Plus transporte.
El plus transporte queda fijado en 683,65 euros anuales o 62,15 euros mensuales.
Artículo 37. Desgaste de material.
Queda fijado en 83,15 euros.
Artículo 42. Gratificaciones especiales.
Nupcialidad 264,00 euros y natalidad 351,00 euros.
Artículo 43. Dietas.
España: 93,00 euros.
Extranjero: 185,00 euros.
Comida: 21,50 euros.
Vehículo/km: 0,32 euros.
ANEXO 2
Tablas salariales. Año 2015
Tabla salarial mensual
Grupo profesional
Nivel salarial
Salario base
Plus de libre dispos.
Hora extra
Plus transporte
1
1
1.901,71
81,97
21,94
62,52
2
2
1.728,83
74,51
19,95
62,52
3
1.563,89
65,39
18,05
62,52
4
1.434,59
58,04
16,55
62,52
3
5
1.259,62
48,55
14,54
62,52
6
1.195,66
13,79
62,52
4
7
1.157,54
48,55
13,36
62,52
5
8
1.073,53
32,51
12,39
62,52
6
9
893,65
10,31
62,52
Tabla salario anual
Grupo profesional
Nivel salarial
Salario base
Plus de libre dispos.
Plus transporte
1
1
28.525,71
983,63
687,75
2
2
25.932,45
894,17
687,75
3
23.458,41
784,68
687,75
4
21.518,88
696,43
687,75
3
5
18.894,33
582,59
687,75
6
17.934,92
687,75
4
7
17.363,14
582,59
687,75
5
8
16.103,02
390,17
687,75
6
9
13.404,78
687,75
Artículo 35. Plus de titularidad.
Todos los redactores titulados percibirán un plus por importe de 588,72 euros anuales o 49,06 euros mensuales.
Artículo 36. Plus transporte.
El plus transporte queda fijado en 687,75 euros anuales o 62,52 euros mensuales.
Artículo 37. Desgaste de material.
Queda fijado en 83,15 euros.
Artículo 42. Gratificaciones especiales.
Nupcialidad 264,00 euros y natalidad 351,00 euros.
Artículo 43. Dietas.
España: 93,00 euros.
Extranjero: 185,00 euros.
Comida: 21,50 euros.
Vehículo/km: 0,32 euros.
ANEXO
Grados de consanguinidad y afinidad | El Banco de España nombra 3 administradores provisionales para Banco de Madrid | Visto el texto del Convenio colectivo nacional de prensa no diaria (código de convenio n.º 99010555011996), que fue suscrito, con fecha 25 de noviembre de 2013, de una parte, por la Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales CC.OO. y UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de diciembre de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE PRENSA NO DIARIA
CAPÍTULO I
Ámbito y vigencia
Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo en Empresas de Prensa no Diaria.
A efectos de aplicación de este Convenio, se entiende por prensa no diaria todas las Empresas que editan publicaciones de aparición periódica no diaria de información general, actualidad o especializadas.
Artículo 2. Ámbito personal.
Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten servicios en las Empresas definidas por el Artículo 1, cualquiera que sean las funciones que realicen. Quedan expresamente excluidos:
a) Consejeros y personal de Alta Dirección.
b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.
c) Los corresponsales o colaboradores que tengan formalizado un contrato civil.
d) Los colaboradores a la pieza, independientemente que mantengan una relación continua.
Artículo 3. Ámbito normativo.
Todas las materias que son objeto de regulación del presente Convenio Colectivo sustituyen y derogan a las pactadas con anterioridad, sin perjuicio de los derechos consolidados.
Artículo 4. Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo será de obligatoria aplicación en todo el territorio del Estado Español.
Artículo 5. Vigencia.
La vigencia del presente Convenio será desde 1 de enero de 2013, sea cual fuera su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y tendrá una duración hasta 31 de diciembre de 2015.
Artículo 6. Denuncia.
I. El presente Convenio Colectivo se considerará prorrogado por un año más, y así sucesivamente si por cualquiera de las partes no se denunciara fehacientemente el mismo con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de vencimiento o del vencimiento de cualquiera de sus prórrogas.
II. Denunciado el Convenio Colectivo por cualquiera de las partes, y constituida la Mesa de Negociación en el plazo de un mes, permanecerá en vigor tanto su contenido normativo, como obligacional, hasta que hayan transcurrido veintiún meses desde su denuncia, periodo a partir del cual perderá su vigencia y todos sus efectos, de no alcanzarse un nuevo acuerdo al respecto.
Artículo 7. Indivisibilidad.
Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.
Artículo 8. Garantía personal.
Se respetarán las situaciones personales que con carácter global excedan del Convenio, manteniéndose estrictamente «ad personam» cuando, examinadas en su conjunto, resulten más beneficiosas para el trabajador.
Artículo 9. Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y quedarán compensadas cuando los salarios que realmente perciba el trabajador, considerados en su conjunto y cómputo anual, y demás condiciones que disfrute el trabajador, sean más favorables que los fijados en el presente Convenio.
CAPÍTULO II
Organización del Trabajo
Artículo 10. Organización y dirección del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo es facultad exclusiva de la Empresa.
Los representantes de los trabajadores colaborarán con la Dirección de la Empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad.
De igual manera los representantes de los trabajadores serán informados por la Dirección de la Empresa, y deberán emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte de ésta sobre las siguientes cuestiones tal y como recoge el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores:
– Reestructuración de plantillas y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquellas.
– Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones. Planes de formación profesional de la Empresa.
– Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo.
– Estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.
Artículo 11. Formación profesional.
Las Empresas velarán, de una forma continuada, por la actualización de conocimientos por parte del personal. En consecuencia, los trabajadores tendrán derecho a:
a) Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.
b) Disfrutar del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional, con reserva del puesto de trabajo.
Para ejercitar cualquiera de estos derechos será requisito indispensable que el interesado justifique previamente la concurrencia de las circunstancias que confieren el derecho invocado.
Sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores, la representación de los mismos participará en la elabor
### RESUMEN: El Banco de España nombra 3 administradores provisionales para Banco de Madrid |
La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de 12 de marzo de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Sustituir provisionalmente el consejo de administración de «Banco de Madrid, S.A.» de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, dejando sin efecto a partir de esta fecha la medida de intervención adoptada el pasado 10 de marzo de 2015 y designando, de conformidad con lo previsto en el artículo 73.1 de dicha Ley, como administradores provisionales de «Banco de Madrid, S.A.» a las siguientes personas:
– Don José Antonio Portugal Alonso;
– Don José Borrúe Asensio; y
– Don Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard.
que ostentarán al efecto todas y cada una de las facultades que la normativa vigente en cada momento reconoce al órgano de administración de «Banco de Madrid, S.A.» siendo necesario que para su ejercicio actúen al menos dos de ellos de forma mancomunada.
Este acuerdo es inmediatamente ejecutivo.
El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» dándose traslado del mismo al Registro Mercantil para su inscripción, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73.2 y 326.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y del Reglamento del Registro Mercantil, respectivamente.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad, con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 12 de marzo de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez. | Universidades 2015/16: prescripción hasta el 3 de julio; publicación admitidos: hasta el 17 de julio, que abre matriculación. | La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de 12 de marzo de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Sustituir provisionalmente el consejo de administración de «Banco de Madrid, S.A.» de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, dejando sin efecto a partir de esta fecha la medida de intervención adoptada el pasado 10 de marzo de 2015 y designando, de conformidad con lo previsto en el artículo 73.1 de dicha Ley, como administradores provisionales de «Banco de Madrid, S.A.» a las siguientes personas:
– Don José Antonio Portugal Alonso;
– Don José Borrúe Asensio; y
– Don Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard.
que ostentarán al efecto todas y cada una de las facultades que la normativa vigente en cada momento reconoce al órgano de administración de «Banco de Madrid, S.A.» siendo necesario que para su ejercicio actúen al menos dos de ellos de forma mancomunada.
Este acuerdo es inmediatamente ejecutivo.
El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» dándose traslado del mismo al Registro Mercantil para su inscripción, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73.2 y 326.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y del Reglamento del Registro Mercantil, respectivamente.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad, con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 12 de marzo de 2015.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.
### RESUMEN: Universidades 2015/16: prescripción hasta el 3 de julio; publicación admitidos: hasta el 17 de julio, que abre matriculación. |
El artículo 7 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, dispone que «La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las universidades».
En virtud de lo anterior, la Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 20 de abril de 2015, ha acordado las siguientes fechas límite de preinscripción, de publicación de las listas de admisión y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso 2015-2016:
• Período para la preinscripción: deberá estar abierto hasta el 3 de julio de 2015, inclusive.
Por lo que se refiere a los estudiantes que accedan a la universidad por la vía prevista en el artículo 9.1.b) y 9.2.b) y c) del citado Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, dicho período deberá estar abierto hasta el 13 de julio de 2015, inclusive.
• Fecha para la publicación de la lista de admitidos: hasta el 17 de julio de 2015.
• Periodo de matriculación: deberá estar abierto desde la fecha de publicación de las lista de admitidos.
Madrid, 20 de abril de 2015.–El Secretario General de Universidades, Juan María Vázquez Rojas. | En el aeropuerto de Logroño se han encontrado dos aeronaves abandonadas. | El artículo 7 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, dispone que «La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las universidades».
En virtud de lo anterior, la Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 20 de abril de 2015, ha acordado las siguientes fechas límite de preinscripción, de publicación de las listas de admisión y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso 2015-2016:
• Período para la preinscripción: deberá estar abierto hasta el 3 de julio de 2015, inclusive.
Por lo que se refiere a los estudiantes que accedan a la universidad por la vía prevista en el artículo 9.1.b) y 9.2.b) y c) del citado Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, dicho período deberá estar abierto hasta el 13 de julio de 2015, inclusive.
• Fecha para la publicación de la lista de admitidos: hasta el 17 de julio de 2015.
• Periodo de matriculación: deberá estar abierto desde la fecha de publicación de las lista de admitidos.
Madrid, 20 de abril de 2015.–El Secretario General de Universidades, Juan María Vázquez Rojas.
### RESUMEN: En el aeropuerto de Logroño se han encontrado dos aeronaves abandonadas. |
El Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo hace saber: Que desde el día 27 de julio de 2014, se encuentran presuntamente abandonadas en este aeropuerto las aeronaves, ambas de propietario desconocido
'EC-BJY SIAI Marchetti S-205-20R' y 'F-GCER Socata TB-10/200 Tobago'
Lo que se publica a efectos previstos en el artículo 138 y siguientes de la Ley 48/1960, de Navegación Aérea.
Agoncillo, 27 de julio de 2015.- El Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, Antonio García Pierre. | La Generalitat vende el Hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols por 1.869.000,00 euros. | El Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo hace saber: Que desde el día 27 de julio de 2014, se encuentran presuntamente abandonadas en este aeropuerto las aeronaves, ambas de propietario desconocido
'EC-BJY SIAI Marchetti S-205-20R' y 'F-GCER Socata TB-10/200 Tobago'
Lo que se publica a efectos previstos en el artículo 138 y siguientes de la Ley 48/1960, de Navegación Aérea.
Agoncillo, 27 de julio de 2015.- El Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, Antonio García Pierre.
### RESUMEN: La Generalitat vende el Hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols por 1.869.000,00 euros. |
El Director Técnico del Departamento 3º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-90/17, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 15 de junio de 2017, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance nº C-90/17, del ramo: SECTOR PÚBLICO LOCAL (AYTO. DE ALTEA), ALICANTE, como consecuencia de irregularidades en la adjudicación del contrato relativo al polideportivo municipal de dicha localidad.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 15 de junio de 2017.- Director Técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo. | Decreto de ayudas a las fundaciones vinculadas a partidos que da Cultura. Se encargará la ministra de Justicia. | El Director Técnico del Departamento 3º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance nº C-90/17, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 15 de junio de 2017, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance nº C-90/17, del ramo: SECTOR PÚBLICO LOCAL (AYTO. DE ALTEA), ALICANTE, como consecuencia de irregularidades en la adjudicación del contrato relativo al polideportivo municipal de dicha localidad.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 15 de junio de 2017.- Director Técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo.
### RESUMEN: Decreto de ayudas a las fundaciones vinculadas a partidos que da Cultura. Se encargará la ministra de Justicia. |
El Ministro de Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la propuesta al Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
Dicha abstención viene motivada por concurrir la causa prevista en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Que la Ministra de Justicia sustituya al Ministro de Cultura y Deporte en la propuesta al Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | El CIE de Fuerteventura echa el cierre. | El Ministro de Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ha considerado procedente abstenerse del ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la propuesta al Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
Dicha abstención viene motivada por concurrir la causa prevista en el artículo 11.2.e) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Que la Ministra de Justicia sustituya al Ministro de Cultura y Deporte en la propuesta al Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social.
Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
### RESUMEN: El CIE de Fuerteventura echa el cierre. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
2) Domicilio:
C/ Santa Hortensia, 30, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28002.
4) Teléfono:
91.732.50.30 - 91.732.50.27.
5) Telefax:
91.732.50.26 – 91.732.50.25.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente:
A/SUM-033697/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'programación' en centros educativos públicos que imparten educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Plazo de fabricación: Un mes. Plazo de entrega: 10 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
Lotes 1 a 3: 30213100-6. Lotes 4: 30237200-1. Lote 5 a 7: 30120000-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Un criterio, el precio.
4. Valor estimado del contrato:
1.551.250,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: Lote 1: 379.516,50 euros. Lote 2: 368.354,25 euros. Lote 3: 368.354,25 euros. Lote 4: 131.890,00 euros. Lote 5: 209.632,50 euros. Lote 6: 209.632,50 euros. Lote 7: 209.632,50.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): Importe de la garantía provisional del total del contrato: 31.025,00 euros. Aquellos licitadores que no presenten oferta a la totalidad del contrato, deberán aportar una garantía provisional del 2% de la base imponible del presupuesto del lote/s a los que liciten, según el siguiente desglose: Lote 1: 6.273,00 euros. Lote 2: 6.088,50 euros. Lote 3: 6.088,50 euros. Lote 4: 2.180,00 euros. Lote 5: 3.465,00 euros. Lote 6: 3.465,00 euros. Lote 7: 3.465,00. Definitiva (%): 5,00 % del importe de adjudicación sin IVA del lote o lote adjudicado.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
17 de junio de 2015, a las 14 h.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
C/ Santa Hortensia, 30, planta baja.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28002.
4) Dirección electrónica:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Quince días.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte (D.G. de Infraestructuras y Servicios).
b) Dirección:
C/ Santa Hortensia, 30, planta baja.
c) Localidad y código postal:
Madrid-28002.
d) Fecha y hora:
Fecha: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente a contar desde el último día de presentación de ofertas. Si este último día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente. Hora: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará a las 10:00 horas. A las 13:00 horas se podrá informar a aquellos licitadores comparecientes del resultado de la misma. Posteriormente se les comunicará, a todos los licitadores, la fecha y hora de celebración de la Mesa para la Apertura de las Proposiciones Económicas.
10. Gastos de publicidad:
3000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
8 de mayo de 2015.
12. Otras informaciones:
Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador, figurando en el exterior denominación del contrato, nombre y CIF. El nº y denominación de los sobres se determinan en el Pliego Se incluirá relación de los documentos.
Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre. | Medio Ambiente da el visto bueno a la captación de aguas subterráneas para abastecer al club de golf Las Encinas de Boadilla. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
2) Domicilio:
C/ Santa Hortensia, 30, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28002.
4) Teléfono:
91.732.50.30 - 91.732.50.27.
5) Telefax:
91.732.50.26 – 91.732.50.25.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente:
A/SUM-033697/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de equipamiento informático necesario para la implantación de la nueva asignatura de 'programación' en centros educativos públicos que imparten educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Plazo de fabricación: Un mes. Plazo de entrega: 10 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
Lotes 1 a 3: 30213100-6. Lotes 4: 30237200-1. Lote 5 a 7: 30120000-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Un criterio, el precio.
4. Valor estimado del contrato:
1.551.250,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: Lote 1: 379.516,50 euros. Lote 2: 368.354,25 euros. Lote 3: 368.354,25 euros. Lote 4: 131.890,00 euros. Lote 5: 209.632,50 euros. Lote 6: 209.632,50 euros. Lote 7: 209.632,50.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): Importe de la garantía provisional del total del contrato: 31.025,00 euros. Aquellos licitadores que no presenten oferta a la totalidad del contrato, deberán aportar una garantía provisional del 2% de la base imponible del presupuesto del lote/s a los que liciten, según el siguiente desglose: Lote 1: 6.273,00 euros. Lote 2: 6.088,50 euros. Lote 3: 6.088,50 euros. Lote 4: 2.180,00 euros. Lote 5: 3.465,00 euros. Lote 6: 3.465,00 euros. Lote 7: 3.465,00. Definitiva (%): 5,00 % del importe de adjudicación sin IVA del lote o lote adjudicado.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
17 de junio de 2015, a las 14 h.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
C/ Santa Hortensia, 30, planta baja.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28002.
4) Dirección electrónica:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
e) Admisión de variantes:
No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Quince días.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte (D.G. de Infraestructuras y Servicios).
b) Dirección:
C/ Santa Hortensia, 30, planta baja.
c) Localidad y código postal:
Madrid-28002.
d) Fecha y hora:
Fecha: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente a contar desde el último día de presentación de ofertas. Si este último día fuera inhábil el acto se realizará el día hábil siguiente. Hora: La Mesa de Calificación de la Documentación Administrativa se celebrará a las 10:00 horas. A las 13:00 horas se podrá informar a aquellos licitadores comparecientes del resultado de la misma. Posteriormente se les comunicará, a todos los licitadores, la fecha y hora de celebración de la Mesa para la Apertura de las Proposiciones Económicas.
10. Gastos de publicidad:
3000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
8 de mayo de 2015.
12. Otras informaciones:
Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador, figurando en el exterior denominación del contrato, nombre y CIF. El nº y denominación de los sobres se determinan en el Pliego Se incluirá relación de los documentos.
Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Director General de Infraestructuras y Servicios, Gonzalo Aguado Aguirre.
### RESUMEN: Medio Ambiente da el visto bueno a la captación de aguas subterráneas para abastecer al club de golf Las Encinas de Boadilla. |
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2014.
Madrid, 26 de diciembre de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. | Informe del Tribunal de Cuentas en el que pide al Gobierno que audite cuál ha sido el coste de la "deficiente gestión y control" de las prestaciones farmacéuticas. | En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de noviembre de 2014.
Madrid, 26 de diciembre de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.
### RESUMEN: Informe del Tribunal de Cuentas en el que pide al Gobierno que audite cuál ha sido el coste de la "deficiente gestión y control" de las prestaciones farmacéuticas. |
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
2. Instar al Gobierno a:
– Dotar de los recursos humanos necesarios al Sistema de Información SEGUIMED, ya que esta carencia constituye una vulnerabilidad crítica para su funcionamiento, detectada y subrayada por la fiscalización del Tribunal de Cuentas y reconocida por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Resolver la discrepancia de metodologías y criterios que produce una disparidad de los datos del gasto farmacéutico, facturado a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud en España, con una diferencia que ha llegado a ser de más de 285.000 euros entre el parte Estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
– Valorar la posibilidad de establecer un sistema único, entre la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSF) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para la gestión de los datos de los sistemas informáticos Alcántara y RAEFAR, dado que ambas aplicaciones comparten diccionario de datos y funcionalidades comunes y están sujetos a procesos de sincronización y volcado de datos diario.
– Elaborar un manual de procedimientos en la DGCBSF en el que se definan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y unidades organizativas que la componen, procurando una adecuada segregación de funciones y extender a todos los aspectos de la gestión la elaboración de manuales de procedimientos.
– Arbitrar sistemas de fácil seguimiento y control de los suministros de medicamentos sometidos a techos de gasto, así como impulsar los mecanismos de obtención fidedigna de datos del gasto farmacéutico hospitalario.
– Contrastar los datos del gasto farmacéutico obtenidos por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia con los elaborados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y, en su caso, analizar las diferencias que puedan producirse.
3. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a:
– Partiendo de las conclusiones del Informe del Tribunal de Cuentas, establecer:
• Por escrito manuales y protocolos internos, claros y precisos, sobre el procedimiento de gestión y control del cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones farmacéuticas, así como de coordinación con las bases de datos con el Instituto Nacional de Seguridad Social y las Administraciones competentes.
• Criterios internos para evitar las deficiencias de gestión y control respecto de la facturación y pago de las prestaciones a las oficinas de farmacia a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y a los centros hospitalarios adscritos a las entidades de seguro, así como los reintegros a mutualistas.
• Criterios internos para la gestión y control de los talonarios de recetas médicas y, en particular, eliminar la práctica de emisión de los mismos en soporte papel.
• Los protocolos internos para la comprobación del cumplimiento del límite fijado en las resoluciones que fijan los tramos de precio de las prestaciones farmacéuticas y sus retornos al Sistema Nacional de Salud.
– Iniciar un estudio para evaluar un impacto sobre la salud de la población debido a la falta de adherencia a los tratamientos, por dificultades en la retirada de medicamentos prescritos de las farmacias.
– Reformular los objetivos e indicadores del Programa Presupuestario 313A de «Prestaciones Sanitarias y Farmacia» de los Presupuestos Generales del Estado, para que se pueda tener la información pertinente para el seguimiento de objetivos y correcta aplicación de recursos.
– Introducir los cambios necesarios para que el «Informe Anual del Sistema Nacional de Salud» elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluya la información imprescindible sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto presupuestario de la financiación de los medicamentos en España, tal y como establece la normativa reguladora aplicable y ha sido exigido por el último Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas años 2014 y 2015, en relación al Área Farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Dotar de los recursos humanos necesarios a la Secretaria General de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con carencias de personal recurrentes.
– Corregir las deficiencias detectadas por la Fiscalización del Tribunal de Cuentas en la gestión de los Sistemas de Información de medicamentos del Sistema Nacional de Salud: RAEFAR y ALCANTARA.
– Establecer un plan de mejora de las destacables ineficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en el Sistema de Información SEGUIMED, para subsanar el hecho de que actualmente solo el 43% de los agentes del sector (laboratorios y mayoristas) remiten información al Sistema.
– Corregir la heterogeneidad de formatos utilizados en el Sistema de Información nacional para el abastecimiento de medicamentos, SEGUIMED, que lo convierten, en la actualidad, en un instrumento ineficaz para una función esencial en el Área farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en España.
– Redactar y aprobar el Reglamento del Sistema de Información SEGUIMED, cuya base legal es imprescindible para la plena operatividad del Sistema nacional para el abastecimiento de medicamentos.
– Articular los medios necesarios que permitan tener un conocimiento riguroso de la evolución del consumo de medicamentos en la red pública de centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud, que en 2016 todavía se encontraba en fase prueba.
– Corregir las distorsiones del nomenclator oficial de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en la coordinación que debe presidir la gestión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con las Comunidades Autónomas, que afectan al principio de igualdad de acceso por los ciudadanos a la prestación farmacéutica.
– Establecer un procedimiento escrito y transparente sobre los procesos que se realizan, para la gestión de las aportaciones por volumen de ventas de las compañías farmacéuticas, según la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
4. Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a:
– Llevar a cabo una Auditoría que concrete cuál ha sido, en estos últimos cinco años, el impacto económico de la deficiente gestión y control administrativos de las Administraciones fiscalizadas en cuanto a las prestaciones farmacéuticas.
– En coordinación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dotar a las Administraciones fiscalizadas de los medios materiales y humanos suficientes para las funciones asignadas.
5. Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Llevar a cabo una Auditoría que concrete cuál ha sido, en estos últimos cinco años, el impacto económico de la deficiente gestión y control administrativos de las Administraciones fiscalizadas en cuanto a las prestaciones farmacéuticas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver. | Nombramiento a Juan Manuel García Labajo como General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar. | La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
2. Instar al Gobierno a:
– Dotar de los recursos humanos necesarios al Sistema de Información SEGUIMED, ya que esta carencia constituye una vulnerabilidad crítica para su funcionamiento, detectada y subrayada por la fiscalización del Tribunal de Cuentas y reconocida por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Resolver la discrepancia de metodologías y criterios que produce una disparidad de los datos del gasto farmacéutico, facturado a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud en España, con una diferencia que ha llegado a ser de más de 285.000 euros entre el parte Estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
– Valorar la posibilidad de establecer un sistema único, entre la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCBSF) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para la gestión de los datos de los sistemas informáticos Alcántara y RAEFAR, dado que ambas aplicaciones comparten diccionario de datos y funcionalidades comunes y están sujetos a procesos de sincronización y volcado de datos diario.
– Elaborar un manual de procedimientos en la DGCBSF en el que se definan las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y unidades organizativas que la componen, procurando una adecuada segregación de funciones y extender a todos los aspectos de la gestión la elaboración de manuales de procedimientos.
– Arbitrar sistemas de fácil seguimiento y control de los suministros de medicamentos sometidos a techos de gasto, así como impulsar los mecanismos de obtención fidedigna de datos del gasto farmacéutico hospitalario.
– Contrastar los datos del gasto farmacéutico obtenidos por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia con los elaborados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y, en su caso, analizar las diferencias que puedan producirse.
3. Instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a:
– Partiendo de las conclusiones del Informe del Tribunal de Cuentas, establecer:
• Por escrito manuales y protocolos internos, claros y precisos, sobre el procedimiento de gestión y control del cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones farmacéuticas, así como de coordinación con las bases de datos con el Instituto Nacional de Seguridad Social y las Administraciones competentes.
• Criterios internos para evitar las deficiencias de gestión y control respecto de la facturación y pago de las prestaciones a las oficinas de farmacia a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos y a los centros hospitalarios adscritos a las entidades de seguro, así como los reintegros a mutualistas.
• Criterios internos para la gestión y control de los talonarios de recetas médicas y, en particular, eliminar la práctica de emisión de los mismos en soporte papel.
• Los protocolos internos para la comprobación del cumplimiento del límite fijado en las resoluciones que fijan los tramos de precio de las prestaciones farmacéuticas y sus retornos al Sistema Nacional de Salud.
– Iniciar un estudio para evaluar un impacto sobre la salud de la población debido a la falta de adherencia a los tratamientos, por dificultades en la retirada de medicamentos prescritos de las farmacias.
– Reformular los objetivos e indicadores del Programa Presupuestario 313A de «Prestaciones Sanitarias y Farmacia» de los Presupuestos Generales del Estado, para que se pueda tener la información pertinente para el seguimiento de objetivos y correcta aplicación de recursos.
– Introducir los cambios necesarios para que el «Informe Anual del Sistema Nacional de Salud» elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluya la información imprescindible sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto presupuestario de la financiación de los medicamentos en España, tal y como establece la normativa reguladora aplicable y ha sido exigido por el último Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas años 2014 y 2015, en relación al Área Farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
– Dotar de los recursos humanos necesarios a la Secretaria General de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con carencias de personal recurrentes.
– Corregir las deficiencias detectadas por la Fiscalización del Tribunal de Cuentas en la gestión de los Sistemas de Información de medicamentos del Sistema Nacional de Salud: RAEFAR y ALCANTARA.
– Establecer un plan de mejora de las destacables ineficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en el Sistema de Información SEGUIMED, para subsanar el hecho de que actualmente solo el 43% de los agentes del sector (laboratorios y mayoristas) remiten información al Sistema.
– Corregir la heterogeneidad de formatos utilizados en el Sistema de Información nacional para el abastecimiento de medicamentos, SEGUIMED, que lo convierten, en la actualidad, en un instrumento ineficaz para una función esencial en el Área farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en España.
– Redactar y aprobar el Reglamento del Sistema de Información SEGUIMED, cuya base legal es imprescindible para la plena operatividad del Sistema nacional para el abastecimiento de medicamentos.
– Articular los medios necesarios que permitan tener un conocimiento riguroso de la evolución del consumo de medicamentos en la red pública de centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud, que en 2016 todavía se encontraba en fase prueba.
– Corregir las distorsiones del nomenclator oficial de la prestación farmacéutica del
### RESUMEN: Nombramiento a Juan Manuel García Labajo como General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar. |
Con fecha 4 de diciembre de 2015, la Secretaría General de Infraestructuras ha resuelto aprobar provisionalmente el 'Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Burgos - Vitoria', e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio.
En virtud de la aprobación provisional del estudio y conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la vigente Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho estudio por un período de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental.
Con este objeto se ha puesto a disposición del público, en días y horas hábiles de oficina, la documentación de referencia, en la Subdelegación del Gobierno en Burgos (C/ Vitoria 34, Burgos), en la Subdelegación del Gobierno en Álava (C/ Olaguibel, 1, Vitoria-Gasteiz), y en la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento (Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Madrid). También se expondrán separatas-extracto de esa documentación en los ayuntamientos afectados por el trazado (Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla, Santa María del Invierno, Monasterio de Rodilla, Santa Olalla de Bureba, Quintanavides, Briviesca, Castil de Peones, Alcocero de Mola, Prádanos de Bureba, Grisaleña, Berzosa de Bureba, Fuentebureba, Cubo de Bureba, Santa María de Ribarredonda, Villanueva de Teba, Pancorbo, Ameyugo, Santa Gadea del Cid, Miranda de Ebro, Ribera Baja, Armiñón, Condado de Treviño, Puebla de Arganzón, Iruña de Oca y Vitoria/Gasteiz). Además, la documentación en formato digital podrá ser consultada a través de internet, en la dirección http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/_INFORMACION/ESTYPRYTRM/
Asimismo, de acuerdo con el artículo 7.2 de la misma ley, en las zonas afectadas por esta información pública las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación del anuncio de información pública.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Con carácter previo a su aprobación definitiva, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como referencia 'Información pública. Estudio Burgos-Vitoria'.
Madrid, 4 de diciembre de 2015.- El Subdirector General de Planificación Ferroviaria. Jorge Ballesteros Sánchez. | Decreto sobre residuos de aparatos electrónicos. | Con fecha 4 de diciembre de 2015, la Secretaría General de Infraestructuras ha resuelto aprobar provisionalmente el 'Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Burgos - Vitoria', e iniciar el proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio.
En virtud de la aprobación provisional del estudio y conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la vigente Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, se somete a información pública dicho estudio por un período de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental.
Con este objeto se ha puesto a disposición del público, en días y horas hábiles de oficina, la documentación de referencia, en la Subdelegación del Gobierno en Burgos (C/ Vitoria 34, Burgos), en la Subdelegación del Gobierno en Álava (C/ Olaguibel, 1, Vitoria-Gasteiz), y en la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento (Plaza de los Sagrados Corazones, 7, Madrid). También se expondrán separatas-extracto de esa documentación en los ayuntamientos afectados por el trazado (Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla, Santa María del Invierno, Monasterio de Rodilla, Santa Olalla de Bureba, Quintanavides, Briviesca, Castil de Peones, Alcocero de Mola, Prádanos de Bureba, Grisaleña, Berzosa de Bureba, Fuentebureba, Cubo de Bureba, Santa María de Ribarredonda, Villanueva de Teba, Pancorbo, Ameyugo, Santa Gadea del Cid, Miranda de Ebro, Ribera Baja, Armiñón, Condado de Treviño, Puebla de Arganzón, Iruña de Oca y Vitoria/Gasteiz). Además, la documentación en formato digital podrá ser consultada a través de internet, en la dirección http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/_INFORMACION/ESTYPRYTRM/
Asimismo, de acuerdo con el artículo 7.2 de la misma ley, en las zonas afectadas por esta información pública las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación del anuncio de información pública.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Con carácter previo a su aprobación definitiva, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071-Madrid, indicando como referencia 'Información pública. Estudio Burgos-Vitoria'.
Madrid, 4 de diciembre de 2015.- El Subdirector General de Planificación Ferroviaria. Jorge Ballesteros Sánchez.
### RESUMEN: Decreto sobre residuos de aparatos electrónicos. |
I
La primera regulación que se aprobó en la Unión Europea para el flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fue la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante «RAEE»). Esta norma sentaba las bases de un modelo de gestión que por primera vez planteaba la necesidad de diseñar aparatos más eficientes y menos contaminantes, que fueren más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos, y que aplicaba el principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE), como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión de los residuos procedentes de estos aparatos.
Pese a ello, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos ha continuado incrementándose, los ciclos de innovación son cada vez más breves y la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo los AEE en una fuente creciente de residuos. La gestión de estos residuos requiere intensificar las medidas y esfuerzos de todos los Estados miembros de la Unión Europea dado que los componentes peligrosos que los AEE contienen siguen constituyendo un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y, en algunos casos, el grado de reciclado es insuficiente. A esta situación se une una importante salida de RAEE fuera de la Unión de manera no controlada, lo que provoca que se desconozca cómo se gestionan finalmente estos residuos así como la pérdida de componentes con un valor económico significativo.
Como consecuencia de esta evolución, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero, fue sustituida por la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incorpora importantes mejoras en la gestión de RAEE en Europa. Dicha Directiva de 2012 incorpora los principios más actualizados de la legislación comunitaria en la materia, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (la denominada «Directiva marco de residuos») que recoge los planteamientos de uso eficiente de los recursos, de prevención y avance hacia la disociación del crecimiento económico y el incremento en la generación de residuos, así como el principio de jerarquía de gestión de residuos.
Siguiendo esta línea marcada por la Directiva marco de residuos, la nueva Directiva 2012/19/UE, de RAEE, tiene como objetivos contribuir a la producción y consumo sostenibles mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y el fomento de técnicas de tratamiento como la preparación para la reutilización. Hay que tener en cuenta que las dos opciones prioritarias de la jerarquía de residuos son la prevención y la preparación para la reutilización, por lo que resulta especialmente importante avanzar en un tipo de diseño y producción de AEE que tenga plenamente en cuenta y facilite la reparación de estos productos y su posible actualización, así como su reutilización, desmontaje y reciclado. Lo que es más, se puede decir que la reparación y reutilización de AEE son sectores generadores de empleo en Europa y que, previsiblemente, seguirán evolucionando por su valor social y económico. Según los datos de la Subdirección General de Prospectiva y Análisis del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa el 27 % del total del empleo verde en nuestro país. En el Proyecto Biodiversidad-Emplea verde 2007-2013 se estimó que la cantidad de puestos de trabajo que puede generar el impulso a la preparación para la reutilización de RAEE puede alcanzar los 4.700 empleos directos.
Simultáneamente a estas opciones prioritarias de la política de residuos, hay que continuar avanzando en el reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, a fin de reducir la eliminación de RAEE al mínimo y de contribuir al uso eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que en este sector es especialmente relevante la recuperación de las materias primas secundarias valiosas que contienen este tipo de residuos. Los AEE son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas partes y componentes: piezas metálicas y plásticas variadas, carcasas de plástico, madera o metal, tarjetas de circuitos impresos, tubos de rayos catódicos, pantallas de cristal líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, diversos fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, motores eléctricos, etc. Estas piezas y componentes están fabricados en materiales muy diversos y de diferente naturaleza. Básicamente se trata de metales (férreos y no férreos), polímeros, vidrios y otros materiales (madera, caucho, cartón, etc.). La proporción de cada uno de estos materiales dependerá del tipo de aparato en cuestión. Los AEE de naturaleza tecnológica o de telecomunicaciones pueden llegar a contener más de 60 elementos diferentes. En el caso de un teléfono móvil, (donde los metales representan el 23 % de su peso) se puede contar con la presencia de 40 de los metales recogidos en el sistema periódico: metales básicos como el cobre, estaño, metales especiales como el cobalto, indio y antimonio, y metales preciosos como la plata, oro y paladio. Muchos de estos aparatos tecnológicos contienen tierras raras que son responsables del funcionamiento de muchas de sus aplicaciones. Estos materiales confieren un elevado valor a estos residuos ya que la extracción de este tipo de materiales es costosa y escasa por lo que este sector de residuos está siendo considerado como una forma de minería urbana.
Los materiales valorizables que contienen los AEE suponen un recurso que no debe ni puede perderse, y que tienen que recuperarse en la última etapa de la vida, cuando se transforme en residuo, a través del reciclado o su valorización de manera que esos recursos puedan ser conservados para futuras generaciones, siendo un claro ejemplo de aplicación de la economía circular referida en la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento al Consejo, al Comité Económico y Social Europea y al Comité de las regiones «Hacia una economía circular; un programa de cero residuos para Europa».la Comisión Europea, COM(2014) 398 final, de julio de 2014.
No obstante, estos aparatos contienen, a su vez, sustancias peligrosas que, si bien son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en residuos, los aparatos no se gestionan y tratan adecuadamente. Estos aparatos pueden contener cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos, y gases que agotan la capa de ozono o que afectan al calentamiento global como los clorofluorocarburos, hidrofluorocarburos, o hidrofluorocarburos, cuya emisión debe controlarse especialmente y que se encuentran presentes en los circuitos de refrigeración y en las espumas aislantes de los aparatos de intercambio de temperatura. Es por eso que todas las etapas de la gestión, desde su recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento deben hacerse en unas condiciones seguras, sin mezclarse con otros flujos de residuos (recogida separada) y que eviten manipulaciones o roturas que puedan liberar este tipo de sustancias peligrosas al medio ambiente o exponer a los trabajadores que están en contacto con estos residuos, durante su tratamiento a sustancias peligrosas.
Las dos facetas de estos residuos, su alto contenido en materiales valiosos y de sustancias peligrosas son las que determinan la peculiaridad de este tipo de residuos y por lo que la Directiva pretende mejorar el comportamiento medioambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, como, los productores de AEE, los distribuidores y los consumidores, y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en la recogida y tratamiento de los RAEE.
Uno de los aspectos de la gestión de RAEE a los que la nueva normativa comunitaria otorga una especial relevancia es la etapa de la recogida del RAEE. Esta recogida ha de realizarse de manera separada a la del resto de residuos, como condición previa para asegurar el tratamiento más adecuado y la recuperación de los materiales contenidos en los residuos. En consecuencia, se incrementan de manera ambiciosa y progresiva, los objetivos de recogida anuales. Para conseguir estos índices de recogida deben existir instalaciones adecuadas para el depósito y almacenamiento de RAEE. La Directiva implica directamente en la recogida separada de RAEE a las Entidades Locales, a los distribuidores y tiendas donde se comercializan estos aparatos a los que les adjudica un protagonismo relevante en este aspecto, a los productores de AEE y a los gestores de estos residuos, implicación que incluye tanto la efectiva recogida separada como las obligaciones vinculadas al cómputo y trazabilidad de los residuos recogidos por todos estos canales.
En línea con la normativa anterior, se mantiene el principio de responsabilidad ampliada del productor, de manera que, en aplicación del principio de «quien contamina paga» el fabricante del equipo eléctrico o electrónico tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los residuos que proceden de sus aparatos. La responsabilidad ampliada del productor, es un medio para estimular la prevención, el ecodiseño y la reciclabilidad de los aparatos. Al vincular al fabricante en la financiación de la gestión de los residuos se espera que se incentiven mejores diseños de los AEE que faciliten su desmontaje, reparación o reciclado o aumento de su vida útil (evitando la obsolescencia programada) y que, junto con la incorporación de un menor contenido en sustancias peligrosas, abaraten y mejoren la gestión de los residuos, siendo esta función el pilar de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor.
II
El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero.
Posteriormente, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incorporó al ordenamiento interno la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, la Directiva marco de residuos. Entre sus novedades se incluyen las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, el régimen de comunicación y autorización de los gestores y de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, así como el Registro de Producción y Gestión de Residuos único en el ámbito estatal. Esta ley prevé la existencia de reales decretos para los flujos específicos de residuos que contendrán las especificidades propias del régimen de cada tipo de residuos.
[ignorar]Por tanto el presente real decreto, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio; incluye las novedades de la Ley 22/2011, de 28 de julio; y deroga el anterior real decreto en materia de RAEE para superar los problemas detectados en su aplicación e incluir la experiencia adquirida en este sector de tan rápida evolución, desde la publicación de esta norma en el año 2005.
La necesidad de elaborar un nuevo real decreto en este ámbito, obedece a los importantes cambios que ha marcado la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europea y del Consejo de 4 de julio, así como a la necesidad de mejorar determinados aspectos del funcionamiento del modelo de gestión de RAEE que tras el Real decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, no habían sido suficientemente desarrollados. Era necesario abordar una nueva norma que nos sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge.
Hay que destacar la complejidad y la diversidad de los sectores afectados por la gestión de RAEE: fabricantes de productos muy diversos, distintos tipos de operadores que llevan a cabo la recogida de estos residuos y múltiples gestores que intervienen en el almacenamiento y tratamiento de RAEE. En este complejo contexto de agentes afectados, las imprecisiones o lagunas de la normativa anterior, dieron lugar a aplicaciones e interpretaciones muy diversas, y, en definitiva, a una importante falta de concreción en los criterios básicos aplicables en todo el territorio del Estado.
Adicionalmente hay que tener en cuenta las dificultades de las administraciones competentes para obtener y controlar los datos completos sobre este tipo de residuos, debidos, en parte, a la ausencia de un instrumento de contabilización y trazabilidad único y homogéneo en el ámbito estatal sobre los residuos recogidos, reciclados, valorizados y eliminados.
Por último hay que mencionar el propio valor positivo en muchos casos de estos residuos o circunstancias como la crisis económica, que derivan en una gestión o traslado incontrolado de los mismos a países en vías de desarrollo, con parámetros de tratamiento más económicos pero menos exigentes, que pudieran poner en riesgo la salud humana de la población y a generar extensos niveles de contaminación, a la vez que una pérdida de materias primas para Europa. Es de esperar que un control más estricto de los traslados por parte de la propia Unión Europea, que es la competente para regularlos, tienda a poner las bases para la solución de este problema, pero para abordar este asunto como Estado miembro resultan fundamentales los instrumentos de control y trazabilidad que este real decreto incluye. Instrumentos que se completarán, para ser efectivos, con las labores de inspección y control por parte de las autoridades competentes, así como con la cooperación y coordinación de todas las autoridades implicadas, ambientales, aduaneras, y con la conexión de las diversas bases de datos que dan soporte a sus actividades.
Dentro de los objetivos inmediatos del real decreto pueden destacarse el establecimiento de una regulación más clara que aumente el nivel de seguridad jurídica y establezca una descripción detallada de las obligaciones de los usuarios, fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores y gestores; integrar un único instrumento de control de datos de RAEE de ámbito autonómico y estatal que permita conocer el cumplimiento de los objetivos en esta materia y garantice la trazabilidad del residuo y su adecuada gestión; promover la reutilización y la preparación para la reutilización, estimulando la creación de centros de reutilización y la generación de empleo en este sector, aportar fiabilidad y sistematizar las obligaciones de información de los productores de AEE y gestores de RAEE sobre la recogida y valorización de los RAEE en todo el territorio, garantizando la homogeneidad de los criterios de gestión de los RAEE así como la unidad de mercado; y optimizar económicamente y hacer eficiente la gestión de los RAEE bajo la responsabilidad ampliada del productor en un marco que garantice la competitividad del sector de los fabricantes de AEE y de los gestores de RAEE.
Se pretenden alcanzar estos exigentes fines mediante la definición de un modelo de gestión de RAEE que actualice el existente y permita garantizar la protección medioambiental manteniendo los elementos que han constituido un claro éxito y evitando los errores cometidos, con la finalidad de que España cumpla los objetivos y requisitos comunitarios en esta materia de manera eficiente, optimizando frente a los recursos aportados por los productores de AEE, en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, a la luz de la evolución del sector y del tipo de residuos generados.
Las novedades más destacadas podrían sintetizarse en una doble perspectiva ya que junto a las sustantivas hay otras institucionales. En concreto, desde esta óptica institucional, destaca la constitución de un Grupo de trabajo dependiente de la Comisión de coordinación en materia de residuos, actuando a través de dos instrumentos: una Plataforma electrónica (que, sistematizando la información sobre los residuos, los computará y garantizará la trazabilidad de los mismos, permitiendo la participación de los agentes relacionados con los RAEE) y una Oficina de asignación de recogidas, gestionada directamente por los productores de AEE. Igualmente destaca en este apartado la posibilidad de que las entidades locales encomienden la gestión de residuos directamente a los productores de AEE o a los gestores de RAEE.
Bajo una perspectiva sustantiva las innovaciones serían la incorporación de los distribuidores como elemento clave de la recogida de RAEE, la regulación de los requisitos técnicos homogéneos a exigir a las instalaciones de tratamiento de residuos en todo el territorio nacional (armonizando la concesión de autorizaciones por las autoridades competentes y evitando distorsiones de mercados), la unificación de criterios para la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (especialmente en materia de garantías financieras y calidad de los datos), la modificación de las categorías de los AEE (que pasan a agruparse en 7 categorías frente a las 10 existentes en la actualidad), la imposición a los grandes distribuidores con zona de ventas superior a 400 m2 de la obligación de recoger RAEE muy pequeños, la incorporación de la distinción entre AEE usado y RAEE y la previsión de entrega de los aparatos usados por los usuarios a los comercios de segunda mano. Finalmente, cabe destacar el desarrollo y concreción de muchas de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor de cara a que los Sistemas organizados por los productores y autorizados por las comunidades autónomas sean más eficientes, operativos, transparentes y fiables.
Esta nueva regulación sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, incorpora las nuevas previsiones de la normativa comunitaria, recoge los requisitos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, e incluye los elementos para superar las insuficiencias detectadas, mediante un modelo de gestión de RAEE más eficaz y eficiente, que nos permita cumplir nuestras obligaciones comunitarias y alinearnos plenamente con los planteamientos del uso eficiente de los recursos, de protección de la salud humana y del medio ambiente.
III
La elaboración de este real decreto se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma, y, en este caso concreto, se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
La norma se estructura en once capítulos que quedan ordenados, fundamentalmente, siguiendo las etapas que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado a la recogida y gestión de los residuos de estos aparatos.
Así los capítulos segundo y tercero están dedicados a regular las obligaciones de los distintos agentes en las primeras etapas del AEE y del RAEE: la puesta en el mercado de AEE, su reutilización como AEE usado y la prevención de RAEE. El capítulo cuarto se centra en los aspectos de la recogida de RAEE, a través de todos los canales previstos y la consecución de los objetivos de recogida de estos residuos. El capítulo quinto versa sobre la preparación para la reutilización y el tratamiento específico de los residuos y los objetivos de valorización, incluyendo la contabilización de los RAEE trasladados fuera de España para su valorización. Y el capítulo sexto está dedicado al traslado de RAEE en el interior del territorio del Estado y los requisitos mínimos para evitar que un traslado de RAEE quede enmascarado como un traslado de AEE usado.
Tras los capítulos dedicados a la puesta en el mercado y gestión, los siguientes capítulos del séptimo al undécimo, están dedicados a los aspectos relativos a las autorizaciones y comunicaciones, a la responsabilidad ampliada del productor de AEE, incluidas sus obligaciones, condiciones de autorización, financiación y garantías financieras; a continuación se recogen las obligaciones de información de las administraciones públicas, la coordinación en materia de RAEE a través del grupo de trabajo de RAEE y de sus dos instrumentos: la plataforma electrónica y la oficina de asignación. El último capítulo está dedicado al régimen de inspección, vigilancia, control y sanción.
IV
El primer capítulo contiene las disposiciones generales. Incluye el ámbito de aplicación que será aplicable a partir del 15 de agosto de año 2018, que amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de AEE que pasan a agruparse en 7 categorías, a diferencia de las 10 existentes en la actualidad. La Directiva de 2012 las reduce a 6 pero se ha considerado adecuado separar los paneles fotovoltáicos en una nueva categoría dada la singularidad de este tipo de aparatos, de larga vida media y perfil profesional para que no distorsione las cuotas y objetivos de recogida anuales del resto de aparatos eléctricos con características más similares. Este ámbito de aplicación se completa con el previsto en la disposición transitoria primera, que coincide con el actual con la única modificación de la inclusión de los paneles fotovoltaicos, y del régimen transitorio que se establece en materia de luminarias domésticas en la disposición transitoria undécima. Cabe mencionar que este real decreto excluye de su ámbito, entre otros, a los aparatos que se encuentran instalados y diseñados específicamente como parte de otro aparato excluido del ámbito, tal y como pueden ser los vehículos o los medios de transporte, de los que solamente están incluidos los vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados (por ejemplo, la bicicleta eléctrica no homologada). Por lo tanto, la normativa sobre vehículos fuera de uso no se ve afecta por lo dispuesto en este real decreto.
Las definiciones incluyen las previstas en la Directiva, entre las que se puede destacar la inclusión explícita en el concepto de productor de aquellos que realizan ventas a distancia a través de cauces como la venta por Internet y la definición de representante autorizado en el caso de que el productor esté establecido en otro Estado miembro igualmente se incluye alguna otra definición no incluida en la Directiva que había sido demandada para clarificar la aplicación de esta norma como el peso del AEE o RAEE o plataforma logística de la distribución. El capítulo incluye además la delimitación de las responsabilidades en la producción y gestión de RAEE, para clarificar su alcance. Y se incluye un primer artículo dedicado a la coordinación en materia de RAEE, que adelanta la existencia de un grupo de trabajo de RAEE en el seno de la Comisión de Coordinación en materia de residuos.
En el capítulo segundo se regulan las obligaciones, fundamentalmente, de productores de AEE, relativas a la introducción en el mercado de AEE, tales como el marcado del equipo para que se informe al consumidor sobre la necesidad de no depositar los RAEE con la basura doméstica, sino de manera separada, así como las pautas que hay que seguir en el caso de que el RAEE contenga pilas extraíbles. Dentro de los aspectos de información, los productores podrán indicar a través de páginas web, folletos o carteles, a los compradores finales en el momento de la compra de productos nuevos, sobre los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que hubieran incurrido según la información disponible en su ultimo informe anual, pero no en la factura o ticket de compra, dado el elevado coste que supondría para los distribuidores o tiendas pequeñas el actualizar anualmente sus datos sobre la facturación de la gran cantidad de tipos de aparatos eléctricos que se ponen en el mercado.
También se regula el funcionamiento del Registro Integrado Industrial, donde los productores deberán de declarar el tipo y cantidad de aparatos que ponen en el mercado y que determina, entre otros, su cuota de responsabilidad sobre la financiación de la gestión de los residuos generados anualmente. El productor deberá de incluir su número de identificación proporcionado por el Registro Integrado Industrial de productores de AEE en sus transacciones comerciales, de manera que sea una garantía para el comprador de que cumple las obligaciones previstas en este real decreto.
En el capítulo tercero se regula la prevención de RAEE y la reutilización de AEE usados, mediante la regulación específica de la prevención sobre la generación de RAEE se sigue la línea trazada por la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, que pone el acento en la importancia de evitar nuevos residuos mediante la prevención de su generación y el alargamiento de su vida útil.
Se incorpora la distinción entre AEE usado y RAEE y se prevé la entrega de los aparatos usados por parte de los usuarios a los comercios de segunda mano, con aplicación de su normativa específica de comercio y de protección de los consumidores. De este modo, se pretende impulsar y diferenciar a las tiendas de segunda mano de las tiendas que venden aparatos nuevos. No sólo para potenciar la reutilización de los aparatos en aras de la protección del medio ambiente, sino también para conceder la entidad que se merece a un sector que tiene posibilidades de aumentar en los próximos años como consecuencia de una mayor concienciación ciudadana en materia de prevención de residuos y, que puede resultar económicamente ventajoso tanto para comerciantes como consumidores, si se logran fijar precios más competitivos.
El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de RAEE a través de los distintos canales así como a las obligaciones de información y los objetivos de recogida separada de RAEE.
Estas instalaciones de recogida han de ser accesibles, eficientes y controladas, se les debe exigir que logren un alto grado de recogida, especialmente respecto a los aparatos de refrigeración con sustancias que agotan la capa de ozono y gases fluorados de efecto invernadero, dado su elevado impacto ambiental.
La primera sección prevé unos requisitos generales de la recogida a través de los cuatro canales previstos: la recogida municipal, por los distribuidores, por los productores de AEE y directamente por los gestores de residuos. El objetivo final es facilitar al consumidor las vías adecuadas de entrega del RAEE de manera que se eviten prácticas indeseadas como su recogida por gestores ilegales o su depósito en la vía pública y la necesidad de que se extraigan las pilas extraíbles de los RAEE. Se prevén acuerdos para la aplicación de la preparación para la reutilización como primer paso antes de cualquier tratamiento específico, de manera que se valore la posibilidad de la reutilización del residuo, la identificación del RAEE una vez entregado para que se garantice, su control y trazabilidad de los RAEE, y las obligaciones de registrar los RAEE recibidos por las instalaciones y gestores a través de la plataforma electrónica de RAEE que permitirá conocer y cuantificar la generación de RAEE en cada comunidad autónoma y en el ámbito estatal. A continuación las secciones siguientes desarrollan la recogida por cada una de estas vías.
Respecto a la recogida separada realizada por las Entidades Locales se incluyen las modalidades de esta recogida, que podrán ser a través de los puntos limpios o de los mecanismos que la Entidad local establezca, como la recogida puerta a puerta o los puntos móviles o la recogida a través de entidades de economía social con los que la Entidad local haya llegado a acuerdos; los requisitos de las instalaciones así como la posibilidad de las Entidades Locales de acordar la gestión de los residuos recogidos con los productores de AEE o directamente con gestores de RAEE, sin perjuicio de las obligaciones de financiación que tengan los productores derivadas de su responsabilidad ampliada. Esta opción podría contribuir a gestionar los residuos de una forma más racional, mediante la optimización de los recursos disponibles, y, además, efectiva, mediante la utilización de los medios que están más al alcance de las autoridades locales como el tratamiento de los residuos en la plantas más cercanas a su localización. Asimismo, las Entidades Locales podrían obtener beneficios de ciertas fracciones de los residuos recogidos.
En cuanto a la recogida separada de RAEE por los distribuidores, éstos deberán garantizar en el momento del suministro del nuevo producto la recogida de un RAEE equivalente al aparato que se compra, tal y como ya obligaba la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero, y el anterior real decreto. Adicionalmente, a Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio refuerza su papel, y como principal novedad se impone la obligación a los grandes distribuidores con una zona de venta de AEE con un mínimo de 400 m2 de recoger los RAEE muy pequeños, (ninguna dimensión exterior superior a 25 cm como pueden ser teléfonos móviles), de forma gratuita y sin la condición de que el usuario compre un aparato equivalente. Estas obligaciones se mantienen en la venta de aparatos a través de Internet, de manera que los productores o distribuidores que realicen venta on-line deberán de garantizar que los compradores puedan entregar sus RAEE de igual manera que en las tiendas físicas. Asimismo, se habilita la posibilidad de que los propios distribuidores encomienden la gestión de los residuos al margen de los productores, sin perjuicio de la obligación de financiación que tengan que realizar éstos en virtud del principio de responsabilidad ampliada. En la recogida llevada a cabo por los distribuidores se establece un régimen diferenciado en el ámbito de los traslados, de manera que en la denominada «logística inversa» se permite que los propios transportistas que entregan los aparatos en los hogares puedan recoger los residuos y entregarlos en las plataformas logísticas de los distribuidores o de vuelta a las tiendas, sin ser necesario que sean gestores de residuos. Ahora bien, se establece un detallado sistema de trazabilidad documental que permite garantizar que los residuos recogidos en los hogares se entregan adecuadamente en los destinos previstos, evitando su desvío ilegal. Los productores de AEE, a través de sus sistemas de responsabilidad ampliada, podrán organizar sus propias redes de recogida de RAEE domésticos o reforzar las ya existentes, con independencia de que las autoridades competentes puedan exigir que se establezcan redes en determinadas zonas o para determinadas categorías o subcategorías de RAEE, motivadamente y bajo ciertas circunstancias. La finalidad es que las redes de recogida de los productores aseguren y completen la totalidad de la recogida de RAEE, allá donde sea necesaria, de manera que al igual que la venta de aparatos se realiza en todo el territorio estatal, se disponga de establecimientos, instalaciones, contenedores o mecanismos de recogida que abarquen, de manera generalizada, toda la geografía nacional.
Por lo que se refiere a los gestores que realicen recogida de RAEE, cumplirán con los requisitos genéricos en materia de recogida y emitirán un justificante al usuario con la información del residuo entregado.
En la sección sexta del capítulo cuarto, se contemplan los objetivos de recogida separada que, en todo caso, se establecen como objetivos mínimos, asumiendo que deberán de recogerse, todos los residuos generados en el Estado. Se calcularán por categorías de aparatos, y serán exigibles de forma diferenciada para RAEE domésticos y para RAEE profesionales. El cumplimiento de estos objetivos será exigible en el ámbito estatal, y en el ámbito autonómico y se exigirán en proporción a la población, de forma que se cumplan de modo homogéneo en todas las comunidades autónomas. Sin perjuicio de que la Comisión de Coordinación pueda establecer mecanismos correctores en virtud de circunstancias específicas y cuya incidencia en la generación de RAEE haya sido demostrada, tales como indicadores oficiales de desarrollo económico y social, de desarrollo industrial u otros.
Los productores de AEE cumplirán igualmente unos objetivos mínimos de recogida de RAEE en función de su cuota de mercado estatal y de las recogidas que se llevan a cabo por otros canales. Teniendo en cuenta que el planteamiento de la Directiva y de este real decreto, es lograr recoger todo el residuo de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan, se espera que los productores diseñen su esfuerzo y organización en garantizar que no exista un RAEE generado que no se recoja de una u otra manera. Los productores contarán para ello con datos fiables sobre la recogida y gestión de los RAEE que han de financiar a través de los instrumentos previstos por este real decreto.
El capítulo quinto, regula el tratamiento de RAEE. Dedica un artículo específico a la preparación para la reutilización, de manera que se reconozca su relevancia específica e igualmente se le establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad, tal y como se contempla en los anexos X y XIV. De conformidad con la Directiva de RAEE de 2012 y en línea con la tendencia europea de los últimos años, resultaba necesario dedicar expresamente un apartado a la preparación para la reutilización, que, por un lado no hace sino aplicar el principio de jerarquía de residuos que recoge la Ley 22/2011, de 28 de julio, y, por otro, ha demostrado ser una fuente importante de creación de empleo, con el gran interés social que conlleva. En ese sentido en el ámbito internacional se estima que la preparación para la reutilización de AEE crea 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de material reciclado y que el reciclado de 1.000 toneladas de RAEE crea 15 puestos de trabajo y 200 puestos de trabajo si se prepara para la reutilización. En Europa la preparación para la reutilización es una forma de tratamiento de este tipo de residuos muy implantada, donde el mercado de segunda mano es una opción de compra instaurada y aceptada socialmente que no compite especialmente con el mercado de la primera venta ya que el perfil del comprador y del vendedor son muy específicos. En algunos Estados miembros se barajan cifras de preparación para la reutilización del 10% de los residuos recogidos en la categoría de grandes aparatos electrodomésticos y aun mayores en la categoría de equipos de informática y telecomunicaciones donde se consiguen, a su vez, elevados índices de recogida.
En este sentido, en el anexo XIV el real decreto fija, como parte del cumplimiento de los objetivos de valorización, que se mantienen tal y como establece la directiva, unos mínimos porcentajes de preparación para la reutilización basados en las experiencias y logros conseguidos en este tipo de tratamiento por países con un desarrollo similar al español y por los datos que en algunas comunidades autónomas se han conseguido por parte de organizaciones autorizadas para la preparación para la reutilización, en especial las entidades de economía social. Con base en ello, algunas comunidades autónomas, han incorporado, objetivos que se deben cumplir para este tipo de tratamiento en 2020. Los objetivos de este real decreto, en todo caso, resultan compatibles con los actos ejecutivos que la Comisión Europea dicte al respecto.
De especial importancia es la unificación de los requisitos de las instalaciones de tratamiento que se detallan en los anexos y que abarcan tanto a las instalaciones de preparación a la reutilización como a los tratamientos específicos por tipología de RAEE. Este capítulo quinto regula igualmente los objetivos de valorización de RAEE aplicables tanto a gestores, como a productores, e igualmente a los negociantes que actúen en este ámbito, de manera que todos los operadores que actúen en el ámbito de la gestión de RAEE tengan que cumplir unos requisitos comunes. La homogeneización en los procedimientos de tratamiento de RAEE resulta especialmente relevante para que las instalaciones operen en todo el territorio estatal en las mismas condiciones y las autorizaciones concedidas por las autoridades competentes se basen en el cumplimiento de parámetros y condiciones que garanticen una adecuada gestión de los residuos de forma equivalente e independientemente de la ubicación de la instalación.
Finalmente, se dedica un artículo específico al cumplimiento de las obligaciones de información. Para ello el real decreto crea una plataforma electrónica que actúa como una única base de datos sobre recogida y tratamiento de residuos y que es alimentada por los operadores que recogen o reciben los residuos por vez primera y por los gestores que los tratan. Así se garantiza el control y trazabilidad de los residuos, ya que la plataforma es el medio a través del cual los gestores cumplen con sus obligaciones de información tales como el mantenimiento del archivo cronológico y la memoria anual. La utilización de una única plataforma evita ciertas distorsiones generadas por la multiplicidad de plataformas que se han venido desarrollando por los productores de AEE con una información difícil de valorar por las autoridades ambientales y facilita el control de los datos de residuos por parte de las Administraciones públicas.
Los traslados de RAEE regulados en el capítulo sexto, se completan con el régimen de traslados de RAEE dentro de España, en coherencia con el Real Decreto de traslados, y con el régimen de traslados fuera del territorio nacional y fuera de la UE dada la especial problemática generada por el traslado ilegal de este tipo de residuos a países en desarrollo que ponen en riesgo tanto la salud como el medio ambiente y el acceso a los recursos y materias primas necesarias para la fabricación de este tipo de aparatos. En este sentido, se incorporan los requisitos para distinguir el traslado de AEE usados de los traslados de RAEE, tal y como dispone la Directiva 2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio.
El capítulo séptimo detalla los requisitos de las autorizaciones, comunicaciones y de otras obligaciones de los gestores de RAEE, detallando los requisitos y comprobaciones técnicas que se precisan para garantizar un adecuado tratamiento de este tipo de residuos que contienen a parte de importantes materiales valorizables, componentes y sustancias peligrosas que han de ser adecuadamente extraídas de los residuos para evitar la contaminación de los materiales en las fases posteriores de fragmentación, compactación y reciclaje de los mismos, tal y como se establece en los correspondientes anexos que responden a los requisitos establecidos por la directiva.
Los aceites industriales son algunas de las sustancias que se tienen que extraer de los RAEE. Una vez extraídos, las condiciones de almacenamiento y tratamiento de estos aceites han de ser las establecidas en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, de aceites industriales usados, tal y como se indica en los anexos técnicos.
Una parte esencial de este real decreto, es la dedicada a la responsabilidad ampliada del productor de AEE, desarrollada en el capítulo octavo, a lo largo de cuatro secciones. Este es uno de los aspectos que se ha tratado de desarrollar con mayor profundidad, incorporando previsiones nuevas derivadas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, o cuestiones que en el anterior real decreto no quedaron suficientemente precisadas y habían dado lugar a problemas de aplicación, como las garantías financieras. Asimismo, se incorporan medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) a los efectos de simplificar las obligaciones de los productores en materia de comunicación de los informes anuales, en el ámbito autonómico y estatal, a las autoridades competentes en materia de residuos, que pasan a comunicarse sólo a una autoridad, el Ministerio, que luego dará traslado a las comunidades autónomas, reduciendo con ello las cargas administrativas de los operadores.
La responsabilidad ampliada del productor de AEE comprende una serie de obligaciones, que los productores asumirán a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada, que constituyan al efecto. Estas obligaciones son, fundamentalmente, relativas a la prevención y puesta en el mercado, a la recogida de RAEE a través de sus propias redes cuando proceda y al cumpliendo, como mínimo, determinados objetivos de recogida, asumiendo, en cualquier caso, que se trata de objetivos mínimos y que no es óbice para recoger los residuos que se generen. Igualmente organizarán la gestión de los RAEE que les correspondan y financiarán lo que les corresponda en recogida y gestión de RAEE, de las actividades a desarrollar en colaboración con el grupo de trabajo de RAEE y las campañas de concienciación; por último hay que destacar el cumplimiento de las obligaciones de información y la elaboración de un informe anual relativo al ejercicio de sus actividades del año anterior.
En este capítulo dedicado a la responsabilidad ampliada se recoge también las comunicaciones y autorizaciones de los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada, el alcance de la financiación que estos sistemas están obligados a llevar a cabo, tanto para AEE domésticos como profesionales, así como las garantías financieras que están obligados a suscribir. En cualquier caso, dado que en los aparatos existen componentes y sustancias que están sometidos a otros regímenes de responsabilidad ampliada del productor, tales como pilas y acumuladores y aceites, se debe garantizar que no existe una doble financiación de la gestión de este tipo de residuos. Esta información deberá incluirse en el informe económico anual previsto en el anexo XVIII.
En lo que a los sistemas colectivos se refiere, se introducen una serie de criterios para la adecuada valoración por parte de la Comisión de coordinación de residuos de las solicitudes de autorización que se presenten. De entre los aspectos a valorar se pretende garantizar un funcionamiento democrático en el seno de estos sistemas, donde todos los productores de AEE se encuentren equitativamente representados a través de su voto, y, por otro lado, se respete el principio de libre competencia intentando reducir los riesgos de colusión entre los productores de AEE, el sistema al que pertenezcan, incluso, con el resto de agentes que participan en el proceso de gestión de RAEE y, en última instancia, se respete el principio de unidad de mercado.
En definitiva, el contenido de este capítulo tiene como finalidad lograr que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor sean más eficientes, operativos, transparentes y fiables. El capítulo noveno contiene las obligaciones de información de las administraciones públicas a los usuarios, a otras administraciones y a la Comisión Europea La información al consumidor es un elemento fundamental para el éxito de la gestión del residuo, por ello el consumidor debe conocer cómo prevenir la generación del residuo y cómo, en el caso de generarse, debe de realizar su entrega. Asimismo, hay que informar sobre la relevancia del distribuidor y del productor del AEE en materia de recogida de RAEE y del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este real decreto. Para todo ello se prevé llevar a cabo actuaciones de información conjuntas y coordinadas en el ámbito estatal y autonómico, con la colaboración de los fabricantes, distribuidores y demás operadores. Otro capítulo de gran relevancia en este real decreto es el décimo, dedicado a la coordinación en materia de RAEE y al grupo de trabajo de RAEE como herramienta de las autoridades competentes para asegurar el control, la información y el conocimiento del sector de la gestión de los RAEE y de los datos de situación respecto del cumplimiento de los objetivos en materia de la recogida separada y gestión adecuada de RAEE. El grupo de trabajo de RAEE es igualmente el instrumento para el cumplimiento de las obligaciones de información de los actores mencionados en este real decreto.
Este grupo que depende de la Comisión de Coordinación en materia de residuos y actúa a través de dos instrumentos fundamentalmente: una plataforma electrónica y una oficina de asignación de recogidas, que van a facilitar el intercambio de datos sobre los RAEE recogidos y los gestionados, así como la adecuada asignación de recogidas y el cumplimiento de los objetivos de recogida asignados. El ejercicio de las funciones de coordinación y de supervisión por parte de las administraciones competentes y el funcionamiento de la plataforma electrónica de gestión de RAEE y de la oficina de asignación se desarrollará mediante orden ministerial.
El grupo de trabajo de RAEE permite promover y controlar la correcta gestión de RAEE en el ámbito estatal, generar una información fiable y válida para todos los operadores y para la autoridades competentes, así como aplicar la responsabilidad ampliada del productor de AEE de manera homogénea, equitativa y eficiente en el conjunto del territorio estatal, en un marco que garantice la competitividad entre los sectores económicos y la unidad de mercado.
Por otra parte, en línea con los principios de simplificación administrativa y tramitación telemática en las administraciones públicas, se habilita la plataforma electrónica del grupo de trabajo de RAEE como el instrumento a través del cual se podrá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del archivo cronológico y de la memoria anual de las instalaciones de recogida de conformidad con el artículo 40 y 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
La financiación de la plataforma electrónica del grupo de trabajo de RAEE está prevista como cumplimiento de las obligaciones de información y cumplimiento de objetivos de los productores de AEE en el ámbito de su responsabilidad ampliada, de manera que, estos financiarán el 45% de los costes del funcionamiento de la plataforma y lo harán en proporción a su cuota de mercado. El resto de su financiación la asumirá el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la posible participación de las comunidades autónomas, ya que permitirá a estas administraciones el más fácil control de los datos al disponer de una única fuente de información, por lo que resulta lógico que su financiación sea mayoritariamente pública.
Finalmente el capítulo undécimo regula la supervisión, control, vigilancia y régimen sancionador aplicable a la gestión de RAEE. Este capítulo regula las actuaciones destinadas a controlar e inspeccionar la correcta aplicación de este real decreto por parte de las autoridades competentes y se prevé que las administraciones públicas establezcan mecanismos para que los ciudadanos comuniquen a las autoridades posibles incumplimientos de lo dispuesto en este real decreto, estimulando fórmulas de participación ciudadana.
La afectación de este flujo de residuos a distintos ámbitos no exclusivamente medioambientales dibuja un régimen sancionador que abarca normativas de distintos aspectos tales como defensa de los consumidores, unidad de mercado y protección de la seguridad ciudadana.
El articulado se complementa con tres disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una derogatoria única, cuatro finales y dieciocho anexos.
Este real decreto se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución Española, relativos a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como a la legislación general básica en materia de medio ambiente, respectivamente. A través de esta norma se promueve el uso eficiente de los recursos, y se garantiza la protección de la salud humana y del medio ambiente. Igualmente a través de este real decreto se establecen las condiciones de ejercicio de la actividad de los gestores de RAEE lo que repercute directamente en el funcionamiento del mercado de gestión de estos residuos y en su organización. Igualmente las previsiones relativas a los productores de AEE, a la puesta en el mercado de AEE, así como la regulación prevista en este real decreto relativo a los distribuidores de estos productos, tienen una incidencia directa en la organización y funcionamiento del mercado de AEE. Por estas razones se acude a los títulos competenciales mencionados. En cuanto al rango y contenido de este real decreto, se trata de una norma con un importante contenido de carácter técnico que establece las condiciones básicas mínimas para poder garantizar los objetivos de la norma relativos a la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, así como los objetivos relativos a la no fragmentación de la unidad del mercado de aparatos eléctricos y electrónicos, así como al mercado de gestión de RAEE, de forma que se garantice un funcionamiento común básico en todo el territorio del Estado.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las entidades locales y a los sectores más representativos potencialmente afectados. Además el proyecto se ha remitido a la Comisión de Coordinación en materia de residuos, se ha sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente, y al trámite de participación pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y con lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de febrero de 2015,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Este real decreto tiene por objeto regular la prevención y reducción de los impactos adversos causados por la generación y la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos sobre la salud humana y el medio ambiente, determinar los objetivos de recogida y tratamiento de estos residuos, y los procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización.
Igualmente tiene por objeto, de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los impactos globales de este uso, dando prioridad a la prevención en la generación de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y a la preparación para la reutilización de los mismos, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible y al estímulo del empleo verde.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos clasificados en las categorías que se recogen en el anexo III. El anexo IV contiene una lista no exhaustiva de los aparatos incluidos en las categorías establecidas en el anexo III.
2. Este real decreto no se aplica a:
a) Los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la seguridad nacional, incluidas las armas, las municiones y el material de guerra destinados a fines específicamente militares;
b) Los aparatos que estén diseñados e instalados específicamente como parte de otro tipo de aparato excluido o no incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, que solo puedan cumplir su función si forman parte de estos aparatos;
c) Las bombillas de filamento;
d) Aparatos concebidos para ser enviados al espacio;
e) Herramientas industriales fijas de gran envergadura;
f) Instalaciones fijas de gran envergadura, excepto los equipos que no estén específicamente concebidos e instalados como parte de dichas instalaciones;
g) Medios de transporte para personas o mercancías, excluidos los vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados;
h) Maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a un uso profesional;
i) Aparatos específicamente concebidos con los únicos fines de investigación y desarrollo, que están destinados en exclusiva a un uso profesional;
j) Productos sanitarios, incluidos los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, cuando se prevea que dichos productos serán infecciosos antes del final de su ciclo de vida, y productos sanitarios implantables activos.
Artículo 3. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, a los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) «Aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente continua.
b) «AEE usados»: los AEE que pese a haber sido utilizados no han adquirido la condición de residuo ya que su poseedor no los desecha o no tiene la intención u obligación de desecharlos, y tiene la intención de que se les dé un uso posterior.
c) «Herramienta industrial fija de gran envergadura»: el conjunto de máquinas, equipos o componentes de gran envergadura, que funcionan juntos para una aplicación específica, instalados de forma permanente y desinstalados por profesionales en un lugar determinado, y utilizados y mantenidos por profesionales en un centro de producción industrial o en un centro de investigación y desarrollo.
d) «Instalación fija de gran envergadura»: la combinación de gran tamaño de varios tipos de aparatos y, cuando proceda, de otros dispositivos, que estén:
1.º ensamblados, instalados y desinstalados por profesionales,
2.º destinados a un uso permanente integrados en un edificio o estructura en un lugar predefinido dedicado a ello, y
3.º que sólo puedan ser sustituidos por los mismos aparatos diseñados específicamente.
e) «Maquinaria móvil no de carretera»: maquinaria con una fuente de alimentación incorporada, cuyo funcionamiento requiere movilidad o bien desplazamientos continuos o semicontinuos entre una sucesión de puntos de trabajo fijos mientras funciona.
f) «Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» o «RAEE»: todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Esta definición comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento en que se desecha.
g) «AEE muy pequeños» y «RAEE muy pequeños»: los AEE y los RAEE, que no tienen ninguna dimensión exterior superior a los veinticinco centímetros.
h) «Productor de AEE»: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada en el sentido de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en materia de contratos a distancia:
1.º esté establecida en España y fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia marca, o los diseñe o fabrique y comercialice bajo su nombre o marca en el territorio español; o
2.º esté establecida en España y revenda bajo su propio nombre o su propia marca AEE fabricados por terceros, sin que pueda considerarse «productor» al vendedor si la marca del productor figura en el aparato, conforme al inciso 1.º; o
3.º esté establecida en España y se dedique profesionalmente a la introducción en el mercado español de AEE procedentes de terceros países o de otro Estado miembro; o
4.º venda AEE por medios de comunicación a distancia directamente a hogares particulares o a usuarios profesionales en España, y esté establecida en otro Estado miembro o en un tercer país.
No serán considerados «productores de AEE» quienes se limiten a prestar financiación mediante cualquier acuerdo de financiación de los definidos en la letra i), salvo que también actúen como productor en los sentidos definidos en los incisos 1.º a 4.º
i) «Acuerdo de financiación»: cualquier acuerdo o disposición de préstamo, arrendamiento financiero, alquiler o venta diferida relacionado con cualquier aparato, ya se prevea o no en los términos de dicho acuerdo o disposición, o de cualquier acuerdo o disposición accesoria, la transferencia o la posibilidad de transferencia de propiedad del aparato.
j) «Representante autorizado»: persona física o jurídica establecida en España nombrada por el productor de AEE que esté establecido en otro Estado miembro, y que será responsable de cumplir las obligaciones del citado productor en el territorio nacional a los efectos de este real decreto. En este sentido, productor de AEE es el definido en los incisos 1.º a 3.º del apartado h) q a pesar de lo dispuesto en los mencionados incisos 1.º a 3.º, podrá nombrar un representante autorizado.
El productor definido en el apartado h) inciso 4.º, que establecido en España venda AEE en otro Estado miembro en el que no esté establecido, nombrará a un representante autorizado en dicho Estado miembro como persona responsable de cumplir las obligaciones del productor en dicho Estado miembro. Igualmente el productor definido en el apartado h) inciso 4.º, establecido en otro Estado miembro que comercialice AEE en España, nombrará un representante autorizado en España como persona responsable de cumplir las obligaciones del productor en nuestro territorio. El nombramiento de un representante autorizado se hará mediante apoderamiento por escrito.
k) «Distribuidor»: cualquier persona física o jurídica de la cadena de suministro que, con independencia de la técnica de venta utilizada, comercialice un AEE. La presente definición no impedirá a un distribuidor ser al mismo tiempo productor en el sentido de la letra h).
l) «RAEE domésticos»: los RAEE procedentes de hogares particulares o de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sean similares a los procedentes de hogares particulares.
Los AEE que pudieran ser utilizados tanto en hogares particulares como por usuarios distintos de los hogares particulares, cuando se conviertan en residuos, tendrán la consideración de RAEE domésticos.
Por exclusión, los «RAEE no domésticos» tendrán la consideración de «RAEE profesionales».
m) «Residuos históricos»: los RAEE procedentes de productos introducidos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005.
n) «Comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su distribución, consumo o utilización en el mercado español en el transcurso de una actividad comercial.
ñ) «Introducción o puesta en el mercado»: la primera comercialización de manera profesional de un producto en el territorio español.
o) «Extracción»: manipulación manual, mecánica, química o metalúrgica con el resultado de que las sustancias, mezclas y componentes, especialmente los peligrosos, queden contenidos en un flujo identificable o una parte identificable de un flujo en el proceso de tratamiento. Una sustancia, mezcla o componente es identificable cuando puede supervisarse para verificar que el tratamiento al que ha sido sometido es seguro para el medio ambiente.
p) «Producto sanitario»: un producto sanitario o un accesorio en el sentido, respectivamente, de las letras a) y b) del artículo 2.1 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y que sea un AEE.
q) «Producto sanitario para diagnóstico in vitro»: producto para diagnóstico in vitro o accesorio en el sentido, respectivamente, de las letras c) y b) del artículo 3 del Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro y que sea un AEE.
r) «Producto sanitario implantable activo»: producto sanitario implantable activo en el sentido del artículo 2.c) del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos, que sea un AEE.
s) «Peso del AEE o RAEE»: peso en kilos del aparato eléctrico y electrónico o de su residuo, excluyendo el peso de los embalajes, instrucciones, manuales o similares, los accesorios que no son necesarios para su uso o funcionamiento, y las pilas y acumuladores que están bajo la regulación del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. En el caso de que las pilas o acumuladores no puedan extraerse manualmente se indicará expresamente que se trata de «peso con pila incluida» o «ppi».
t) «Plataforma logística»: a efectos de este real decreto, es la instalación de recogida y almacenamiento de RAEE en el ámbito de la distribución de AEE.
u) «Red de recogida de los productores de AEE»: red integrada por el conjunto de puntos, instalaciones, contenedores y sistemas de recogida de RAEE establecidas por los productores de AEE, complementarias a las restantes instalaciones de recogida previstas en el articulo 15.
v) «Tratamiento de RAEE»: Operación de valorización o eliminación de RAEE, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación, en las que se incluirán la preparación para la reutilización, así como las operaciones que se denominarán de «tratamiento específico de RAEE», que son los tratamientos realizados con posterioridad a la preparación para la reutilización, reflejados en el artículo 31.2, segundo párrafo y en el anexo XIII.
Artículo 4. Responsabilidad en la producción y gestión de RAEE.
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los RAEE tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que derivan de su producción y gestión en los siguientes términos:
a) El usuario del AEE usado podrá destinarlo a su reutilización o desecharlo como residuo, en este segundo caso tendrá la consideración de productor del RAEE. Su responsabilidad concluye con la entrega del RAEE en las instalaciones o puntos de recogida de las Entidades Locales, de los distribuidores, de los gestores de residuos o con su entrega en las redes de recogida de los productores de AEE, en los términos previstos en este real decreto.
El usuario podrá exigir acreditación documental de la entrega según lo previsto en este real decreto.
b) Son poseedores iniciales de RAEE las instalaciones de recogida de las Entidades Locales, los distribuidores y los gestores inscritos en el registro para la recogida de RAEE. Estos sujetos serán responsables, en los términos previstos en este real decreto, de los RAEE recogidos separadamente y, en su caso, almacenados temporalmente en sus instalaciones hasta la entrega a los gestores de tratamiento. La entrega al siguiente gestor se acreditará documental y electrónicamente.
c) Los gestores registrados de RAEE asumirán la responsabilidad de la gestión de los RAEE que implique el ejercicio de su actividad en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se completa con lo previsto en este real decreto.
d) Los productores de AEE son responsables de financiar, en las condiciones previstas en el capítulo VIII, la recogida separada, el transporte y el tratamiento respetuoso con el medio ambiente de los RAEE domésticos y profesionales, así como sus obligaciones de información en esta materia. Cuando intervengan en la organización de la gestión de los RAEE, cumplirán con los objetivos de recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización previstos en este real decreto.
Artículo 5. Coordinación en materia de RAEE.
Este real decreto establece el marco jurídico de gestión de los RAEE y de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor de AEE de conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y con el desarrollo efectuado en el capítulo VIII de esta norma. La coordinación de la gestión de los RAEE corresponde a las autoridades competentes a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos. Para el cumplimiento de estas funciones, la Comisión de Coordinación se apoyará en un grupo de trabajo especializado en esta materia, de acuerdo con el artículo 13.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a través de los instrumentos previstos en el capítulo X.
CAPÍTULO II
Introducción en el mercado y comercialización de AEE
Sección 1.ª Obligaciones de los productores de AEE
Artículo 6. Diseño y reutilización del producto.
1. Los productores de AEE, de sus materiales y de sus componentes, deberán diseñar y producir sus aparatos de forma que se prolongue en lo posible su vida útil, facilitando entre otras cosas, su reutilización, desmontaje y reparación. Al final de su vida útil se facilitará la preparación para la reutilización y la valorización de los RAEE, sus componentes y materiales, de manera que se evite su eliminación. Como mínimo, deberán aplicar las previsiones del Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, y del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Las instrucciones de los AEE deberán indicar que antes del depósito de los RAEE en las instalaciones de recogida de estos, deberán extraerse las pilas y ser depositados separadamente para su adecuada gestión.
2. Los productores de AEE no impedirán la reutilización de los AEE usados y la preparación para la reutilización de los RAEE mediante características de diseño específicas o procesos de fabricación específicos, salvo que dichas características o procesos de fabricación presenten grandes ventajas en materia de seguridad o para la protección del medio ambiente.
3. Los productores de AEE podrán establecer mecanismos de cooperación o acuerdos voluntarios con los responsables de la reparación y reutilización de estos aparatos, con los centros de preparación para la reutilización y con los responsables del tratamiento de los RAEE para facilitar la reparación, reutilización, el desmontaje y la valorización de RAEE, sus componentes y materiales. En el caso de que los productos puestos en el mercado contengan aplicaciones exentas del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, deberán informar al público a través de sus páginas web.
4. Los productores de AEE elaborarán planes de prevención de RAEE trienales en los que incorporarán sus medidas de prevención. Los productores informarán sobre los acuerdos y los planes de prevención a la Comisión de Coordinación en materia de residuos.
Artículo 7. Obligaciones de marcado de los AEE y de información.
1. Los productores marcarán, con el símbolo ilustrado en el anexo V los AEE que se introduzcan en el mercado con objeto de aumentar al máximo la recogida de los RAEE correctamente separados. Este símbolo se incluirá de una forma visible, indeleble y legible en cada aparato. En casos excepcionales, si es necesario por las dimensiones o por la función del producto, el símbolo se estampará en el envase, en las instrucciones de uso y en la garantía del AEE.
2. Los productores de AEE especificarán a través de una marca en el aparato, que éste se introdujo en el mercado después del 13 de agosto de 2005, para determinar inequívocamente que el residuo que se genere no tendrá la consideración de histórico. Este marcado se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 50419 o aquella que la sustituya y se incluirá de una forma visible, indeleble y legible en cada aparato.
3. De conformidad con el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, las instrucciones de los AEE deberán indicar que antes del depósito de los RAEE en las instalaciones de recogida de estos, deberán extraerse las pilas y ser depositadas separadamente para su adecuada gestión.
4. Los productores de AEE podrán indicar, como información a los compradores finales, en el momento de la compra de productos nuevos, sobre los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que anualmente hubieran incurrido según la información disponible en su informe anual previsto en el artículo 43.2 y de acuerdo con el punto 3.º de los datos económicos del anexo XVIII, una vez esté revisada por la Comisión de coordinación en materia de residuos.
La información prevista en el anterior apartado no formará parte de la factura o ticket de compra, y podrá realizarse a través de la página web de los productores, a través de carteles en los lugares de venta, a través de folletos de venta, u otros medios y deberá actualizarse según la información disponible.
Artículo 8. Registro Integrado Industrial.
1. Los productores de AEE o sus representantes autorizados, incluidos los que suministren AEE mediante ventas a distancia en el territorio nacional, deberán inscribirse en la sección especial para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos del Registro Integrado Industrial, previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el Reglamento del Registro Integrado Industrial, aprobado por el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo. Para ello facilitarán la información exigida en el anexo VI, apartado 1.
2. El Registro asignará a cada productor de AEE o a su representante autorizado, un número de identificación como productor de AEE.
3. Cada productor, o su representante autorizado, estará obligado a actualizar la información mencionada en el anexo VI apartado 1 en el plazo de un mes desde que se produzca cualquier modificación de la misma. La introducción de los datos se realizará por vía electrónica mediante la aplicación desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El cambio del sistema individual o colectivo a través del cual el productor cumple sus obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor, será comunicado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre al sistema de responsabilidad ampliada de origen, al nuevo sistema y al Registro Integrado Industrial. La modificación se hará efectiva a partir del 31 de diciembre del año de la presentación de la modificación. Con objeto de proceder al cambio de sistema de responsabilidad ampliada asignado y de calcular las nuevas cuotas de mercado de los sistemas de responsabilidad ampliada, el Registro Integrado Industrial deberá recibir certificación acreditativa suficiente de la baja en el anterior sistema así como de la incorporación en el nuevo sistema individual o colectivo.
4. Cada productor, o su representante autorizado, estará obligado a facilitar al Registro Integrado Industrial trimestralmente y por vía electrónica, la información mencionada en el anexo VI, apartado 2.
5. Con independencia de las inspecciones que en cualquier caso puedan realizar las administraciones competentes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá exigir auditorías que garanticen la veracidad de la información recogida en las declaraciones anuales del productor. Estas auditorías serán soportadas económicamente por el productor.
6. Los datos trimestrales solo podrán modificarse mediante declaraciones complementarias dentro del año en curso, y estarán apoyadas, si se requiriese por el órgano competente, con documentación acreditativa del error en la declaración inicial.
Cerrado un ejercicio no podrá modificarse la cuota de cada productor. Sin perjuicio de la obligación, en todo caso, del productor de mantener en todo momento actualizados los datos y sus declaraciones, y de comunicar cualquier error u omisión tan pronto como tenga constancia de ello.
7. El Registro Integrado Industrial:
a) Dispondrá de códigos específicos para cada tipo de aparato puesto en el mercado en cada categoría y subcategoría.
b) Comunicará cada tres meses, a cada productor la información relativa a los AEE puestos en el mercado en el año en curso y la estimación de la cuota de mercado para el año siguiente, en función del peso y unidades por tipo de aparato, categoría y subcategoría y uso doméstico o profesional.
c) Comunicará anualmente, antes del 31 de enero, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las comunidades autónomas y a la Comisión de Coordinación de Residuos, las cuotas de mercado aplicables en el año en curso a los sistemas de responsabilidad ampliada individuales y colectivos en función del peso y unidades, por tipo de aparato codificado en el Registro, categoría y subcategoría y uso: doméstico o profesional, de los aparatos puestos en el mercado en el año precedente, por los productores que integran estos sistemas. Para el cálculo de las cuotas de mercado, se excluirán los aparatos que salgan del territorio español antes de ser vendidos a usuarios finales.
Complementariamente, en los dos primeros meses de cada año, el Registro remitirá a la citada Dirección General el informe resumen en el que figurarán, al menos, y sin perjuicio de que se estime oportuno alguna información disponible adicional, las cantidades de aparatos, en peso y unidades, por tipo de aparato, categoría y subcategoría y uso: doméstico o profesional puestos en el mercado en el ámbito nacional por cada sistema individual o colectivo en el año precedente, distinguiendo los aparatos:
1.º fabricados y vendidos con marca propia;
2.º vendidos con marca propia, fabricados por terceros;
3.º importados;
4.º exportados.
d) Comunicará anualmente, antes del 31 de enero, a cada productor la cuota de mercado que le corresponde y que será aplicada para establecer el reparto de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada de los productores para el año en curso, por peso y unidades, tipo de aparato, categorías y subcategorías y uso: doméstico o profesional.
e) Comunicará anualmente, antes del 31 de enero, a los sistemas colectivos las cuotas de mercado que corresponde a cada sistema, por peso y unidades, tipo de aparato, categorías y subcategorías y uso: doméstico o profesional. En función de los aparatos puestos en el mercado en el año precedente por los productores que los integran. Igualmente, comunicará a cada sistema las cuotas de mercado de los productores que lo integran, en tramos o intervalos por peso y unidades, tipo de aparato, categorías y subcategorías y uso: doméstico o profesional.
f) Comunicará las cuotas de mercado estimadas, de los productores que se inscriben por primera vez en el Registro durante el mes siguiente al de su inscripción. Esta cuota se calculará a partir de los datos disponibles de las cantidades de AEE puestas en el mercado el año anterior, cuando se disponga de éstas, o a partir de las estimaciones sobre los productos que va a poner el productor en el mercado en el año en curso, manifestadas en el momento de su inscripción en el Registro.
8. Podrán ser consultados en el Registro Integrado Industrial los productores registrados y, en su caso, sus representantes autorizados; las categorías subcategorías de aparatos que ponen en el mercado y los sistemas individuales y colectivos en los que participa cada productor para cumplir sus obligaciones, así como los tipos de aparatos incorporados a cada uno de ellos. Estos mismos datos también podrán ser obtenidos usando como filtro de partida de la consulta los sistemas de responsabilidad ampliada del productor inscrito.
La información de la cuota de mercado de los sistemas de responsabilidad ampliada por categorías y subcategorías, también podrá ser consultados públicamente en el Registro Integrado Industrial.
9. Las cuotas de mercado de los productores de AEE previstas en este real decreto tendrán la finalidad de distribuir la responsabilidad ampliada del productor prevista en este real decreto y no alteran ni sustituyen la información que los diferentes operadores deban suministrar en el marco de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en especial, en lo relativo a las operaciones de concentración.
10. El Registro Integrado Industrial incluirá enlaces a otros registros equivalentes de otros Estados miembros, para facilitar el intercambio de información sobre el registro de los productores o de los representantes autorizados.
El Registro Integrado Industrial se conectará con el Registro de Producción y Gestión de Residuos en los términos que sea necesario y, especialmente, en relación con las inscripciones de sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada y de sus correspondientes actualizaciones o modificaciones. Igualmente se conectará en los términos en que sea necesario con la plataforma electrónica de gestión de RAEE prevista en el artículo 55.
Artículo 9. Información sobre el número de identificación del Registro Integrado Industrial.
Los productores incluirán su número de identificación en el Registro Integrado Industrial de productores de AEE, en todas las facturas o documentos relativos a las transacciones comerciales de aparatos eléctricos y electrónicos entre productores y distribuidores. El comprador final podrá requerir al distribuidor el número de identificación del productor del AEE. En todo caso, el formato de factura o documento que se utilice será compatible con el modelo de factura electrónica Facturae, vigente en las relaciones comerciales con las administraciones públicas.
En el caso de ventas a distancia los productores deberán hacer constar el número de identificación del productor tanto en la página o instrumento que dé soporte a la venta a distancia, como en la factura emitida al usuario. En el supuesto de que el usuario sea una administración pública, el formato de factura será el modelo electrónico Facturae, en el que no será necesario indicar el número de identificación del productor.
Artículo 10. Información para los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento.
1. Los productores de AEE proporcionarán la información necesaria para la correcta reparación y reutilización de sus productos, así como para la correcta preparación para la reutilización y gestión de los residuos de sus aparatos.
Los productores que introduzcan por vez primera en el mercado un tipo nuevo de AEE deberán proporcionar a los centros de preparación para la reutilización y a las instalaciones de tratamiento específico, de forma gratuita y en el plazo de un año desde la fecha de introducción en el mercado, la información necesaria sobre la preparación para la reutilización y sobre el tratamiento de los residuos que generen sus productos. Esta obligación se efectuará sin perjuicio de los acuerdos establecidos en el artículo 6.3.
Con el fin de facilitar la preparación para la reutilización y el tratamiento correcto y respetuoso con el medio ambiente de los RAEE, incluidos su mantenimiento, mejora, reacondicionamiento y reciclado, la información deberá contener, en la medida en que sea necesario para cumplir con las previsiones de este real decreto: la identificación de los diferentes componentes y materiales, la información necesaria para su correcta preparación para la reutilización; así como la localización de las sustancias y mezclas peligrosas de los AEE y de las exenciones que se aplican según los anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo. La información se facilitará en forma de manuales, o por vía electrónica, como a través de CDROM o de servicios en línea.
2. Con el objetivo de garantizar la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la correcta gestión de los residuos, los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento específico podrán requerir a los productores la información oportuna y disponible sobre las características y sobre la presencia de sustancias peligrosas en los AEE introducidos en el mercado antes de la entrada en vigor del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, así como, en su caso, información relativa al tipo y cantidades de gases utilizados en el circuito refrigerante y en la expansión de las espumas aislantes en los aparatos de refrigeración.
Los productores de AEE proporcionarán esta información en el plazo de un mes desde que los centros de preparación para la reutilización o las instalaciones de tratamiento específico formulen su petición.
3. Cuando los productores proporcionen la información prevista en los apartados anteriores, podrán remitirla también al grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de Residuos, para que éste integre y publique la información disponible sobre esta materia.
Sección 2.ª Obligaciones de los distribuidores
Artículo 11. Obligaciones de los distribuidores en la comercialización de AEE.
1. Los distribuidores de AEE que realicen tanto venta presencial como a distancia, sólo podrán comercializar los AEE de productores que dispongan del número de identificación del productor del Registro Integrado Industrial. Los consumidores podrán solicitar esta información en el momento de la compra del AEE.
2. Los distribuidores que realicen tanto venta presencial como a distancia, difundirán la información relativa a la correcta recogida de RAEE en sus establecimientos y en la recogida efectuada en los hogares de los consumidores. Esta información se incluirá en la página web o el instrumento que dé soporte a la venta a distancia.
CAPÍTULO III
Prevención de la generación de RAEE
Artículo 12. Prevención de RAEE.
Las administraciones públicas fomentarán la prevención de RAEE mediante campañas de información y sensibilización orientadas a evitar la generación de RAEE, incidiendo en el consumo responsable de AEE, en el alargamiento de su vida útil y en su reutilización.
Artículo 13. Entrega del AEE usado para la reutilización.
1. Los usuarios de AEE domésticos y profesionales, cuando sea posible, destinarán los aparatos usados a un segundo uso mediante su entrega: a entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan dar un segundo uso a los aparatos, a los establecimientos dedicados al mercado de segunda mano, o a través de otras vías de entrega para su reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos. En el caso de que exista una comercialización del aparato usado, ésta se acreditará a través de un documento, como una factura formalizada, que acompañe al AEE y que pudiera identificar al comprador y al vendedor, y será de aplicación la normativa vigente en materia de comercio interior, en particular la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
2. Cuando no proceda la entrega prevista en el apartado anterior porque el aparato resulta inutilizable, por falta de componentes esenciales o por daños estructurales difícilmente reparables, entre otras causas, los usuarios de AEE deberán entregarlos como RAEE siguiendo las previsiones de este real decreto.
Artículo 14. Información sobre reutilización de AEE.
1. Las personas físicas o jurídicas, que realicen operaciones de comercio y reparación de AEE usados destinados al mercado de segunda mano reguladas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, llevarán un libro de registro de estos aparatos indicando las unidades, el tipo de aparato, la marca y el número de serie, así como el origen y destino de los mismos. A los efectos de cumplimiento de las obligaciones de información y colaboración con las administraciones públicas previstas en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
2. Las autoridades competentes en materia de seguridad, comercio interior y estadística podrán recabar información de los establecimientos mencionados en el apartado anterior, con objeto de garantizar la seguridad ciudadana y de conocer el nivel de prevención alcanzado en la generación de residuos.
CAPÍTULO IV
Recogida de RAEE
Sección 1.ª Recogida separada de RAEE. Disposiciones generales
Artículo 15. Recogida separada de RAEE.
1. Podrán recoger RAEE:
a) Las Entidades Locales, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas en la sección 2.ª
b) Los distribuidores, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas en la sección 3.ª
c) Los productores de AEE, a través de las redes e instalaciones de recogida diseñadas de acuerdo con la sección 4.ª
d) Los gestores de residuos autorizados para la recogida de cada tipo de RAEE, incluidas las entidades de economía social autorizadas para ello, a través de los mecanismos regulados en la sección 5.ª
2. Los usuarios, como productores de RAEE domésticos, recibirán la acreditación documental de la entrega de los RAEE según lo previsto en los artículos 20.2, 23.1, 23.2 y 28 en función del lugar de entrega. En el documento de acreditación de la entrega se podrá indicar si el estado del aparato permite, previsiblemente, su preparación para la reutilización.
3. Los RAEE no podrán ser abandonados en la vía pública o entregados a operadores o gestores no registrados. La realización de las conductas anteriores se sancionará conforme a lo previsto en el título VII del régimen sancionador de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Artículo 16. Fomento de la recogida separada de RAEE.
1. Las Administraciones Públicas competentes tomarán las medidas adecuadas para recoger los RAEE generados que permitan cumplir, al menos, los objetivos de recogida separada previstos en la sección 6.ª
De manera especial se tomarán las medidas oportunas para la recogida separada de los aparatos de intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa de ozono y gases fluorados de efecto invernadero, de las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, de los paneles fotovoltaicos y de los pequeños aparatos clasificados en las categorías 5 y 6 del anexo III.
2. Las Administraciones Públicas competentes informarán adecuadamente sobre las medidas del apartado anterior y, en general, sobre las modalidades de recogida separada de RAEE, sobre las obligaciones de los usuarios, de los productores de AEE y de los distribuidores de AEE, a través de campañas de concienciación en el ámbito estatal o autonómico, tal y como se prevé en el artículo 51.
Artículo 17. Condiciones de recogida y transporte de RAEE.
1. La recogida de modo separado y el transporte de los RAEE se efectuará de forma que puedan darse las condiciones óptimas para la preparación para la reutilización, el reciclado y el adecuado confinamiento de las sustancias peligrosas y cumplirá los requisitos del anexo VII.A. Las pilas extraíbles de los RAEE se extraerán de éstos para su recogida separada siempre que no se necesite la intervención de un profesional cualificado para ello.
En el caso de los RAEE que contengan mercurio, plomo, fósforo o cadmio o sustancias que agoten la capa de ozono se evitarán las condiciones que puedan provocar su rotura. La recogida y el transporte de estos RAEE cumplirán los requisitos de recogida y transporte específicos previstos en el anexo VII.B.
2. El transporte de RAEE se realizará de conformidad con la legislación sectorial vigente y en los términos del anexo VII. Durante el transporte y almacenamiento de RAEE no se realizarán aperturas o desmontajes de los residuos, estas operaciones se realizarán en los centros de preparación para la reutilización y en las instalaciones autorizadas de tratamiento específico de RAEE con el fin de proteger la salud humana, de evitar la emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente y de evitar que los RAEE pierdan sus componentes y materiales esenciales.
3. El transporte de RAEE lo realizarán gestores registrados a excepción del supuesto del artículo 23.3.
Artículo 18. Requisitos comunes aplicables a la recogida de RAEE.
Los requisitos comunes aplicables a la recogida de RAEE son los previstos en los apartados siguientes:
1. La información sobre los RAEE recogidos se incorporará a la plataforma electrónica de RAEE en los términos previstos en el artículo 55.
A través de esta plataforma electrónica se podrá dar cumplimiento a las obligaciones de archivo cronológico y de elaboración de la memoria resumen, previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La información del archivo cronológico y la memoria será la prevista en los anexos XI y XII. La memoria será remitida a la comunidad autónoma, anualmente antes del 31 de enero del año siguiente al del periodo de cumplimiento.
2. Los RAEE de las fracciones de recogida 1, 2 y 4 del anexo VIII serán adecuadamente identificados a través de etiquetas con lectura electrónica, o instrumentos similares, que garanticen su trazabilidad. En el caso de los RAEE pertenecientes a las fracciones de recogida 3, 5 y 6 la identificación de lectura electrónica se aplicará del mismo modo que en el caso anterior, o a través del etiquetado de contenedores o sistemas de agrupación utilizados en la recogida y transporte.
3. Las instalaciones de recogida suscribirán acuerdos que incluyan la preparación para la reutilización. A ese efecto, los RAEE se revisarán para ese destino siguiendo los criterios del anexo IX.A dedicado a la preparación para la reutilización. En los acuerdos suscritos se definirán las condiciones de acceso a las instalaciones de recogida, que facilitarán los medios necesarios para la separación de los RAEE que puedan destinarse a preparación para la reutilización.
4. En el ámbito de la distribución, las previsiones contenidas en este artículo, serán de aplicación exclusiva a las plataformas logísticas. Los puntos de venta al público que recogen RAEE únicamente deberán dar cumplimiento a los apartados 1 y 2, así como las previsiones de la sección 3.ª
Sección 2.ª Recogida separada de RAEE por las Entidades Locales y su gestión
Artículo 19. Recogida separada de RAEE de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales, en el marco de sus competencias en materia de residuos domésticos, establecerán los sistemas que hagan posible la recogida separada, al menos gratuitamente para el usuario, de los RAEE domésticos. Así mismo, mediante acuerdos o cuando lo establezcan sus ordenanzas, las Entidades Locales podrán aceptar la entrega de RAEE, domésticos procedentes de los pequeños distribuidores.
2. Las Entidades Locales garantizarán la disponibilidad y accesibilidad de los sistemas de recogida separada teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la densidad de población y las condiciones territoriales. Las Entidades Locales podrán aplicar una o varias de las siguientes opciones:
a) recogida puerta a puerta;
b) habilitación de instalaciones de almacenamiento o puntos limpios, fijos o móviles, u otros centros de almacenamiento temporal de que dispongan las Entidades Locales;
c) cualquier otro sistema de recogida municipal de residuos previstos por las ordenanzas locales;
d) suscripción de acuerdos con instalaciones de recogida autorizadas;
e) suscripción de acuerdos con las entidades de economía social a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, autorizadas para la recogida de RAEE.
3. Las Entidades Locales podrán incorporar cláusulas sociales para entidades de economía social en sus instrumentos de contratación o convenios relativos a la recogida y gestión de residuos.
Artículo 20. Requisitos y funcionamiento de las instalaciones de recogida de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales incluirán en las instalaciones de recogida espacios habilitados para los RAEE que puedan ser destinados a la preparación para la reutilización. Los RAEE que se recojan en estas instalaciones se someterán a una revisión previa que priorice la preparación para la reutilización de los RAEE antes de su traslado a las instalaciones de tratamiento.
2. Las instalaciones de recogida emitirán justificantes a quienes entreguen los RAEE indicando la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, número de serie si es posible, y la información suministrada por el usuario sobre su posible destino a la preparación para la reutilización o reciclado.
3. Las instalaciones de recogida de las Entidades Locales cumplirán los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 de principios comunes sobre la recogida así como con las previsiones de esta sección.
Artículo 21. Gestión de los RAEE recogidos en las instalaciones de las Entidades Locales.
1. La gestión de los RAEE recogidos en las instalaciones de las Entidades Locales, se podrá organizar por fracciones de recogida, para realizar la gestión a través de gestores sin la intermediación de la oficina de asignación prevista en el artículo 56, o a través de esta oficina.
2. Cuando las Entidades Locales opten por organizar la gestión de todas o algunas de las fracciones de los RAEE que recojan sin la intermediación de la oficina de asignación, informarán a ésta de su intención antes de que se inicie el año natural. Esta decisión tendrá una duración mínima anual.
3. Los productores de AEE podrán llegar a acuerdos con las Entidades Locales sobre los gestores que realizarán la recogida desde las instalaciones, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico.
4. Se priorizará la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos y del principio de proximidad en la gestión.
Sección 3.ª Recogida separada de RAEE domésticos por los distribuidores y su gestión
Artículo 22. Recogida de RAEE domésticos por los distribuidores de AEE.
1. Los distribuidores con independencia de la superficie de la zona de venta, aceptarán, cuando los usuarios adquieran un nuevo AEE doméstico, la entrega, al menos de forma gratuita, de un RAEE de tipo equivalente o que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere. Los distribuidores deberán cumplir con esta obligación cuando el RAEE sea entregado por el usuario en el punto de venta del distribuidor, así como cuando el usuario realice esa entrega en el hogar al suministrarle un nuevo AEE.
En el caso de que la entrega del RAEE no se realice en el mismo momento de la compra del nuevo AEE, los distribuidores indicarán por escrito el plazo en que el usuario podrá depositar el RAEE en el punto de venta presentando la factura de compra correspondiente del AEE nuevo. Dicho plazo no podrá ser inferior a treinta días naturales.
2. Los distribuidores con una zona destinada a la venta de AEE con un mínimo de 400 m², deberán prever la recogida en sus puntos de venta de carácter minorista, o en su proximidad inmediata, de RAEE muy pequeños, de modo gratuito para los usuarios finales, y sin obligación de compra de un AEE de tipo equivalente.
3. Los distribuidores almacenarán los RAEE según lo previsto en el artículo 17 evitando apilamientos de equipos que puedan dañarse o romperse.
4. Los distribuidores que lleven a cabo la comercialización de los productos a través de venta a distancia, deberán cumplir con todas las obligaciones del distribuidor, a través de la recogida gratuita de un RAEE de tipo equivalente, bien en el punto de entrega del AEE o en el domicilio del comprador al que se suministre el AEE.
Artículo 23. Información sobre la recogida y transporte de RAEE por los distribuidores.
1. En el caso de que la entrega del RAEE se realice en el momento de la compra de un nuevo AEE los distribuidores emitirán un justificante o albarán de recogida del RAEE y entregarán una copia al usuario. El albarán incluirá la fecha de la entrega, tipo de aparato entregado, la marca, el número de serie si es posible, así como la información suministrada por el usuario sobre su posible destino para preparación para la reutilización o reciclaje.
2. En las entregas de AEE a domicilio, incluyendo la venta a distancia, el distribuidor facilitará al transportista justificante o albarán sobre la recogida de RAEE que, en su caso, se pueda realizar en cada entrega. Con esta finalidad el distribuidor solicitará información al comprador sobre su intención de entregar un RAEE equivalente al AEE que se adquiere. En el momento de la recogida del RAEE en el hogar el justificante o albarán será completado con la información prevista en el apartado anterior y con la firma del comprador. En el caso de que el comprador renuncie a la entrega del RAEE que comunicó que iba a entregar, deberá hacer constar dicha renuncia de manera expresa en el justificante o albarán mencionado, del transportista.
3. Los traslados de los RAEE desde los hogares o desde la tienda del distribuidor a la plataforma logística, «logística inversa» o, en su caso, a las instalaciones de las entidades locales, se acompañarán del justificante o albarán previsto en los apartados anteriores en el que se acreditarán los RAEE que se trasladan. Este transporte de RAEE podrá ser realizado por los transportistas que suministren los AEE nuevos, cumplirán las condiciones de transporte del artículo 17 y no le será de aplicación la regulación del real decreto de traslados.
4. El destinatario del RAEE, bien la plataforma logística de la distribución o el gestor de destino enviará electrónicamente al distribuidor la confirmación de la llegada de los RAEE o la referencia del documento de identificación del traslado en el segundo caso. Esta confirmación se realizará a través de la plataforma electrónica prevista en el artículo 55.
Artículo 24. Gestión de los RAEE recogidos por los distribuidores.
1. La gestión de los RAEE recogidos por los distribuidores se podrá organizar por fracciones de recogida. Su gestión se podrá realizar a través de gestores sin la intermediación de la oficina de asignación prevista en el artículo 56, o a través de esta oficina.
2. Cuando los distribuidores opten por organizar la gestión de todas o algunas de las fracciones de los RAEE que recojan sin la intermediación de la oficina de asignación, informarán a ésta de su intención antes de que se inicie el año natural. Esta decisión tendrá una duración mínima anual.
3. Los productores de AEE podrán llegar a acuerdos con los distribuidores sobre los gestores que realizarán la recogida, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico.
4. Se priorizará la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos y del principio de proximidad en la gestión.
Sección 4.ª Recogida separada de RAEE organizada por los productores de AEE
Artículo 25. Recogida de RAEE domésticos a través de las redes de recogida de los productores de AEE.
1. Los productores de AEE, a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor previstos en el capítulo VIII, podrán establecer redes de recogida de los RAEE de origen doméstico de los productos y marcas puestos por ellos en el mercado después de agosto de 2005, así como de los residuos históricos.
2. Las autoridades competentes, motivadamente, para lograr el adecuado cumplimiento de los objetivos comunitarios, por insuficiencia de recogida en determinadas zonas, o por las características específicas o peligrosidad de los residuos, podrán exigir a los productores la previsión de que se establezcan las redes de recogidas necesarias en determinadas zonas o para determinadas categorías y subcategorías de RAEE.
3. Los productores de AEE informarán a las administraciones públicas sobre las redes de recogida y, cuando así se requiriera, informarán sobre la localización, los tipos de residuos que recogen, la capacidad de recogida y los gestores encargados de la recogida y el tratamiento.
4. Las redes de recogida y el transporte que se realice desde las mismas deberán cumplir con los requisitos del artículo 17 y estar en consonancia con lo establecido en este real decreto.
5. Con objeto de aumentar la recogida separada de los RAEE los productores de AEE podrán organizar y financiar su retirada domiciliaria.
Artículo 26. Recogida de RAEE profesionales por los productores de AEE.
1. Los productores de AEE organizarán la recogida separada de los RAEE profesionales generados por sus AEE puestos en el mercado después de agosto de 2005 a través de los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor. La recogida se gestionará a través de la oficina de asignación prevista en el artículo 56.
2. En el caso de los residuos históricos, la organización de la recogida correrá a cargo de los productores de AEE sólo en el caso de que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones. En los demás casos, la organización de la recogida y la financiación de su gestión quedarán a cargo del usuario.
3. Los productores y usuarios de AEE profesionales podrán acordar otra organización distinta a la prevista en los apartados anteriores para la recogida de los RAEE profesionales. Los usuarios podrán encargar la gestión de los RAEE profesionales a gestores autorizados.
Artículo 27. Información sobre la recogida de RAEE de los productores de AEE.
1. Los datos sobre RAEE domésticos recogidos por los productores de AEE a través de sus redes de recogida, así como los datos de la recogida de RAEE profesionales, serán incorporados a la plataforma electrónica prevista en el artículo 55 por los gestores de la primera instalación de almacenamiento a la que se trasladen los RAEE.
2. Los productores de AEE realizarán un seguimiento de los RAEE recogidos a través de sus redes de recogida a través de la plataforma electrónica.
3. Los productores de AEE, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, proporcionarán antes del 28 de febrero del año siguiente al del periodo de cumplimiento al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un informe anual, relativo al ámbito autonómico y estatal, sobre los RAEE en cuya recogida hubieran participado, en formato electrónico, en los términos previstos en el artículo 41.1.e). El Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información relativa a su territorio.
Sección 5.ª Recogida separada de RAEE por gestores de residuos
Artículo 28. Recogida separada de RAEE por gestores de residuos.
1. Los gestores que realicen la recogida de RAEE suministrarán al usuario o poseedor que entregue RAEE, un justificante en el que se indiquen la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, el número de serie si es posible, y la información suministrada por el usuario sobre su posible destino a la preparación para la reutilización o reciclado.
2. Estos gestores cumplirán los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 de principios comunes sobre la recogida así como con las previsiones de esta sección.
Sección 6.ª Objetivos de recogida separada de RAEE
Artículo 29. Objetivos de recogida separada de RAEE.
1. Con el objetivo de recoger separadamente los RAEE que se generen en el territorio nacional, se establecerán los objetivos mínimos anuales de recogida separada de RAEE en el ámbito estatal, expresados en peso. Estos objetivos mínimos se calcularán por cada categoría prevista en los anexos I y III y serán exigibles de forma separada para RAEE domésticos y para RAEE profesionales.
2. Los objetivos estatales de recogida a partir del 1 de enero de 2019 se calcularán mediante una de las siguientes opciones, a decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
a) el objetivo será como mínimo, el 65% de la media del peso de los AEE introducidos en el mercado en los tres años precedentes; o
b) el objetivo será el 85% de los RAEE generados, una vez la Comisión Europea establezca la metodología para la estimación de estos residuos generados.
Una vez cumplido el objetivo mínimo anual, esto no podrá ser obstáculo para que los residuos que se continúen generando, sean recogidos, gestionados y financiados adecuadamente según lo previsto en este real decreto.
3. Antes del 28 de febrero de cada año, a partir de los datos recibidos del Registro Integrado Industrial sobre los AEE puestos en el mercado en los años precedentes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicará los objetivos estatales mínimos de recogida separada por categorías, uso profesional o doméstico, para el periodo anual de cumplimiento que será el año natural de que se trate, expresados en kilogramos o toneladas.
Los objetivos mínimos anuales en el ámbito estatal deberán cumplirse en cada comunidad autónoma en proporción a su población, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre del año precedente. No obstante, la Comisión de Coordinación en materia de residuos podrá arbitrar mecanismos de compensación para modular los objetivos autonómicos en función de los parámetros adicionales que se consideren adecuados, tales como indicadores oficiales de desarrollo económico y social, y de desarrollo industrial o indicadores cuya incidencia en la generación de RAEE haya sido demostrada, y que, en cualquier caso, garanticen el cumplimiento de los objetivos mínimos en el ámbito estatal.
4. Antes del 31 de marzo de cada año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión de Coordinación de Residuos, publicará los objetivos mínimos de recogida separada que deberán cumplir los productores, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, en el ámbito estatal y autonómico por categorías y uso profesional o doméstico, para el periodo anual de cumplimiento, expresados en kilogramos o toneladas. Estos objetivos se calcularán a partir de la cuota de mercado procedente del Registro Integrado Industrial. Adicionalmente, se publicarán los objetivos estimados de recogida en los que además de la cuota de mercado de los productores, se tendrá en cuenta la información relativa a otros canales de recogida y gestión que no sean financiadas por los productores de AEE, derivada de la plataforma electrónica prevista en el artículo 55, una vez que esta información esté disponible. Estos objetivos estimados de recogida, se podrán actualizar a lo largo del periodo anual de cumplimiento, en función de la información que derive de la plataforma electrónica y de la oficina de asignación.
CAPÍTULO V
Tratamiento de RAEE
Artículo 30. Preparación para la reutilización.
1. En aplicación del principio de jerarquía de residuos se dará prioridad a la preparación para la reutilización de los RAEE, de sus componentes, subconjuntos y consumibles.
2. La preparación para la reutilización se llevará a cabo en las etapas más próximas a la recogida inicial por gestores autorizados según los requisitos previstos en el anexo IX. Para ello se podrán entregar los RAEE, directamente por los usuarios a los propios centros de preparación para la reutilización, o se podrán revisar y clasificar los RAEE en las instalaciones de recogida tal y como se establece en el artículo 18. Los RAEE que, tras su clasificación, no sean susceptibles de ser preparados para la reutilización, serán enviados a las instalaciones de tratamiento.
Los gestores de preparación para la reutilización llegarán a acuerdos con las instalaciones de tratamiento específico sobre los RAEE recogidos y destinados a la preparación para la reutilización y la entrega de los RAEE y los componentes rechazados a éstas para cumplir con los objetivos de valorización previstos en el artículo 32.
3. En el ámbito de la contratación pública, y especialmente, en las materias relacionadas con la preparación para la reutilización, las Administraciones Públicas competentes podrán establecer cláusulas sociales para los gestores de RAEE, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Una vez finalizado el proceso de preparación para la reutilización, el residuo pasará a ser un AEE o un componente recuperado. Se aplicará la normativa vigente en materia de comercio interior, en particular la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
5. Las autoridades competentes harán públicos los centros de preparación para la reutilización autorizados dentro de su ámbito territorial.
Artículo 31. Tratamiento especifico de RAEE.
1. No se podrán eliminar los RAEE que no hayan sido previamente sometidos a un tratamiento de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
2. Los RAEE recogidos, que no hayan sido destinados a la preparación para la reutilización, así como los RAEE o los componentes que hayan sido rechazados tras la preparación para la reutilización, se tratarán en instalaciones de tratamiento específicamente autorizadas para cada caso, según lo previsto en el artículo 37 o en condiciones equivalentes en el caso de tratarse en instalaciones fuera de la Unión Europea. Los gestores que lleven a cabo la preparación para la reutilización y los gestores que realicen el tratamiento específico acordarán la entrega de los RAEE y componentes rechazados procedentes de la preparación para la reutilización para cumplir con los objetivos de valorización previstos en el artículo 32 en los términos previstos en el anexo XIV.A.
El tratamiento específico de RAEE incluirá, como mínimo, la retirada de todo tipo de fluidos, incluidos aceites, lubricantes u otros, y el tratamiento selectivo de materiales y componentes, de conformidad con lo previsto en el anexo XIII. No se permitirá prensar ni fragmentar ni compactar ningún RAEE que no haya sido sometido previamente al procedimiento de tratamiento específico que le corresponda.
3. La Comisión de Coordinación podrá establecer instrucciones técnicas de carácter orientativo, que serán adicionales a lo establecido en los anexos correspondientes de este real decreto y podrá proponer actualizaciones de los propios anexos relativos a los requisitos de tratamiento de RAEE.
4. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán que los establecimientos o empresas que lleven a cabo operaciones de tratamiento establezcan sistemas certificados de gestión del medio ambiente de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
Artículo 32. Objetivos de valorización.
1. Las instalaciones de tratamiento específico de RAEE, cumplirán los objetivos mínimos de reciclado y valorización establecidos en el anexo XIV.A respecto de los RAEE que entran en sus instalaciones. Los índices de valorización tendrán en cuenta los residuos preparados para la reutilización según lo previsto en el anexo XIV e incluirán esta información en su memoria anual.
Para el cálculo de los objetivos de valorización de RAEE se incluirán los tratamientos a que se someten los aceites industriales usados contenidos en el RAEE, así como el tratamiento de las pilas y acumuladores no extraíbles.
2. En el caso de instalaciones donde se traten otros tipos de residuos que no sean RAEE, se llevarán a cabo triajes o estudios específicos que avalen los objetivos de valorización para cada categoría de RAEE. Los triajes se efectuarán según las condiciones de autorización de la instalación y como mínimo serán anuales. Se podrán homogeneizar los criterios para dichos triajes mediante notas o instrucciones técnicas elaboradas por la Comisión de Coordinación de Residuos.
3. Las actividades preliminares, incluidas la clasificación y el almacenamiento previos a la valorización, no se tendrán en cuenta por lo que respecta al cálculo de los índices ni a la consecución de los objetivos de valorización. Las instalaciones indicarán en su memoria anual los RAEE que mantienen almacenados para su tratamiento en el siguiente año.
4. Los RAEE que sean tratados en otro Estado miembro de la Unión Europea, serán computados para el cumplimiento de los objetivos de valorización según se prevé en el artículo 35.2.
Los RAEE que se exporten fuera de la Unión computarán para la consecución de las obligaciones y los objetivos de valorización de este real decreto cuando, cumpliendo con los Reglamentos (CE) n.º 1013/2006 y (CE) n.º 1418/2007 de traslado de residuos, el operador del traslado pueda demostrar que el tratamiento se realiza en condiciones equivalentes, de acuerdo con este real decreto hasta que la Comisión Europea adopten los actos delegados a este efecto previstos en el artículo 10.3 de la Directiva 2012719/UE de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El operador del traslado adjuntará el certificado que acredite estas condiciones equivalentes de tratamiento, emitido por un verificador independiente.
5. Los productores de AEE, en la organización de la gestión de los RAEE que financien, así como los negociantes, cumplirán los objetivos de valorización previstos en el anexo XIV.B y acreditarán dicho cumplimiento a través de las certificaciones de las instalaciones de tratamiento autorizadas con las que colaboren y de los datos disponibles en la plataforma electrónica prevista en el artículo 55.
Artículo 33. Obligaciones de información de los gestores de RAEE y productores de AEE en materia de tratamiento de RAEE.
1. Los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento específico mantendrán el archivo cronológico previsto en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que estará vinculado a la plataforma electrónica prevista en el artículo 55.
2. Los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento específico enviarán a las comunidades autónomas antes del 31 de enero del año siguiente al del periodo de cumplimiento, las memorias con la información prevista en el anexo XII, incluyendo las tablas 1 y 2 de dicho anexo.
3. Las instalaciones de tratamiento específico incluirán en su memoria anual un balance de masas con arreglo a lo previsto en el anexo XIII y el objetivo de valorización alcanzado de conformidad con lo previsto en el anexo XIV. Para el cálculo del índice de valorización se tendrán en cuenta los resultados de los procesos de preparación para la reutilización, cuando se realice esta operación en la instalación o cuando se haya llegado a acuerdos con centros de preparación para la reutilización, para computar conjuntamente los residuos recogidos y gestionados. A estos efectos se partirá de las certificaciones de los centros de preparación para la reutilización y de los gestores de destino, que incluirán los resultados de la gestión de los componentes, materiales y sustancias que salgan de las instalaciones de tratamiento específico. Estas certificaciones se adjuntarán a la memoria para el cálculo del índice de valorización y los gestores de las instalaciones conservarán esta documentación durante al menos tres años.
Las memorias se generarán con la información disponible en el archivo cronológico a través de la plataforma electrónica. El acceso al contenido de estas memorias estará limitado a las administraciones públicas competentes.
4. En el caso de instalaciones de tratamiento donde se traten otro tipo de residuos que no sean RAEE, se documentarán los resultados de los triajes o de estudios específicos que avalen el cumplimiento de los objetivos de valorización para cada categoría de RAEE.
5. Los productores de AEE enviarán anualmente, antes del 28 febrero del año siguiente al del cumplimiento, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un informe anual, relativo al ámbito autonómico y estatal sobre las cantidades de RAEE preparados para la reutilización, reciclados y valorizados, que hayan sido financiados por ellos, en los términos previstos en el artículo 41.1.e). El Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información relativa a su territorio.
CAPÍTULO VI
Traslados de RAEE
Artículo 34. Traslado de RAEE en el interior del territorio del Estado.
1. Los traslados de RAEE en el interior del territorio del Estado se regirán por la normativa que regula el traslado de residuos recogida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, en sus normas de desarrollo y por lo dispuesto en este real decreto.
2. Los traslados de RAEE desde las instalaciones de recogida a los centros de preparación para la reutilización y a las instalaciones de tratamiento específico se realizarán de manera que estas instalaciones reciban, almacenen y traten sólo los grupos de RAEE para los que estén autorizadas.
Artículo 35. Entrada y salida de RAEE fuera del territorio nacional o fuera de la UE.
1. La entrada y salida de RAEE del territorio nacional se regirá por lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2. Los operadores de traslados de RAEE a países de la Unión Europea informarán a la autoridad competente de la comunidad autónoma, sobre los traslados de estos residuos y aportarán copia de la autorización de la instalación de destino expedida por el Estado miembro, a los efectos de cómputo de objetivos de valorización previsto en el artículo 32. Se harán constar las cantidades y categorías de residuos, así como las instalaciones de tratamiento. La copia se entregará una vez y ésta tendrá la validez que se especifique en su autorización.
La información relativa a los traslados de RAEE a países de la Unión Europea se incorporará a la plataforma electrónica del artículo 55 por el operador del traslado cuando éste sea un gestor de residuos que tenga que incorporar los datos sobre su gestión en la plataforma, en los demás casos, incorporará esta información la autoridad competente de la comunidad autónoma.
3. Los operadores de traslados de RAEE fuera de la Unión Europea informarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre los traslados de estos residuos y, en su caso, aportarán el certificado de tratamiento en condiciones equivalentes a las previstas en este real decreto, hasta que la Comisión europea adopte los actos delegados a este efecto previstos en el artículo 10.3 de la Directiva 2012719/UE de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La información sobre el envío y la aportación del certificado se enviará con carácter previo a la realización del traslado, a los efectos de cómputo de objetivos de valorización previsto en el artículo 32. Se harán constar las cantidades y categorías de residuos, así como las instalaciones de tratamiento.
La acreditación de las condiciones equivalentes, se realizará por un tercero independiente técnicamente reconocido internacionalmente. Los certificados de tratamiento en condiciones equivalentes tendrán una validez de dos años en su caso lo indicado en su autorización. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá un listado de instalaciones fuera de la UE con los certificados vigentes, en soporte electrónico que podrá ser consultado por las autoridades administrativas.
La información relativa a los traslados de RAEE a países fuera de la Unión Europea se incorporará a la plataforma electrónica del artículo 55 por el operador del traslado cuando éste sea un gestor de residuos que tenga que incorporar los datos sobre su gestión en la plataforma, en los demás casos, incorporará esta información el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 36. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de AEE usados de un traslado de RAEE.
Los traslados de AEE usados cumplirán los requisitos previstos en el anexo XV. Las autoridades competentes para autorizar, controlar e inspeccionar el traslado podrán verificar el cumplimiento de estos requisitos a fin de distinguir que el traslado de que se trata no supone un traslado de RAEE. Los costes derivados del control e inspección por parte de las autoridades competentes podrán imputarse, en aplicación de lo previsto en el artículo 57.2, al operador del traslado y en su defecto a la persona física o jurídica que realiza materialmente u organiza el traslado.
CAPÍTULO VII
Autorizaciones, comunicaciones, y otras obligaciones de los gestores de RAEE
Artículo 37. Comunicación, autorización y registro de los gestores e instalaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento específico de RAEE.
1. Las comunicaciones, autorizaciones y obligaciones de información se regirán por lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se completará con las previsiones de este real decreto.
Las autorizaciones y comunicaciones se inscribirán de oficio por la autoridad autonómica competente en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, que será público, y en el que se podrán consultar las categorías de RAEE, la gestión y tipo de tratamiento que realice cada sujeto.
2. Las instalaciones de recogida de RAEE deberán ser autorizadas de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estas instalaciones almacenarán y agruparán los RAEE siguiendo las previsiones del anexo VIII.1. Las plataformas logísticas presentarán una comunicación previa en la comunidad autónoma en la que estén ubicadas, con el contenido establecido en el anexo X y cumplirán los requisitos de almacenamiento del anexo VIII. 1.
3. La autorización de los gestores dedicados a la preparación para la reutilización, requerirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo IX.B
4. La autorización de las instalaciones de tratamiento implicará el cumplimiento de los requisitos previstos en el anexo XIII dedicado a los tratamientos específicos de RAEE y de los objetivos de valorización del anexo XIV.
5. El otorgamiento de la autorización correspondiente, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, requerirá del órgano competente, al menos:
a) Inspección previa de la instalación de almacenamiento, centro de preparación para la reutilización o de tratamiento específico para verificar que cumple con los requisitos del anexo VIII, IX o XIII, que le correspondan.
b) Comprobación de que la instalación de tratamiento específico ha realizado un proyecto de prueba o ensayo para comprobar que puede cumplir con los objetivos de valorización establecidos. El proyecto de prueba o ensayo quedará documentalmente registrado, bien de forma convencional o telemática, para su correcta comprobación por las autoridades competentes.
Con anterioridad a la realización de esta prueba la instalación de tratamiento informará a la comunidad autónoma, concretando el tipo y cantidad de residuo a tratar y el tiempo destinado a realizar los ensayos.
Podrán establecerse criterios mínimos homogéneos para el proyecto de prueba o ensayo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión de Coordinación de Residuos.
6. En el contenido de la autorización, se relacionarán las operaciones específicas de tratamiento o procesos que se pueden llevar a cabo en la instalación. El anexo XVI recoge una lista indicativa de este tipo de operaciones.
7. Cualquier modificación sustancial de la instalación, incluidos los cambios en los procedimientos de tratamiento previstos cuando se concedió la autorización, requerirá la actualización de la autorización y el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo. Igualmente se actualizarán las comunicaciones previstas en este artículo cuando se produzca cualquier cambio en el ejercicio de la actividad comunicada o en la información incluida en la comunicación.
8. Los negociantes registrados para operar con RAEE, cumplirán en el ejercicio de su actividad con las condiciones previstas en su comunicación y elaborarán una memoria anual con el contenido previsto en el anexo XVIII apartados b y c, sobre las cantidades de RAEE preparados para la reutilización, reciclados y valorizados que hayan sido financiados por ellos, a partir de la información certificada de los gestores y según la información disponible en la plataforma electrónica de RAEE del artículo 55. Presentarán la memoria en las comunidades autónomas donde desarrollen su actividad antes del 28 de febrero del año siguiente al periodo de cumplimiento y será incorporada al Registro de Producción y Gestión de Residuos.
CAPÍTULO VIII
Responsabilidad ampliada del productor de AEE
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 38. La responsabilidad ampliada del productor de AEE.
1. Los productores de AEE, en el marco de la responsabilidad ampliada del productor:
a) En materia de prevención, diseñarán y fabricarán los aparatos facilitando su reutilización, reparación y reciclabilidad, y elaborarán planes de prevención de RAEE.
b) Pondrán en el mercado los AEE cumpliendo los requisitos de fabricación, diseño, marcado e información, previstos en este real decreto y en las restantes normas que les resulten de aplicación.
c) En materia de recogida aplicarán las previsiones que se incorporen en la comunicación o autorización de los sistemas de responsabilidad ampliada, cumplirán los objetivos mínimos de recogida de RAEE que se publiquen por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Podrán establecer redes de recogida propia que aseguren la recogida de todos los RAEE generados en todo el territorio estatal.
El cumplimiento de la obligación de recogida en todo el territorio del Estado prevista en el artículo 32.5.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, podrá realizarse, especialmente, en el caso de los territorios ultraperiféricos, a través de acuerdos con los sistemas que tengan su sede social en ese territorio.
d) Organizarán y financiarán la recogida y la gestión de los RAEE que les correspondan. En cuanto a la gestión, cumplirán los objetivos de valorización previstos en el anexo XIV, parte A y parte B. Financiarán la gestión y constituirán una garantía financiera en los términos previstos en las secciones 3.ª y 4.ª, financiarán los instrumentos de coordinación previstos en los artículos 55 y 56, en los términos previstos en estos artículos, así como las campañas de concienciación e información en materia de prevención, correcta recogida y gestión de los RAEE y colaborarán en su diseño y difusión, junto con los distribuidores y las administraciones competentes.
e) Cumplirán las obligaciones de información y suministro de documentación previstas en los términos que se acuerden en este real decreto.
f) Garantizarán que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que se constituyen cumplen con los requisitos previstos en este real decreto y que disponen de medios económicos suficientes para cumplir con sus obligaciones de financiación, recogida y tratamiento de los residuos generados por sus productos en todo el territorio estatal.
g) Respetarán los principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio ambiente, la aplicación de la jerarquía de residuos y la defensa de la competencia, en relación con la puesta en el mercado de AEE y la gestión de RAEE.
2. Los productores de AEE constituirán sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada y especificarán qué obligaciones asumen a través de cada uno de los sistemas en cada categoría o subcategoría de AEE. Los productores podrán optar por una combinación de varios sistemas de responsabilidad ampliada en el caso de que pongan en el mercado productos de distintas categorías y subcategorías de AEE.
Artículo 39. Comunicación, constitución y funcionamiento de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor.
1. Los productores que opten por un sistema individual, presentarán ante el órgano competente de la comunidad autónoma en la que radique su sede social una comunicación siguiendo lo previsto en el anexo IX de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se acompañará, en su caso, de la garantía financiera suscrita de conformidad con el artículo 48 y siguientes, y que se inscribirá de oficio por la autoridad autonómica competente en el Registro de Producción y Gestión de Residuos. La comunicación del sistema individual identificará los AEE que el productor prevé poner en el mercado y los residuos que prevé recoger, de conformidad con la tabla 1 del anexo VIII.
2. El productor que opte por un sistema individual podrá constituir un:
a) Sistema individual selectivo que financie y organice la gestión de los RAEE generados por su propia marca o marcas, en todas las categorías de AEE.
b) Sistema individual no selectivo, que financie y organice la gestión de los RAAE de las mismas categorías que los AEE que el productor pone el mercado, con independencia de la marca.
c) Los productores de AEE podrán presentar otras opciones de sistemas individuales a las autoridades autonómicas competentes. La Comisión de Coordinación en materia de residuos, a través de su grupo de trabajo de RAEE valorará la idoneidad de estas fórmulas para cumplir con las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor previstas en este real decreto, en especial, valorará favorablemente los modelos que estimulen el esfuerzo del ecodiseño de los productores.
3. Las cantidades mínimas de residuos que tienen que recoger los sistemas individuales cada año se establecerán por el Ministerio para cada categoría en función de la cuota de mercado del productor del año anterior al del periodo de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.
Artículo 40. Constitución, autorización y funcionamiento de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor de AEE.
1. Los sistemas colectivos se constituirán y autorizarán de conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y tendrán como finalidad exclusiva el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor.
2. La solicitud de autorización que presente el sistema colectivo y la autorización que se otorgue, tendrán el contenido previsto en el anexo XVII. La solicitud de autorización se presentará según lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La Comisión de Coordinación en materia de residuos valorará el contenido de la solicitud y la idoneidad del funcionamiento del sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada.
Se analizarán, entre otros aspectos, la transparencia y objetividad en las formas de incorporación de los productores a los sistemas que en todo caso garantizarán la no discriminación en la incorporación de los operadores, el proceso interno de toma de decisiones con base en criterios objetivos, la duración de los contratos de incorporación al sistema y los mecanismos de intercambio de información entre los integrantes del sistema colectivo y entre éste y el resto de operadores de la gestión de residuos. Igualmente se analizará la aplicación de condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias en las relaciones entre los sistemas y el resto de operadores de residuos, así como los acuerdos entre sistemas colectivos. Las tomas de decisiones y el suministro de información no debe producir un aumento del riesgo de colusión entre los productores del sistema, ni entre el sistema y el resto de operadores de la gestión de residuos.
Adicionalmente, se valorará la no existencia de conflicto de intereses entre los miembros del sistema o quienes forman parte de los órganos con capacidad de decisión y otros operadores, especialmente con los gestores de residuos a los que deben contratar.
3. La autoridad competente podrá incluir en la autorización condiciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos y obligaciones de los productores de AEE en todo el territorio estatal, en función de las características de cada territorio. Igualmente se podrá incluir la previsión de implantación de redes de recogida en determinadas zonas, o en determinadas categorías y subcategorías de AEE, en función de las características específicas o de peligrosidad de dichas categorías y subcategorías.
4. La vigencia de la autorización será de cuatro años, al cabo de los cuales se revisará iniciándose de nuevo el procedimiento establecido en este artículo. En cada ejercicio anual y durante la vigencia de las autorizaciones, las comunidades autónomas vigilarán el cumplimiento de las condiciones de la autorización en su territorio.
5. La comunidad autónoma concederá, si procede, la autorización en la que se fijarán las condiciones de ejercicio con arreglo al contenido del anexo XVII. El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la aplicación de las previsiones del artículo 59. Una vez inscrita la misma en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, el sistema colectivo podrá comenzar con su actividad.
6. Los sistemas colectivos establecerán sus normas de funcionamiento interno garantizando la participación de los productores en la toma de decisiones, especialmente en relación con las decisiones que afecten a las categorías y subcategorías de aparatos que el productor pone en el mercado. Todos los miembros del sistema colectivo tendrán derecho a recibir la información que se derive del cumplimiento de lo previsto en este real decreto, a formular comentarios y alegaciones y a que éstos sean valorados y tenidos en cuenta en el funcionamiento del sistema, especialmente en relación con las categorías y subcategorías de los aparatos que el productor pone en el mercado.
7. En los supuestos de finalización de la actividad del sistema colectivo, los sistemas colectivos deberán informar con tres meses de antelación a todos los productores que lo integren, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los productores, así como a la autoridad administrativa que le concedió su autorización, para que deje sin efecto la misma.
Los productores podrán constituir o integrarse en otro sistema de responsabilidad ampliada según lo previsto en este real decreto.
Las garantías financieras depositadas serán devueltas a los productores.
Sección 2.ª Obligaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor
Artículo 41. Obligaciones comunes a los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor de AEE.
1. Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados a cumplir con las obligaciones que los productores les confieran en las materias de organización de la recogida, gestión, cumplimiento de objetivos, financiación e información, derivadas de la responsabilidad ampliada del productor previstas en este real decreto. En todo caso estos sistemas:
a) Aplicarán las previsiones que se incorporen en la comunicación y autorización de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, según lo previsto en este real decreto.
b) Participarán en la organización, funcionamiento y financiación de la plataforma electrónica de gestión de RAEE y de la oficina de asignación de recogidas en los términos previstos en este real decreto.
c) Suscribirán acuerdos o contratos con los distribuidores para establecer las condiciones de financiación, recogida, almacenamiento, clasificación de RAEE y entrega a los gestores para su gestión.
d) Celebrarán acuerdos o contratos con los gestores de residuos autorizados, y con los centros de preparación para la reutilización para financiar los costes de recogida y tratamiento, de los RAEE recogidos, con el alcance previsto en los artículos 43 y 44.
Las condiciones de contratación con los gestores de residuos deberán garantizar el cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 32.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de publicidad, concurrencia e igualdad, con especial valoración de la aplicación del principio de proximidad.
Los contratos respetarán las condiciones de las autorizaciones de los gestores. Los datos que los gestores hayan de suministrar a los sistemas serán los previstos en este real decreto, respetando la confidencialidad de la actividad de los gestores según la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia, así como el libre comercio de los RAEE, sus materiales y componentes.
e) Proporcionarán antes del 28 de febrero del año siguiente al del periodo de cumplimiento el informe anual previsto en el anexo XVIII, aparatos a), b) y c) relativos a los ámbitos autonómico y estatal al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El informe se entregará en formato electrónico o, en su caso, a través de los medios electrónicos o portales web que se dispongan al efecto. El Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información relativa a su territorio.
El informe relativo a cada comunidad autónoma partirá de la información contenida en la plataforma electrónica y comprenderá los datos relativos a la gestión de los residuos recogidos que tengan su origen en el territorio de esa comunidad autónoma. El informe incluirá una tabla resumen de los RAEE recogidos y gestionados según el formato de las tablas 1 y 2 del anexo XII. El informe relativo al ámbito estatal contendrá, adicionalmente, la información anterior agregada en el ámbito estatal.
Los RAEE preparados para la reutilización, reciclados y valorizados así como los eliminados, se corresponderán con los datos correspondientes certificados por cada gestor para este fin. Dichos certificados se adjuntarán al informe.
La anterior documentación se acompañará de un informe auditado por una entidad externa e independiente que avale la veracidad de los datos proporcionados.
f) Proporcionarán, antes del 31 de octubre del año en curso, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a efectos de conocimiento y con carácter confidencial, un informe en formato electrónico con las previsiones para el año siguiente en materia de prevención, preparación para la reutilización, recogida, reciclado y valorización de RAEE por categorías y subcategorías en cada comunidad autónoma y en el ámbito estatal, con referencia a los objetivos mínimos a alcanzar, a los gestores y centros de preparación con los que colaborarán. Este informe se basará en el contenido de su autorización o en su comunicación y en las especificidades territoriales. El informe contendrá una estimación de las cuotas a aplicar a cada productor con base en los aparatos puestos en el mercado, los parámetros que las justifiquen y las previsiones de ingresos y gastos. El Ministerio dará traslado a cada comunidad autónoma de la información relativa a su territorio.
g) Garantizarán que no existe una doble financiación del régimen de responsabilidad ampliada del productor de AEE con otros regímenes de responsabilidad ampliada del productor de componentes o sustancias que se encuentren contenidos en los RAEE, tales como pilas o aceites usados,
2. El informe anual de los sistemas de responsabilidad ampliada previsto en el apartado 1.e) será valorado por cada autoridad autonómica competente, a través de los instrumentos de seguimiento que consideren oportuno y revisado por el grupo de trabajo de RAEE. Las autoridades competentes serán responsables de la supervisión y control del ejercicio de los sistemas en su territorio según se establece en el artículo 21 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado y podrán realizar los oportunos comentarios sobre las actuaciones a llevar a cabo en su territorio, así como sobre el cumplimiento de las condiciones de la comunicación o autorización.
3. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor sólo podrán organizar la gestión de los residuos de las categorías y subcategorías de AEE que los productores que se integran en esos sistemas ponen en el mercado y para las que estén autorizados o hayan sido recogidos en su comunicación.
4. El productor que abandone un sistema de responsabilidad ampliada deberá informar al sistema de origen, al nuevo sistema en el que se integra o que constituye, y al Registro Integrado Industrial, durante los tres últimos meses del año, siguiendo lo previsto en el artículo 8.3. La garantía financiera depositada, en su caso, por el productor, será reasignada al sistema de destino, según se prevé en las secciones 3.ª y 4.ª El cambio de un sistema de responsabilidad a otro supone que el nuevo sistema asume íntegramente las obligaciones del productor derivadas de su cuota de mercado en el siguiente año.
Artículo 42. Obligaciones adicionales de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
Los sistemas colectivos deberán:
a) Informar a los productores del cumplimiento de los objetivos del sistema colectivo en materia de recogida separada, tratamiento y valorización, por categorías de AEE y los repercutirán a cada productor, en función de su cuota de participación en el sistema colectivo.
b) Incluir en el informe previsto en el artículo 41.1.e), el apartado d) sobre datos económicos del anexo XVIII debidamente auditado e incorporando elementos indicativos de su autenticidad. El informe, incluirá la auditoria de sus cuentas anuales elaboradas, aprobadas de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del plan general de contabilidad a las entidad sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, siguiendo lo previsto en el artículo 32.5.j) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. En el caso de que el informe suponga desviaciones respecto a las previsiones presentadas el año anterior por el sistema colectivo, se deberá presentar la justificación de esta desviación.
La Comisión de Coordinación de Residuos podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria.
c) Salvaguardar la confidencialidad de la información que los miembros del sistema colectivo hayan aportado para el funcionamiento de éste, especialmente de la que pueda resultar relevante para la actividad económica de los miembros del sistema.
Sección 3.ª Alcance de las obligaciones de la financiación de los productores de AEE
Artículo 43. Financiación en materia de RAEE domésticos.
1. Cada productor de AEE domésticos será responsable de financiar, al menos, la recogida, el transporte y el tratamiento de los RAEE domésticos depositados en los puntos o redes de recogida del sistema, en las instalaciones de recogida de los Entes Locales y de los distribuidores, así como los RAEE domésticos recogidos por los gestores con los que hayan llegado a acuerdos. La gestión de los RAEE que haya sido encargada por las Entidades Locales o los distribuidores directamente a gestores autorizados, podrá ser financiada por los productores de AEE siempre que se base en acuerdos a los que lleguen con los gestores y en los términos en los que en ellos se especifique.
2. Los costes de la gestión de los RAEE mencionados en el apartado anterior incluirán:
a) La identificación, clasificación y almacenamiento de los RAEE entregados en las instalaciones de recogida y la adecuación de las mismas a las condiciones previstas en este real decreto.
b) El transporte de los RAEE desde las instalaciones de recogida hasta los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento, incluyendo las etapas de almacenamiento temporal así como los costes de las actividades de identificación y clasificación que puedan realizarse en dichas instalaciones de almacenamiento y tratamiento.
c) La preparación para la reutilización, el tratamiento específico, la valorización y la eliminación realizadas de conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y en este real decreto, de los RAEE recogidos.
d) La recogida y gestión de los aceites industriales usados contenidos en los RAEE estará incluida en la financiación que realicen los productores de AEE para la gestión de sus residuos, de manera que no será de aplicación a estos aceites la responsabilidad ampliada del productor prevista en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, de aceites industriales usados, sin perjuicio de lo relativo a las condiciones de tratamiento de los mismos, una vez extraídos de los RAEE, según lo dispuesto en el apartado G9 del anexo XIII.
e) En el caso de que las pilas y acumuladores estén incorporados en el AEE sin poder extraerse por el usuario, los productores de AEE financiarán la recogida y el transporte de las pilas y acumuladores hasta la extracción de éstos del RAEE, así como su tratamiento posterior.
3. Cada productor será responsable de financiar las operaciones a que se refiere el apartado anterior, a través de sistemas individuales o colectivos, en relación con los residuos procedentes de los productos que puso en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005.
4. La responsabilidad de la financiación de los costes de gestión de los RAEE domésticos históricos recaerá en todos los productores de AEE que operen en el mercado cuando se produzcan dichos costes. Cada productor contribuirá de manera proporcional a la cuota de mercado que le corresponda en cada categoría de AEE.
5. Los productores podrán financiar los costes derivados de la recogida y transporte de los RAEE domésticos con destino a las instalaciones de recogida.
6. Los productores financiarán la creación y mantenimiento de los instrumentos de coordinación en materia de RAEE establecidos en los artículos 55 y 56.
7. Los productores de AEE domésticos deberán depositar una garantía financiera anual según lo previsto en la sección 4.ª
8. Los productores financiarán lo establecido en este artículo en función de su cuota de mercado, por categorías en los términos previstos en este real decreto.
9. Los sistemas de responsabilidad ampliada establecerán mecanismos de reembolso de las contribuciones que hubieran realizado por productos que se transfieren al mercado de otro Estado miembro.
10. Con objeto de aumentar la recogida separada de los RAEE domésticos los productores de AEE podrán organizar y financiar su retirada domiciliaria.
Artículo 44. Financiación en materia de RAEE profesionales.
1. Los productores aportarán, al menos, la financiación de los costes de recogida, preparación para la reutilización, tratamiento específico, valorización y eliminación de los RAEE profesionales, derivados de los productos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005.
En el caso de los residuos históricos que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones, la financiación de los costes correrá a cargo de los productores de estos productos cuando los suministren. En el caso de otros residuos históricos, la financiación de los costes será asumida por los usuarios profesionales a través de gestores de RAEE registrados o inscritos en el Registro de Producción y Gestión de residuos.
2. Los productores y los usuarios de AEE profesionales podrán, si perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, celebrar acuerdos que estipulen otros métodos de financiación.
3. Los productores de AEE profesionales participarán en la financiación de los instrumentos de coordinación previstos en los artículos 55 y 56. La organización de la gestión de los RAEE profesionales a través de sistemas individuales o colectivos deberá de ser computada a través de la oficina de asignación de recogidas.
4. La recogida y gestión de los aceites industriales usados contenidos en los RAEE profesionales, estará incluida en la financiación que realicen los productores de AEE para la gestión de sus residuos, de manera que no será de aplicación a estos aceites la responsabilidad ampliada del productor prevista en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, de aceites industriales usados, sin perjuicio de lo relativo a las condiciones de tratamiento de los mismos, una vez extraídos de los RAEE, según lo dispuesto en el apartado G9 del anexo XIII.
5. En el caso de que las pilas y acumuladores estén incorporados en el AEE profesional sin poder extraerse por el usuario, los productores de AEE profesionales financiarán la recogida y el transporte de las pilas y acumuladores hasta la extracción de éstos del RAEE, así como su tratamiento completo posterior.
Sección 4.ª Garantías financieras de AEE domésticos
Artículo 45. Garantías financieras de AEE domésticos.
1. Los productores de AEE domésticos, constituidos en sistemas individuales o colectivos, suscribirán, una garantía financiera y lo acreditarán ante el órgano competente en la comunidad autónoma donde se vaya a presentar la comunicación o a solicitar la autorización de estos sistemas.
2. La garantía financiera asegurará la financiación de la gestión de los RAEE procedentes de los aparatos puestos en el mercado por el productor o productores de que se trate, de manera que se cumplan los objetivos mínimos del sistema de responsabilidad ampliada y que no se vean afectados los restantes productores, en los supuestos de:
a) insolvencia de uno o varios productores;
b) incumplimiento de las condiciones de la autorización o comunicación;
c) disolución del sistema de responsabilidad ampliada sin que se garantice la financiación de la gestión de los residuos que le correspondían.
3. El plazo de la garantía financiera es anual, transcurrido este plazo se revisará y se podrá constituir una nueva, para adecuar su alcance y cuantía a lo previsto en el apartado anterior.
Artículo 46. Modalidades de la garantía financiera.
La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.
b) Un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar en España.
c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» que se podrá dedicar a inversiones financieras respaldadas por el sector público.
d) Mediante las garantías admitidas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Artículo 47. Cuantía de la garantía financiera.
1. La cuantía de la garantía financiera de cada productor se determinará en función de los objetivos mínimos de recogida anuales de RAEE domésticos y de los costes medios de gestión de RAEE según la fórmula prevista en el anexo XVII.2.
2. Los costes medios de gestión de RAEE se establecerán a los efectos de la determinación de la garantía financiera que los productores suscribirán como cobertura del cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad ampliada. Estos costes se calcularán por categorías y subcategorías de AEE y serán válidos en el ámbito estatal.
3. El grupo de trabajo de RAEE podrá proponer tras consultar con expertos y operadores del sector al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incorporación de la posibilidad de modular la cuantía de las garantías al alza o a la baja, en función del ecodiseño de los AEE y de aspectos vinculados a la prevención, en los términos previstos en el anexo XVII.2.
El grupo de trabajo de RAEE podrá, igualmente, proponer al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuantías mínimas para las garantías financieras.
Artículo 48. Garantías financieras a través de sistemas individuales.
El productor de AEE doméstico que opte por un sistema individual de responsabilidad ampliada deberá presentar la acreditación de la suscripción de la garantía financiera junto con la comunicación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma. El órgano competente al que se haya dirigido la comunicación supervisará la documentación presentada así como el cálculo de la cuantía de la garantía en función de lo previsto en el artículo anterior. La garantía deberá estar vigente en el momento del inicio de la actividad del sistema de responsabilidad individual y debe de mantenerse revisarse anualmente y, en su caso, reponerse, a lo largo de su periodo de actividad.
Artículo 49. Garantías financieras a través de sistemas colectivos.
1. El productor de AEE domésticos que opte por un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor suscribirá la garantía financiera a través del sistema colectivo.
2. La solicitud de la autorización del sistema colectivo se acompañará de la documentación relativa a la garantía financiera que el sistema colectivo va a suscribir para que pueda ser valorada por la administración competente. La cuantía de la garantía financiera habrá de estar calculada como la suma de las garantías de los productores que constituyen el sistema, en función de lo previsto en el anexo XVII. 2.
La garantía financiera deberá estar vigente en el momento del inicio de la actividad del sistema colectivo o, en todo caso, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la autorización del sistema colectivo, transcurrido el cual sin que se acredite la vigencia de la garantía la autorización quedará sin efecto.
3. Debe mantenerse la suscripción de una garantía financiera a lo largo de todo el periodo de duración de la autorización del sistema colectivo. La garantía deberá revisarse anualmente y, en su caso, reponerse, a lo largo del periodo de vigencia de la autorización.
Artículo 50. Ejecución de la garantía financiera.
La ejecución, parcial o total, de la garantía financiera podrá instarse a iniciativa de los sistemas de responsabilidad ampliada, previa demostración de insolvencia de alguno de los productores, o por decisión del órgano competente que concedió la autorización o ante el que se presentó la comunicación. En este segundo caso, podrá ser por iniciativa del citado órgano competente, a solicitud de la autoridad competente de otro territorio, o a solicitud del grupo de trabajo de RAEE.
Se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes para definir el procedimiento de ejecución parcial o total de las garantías financieras suscritas.
CAPÍTULO IX
Obligaciones de información de las administraciones públicas
Artículo 51. Información de las administraciones públicas a los usuarios.
1. Las Entidades Locales informarán a los usuarios sobre los aspectos relacionados con la recogida en el ámbito municipal, y al menos sobre las siguientes cuestiones:
a) La obligación de los usuarios de entregar los RAEE de modo separado de manera que no se depositen como residuos municipales no seleccionados, y que no se depositen en la vía pública.
b) Las instalaciones y medios previstos para la recogida separada de RAEE en los municipios. En todo caso informarán: sobre los horarios, ubicación y periodicidad de las recogidas en el caso de instalaciones móviles, sobre la localización y horarios de las instalaciones fijas de recogida de RAEE autorizadas en el municipio, tanto municipales como privadas, así como sobre las fracciones o grupos de recogida de RAEE que se pueden depositar en cada una de ellas.
c) Las organizaciones, empresas y recogedores, incluidos aquellos que actúen en el ámbito de la economía social, que puedan llevar a cabo la recogida y la gestión de los RAEE domésticos.
En el caso de que las Entidades Locales así lo consideren, o no tengan suficiencia de medios, esta información será suministrada por la comunidad autónoma correspondiente.
2. Las comunidades autónomas informarán a los usuarios, al menos, sobre las instalaciones de almacenamiento, preparación para la reutilización y tratamiento específico de RAEE en la comunidad autónoma de que se trate, de las categorías de RAEE para las que las instalaciones están autorizadas y el número de registro en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informará a los usuarios, al menos, sobre los posibles impactos sobre la salud humana y el medio ambiente que pueden ocasionar las sustancias, especialmente las peligrosas, contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos como consecuencia de una inadecuada recogida y gestión de sus residuos. De forma prioritaria informarán sobre los impactos derivados de los aparatos de intercambio de temperatura con sustancias que agotan la capa de ozono y con gases fluorados de efecto invernadero, así como sobre los impactos de las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, de los paneles fotovoltaicos y de los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.
4. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo informará sobre los productores incluidos en el Registro de productores de aparatos eléctricos y electrónicos del Registro Integrado Industrial, del número de identificación asociado a cada productor y de las categorías de aparatos que ponen en el mercado.
5. Las Administraciones Públicas informarán además sobre:
a) La relevancia de la prevención así como de la correcta recogida y gestión de RAEE, según lo previsto en este real decreto.
b) La relevancia de la implicación de los ciudadanos en la reutilización y reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos usados, la recogida separada, la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los RAEE.
c) La relevancia de la implicación de los distribuidores en la recogida separada de los RAEE y en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este real decreto.
d) La relevancia de la implicación de los productores de AEE en la recogida separada de los RAEE y en el principio de responsabilidad ampliada de los productores.
e) El cumplimiento de los objetivos mínimos de recogida separada así como de los objetivos de valorización, una vez que estos datos estén disponibles.
Esta información se hará pública, al menos, en las páginas web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de las comunidades autónomas.
6. Para llevar a cabo las actuaciones de información conjuntas se pondrán en marcha campañas de concienciación e información en el ámbito estatal. Adicionalmente, se realizarán campañas en el ámbito autonómico si procede por incumplimiento de objetivos mínimos, por detección de problemas específicos, o por las características especiales de los sistemas de recogida. Todo ello se realizará según lo previsto en el artículo 54.
Artículo 52. Cooperación administrativa e intercambio de información.
1. Las autoridades competentes en las materias previstas en este real decreto, especialmente las competentes en materia de gestión de residuos en el ámbito local, autonómico y estatal, colaborarán entre sí para lograr la correcta aplicación de este real decreto, para lograr que los agentes implicados cumplan sus obligaciones y para que se establezca un adecuado flujo de información entre administraciones públicas. Igualmente colaborarán para la consecución de estos fines con otros Estados miembros y con las instituciones comunitarias.
2. Se podrá dar cumplimiento a esta obligación de cooperación e intercambio de información a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, de su grupo de trabajo de RAEE y de los grupos de expertos relacionados con la gestión de los RAEE en distintos ámbitos administrativos.
3. La Comisión de Coordinación establecerá mecanismos de consulta con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, sobre las decisiones administrativas o sobre otros aspectos que puedan tener implicaciones para la competencia efectiva y la regulación económica eficiente de los sectores afectados por el real decreto.
Artículo 53. Informe a la Comisión Europea.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente remitirá cada tres años a la Comisión Europea un informe sobre la aplicación de este real decreto. El informe de aplicación se preparará sobre la base prevista en el cuestionario establecido en la Decisión 2004/249/CE de la Comisión y en la Decisión 2005/369/CE de la Comisión.
CAPÍTULO X
Coordinación en materia de RAEE
Artículo 54. Funciones de coordinación de RAEE.
1. El grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de Coordinación previsto en el artículo 5, se apoyará para el cumplimiento de sus funciones de coordinación en la plataforma electrónica de RAEE y en la oficina de asignación de recogidas de RAEE previstas en los artículos 55 y 56. Este grupo de trabajo contará con la participación de los sectores afectados, especialmente, con los productores de AEE, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, los distribuidores y los gestores de RAEE.
2. Las funciones de coordinación de RAEE incluirán la evaluación de la adecuada gestión de los RAEE, de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la participación de todos los agentes implicados en la recogida y gestión, así como la coordinación de la información sobre la recogida y gestión en todo el territorio estatal y la aportación a las administraciones públicas de la información que facilite sus labores de supervisión e inspección en este ámbito.
A partir de la información relativa a la cuota de mercado de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos procedente del Registro Integrado Industrial, de la información derivada de la plataforma electrónica y, si es necesario, de la cantidad de residuos históricos generados en cada categoría, el grupo de trabajo de RAEE propondrá a la Comisión de Coordinación de Residuos, antes del 20 de marzo de cada año, los objetivos mínimos de recogida separada para el periodo anual de cumplimiento, en el ámbito estatal y autonómico por categorías y uso profesional o doméstico, expresados en toneladas o kilogramos, que habrán de cumplir los productores a través de los sistemas de responsabilidad ampliada.
En el caso de que los sistemas de responsabilidad ampliada incumplan sus objetivos, el grupo de trabajo de RAEE emitirá un informe analizando la gravedad del incumplimiento. Entre otros factores, se tendrá en cuenta, especialmente, la repercusión de dicho incumplimiento en el cumplimiento estatal de los objetivos de recogida, así como la documentación que el sistema de responsabilidad ampliada podrá en todo caso aportar. En el informe se incluirán las posibles medidas que se deben adoptar, entre las que se podrá incluir, la compensación en los objetivos del año siguiente, la modificación de las condiciones de la autorización según las previsiones del artículo 40 o el inicio de un expediente sancionador por la autoridad competente en los términos previstos en el artículo 59.
El grupo de trabajo de RAEE coordinará el contenido y eficiencia de las campañas de concienciación e información en el ámbito estatal y autonómico, en materia de prevención y de correcta recogida y gestión de AEE usados y de RAEE.
3. El ejercicio de estas funciones se llevará a cabo en coordinación con el Registro de Producción y Gestión de Residuos previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, con el Registro Integrado Industrial previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, con las bases de datos de traslados de residuos cuando proceda, así como en coordinación con las restantes bases de datos que tengan incidencia en este sector.
4. El ejercicio de las funciones de coordinación, de supervisión y el funcionamiento de los instrumentos de apoyo de la plataforma electrónica de gestión de RAEE y la oficina de asignación previstos en los artículos 55 y 56 se desarrollarán mediante orden ministerial. Se podrá llegar a acuerdos de financiación con los sectores afectados participantes para actuaciones concretas vinculadas a las funciones de coordinación de la gestión de RAEE.
5. Las labores de coordinación del grupo de trabajo de RAEE se efectuarán sin perjuicio de las competencias de las autoridades autonómicas, las de defensa de la competencia y los departamentos ministeriales con competencias atribuidas al respecto.
Artículo 55. La plataforma electrónica de gestión de RAEE.
1. En la plataforma electrónica de gestión de RAEE se recopilará la información sobre la recogida y gestión de RAEE procedente de todos los canales y agentes previstos en este real decreto, en cada comunidad autónoma y en el ámbito estatal.
Todos los operadores que participen en la recogida y gestión de RAEE incorporarán a la plataforma electrónica los datos sobre los RAEE recogidos y gestionados y los mantendrán actualizados, cada vez que se realicen recogidas, entradas o salidas de RAEE de sus instalaciones o establecimientos, o cada vez que se modifique cualquier otra información que se incorpore en la plataforma. La plataforma permitirá conocer la situación o trazabilidad en cada fase del residuo y que la oficina de asignación asigne y registre adecuadamente las recogidas de RAEE. Cada operador sólo podrá acceder a los datos necesarios correspondientes a su actividad.
La identificación de los RAEE en la plataforma electrónica se realizará mediante los códigos LER-RAEE vinculados a las categorías y grupos de tratamiento, recogidos en la Tabla 1 del anexo VIII, por lo que se refiere a los RAEE incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto en los términos previstos en el artículo 2. La identificación de los RAEE restantes en la plataforma electrónica, se realizará mediante los Códigos LER de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión de 3 de mayo.
2. La plataforma electrónica permitirá a las Administraciones Públicas contabilizar los RAEE recogidos por todos los gestores de recogida, facilitar la información sobre el cálculo de los RAEE generados y gestionados dentro del territorio español así como los trasladados, con el objetivo de ejercer las competencias de vigilancia, supervisión y control, de suministro de información y de control del cumplimiento de los objetivos de recogida comunitarios.
3. Las Administraciones Públicas competentes tendrán acceso en tiempo real a los datos de la plataforma con carácter general y, al menos, a los relativos a su ámbito territorial, sin perjuicio del acceso que en razón de sus competencias puedan tener las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El resto de usuarios podrán acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. La introducción de los datos en la plataforma se realizará por cada operador a través de un acceso restringido que garantizará la adecuada protección de los datos. La información se mantendrá disponible en la plataforma electrónica, al menos, durante cinco años.
4. La plataforma permitirá a los agentes implicados en la recogida y la gestión de RAEE así como a los productores de AEE, cumplir con sus obligaciones de información previstas en este real decreto, así como, en su caso, con las obligaciones de archivo cronológico y memoria anual previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de acuerdo con los anexos XI y XII.
5. La plataforma electrónica estará coordinada con las bases de datos previstas en el artículo 54.3.
6. La supervisión, coordinación y seguimiento del funcionamiento de la plataforma electrónica se llevará a cabo por el grupo de trabajo de RAEE. La financiación de la plataforma electrónica se llevará a cabo conjuntamente por las Administraciones Públicas competentes y por los productores obligados por el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor. En todo caso participarán el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los productores. Podrá llegarse a acuerdos con otras Administraciones Públicas y sectores afectados.
Artículo 56. La oficina de asignación de recogidas de RAEE.
1. La oficina de asignación contabilizará todas las recogidas de RAEE domésticos y profesionales que se realicen bajo la responsabilidad ampliada del productor, a partir de la información disponible derivada de la plataforma electrónica.
2. La oficina realizará asignaciones de obligado cumplimiento en todo el territorio estatal a los sistemas de responsabilidad ampliada, para la recogida y gestión de RAEE procedentes de las instalaciones de recogida de las Entidades Locales y de los distribuidores. La oficina organizará las asignaciones por espacios territoriales.
3. En el caso de que los sistemas de responsabilidad ampliada tengan acuerdos de recogida con los puntos de recogida de RAEE, la oficina asignará las peticiones procedentes de estos puntos a los sistemas de responsabilidad ampliada que tengan suscrito el acuerdo.
4. La asignación de los RAEE se realizará por fracciones de recogida y grupos de tratamiento en función del objetivo de recogida derivado de la cuota de mercado de AEE domésticos y profesionales en el mercado estatal de cada sistema de responsabilidad ampliada. La asignación de recogidas de RAEE domésticos será independiente de las recogidas de RAEE profesionales.
La asignación de recogidas a los sistemas de responsabilidad ampliada para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá en cuenta los acuerdos de recogida suscritos por estos, así como las recogidas efectuadas a través de sus redes de recogida.
5. La recogida y gestión de RAEE asignadas por la oficina serán contabilizadas cuando cada una de ellas se inscriba en la plataforma electrónica.
6. Al final del año la oficina realizará un balance sobre la recogida de RAEE domésticos y RAEE profesionales, de cada sistema de responsabilidad ampliada en base en su cuota de mercado respectiva y en sus objetivos. Este balance se comunicará al grupo de trabajo de RAEE para su análisis y valoración.
Cuando los sistemas recojan por encima de lo que les corresponde por su cuota o por encima de las recogidas asignadas por la oficina, dicho exceso, no podrá ser compensado económicamente con otros sistemas.
7. La oficina de asignación se gestionará y financiará por los productores de AEE. Su funcionamiento será supervisado por el grupo de trabajo de RAEE de la Comisión de Coordinación de Residuos de manera que se recojan y gestionen los RAEE que corresponden a los productores a través de una correcta distribución de las responsabilidades entre todos ellos.
8. La oficina de asignación informará al grupo de trabajo de RAEE sobre las comunicaciones de las Entidades Locales y de los distribuidores, relativas a la participación o no de la oficina en la asignación en la recogida y gestión de los residuos procedentes de las Entidades Locales y de los distribuidores.
CAPÍTULO XI
Supervisión, control y vigilancia, inspección y régimen sancionador en la gestión de los RAEE
Artículo 57. Inspección y control.
1. Las Administraciones Públicas competentes, incluyendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando en razón de su cometido deban proceder a las tareas de control, vigilancia e inspección, efectuarán los oportunos controles e inspecciones para verificar la aplicación correcta de este real decreto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, estas inspecciones incluirán como mínimo:
a) la información comunicada en el marco de los productos puestos en el mercado en el Registro de los productores del artículo 8;
b) la inclusión, de forma visible, del n.º de Registro Integrado Industrial en la acreditación documental de la importación de AEE procedentes de terceros países;
c) la información sobre recogida de RAEE en las instalaciones de recogida municipales, de los distribuidores, de los productores o de los gestores;
d) las condiciones en las que se realizan las operaciones de recogida;
e) las operaciones en los centros de preparación para la reutilización y las instalaciones de tratamiento de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, y con los anexos IX y XIII de este real decreto;
f) la información suministrada por los gestores y por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor según lo previsto en este real decreto;
g) los traslados, y en particular:
1.º las exportaciones de RAEE fuera de la Unión de conformidad con los Reglamento (CE) n.º 1013/2006 y Reglamento (CE) n.º 1418/2007, y con lo previsto en este real decreto,
2.º el cumplimiento de los requisitos para el traslado de AEE usados y RAEE recogidos en el anexo XV.
2. Las Administraciones Públicas competentes podrán imputar los costes de los análisis e inspecciones correspondientes, previstos en el capítulo VI de traslado de RAEE, incluidos los costes de almacenamiento de AEE usados que pudieran ser RAEE, al operador del traslado, y en su defecto a la persona física o jurídica que realiza materialmente u organiza el traslado productor, a los terceros que actúen en su nombre, o a otras personas que organicen el traslado de AEE usados que pudieran ser RAEE.
3. Si al efectuar las inspecciones a las instalaciones de almacenamiento, recogida y tratamiento de RAEE, la autoridad competente descubre el incumplimiento de las condiciones por las que se concedió la autorización o la vulneración de las disposiciones establecidas en materia de información, sin perjuicio de que se haya establecido previa advertencia, se prohibirá el inicio o la realización de la actividad de la instalación relacionada, a menos que el operador de la instalación logre el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este real decreto dentro de los plazos establecidos.
4. En relación con el almacenamiento de materiales metálicos, así como con cualquier otra instrucción relativa a la recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento de RAEE que puedan considerarse estratégicos o relevantes para la seguridad del Estado se tendrán en cuenta las previsiones específicamente desarrolladas por el Ministerio del Interior que resulten de aplicación.
5. Las autoridades competentes serán responsables de la supervisión y control del ejercicio de los operadores en su territorio según se establece en el artículo 21 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 58. Colaboración con las administraciones públicas.
Las administraciones públicas arbitrarán los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto.
Especialmente se dará traslado a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de aquella información que en razón de sus características, o que por su especial relevancia o gravedad sea susceptible de tipificarse como delito de acuerdo con lo establecido en el vigente Código Penal.
Artículo 59. Régimen sancionador.
1. En el supuesto de que el sistema individual no cumpla las condiciones de la comunicación, la autoridades competentes donde se incumplan las condiciones iniciarán expediente sancionador, y valorarán la posibilidad de la ejecución de la garantía financiera según lo establecido en el artículo 50 con la posibilidad posterior de una suspensión de la actividad y baja en el Registro de Producción y Gestión por parte de la autoridad donde se registró la comunicación.
2. En el supuesto de que el sistema colectivo no cumpla con las obligaciones de su autorización, las autoridades competentes del territorio en el que se incumplan las condiciones, podrán iniciar expediente sancionador, valorar la posibilidad de la ejecución de la garantía financiera según lo establecido en el artículo 50, así como revocar parcialmente la autorización, suspendiendo la actividad del sistema en su territorio. Si el sistema incumple generalizadamente se podrá proceder a una revocación de su actividad y a la baja en el Registro de Producción y Gestión por parte de la autoridad competente que concedió la autorización.
3. Los expedientes sancionadores, las ejecuciones de garantías financieras, las revocaciones parciales o totales de la autorización y las bajas en el Registro de Producción y Gestión serán comunicadas, para su conocimiento, al grupo de trabajo de RAEE.
4. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones establecidas en la Ley 22/2011, el incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto se sancionará de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de unidad de Mercado y la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, aplicable a comercios de segunda mano o reparación que no acrediten el origen de los AEE o los componentes a reutilizar, así como de acuerdo con las instrucciones establecidas por el Ministerio de Interior en materia de materiales metálicos.
Disposición adicional primera. Recogida de RAEE domésticos que implique un riesgo sanitario o de seguridad.
Cuando la devolución o recogida de RAEE domésticos presente un riesgo sanitario o de seguridad para las personas por la contaminación de estos residuos, podrá rechazarse su devolución o recogida. En estos casos el último poseedor de los residuos será el responsable de que se gestionen correctamente y de que se les aplique la normativa que corresponda.
En caso de residuos con riesgo sanitario cuyo último poseedor sea una instalación sanitaria, dicha instalación realizará un proceso de esterilización previo a su entrega a un gestor autorizado para su adecuado tratamiento. Una vez esterilizados, estos residuos quedarán sometidos al régimen general de gestión de residuos.
Disposición adicional segunda. Aplicación de otra normativa.
Este real decreto se aplicará sin perjuicio de los requisitos de la normativa en materia de seguridad y salud, y de productos químicos, en particular el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
Asimismo se aplicará sin perjuicio de la normativa específica sobre gestión de residuos, gases fluorados, aceites industriales, pilas y acumuladores o diseño de productos y, en todo caso, del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, en los términos previstos en este real decreto.
En materia de protección de la salud y seguridad de los trabajadores se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo y, específicamente, en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, y en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Disposición adicional tercera. Financiación de la plataforma electrónica de gestión de RAEE.
La puesta en marcha de la plataforma electrónica, su mantenimiento y gestión se financiará por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al menos en un 55 % y por los productores. Podrá llegarse a acuerdos de financiación con otras administraciones públicas y sectores afectados que reducirán proporcionalmente las cuotas mencionadas. Estas previsiones se podrán desarrollar en la orden ministerial prevista en el artículo 54.4.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio del ámbito de aplicación.
1. Desde su entrada en vigor hasta el 14 de agosto de 2018, este real decreto se aplicará a los AEE pertenecientes a las categorías y subcategorías enumeradas en el anexo I.
El anexo II contiene una lista indicativa de AEE que se incluirán en las categorías y subcategorías que figuran en el anexo I.
2. En el periodo señalado en el apartado anterior, este real decreto no se aplica a:
a) Los aparatos que sean necesarios para la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, incluidas armas, municiones y el material de guerra destinados a fines específicamente militares.
b) Los aparatos que estén diseñados e instalados específicamente como parte de otro tipo de aparato excluido o no incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto, que puedan cumplir su función solo si forman parte de estos aparatos.
c) Las bombillas de filamento.
3. A partir del 15 de agosto de 2018, el ámbito de aplicación del real decreto será el recogido en el artículo 2.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de las instalaciones de recogida de las Entidades Locales.
Las comunidades autónomas y las Entidades Locales aplicarán planes de adaptación de los puntos limpios y de las instalaciones de recogida municipales a las previsiones de este real decreto mediante calendarios graduales, con un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de este real decreto, estableciéndose condiciones especiales de operación en sus autorizaciones.
Disposición transitoria tercera. Adaptación de la agrupación de RAEE en las instalaciones de recogida de las Entidades Locales previstas en el anexo VIII.
Las Entidades Locales podrán agrupar en sus instalaciones de recogida de residuos, los RAEE de las fracciones 4 y 5 en una misma fracción, denominada fracción mixta durante los primeros seis meses desde la publicación de este real decreto, indicando los principales códigos LER-RAEE de los residuos que contienen. A partir de los seis meses, se adaptarán a los grupos de recogida previstos en el anexo VIII.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los objetivos mínimos de recogida de RAEE domésticos y profesionales hasta el 31 de diciembre de 2018.
1. Durante el año 2015 se recogerán como mínimo cuatro kilos de RAEE domésticos por habitante. El objetivo mínimo de recogida separada de RAEE para cada categoría se calculará en proporción a los AEE puestos en el mercado en esa categoría en 2014 respecto al total de AEE puestos en el mercado español en 2014.
2. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 se recogerán las siguientes cantidades mínimas de RAEE, por categorías:
a) hasta el 31 de diciembre de 2016, el 45 por 100 de la media del peso de AEE introducidos en el mercado español en 2013, 2014 y 2015;
b) hasta el 31 de diciembre de 2017, el 50 por 100 de la media del peso de AEE introducidos en el mercado español en 2014, 2015 y 2016;
c) hasta el 31 de diciembre de 2018, el 55 por 100 de la media del peso de AEE introducidos en el mercado español en 2015, 2016 y 2017.
Estos objetivos estarán expresados en kilos de RAEE totales para RAEE doméstico y RAEE profesional en las cantidades establecidas en este apartado. Los objetivos se harán públicos en los términos previstos en el artículo 29.3 y 29.4.
3. Con el objetivo de cumplir con los requisitos de información a la Comisión Europea, contenidos en el cuestionario de la Decisión 2004/249/CE de la Comisión y en la Decisión 2005/369/CE de la Comisión, desde la entrada en vigor de este real decreto hasta el 31 de diciembre de 2018 se llevarán a cabo los muestreos que permitan clasificar en las categorías del anexo I, los RAEE agrupados por las fracciones de recogida previstas en el anexo VIII. Los muestreos serán llevados a cabo en las instalaciones de tratamiento específico. Se podrán homogeneizar los criterios para dichos triajes mediante instrucciones técnicas elaboradas por la Comisión de Coordinación de Residuos.
Disposición transitoria quinta. Autorización de las instalaciones de gestión de RAEE por las comunidades autónomas.
Las instalaciones de gestión de RAEE solicitarán en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto una revisión de su autorización, de conformidad con lo previsto en el artículo 37. Las autoridades competentes resolverán sobre la mencionada revisión en el plazo de 10 meses desde la presentación de la solicitud.
Disposición transitoria sexta. Adaptación de los sistemas individuales e integrados de gestión a los nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y al nuevo ámbito de aplicación a partir del 14 de agosto de 2018.
1. Los sistemas individuales y los sistemas integrados de gestión de residuos existentes o cuya solicitud de autorización haya sido presentada antes de la entrada en vigor de este real decreto, se regirán por lo previsto en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, hasta que se adapten al régimen previsto en este real decreto en los términos indicados a continuación.
2. Los productores de AEE adaptarán los sistemas de responsabilidad ampliada a lo establecido en este real decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2011, de 28 de julio. A estos efectos, en los seis meses siguientes a la publicación de este real decreto, los productores de AEE presentarán a la autoridad competente la comunicación del sistema individual o la solicitud de autorización como sistema colectivo de responsabilidad ampliada, según lo previsto en el capítulo VIII.
3. Con objeto de adaptarse al nuevo ámbito de aplicación del real decreto que se aplicará a partir del 14 de agosto de 2018, los sistemas existentes en 2017 deberán incluir en el informe anual de previsión establecido en el artículo 41.1.f), las previsiones de adaptación de su organización y financiación a las nuevas subcategorías y categorías de RAEE, para actualizar su comunicación o autorización sin esperar a la revisión o extinción de las mismas.
Disposición transitoria séptima. Desarrollo de las funciones de coordinación en materia de RAEE y de las bases de datos previstas en materia de traslados de RAEE.
1. Las funciones de coordinación en materia de RAEE del se ejercerán hasta su puesta en marcha en el grupo de trabajo de RAEE por los órganos o comisiones que hasta el momento las tuvieran atribuidas.
Se podrá celebrar un convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas, los sujetos que han de participar y los que han de financiar sus instrumentos de apoyo para su puesta en funcionamiento hasta la publicación de la orden ministerial prevista en el artículo 54.4.
2. En tanto en cuanto no estén en funcionamiento las bases de datos de traslados de residuos y el listado de instalaciones de tratamiento ubicadas fuera de la Unión Europea con certificado de tratamiento en condiciones equivalentes, estas competencias continuarán ejerciéndose en los mismos términos que hasta el momento.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de las obligaciones de información de RAEE.
1. Desde la entrada en vigor de este real decreto y hasta que se encuentre en funcionamiento la plataforma electrónica de RAEE, la remisión de la información sobre RAEE se realizará en los siguientes términos:
a) Los sistemas de responsabilidad ampliada remitirán a las comunidades autónomas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, un informe resumen en soporte electrónico con la información del anexo XVIII relativo al Informe anual de los productores, en el ámbito autonómico. Se incluirán las tablas 1 y 2 del anexo XII. La información al Ministerio incluirá además de la información en el ámbito autonómico, un informe en el ámbito estatal y las citadas tablas del anexo XII, agregadas en el ámbito estatal.
Los sistemas de responsabilidad ampliada acreditarán los datos relativos a los objetivos de valorización a través de los certificados de los gestores, que adjuntarán a la memoria.
La anterior documentación se acompañará de un informe auditado por una entidad externa e independiente que avale los datos proporcionados.
Adicionalmente, los sistemas de responsabilidad ampliada presentarán un informe con las previsiones en materia de prevención, preparación para la reutilización, recogida, reciclado y otras formas de valorización de RAEE, por categorías, en cada comunidad autónoma y en el ámbito estatal, con referencia a los objetivos a alcanzar, a los gestores y a los centros de preparación para la reutilización con los que van a colaborar, así como el plan de acción a desarrollar para el año siguiente en cada comunidad autónoma.
Estos documentos se enviarán a las comunidades autónomas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en los tres primeros meses del año siguiente al del periodo de cumplimiento.
b) Las instalaciones de recogida, tratamiento específico y los centros de preparación para la reutilización, remitirán a las comunidades autónomas en formato electrónico la memoria anual prevista en el artículo 33 con el contenido del anexo XII incluyendo las tablas 1 y 2 de dicho anexo. Esta documentación se remitirá en los tres primeros meses del año siguiente al del periodo de cumplimiento. Deberá incluirse información sobre los RAEE recogidos que se encuentren fuera del ámbito de aplicación del artículo 2 del real decreto, utilizando los códigos LER de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.
c) Los negociantes remitirán a las comunidades autónomas en formato electrónico la memoria anual prevista en el artículo 37.8 con el contenido previsto en el anexo XVIII apartados b y c a partir de los certificados de los gestores, incluyendo información sobre los RAEE tratados en otro Estado miembro.
Los negociantes enviarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en formato electrónico, un informe sobre las cantidades de RAEE tratados en otro Estado miembro o fuera de la Unión Europea, siguiendo el formato de las columnas de RAEE tratados en otro Estado miembro y fuera de la UE, de las tablas 1 y 2 del anexo XII, cuando el negociante sea el operador del traslado.
Esta documentación se remitirá en los tres primeros meses del año siguiente al del periodo de cumplimiento.
d) Las comunidades autónomas enviarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los seis primeros meses del año siguiente al periodo de cumplimiento, un informe resumen en formato electrónico que incluirá la información agregada recibida en materia de recogida y gestión de RAEE con el contenido del apartado b. La información incluirá las tablas 1 y 2 del anexo XII sobre los RAEE recogidos y gestionados en el ámbito territorial autonómico.
2. Al resto de obligaciones de información en materia de RAEE, hasta que no estén en funcionamiento los instrumentos electrónicos previstos en este real decreto, se les dará cumplimiento a través de los cauces documentales o electrónicos con los que se hubiera estado actuando hasta el momento.
Disposición transitoria novena. Etiquetas de lectura electrónica o instrumentos similares.
La identificación de los RAEE con etiquetas de lectura electrónica, o instrumentos similares en los términos del artículo 18.3 será obligatoria en el momento en que la plataforma electrónica se encuentre en funcionamiento y, en consecuencia, se garantice la trazabilidad de los residuos.
Disposición transitoria décima. Regulación de las garantías financieras.
Hasta la adaptación del sistema de responsabilidad ampliada a lo previsto en este real decreto en aplicación de la disposición transitoria sexta, las garantías financieras ya depositadas cubrirán las finalidades previstas en el momento de su constitución. Tras la adaptación del sistema a este real decreto, se aplicarán las previsiones de la sección 4.ª del capítulo VIII.
En el caso de que el sistema de responsabilidad ampliada opte por finalizar su actividad se aplicará lo previsto en el artículo 40.7 último párrafo.
Disposición transitoria undécima. Adaptación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en el ámbito de las luminarias domésticas.
Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que hasta el momento hubieran sido autorizados para la organización y financiación de los residuos de luminarias y hubieran adaptado su actuación a la interpretación efectuada a través de la Circular de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 1 de Abril de 2011, continuarán aplicándola en los términos en que está redactada e incluirán los datos sobre financiación, redes de recogida y organización de la gestión de estas luminarias como parte de sus obligaciones de información y se adaptarán a las nuevos requisitos derivados de este real decreto según dispone la disposición transitoria sexta.
Los sistemas que se creen tras la entrada en vigor de este real decreto, o que hasta el momento no hubieran adaptado su actuación a la interpretación de la Circular mencionada, contarán con un periodo transitorio hasta el 14 de agosto de 2018 para su adaptación a la interpretación de la circular. En el caso de que el sistema incorpore con anterioridad al 14 de agosto de 2018 las luminarias referidas en la circular como parte de su financiación y organización, incluirán dicha ampliación del ámbito de actuación en su informe anual de previsión establecido en el artículo 41.1.f).
En todo caso en los Informes de previsiones recogidos en el artículo 41.1.f) que se presenten con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo ámbito de aplicación del real decreto, los sistemas que recojan luminarias incluirán en dichos informes las previsiones económicas y de inversiones para la implementación de la recogida y tratamiento del nuevo ámbito de aplicación de las luminarias.
Las comunidades autónomas admitirán la actualización de la comunicación o autorización de los sistemas de responsabilidad ampliada sin esperar a la revisión o extinción de las mismas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este real decreto tiene naturaleza de legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Disposición final tercera. Desarrollo, aplicación y adaptación del real decreto.
1. Los Ministros de Industria Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dictarán conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, y en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que exija el desarrollo y aplicación de este real decreto, en concreto se faculta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la incorporación de anexos relativos a los formatos y modelos acreditativos de la recogida de RAEE previstos en el capítulo IV y de los formatos y modelos relativos a las obligaciones de suministro de información previstas en este real decreto, así como las establecidas en la Disposición transitoria séptima.
2. Se faculta a los Ministros de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para, en los mismos términos del apartado anterior, introducir en este real decreto y, en particular, en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para adaptarlo a las innovaciones técnicas que se produzcan y, especialmente, a las previsiones de la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de febrero de 2015.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
ANEXO I
Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto hasta el 14 de agosto de 2018
1. Grandes electrodomésticos.
1.1 Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores.
1.2 Aire acondicionado.
1.3 Radiadores y emisores térmicos con aceite.
1.4 Otros grandes electrodomésticos.
2. Pequeños electrodomésticos.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones, excluyendo 4.1.
4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
4.1 Televisores, monitores y pantallas.
4.2 Paneles fotovoltaicos de silicio.
4.3 Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio.
4.4 Otros aparatos electrónicos de consumo.
5. Aparatos de alumbrado (con excepción de las luminarias domésticas).
5.1 Lámparas de descarga de gas.
5.2 Lámparas LED.
5.3 Luminarias profesionales.
5.4 Otros aparatos de alumbrado.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura).
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados).
9. Instrumentos de vigilancia y control.
10. Máquinas expendedoras.
10.1 Máquinas expendedoras con gases refrigerantes.
10.2 Resto de máquinas expendedoras.
ANEXO II
Lista indicativa de AEE que están comprendidos en las categorías y subcategorías del anexo I
1. Grandes electrodomésticos.
1.1 Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigerados: Grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
1.2 Aire acondicionado: Aparatos de aire acondicionado, otros aparatos de aireación y ventilación aspirante que contengan gases refrigerantes.
1.3 Radiadores y emisores térmicos con aceite: Radiadores con aceite.
1.4 Otros grandes electrodomésticos: Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos eléctricos, ventiladores eléctricos, otros grandes aparatos de aireación y ventilación aspirante, grandes aparatos de calefacción eléctricos, placas de calor eléctricas, hornos de microondas, otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de los alimentos, otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para sentarse, calderas, y otros electrodomésticos.
2. Pequeños electrodomésticos.
Aspiradoras, limpimoquetas, otros aparatos de limpieza, aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles, radiadores sin aceite, planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa, tostadoras, freidoras, molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes, cuchillos eléctricos, aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales, relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo, básculas y otros pequeños electrodomésticos.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones, excluyendo 4.1.
Procesamiento de datos centralizado: Grandes ordenadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas informáticos personales: ordenadores personales sin monitor (incluidos unidad central, ratón y teclado), ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado), ordenadores portátiles de tipo «notebook», impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras de mesa y de bolsillo y otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.
Sistemas y terminales de usuario: Terminales de fax, terminales de télex, teléfonos, teléfonos públicos, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, contestadores automáticos y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación, otros posibles equipos de informática y telecomunicaciones y ordenadores portátiles de tipo «tableta».
4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
4.1 Monitores, pantallas y televisores: Televisores de rayos de tubo catódico, pantallas LED, pantallas planas, monitores de ordenadores personales.
4.2 Paneles fotovoltaicos de silicio.
4.3 Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio.
4.4 Otros aparatos electrónicos de consumo: Radios, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, amplificadores de sonido, instrumentos musicales y otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación.
5. Aparatos de alumbrado (con excepción de luminarias domésticas).
5.1 Lámparas de descarga de gas: Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos.
5.2 Lámparas con diodos emisores de luz (LED).
5.3 Luminarias profesionales: Luminarias para lámparas fluorescentes de uso profesional, luminarias de vías públicas, luminarias tipo proyector, luminarias profesionales para otros usos.
5.4 Otros aparatos de alumbrado: Otros aparatos de alumbrado y aparatos utilizados para difundir o controlar luz con excepción de las bombillas de filamentos.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura).
Taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar de manera similar la madera, el metal u otros materiales, herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para aplicaciones similares, herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares, herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros medios, herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería, otros tipos de herramientas eléctricas y electrónicas posibles con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura.
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica, consolas portátiles, videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc. (excluidas las pantallas), material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos, máquinas tragaperras y otros juguetes o quipos deportivos de ocio.
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados).
Aparatos de radioterapia, aparatos de cardiología, aparatos de diálisis, ventiladores pulmonares, aparatos de medicina nuclear, aparatos de laboratorio para diagnóstico in Vitro, analizadores, congeladores, pruebas de fertilización y otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.
9. Instrumentos de vigilancia y control.
Detectores de humos, reguladores de calefacción, termostatos, aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio y otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de control).
10. Máquinas expendedoras.
10.1 Máquinas expendedoras con gases refrigerantes: Máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes, máquinas expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o calientes.
10.2 Resto de máquinas expendedoras: Máquinas expendedoras automáticas de productos sólidos no refrigeradas, máquinas expendedoras automáticas de dinero, todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
ANEXO III
Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto a partir del 15 de agosto de 2018
1. Aparatos de intercambio de temperatura con excepción de 1.1, 1.2 y 1.3.
1.1 Aparato eléctrico de intercambio de temperatura clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o amoníaco (NH3).
1.2 Aparato eléctrico de aire acondicionado.
1.3 Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores.
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2.
2.1 Monitores y pantallas LED.
2.2 Otros monitores y pantallas.
3. Lámparas.
3.1 Lámparas de descarga (mercurio) y lámparas fluorescentes.
3.2 Lámparas LED.
4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
Están incluidos, entre otros: Electrodomésticos, aparatos de consumo, equipos de informática y telecomunicaciones, luminarias, aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras y equipos para la generación de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos contemplados en las categorías 1 a 3 ni 7.
5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm).
Están incluidos, entre otros: electrodomésticos, aparatos de consumo, luminarias, aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras y equipos para la generación de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos contemplados en las categorías 3 y 6.
6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm).
7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
7.1 Paneles fotovoltaicos con silicio.
7.2 Paneles fotovoltaicos con teluro de cadmio.
ANEXO IV
Lista no exhaustiva de AEE que están comprendidos en las categorías del anexo III
1. Aparatos de intercambio de temperatura.
Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, aparatos de aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, radiadores de aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura que utilicen otros fluidos que no sean el agua.
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2.
Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, ordenadores portátiles, incluidos los de tipo «notebook».
3. Lámparas.
Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y lámparas LED.
4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música (excepto los órganos de tubo instalados en iglesias), máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que suministran productos y dinero automáticamente.
5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm).
Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, aparatos de ventilación, planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción de sonido o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos integrados.
6. Aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm).
Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, ordenadores personales, impresoras, teléfonos.
7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
ANEXO V
Símbolo para marcar AEE
El símbolo que indica la recogida separada de AEE es el contenedor de basura tachado con un aspa, tal como aparece representado a continuación. Este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.
ANEXO VI
Información a efectos del Registro Integrado Industrial del artículo 8
1. Los productores o sus representantes autorizados estarán obligados, en el momento de registrarse, a facilitar y actualizar la siguiente información:
a) Nombre y dirección del productor o de su representante autorizado, incluyendo el código postal, localidad, calle y número, país, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y persona de contacto. Si se trata de un representante autorizado, se proporcionarán también los datos de contacto del productor al que representa.
b) Número de identificación fiscal europeo o el número de identificación fiscal nacional.
c) Categoría o subcategoría de los AEE establecida en el anexo I o, a partir del 15 de agosto de 2018, en el anexo III, que pondrán en el mercado.
d) Tipo de AEE, codificado según el Registro y su uso doméstico o profesional.
e) Marca comercial del AEE o n.º CIF del productor.
f) Información relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor, individualmente o a través de un sistema colectivo, así como información relativa a la garantía financiera según lo previsto en los artículos 45 y siguientes.
g) Técnica de venta empleada (por ejemplo, venta a distancia).
h) Declaración de veracidad de la información suministrada.
i) En la primera inscripción en el Registro para poder realizar una estimación de la cuota de mercado del productor en ese año, incluirán:
1.º Una estimación de los aparatos por categorías y subcategorías, en peso y unidades, que van a poner en el mercado el año en curso. En el caso, por ejemplo, de productores que ponen por primera vez AEE en el mercado.
2.º Los datos disponibles de las cantidades de AEE, en peso y unidades, puestas en el mercado el año anterior, por categorías y subcategorías. En el caso, por ejemplo, de los aparatos que se incorporan al ámbito de aplicación de este Registro.
2. Cada productor, o su representante autorizado, estará obligado a facilitar al Registro Integrado Industrial trimestralmente y por vía electrónica, la siguiente información:
a) Número de identificación del Registro Integrado Industrial.
b) Período que abarca el informe.
c) Los aparatos puestos en el mercado, desglosando:
1.º Categoría o subcategoría a la que pertenece el AEE establecida en el anexo I o en el anexo III.
2.º Tipo de aparatos (codificación según el Registro).
3.º Uso (doméstico o profesional).
4.º Origen:
i. Fabricados y puestos en el mercado por la misma empresa.
ii. Fabricados por otra empresa en España.
iii. Importados.
iv. Exportados.
v. Adquiridos en un país de la UE.
5.º Cantidades en peso, en función de las bandas que para cada tipo de aparato se fijen por el Registro, y unidades de AEE introducidos en el mercado nacional, facilitadas por categorías, subcategorías y tipo.
d) Declaración de veracidad de la información suministrada. Igualmente se realizará esta declaración de información en el caso de que no se hayan puesto nuevos aparatos en el mercado, información que también se acompañara de la correspondiente declaración de veracidad.
ANEXO VII
Requisitos para la recogida y el transporte de RAEE
A. Condiciones generales de recogida y transporte de RAEE
Las condiciones de recogida y transporte permitirán la preparación para la reutilización de los RAEE y sus componentes y deberán evitar su rotura, exceso de apilamiento, la emisión de sustancias o pérdida de materiales y el vertido de aceites y líquidos.
Las fracciones de recogida que contengan exclusivamente residuos de los grupos de tratamiento 23, 32, 42, 52 y 71 del anexo VIII se considerarán fracciones de residuos no peligrosos.
B. Condiciones específicas de recogida y transporte
1. Lámparas que contienen mercurio.
a) Condiciones de recogida:
1.º Estas lámparas sólo se recogerán en contenedores especiales que eviten su rotura. Si la recogida se realiza en un lugar público o puestos de venta sin ventilación los contenedores estarán tapados para evitar la salida de vapores de mercurio en caso de rotura accidental de lámparas.
2.º Existirán contenedores que garanticen la recogida selectiva y diferenciada de lámparas compactas y lámparas rectas de forma que no se mezclen ambas tipologías. Podrán recogerse en compartimentos diferentes en un mismo contendor.
b) Condiciones de transporte:
1.º Durante el transporte se tomarán las medidas oportunas para impedir la rotura de las lámparas y la liberación de mercurio.
2.º No se permitirá, en ningún caso, operaciones de volcado del contenido del vehículo de transporte como método de vaciado del contenido del vehículo.
2. Pantallas y monitores con tubos de rayos catódicos (CRT) y pantallas y monitores planos que no posean tecnología LED.
a) Condiciones de recogida.
La recogida de estos residuos se hará de manera que se evite el riesgo de rotura de la pantalla o monitor. Para minimizar este riesgo se utilizarán preferentemente jaulas y no estará permitido el depósito en contenedores de grandes dimensiones que provoquen el apilado de estos RAEE, aumentando así las posibilidades de rotura de los mismos.
b) Condiciones de transporte.
1.º Durante el transporte se tomarán las medidas oportunas para impedir la rotura de los aparatos y la liberación de sustancias peligrosas.
2.º No se permitirá, en ningún caso, operaciones de volcado del contenido del vehículo de transporte como método de vaciado del contenido del vehículo.
3. Aparatos que contienen gases refrigerantes.
a) Condiciones de recogida.
En la recogida de estos aparatos se tomarán las medidas oportunas, especialmente en su apilamiento, para evitar la rotura del circuito de refrigeración o materiales pulverulentos. Las condiciones de recogida habrán de evitar la emisión de gases a la atmósfera o los vertidos de aceite.
b) Condiciones de transporte.
Durante el transporte de estos aparatos se tomarán las medidas oportunas para evitar que se golpeen y puedan sufrir roturas en el circuito de refrigeración de manera que se evite la emisión de gases a la atmósfera, materiales pulverulentos o vertidos de aceite. Estas medidas podrán ser, entre otras, la protección de los equipos con materiales que absorban impactos o sistemas de sujeción que eviten que los equipos se muevan durante el traslado.
ANEXO VIII
Condiciones de almacenamiento, fracciones de recogida de RAEE y clasificación de los RAEE según códigos LER-RAEE
1. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de recogida
Las instalaciones de recogida habrán de disponer de:
a) Básculas para pesar los RAEE a la salida de la instalación.
Las plataformas logísticas de la distribución podrán dar cumplimiento a este requisito a través de otros procedimientos de trazabilidad y cálculo de las cantidades, en peso, de RAEE recogidas en origen y almacenadas en sus instalaciones.
b) Jaulas o contenedores u otros sistemas equivalentes que permitan depositar separadamente los RAEE, al menos, de acuerdo con las fracciones previstas en la tabla 1. De acuerdo con los gestores y, siempre que el espacio lo permita, las fracciones de RAEE se clasificarán en los grupos de tratamiento establecidos en la tabla 1 para su envío directo a las instalaciones de tratamiento específico autorizadas.
Cuando se trate de instalaciones de recogida de Entidades Locales que organicen la gestión de los residuos a través de los productores de AEE, las jaulas, contenedores u otros sistemas equivalentes, deberán de ser suministrados por éstos. En el caso de que organicen la gestión de los residuos a través de gestores autorizados, estas jaulas o contenedores deberán ser suministrados por los gestores sin perjuicio, en ambos casos, de que las Entidades Locales dispongan de contenedores propios en cuyo caso, se tendrá en cuenta en las compensaciones económicas de los productores de AEE o gestores al Ente Local.
Los grandes electrodomésticos podrán ser almacenados en un espacio habilitado y adaptado al efecto sin necesidad de contenedores. Se evitarán apilamientos excesivos para evitar su rotura.
En ningún caso se permitirá el lanzamiento de RAEE en las instalaciones de recogida.
c) Superficies impermeables con instalaciones para la recogida de derrames, al menos en las zonas donde se depositen las fracciones de recogida 1, 2 y 3.
Las plataformas logísticas de la distribución podrán dar cumplimiento a este requisito a través de otros procedimientos que garanticen que disponen de sistemas que eviten la emisión de derrames al medio ambiente procedentes de los RAEE almacenados.
d) Estanterías, palés y contenedores de tamaño adecuados que permitan la separación de los RAEE destinados a la preparación para la reutilización de los restantes, evitando roturas de los equipos.
e) Contenedores, palés o estanterías bajo cubierta, que deberán de ser adecuados para ser transportados por vehículos de recogida genéricos.
f) Sistemas de seguridad de control de acceso a las mismas, para evitar la manipulación o robo de los RAEE recogidos. Los contenedores dispondrán, si se considera oportuno, del diseño adecuado que impida el acceso incontrolado a los RAEE depositados.
g) La fracción de recogida de lámparas que contengan mercurio será controlada y acondicionada para evitar la contaminación en caso de rotura de las mismas. Se establecerán protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que manipule esta fracción.
2. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de tratamiento de RAEE
2.1 Las instalaciones almacenamiento previo al tratamiento, habrán de disponer de:
a) Básculas para pesar los residuos a la entrada de la planta, por fracción de recogida.
b) Superficies impermeables y techados resistentes al agua, en las zonas apropiadas, con instalaciones para la recogida de derrames y, donde corresponda, decantadores y limpiadores-desengrasadores.
c) Zonas de almacenamiento idóneo para las piezas desmontadas.
d) Recipientes idóneos para el almacenamiento de pilas y acumuladores, condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos, como los radiactivos.
e) Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación sanitaria y medioambiental.
f) En el caso de almacenar lámparas que contengan mercurio, el acceso a la sala estará restringido a personal capacitado y las instalaciones deberán disponer de:
1.º Acceso restringido a personal capacitado.
2.º Suelo revestido de material resistente al mercurio.
3.º Un libro de registro o inventario que permita conocer la cantidad de mercurio almacenado y los stocks de almacenamiento.
4.º Un plan de emergencia para casos de vertido o emisiones.
2.2 El almacenamiento de las fracciones resultantes del tratamiento de RAEE deberá de:
a) Almacenar cada fracción obtenida en los procedimientos de tratamiento de RAEE de manera separada y en contenedores adecuados a las características físicas y químicas de cada fracción.
b) En el caso de fracciones que sean residuos peligrosos, las fracciones se almacenarán en envases que eviten cualquier pérdida de su contenido y protegidos contra la intemperie. Estos envases no podrán contener materiales que reaccionen con el contenido de los mismos. Los envases han de ser sólidos y resistentes para poder manipularlos con seguridad.
c) Las fracciones que contengan mercurio se almacenarán siguiendo lo establecido en el punto 2.1.f.
3. Clasificación de los RAEE en fracciones de recogida (en la tabla, como FR)
a) En las instalaciones de recogida, los RAEE serán separados en las fracciones recogidas según la tabla 1: «Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de recogida de RAEE y códigos LER-RAEE».
b) Para la identificación de los RAEE recogidos y gestionados dentro del ámbito de aplicación de este real decreto, según el artículo 2, se utilizará el código combinado LER-RAEE en el que al código LER de la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo se añaden dos dígitos que indican la categoría del aparato del que procede el residuo y el tipo de tratamiento específico del mismo. El código LER-RAEE se utilizará en la plataforma electrónica, en el archivo cronológico y en las memorias de los gestores, así como en las obligaciones de información en materia de RAEE derivadas de este real decreto. En el caso de RAEE no contemplados dentro del ámbito se aplicarán los códigos la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo.
Tabla 1. Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de recogida (FR) de RAEE y códigos LER-RAEE
Categorías de AEE del anexo I
Categorías de AEE del anexo III
FR
Grupos de tratamiento de RAEE
Origen
Principales códigos
LER-RAEE
1. Grandes Electrodomésticos
1.1. Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores
1.2. Aire acondicionado
1.3. Radiadores y emisores térmicos con aceite
10.1. Máquinas expendedoras con gases refrigerantes
1. Aparatos de intercambio temperatura
1.1 Aparato eléctrico de intercambio de temperatura con CFC, HCFC, HC, NH3
1.2. Aparato eléctrico de aire acondicionado
1.3. Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores
1
11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3
Doméstico
200123*-11*
Profesional
160211*-11*
12*. Aparatos Aire acondicionado
Doméstico
200123*-12*
Profesional
160211*-12*
13*. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores
Doméstico
200135*-13*
Profesional
160213*-13*
4. Aparatos electrónicos y de consumo y paneles fotovoltaicos
4.1. Televisores, monitores y pantallas
2. Monitores y pantallas
2.1. Monitores y pantallas LED
2.2. Otros monitores y pantallas
2
21*. Monitores y pantallas CRT
Doméstico
200135*-21
Profesional
160213*-21*
22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED
Doméstico
200135*-22*
Profesional
160213*-22*
23. Monitores y pantallas LED
Doméstico
200136-23
Profesional
160214-23
5. Aparatos de alumbrado (excepto luminarias domésticas)
5.1. Lámparas de descarga de gas
5.2 Lámparas LED
3. Lámparas
3.1. Lámparas de descarga (Hg) y lámparas fluorescentes
3.2. Lámparas LED
3
31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes
Doméstico
200121*-31*
Profesional
200121*-31*
32. Lámparas LED
Doméstico
200136-32
Profesional
160214-32
1.4. Otros grandes aparatos electrodomésticos
3. Equipos de informática y telecomunicaciones
4.4. Otros aparatos electrónicos de consumo
5.3 Luminarias profesionales
5.4 Otros aparatos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura)
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados)
9. Instrumentos de vigilancia y control
10.2. Resto de máquinas expendedoras
4. Grandes aparatos (Con una dimensión exterior superior a 50 cm)
4
41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos
Doméstico
200135*-41*
Profesional
160213*-41*
160210*-41*
160212*-41*
42. Grandes aparatos (Resto)
Doméstico
200136-42
Profesional
160214-42
2. Pequeños electrodomésticos
4.4. Otros aparatos electrónicos de consumo
5.4. Otros aparatos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas y electrónicas
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados)
9. Instrumentos vigilancia y control
5. Pequeños aparatos (Sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)
5
51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas
Doméstico
200135*-51*
Profesional
160212*-51*
160213*-51*
52. Pequeños aparatos (Resto)
Doméstico
200136-52
Profesional
160214-52
3. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños
6. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños
6
61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos
Doméstico
200135*-61*
4.2. Paneles fotovoltaicos de silicio (Si)
4.3. Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio (CdTe)
7. Paneles solares grandes (Con una dimensión exterior superior a 50 cm)
7
71. Paneles fotovoltáicos (Ej.: Si)
Profesional
160214-71
72*. Paneles fotovoltáicos peligrosos (Ej.: CdTe)
Profesional
160213*-72*
ANEXO IX
Requisitos técnicos para la preparación para la reutilización
A. Criterios para clasificar los RAEE para la preparación para la reutilización
1. Inspección visual: Los aparatos que cumplan con uno o más de los criterios que se exponen a continuación, serán separados del resto como «RAEE no reutilizables» y se enviarán a una planta de tratamiento de RAEE:
a) Carcasas incompletas (ausencia de tapas o partes de la propia carcasa).
b) Ausencia de componentes esenciales (por ejemplo, que un frigorífico no disponga del compresor).
c) Aparatos en deficientes condiciones generales.
d) Aparatos muy oxidados y con numerosos daños superficiales (por ejemplo, abolladuras, hendiduras, agujeros, etc.).
2. Pruebas de seguridad del funcionamiento eléctrico de los aparatos eléctricos: Es aconsejable que, in situ y antes de su transporte al centro de preparación para la reutilización, se compruebe el funcionamiento eléctrico de los aparatos y cuando sea aplicable, comprobar el aislamiento, la toma de tierra y los cortocircuitos. Cuando los aparatos no superen las comprobaciones eléctricas de seguridad, se valorará su posible reparación y su envío a una planta de tratamiento de RAEE.
3. Consumo energético: Los RAEE podrán preparase para la reutilización y reutilizarse si poseen, en el caso de frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas una etiqueta energética B o superior y en aparatos de aire acondicionado y secadoras una etiqueta C o superior. Cada RAEE preparado para la reutilización irá acompañado de la etiqueta energética correspondiente.
4. No es recomendable la preparación para la reutilización de pantallas de tubos de rayos catódicos que implique su apertura, debido a la presencia de revestimientos fluorescentes de fósforo. Las pantallas de tubos de rayos catódicos sólo podrán ser preparadas para su reutilización hasta el 1 de enero de 2016.
B. Requisitos de un centro o instalación de preparación para la reutilización
1. Un centro de preparación para la reutilización (CPR) realizará las tareas correspondientes de verificación, segregación, reparación, limpieza, contará con una red comercial al público que informe que se trata de aparatos recuperados a partir de RAEE, además de un servicio postventa de garantía y reparación de los aparatos que vende. Este centro será, a su vez, el responsable de la recogida de los RAEE así como de asegurar su trazabilidad.
2. Un CPR cumplirá con los siguientes requisitos que formarán parte de la lista de comprobación del sistema de inspección:
2.1 Descripción de la instalación.
a) La instalación eléctrica estará adaptada a las necesidades de comprobación de los aparatos:
1.º Con suficiente potencia para los aparatos a comprobar.
2.º Con enchufes con suficiente capacidad para soportar el consumo de una placa de cocina (recomendado 20 amperios como mínimo).
3.º Con amperímetros que marquen el consumo de los aparatos.
4.º Con enchufes protegidos por diferenciales para detectar fugas eléctricas.
5.º Con magneto-térmicos para detectar cortocircuitos o consumos excesivos.
b) La instalación de agua dispondrá de grifos independientes para cada lugar de prueba de aparatos. Se considerará la recirculación del agua utilizada en las pruebas, con el fin de ahorrar este recurso. La zona de pruebas con aparatos que utilicen agua, estará preparada para evitar que cualquier fuga de agua produzca accidentes de derivación no deseados. La instalación estará impermeabilizada para evitar lixiviados.
2.2 Herramientas prioritariamente eléctricas, con el fin de evitar esfuerzos y dolencias a largo plazo.
a) Se dispondrán aparatos de medida que confirmen la seguridad y el buen funcionamiento de los aparatos:
1.º Medidores de temperatura.
2.º Medidores de audio.
3.º Medidores de revoluciones.
4.º Medidores de fugas de los microondas.
b) La instalación dispondrá de diferenciales, amperímetros y magneto-térmicos portátiles.
c) Las herramientas serán prioritariamente eléctricas, con el fin de evitar esfuerzos, y dolencias a largo plazo.
2.3 Equipamiento personal de seguridad.
a) Uniforme de trabajo.
b) Calzado de protección frente riesgos eléctricos.
c) Guantes de seguridad, que evite contactos o derivaciones.
d) Gafas para soldadura o contra el polvo.
e) Mascarillas en caso de necesidad.
f) Otros requerimientos que se establezca en la evaluación de riesgos laborales.
C. Procedimientos de preparación para la reutilización
1. El CPR establecerá procedimientos con las operaciones a realizar para cada residuo que permitan controlar la trazabilidad y delimitar las pautas para su comprobación y reparación, haciendo especial hincapié en la seguridad del equipo final.
2. Los procedimientos incluirán controles de calidad, cumplimentados por un responsable técnico. Cada procedimiento, incluirá la metodología específica para realizar las manipulaciones, las comprobaciones o reparaciones del equipo.
3. Todo proceso de preparación para la reutilización de un RAEE pasará, al menos, por las siguientes fases:
a) Test de seguridad eléctrica.
1.º Todo aparato reutilizable debe ser seguro para su uso.
2.º Su control de calidad debe asegurar comprobaciones eléctricas, fuga de ondas, de gases o cualquier otra disfunción que pueda generar inseguridad.
3.º Su control de calidad debe asegurar comprobaciones de pérdidas de agua, rotura de manguitos, etc.
b) Test de funcionamiento: Todo aparato tiene que funcionar eficazmente según lo que se describa en su hoja de características, que acompañará al aparato en su venta.
c) Eliminación de datos personales, en caso de equipos de informática y telecomunicaciones: Se eliminarán todos los datos personales de los equipos de informática y telecomunicaciones antes de proceder a su reutilización. Se utilizará un software certificado a tal efecto.
d) Extracción/actualización de software: Los aparatos informática y telecomunicaciones han de disponer de un sistema operativo en funcionamiento.
e) Reparación: Los CPR deben reparar los aparatos según un procedimiento de reparación documentado: Preferiblemente, deberán utilizar piezas originales o piezas de recambio aprobadas por el fabricante para la reparación de los AEE. Si el aparato se repara con piezas que no son originales o no aprobadas por el fabricante, el centro deberá garantizar que el aparato cumple con la legislación vigente.
f) Limpieza.
1.º El CPR contará con un listado de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente.
2.º Tendrá establecido un protocolo de control de calidad final dado que la limpieza es un elemento esencial.
g) Preparación para la venta y etiquetado: Después de pasar por el control de calidad de la limpieza, el aparato ha de ser etiquetado indicando:
– Que es un aparato recuperado.
– El logotipo del CPR.
– El teléfono de contacto del CPR.
– El tipo de aparato y modelo.
– Características.
– Precio.
– Fecha de recuperación.
– Tiempo de garantía.
– Información de golpes o taras, si las tuviera, y si éstas influyen o no influyen en el funcionamiento del aparato, y de qué manera.
– Código exclusivo de cada aparato.
– Código de barras.
D. Información del proceso
1. El proceso de preparación para la reutilización quedará anotado en el archivo cronológico electrónico que asegure la trazabilidad del producto que generará una base de datos. La base de datos contendrá:
a) Todos los datos recogidos en los protocolos.
b) El historial de cada aparato recuperado.
c) La procedencia, incidencias, reparaciones, piezas cambiadas, trabajadores que han intervenido en el proceso, tiempos y precio.
2. Este programa estará conectado a la plataforma informática que permitirá que las administraciones competentes dispongan de los datos de reutilización. El programa generará tres etiquetas que se pegarán:
a) En el mismo aparato.
b) En el protocolo.
c) En la garantía.
d) Cada pegatina tendrá un código exclusivo aportado por el gestor.
E. Requisitos de la posventa
1. Los centros de reutilización proporcionarán una garantía según establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Entre otros aspectos, la garantía contendrá:
a) Todos los datos del CPR: nombre, dirección y teléfono.
b) Tiempo que dura la garantía.
c) Condiciones de la garantía.
d) Posibilidades de devolución del importe pagado, por falta de conformidad de comprador, en los primeros seis meses.
e) Zona que cubre la garantía.
f) Condiciones en que deja de tener garantía un aparato, por mala manipulación o por defectos ajenos al propio funcionamiento.
2. Una vez finalizado el proceso de preparación para la reutilización, los RAEE resultantes tendrán la consideración de AEE recuperados.
ANEXO X
Contenido de la comunicación de las plataformas logísticas de la distribución
El contenido de la comunicación de las plataformas logísticas de la distribución será el siguiente:
1. Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, nombre localización y NIF.
2. Descripción de los RAEE a almacenar según fracciones de recogida o grupos de tratamiento y códigos LER-RAEE según tabla 1 del anexo VIII.
3. Datos de identificación de las empresas distribuidoras a las que presta servicio de almacenamiento de RAEE: nombre, localización y NIF.
4. Capacidad de almacenamiento y cantidad estimada de RAEE que se tiene previsto almacenar anualmente.
5. Las condiciones de almacenamiento de los RAEE.
6. Cualquier otro dato de identificación necesario para la presentación electrónica de la comunicación.
ANEXO XI
Lista indicativa de la información del archivo cronológico sobre RAEE recogidos en la plataforma electrónica
A. Tipo de información, a aplicar en cada caso, en las instalaciones de las Entidades Locales y las instalaciones de recogida de residuos
1. Entrada.
a) Fecha de la entrega del RAEE.
b) Identificación del usuario o entidad que entrega el RAEE (según aplique en cada caso): Particular/distribuidor/punto limpio/red de productor/productor de RAEE profesional.
c) Nombre (razón social), dirección, CCAA y NIF, NIMA, nº de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.
d) Transportista (si lo hubiera): Nombre (razón social), NIF, dirección, CCAA y código gestor.
e) Tipos de aparato entregado y marca.
f) Peso (al menos, aproximado).
g) Código LER-RAEE.
h) Uso (doméstico/profesional).
i) N.º de serie (siempre que sea posible).
j) N.º de referencia de la etiqueta del RAEE o del contenedor donde se depositan los RAEE en la instalación.
k) Observaciones e incidencias, por ejemplo sobre el estado de funcionamiento, posibilidad de reutilizar, si está completo, etc.
En el caso de pequeños aparatos y lámparas, esta información individual de entrada no será necesaria, siendo sustituida por la identificación de contenedores específicos para esta fracción.
2. Salida de RAEE en contenedores o jaulas.
a) Fecha de salida de la instalación del contenedor o jaula.
b) Código LER-RAEE.
c) Referencia de contenedor-Peso de salida del RAEE, contenedor(1).
(1) En ausencia de báscula durante el periodo transitorio de adaptación de puntos limpios el destinatario será quien confirme el peso del contenedor o jaula.
d) Identificación del transportista.
e) Destino (datos de la instalación de gestión de residuos).
1.º Dirección y CCAA.
2.º Tipo: CPR, centro de transferencia o concentración de carga, planta de tratamiento específico.
3.º NIMA.
4.º NIF.
5.º N.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión.
f) Información sobre la organización de recogida y gestión (oficina de asignación o gestor contratado por la instalación de recogida).
g) N.º referencia de la recogida por la oficina de asignación.
h) Sistema de responsabilidad ampliada que financia la recogida desde la instalación de recogida.
B. Tipo de información de recogida de RAEE en la plataforma electrónica por los distribuidores
1. Entrada.
a) Fecha de la entrega.
b) Tipos de aparato y marca.
c) Códigos LER-RAEE.
d) N.º de serie (siempre que sea posible).
e) N.º de referencia de la etiqueta del RAEE o del contenedor donde se depositan los RAEE en la instalación.
f) Transportista (si lo hubiera): Nombre (razón social), NIF, dirección, CCAA y código gestor. Referencia albaranes de recogida
g) Observaciones e incidencias, por ejemplo sobre el estado de funcionamiento, posibilidad de reutilizar, si está completo, etc.
2. Salida de RAEE.
a) Fecha.
b) N.º de unidades.
c) Tipos de aparato.
d) Códigos LER-RAEE.
e) Identificación del transportista. Referencia de los albaranes o del documento de identificación del traslado si lo hubiera.
f) Destino (datos de la instalación de gestión de residuos). Datos de la Instalación de gestión de residuos:
1.º Dirección y Comunidad Autónoma.
2.º Tipo: CPR, instalación de almacenamiento, instalación de tratamiento específico, etc.
3.º NIMA.
4.º NIF.
5.º N.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión.
g) Información sobre la organización de recogida y gestión (oficina de asignación o gestor contratado por la instalación de recogida).
h) N.º referencia de la recogida por la oficina de asignación.
i) Sistema de responsabilidad ampliada que financia la recogida desde la instalación de recogida.
ANEXO XII
Contenido mínimo de la memoria resumen anual de los gestores de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Se presentará una memoria anual por cada una de las instalaciones de tratamiento de residuos. La información se desglosará por operación específica de tratamiento, en la medida en que para operación pueda registrarse el peso a la entrada y a la salida de la misma.
1. Identificación de la entidad que presenta la información.
a) Año al que corresponde la información (o período anual).
b) NIF de la entidad que realiza la operación de tratamiento en la instalación.
c) Identificación de la instalación: NIMA.
d) N.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.
2. Códigos de las operaciones de tratamientos autorizados según anexo XIII.
3. Información de las entradas en la instalación.
a) Por categoría LER-RAEE del residuo.
1.º Origen: Doméstico o profesional.
2.º Procedencia del residuo:
– Puntos Limpios: NIF, nombre municipio (razón social), dirección, CCAA y NIMA.
– Distribuidor: Nombre (razón social), dirección, CCAA y NIF.
– Gestores: NIF, nombre (razón social), dirección, CCAA, NIMA y código gestor.
– Particulares: Nombre (razón social), dirección, CCAA y NIF.
– Productores de RAEE profesionales: Nombre (razón social), dirección, CCAA y NIF.
3.º Peso en toneladas, y en su caso, unidades.
b) Organización de la gestión del RAEE:
1.º Con sistemas de responsabilidad ampliada (indicar cuál).
2.º Otras formas de organización, por ejemplo: directamente a través de particulares, puntos limpios distribuidores, gestores.
4. Información de las salidas de la instalación.
a) Para instalaciones de preparación para la reutilización.
1.º Por código LER-RAEE.
– Cantidad total de aparatos preparados para su reutilización, en toneladas y unidades.
– Destinatario del aparato preparado para su reutilización (tienda/particular: razón social, ubicación, CCAA y NIMA/NIF).
– Relación en peso entre aparatos preparados para su reutilización que salen de la instalación y aparatos enteros que entran en la instalación.
– Almacenamiento de aparatos enteros (stock) del año anterior al de la memoria, en toneladas y unidades.
– Almacenamiento de aparatos enteros (stock) a final del año al que se refiere la memoria, en toneladas y unidades.
2.º Componentes reutilizados.
– Tipo de residuo del que procede el componente (categoría y código LER).
– Tipos y cantidad de componentes preparados para la reutilización en toneladas y unidades.
– Relación en peso entre componentes preparados para su reutilización que salen de la instalación y los residuos de los que proceden.
– Destinatario de los componentes preparados para su reutilización (tienda/particular: Razón social, dirección, CCAA y NIMA/NIF).
– Almacenamiento de componentes (stock) del año anterior al de la memoria, en toneladas y unidades.
– Almacenamiento de componentes (stock) a final del año al que se refiere la memoria, en toneladas y unidades.
3.º Residuos generados en la preparación para la reutilización:
– Código LER del residuo generado.
– Peso en toneladas, y en su caso, unidades.
– Almacenamiento:
• Peso en toneladas de residuos almacenados en la instalación el año anterior al de la memoria.
• Peso en toneladas de residuos almacenados al final de año al que se refiera la memoria.
– Código de operación de tratamiento a la que se destina.
– NIF, razón social, dirección, Comunidad Autónoma y NIMA de instalación de destino que realiza el tratamiento.
– N.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de residuos.
– Organización de la gestión del residuo:
• Sistemas de responsabilidad ampliada (indicar cuál).
• Otras formas de organización, por ejemplo: directamente a través de particulares, puntos limpios distribuidores, gestores.
b) En el proceso de retirada de sustancias, materiales y componentes y otros obtenidos en el tratamiento de los RAEE:
1.º Entrada: RAEE objeto de retirada de sustancias, materiales y componentes.
– Código LER-RAEE.
– Cantidad (t y unidades).
2.º Salida: Residuos, materiales, componentes y sustancias extraídas.
– Código LER de cada componente, sustancias y mezclas extraídos según anexo XIII.
– Para cada componente / sustancia / mezclas extraídos o retirados:
• Descripción.
• Cantidad extraída (toneladas).
• Almacenamiento.
• Cantidad de residuos almacenados en la instalación año anterior (t).
• Cantidad de residuos almacenados a fin de año (t).
• Tipo de almacenamiento: Intemperie, naves cerradas, naves abiertas, tipos de recipientes, etc.
• Código de la operación a la que se destina el residuo (R1, R2, etc.).
• NIF, razón social, dirección, Comunidad Autónoma y NIMA de instalación de destino que realiza el tratamiento.
• N.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.
• N.º documento de identificación correspondiente.
5. Stock o almacenamiento en espera de tratamiento de la instalación.
Cantidad de RAEE no sometidos a ningún tratamiento.
a) Código LER-RAEE.
b) Cantidad (t y unidades).
6. Formato de la información en materia de recogida y gestión de RAEE.
En relación con el contenido de las tablas 1 y 2, se establece que:
a) Las unidades en las tablas serán toneladas.
b) La cantidad considerada como valorización es la suma de preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, como la energética.
c) RAP: Residuos bajo la organización de los productores.
d) NO RAP: Residuos bajo la recogida y gestión diferente a la organización de los productores de AEE.
Tabla 1. Formato de Información de recogida y gestión de RAEE agregada según fracciones de recogida y grupos de tratamiento a partir del 1 de enero de 2019
Categorías de AEE del anexo III
Fracciones de recogida y grupos de tratamiento
Origen RAEE domésticos
Origen RAEE profesionales
RAEE
Total (t)
Punto Limpio
Distribución
Redes productores
Gestores
Punto Limpio
Distribución
Redes productores
Gestores
Recogidos
Prep. Reutilización
Reciclaje
Valorización
Eliminación
Tratados en otros
Estados Miembros
Tratados fuera UE
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
1. Aparatos de intercambio de temperatura (FR1)
11*. Aparatos con CFC, HFC, HCFC, HC, NH3
12*. Aparatos aire acondicionado y aceites
13*. Aparatos con aceite en circuitos o condensadores
Total FR1
2. Monitores y pantallas (FR2)
21*. Monitores y pantallas CRT
22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED
23*. Monitores y pantallas LED
Total FR2
3. Lámparas (FR3)
31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes
32. Lámparas LED
Total FR3
4. Grandes aparatos (FR4)
41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos
42. Grandes aparatos (resto)
Total FR4
5. Pequeños aparatos (FR5)
51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas
52. Pequeños aparatos (resto)
Total FR5
6. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños (FR6)
61*. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos
Total FR6
7. Paneles fotovoltaicos (FR7)
71. Paneles fotovoltaicos (Ej.: Si)
72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: CdTe)
Total FR7
TOTAL (t)
Tabla 2. Formato de Información de recogida y gestión de RAEE en categorías y subcategorías del anexo I
Categorías y subcategorías de AEE del anexo I
Origen RAEE domésticos
Origen RAEE profesionales
RAEE
Total (t)
Punto Limpio
Distribución
Redes productores
Gestores
Punto Limpio
Distribución
Redes productores
Gestores
Recogidos
Prep. Reutilización
Reciclaje
Valorización
Eliminación
Tratados en otros
Estados Miembros
Tratados fuera UE
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
RAP
NO RAP
1. Grandes electrodomésticos (GAE)
1.1 Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores
1.2 Aire acondicionado
1.3 Radiadores y emisores térmicos con aceite
1.4 Otros grandes aparatos electrodomésticos
Total Grandes electrodomésticos
2. Pequeños electrodomésticos (PAE)
3. Equipos informáticos y telecomunicaciones (IT)
3. Equipos de informática y telecomunicaciones
4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos
4.1 Televisores, monitores y pantallas
4.2 Paneles fotovoltaicos de silicio (Si)
4.3 Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio (CdTe)
4.4 Otros aparatos electrónicos de consumo
Total Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos
5. Aparatos de alumbrado (excepto luminarias domésticas)
5.1 Lámpara de descarga de gas
5.2 Lámparas LED
5.3 Luminarias profesionales
5.4 Otros aparatos de alumbrado
Total Aparatos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura)
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio
8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e infectados)
9. Instrumentos de vigilancia y control
10. Máquinas expendedoras
10.1 Máquinas expendedoras con gases refrigerantes
10.2 Resto Máquinas expendedoras
Total máquinas expendedoras
TOTAL (t)
ANEXO XIII
Requisitos para los tratamientos específicos de los RAEE
Parte A. Requisitos generales comunes a todas las instalaciones que realicen el tratamiento de los RAEE
Toda instalación que realice operaciones de tratamiento de RAEE dispondrá, al menos, de:
a) Protocolos de trabajo documentados por línea de tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en este real decreto.
b) Protocolos de mantenimiento y calibración de la maquinaria y equipos empleados, así como los correspondientes libros de registro de estas operaciones.
c) La fijación de un perímetro, cerrado y bien definido, del recinto de la instalación.
d) Documentación relativa a la identificación de los componentes, sustancias y mezclas que se enumeran en este anexo, respecto a los RAEE recibidos, según la información proporcionada por los productores conforme el artículo 10 de este real decreto.
e) Personal específicamente formado por puesto de trabajo o funciones a desarrollar, así como en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.
Adicionalmente:
1. Las instalaciones de tratamiento, incluyendo las áreas de almacenamiento, estarán diseñadas, organizadas y mantenidas para proporcionar un acceso y evacuación seguros del recinto.
2. El acceso a personas no autorizadas estará limitado.
3. Las instalaciones emplearán las medidas de seguridad necesarias para prevenir el daño y el robo de los RAEE, así como de las fracciones obtenidas en el proceso de tratamiento.
4. Las instalaciones de tratamiento, con carácter voluntario, podrán implantar sistemas de gestión certificados (ISO 9001 e ISO 14001) y auditados por un tercero independiente, que aseguren que sus procesos de control de calidad y gestión medioambiental cumplen lo establecido en este real decreto.
Parte B. Requisitos operacionales comunes a todos los procedimientos de tratamiento de RAEE
Teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y la conveniencia de preparar para la reutilización y de reciclar, todo lo establecido en este apartado se aplicará de tal modo que no dificulte la preparación para la reutilización de componentes o aparatos enteros, así como su reciclado.
a) Entrada en la instalación.
1.º Se clasificarán los RAEE según su origen doméstico o profesional, en base a la documentación que se acompañe.
2.º Comprobación visual de los RAEE y su correspondencia con los que figuran en el albarán o documentación que acompañe al residuo.
3.º Agrupación de los RAEE por códigos LER-RAEE y extracción de pilas y acumuladores extraíbles, si procede.
4.º Pesado inicial de los RAEE por código LER-RAEE.
5.º Incorporación de los datos en el archivo cronológico de la instalación y en la plataforma electrónica de gestión de RAEE según el anexo XII.
b) Almacenamiento previo al tratamiento.
1.º El área de las instalaciones de tratamiento específico destinada a almacenar los RAEE que están a la espera de ser tratados cumplirá con lo dispuesto en el anexo VIII relativos a las condiciones de almacenamiento.
2.º La cantidad máxima de RAEE almacenados no excederá la cantidad indicada en la autorización de actividad de la instalación. El tiempo de almacenamiento de los RAEE antes del tratamiento no superará los plazos fijados en el artículo 20.4.a de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Para ello, se registrarán las fechas de entrada y de tratamiento de los RAEE recibidos, por lotes o entregas.
3.º Los stocks o residuos almacenados serán registrados anualmente y se considerarán en el balance de masas de la instalación.
c) Retirada y tratamiento de componentes, sustancias y mezclas.
1.º Como mínimo, en cualquier operación de tratamiento de RAEE, se retirarán los siguientes componentes, sustancias y mezclas:
– Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/ PCT)(2).
(2) DO.L 243 de 24.9.1996. p.31.
– Componentes o RAEE que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o lámparas.
– Pilas y acumuladores.
– Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos móviles, en general, y otros dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros cuadrados.
– Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color.
– Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados.
– Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.
– Tubos de rayos catódicos.
– Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) y amoníaco (NH3).
– Lámparas de descarga de gas.
– Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como iluminación de fondo.
– Cables eléctricos exteriores.
– Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997, por la que se adapta, por vigesimotercera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas(3).
(3) DO L 343 de 13.12.1997. p.19.
– Componentes que contengan sustancias radiactivas, con excepción de componentes que se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el artículo 3 y en el anexo I de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes(4).
(4) DO L 159 de 29.6.1996. p.1.
– Condensadores electrolíticos que contengan sustancias de riesgo (altura > 25 mm, diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares).
– Aceites.
Durante el proceso de retirada de componentes o materiales, según lo dispuesto en el diagrama de proceso establecido por línea de tratamiento, incluido en la autorización de actividad de la instalación, no se dañarán ni destruirán componentes que puedan liberar sustancias peligrosas al medio ambiente o que puedan diluirse entre el resto de las fracciones y contaminarlas.
2.º Estos componentes, sustancias y mezclas se eliminarán o se valorizarán de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio y sus normas de desarrollo. En concreto, los siguientes componentes recogidos de modo separado y contabilizados en el correspondiente balance de masas se someterán a los siguientes tratamientos:
– Los tubos de rayos catódicos: se eliminará el revestimiento fluorescente y se seguirá el procedimiento G3 de este anexo.
– Los aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tengan un potencial de calentamiento global superior a 15 y los hidrocarburos, como, por ejemplo, los contenidos en espumas o en circuitos de refrigeración: se extraerán según lo dispuesto en los procedimientos G2 y G2.1 de este anexo.
– Los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1005/2009.
– Los gases con un potencial de calentamiento global superior a 15 se tratarán adecuadamente.
– Los gases que contengan derivados fluorados o clorados deberán tratarse de manera que se cumpla la normativa de aplicación referida al control de emisiones de PCDD/Fs a la atmósfera.
– Los hidrocarburos, una vez extraídos se captarán adecuadamente o almacenarán con destino a su posible reciclado o valorización.
– Las lámparas de descarga luminosas se someterán a un proceso de eliminación del mercurio tal y como se prevé en el procedimiento G5 de este anexo.
– El aceite se gestionará correctamente.
3.º En el caso que algún RAEE no estuviera contemplado en los procedimientos, el protocolo de su tratamiento incluirá las medidas de protección medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de salud de los trabajadores que la legislación establezca.
4.º Los materiales, componentes y sustancias resultantes del tratamiento de RAEE se identificarán y clasificarán en flujos identificables o como partes identificables del mismo, de manera que puedan contabilizarse y permitan la comprobación de la correcta ejecución del tratamiento. Las comprobaciones que se prevean realizar para asegurar el correcto tratamiento de RAEE, se establecerán en el plan de calidad de la instalación.
5.º Las fracciones que contienen sustancias, mezclas o componentes peligrosos, no se diluirán ni mezclarán con otras fracciones o materiales con el propósito de reducir su concentración.
Parte C. Separación de fracciones y su destino
A través de procesos mecánicos, de fragmentación o triturado se obtienen diferentes materiales y fracciones que serán valorizadas o eliminadas. Se identificarán mediante códigos LER, se contabilizarán y se indicará su destino para calcular los objetivos de valorización. Para ello, se inscribirán en el archivo cronológico de la instalación según el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Parte D. Información
Las fracciones resultantes del tratamiento específico se pesarán e inscribirán en el archivo cronológico de la instalación. El archivo recogerá por orden cronológico, al menos, los datos de las entradas y salidas que permitan elaborar y comprobar los datos de la memoria ambiental indicada en el anexo XII.
El gestor que opere la instalación de tratamiento solicitará y conservará los certificados emitidos por el gestor o instalación de reciclaje al que destine las fracciones resultantes del tratamiento. Se mantendrá la información archivada durante, al menos, 3 años.
Parte E. Lista de comprobación de requisitos básicos de instalaciones de tratamiento de RAEE
Los gestores autorizados para el tratamiento de RAEE acreditarán el cumplimiento, al menos, de los siguientes requisitos generales, así como los derivados de los procedimientos específicos en el caso del tratamiento de ciertas categorías de RAEE:
a) Autorización para el tratamiento de RAEE, adecuada a los códigos LER-RAEE según la tabla 1 del anexo VIII.
b) Diagramas de los procesos de tratamiento de RAEE que se incluyen en la autorización.
c) Registro de entradas de RAEE según los códigos LER-RAEE según la tabla 1 del anexo VIII.
d) El archivo cronológico, físico o telemático.
e) Procedimientos de control y documentación técnica, incluyendo las condiciones de almacenamiento según el anexo VIII y los requisitos técnicos según este anexo.
f) La retirada de materiales y componentes recogidos en la parte B de este anexo.
g) La retirada de materiales, componentes y sustancias peligrosas, en cada una de las fases, destino de los mismos y códigos LER empleados,
h) La retirada de materiales y componentes no peligrosos en cada una de las fases, destino de los mismos y códigos LER empleados.
i) La verificación de los registros de entrada y salida de materiales, componentes y sustancias, así como los códigos LER empleados.
j) Documentación de envío a las plantas de valorización o eliminación de sustancias, materiales, componentes y/o fracciones separadas en cada una de las fases y en total. Se garantizará la trazabilidad completa del residuo, tanto la entrada a la planta de tratamiento de RAEE como en la salida de las fracciones resultantes al destino de tratamiento.
k) El cumplimiento de objetivos de valorización y reciclado del anexo XIV.
l) El calibrado de materiales y equipos utilizados en las diferentes etapas de tratamiento.
m) Las medidas de seguridad empleadas para evitar la entrada de personas no autorizadas e impedir daños o robos en los RAEE y fracciones almacenados en las instalaciones.
n) Información específica al personal en función de las tareas a desarrollar, así como en materia de prevención de riesgos laborales.
o) Legislación en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la prevención contraincendios.
p) Legislación en materia de atmósferas explosivas, control de vertidos y emisiones de gases a la atmósfera, si es de aplicación.
Parte F. Aspectos comunes del balance de masas
En el archivo cronológico, los gestores documentarán todas las fracciones resultantes de cada proceso: componentes retirados, materiales o fracciones valorizables y fracciones no valorizables, cantidades y códigos LER que permita establecer en cada proceso un balance de masas entre los flujos de entrada y de salida y las cantidades almacenadas o en stock.
El balance de masas se establece como:
Entradas = salidas + stock
Entradas = ∑ entradas en el proceso de tratamiento.
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
Pérdidas durante el proceso de tratamiento = entradas – salidas – stock.
Parte G. Procedimientos específicos para el tratamiento de RAEE por tipos de aparatos
Los procedimientos para el tratamiento específico de RAEE descritos a continuación, podrán llevarse a cabo aplicando las mejores técnicas disponibles.
G.1 Operación de tratamiento general
Se someterán a este tratamiento los siguientes grupos de tratamiento: 13, 23, 32, 41, 42, 51, 52 y 61 y aquellos RAEE que no estén incluidos en ningún otro procedimiento de los contemplados en la parte G de este anexo.
El tratamiento de estos aparatos constará de 3 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
– Fase 1. Extracción de los componentes, sustancias y mezclas.
– Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Desmontaje de piezas o componentes que puedan prepararse para la reutilización, desensamblaje de piezas sueltas, en función de la información disponible de los productores de AEE.
Fase 1. Extracción de componentes, sustancias y mezclas.
Durante esta fase se extraerán, como mínimo, los componentes, sustancias y mezclas enumerados en el apartado c) de la parte B de este anexo. Cumpliendo con el principio de precaución, en caso de que no se disponga de suficiente información del diseño de los aparatos por parte de los productores de AEE sobre el contenido de sustancias peligrosas, los RAEE se tratarán de manera que se prevenga la salud de los trabajadores y la protección del medio ambiente. La retirada se realizará siguiendo las indicaciones contempladas en la parte B de este anexo, de tal modo que no se dificulte la preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, respetuosos con el medio ambiente.
No se permitirá la separación mecánica de estos componentes, sustancias o mezclas, si ello conlleva el riesgo de liberación de sustancias peligrosas o contaminación del resto del RAEE por roturas. En estos casos, se recomienda la extracción manual de estos componentes, sustancias o mezclas.
Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Durante esta fase, se separarán en fracciones valorizables (férricas, no férricas, plásticos, vidrio, etc.) los restos de los aparatos.
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en esta fase se depositarán en contenedores separados en un espacio habilitado, para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento de cada uno de ellos.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G1).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE:
(160213*-13*, 200135*-13*; 160214-23, 200136-23; 160214-32, 200136-32; 160213*-41*, 160210*-41*, 160212*-41*, 200135*-41*; 160214-42, 200136-42; 160212*-51*, 160213*-51*, 200135*-51*; 160214-52, 200136-52; 200135*-61*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G1).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
Fase 1:
– Proceso de desmontaje manual.
– Separación y almacenamiento adecuado de los componentes, sustancias y mezclas extraídos.
– Documentación de envío a plantas de tratamiento autorizadas de eliminación o valoración de los componentes, sustancias y mezclas extraídos.
– Registro de materiales y componentes generados en la Fase 1 y destino de los mismos.
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas por código LER, destino y operación de tratamiento.
Fase 2:
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas, residuos generados y materiales o fracciones separados en la Fase 2, por códigos LER.
– Registro del gestor autorizado al que se destinan las fracciones valorizables y operación de tratamiento.
G.2 Operación de tratamiento para RAEE que contengan CFC, HCFC, HFC, HC O NH3 (160211*-11* y 200123*-11*)
Se someterán a este tratamiento todos los aparatos incluidos en la categoría 1 del anexo I y categoría 1 del anexo III, que contengan CFC, HCFC, HFC, HC ó NH3.
El tratamiento de estos aparatos constará de 4 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
– Fase 1. Extracción gases refrigerantes y aceites de circuitos.
– Fase 2. Extracción gases fluorados e hidrocarburos de las espumas aislantes.
– Fase 3. Separación del resto de fracciones.
Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Separación los aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC y NH3 del resto.
3. Retirada manual de las piezas sueltas que hay en el interior de los aparatos (bandejas de vidrio, cajones, cables, etc.) y la goma que sella la puerta, facilitando la preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, respetuosos con el medio ambiente, teniendo en cuenta la información disponible de los productores de AEE.
Fase 1. Extracción gases refrigerantes, amoníaco y aceites de circuitos.
1. Durante esta fase se llevará a cabo la extracción de los gases refrigerantes del circuito de refrigeración y los aceites del compresor mediante un sistema de vacío y estanco para evitar que se produzcan fugas, y que permita la separación de los gases del aceite y los gases refrigerantes en recipientes a presión en condiciones de seguridad adecuadas.
Los gases del circuito de refrigeración suponen alrededor del 30% del contenido de gases refrigerantes del equipo En el proceso de extracción, se conseguirá, al menos, una retirada del 99% de aceites y de gases refrigerantes. La cantidad de gas fluorado residual en el aceite del compresor deberá ser inferior al 0,2% en peso de aceite.
2. Si el circuito de refrigeración contiene hidrocarburos, la aspiración de los fluidos refrigerantes se realizará mediante equipos que cumplan las especificaciones técnicas del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
3. Tanto los gases como el aceite se almacenarán por separado y de manera segura para el medio ambiente y los trabajadores de la instalación, a la espera de su envío a un gestor autorizado para su tratamiento, conforme el Reglamento (CE) nº 1005/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y a la normativa aplicable relativa a la emisión de policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas a la atmósfera.
4. Al finalizar esta fase se desmontará y se extraerá el motor del compresor para su envío a un gestor autorizado.
5. En los refrigeradores de absorción, la solución de amoníaco que contiene cromo VI debe ser aislada en una instalación hermética. Si en el circuito de refrigeración no se hubiera eliminado completamente el cromato, las piezas de hierro deben ser enviadas sin tratamiento a una instalación de valorización (fundición). En cualquier otra fracción resultante del tratamiento de refrigeradores de absorción (agua, NH3) debe de analizarse el contenido del cromato.
Fase 2. Extracción conjunta de gases fluorados e hidrocarburos de las espumas aislantes en los sistemas de refrigeración.
1. Los equipos procedentes de la Fase 1, desprovistos de los refrigerantes y de los aceites pasarán a un proceso de extracción de los gases expansores de las espumas de poliuretano (PU) y la separación de éstas del resto de fracciones (como el plástico y los metales). Los gases presentes en las espumas suponen alrededor del 70% del contenido de gases refrigerantes del equipo. El proceso de extracción deberá conseguir una retirada alrededor del 90% de los gases de las espumas.
2. La extracción de los gases expansores de las espumas requerirá la trituración del cuerpo del aparato, la puerta y los trozos de espuma que se hayan podido desprender accidentalmente, en una atmósfera inerte que impida la emisión de gases a la atmósfera y cualquier situación de explosión. Para ello la instalación deberá contar con las medidas necesarias para evitar la emisión de hidrocarburos (HC), compuestos orgánicos volátiles (COV’s) y gases fluorados que serán establecidas en las autorizaciones ambientales de la instalación, así como las disposiciones relativas al régimen aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de atmósferas explosivas.
Este proceso libera el 70-80% del contenido de los gases en los poros de las espumas y necesita una desgasificación posterior de la matriz de la espuma para liberar el 20-30% restante de los gases, bien mediante el peletizado o briquetado, técnicas de aplicación de vacío o aumento de la temperatura, o cualquier otra técnica verificada que obtenga como mínimo estos ratios de recuperación. Durante todo el proceso de trituración y briquetado, mediante las técnicas que se consideren, se captarán los gases expansores y se almacenarán en recipientes adecuados para su contabilización y gestión posterior.
3. Se llevarán a cabo análisis para estimar la cantidad de gases fluorados o hidrocarburos presentes en las espumas antes y después de la trituración y desgasificación para calcular el nivel de extracción conseguido y conocer el nivel de los gases fluorados e hidrocarburos presentes en los materiales resultantes. La cantidad de gases fluorados residuales en PU resultante tras la técnica de desgasificación empleada, ya sea PU en trozos, pellets, briquetas, material pulverulento, etc., no superará el 0,2% en peso. La periodicidad de los análisis será la adecuada para establecer balances anuales.
4. Se tomarán las medidas necesarias para minimizar las adherencias residuales de PU (espumas) en las fracciones reciclables de metal y plástico. El valor máximo aconsejable de adherencias residuales en los elementos ferrosos y no ferrosos es del 0,3% en peso de PU. Las fracciones plásticas no deben contener más del 0,5% en peso de PU.
5. En los refrigeradores de absorción, la solución de amoníaco (NH3) que contiene cromo VI se aislará en una instalación hermética.
6. Los trozos de espuma, pellets, briquetas, material pulverulento junto con los gases almacenados y extraídos en esta fase, así como los posibles adsorbentes utilizados para evitar su emisión a la atmósfera se contabilizarán en el archivo cronológico y se gestionarán adecuadamente. Los resultados de su tratamiento se contabilizará para la consecución de los objetivos de valorización establecidos en el anexo XIV.
Fase 3. Separación del resto de fracciones.
1. Durante esta fase, se separarán en fracciones valorizables (férricas, no férricas, plásticos, vidrio,…) los restos de los aparatos.
2. Todos los componentes retirados, sustancias extraídas y las fracciones valorizables obtenidos en esta fase se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.
3. Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G2).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (160211*-11*, 200123*-11*; 160211*-12*; 200123*-12*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G2).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (200123*-11* y 160211*-11*).
– Metodología, en su caso, de separación de RAEE que contengan gases fluorados o hidrocarburos en las espumas.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
– Anotación de información adicional (fugas y derrames detectados) a la entrada de la Fase 0.
– Proceso de desmontaje manual.
Fase 1:
– Funcionamiento del sistema de extracción de gases del circuito de refrigeración y del aceite del compresor a través de la medida de presiones finales en el proceso de vaciado que garanticen la máxima extracción.
– Rendimiento, (% en peso) del proceso de extracción y captación de gases refrigerantes y aceites del sistema de refrigeración.
– Separación y almacenamiento adecuado de gases refrigerantes y aceites.
– Concentración de gases fluorados residuales en el aceite del compresor (% en peso).
– Documentación de envío a plantas de tratamiento autorizadas de eliminación o valoración de gases refrigerantes y aceites (a través de gestores autorizados).
– Almacenamiento y gestión, mediante gestor autorizado, de líquidos y materiales con cromo VI.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Funcionamiento de equipos y los protocolos de mantenimiento.
– Separación del motor del compresor, el radiador y el ventilador.
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas por código LER.
– Registro de materiales y componentes generados en la Fase 1, destino y operación de tratamiento de los mismos.
Fase 2:
– Funcionamiento del proceso de trituración del aparato y de las espumas aislantes.
– Funcionamiento del proceso de extracción de gases fluorados e hidrocarburos de las espumas aislantes en atmósfera inerte que garantice la máxima extracción y mínimo contenido en espumas.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Captación, confinado y almacenamiento de los gases fluorados e hidrocarburos en recipientes adecuados para su posterior valorización o eliminación a través de gestores autorizados.
– Estimación del contenido de gases fluorados e hidrocarburos en espumas aislantes en la entrada al proceso (% peso). Protocolo de establecimiento de análisis y medidas de gases fluorados e hidrocarburos.
– Estimación del contenido de gases fluorados residuales tras la desgasificación (% en peso). Protocolo de establecimiento de análisis y medidas de gases fluorados e hidrocarburos.
– Rendimiento (% en peso) del proceso de extracción de gases fluorados y no fluorados en las espumas aislantes.
– Valoración de la metodología de clasificación y etiquetado de los equipos
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas, residuos generados y materiales o fracciones separados en la Fase 2, por códigos LER, destino y operación de tratamiento de los mismos. con especial detalle del destino del carbón activo o cualquier absorbente utilizado en la captación de los gases, así como del destino de los gases fluorados extraídos para su tratamiento.
Fase 3:
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
– Registro de tipos y cantidades de fracciones separadas, por código LER, para su valorización.
– Registro del gestor autorizado al que se destinan las fracciones valorizables y operación de tratamiento.
– Cantidad de espuma residual en fracciones/materiales (% en peso).
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
G.3 Operación de tratamiento para pantallas CRT (TV y monitores con tubos de rayos catódicos) (160213*-21* y 200135*-21*)
Se someterán a este tratamiento todos los aparatos incluidos en la subcategoría 4.1 del anexo I y la categoría 2 del anexo III, que contengan tubos de rayos catódicos (CRT).
El tratamiento de estos aparatos constará de 3 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos.
– Fase 1. Desmontaje y perforación del cono del vidrio para eliminar el vacío.
– Fase 2. Segregación de vidrio y retirada del revestimiento fluorescente.
Los residuos con tubos de rayos catódicos no admiten ningún tipo de tratamiento intermedio, sólo podrán tratarse en instalaciones autorizadas para su tratamiento completo, debiendo incluir éste las fases mencionadas.
Fase 0. Recepción de los aparatos.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Separar los RAEE de monitores y pantallas con CRT del resto. Se identificarán las unidades recepcionadas con el sistema de rayos catódicos roto.
Durante las operaciones de carga y descarga, se deberá poner especial atención en no provocar daños al sistema de tubo de rayos catódicos.
Fase 1. Desmontaje previo y perforación del cono del vidrio para eliminar el vacío.
En la Fase 1 se retirarán, al menos, los siguientes elementos:
a) Cables exteriores.
b) Carcasas de plástico o madera, en aparatos más antiguos.
c) Tarjetas de circuito impreso, en el caso de monitores.
d) Pilas y baterías.
e) Condensadores.
f) Conexión anódica.
g) Cono de cobre.
h) Cañón de electrones, una vez roto el vacío existente en el interior del tubo cuando se extrae la conexión anódica del vidrio del cono.
i) Fleje metálico en la unión del vidrio de pantalla y el de cono.
Fase 2. Segregación de vidrio y retirada del revestimiento fluorescente.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Corte y separación de los vidrios (pantalla y cono).
2. Retirada de la máscara de sombra (sólo para pantallas de color).
3. Aspiración del revestimiento fluorescente.
4. Clasificación de los vidrios, en base a su composición.
Tanto la separación de los vidrios de pantalla y de cono así como la aspiración del revestimiento fluorescente, se realizarán en un lugar dotado de un sistema de extracción de aire con una capacidad de filtrado suficiente para garantizar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la normativa vigente de aplicación. Asimismo, el sistema de extracción del revestimiento fluorescente del vidrio de la pantalla garantizará que éste sea captado en su totalidad en una corriente identificable y no se diluya con el resto de fracciones.
Todos los tubos que lleguen a esta fase rotos, o se rompan al separar los vidrios, se considerarán como vidrio contaminado. El porcentaje de vidrio contaminado respecto del total del vidrio separado se tendrá en cuenta para evaluar la efectividad del ciclo de la gestión (recogida, transporte y tratamiento) de este tipo de aparatos. Los televisores o monitores con pantallas rotas no podrán ser tratados sin que previamente se haya eliminado el fósforo del vidrio roto contaminado. El vidrio limpio se enviará a un gestor autorizado.
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en las dos fases de tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G3).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (160213*-21*, 200135*-21*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock
Lista de comprobación (G3).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (200135*-21* y 160213*-21*).
– Registro de las unidades de pantallas y monitores recepcionados con el sistema CRT roto.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
Fase 1:
– Desmontaje previo manual y perforación del cono del vidrio para eliminar el vacío, procesos descritos en la Fase 1.
– Registro de materiales y componentes generados por código LER, destino y tratamiento de los mismos.
Fase 2:
– Verificación de las operaciones descritas en la Fase 2.
– Registro de la cantidad de revestimiento fosforescente obtenido, almacenamiento adecuado y gestión a través de gestores autorizados.
– Registro de materiales y fracciones separadas por código LER, destino y tratamiento de los mismos.
– Funcionamiento de equipos y de protocolos de mantenimiento.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
G.4 Operación de tratamiento para pantallas planas con tecnología diferente a los CRT (160213*-22* y 200135*-22*)
Se someterán a este tratamiento todos los aparatos incluidos en la subcategoría 4.1 del anexo I y la categoría 2 del anexo III, que contengan pantallas planas de cristal líquido (LCD) y plasma o cualquier otra tecnología diferente a los tubos de rayos catódicos (CRT) y a los diodos emisores de luz (LED).
El tratamiento de estas pantallas constará de 3 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos.
– Fase 1. Desmontaje previo.
– Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Fase 0. Recepción de los aparatos.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Separar los RAEE con pantalla plana con tecnología distinta al LED y al CRT del resto.
Los aparatos con pantalla plana y sus componentes se deberán almacenar bajo cubiertas impermeables (tejados o contenedores cerrados).
Las actividades de recogida, manipulación y transporte de aparatos con pantalla plana se deberán realizar de manera que no afecten a la integridad de las pantallas. No estará permitido triturar ni compactar aparatos con pantalla plana antes del tratamiento.
Fase 1. Desmontaje previo.
En esta fase se retirarán, al menos, los siguientes elementos:
a) Cables exteriores.
b) Carcasa exterior.
c) Tarjetas de circuito impreso.
d) Pantalla de cristal líquido (LCD) o paneles de vidrio que configuran la pantalla de plasma.
e) Lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), en el caso de pantallas de LCD.
La manipulación de las lámparas fluorescentes de las pantallas de LCD se evitará cualquier daño en los tubos de vidrio por su contenido en mercurio y fósforo. La rotura de estos vidrios provocaría la emisión de gas y de mercurio a la atmósfera, altamente contaminantes.
Las luces de fondo de CCFL que se rompan durante el tratamiento serán almacenadas junto al resto de lámparas y transportadas en contenedores cerrados a fin de evitar emisiones de mercurio. Dichos contenedores permanecerán almacenados en lugares que no estén expuestos al calor, hasta ser enviadas a un gestor autorizado para su tratamiento.
Fase 2. Separación del resto de fracciones.
En esta fase se procederá a separar los aparatos en fracciones valorizables, bien de manera manual o mecánica.
Todos los componentes retirados en la Fase 1 y las fracciones valorizables obtenidos en la fase 2 se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G4).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (160213*-22*, 200135*-22*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G4).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (200135*-22* y 160213*-22*).
– Registro de las unidades de pantallas y monitores recepcionados en mal estado.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
Fase 1:
– Proceso de desmontaje manual previo.
– Control de equipos de aspiración de polvo de mercurio y fósforo.
– Almacenamiento adecuado del polvo de mercurio y fósforo, así como del resto de fracciones en contenedores separados para su valorización y/o eliminación.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Funcionamiento de equipos y de protocolos de mantenimiento.
– Registro de materiales y componentes generados en la Fase 1, por código LER, destino y operación de tratamiento de los mismos.
Fase 2:
– Condiciones de almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
– Registro de tipos y cantidades de fracciones separadas en la Fase 2, por código LER, destino y operación de tratamiento de las mismas.
G.5 Operación de tratamiento para lámparas que contienen mercurio (200121*-31*)
Se someterán a este tratamiento todos los aparatos incluidos en la categoría 5 del anexo I y la categoría 3 del anexo III, que contengan mercurio (Hg).
El tratamiento de las lámparas que contengan mercurio constará de 2 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos.
– Fase 1. Extracción de componentes y separación del resto de fracciones.
Estos residuos no admiten ningún tipo de tratamiento intermedio, sólo podrán tratarse en instalaciones que sean capaces de realizar su tratamiento completo.
Fase 0. Recepción de los aparatos.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Clasificación manual de las diferentes tipologías de lámparas, según tratamiento destinado.
3. Registro del número de lámparas rotas por contenedor recepcionado. Para realizar dicho registro se podrá seguir una metodología de cata.
4. Separación de impropios, plásticos, maderas y luminarias que puedan perjudicar al proceso de tratamiento de las lámparas, así como de otros RAEE o lámparas incandescentes y halógenas.
5. Almacenamiento según las condiciones del anexo VIII, para instalaciones que almacenen residuos que contengan mercurio y siempre evitando que cualquier residuo pueda sufrir roturas.
Fase 1. Extracción de componentes y separación del resto de fracciones.
En esta fase se separarán, al menos, los siguientes componentes de las lámparas:
a) Capacetes.
b) Plásticos.
c) Vidrio (contaminado).
d) Mezcla de mercurio y fósforo en polvo.
Se eliminará el mercurio y el polvo fluorescente de las fracciones de vidrio obtenidas antes de ser enviadas a reutilización mediante técnicas de extracción térmicas, lavado con ácidos, etc. En caso contrario, el vidrio contaminado se enviará, exclusivamente, a gestores autorizados para el tratamiento de residuos con contenido en mercurio. El proceso de extracción del polvo fluorescente se realizará bajo atmósfera controlada.
La mezcla de mercurio y de polvo fluorescente extraída se almacenará en depósitos adecuados. De esta mezcla se extraerá el mercurio y si la instalación no dispone de medios para ello, se enviará a un gestor autorizado que disponga de la tecnología para hacerlo.
La instalación donde se realice este tipo de operaciones contará con los sistemas de extracción de aire necesarios para impedir la emisión de vapores de mercurio o polvo a la atmósfera durante todo el proceso.
Si durante esta fase se utilizara agua, ésta se recogerá de manera independiente y se le realizarán los tratamientos oportunos para que, antes de ser vertida a la red de saneamiento, cumpla con los límites establecidos en su autorización de vertido.
Las lámparas que lleguen rotas a esta fase se contabilizarán de forma independiente.
Todas las fracciones resultantes se depositarán en contenedores separados para ser enviadas a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellas.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G5).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (200123*-31*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G5).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (200121*-31*).
– Clasificación manual de las diferentes tipologías de lámparas, según tratamiento destinado y separación de impropios.
– Registro de las unidades de lámparas rotas por contenedor recepcionado y su porcentaje (%) respecto del total recibidas.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII, según lo dispuesto para residuos que contienen mercurio.
Fase 1:
– Registro de equipos e información adicional (defectuosos) de entrada a la Fase 1.
– Funcionamiento del proceso de tratamiento de las lámparas.
– Control de equipos de aspiración de polvo de mercurio y fósforo.
– Almacenamiento adecuado del polvo de mercurio y fósforo, así como del resto de fracciones obtenidas en contenedores separados.
– Registro de tipos y cantidades de fracciones separadas para su valorización o eliminación, por código LER.
– Registro del gestor autorizado al que se destinas las fracciones obtenidas y operación de tratamiento.
– Verificación del buen funcionamiento de equipos y de los protocolos de mantenimiento.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
G.6 Operación de tratamiento para paneles fotovoltaicos (silicio) (160214-71)
Se someterán a este tratamiento todos los paneles fotovoltaicos que contengan silicio (Si) incluidos en la subcategoría 4.2 del anexo I y la subcategoría 7.1 del anexo III.
El tratamiento de estos aparatos constará de 3 fases:
– Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
– Fase 1. Tratamiento.
– Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
En esta fase se realizarán los siguientes pasos:
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Separación de los paneles fotovoltaicos con silicio del resto de RAEE.
3. Retirada de las partes más accesibles de los paneles, como el cristal protector del panel, la carcasa exterior, el cableado, cajas de conexiones, etc., facilitando la preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, respetuosos con el medio ambiente, teniendo en cuenta la información disponible de los productores de AEE.
Fase 1. Tratamiento.
Una vez retiradas las partes más accesibles de los módulos fotovoltaicos en la Fase 0, se eliminarán los revestimientos plásticos como el EVA (etileno vinil acetato) y otros tipos de láminas plásticas que se usan como aislamiento de las celdas fotovoltaicas mediante tratamiento térmico o técnica equivalente.
El tratamiento térmico o técnica equivalente utilizada (si aplica) deberá contar con un sistema de extracción de gases durante el proceso de combustión dotado con las medidas de seguridad adecuadas.
Fase 3. Separación del resto de fracciones.
En esta fase se retirarán las obleas de silicio del resto de fracciones valorizables. Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en cada una de las fases de tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G6).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (160214-71).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G6).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (160214-71).
– Registro de paneles recepcionados en mal estado.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
– Proceso de desmontaje manual previo.
– Registro de tipos de componentes extraídos, residuos generados, por códigos LER.
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
Fase 1:
– Proceso de eliminación de polímeros plásticos y sistema de extracción de gases.
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Funcionamiento de equipos y de los protocolos de mantenimiento.
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas, materiales y componentes generados en la Fase 1, por códigos LER, destino y operación de tratamiento de los mismos.
Fase 2:
– Desmontaje obleas de silicio.
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
– Registro de tipos y cantidades de fracciones separadas, por código LER, para su valorización.
– Registro del gestor autorizado al que se destinan las fracciones valorizables y operación de tratamiento.
G.7 Operación de tratamiento para paneles fotovoltaicos (Cadmio-Teluro) (160213*-72*)
Se someterán a este tratamiento todos los paneles fotovoltaicos que contengan teluro de cadmio (Cd-Te) incluidos en la subcategoría 4.3 del anexo I y la subcategoría 7.2 del anexo III.
El tratamiento de estos aparatos constará de 3 fases:
– Fase 0. Recepción de aparatos y desmontaje previo.
– Fase 1. Tratamiento.
– Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Fase 0. Recepción de los aparatos y desmontaje previo.
1. Cumplimiento de requisitos recogidos en los apartados a) y b) de la parte B de este anexo.
2. Clasificación de los RAEE recibidos dentro de la misma categoría. Separación de los paneles con teluro de cadmio del resto de RAEE.
3. Retirada de las partes más accesibles de los paneles, como la carcasa exterior, el cableado, cajas de conexiones, etc., facilitando la preparación para la reutilización y el reciclado de componentes y materiales, respetuosos con el medio ambiente, teniendo en cuenta la información disponible de los productores de AEE.
Fase 1. Tratamiento.
El objetivo principal del tratamiento de estos paneles fotovoltaicos es la captación y extracción del teluro de cadmio (Cd-Te) para no contaminar en las siguientes fases el resto de fracciones valorizables.
Una vez extraídas las partes más accesibles de los paneles en la Fase 0, éstos pasarán por un proceso de trituración dotado de un sistema de filtración y extracción de polvo para obtener fracciones más pequeñas de los componentes que lo integran, facilitando así la separación posterior de los semiconductores y las capas de polímeros plásticos.
A continuación, se separarán las fracciones valorizables, mediante técnicas como el tamizado, flotación, separación por corrientes de aire, separación electrostática o técnicas equivalentes que consigan el mismo objetivo.
Otras técnicas de tratamiento para recuperar las fracciones valorizables, sin trituración, son la abrasión mecánica, la degradación térmica en horno de alta temperatura y el tratamiento químico. Cualquiera de estas técnicas contará con un sistema de extracción de gases durante el proceso de combustión (si aplica) y estará dotada de las medidas de seguridad adecuadas.
Fase 2. Separación del resto de fracciones.
Todos los componentes retirados y las fracciones valorizables obtenidos en cada una de las fases de tratamiento se depositarán en contenedores separados para ser enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.
Antes de su envío, se anotarán en el archivo cronológico las cantidades depositadas en estos contenedores, su destino y tratamiento, de cara a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización del anexo XIV.
Balance de masas (G7).
Entradas = ∑ entradas en el proceso.
a) Código LER-RAEE: (160213*-72*).
b) Cantidad en toneladas (t).
Salidas = ∑ componentes extraídos o retirados + ∑ fracciones valorizables + ∑ fracciones no valorizables.
a) Código LER/descripción.
b) Destino:
– Valorización energética: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Reciclado: cantidad (t) y operación (R1, R2, etc.).
– Eliminación: cantidad (t) y operación (D1, D2, etc.).
– Gestor de destino: nombre, NIMA y provincia.
Pérdidas durante el proceso = entradas – salidas – stock.
Lista de comprobación (G7).
Además de las comprobaciones previstas en la parte E de este anexo, se comprobará lo siguiente:
Fase 0:
– Registro de equipos e información adicional (incidencias) de entrada en la Fase 0 y su correlación con los códigos LER-RAEE incluidos en esta categoría de tratamiento (160213*-72*).
– Registro de paneles recepcionados en mal estado.
– Condiciones de almacenamiento de acuerdo con el anexo VIII.
– Proceso de desmontaje manual previo.
– Registro de tipos de componentes extraídos y residuos generados por códigos LER, destino y operación de tratamiento de los mismos.
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
Fase 1:
– Control de emisión de gases a la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente de aplicación.
– Medidas de protección activas y pasivas adecuadas para manejo de reactivos químicos.
– Funcionamiento y mantenimiento del sistema de extracción de polvo generado en la trituración.
– Rendimientos de extracción y captación de polvo (si aplica).
– Registro de tipos y cantidades de sustancias extraídas, materiales y componentes generados en la Fase 1, por códigos LER, destino y operación de tratamiento de los mismos.
– Funcionamiento de equipos y cumplimiento de protocolos de mantenimiento.
Fase 2:
– Almacenamiento de las fracciones obtenidas en contenedores adecuados.
– Registro de tipos y cantidades de fracciones separadas, por código LER, para su valorización.
– Registro del gestor autorizado al que se destinan las fracciones valorizables y operación de tratamiento.
G.8 Códigos de las fracciones, sustancias, materiales y componentes extraídos o retirados de los RAEE en el proceso de tratamiento
A continuación, se expone una lista indicativa (no exhaustiva) de las fracciones, sustancias, materiales y componentes resultantes de los diferentes operaciones de tratamiento de RAEE:
Tabla 1. Fracciones, sustancias, materiales y componentes resultantes de las operaciones de tratamiento de RAEE
CÓDIGO LER
DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN DE TRATAMIENTO
G 1
G 2
G 2.1
G 3
G 4
G 5
G 6
G 7
060204*
Bases
X
X
X
060205*
Otras bases
X
060404*
Componentes con mercurio
X
060704*
Ácidos
X
080317*
Residuos de tóner y cintas de impresión que contienen sustancias peligrosas
X
80318
Residuos de tóner de impresión, distintos a los especificados en el código 080317*
X
130208*
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
X
X
X
130301*
Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB
X
X
X
140601*
Gases refrigerantes (CFC, HCFC, HFC)
X
X
140603*
Gases refrigerantes (HC)
X
X
160209*
Transformadores y condensadores que contienen PCB
X
X
X
X
X
160215*
Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. Por ejemplo: cables y vidrio contaminados, plásticos bromados, otros condensadores peligrosos, pantallas LCD
X
X
X
X
X
X
160216
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables (no peligrosos), tarjetas de circuitos impresos
X
X
X
X
X
X
X
X
160507*
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen Por ejemplo: tóner, óxido de berilio, tarjetas de soldadura de plomo
X
160601*
Baterías de plomo
X
X
X
160602*
Acumuladores de níquel-cadmio
X
X
X
160603*
Pilas que contienen mercurio
X
160604
Pilas alcalinas (excepto 160603*)
X
160605
Otras pilas y acumuladores
X
X
X
170601*
Materiales de aislamiento que contienen amianto
X
X
X
170603*
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o las contienen. Por ejemplo: fibras cerámicas
X
190106*
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. Por ejemplo: aguas contaminadas
X
X
190205*
Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas
X
190206
Lodos de tratamientos físico-químicos, distintos de los especificados en el código 190205*
X
190210
Aceites no peligrosos
X
X
X
191003*
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen fracciones peligrosas. Por ejemplo: polvos de filtros
X
X
X
X
X
X
X
X
191202
Metales férreos
X
X
X
X
X
X
X
X
191203
Metales no férreos
X
X
X
X
X
X
X
X
191204
Plásticos no bromados
X
X
X
X
X
X
X
X
191205
Vidrio
X
X
X
X
X
X
X
X
191206*
Madera que contiene sustancias peligrosas
X
X
X
191207
Madera distinta de la especificada en el código 191206*
X
X
X
X
191209
Minerales. Por ejemplo: hormigón
X
191210
Pellets, polvo y otros formatos procedentes de la espuma de poliuretano
X
X
191211*
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas. Por ejemplo: espuma de poliuretano sin extraer el gas, vidrio procedente de la aspiración en la máquina de corte en la separación del vidrio de pantalla y el vidrio de cono, revestimiento fluorescente, polvo con contenido en mercurio y fósforo
X
X
X
X
X
X
191212
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos a los especificados en el código 191211*
X
X
X
X
X
X
X
X
200201
Papel y cartón
X
X
X
X
X
X
X
X
200121*
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. Por ejemplo: pantallas LCD, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, relés de mercurio
X
X
X
X
200133*
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 160602 o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías
X
X
X
X
X
200134
Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 200133*
X
X
X
X
X
G.9 Requisitos del almacenamiento y tratamiento de aceites industriales contenidos en los RAEE
Los requisitos para el almacenamiento y tratamiento de los aceites industriales contenidos en los RAEE serán los enunciados a continuación, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
Los almacenamientos de aceites industriales deberán de:
a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión.
b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello.
c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.
Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones:
a) Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales
b) Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo.
c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.
ANEXO XIV
Objetivos mínimos de valorización y su cálculo
A. Objetivos mínimos de valorización para los gestores de tratamiento específico
Parte 1. Objetivos mínimos aplicables por categoría hasta el 14 de agosto de 2015 con referencia a las categorías del anexo I:
a) Para los RAEE incluidos en las categorías 1 o 10:
– se valorizará un 80 %, y
– se reciclará un 75 %;
b) Para los RAEE incluidos en las categorías 3 y 4:
– se valorizará un 75 %, y
– se reciclará un 65 %;
c) Para los RAEE incluidos en las categorías 2, 5, 6, 7, 8 o 9:
– se valorizará un 70 %, y
– se reciclará un 50 %;
d) Para lámparas de descarga luminosa, se reciclará un 80 %.
Parte 2. Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir del 15 de agosto de 2015 hasta el 14 de agosto de 2018 con referencia a las categorías del anexo I:
a) Para los RAEE incluidos en las categorías 1 o 10:
– se valorizará un 85 %, y
– se preparará para la reutilización y se reciclará un 80 %.
b) Para los RAEE incluidos en las categorías 3, 4 o 11:
– se valorizará un 80 %, y
– se preparará para la reutilización y reciclará un 70 %.
c) Para los RAEE incluidos en las categorías 2, 5, 6, 7, 8 o 9:
– se valorizará un 75 %, y
– se preparará para la reutilización y reciclará un 55 %.
d) Para lámparas de descarga luminosa, se reciclará un 80 %.
Parte 3. Objetivos mínimos aplicables por categoría a partir del 15 de agosto de 2018 con referencia a las categorías del anexo III:
a) Para los RAEE incluidos en las categorías 1, 4 o 7:
– se valorizará un 85 %, y
– se preparará para la reutilización y se reciclará un 80 %.
b) Para los RAEE incluidos en la categoría 2:
– se valorizará un 80 %, y
– se preparará para la reutilización y se reciclará un 70 %.
c) Para los RAEE incluidos en la categoría 3 del anexo III se reciclará un 80 %.
d) Para los RAEE incluidos en las categorías 5 o 6:
– se valorizará un 75 %, y
– se preparará para la reutilización y se reciclará un 55 %.
* * * *
Los gestores de las instalaciones de tratamiento específico calcularán los objetivos mínimos de valorización por cada categoría dividiendo el peso de los materiales de los RAEE destinados a la valorización o reciclado o los RAEE enteros destinados a la preparación para reutilización por el peso de todos los RAEE que entran en sus instalaciones para cada categoría, expresado en porcentajes.
Las etapas de preparación para la reutilización y reciclado podrán llegarse a cabo por gestores diferentes y computarán para el cumplimiento de los objetivos de valorización de las instalaciones de tratamiento específico en los supuestos en los que se lleguen a acuerdos en este sentido entre los gestores, y siempre que se calculen estos objetivos sobre los RAEE recogidos por los gestores incluidos en el acuerdo.
Los gestores especificarán en su archivo cronológico y en la memoria anual las cantidades de RAEE preparados para la reutilización y los materiales destinados a reciclado, valorización energética y eliminación que deberán ser certificadas por las instalaciones de origen y destino.
B. Objetivos mínimos de valorización para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos
Los productores de AEE deberán conseguir los objetivos de valorización de RAEE de la parte A, y específicamente se conseguirán los siguientes objetivos mínimos de preparación para la reutilización:
1. A partir del 1 de enero de 2017 hasta el 14 de agosto de 2018, los productores deberán conseguir un objetivo mínimo de preparación para la reutilización de residuos de aparatos enteros en los siguientes términos:
a) Para los RAEE incluidos en las categorías de la fracción de recogida 4 del anexo VIII, un objetivo mínimo de un 2% respecto a los RAEE recogidos en esa fracción.
b) Para los RAEE incluidos en fracción de recogida 6 del anexo VIII, un objetivo mínimo de un 3% respecto de los RAEE recogidos en esa fracción.
2. A partir del 15 de agosto de 2018, los productores deberán conseguir un objetivo mínimo de preparación para la reutilización de residuos de aparatos enteros, en los siguientes términos:
a) Para los RAEE incluidos en las categorías de la fracción de recogida 4 del anexo VIII, un objetivo mínimo del 3% respecto a los RAEE recogidos en esa fracción
b) Para los RAEE incluidos en la fracción de recogida 6 del anexo VIII, un objetivo mínimo del 4% respecto a los RAEE recogidos en esa fracción.
Los productores conseguirán estos objetivos a través de los certificados de los gestores, tal y como se establece en el apartado A.
Estos objetivos se revisarán tras la publicación del estudio de la Comisión Europea sobre la preparación para la reutilización.
ANEXO XV
Requisitos para distinguir el traslado de AEE usados de un traslado de RAEE
1. A fin de distinguir entre AEE y RAEE, cuando el operador del traslado que pretende trasladar AEE usados y no RAEE, las autoridades competentes le solicitarán que disponga de lo siguiente como justificación de dicha declaración:
a) Una copia de la factura y del contrato, relativos a la venta o transferencia de propiedad de los AEE donde se indique que los aparatos se destinan a su reutilización directa y que son plenamente funcionales.
b) Una prueba de la evaluación o ensayo en forma de copia de los documentos (certificados de ensayo, demostración de la funcionalidad) respecto a cada artículo del envío, y un protocolo con toda la información registrada de acuerdo con el punto 3.
c) Una declaración del operador del traslado de los AEE en el sentido de que ningún elemento del material o aparato del envío es un residuo según la definición del artículo 3, letra a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
d) Una protección adecuada para evitar daños durante el transporte, la carga y la descarga por medio, en particular, de un embalaje suficiente y de una estiba adecuada de la carga.
2. No obstante, el punto 1, letras a) y b), y el punto 3 no serán aplicables cuando exista constancia fehaciente y concluyente de que el traslado se esté efectuando en el marco de un acuerdo de transferencia entre empresas y cuando:
a) Los AEE sean devueltos al productor o a terceros que actúen en su nombre para reparación como aparatos defectuosos en garantía con la intención de que sean reutilizados, o
b) los AEE usados con fines profesionales sean enviados al productor o a terceros que actúen en su nombre o a instalaciones de terceros situadas en países en los que se aplica la Decisión C(2001) 107 final del Consejo de la OCDE, sobre la revisión de la Decisión C(92) 39 final, relativa al control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización, para reacondicionamiento o reparación haciendo uso de un contrato de cara a su reutilización, o
c) los AEE defectuosos para uso profesional, tales como los productos sanitarios o sus componentes, sean enviados al productor o a terceros que actúen en su nombre para el análisis de las causas iniciales haciendo uso de un contrato válido, en aquellos casos en que solo el productor o un tercero que actúe en su nombre pueda proceder al análisis.
3. A fin de demostrar que los artículos enviados son AEE usados y no RAEE, las autoridades competentes exigirán la realización de las siguientes fases de ensayo y documentación en relación con los AEE usados:
Fase 1: Ensayo.
a) Se comprobará la funcionalidad y se evaluará la presencia de sustancias peligrosas. Los ensayos que se realicen dependerán del tipo de AEE. Respecto a la mayoría de AEE usados, será suficiente un ensayo de funcionalidad de las funciones principales.
b) Los resultados de la evaluación y del ensayo se recogerán en un documento.
Fase 2: Documentación.
a) El documento se fijará de forma segura pero no permanente, bien sobre el propio AEE (si no está embalado) o bien sobre el embalaje, de forma que pueda leerse sin desembalar el aparato.
b) Este documento contendrá la siguiente información:
1.º Nombre del artículo (nombre del aparato si figura en el anexo II o en el anexo IV, según corresponda, y categoría establecida en el anexo I o en el anexo III, según corresponda).
2.º Número de identificación del artículo (número de tipo), si procede.
3.º Año de producción (si se conoce),
4.º Nombre y dirección de la empresa responsable de la prueba de la funcionalidad.
5.º Resultado de los ensayos descritos en la fase 1 (incluida la fecha del ensayo de funcionalidad).
6.º Tipo de ensayos efectuados.
4. Además de la documentación exigida según los puntos 1, 2 y 3, cada carga (por ejemplo, contenedor, camión) de AEE usados deberá ir acompañada:
a) Del correspondiente documento de identificación del traslado o la hoja de ruta.
b) De una declaración de la persona responsable sobre su responsabilidad.
5. En ausencia de prueba de que un artículo es un AEE usado y no un RAEE mediante la documentación oportuna exigida en los puntos 1, 2, 3 y 4 y a falta de una protección adecuada para evitar daños durante el transporte, la carga y la descarga, en particular, por medio de un embalaje suficiente y de una estiba adecuada de la carga, que son obligaciones del poseedor que organice el transporte, las autoridades del Estado Miembro considerarán que un artículo es un RAEE y que la carga supone un traslado ilegal. En estas circunstancias, la carga se tratará según lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006.
ANEXO XVI
Lista indicativa de operaciones de valorización y tratamiento específico de RAEE
Los siguientes códigos se completarán con los códigos LER-RAEE para los que las instalaciones están autorizadas a almacenar o tratar.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.
En materia de RAEE las operaciones más comunes se codificarán como:
R1201. Clasificación, separación o agrupación de RAEE.
R1202. Desmontaje de los RAEE
R1203. Separación de los distintos componentes de los RAEE, incluida la retirada de sustancias peligrosas y extracción de fluidos, líquidos, aceites y mezclas según el anexo XIII.
R1205. Tratamiento mecánico o fragmentación para adaptar el tamaño o volumetría de los residuos para otros tratamientos posteriores.
R1210. Compactación para optimizar el tamaño y forma de los residuos para facilitar su transporte, una vez extraídos los componentes, sustancias y mezclas previstos en el anexo XIII.
R1212. Tratamiento fisco químico de residuos para su preparación como combustible.
R1213. Procesos de obtención de fracciones valorizables de materiales de los RAEE, destinados al reciclado o valorización.
R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
R1301. Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida, incluyendo las instalaciones de transferencia.
R1302. Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su tratamiento.
R14 Preparación para la reutilización.
R14 00 Preparación para la reutilización de RAEE.
ANEXO XVII
Condiciones para la autorización de sistemas de responsabilidad ampliada del productor y cálculo de la garantía financiera de los productores de AEE domésticos
1. Condiciones para la autorización de sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
a) Contenido de la solicitud de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada en materia de RAEE.
1.º Identificación de la forma jurídica.
2.º Domicilio social del sistema colectivo.
3.º Identificación de los productores que forman el sistema colectivo, criterios para la incorporación de nuevos miembros y descripción de las condiciones de su incorporación.
4.º Categorías y subcategorías de AEE o RAEE previstas en los anexos I y III, sobre las que actuará el sistema.
5.º Identificación, en su caso, de la entidad administradora (forma jurídica, domicilio social) así como de las relaciones jurídicas y vínculos que se establezcan entre esta entidad y el sistema colectivo de responsabilidad ampliada y quienes integren el sistema. E igualmente identificación de las obligaciones que son asumidas por la entidad administradora.
6.º Descripción de su funcionamiento y condiciones operativas:
– Las formas previstas de recogida.
– Creación de redes especificas de recogida, localización y organización de la gestión prevista de los RAEE según artículos 25 y 26.
– Tipos de contenedores.
– Frecuencias mínimas de recogida para su máxima efectividad.
7.º Descripción de la financiación del sistema:
– Estimación de gastos. Con especificación de: los gastos previstos de gestión de residuos históricos, gestión de todos los RAEE procedentes de los aparatos puestos en el mercado según sus cuotas de mercado, costes derivados del establecimiento de las redes de recogida, costes derivados de los convenios específicos firmados con las administraciones públicas en la recogida de RAEE, las obligaciones de información, de la oficina de coordinación de RAEE y las campañas sensibilización, gastos derivados de los contratos con gestores y acuerdos con la distribución, y gastos administrativos del sistema colectivo, incluyendo detalles de inversiones financieras realizadas por el sistema.
– Estimación de ingresos. Detalle de los ingresos y fuentes de las mismas. Cuotas de los productores y método de cálculo de la cuota asociada a la cobertura de los gastos indicados en el apartado anterior.
– En su caso, la diferenciación en las cuotas basada en la facilidad de reciclado de los productos, las materias primas secundarias valiosas que contengan, el contenido de sustancias peligrosas, la inclusión de baterías no extraíbles u otros factores que afecten a la facilidad para la preparación para la reutilización y al reciclado de los residuos y los datos disponibles sobre la vida media del aparato en condiciones normales de funcionamiento., las garantías extendidas de los aparatos y los repuestos.
– Modo de recaudación de la cuota.
– Modalidades de revisión de las cuotas.
8.º La propuesta de la cuantía y la forma de la garantía financiera exigible de conformidad con los artículos 45 y siguientes.
9.º Estimación anual, para el periodo de vigencia de la autorización en cada Comunidad Autónoma de las cantidades de residuos en kilogramos o toneladas, por categorías y subcategorías de:
– Los residuos que se generarán.
– Los residuos domésticos y profesionales que se recogerán separadamente, por cada Comunidad Autónoma, en función de su cuota de mercado.
– Los residuos que destinarán a la preparación para la reutilización, a reciclado, a valorización y a eliminación de los recogidos separadamente, expresada en peso y en porcentaje respecto a lo recogido.
10.º Propuesta de fórmulas de pago a las instalaciones de recogida de las Entidades Locales.
11.º Información sobre la participación de los asociados en la toma de decisiones del sistema.
12.º Cumplimiento de las obligaciones de información.
13.º Declaración jurada de que tanto sus miembros como los de los órganos con poder de decisión no son, ni tienen, ninguna relación directa o indirecta con gestores de RAEE u otros sistemas de responsabilidad ampliada, que pueda suponer un conflicto de intereses, salvo que se acredite que ese conflicto no existe o se han adoptado las medidas necesarias para eliminarlo.
14.º Identificación de los acuerdos establecidos con otros sistemas de responsabilidad ampliada del productor y de los contenidos de dichos acuerdos relevantes a los efectos de este real decreto.
15.º Identificación de los gestores a las que se asigne las operaciones de recogida y tratamiento de los RAEE, de las plantas o instalaciones que se hagan cargo de los residuos para su tratamiento o descripción de los procesos previstos de contratación y sus condiciones, incluyendo, si existen, cláusulas sociales. Si existe, documento de compromiso suscrito entre la entidad gestora del sistema y las plantas de tratamiento.
La solicitud deberá de acompañarse de una declaración de veracidad del representante legal del sistema colectivo de responsabilidad ampliada.
b) Contenido de la autorización.
La autorización establecerá los requisitos y garantías técnicas, organizativas, económicas, logísticas y operativas necesarias para el cumplimiento de este real decreto en todo el territorio nacional. Contendrá las condiciones sobre los elementos básicos del funcionamiento del sistema con arreglo a todos los puntos contenidos en la solicitud de autorización. Adicionalmente, incluirá:
1.º Especificaciones, en su caso, relativas a la actuación del sistema colectivo en los territorios autonómicos.
2.º Precisiones derivadas del informe de la Comisión de coordinación en materia de residuos y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor.
c) Causas de revocación.
Incumplimiento de las condiciones de la autorización. Se podrán llevar a cabo revocaciones parciales de la autorización en el caso de incumplimientos a nivel autonómico.
2. Cálculo de la garantía financiera de los productores de AEE domésticos.
La cuantía de la garantía financiera de cada productor se determinará según la siguiente fórmula:
GF total productor= Σ (O RAEE domésticos (categoría o subcategoría) x CMG RAEE domésticos (categoría o subcategoría))
Donde:
GF total productor: Cuantía de la garantía financiera anual del productor en función de las cantidades de AEE y las categorías /subcategorías que ponga en el mercado, en euros (€).
O: Objetivo mínimo de recogida de RAEE domésticos estatal anual a cumplir en cada categoría y subcategoría por el productor, en kilogramos o toneladas (kg o t).
CMG: Costes medios de gestión estimados de los RAEE domésticos en cada categoría y subcategoría en el año de cumplimiento, en función de los costes reales en los que haya incurrido, en euros (€/kg o €/t).
a) Los costes medios de gestión incluirán:
1.º Las compensaciones, medias y nivel estatal, a las Entidades Locales por los costes de almacenamiento inicial, clasificación e identificación de los RAEE y a los distribuidores en materia de almacenamiento inicial y clasificación de RAEE.
2.º Los costes, medios a nivel estatal, de la logística y el transporte desde las instalaciones de recogida a las plantas de tratamiento,
3.º El coste, medio y a nivel estatal, de tratamiento específico, la valorización y la eliminación.
b) Con objeto de estimular el ecodiseño de los AEE y a la prevención de sus residuos, los costes de las garantías que los productores deberán constituir podrán modularse atendiendo, entre otros a los siguientes factores:
1.º La disponibilidad de documentación técnica que permita la reparación del aparato.
2.º Los datos disponibles sobre la vida útil del aparato y la disponibilidad de piezas de recambio durante la misma.
3.º La incorporación de materiales reciclados en su fabricación.
4.º La facilidad para la reparabilidad del aparato.
5.º La facilidad del desmontaje del residuo.
6.º La presencia de retardantes de llama bromados.
7.º La presencia de sustancias y componentes peligrosos, incluyendo las exenciones al Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
8.º Los objetivos de preparación para la reutilización alcanzados por los productores.
9.º Los planes de prevención elaborados por los productores.
ANEXO XVIII
Informe anual de los productores de AEE a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor
El informe contendrá información sobre:
a) Datos generales de puesta en el mercado.
1.º Identificación del sistema de responsabilidad ampliada del productor y nº de registro en el Registro de Producción y Gestión de Residuos
2.º Relación de productores que integran dicho sistema, identificando el nº de identificación del Registro Integrado Industrial de cada uno de ellos.
3.º Período que abarca el informe.
4.º Cantidad en peso y unidades de AEE domésticos y profesionales introducidos en el mercado nacional por los productores del sistema por categorías y subcategorías del anexo I o anexo III y cuota de mercado nacional en cada una de ellas.
b) Datos de recogida separada en cada Comunidad Autónoma y a nivel estatal.
1.º Los RAEE de uso doméstico y profesional, en peso cuya gestión hayan financiado, y que hayan sido recogidos:
– En instalaciones de recogida de las Entidades Locales.
– Por los distribuidores.
– A través de las redes o instrumentos de recogida de los productores.
– Por gestores de recogida contratados por los productores.
Se indicará en todos los casos, el NIF de la entidad o establecimiento que realiza la recogida o NIMA y su n.º de inscripción en el Registro de Producción y Gestión.
2.º El índice de recogida alcanzado en el año por el sistema, en cada Comunidad Autónoma y a nivel estatal, en total, por categorías y subcategorías y fracciones de recogida.
c) Datos de prevención, preparación para la reutilización, reciclaje y valorización de RAEE.
1.º De los RAEE recogidos: cantidad, en peso, de los enviados a centros de clasificación dentro de Comunidad Autónoma de origen y en otras comunidades de destino con identificación de destino.
2.º De los RAEE recogidos y clasificados: cantidad en peso, de los enviados a centros de preparación para la reutilización, dentro de la Comunidad Autónoma de origen y otras comunidades de destino. Identificación del destino.
3.º De los RAEE recogidos y clasificados: cantidad en peso de los enviados a plantas de tratamiento dentro de la Comunidad Autónoma de origen y otras comunidades de destino. Identificación del destino.
4.º De las cantidades enviadas las plantas de tratamiento y aplicando el porcentaje de reciclado certificado por los gestores en cada tratamiento: cantidad de residuos reciclados y valorizados.
5.º Información sobre las Comunidades Autónomas de origen (recogida) y destino (tratamiento) de la recogida y gestión de RAEE.
6.º Índices de recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización, por Comunidad Autónoma y a nivel estatal alcanzados.
7.º El porcentaje de cumplimiento respecto a sus objetivos de valorización, por Comunidad Autónoma y a nivel estatal.
La información indicada en los apartados b y c se facilitará según el formato de las tablas del anexo XII. En el caso de que sea necesario, los datos por categoría y subcategoría se estimarán a través de equivalencias de las fracciones de recogida con las categorías. Estas equivalencias se justificarán en función de los triajes que se lleven a cabo en las instalaciones de recogida y tratamiento, tal y como se recoge en la disposición transitoria cuarta.
De ser necesaria, la información sobre RAEE históricos podrá ser estimada a través de estudios estadísticos y triajes, organizados por los productores y supervisados por el grupo de trabajo de RAEE.
d) Datos económicos.
La auditoría del informe anual de los sistemas colectivos deberá contener los datos económicos del ejercicio de la actividad anual desarrollada por el sistema según lo previsto en su autorización.
El informe anual deberá incluir, como mínimo:
1.º Una justificación de los gastos del sistema, y la justificación de que han sido destinados exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor que el sistema haya asumido. Especificando los gastos asociados a la recogida y tratamiento de RAEE.
2.º Financiación del sistema:
– Cuotas aplicadas por tipo de producto, en función de los parámetros especificados en el anexo XVII.1.a.7.
– Aportación económica de los productores al sistema.
– Ingresos percibidos por el sistema procedente de cualquier otra fuente, especificando dichas fuentes, así como de acuerdos con otros sistemas de responsabilidad ampliada, incluidos otros flujos de residuos, aportando información sobre las condiciones económicas de dichos acuerdos. Se deberá garantizar que no existe una doble financiación en el caso de aplicación de distintos regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
3.º Costes de la gestión de los RAEE a nivel estatal relativos a los aspectos previstos en el artículo 43.2., Con objeto de que los productores puedan informar voluntariamente a los compradores sobre los costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE según se establece el artículo 7.4, los sistemas podrán incluir información verificable del efecto del ecodiseño o la utilización de materiales reciclados en sus aparatos en los costes anuales incurridos sobre los elementos de la gestión de los RAEE referidos en este punto.
4.º Información económica adicional sobre:
– Contratos de recogida con los distribuidores o con otras instalaciones de recogida.
– Campañas de comunicación a nivel estatal, especificando, en su caso, los costes de las campañas específicas de cada Comunidad Autónoma.
– Gastos administrativos del sistema, distinguiendo los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de información, en especial, de los costes derivados del desarrollo y mantenimiento de sistemas de bases de datos, de los costes derivados de la obtención de la información y de los costes asociados a las garantías sobre la trazabilidad y fiabilidad de los datos.
– Gastos derivados de la oficina de asignación de recogidas de RAEE.
5.º Estimación de las cuotas a aplicar en el año siguiente, así como su justificación.
6.º Previsiones de ingresos y gastos del año siguiente al del periodo de cumplimiento.
Tanto en la estimación de cuotas como en las previsiones de gastos, se asegurará la financiación de la gestión de todos los RAEE generados que le correspondan al sistema en función de la cuota de mercado de sus productores. | Propuesta para el nombramiento de de Lourdes Arastey como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. | I
La primera regulación que se aprobó en la Unión Europea para el flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fue la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante «RAEE»). Esta norma sentaba las bases de un modelo de gestión que por primera vez planteaba la necesidad de diseñar aparatos más eficientes y menos contaminantes, que fueren más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos, y que aplicaba el principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE), como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión de los residuos procedentes de estos aparatos.
Pese a ello, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos ha continuado incrementándose, los ciclos de innovación son cada vez más breves y la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo los AEE en una fuente creciente de residuos. La gestión de estos residuos requiere intensificar las medidas y esfuerzos de todos los Estados miembros de la Unión Europea dado que los componentes peligrosos que los AEE contienen siguen constituyendo un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y, en algunos casos, el grado de reciclado es insuficiente. A esta situación se une una importante salida de RAEE fuera de la Unión de manera no controlada, lo que provoca que se desconozca cómo se gestionan finalmente estos residuos así como la pérdida de componentes con un valor económico significativo.
Como consecuencia de esta evolución, la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero, fue sustituida por la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incorpora importantes mejoras en la gestión de RAEE en Europa. Dicha Directiva de 2012 incorpora los principios más actualizados de la legislación comunitaria en la materia, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (la denominada «Directiva marco de residuos») que recoge los planteamientos de uso eficiente de los recursos, de prevención y avance hacia la disociación del crecimiento económico y el incremento en la generación de residuos, así como el principio de jerarquía de gestión de residuos.
Siguiendo esta línea marcada por la Directiva marco de residuos, la nueva Directiva 2012/19/UE, de RAEE, tiene como objetivos contribuir a la producción y consumo sostenibles mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y el fomento de técnicas de tratamiento como la preparación para la reutilización. Hay que tener en cuenta que las dos opciones prioritarias de la jerarquía de residuos son la prevención y la preparación para la reutilización, por lo que resulta especialmente importante avanzar en un tipo de diseño y producción de AEE que tenga plenamente en cuenta y facilite la reparación de estos productos y su posible actualización, así como su reutilización, desmontaje y reciclado. Lo que es más, se puede decir que la reparación y reutilización de AEE son sectores generadores de empleo en Europa y que, previsiblemente, seguirán evolucionando por su valor social y económico. Según los datos de la Subdirección General de Prospectiva y Análisis del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa el 27 % del total del empleo verde en nuestro país. En el Proyecto Biodiversidad-Emplea verde 2007-2013 se estimó que la cantidad de puestos de trabajo que puede generar el impulso a la preparación para la reutilización de RAEE puede alcanzar los 4.700 empleos directos.
Simultáneamente a estas opciones prioritarias de la política de residuos, hay que continuar avanzando en el reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, a fin de reducir la eliminación de RAEE al mínimo y de contribuir al uso eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que en este sector es especialmente relevante la recuperación de las materias primas secundarias valiosas que contienen este tipo de residuos. Los AEE son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas partes y componentes: piezas metálicas y plásticas variadas, carcasas de plástico, madera o metal, tarjetas de circuitos impresos, tubos de rayos catódicos, pantallas de cristal líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, diversos fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, motores eléctricos, etc. Estas piezas y componentes están fabricados en materiales muy diversos y de diferente naturaleza. Básicamente se trata de metales (férreos y no férreos), polímeros, vidrios y otros materiales (madera, caucho, cartón, etc.). La proporción de cada uno de estos materiales dependerá del tipo de aparato en cuestión. Los AEE de naturaleza tecnológica o de telecomunicaciones pueden llegar a contener más de 60 elementos diferentes. En el caso de un teléfono móvil, (donde los metales representan el 23 % de su peso) se puede contar con la presencia de 40 de los metales recogidos en el sistema periódico: metales básicos como el cobre, estaño, metales especiales como el cobalto, indio y antimonio, y metales preciosos como la plata, oro y paladio. Muchos de estos aparatos tecnológicos contienen tierras raras que son responsables del funcionamiento de muchas de sus aplicaciones. Estos materiales confieren un elevado valor a estos residuos ya que la extracción de este tipo de materiales es costosa y escasa por lo que este sector de residuos está siendo considerado como una forma de minería urbana.
Los materiales valorizables que contienen los AEE suponen un recurso que no debe ni puede perderse, y que tienen que recuperarse en la últ
### RESUMEN: Propuesta para el nombramiento de de Lourdes Arastey como jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de abril de 2021, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministro de Justicia y de la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha adoptado un Acuerdo por el que se designa a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 26 de abril de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.
ANEXO
Acuerdo por el que se designa a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
PROPUESTA
Que el Consejo de Ministros designe a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
EXPOSICIÓN
De acuerdo con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, tras consultar al comité a que se refiere el artículo 255.
El mencionado artículo 255 establece que se constituirá un comité que se pronunciará sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos.
El Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece la necesidad de que se realice una convocatoria para la propuesta de designación, así como las características del comité de selección que debe examinar la idoneidad de las candidaturas.
En aplicación de dicha norma, la Orden PCM/121/2021, de 12 de febrero («Boletín Oficial del Estado» núm. 38, de 13 de febrero de 2021), procedió a convocar el procedimiento de selección para la propuesta de candidatura por el Reino de España, constituyendo a tal efecto el comité de selección previsto.
El comité de selección está formado por el Secretario de Estado para la Unión Europea, que lo preside, por el Secretario de Estado de Justicia, por el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por don Pedro Cruz Villalón en calidad de jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, así como ex miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por don Ignacio Sancho Gargallo, designado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La Secretaría del comité la ejerce doña Elena Marina Rodríguez Ramalle, designada al efecto por la Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado.
El comité de selección, una vez finalizadas las entrevistas con las personas aspirantes y examinada su idoneidad, en su sesión celebrada el 9 de abril de 2021 adoptó Acuerdo por el que por unanimidad propone a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata, motivado en que por su condición de Magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009 y de Juez del Tribunal Administrativo de la OTAN desde el año 2013, posee sobradas capacidades jurídicas, como también una relevante experiencia profesional en un contexto internacional, así como que sus competencias lingüísticas son asimismo adecuadas, especialmente en el caso del francés como lengua de trabajo del Tribunal.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministro de Justicia y de la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de abril de 2021, acuerda:
Designar a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. | El TC admite a trámite el recurso de PP y C’s contra partidas del referendum en la Ley catalana de presupuestos. | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de abril de 2021, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministro de Justicia y de la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha adoptado un Acuerdo por el que se designa a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 26 de abril de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.
ANEXO
Acuerdo por el que se designa a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
PROPUESTA
Que el Consejo de Ministros designe a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
EXPOSICIÓN
De acuerdo con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, tras consultar al comité a que se refiere el artículo 255.
El mencionado artículo 255 establece que se constituirá un comité que se pronunciará sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos.
El Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece la necesidad de que se realice una convocatoria para la propuesta de designación, así como las características del comité de selección que debe examinar la idoneidad de las candidaturas.
En aplicación de dicha norma, la Orden PCM/121/2021, de 12 de febrero («Boletín Oficial del Estado» núm. 38, de 13 de febrero de 2021), procedió a convocar el procedimiento de selección para la propuesta de candidatura por el Reino de España, constituyendo a tal efecto el comité de selección previsto.
El comité de selección está formado por el Secretario de Estado para la Unión Europea, que lo preside, por el Secretario de Estado de Justicia, por el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por don Pedro Cruz Villalón en calidad de jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, así como ex miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por don Ignacio Sancho Gargallo, designado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La Secretaría del comité la ejerce doña Elena Marina Rodríguez Ramalle, designada al efecto por la Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado.
El comité de selección, una vez finalizadas las entrevistas con las personas aspirantes y examinada su idoneidad, en su sesión celebrada el 9 de abril de 2021 adoptó Acuerdo por el que por unanimidad propone a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata, motivado en que por su condición de Magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009 y de Juez del Tribunal Administrativo de la OTAN desde el año 2013, posee sobradas capacidades jurídicas, como también una relevante experiencia profesional en un contexto internacional, así como que sus competencias lingüísticas son asimismo adecuadas, especialmente en el caso del francés como lengua de trabajo del Tribunal.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministro de Justicia y de la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de abril de 2021, acuerda:
Designar a doña María Lourdes Arastey Sahún como candidata propuesta por el Reino de España para el puesto de Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
### RESUMEN: El TC admite a trámite el recurso de PP y C’s contra partidas del referendum en la Ley catalana de presupuestos. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de junio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2796-2017, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos del Congreso de los Diputados contra la disposición adicional 40, apartados 1 y 2, los arts. 4.1.b), 9.2.c) 3.º y 9.2.h) 2.º y 3.º, y las partidas presupuestarias adscritas al Programa núm. 132, denominado «Organització, gestió i seguiment de processos electorols», DD01/227004, por importe de 5.000.000 €, DD01/2270015, por importe de 800.000 €, y GO01/2270004, por importe de 407.450 €; todo ello de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017.
Madrid, 20 de junio de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Contrato a Konecta para llevar la atención telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por importe total de 9.348.700,00 euros. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de junio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 2796-2017, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos del Congreso de los Diputados contra la disposición adicional 40, apartados 1 y 2, los arts. 4.1.b), 9.2.c) 3.º y 9.2.h) 2.º y 3.º, y las partidas presupuestarias adscritas al Programa núm. 132, denominado «Organització, gestió i seguiment de processos electorols», DD01/227004, por importe de 5.000.000 €, DD01/2270015, por importe de 800.000 €, y GO01/2270004, por importe de 407.450 €; todo ello de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017.
Madrid, 20 de junio de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Contrato a Konecta para llevar la atención telefónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por importe total de 9.348.700,00 euros. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c) Número de expediente:
13600094100.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio telefónico de información tributaria.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
75100000 (Servicios de administración pública).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
9 de octubre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 9.090.027,21 euros. Importe total: 10.998.932,93 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
30 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Konecta BTO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 7.725.830,00 euros. Importe total: 9.348.700,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta económicamente más ventajosa, según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas.
Madrid, 30 de diciembre de 2013.- Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. | Indultado Jorge Rogelio Cortell Alborch, que había sido condenado delito de estafa, a la pena de tres años de prisión. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c) Número de expediente:
13600094100.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio telefónico de información tributaria.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
75100000 (Servicios de administración pública).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
9 de octubre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 9.090.027,21 euros. Importe total: 10.998.932,93 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
30 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Konecta BTO, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 7.725.830,00 euros. Importe total: 9.348.700,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta económicamente más ventajosa, según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas.
Madrid, 30 de diciembre de 2013.- Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
### RESUMEN: Indultado Jorge Rogelio Cortell Alborch, que había sido condenado delito de estafa, a la pena de tres años de prisión. |
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A4/18, del ramo Sector Público Autonómico (Consorcio Patronato Festival Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida), Comunidad Autónoma de Extremadura, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos del Consorcio Patronato Festival Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida en relación con su gestión, en concreto por irregularidades en el arrendamiento de inmuebles, gastos corrientes, facturación a proveedores y retribuciones, lo que se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 9 de enero de 2018.- El Letrado Secretario, D. Carlos Cubillo Rodríguez. | Las medidas extraordinarias de control económico sobre Cataluña que aprobó ayer Consejo Ministros. | Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A4/18, del ramo Sector Público Autonómico (Consorcio Patronato Festival Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida), Comunidad Autónoma de Extremadura, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos del Consorcio Patronato Festival Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida en relación con su gestión, en concreto por irregularidades en el arrendamiento de inmuebles, gastos corrientes, facturación a proveedores y retribuciones, lo que se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 9 de enero de 2018.- El Letrado Secretario, D. Carlos Cubillo Rodríguez.
### RESUMEN: Las medidas extraordinarias de control económico sobre Cataluña que aprobó ayer Consejo Ministros. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
2) Domicilio:
Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Barcelona, 08018.
4) Teléfono:
93 2918100.
5) Telefax:
93 2918261.
6) Correo electrónico:
msaumoy@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último dia límite de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente:
C0207 2013 275.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Lote 1 y 2.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal:
Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega:
48 meses.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72500000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Restringido.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato:
64941797,90 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 29260756,71 euros. Importe total: 35405515,61 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español (grupo V, subgrupo 5, categoría D).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Requisitos detallados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos:
El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimento de la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
2) Domicilio:
Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Barcelona, 08018.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Dirección:
Calle Tánger, 98.
c) Localidad y código postal:
Barcelona.
d) Fecha y hora:
Se comunicará oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
29 de julio de 2013.
12. Otras informaciones:
-Se establece una garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido).
-Se preveen modificaciones detalladas en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
-Buzón para consultas técnicas: xroca@bcn.cat.
Barcelona, 29 de julio de 2013.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro. | Constitucional levanta suspensión a la ley de telecomunicaciones gallega, suspendida por recurso del Gobierno | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
2) Domicilio:
Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Barcelona, 08018.
4) Teléfono:
93 2918100.
5) Telefax:
93 2918261.
6) Correo electrónico:
msaumoy@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el último dia límite de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente:
C0207 2013 275.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Barcelona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Lote 1 y 2.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal:
Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega:
48 meses.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72500000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Restringido.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimado del contrato:
64941797,90 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 29260756,71 euros. Importe total: 35405515,61 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda del Estado Español (grupo V, subgrupo 5, categoría D).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Requisitos detallados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos:
El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimento de la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
10 de septiembre de 2013, a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es de 30 días naturales, siempre y cuando hayan transcurrido 10 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado'.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
2) Domicilio:
Calle Tánger, 98, 11.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Barcelona, 08018.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.
b) Dirección:
Calle Tánger, 98.
c) Localidad y código postal:
Barcelona.
d) Fecha y hora:
Se comunicará oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
29 de julio de 2013.
12. Otras informaciones:
-Se establece una garantía complementaria del 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido).
-Se preveen modificaciones detalladas en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
-Buzón para consultas técnicas: xroca@bcn.cat.
Barcelona, 29 de julio de 2013.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.
### RESUMEN: Constitucional levanta suspensión a la ley de telecomunicaciones gallega, suspendida por recurso del Gobierno |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 22 de julio actual en el recurso de inconstitucionalidad número 1424-2014, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado levantar la suspensión de los artículos 1; 2.2 b), c) y d); 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.2; 7.2; 8; 12.2; 12.3; 12.4; 13; 14.1 a), b) y c); 14.2; 15.2 a), b), d), f), g) y h); 15.3; 17.1; 17.2; 18; 19.2 a) y c); título V, disposiciones adicional primera y transitoria primera de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 89, de 12 de abril de 2014.
Madrid, 22 de julio de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Los 70 millones de euros para el CSIC llegan al BOE vía Decreto-Ley. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 22 de julio actual en el recurso de inconstitucionalidad número 1424-2014, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado levantar la suspensión de los artículos 1; 2.2 b), c) y d); 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.2; 7.2; 8; 12.2; 12.3; 12.4; 13; 14.1 a), b) y c); 14.2; 15.2 a), b), d), f), g) y h); 15.3; 17.1; 17.2; 18; 19.2 a) y c); título V, disposiciones adicional primera y transitoria primera de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia, suspensión que se produjo con la admisión del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 89, de 12 de abril de 2014.
Madrid, 22 de julio de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Los 70 millones de euros para el CSIC llegan al BOE vía Decreto-Ley. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 19 de octubre de 2013.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno. | Contrato con Canon España para el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras y equipos multifunción marca 'Canon' por importe total de 110.015,50 euros.
| De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 19 de octubre de 2013.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
### RESUMEN: Contrato con Canon España para el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras y equipos multifunción marca 'Canon' por importe total de 110.015,50 euros.
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente:
SPA/3745/12/215.00.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es; www.csn.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Mantenimiento de fotocopiadoras y equipos multifunción marca 'Canon'.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
50313200-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
'Boletín Oficial del Estado'.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
03/08/2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
181.843,80.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 90.921,90 euros. Importe total: 110.015,50 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
12/11/2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
21/112012.
c) Contratista:
'Canon España, Sociedad Anónima'.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 90.821,80 euros. Importe total: 109.894,38 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Es la única empresa licitadora y reune los requisitos exigidos en los pliegos.
Madrid, 13 de diciembre de 2012.- La Presidenta de la Mesa de Contratación, Purificación Gutiérrez López. | Decreto para imponer la no reutilización de envases en el canal HORECA para los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
c) Número de expediente:
SPA/3745/12/215.00.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es; www.csn.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Mantenimiento de fotocopiadoras y equipos multifunción marca 'Canon'.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
50313200-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
'Boletín Oficial del Estado'.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
03/08/2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
181.843,80.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 90.921,90 euros. Importe total: 110.015,50 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
12/11/2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
21/112012.
c) Contratista:
'Canon España, Sociedad Anónima'.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 90.821,80 euros. Importe total: 109.894,38 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Es la única empresa licitadora y reune los requisitos exigidos en los pliegos.
Madrid, 13 de diciembre de 2012.- La Presidenta de la Mesa de Contratación, Purificación Gutiérrez López.
### RESUMEN: Decreto para imponer la no reutilización de envases en el canal HORECA para los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. |
España, como líder mundial en la producción de aceite de oliva, tiene un firme compromiso con todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la competitividad de este importante sector.
El canal HORECA, entendido como el conjunto de establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y de los servicios de catering, ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes.
El «Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión Europea» establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector oleícola, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de envases que no permitan el relleno en el canal HORECA.
Esta medida persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado, e informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición.
Se considera que el Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, es el marco idóneo para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia de envases irrellenables en el canal HORECA, por lo que resulta necesaria su modificación.
En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Dado el carácter marcadamente técnico de los requisitos regulados en la presente disposición y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la unidad de mercado, el instrumento idóneo para establecerlos es el real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:
Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».
Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:
«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.
Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»
Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.
El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.
Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Listado de las subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos. | España, como líder mundial en la producción de aceite de oliva, tiene un firme compromiso con todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la competitividad de este importante sector.
El canal HORECA, entendido como el conjunto de establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y de los servicios de catering, ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes.
El «Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión Europea» establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector oleícola, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de envases que no permitan el relleno en el canal HORECA.
Esta medida persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado, e informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición.
Se considera que el Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, es el marco idóneo para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia de envases irrellenables en el canal HORECA, por lo que resulta necesaria su modificación.
En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Dado el carácter marcadamente técnico de los requisitos regulados en la presente disposición y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la unidad de mercado, el instrumento idóneo para establecerlos es el real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:
Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».
Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:
«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.
Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»
Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.
El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.
Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
### RESUMEN: Listado de las subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos. |
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
Esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 16 de diciembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, y en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en su reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2013, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º Considerar solventada la controversia suscitada ante el Tribunal Constitucional en relación con el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, y en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, en razón de los compromisos siguientes asumidos por ambas partes:
A) El Gobierno de la Generalitat Valenciana se compromete a presentar en el Parlamento Autonómico, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de derogación de la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
B) Ambas partes se comprometen a estudiar, junto con el Ayuntamiento de Valencia, las fórmulas que permitan promover una adaptación del PEPRI que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal, en los términos previstos en la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre. Los trabajos de estudio a que se refiere este apartado deberán iniciarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de este acuerdo, a fin de promover las propuestas oportunas que hagan posible dicha adaptación y fijar un calendario de trabajo.
C) Hasta que se concluya la adaptación del PEPRI prevista en la letra anterior, la Generalitat Valenciana se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la suspensión de la ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del conjunto histórico de El Cabanyal (PEPRI) por el Ayuntamiento de Valencia, en los términos previstos en la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal.
2.º En razón del acuerdo alcanzado, la Administración General del Estado se compromete a promover las actuaciones necesarias para desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y frente a la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
3.º Este acuerdo no compromete las pretensiones de las partes, manifestadas en los procesos judiciales pendientes de resolución en relación con la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento de expoliación del Cabanyal. | Aena licita por 190.000,00 euros el asesoramiento sobre la LOPD durante un año. | Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
Esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 16 de diciembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, y en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en su reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2013, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º Considerar solventada la controversia suscitada ante el Tribunal Constitucional en relación con el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, y en relación con la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, en razón de los compromisos siguientes asumidos por ambas partes:
A) El Gobierno de la Generalitat Valenciana se compromete a presentar en el Parlamento Autonómico, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de derogación de la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
B) Ambas partes se comprometen a estudiar, junto con el Ayuntamiento de Valencia, las fórmulas que permitan promover una adaptación del PEPRI que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal, en los términos previstos en la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre. Los trabajos de estudio a que se refiere este apartado deberán iniciarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de este acuerdo, a fin de promover las propuestas oportunas que hagan posible dicha adaptación y fijar un calendario de trabajo.
C) Hasta que se concluya la adaptación del PEPRI prevista en la letra anterior, la Generalitat Valenciana se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la suspensión de la ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del conjunto histórico de El Cabanyal (PEPRI) por el Ayuntamiento de Valencia, en los términos previstos en la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal.
2.º En razón del acuerdo alcanzado, la Administración General del Estado se compromete a promover las actuaciones necesarias para desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente al Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y frente a la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
3.º Este acuerdo no compromete las pretensiones de las partes, manifestadas en los procesos judiciales pendientes de resolución en relación con la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento de expoliación del Cabanyal.
### RESUMEN: Aena licita por 190.000,00 euros el asesoramiento sobre la LOPD durante un año. |
Primero.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación
Segundo.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios.
Tercero.- Garantía provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.
Cuarto.- Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, S.A.
b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 3212710.
f) Fax: 91 3212712.
Quinto.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 30 de marzo de 2016.
b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena S.A.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través de anuncio de perfil de contratante.
Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.
Condiciones Específicas de la Licitación.
Expediente: TGS 17/2016.
Título: Servicios de asesoramiento relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 190.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 mes(es).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Obtención de información: Asesoría Jurídica y Gestión Patrimonial y Dirección de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)
Madrid, 22 de febrero de 2016.- El Consejero Delegado de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994). | Tribunal de Cuentas investiga irregularidades detectadas en la contabilidad del cementerio de Santander. | Primero.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación
Segundo.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios.
Tercero.- Garantía provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.
Cuarto.- Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, S.A.
b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 3212710.
f) Fax: 91 3212712.
Quinto.- Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 30 de marzo de 2016.
b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena S.A.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través de anuncio de perfil de contratante.
Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.
Condiciones Específicas de la Licitación.
Expediente: TGS 17/2016.
Título: Servicios de asesoramiento relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 190.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 mes(es).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Obtención de información: Asesoría Jurídica y Gestión Patrimonial y Dirección de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)
Madrid, 22 de febrero de 2016.- El Consejero Delegado de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).
### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga irregularidades detectadas en la contabilidad del cementerio de Santander. |
EDICTO
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 9 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A219/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Santander - Sociedad Municipal 'Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.'), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 108.442,00 euros como consecuencia de las irregularidades detectadas en la contabilidad de la Sociedad Municipal 'Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.' durante los ejercicios 2009 y 2010, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 9 de septiembre de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. | El chef José Andrés tendrá sello, al igual que el hospital Isabel Zendal y la efemérides de los 40 años en la OTAN. | EDICTO
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 9 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A219/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Santander - Sociedad Municipal 'Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.'), ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 108.442,00 euros como consecuencia de las irregularidades detectadas en la contabilidad de la Sociedad Municipal 'Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.' durante los ejercicios 2009 y 2010, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 9 de septiembre de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.
### RESUMEN: El chef José Andrés tendrá sello, al igual que el hospital Isabel Zendal y la efemérides de los 40 años en la OTAN. |
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Sanidad.– 2022. Isabel Zendal», «Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés» y «Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN».
En su virtud, hemos resuelto:
Primero. Estampación.
Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Sanidad.– 2022. Isabel Zendal», «Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés» y «Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN».
Segundo. Características.
«Sanidad.– 2022. Isabel Zendal»
El día 12 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Sanidad» dedicado a «Isabel Zendal».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical).
– Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical).
– Efectos en pliego: 25 sellos.
– Valor postal del sello: 1 €.
– Tirada: 135.000 sellos.
«Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés»
El día 16 de mayo de 2022 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo de la serie «Valores cívicos» denominado «World Central Kitchen. Chef José Andrés».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 (vertical).
– Formato del sello: 35 x 24,5 mm (horizontal).
– Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal).
– Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello.
– Valor postal del sello: 4,50 €.
– Tirada: 110.000 Hojas bloque.
«Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN»
El día 29 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Efemérides» denominado «40 años en la OTAN».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal).
– Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical).
– Efectos en pliego: 25 sellos.
– Valor postal del sello: 1,75 €.
– Tirada: 135.000 sellos.
Tercero. Puesta en circulación y distribución.
1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 12, 16 y 29 de mayo de 2022.
2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2024, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión.
Cuarto. Reservas.
De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia.
Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.
Quinto. Material utilizado para la impresión.
Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos.
Madrid, 26 de abril de 2022.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque Sosa. | Apostolado del mar, para atender a los marinos. Concesión del edificio para el arzobispado de Tarragona. | De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Sanidad.– 2022. Isabel Zendal», «Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés» y «Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN».
En su virtud, hemos resuelto:
Primero. Estampación.
Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Sanidad.– 2022. Isabel Zendal», «Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés» y «Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN».
Segundo. Características.
«Sanidad.– 2022. Isabel Zendal»
El día 12 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Sanidad» dedicado a «Isabel Zendal».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical).
– Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical).
– Efectos en pliego: 25 sellos.
– Valor postal del sello: 1 €.
– Tirada: 135.000 sellos.
«Valores cívicos.– 2022. World Central Kitchen. Chef José Andrés»
El día 16 de mayo de 2022 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo de la serie «Valores cívicos» denominado «World Central Kitchen. Chef José Andrés».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 (vertical).
– Formato del sello: 35 x 24,5 mm (horizontal).
– Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal).
– Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello.
– Valor postal del sello: 4,50 €.
– Tirada: 110.000 Hojas bloque.
«Efemérides.– 2022. 40 años en la OTAN»
El día 29 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Efemérides» denominado «40 años en la OTAN».
Características técnicas:
– Procedimiento de impresión: Offset.
– Soporte: Estucado, engomado, fosforescente.
– Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal).
– Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical).
– Efectos en pliego: 25 sellos.
– Valor postal del sello: 1,75 €.
– Tirada: 135.000 sellos.
Tercero. Puesta en circulación y distribución.
1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 12, 16 y 29 de mayo de 2022.
2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2024, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión.
Cuarto. Reservas.
De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia.
Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.
Quinto. Material utilizado para la impresión.
Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos.
Madrid, 26 de abril de 2022.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque Sosa.
### RESUMEN: Apostolado del mar, para atender a los marinos. Concesión del edificio para el arzobispado de Tarragona. |
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona en uso de las facultades conferidas por el artículo 30.5 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011, de 5 de setiembre), ha aprobado en su sesión de 26 de marzo de 2014 el otorgamiento a Arzobispado de Tarragona de la concesión administrativa 'Delegación diocesana del Apostolado del Mar Stella Maris en el Paseo de la Escollera', cuyas características esenciales son las siguientes:
Plazo de la Concesión: 5 años a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento al concesionario.
Superficie ocupada: 228,92 m² planta baja edificio 'antigua Sanidad Exterior' en el Paseo de la Escollera.
Tasa anual por ocupación: Exención (art. 169.b del T.R. Ley de Puertos del Estado).
Tasa de actividad del dominio público Exención (art. 170.b del T.R. Ley de Puertos del Estado).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 27 de marzo de 2014.- Don Josep Andreu i Figueras, Presidente. | Subvenciones a partidos en el Congreso para funcionamiento y gastos de seguridad. | El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona en uso de las facultades conferidas por el artículo 30.5 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011, de 5 de setiembre), ha aprobado en su sesión de 26 de marzo de 2014 el otorgamiento a Arzobispado de Tarragona de la concesión administrativa 'Delegación diocesana del Apostolado del Mar Stella Maris en el Paseo de la Escollera', cuyas características esenciales son las siguientes:
Plazo de la Concesión: 5 años a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución de otorgamiento al concesionario.
Superficie ocupada: 228,92 m² planta baja edificio 'antigua Sanidad Exterior' en el Paseo de la Escollera.
Tasa anual por ocupación: Exención (art. 169.b del T.R. Ley de Puertos del Estado).
Tasa de actividad del dominio público Exención (art. 170.b del T.R. Ley de Puertos del Estado).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 27 de marzo de 2014.- Don Josep Andreu i Figueras, Presidente.
### RESUMEN: Subvenciones a partidos en el Congreso para funcionamiento y gastos de seguridad. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión Administrativa | Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Asamblea de Madrid.
2) Domicilio:
Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1.
3) Localidad y código postal:
28018 Madrid.
4) Teléfono:
34.91.779.95.00.
5) Telefax:
34.91.779.96.48.
6) Correo electrónico:
perfildecontratante@asambleamadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.asambleamadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Solicitud de información adicional hasta el vigesimoséptimo día del plazo de licitación. Visita a las instalaciones, en la forma dispuesta en la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente:
CPAS/2016/02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
La prestación a la Asamblea de Madrid de los servicios de continuidad vinculados a la actual página web corporativa hasta su desmantelamiento, el suministro 'llave en mano' del nuevo portal web institucional y los servicios vinculados al mismo, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, núm. 1).
2) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cuatro años.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72422000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Según lo recogido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1º. Aspectos técnicos. Hasta 25 puntos. Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador en este criterio es de 18 puntos 2º. Soporte y mantenimiento. Hasta 8 puntos 3º. Precio. Hasta 65 puntos 4º. Mejoras. Hasta 2 puntos.
4. Valor estimado del contrato:
Novecientos mil euros (900.000 €).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: Novecientos mil euros (900.000. Importe total: Un millón ochenta y nueve mil euros (1.089.000.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según lo recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
24 de octubre de 2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación:
En español, en papel, con respaldo ofimático.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a viernes, de 9,00 a 14,00.
2) Domicilio:
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
e) Admisión de variantes:
No se admiten variantes. Se admiten mejoras en los términos de la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Hasta la adjudicación.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Asamblea de Madrid.
b) Dirección:
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
d) Fecha y hora:
No prevista, por determinar. Se publicará en el perfil de contratante de la Asamblea de Madrid.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del contratista adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
14 de septiembre de 2016.
Madrid, 15 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María Paloma Adrados Gautier. | Capital social mínimo para las SAD de la ACB es de 1.594.075,26 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión Administrativa | Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Asamblea de Madrid.
2) Domicilio:
Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1.
3) Localidad y código postal:
28018 Madrid.
4) Teléfono:
34.91.779.95.00.
5) Telefax:
34.91.779.96.48.
6) Correo electrónico:
perfildecontratante@asambleamadrid.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.asambleamadrid.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Solicitud de información adicional hasta el vigesimoséptimo día del plazo de licitación. Visita a las instalaciones, en la forma dispuesta en la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente:
CPAS/2016/02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
La prestación a la Asamblea de Madrid de los servicios de continuidad vinculados a la actual página web corporativa hasta su desmantelamiento, el suministro 'llave en mano' del nuevo portal web institucional y los servicios vinculados al mismo, en los términos que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Sede de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, núm. 1).
2) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cuatro años.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72422000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto. Regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Según lo recogido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 1º. Aspectos técnicos. Hasta 25 puntos. Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador en este criterio es de 18 puntos 2º. Soporte y mantenimiento. Hasta 8 puntos 3º. Precio. Hasta 65 puntos 4º. Mejoras. Hasta 2 puntos.
4. Valor estimado del contrato:
Novecientos mil euros (900.000 €).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: Novecientos mil euros (900.000. Importe total: Un millón ochenta y nueve mil euros (1.089.000.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según lo recogido en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
24 de octubre de 2016, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación:
En español, en papel, con respaldo ofimático.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Asamblea de Madrid. Registro General. Horario: lunes a viernes, de 9,00 a 14,00.
2) Domicilio:
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
e) Admisión de variantes:
No se admiten variantes. Se admiten mejoras en los términos de la cláusula 8.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Hasta la adjudicación.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Asamblea de Madrid.
b) Dirección:
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28018.
d) Fecha y hora:
No prevista, por determinar. Se publicará en el perfil de contratante de la Asamblea de Madrid.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del contratista adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
14 de septiembre de 2016.
Madrid, 15 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María Paloma Adrados Gautier.
### RESUMEN: Capital social mínimo para las SAD de la ACB es de 1.594.075,26 euros. |
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado.
En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo:
Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, para la modalidad de Baloncesto, en la cantidad de un millón quinientos noventa y cuatro mil setenta y cinco euros con veintiséis céntimos (1.594.075,26 €).
Madrid, 13 de julio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. | 4 multas de la CNMV por importe total de 280.000 euros a la gestora del Santander por no informar sobre acciones significativas. | De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado.
En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas, resuelvo:
Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, para la modalidad de Baloncesto, en la cantidad de un millón quinientos noventa y cuatro mil setenta y cinco euros con veintiséis céntimos (1.594.075,26 €).
Madrid, 13 de julio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
### RESUMEN: 4 multas de la CNMV por importe total de 280.000 euros a la gestora del Santander por no informar sobre acciones significativas. |
Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Santander Asset Management, S.A., SGIIC, por la comisión de cuatro infracciones muy graves tipificadas en la letra p) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 304 del texto refundido de la Ley de Mercados de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 17 de febrero de 2016 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo:
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC, por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de partícipe significativo con derechos de voto de la sociedad Barón de Ley, S.A., su posición en derechos de voto atribuidos a acciones de la misma integrantes del patrimonio de los fondos de inversión, por ella gestionados, Santander Acciones Españolas, FI y Santander Small Caps España, FI, una sanción de multa por importe de 70.000 Euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de partícipe significativo con derechos de voto de la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., su posición en derechos de voto atribuidos a acciones de la misma integrantes del patrimonio de los fondos de inversión, por ella gestionados, Santander Acciones Españolas, FI y Santander Small Caps España, FI, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de administradora y representante legal del fondo de inversión Santander Acciones Españolas, FI, por ella gestionado, de la posición de este fondo de inversión en acciones de la sociedad Barón de Ley, S.A., una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de administradora y representante legal del fondo de inversión Santander Acciones Españolas, FI, por ella gestionado, de la posición de este fondo de inversión en acciones de la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Madrid, 17 de mayo de 2016.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. | Ministerio de Transportes reparte cuatro mascarillas por trabajador para camioneros, empleados públicos, taxistas y conductores de bus y tren. | Habiéndose declarado firmes en vía administrativa las sanciones impuestas a Santander Asset Management, S.A., SGIIC, por la comisión de cuatro infracciones muy graves tipificadas en la letra p) del artículo 99 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 304 del texto refundido de la Ley de Mercados de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, las sanciones impuestas mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 17 de febrero de 2016 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente fallo:
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC, por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de partícipe significativo con derechos de voto de la sociedad Barón de Ley, S.A., su posición en derechos de voto atribuidos a acciones de la misma integrantes del patrimonio de los fondos de inversión, por ella gestionados, Santander Acciones Españolas, FI y Santander Small Caps España, FI, una sanción de multa por importe de 70.000 Euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de partícipe significativo con derechos de voto de la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., su posición en derechos de voto atribuidos a acciones de la misma integrantes del patrimonio de los fondos de inversión, por ella gestionados, Santander Acciones Españolas, FI y Santander Small Caps España, FI, una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de administradora y representante legal del fondo de inversión Santander Acciones Españolas, FI, por ella gestionado, de la posición de este fondo de inversión en acciones de la sociedad Barón de Ley, S.A., una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Imponer a Santander Asset Management, S.A., SGIIC por la comisión de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 99, letra p), de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con el artículo 53 del mismo texto legal y normativa de desarrollo, por el retraso en el cumplimiento de su obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores participaciones significativas, en su condición de administradora y representante legal del fondo de inversión Santander Acciones Españolas, FI, por ella gestionado, de la posición de este fondo de inversión en acciones de la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., una sanción de multa por importe de 70.000 euros (setenta mil euros).
Madrid, 17 de mayo de 2016.–La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.
### RESUMEN: Ministerio de Transportes reparte cuatro mascarillas por trabajador para camioneros, empleados públicos, taxistas y conductores de bus y tren. |
La Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dispuso la adquisición de forma centralizada, por el ente público Puertos del Estado, de un máximo de 8.000.000 de mascarillas con protección FFP2, mediante tramitación de emergencia, para su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte.
En concreto, la Orden establece como destinatarios finales al personal que presta sus servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, según criterios indicados con carácter general por el Ministerio de Sanidad, distribuyéndose a los trabajadores relacionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de viajeros y mercancías en todo el territorio nacional, con el objeto de garantizar el abastecimiento.
El amplio ámbito de destinatarios previstos en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263, de 20 de marzo, así como la distinta organización y funcionamiento de los diferentes colectivos que prestan sus servicios en el ámbito del transporte de viajeros y mercancías y a los que se refiere el referido precepto, junto con la necesidad de reservar una cantidad de mascarillas para su puesta a disposición del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo 5, teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación de emergencia en el ámbito sanitario, hicieron precisa la aprobación de unas instrucciones para la concreción de las medidas establecidas en la Orden de referencia.
Por ello, la Dirección General de Transporte Terrestre emitió el 2 de abril de 2020 (BOE 3 de abril) una Resolución por la que se dictaron instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
Una vez notificado por Puertos del Estado la recepción de un suministro destinado a este fin se realizó una primera distribución y reparto de acuerdo a dichas instrucciones.
Habiendo recibido información de la llegada de nuevas entregas y habida cuenta de que las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al primer reparto, es necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la del 2 de abril, mediante la que se revisan los criterios de asignación a los distintos destinatarios de las mismas.
Por ello, al amparo de la habilitación contenida en la disposición final primera de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aprueban las siguientes instrucciones complementarias a las incluidas en la Resolución de 2 de abril de 2020:
Primera. Criterios de asignación.
Para la distribución de la segunda entrega de mascarillas correspondiente a la cantidad máxima prevista en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre los destinatarios incluidos en dicho ámbito se aplicarán los siguientes criterios:
1. Para las empresas autorizadas de transporte que se relacionan a continuación, se asignarán las siguientes mascarillas por cada uno de los vehículos que tienen adscritos a la autorización:
a) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías en vehículos que puedan superar las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, con autorización de la clase MDPE: cuatro mascarillas.
b) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías exclusivamente en vehículos que no superen las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada con autorización de la clase MDLE: cuatro mascarillas.
c) Empresas autorizadas para realizar transporte público de viajeros en autobús, con autorización de la clase VDE: cuatro mascarillas.
d) Empresas autorizadas para realizar transporte público interurbano de viajeros en vehículos de turismo, con autorización de la clase VT: cuatro mascarillas.
e) Empresas de transporte autorizadas para realizar transporte de viajeros en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, con autorización de clase VTC: cuatro mascarillas.
f) Empresas autorizadas para realizar transporte público sanitario, con autorización de la clase VSE: cuatro mascarillas.
2. Para las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril que tengan certificado de seguridad y se encuentren operando actualmente, se asignarán cuatro mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación de tren habilitados por la empresa.
3. Para los servicios de transporte terrestre urbano de viajeros con carácter público de competencia autonómica o local, como autobús, metro o tranvía, se asignarán cuatro mascarillas por conductor. En el caso de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril prestados por Comunidades Autónomas, se asignarán cuatro mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación.
4. Se podrán asignar también mascarillas para el personal relacionado directamente con los servicios de transporte a los que se hace referencia en el apartado 3, que por las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público o no poder mantener la distancia social de seguridad, en número de cuatro por persona.
5. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asignará el número de mascarillas que se determine –en función de las necesidades y situación a medida que se reciba la cantidad correspondiente– al personal propio relacionado con los servicios esenciales para garantizar el ejercicio de las funciones en el ámbito del transporte, que por las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público.
6. Las asignaciones indicadas en los apartados anteriores de la presente Instrucción corresponden a la cantidad máxima prevista en el artículo 5.1. b) de la Orden TMA/263/2020 por lo que su distribución concreta estará en función de las cantidades efectivamente recibidas en las distintas entregas que se vayan realizando y que se comuniquen por parte de Puertos del Estado.
En caso de recibirse distintas entregas se realizarán asignaciones de acuerdo con criterios de proporcionalidad, grado de contacto directo con el público en función del trabajo, y necesidades del sector de acuerdo con el marco de medidas adoptadas al amparo del Real Decreto 463/2020
Segunda. Determinación del número de mascarillas por empresa.
1. La Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio el número de mascarillas que corresponden a cada una de las empresas incluidas en el apartado 1 de la Instrucción Primera y su distribución provincial o insular, a partir de la información contenida en el Registro de Actividades y Empresas de Transporte, regulado en el artículo 47 y siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre por el que aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Una vez recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el número asignado en función de la cantidad entregada, la Dirección General de Transporte Terrestre trasladará al Organismo de Correos, en un archivo Excel, la información necesaria para el reparto de mascarillas a cada empresa individual. Este archivo contendrá, al menos, NIF de la empresa, razón social, total de mascarillas a entregar, y dirección y código postal de entrega de las mascarillas.
2. Conforme a las solicitudes que formularon con anterioridad las empresas del apartado 2 de la Instrucción Primera, en aplicación del punto 2 de la Instrucción Segunda de la Resolución de 2 de abril, la Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio el número de mascarillas que les corresponden según el apartado 2 de la Instrucción Primera de estas Instrucciones Complementarias.
Recibidas la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el número asignado en función de la entrega, la Dirección General de Transporte Terrestre expedirá las correspondientes autorizaciones identificando la dirección y código postal de entrega preferente de las mascarillas, el nombre y NIF del representante de la empresa que acudirá a recoger el envío y el número de mascarillas asignadas a la empresa. Al mismo tiempo, trasladará al Organismo de Correos en un archivo Excel la información necesaria para el reparto de mascarillas a cada empresa individual. Este archivo contendrá, al menos, el NIF de la empresa, la razón social, el nombre y NIF del representante de la empresa que acudirá a recoger el envío, el total de mascarillas a entregar, y la dirección y código postal de entrega preferente de las mascarillas.
3. Conforme a las solicitudes que formularon las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en aplicación del apartado 3 de la Instrucción Segunda de la Resolución de 2 de abril, la Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio el número de mascarillas que les corresponden según los apartados 3 y 4 de la Instrucción Primera de estas Instrucciones Complementarias, desagregadas a nivel provincial o insular en su caso.
Recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el número asignado en función de la entrega, la Dirección General de Transporte Terrestre expedirá la correspondiente autorización para cada Comunidad o Ciudad Autónoma, identificando el nombre y NIF del representante del órgano territorial que acudirá a recoger el envío, la dirección y código postal de entrega preferente, y el número de mascarillas asignadas en el ámbito de cada provincia, isla o Ciudad Autónoma. Al mismo tiempo, trasladará al Organismo de Correos en un archivo Excel la información necesaria para el reparto de mascarillas a cada órgano territorial. Este archivo contendrá, para cada provincia, isla o Ciudad Autónoma, al menos, el nombre y NIF del representante de cada órgano territorial que acudirá a recoger el envío, el total de mascarillas a entregar, y la dirección y código postal de entrega preferente de las mascarillas.
Tercera. Reparto por el Organismo de Correos.
Será de idéntica aplicación lo establecido en la Instrucción Tercera de la Resolución de 2 de abril.
Cuarta. Comunicación y publicidad.
Esta resolución complementaria será de aplicación desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de abril de 2020.–La Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez Álvarez. | El jefe de la gendarmería real de Marruecos, Mohammed Haramou, recibe la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. | La Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dispuso la adquisición de forma centralizada, por el ente público Puertos del Estado, de un máximo de 8.000.000 de mascarillas con protección FFP2, mediante tramitación de emergencia, para su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte.
En concreto, la Orden establece como destinatarios finales al personal que presta sus servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, según criterios indicados con carácter general por el Ministerio de Sanidad, distribuyéndose a los trabajadores relacionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de viajeros y mercancías en todo el territorio nacional, con el objeto de garantizar el abastecimiento.
El amplio ámbito de destinatarios previstos en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263, de 20 de marzo, así como la distinta organización y funcionamiento de los diferentes colectivos que prestan sus servicios en el ámbito del transporte de viajeros y mercancías y a los que se refiere el referido precepto, junto con la necesidad de reservar una cantidad de mascarillas para su puesta a disposición del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo 5, teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación de emergencia en el ámbito sanitario, hicieron precisa la aprobación de unas instrucciones para la concreción de las medidas establecidas en la Orden de referencia.
Por ello, la Dirección General de Transporte Terrestre emitió el 2 de abril de 2020 (BOE 3 de abril) una Resolución por la que se dictaron instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
Una vez notificado por Puertos del Estado la recepción de un suministro destinado a este fin se realizó una primera distribución y reparto de acuerdo a dichas instrucciones.
Habiendo recibido información de la llegada de nuevas entregas y habida cuenta de que las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al primer reparto, es necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la del 2 de abril, mediante la que se revisan los criterios de asignación a los distintos destinatarios de las mismas.
Por ello, al amparo de la habilitación contenida en la disposición final primera de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aprueban las siguientes instrucciones complementarias a las incluidas en la Resolución de 2 de abril de 2020:
Primera. Criterios de asignación.
Para la distribución de la segunda entrega de mascarillas correspondiente a la cantidad máxima prevista en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre los destinatarios incluidos en dicho ámbito se aplicarán los siguientes criterios:
1. Para las empresas autorizadas de transporte que se relacionan a continuación, se asignarán las siguientes mascarillas por cada uno de los vehículos que tienen adscritos a la autorización:
a) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías en vehículos que puedan superar las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, con autorización de la clase MDPE: cuatro mascarillas.
b) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías exclusivamente en vehículos que no superen las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada con autorización de la clase MDLE: cuatro mascarillas.
c) Empresas autorizadas para realizar transporte público de viajeros en autobús, con autorización de la clase VDE: cuatro mascarillas.
d) Empresas autorizadas para realizar transporte público interurbano de viajeros en vehículos de turismo, con autorización de la clase VT: cuatro mascarillas.
e) Empresas de transporte autorizadas para realizar transporte de viajeros en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, con autorización de clase VTC: cuatro mascarillas.
f) Empresas autorizadas para realizar transporte público sanitario, con autorización de la clase VSE: cuatro mascarillas.
2. Para las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril que tengan certificado de seguridad y se encuentren operando actualmente, se asignarán cuatro mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación de tren habilitados por la empresa.
3. Para los servicios de transporte terrestre urbano de viajeros con carácter público de competencia autonómica o local, como autobús, metro o tranvía, se asignarán cuatro mascarillas por conductor. En el caso de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril prestados por Comunidades Autónomas, se asignarán cuatro mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación.
4. Se podrán asignar también mascarillas para el personal relacionado directamente con los servicios de transporte a los que se hace referencia en el apartado 3, que por las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público o no poder mantener la distancia social de seguridad, en número de cuatro por persona.
5. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asignará el número de mascarillas que se determine –en función de las necesidades y situación a medida que se reciba la cantidad correspondiente– al personal propio relacionado con los servicios esenciales para garantizar el ejercicio de las funciones en el ámbito del transporte, que por las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el públ
### RESUMEN: El jefe de la gendarmería real de Marruecos, Mohammed Haramou, recibe la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. |
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General de Cuerpo de Ejército, Comandante en Jefe de la Gendarmería Real del Reino de Marruecos, señor Mohammed Haramou, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2019,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2019.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ | Sentencia TC que declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. | En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General de Cuerpo de Ejército, Comandante en Jefe de la Gendarmería Real del Reino de Marruecos, señor Mohammed Haramou, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2019,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2019.
FELIPE R.
El Ministro del Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
### RESUMEN: Sentencia TC que declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3460-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El día 16 de junio de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal oficio del Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, al que se acompaña, junto con el testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, el Auto del referido órgano judicial de 6 de junio de 2011 por el que se acuerda plantear ante cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por la posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE.
2. Los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
a) Ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander se sigue procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, en virtud de sendas demandas formuladas por la representación del Sindicato Independiente de Empleados Públicos, frente a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria y la sección sindical de Comisiones Obreras en dicha empresa, así como por la representación del sindicato Comisiones Obreras de Cantabria frente a la citada sociedad y a la sección sindical del Sindicato Independiente de Empleados Públicos. Ambas demandas, cuya acumulación fue acordada mediante Auto del Juzgado de 31 de marzo de 2011, tienen su origen en la decisión de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria de proceder a la regulación salarial de su personal en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, por la que se trasladan al ámbito de dicha Comunidad Autónoma las previsiones contempladas en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
En el art. 1.2 de dicho Real Decreto-ley –que modifica el art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010– se respeta el límite máximo de incremento salarial inicialmente previsto para el personal al servicio del sector público hasta el 31 de mayo de 2010 y se procede a aplicar, a partir del 1 de junio de 2010, una reducción de sus retribuciones del 5 por 100 en términos anuales respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Por su parte, en la disposición adicional novena del mismo Real Decreto-ley se excluye expresamente de la citada reducción salarial, en lo que aquí interesa, al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
En concreto, el precepto a aplicar en el proceso a quo resulta ser el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por el que se modifica el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010. En este precepto se establece que, con efectos desde el 1 de junio de 2010, el personal, entre otros, de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual. Y ello, en contraposición a lo pactado en el II convenio colectivo del personal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., firmado el 16 de noviembre de 2010, que prevé un incremento salarial del 2 por 100 para el año 2009 y del 0,3 por 100 para el año 2010, y cuya aplicación pretenden los recurrentes.
b) Celebrado el juicio oral en el procedimiento de conflicto colectivo, fueron declarados los autos conclusos para sentencia y, mediante Auto de 19 de abril de 2011, el Juzgado, de conformidad con el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días alegaran lo que estimasen oportuno acerca de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por presunta vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Tanto los demandantes como el Ministerio Fiscal manifestaron su conformidad con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que la representación procesal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria se opuso al planteamiento de la cuestión, por entender que el precepto cuestionado no incurre en ninguna de las vulneraciones constitucionales indicadas.
3. En el Auto de 6 de junio de 2011, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que a continuación resumimos.
Comienza el Juzgado haciendo alusión al contenido de las demandas y a su coincidencia en las fundamentaciones y en la solicitud del planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Cantabria 5/2010, si bien, en el caso de la demanda interpuesta por el sindicato Comisiones Obreras de Cantabria se solicita dicho planteamiento también respecto al Real Decreto-ley 8/2010.
A este respecto, expresa el Auto el juicio de relevancia, señalando que la decisión empresarial de reducir la masa salarial a sus empleados es consecuencia directa de la aplicación de una norma con rango de ley dictada por la Comunidad Autónoma de Cantabria: el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de cuya validez depende el fallo. De no existir esta última norma no se habría acordado la reducción salarial de los trabajadores afectados en el presente conflicto colectivo, puesto que el Real Decreto-ley 8/2010 excluye a dicho personal de tal medida y, por tanto, de él no depende el fallo.
En cuanto a los concretos motivos de inconstitucionalidad de la normativa legal cuestionada se alude a la vulneración de los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Se pone de manifiesto, al respecto, que el art. 22.1 g) de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010, señala que «a efectos de lo establecido en el presente artículo constituyen el sector público … g) las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación». Sin embargo, a efectos de determinar el concreto ámbito de la reducción salarial, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 prescribe que lo dispuesto en dicha Ley «en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley en lo relativo a la reducción salarial, no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno. g) del artículo 22 de la citada Ley … salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
Hasta tal punto existe, en opinión del Juzgado promotor de la cuestión, voluntad clara de excluir la reducción salarial respecto de ese colectivo de trabajadores, que la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8 /2010 dispone que «lo dispuesto en el artículo 1, apartado dos y tres y disposición adicional novena de este Real Decreto-ley, tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución». En definitiva, señala el Juzgado de lo Social que queda claro que la legislación básica estatal, dictada al amparo de los preceptos constitucionales recién citados, excluye la reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación.
Asimismo, se considera vulnerado el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). No desconoce el Juzgado que los convenios colectivos pueden quedar afectados por la regulación legal. Pero, en el presente caso, es el propio bloque de constitucionalidad, a través de una norma dictada con carácter de legislación básica, el que establece la necesidad de acudir a la negociación colectiva como única vía para acordar una medida de reducción salarial. Por ello, la Ley cántabra cercenaría esa negociación colectiva al aplicar la reducción salarial a todo el personal de organismos y entidades integrantes del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Por último, se habría visto infringido el art. 9.3 CE, que prohíbe la retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, al establecerse la reducción salarial con efectos de 1 de junio de 2010, pues la disposición final de la Ley 5/2010 establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» (13 de julio de 2010), afectando, por tanto, a derechos devengados, nacidos e incluso percibidos en las nóminas del mes de junio de 2010.
4. Mediante providencia de 13 de septiembre de 2011, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y reservar para sí el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10.1.c) LOTC; dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución al Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria».
5. El día 23 de septiembre de 2011 el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Presidencia de dicha Cámara, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, acordó dar por personada en el proceso a la Cámara Alta, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. En similares términos se expresa la comunicación del día 5 de octubre de 2011 del Presidente del Congreso de los Diputados, dando traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de su Diputación Permanente.
6. El Abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno mediante escrito registrado el 7 de octubre de 2011, en el que se comienza precisando que la cuestión debe entenderse ceñida al término «empresarial» del primer párrafo del cuestionado art. 27.4 de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, en la redacción dada por la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, toda vez que el litigio a quo es un proceso laboral de conflicto colectivo trabado respecto de una sociedad anónima de la que es único socio la Comunidad Autónoma de Cantabria y que recibe aportaciones presupuestarias de esta.
Señala a continuación el Abogado del Estado que nos encontramos ante una cuestión basada en una pretendida inconstitucionalidad mediata de la norma cuestionada. Por este motivo el Abogado del Estado dirige su argumentación a fundamentar el carácter básico de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, que el Juzgado promotor de la cuestión entiende quebrantada por el precepto autonómico cuestionado. A este respecto, destaca en primer lugar el Abogado del Estado el innegable carácter básico de la citada disposición adicional desde el punto de vista formal. Asimismo, afirma su carácter materialmente básico, conforme a lo dispuesto en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, dejando al margen el análisis de la norma desde la perspectiva del art. 149.3 CE, porque el Juzgado proponente nada razona sobre su infracción y porque, aunque se entendiera que se refiere a la regla de prevalencia, la discusión sería ociosa, dado que la vinculación del legislador autonómico a la norma básica se desprende sin más de su propia naturaleza.
Sostiene el Abogado del Estado que la reducción de retribuciones con efectos desde el 1 de junio de 2010 que establece el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, básico según su disposición final segunda, es una típica medida de reducción del gasto público y, por ende, del déficit público, que, de acuerdo con reiterada doctrina constitucional, se ampara en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE. En cuanto a la disposición adicional novena, que contiene una excepción a la medida básica de reducción salarial, está dotada también de carácter básico con arreglo a la máxima «si básica es la regla, básica debe ser la excepción», extraída de la doctrina constitucional (cita el Abogado del Estado las SSTC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 8; 174/1998, de 23 de julio, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 38; 38/2004, de 11 de marzo, FJ 3; y 31/2006, de 1 de febrero, FJ 4).
Tal regla básica, en su proyección sobre el sector público estatal, ha de interpretarse según el Abogado del Estado como un precepto imperativo que niega aplicación directa al mandato legal de reducción salarial y exige la mediación del convenio colectivo para su imposición a tres entidades públicas empresariales estatales nominativamente indicadas y a las sociedades mercantiles estatales. Pero, en su proyección sobre el legislador autonómico, para dejarle un margen de maniobra a este, la disposición final novena debe entenderse simplemente como permisiva, es decir, como generadora de una opción libre, de manera que aquel podrá, tanto seguir la pauta marcada para las sociedades mercantiles estatales, como aplicar directamente a todo el sector público autonómico, incluidas las sociedades mercantiles en él integradas, la reducción salarial, como ha hecho el legislador cántabro. Esta decisión vendría justificada, además, de acuerdo a dos argumentos adicionales. El primero, que en virtud del principio de jerarquía normativa es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse a las normas con rango de ley (también las autonómicas) y no al revés y ello no puede venir alterado por lo dispuesto en una ley ordinaria estatal de carácter básico; menos aún si se trata de una disposición legislativa de urgencia, que tiene constitucionalmente prohibido afectar «al régimen de las Comunidades Autónomas» (art. 86.1 CE). El segundo argumento sería que la reducción del 5 por 100 aplicado a las Comunidades Autónomas, ha de interpretarse como un «tope» o mínimo obligatorio de reducción retributiva que aquellas pueden llevar más allá de acuerdo con su propia política de contención del déficit, tanto en la cuantía de la reducción, como en los sujetos afectados por ella.
En consecuencia, el Abogado del Estado solicita la desestimación de la cuestión.
7. También con fecha 7 de octubre de 2011 presentó su escrito de alegaciones el Letrado del Gobierno de Cantabria, que interesa la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
Al igual que el Abogado del Estado, entiende la representación del Gobierno de Cantabria que el Real Decreto-ley 8/2010 establece una medida de contención del gasto que es, por tanto, encuadrable en los arts. 149.1.13 y 156.1 CE y no en la materia de función pública (art. 149.1.18 CE). Dicha regulación ha de concebirse como un tope máximo o techo que prohíbe a las Comunidades Autónomas prever incrementos superiores a los de la Ley de presupuestos del Estado, pero no impide establecer mayores reducciones. Por ello, se entiende que la norma autonómica cuestionada no es contraria a la legislación básica estatal en este punto. Tampoco sería contraria al principio de igualdad, pues extiende la reducción salarial a las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, igualando así a todos los empleados del sector público.
Asimismo, se rechaza la posible contradicción con el derecho a la negociación colectiva recogido en el art. 37.1 CE, pues el convenio colectivo, conforme a jurisprudencia constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, está sujeto al principio de jerarquía normativa y, en consecuencia, el convenio pierde eficacia en la parte que sea modificada por una ley posterior.
Por último, en cuanto a los posibles efectos retroactivos del precepto legal controvertido, se entiende que no hay infracción del art. 9.3 CE, pues no afecta a derechos devengados, nacidos ni percibidos en junio de 2010, sino que sólo contempla la manera de computar la reducción de las retribuciones salariales (un 5 por 100 del conjunto de retribuciones en cómputo anual), sin imponer la manera de obtener dicho resultado.
8. Por escrito registrado el 11 de octubre de 2011, el Parlamento de Cantabria ofrece su colaboración a este Tribunal.
9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal el 14 de octubre de 2011, poniendo de manifiesto que el art. 27.4 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, es contrario a los art. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. La regulación relativa a las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas contenida en el Real Decreto-ley 8/2010 se enmarca en el ámbito de dichos preceptos constitucionales, pues se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público. La normativa autonómica cuestionada, al contradecir lo dispuesto en el Real Decreto-ley, estaría vulnerando de forma mediata tales preceptos.
En cuanto a los efectos retroactivos de la norma autonómica controvertida, entiende el Fiscal General del Estado que nos encontramos ante una retroactividad denominada doctrinalmente de «grado máximo», por aplicarse no sólo a actos realizados en periodos de tiempo anteriores, sino incluso a actos ya consumados y que han surtido los efectos jurídicos previstos en la normativa anterior que pretende modificarse con la norma retroactiva, vulnerándose por ello la interdicción de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE).
10. Mediante providencia de 17 de diciembre de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, que establece lo siguiente:
«Cuatro. Las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público administrativo, empresarial y fundacional de la Administración de la Comunidad Autónoma no experimentarán un incremento superior al señalado en la presente Ley para los empleados públicos.
Con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones del personal citado en el párrafo anterior, experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual.»
Según el Juzgado promotor de la cuestión, el precepto controvertido vulneraría, en primer lugar, los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE, pues la normativa básica en esta materia, esto es, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, excluye al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual prevista con carácter general para los empleados públicos (art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010), «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
De esta manera, se vulneraría igualmente, según el Juzgado promotor, el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), pues es la propia ley básica la que establece la necesidad de acudir a la negociación colectiva como única vía para acordar una medida de reducción salarial, cosa que, en este caso, no sólo no se ha producido, sino que, por el contrario, el precepto cuestionado entra en contradicción con el II convenio colectivo del personal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., firmado el 16 de noviembre de 2010, que establece un incremento salarial del 2 por 100 para el año 2009 y del 0,3 por 100 para el año 2010.
Por último, se infringiría también el art. 9.3 CE, que prohíbe la retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, al establecerse la reducción salarial con efectos de 1 de junio de 2010, siendo así que la disposición final de la Ley 5/2010, de 6 de julio, establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria» (13 de julio de 2010), por lo que el precepto cuestionado afecta a derechos devengados, nacidos e incluso percibidos en las nóminas de junio de 2010.
El Fiscal General del Estado coincide con el juicio de inconstitucionalidad formulado por el órgano judicial proponente de la presente cuestión, por lo que interesa su estimación, en tanto que el Abogado del Estado y el Letrado del Gobierno de Cantabria discrepan del mismo, solicitando la desestimación de la cuestión, en los términos que se detallan en los antecedentes de esta Sentencia.
2. Antes de abordar el examen de la constitucionalidad del precepto legal cuestionado, es preciso señalar, en cuanto a la delimitación del objeto de nuestro pronunciamiento de fondo, que, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, aun cuando el Auto de planteamiento cuestiona en su integridad el apartado cuatro del art. 27 de la Ley de Cantabria 5/2009, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, la duda de constitucionalidad debe entenderse ceñida a lo dispuesto en dicho precepto sobre las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público «empresarial», en tanto que el litigio a quo es un proceso laboral de conflicto colectivo trabado respecto a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., sociedad mercantil de la que es socio único la Comunidad Autónoma de Cantabria, como ya se dijo.
3. El Juzgado proponente de la cuestión no pone en duda que la Comunidad Autónoma de Cantabria tenga competencia, con carácter general, para establecer una medida de reducción del gasto como la que aquí nos corresponde examinar. Lo que plantea, conforme a lo expuesto, es la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulneración de la normativa básica, de la que se derivaría la infracción de lo dispuesto en los arts. 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. No obstante debe precisarse que la pretendida infracción del art. 149.3 CE ha de quedar en todo caso fuera de nuestro examen, toda vez que, como señala el Abogado del Estado, el Juzgado no ofrece en su Auto de planteamiento de la cuestión ningún razonamiento para fundamentar la vulneración de dicho precepto constitucional, en relación con alguna de las reglas o cláusulas que el mismo contempla (cláusula de asunción, cláusula residual, cláusula de prevalencia y cláusula de supletoriedad).
Al problema de la inconstitucionalidad mediata o indirecta añade el Juzgado, como se ha visto, la infracción del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y de la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE).
4. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la inconstitucionalidad mediata del precepto cuestionado, resulta que la norma básica que el Juzgado promotor de la presente cuestión de inconstitucionalidad considera infringida es la prevista en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en la medida que esta disposición excluye al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos (o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación) de la reducción salarial del 5 por 100 impuesta con carácter general a todos los empleados públicos en el art. 22.2.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2010, en su redacción dada por el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, salvo que por negociación colectiva las partes decidan la aplicación de la referida reducción salarial.
Conforme a nuestra reiterada doctrina (por todas, SSTC 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 2; y 159/2012, de 17 de septiembre, FJ 2), para constatar la existencia de una inconstitucionalidad mediata o indirecta es necesaria la concurrencia de dos circunstancias: primero, que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado. Y, en segundo lugar, que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa.
Por lo que respecta a la concurrencia de la primera circunstancia mencionada, resulta indiscutible el carácter básico de la norma de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) desde la perspectiva formal, porque tiene rango legal y la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010 en el que se inserta le atribuye expresamente carácter básico, al dictarse «al amparo de los artículos 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución».
En cuanto a la perspectiva material, debemos comenzar trayendo a colación, por su cercanía al caso que nos ocupa, nuestra doctrina en relación con la cuantificación de los derechos económicos de los empleados públicos en la Ley de presupuestos generales del Estado. Dicha doctrina constitucional arranca de la STC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 11, donde tuvimos ocasión de señalar que cuando tal cuantificación tiene un carácter meramente coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo «constituye una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público», por lo que «su encuadramiento competencial adecuado es el título reservado al Estado por el art. 149.1.13 CE (en particular, STC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3)» (STC 139/2005, de 26 de mayo, FJ 7).
Dicho encuadramiento competencial ha llevado a este Tribunal a relacionar ese tipo de medidas con los posibles límites de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 156.1 CE), una de cuyas facetas más significativas es la capacidad para definir sus gastos en los correspondientes presupuestos. Tal autonomía aparece sometida a ciertos límites materiales que no son incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional de las haciendas autonómicas (STC 14/1986, de 31 de enero), entre los que se encuentran «los derivados de la solidaridad entre todos los españoles y de la necesaria coordinación con la Hacienda del Estado, expresamente establecidos en el art. 156.1 de la Constitución» (STC 63/1986, FJ 11). En tal sentido, este Tribunal ha considerado justificado que, «en razón de una política de contención de la inflación a través de la reducción del déficit público, y de prioridad de las inversiones públicas frente a los gastos consuntivos, se establezcan por el Estado topes máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, como los que impone el apartado 3.° del impugnado art. 2 de la Ley 44/1983, respecto de la masa salarial global para el personal laboral al servicio de las Administraciones y Organismos públicos, lo que, por otra parte, no vacía, aunque condicione la autonomía de gasto de las Comunidades» (STC 63/1986, FJ 11).
Por todo ello, también de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, este tipo de medidas de contención de gastos de personal encontraría cobertura competencial en el principio de coordinación con la hacienda estatal reconocido en el art. 156.1 CE, puesto que la incidencia en la autonomía financiera y presupuestaria de las Comunidades Autónomas está directamente relacionada con la responsabilidad del Estado de garantizar el equilibrio económico general (por todas, SSTC 171/1996, de 30 de octubre, FJ 2; 103/1997, de 22 de mayo FJ 1; y 148/2006, de 11 de mayo, FJ 6).
Particular importancia reviste para el análisis de constitucionalidad que nos corresponde llevar a cabo ahora la doctrina sentada en la STC 171/1996, de 30 de octubre, respecto a la fijación en la Ley de presupuestos generales del Estado de topes al incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, incluyendo al de las Comunidades Autónomas. Admitió entonces este Tribunal la posibilidad de establecer esta suerte de restricciones a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas por fundamentar su carácter básico en el art. 149.1.13 CE y, al mismo tiempo, en el límite a la autonomía financiera que establece el principio de coordinación del art. 156.1 CE. Este último condicionamiento, «en virtud de lo establecido en el art. 2.1.b) LOFCA, exige a las Comunidades Autónomas que su actividad financiera se acomode a las medidas oportunas que adopte el Estado ‘tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa’, toda vez que a él corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general. Así, pues, como ya indicamos en la STC 63/1986 (fundamento jurídico 11), también con base en el principio de coordinación delimitado por la LOFCA cabe justificar que el Estado acuerde una medida unilateral con fuerza normativa general susceptible de incidir en las competencias autonómicas en materia presupuestaria» (STC 171/1996, FJ 2).
5. A la luz de la citada doctrina ha de examinarse el carácter materialmente básico de la norma estatal de contraste, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, que establece una excepción respecto a la regla general contenida en el art. 1.2 del propio Real Decreto-ley 8/2010, en la que se fija una reducción del 5 por 100 en cómputo anual para el conjunto de las retribuciones del personal del sector público, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.
En cuanto a la regla general de reducción del 5 por 100 de las retribuciones de los empleados públicos – cuyo carácter básico conforme a los arts. 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 CE es afirmado igualmente en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010– este Tribunal ya ha indicado reiteradamente que se trata de «una medida dirigida a la contención de los gastos del personal» [por todos, AATC 179/2011, de 13 de diciembre, FJ 7 b) y 246/2012, de 18 de diciembre, FJ 4], situándola así en el ámbito competencial estatal definido por los arts. 149.1.13 y 156.1 CE, en consonancia con la doctrina constitucional antes mencionada. Se trata, pues, de una norma básica en el doble sentido material y formal.
Por su parte, la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 –cuyo carácter básico en sentido formal no ofrece ninguna duda, como ya dijimos– «excepciona de esta regla general, no siéndoles por tanto de aplicación la referida reducción salarial» (ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 5), al personal no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado 1 g) del art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010 (las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinados a cubrir déficit de explotación), ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
Si básica es la regla general de reducción salarial del 5 por 100, en cómputo anual, de las retribuciones del personal del sector público, contenida en el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010), básica debe ser también la excepción destinada al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en tanto que esta norma contribuye a la delimitación exacta del alcance de la medida de contención del gasto. Como señala el Abogado del Estado, «si básica es la regla, básica debe ser también la excepción» [STC 206/1997, de 27 de noviembre, FJ 8 e)]. De este modo se articula un régimen jurídico homogéneo que asegura un tratamiento común en cuanto a la aplicación de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las empresas públicas en todo el territorio nacional.
En efecto, el legislador básico ha establecido sendas exclusiones, ambas referidas al personal laboral, en cuanto al ámbito de aplicación subjetivo de la regla general de reducción salarial del 5 por 100, en cómputo anual, de las retribuciones del personal del sector público respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010: de un lado, la reducción «no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre» (así lo dispone, también con carácter básico, el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010); de otro esa reducción salarial tampoco será de aplicación «al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación». La primera exclusión tiene carácter absoluto (en ningún caso se aplicará la regla general de reducción salarial del 5 por 100). La segunda, relativo (mediante la negociación colectiva los representantes de los trabajadores y de la empresa podrán acordar la aplicación de esa reducción salarial en el ámbito del sector público empresarial).
Ciertamente, no resulta difícil entender la razón de excluir al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional de la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual; la mayor vulnerabilidad económica de aquellos trabajadores del sector público puede justificar que se les excluya de la aplicación de una medida que impone un severo sacrificio salarial a sus destinatarios, sin que ello suponga la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) de quienes sí se ven afectados por la reducción salarial, pues el diferente trato retributivo se establece bien «en función del distinto vínculo entre los empleados públicos y la Administración (funcionarios y personal laboral)», bien en función del «régimen de progresividad que demanda la mayor o menor capacidad económica de los afectados» [AATC 179/2011, de 13 diciembre, FJ 7.a); y 180/2011, de 13 diciembre, FJ 7 a)].
En cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación», resulta que, con independencia de que tampoco esta exclusión determina la lesión del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) de quienes sí se ven afectados por la reducción salarial, al no existir «un término de comparación adecuado que permita fundar el juicio de igualdad» [AATC 179/2011, FJ 7 a); y 180/2011, FJ 7 a)], lo cierto es que en este caso no juega ningún papel la mayor o menor capacidad económica de los afectados, limitándose el legislador a deferir la cuestión a la autonomía de voluntad colectiva, lo que hace harto improbable, como resulta obvio, la aplicación de la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en el ámbito del sector público empresarial.
En cualquier caso, no debe olvidarse que el control de la constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por el Tribunal Constitucional de forma que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus opciones políticas. No le corresponde, pues, a este Tribunal revisar desde criterios técnicos o de mera oportunidad las decisiones adoptadas por el legislador (por todas, SSTC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 1; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 8; 222/2006, de 6 de julio, FJ 4; 13/2007, de 18 de enero, FJ 4; y 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4). El problema que le incumbe exclusivamente al Tribunal es el de determinar si la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 encuentra cobertura bastante en la competencia estatal ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE que permita confirmar su carácter materialmente básico, cuestión a la que ya hemos dado respuesta afirmativa, al constatar que esta disposición contribuye a la delimitación exacta del alcance de la medida de contención del gasto público contenida en la regla general del art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010, configurando un régimen jurídico de mínima y fundamental homogeneidad en cuanto a la aplicación de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio del Estado.
6. Afirmado el carácter formal y materialmente básico de la norma estatal de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) ha de afirmarse, igualmente, la contradicción entre aquella y la norma autonómica cuestionada.
La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 resulta taxativa en cuanto a la exclusión del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial del 5 por 100 prevista, con carácter general, para todos los empleados públicos, sin perjuicio de que pueda acordarse su aplicación por las partes mediante la negociación colectiva. Por su parte, el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de Cantabria, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, determina que con efectos de 1 de junio de 2010 las retribuciones del personal de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentarán una reducción del 5 por 100 del conjunto de las mismas, en cómputo anual, aplicando así de forma inmediata la regla de reducción salarial del 5 por 100 al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas cántabras.
De este modo, el precepto legal cuestionado se decanta por aplicar directamente a todo el personal del sector público de la Administración de Cantabria, incluido el personal laboral de las sociedades mercantiles públicas de esta Comunidad Autónoma, la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual que establece con carácter general el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010), obviando la excepción establecida en la disposición adicional novena del propio Real Decreto-ley 8/2010, que excluye de la aplicación de esa regla general de reducción salarial al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
La contradicción del precepto autonómico cuestionado con la previsión contenida en la norma básica de contraste (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) resulta así patente, sin que pueda ser salvada por vía interpretativa. En efecto, dados los claros términos en los que aparece redactada la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 (la reducción salarial del 5 por 100 «no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas … salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación»), no es posible interpretar, como postulan el Abogado del Estado y el Letrado del Gobierno de Cantabria, que la norma básica estatal (disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010) ha de entenderse como un mínimo obligatorio de reducción retributiva que las Comunidades Autónomas son libres de llevar más allá de acuerdo con su propia política de contención del déficit, tanto en la cuantía de la reducción, como en los sujetos afectados por ella. Dicho de otro modo, sugieren que la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 no vendría a prohibir la reducción salarial del 5 por 100 establecida como regla general, sino que simplemente no la establecería de forma imperativa, dejando un margen de disposición a las Comunidades Autónomas para que, en virtud de su autonomía financiera, decidan si extienden de forma inmediata (esto es, sin necesidad de que las partes acuerden la reducción salarial en la negociación colectiva, en su caso) al personal laboral no directivo de sus sociedades mercantiles esa reducción salarial.
En suma, esa interpretación de conformidad no es admisible porque contradice el enunciado de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010 y olvida que la medida estatal básica de contención del gasto público viene determinada en este caso, según hemos señalado, tanto por la regla general de reducción salarial prevista el en el art. 1.2 del Real Decreto-ley 8/2010 (que da nueva redacción al art. 22.2 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010) como por la excepción establecida en la disposición adicional novena del propio Real Decreto-ley 8/2010 para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, en tanto que esta disposición contribuye a precisar el alcance de la medida de contención del gasto consistente en la reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual. Tal interpretación impediría la plena efectividad de las determinaciones del legislador básico estatal, que ha querido establecer un trato homogéneo para el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas en todo el territorio nacional, disponiendo que a este personal no le sea directamente aplicable la regla general de reducción salarial del 5 por 100 en cómputo anual, sin perjuicio de que pueda pactarse la aplicación de esa reducción salarial mediante la negociación colectiva. Debe, pues, descartarse esa interpretación del precepto cuestionado.
7. De todo lo expuesto cabe concluir que el cuestionado apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, en tanto determina –en contra de lo dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010– que, con efectos de 1 de junio de 2010, el personal de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual, es contrario a lo dispuesto en una norma estatal que tiene la condición de básica, formal y materialmente, ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE. Lo que determina la consiguiente inconstitucionalidad y nulidad del precepto autonómico en cuestión.
Alcanzada esta conclusión resulta necesario pronunciarse acerca de la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad que, siguiendo en este punto la doctrina recogida –entre otras muchas– en las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11, 180/2000, de 29 de junio, FJ 7, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, no solo habrá de preservar la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art.9.3 CE), se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes.
En fin, habiendo sido declarada la inconstitucionalidad y nulidad del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria, en su redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por vulnerar el orden constitucional de distribución de competencias, ello nos exime de pronunciarnos sobre las restantes vulneraciones que el órgano judicial imputa a dicho precepto.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, en los términos y con los efectos establecidos en el fundamento jurídico 7 de esta Sentencia.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. | Ministerio de Transportes ordena la compra 5 millones de mascarillas para transportistas, taxistas, personal de aeropuertos y conductores de bus y tren. | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3460-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El día 16 de junio de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal oficio del Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, al que se acompaña, junto con el testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, el Auto del referido órgano judicial de 6 de junio de 2011 por el que se acuerda plantear ante cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por la posible vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE.
2. Los hechos de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
a) Ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander se sigue procedimiento de conflicto colectivo núm. 85-2011, en virtud de sendas demandas formuladas por la representación del Sindicato Independiente de Empleados Públicos, frente a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria y la sección sindical de Comisiones Obreras en dicha empresa, así como por la representación del sindicato Comisiones Obreras de Cantabria frente a la citada sociedad y a la sección sindical del Sindicato Independiente de Empleados Públicos. Ambas demandas, cuya acumulación fue acordada mediante Auto del Juzgado de 31 de marzo de 2011, tienen su origen en la decisión de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria de proceder a la regulación salarial de su personal en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, de modificación de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, por la que se trasladan al ámbito de dicha Comunidad Autónoma las previsiones contempladas en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
En el art. 1.2 de dicho Real Decreto-ley –que modifica el art. 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2010– se respeta el límite máximo de incremento salarial inicialmente previsto para el personal al servicio del sector público hasta el 31 de mayo de 2010 y se procede a aplicar, a partir del 1 de junio de 2010, una reducción de sus retribuciones del 5 por 100 en términos anuales respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Por su parte, en la disposición adicional novena del mismo Real Decreto-ley se excluye expresamente de la citada reducción salarial, en lo que aquí interesa, al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles públicas, «salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación».
En concreto, el precepto a aplicar en el proceso a quo resulta ser el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por el que se modifica el apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010. En este precepto se establece que, con efectos desde el 1 de junio de 2010, el personal, entre otros, de los organismos y entidades integrantes del sector público empresarial de la Administración de dicha Comunidad Autónoma experimentará una reducción del 5 por 100 del conjunto de sus retribuciones, en cómputo anual. Y ello, en contraposición a lo pactado en el II convenio colectivo del personal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, S.A., firmado el 16 de noviembre de 2010, que prevé un incremento salarial del 2 por 100 para el año 2009 y del 0,3 por 100 para el año 2010, y cuya aplicación pretenden los recurrentes.
b) Celebrado el juicio oral en el procedimiento de conflicto colectivo, fueron declarados los autos conclusos para sentencia y, mediante Auto de 19 de abril de 2011, el Juzgado, de conformidad con el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días alegaran lo que estimasen oportuno acerca de la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto del apartado cuatro del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por presunta vulneración de los arts. 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE. Tanto los demandantes como el Ministerio Fiscal manifestaron su conformidad con el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que la representación procesal de la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria se opuso al planteamiento de la cuestión, por entender que el precepto cuestionado no incurre en ninguna de las vulneraciones constitucionales
### RESUMEN: Ministerio de Transportes ordena la compra 5 millones de mascarillas para transportistas, taxistas, personal de aeropuertos y conductores de bus y tren. |
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
Además, de conformidad con el artículo 14.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establecerá las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
Asimismo, el transporte público de viajeros debe seguir desarrollándose, conforme a las distintas medidas adoptadas por este Ministerio en base al citado artículo 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 7 del citado Real Decreto.
Ambos tipos de transportes, de mercancías y de viajeros, deben desarrollarse, en todo caso, con la debida protección de la salud. Para ello, es necesario que el personal que desarrolle funciones relacionadas con dicho transporte y entrega de mercancías y productos, en estas circunstancias excepcionales, esté provisto de las debidas mascarillas.
Por otra parte, en el contexto de los efectos derivados de la rápida evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno está adoptando un conjunto de medidas que comprenden una amplia serie de actuaciones con un marcado carácter transversal y proporcionadas a la citada situación de emergencia sanitaria, que implican a todas las Administraciones Públicas con el objetivo prioritario de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud.
Entre las citadas medidas, el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, indica que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
En base a ello, fue aprobada la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a fin de permitir dotar a los distintos medios de transporte del material necesario para garantizar la adecuada protección al personal que presta sus servicios en el sector del transporte y que debe seguir desarrollando dicha actividad, de acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas que se van aprobando al amparo de la habilitación contenida en los artículos 4 y 14 del citado Real Decreto.
No obstante, la evolución de la epidemia está afectando de forma importante a España y a otros países de nuestro entorno. Así, de acuerdo con los datos disponibles y los informes de evaluación elaborados por las autoridades competentes, tal y como recoge la exposición de motivos del acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo de 2020, por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente por el citado Real Decreto. En este sentido, para garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad, el Consejo de Ministros estimó imprescindible prorrogar el estado de alarma declarado previamente, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, y a la vista de la solicitud comunicada mediante el referido acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo de 2020, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 25 de marzo, acordó autorizar la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En este contexto, se estima preciso ampliar el objeto de la medida aprobada por la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, incrementando el suministro en un máximo de 5.000.000 de mascarillas cuya adquisición se realizará de forma centralizada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Una vez adquirido el citado suministro, se procederá a su distribución con arreglo a los criterios de reparto establecidos en esta Orden y en las instrucciones aprobadas por la Directora General de Transporte Terrestre en el ejercicio de la habilitación prevista en la disposición final primera de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo.
Por ello, al amparo de la habilitación contenida en los artículos 4 y 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispongo:
Artículo 1. Adquisición de mascarillas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana procederá a adquirir de forma centralizada un máximo de 5.000.000 de mascarillas protección FFP2 con objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte, con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19.
2. Dicha adquisición se realizará a favor de los destinatarios que se indican en el siguiente artículo y conforme al procedimiento regulado en el artículo 3 de esta Orden.
Artículo 2. Destinatarios finales de dicha adquisición.
Las mascarillas serán adquiridas para su posterior distribución al personal que presta sus servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, según los criterios indicados con carácter general por el Ministerio de Sanidad, distribuyéndose a los trabajadores relacionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de viajeros y de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.
En el ámbito del transporte por carretera, se incluye en esta Orden el transporte público de viajeros, tanto en vehículos de turismo como en vehículos de más de nueve plazas, lo que implica, transportes regulares de viajeros de uso general, regulares de uso especial, discrecionales en autobús, taxis y arrendamiento de vehículo con conductor, tanto de competencia estatal, como autonómica o local. Además, el transporte por carretera en esta Orden incluye el transporte público de mercancías realizado por empresas autorizadas.
La distribución concreta entre los destinatarios se realizará teniendo en cuenta las necesidades derivadas de la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el momento de la recepción del suministro, los criterios indicados por el Ministerio de Sanidad y de acuerdo con las instrucciones aprobadas por la Directora General de Transporte Terrestre en el ejercicio de la habilitación prevista en la disposición final primera de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Artículo 3. Procedimiento de adquisición.
1. La adquisición será realizada de forma centralizada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la tramitación de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. La financiación de dicha adquisición será realizada en los términos indicados en el artículo 5.
Artículo 4. Entrega y recepción.
Tras su entrega en el lugar indicado en contrato, se procederá a efectuar un acto formal y positivo de recepción del suministro.
La empresa suministradora sólo tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos.
Artículo 5. Financiación.
1. La entidad pública empresarial que llevará a cabo la adquisición, abonará a la empresa suministradora el importe correspondiente a las mascarillas que sean recibidas de conformidad de acuerdo con el artículo 4, emitiéndose por la empresa una factura por el importe de este material.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, con posterioridad al pago previsto en el mismo, se procederá a compensar a la entidad pública empresarial por el importe abonado, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Cada una de las entidades del sector público estatal, autonómico y local que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, sean destinatarias de parte del suministro, financiará el importe que le corresponda en función del número de mascarillas que le sean adjudicadas, abonándoselo al ente público empresarial ADIF.
b) El importe correspondiente a las mascarillas entregadas al resto de destinatarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente orden, se financiará por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo al crédito presupuestario que se habilite expresamente a tal fin. A tales efectos, ADIF remitirá los documentos justificativos relativos a las autorizaciones aprobadas por la Dirección General de Transportes Terrestres y la documentación justificativa de la entrega al designado para su recepción, de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el citado órgano en el ejercicio de la habilitación prevista en la disposición final primera de la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo.
Disposición final única. Vigencia.
Esta Orden será de aplicación desde su comunicación al ente público ADIF-Alta Velocidad.
Madrid, 26 de marzo de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco. | Convocadas subvenciones para "promover la cultura de Defensa" de 2017 con una cuantía de 136.934 euros. | De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
Además, de conformidad con el artículo 14.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana establecerá las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
Asimismo, el transporte público de viajeros debe seguir desarrollándose, conforme a las distintas medidas adoptadas por este Ministerio en base al citado artículo 14 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 7 del citado Real Decreto.
Ambos tipos de transportes, de mercancías y de viajeros, deben desarrollarse, en todo caso, con la debida protección de la salud. Para ello, es necesario que el personal que desarrolle funciones relacionadas con dicho transporte y entrega de mercancías y productos, en estas circunstancias excepcionales, esté provisto de las debidas mascarillas.
Por otra parte, en el contexto de los efectos derivados de la rápida evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno está adoptando un conjunto de medidas que comprenden una amplia serie de actuaciones con un marcado carácter transversal y proporcionadas a la citada situación de emergencia sanitaria, que implican a todas las Administraciones Públicas con el objetivo prioritario de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, garantizar el abastecimiento y la entrega de productos adquiridos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud.
Entre las citadas medidas, el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, indica que la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
En base a ello, fue aprobada la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a fin de permitir dotar a los distintos medios de transporte del material necesario para garantizar la adecuada protección al personal que presta sus servicios en el sector del transporte y que debe seguir desarrollando dicha actividad, de acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas que se van aprobando al amparo de la habilitación contenida en los artículos 4 y 14 del citado Real Decreto.
No obstante, la evolución de la epidemia está afectando de forma importante a España y a otros países de nuestro entorno. Así, de acuerdo con los datos disponibles y los informes de evaluación elaborados por las autoridades competentes, tal y como recoge la exposición de motivos del acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo de 2020, por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente por el citado Real Decreto. En este sentido, para garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad, el Consejo de Ministros estimó imprescindible prorrogar el estado de alarma declarado previamente, así como la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, y a la vista de la solicitud comunicada mediante el referido acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo de 2020, el Congreso de los Diputados, en su sesión del 25 de marzo, acordó autorizar la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En este contexto, se estima preciso ampliar el objeto de la medida aprobada por la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, incrementando el suministro en un máximo
### RESUMEN: Convocadas subvenciones para "promover la cultura de Defensa" de 2017 con una cuantía de 136.934 euros. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 3 de marzo de 2016, ha acordado adscribir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al magistrado Miguel Ángel Gimeno Jubero, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del Tribunal que hubiere elegido. Tendrá preferencia, además, durante los tres años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que debe proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.
Madrid, 3 de marzo de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. | Industria autoriza a Enagás la construcción del gasoducto Villalba-Tuy entre A Coruña, Lugo y Pontevedra | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 3 de marzo de 2016, ha acordado adscribir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al magistrado Miguel Ángel Gimeno Jubero, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del Tribunal que hubiere elegido. Tendrá preferencia, además, durante los tres años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que debe proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.
Madrid, 3 de marzo de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
### RESUMEN: Industria autoriza a Enagás la construcción del gasoducto Villalba-Tuy entre A Coruña, Lugo y Pontevedra |
La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de marzo de 1994, otorgó a «Enagás, S.A.», concesión administrativa para el servicio público de conducción y suministro de gas natural para usos industriales a través del gasoducto que discurriría por las provincias de Lugo, La Coruña, Pontevedra y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía de 24 de enero de 1996, se autorizó a «Enagás, S.A.», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto «Villalba-Tuy» en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra.
La empresa «Enagás, S.A.», de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, y en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, presentó solicitud de autorización administrativa para la construcción de las adendas 3 y 4 al proyecto del gasoducto «Villalba-Tuy» en la provincia de Pontevedra, comprendidas en el ámbito de la concesión administrativa antes citada, adjuntando los correspondientes proyectos técnicos de autorización de instalaciones. Las citadas adendas, que realizaban modificaciones puntuales al trazado, se elaboraron como consecuencia de los condicionantes impuestos por la construcción de infraestructuras y atendiendo las alegaciones solicitadas.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía de 16 de julio de 1997 («BOE» núm. 175, de 23 de julio de 1997) se autorizó a «Enagás, S.A.», la construcción de las instalaciones correspondientes a las adendas 3 y 4 al gasoducto «Villalba-Tuy», en la provincia de Pontevedra.
Dentro del objeto de la Adenda n.º 4 se incluía, entre otros extremos, la modificación de la ubicación de la Posición I-024 del gasoducto, que pasó a situarse en la finca denominada en el expediente PO-PR-173 PO, titularidad de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la Parroquia de Torneiros.
Por la representación legal de la referida Comunidad de Montes se impugnó la Resolución de 16 de julio de 1997 dando lugar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 14 de abril de 2004 que estima, en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha Comunidad al disponer «siendo esto así, procede la estimación del presente recurso con anulación de la resolución impugnada, retrotrayendo el expediente hasta el momento inmediatamente anterior a la resolución de 16 de julio de 1997 de la Dirección General de la Energía para que pueda oírse a la comunidad recurrente, dictando a continuación la resolución que resulte procedente».
La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de fecha 12 de febrero de 2008, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por «Enagás, S.A.», contra la Sentencia de 14 de abril de 2004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ésta deviene firme, versando el litigio sobre el referido cambio de ubicación de la posición I-024 a la finca PO-PR-173 PO.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de 14 de abril de 2004 «Enagás, S.A.», solicitó con fecha 1 de julio de 2011 ante esta Dirección General la retrotracción del expediente administrativo iniciado en su momento para la autorización de las adendas 3 y 4 al gasoducto «Villalba-Tuy», en la provincia de Pontevedra, al momento inmediatamente anterior a la Resolución procedente, dando trámite de audiencia en el mismo a la Comunidad de Montes de Mano Común de Torneiros.
Mediante escrito de 11 de noviembre de 2011 la Dirección General de Política Energética y Minas traslada la solicitud de «Enagás, S.A.», a la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en A Coruña para que se inicien los trámites correspondientes a la petición de informe a la Comunidad de Montes de acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
En su virtud, mediante oficio de 13 de febrero de 2012 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por parte de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, se trasladó una copia del proyecto de la Adenda n.º 4 al gasoducto «Villalba-Tuy» a la Comunidad de Montes, requiriéndole su conformidad u oposición a la autorización del referido proyecto. Dicha Comunidad muestra su oposición a la autorización alegando, entre otros motivos, la existencia de litispendencia, al existir una Sentencia firme en vía civil que ordena el desalojo de la parcela; la inexistencia de declaración de prevalencia de la utilidad pública para la ejecución del proyecto de gasificación de Galicia sobre la propia del monte vecinal y que el trámite del artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, no es suficiente para que la resolución de expropiación tenga efectividad.
Trasladado el escrito de oposición a «Enagás, S.A.», mediante escrito de 29 de marzo de 2012, la citada mercantil formula reparos a dicho escrito que, en síntesis, se refieren a que los pronunciamientos judiciales sobre el desalojo de la finca no son objeto del presente trámite de autorización; que la discrepancia sobre la prevalencia o no de la utilidad pública del proyecto de gasificación sobre la del monte ha adquirido carácter de cosa juzgada y que no procede más tramitación ni retrotracción de actuaciones que las contempladas en el fallo de la Sentencia de 14 de abril de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Con fecha 24 de abril de 2012 se trasladó a la Comunidad de Montes los reparos planteados por «Enagás, S.A.», requiriéndole conformidad u oposición a dicha contestación. Con fecha 16 de mayo de 2012, se recibe contestación de la Comunidad de Montes quien muestra su disconformidad con los reparos de «Enagás, S.A.», y manifiesta de nuevo su oposición a la autorización, dando así por concluido el trámite previsto en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.
En cuanto a las alegaciones presentadas y en relación al argumento sobre la existencia de litispendencia entre el pronunciamiento judicial en vía administrativa que exige retrotraer el expediente con el objeto de obtener una nueva resolución que permita la ocupación de la citada parcela y la sentencia, en vía civil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 31 de marzo de 2011, que ordena a «Enagás, S.A.», el desalojo de la parcela, no es aceptable por cuanto no concurre la triple identidad objetiva, subjetiva o causal requerida entre la resolución que se pretende revestida de tal eficacia y el procedimiento sobre el que pretende proyectarse.
Así, no existe en el plano subjetivo, en tanto el procedimiento civil que concluyó mediante la sentencia de 31 de marzo de 2011 se sustanció sin intervención de la Administración General del Estado, en la que no concurren con respecto a «Enagás, S.A.», ninguna de las condiciones que facultan la extensión de la eficacia subjetiva de la resolución judicial al amparo del artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por otro lado, tampoco se da la identidad objetiva o causal, ya que el citado procedimiento judicial no tuvo ni podía tener por objeto el pronunciamiento sobre la pertinencia de la autorización administrativa de la construcción de las adendas 3 y 4, pues esta es una cuestión estrictamente administrativa, y como tal, excluida del conocimiento de la jurisdicción civil.
En cuanto a la posible inexistencia de declaración de prevalencia de utilidad pública para la ejecución del Proyecto de Gasificación de Galicia sobre la del Monte Vecinal, por cuanto la declaración de prevalencia existente incluía en la relación de montes afectados los «Montes de Torneiros», pero no el «Monte Gándara de Torneiros y Cataboy» (monte donde se ubica la posición I-024), tampoco puede ser aceptada porque dicha cuestión ha sido resuelta definitivamente en la sentencia de 14 de abril de 2004, que ha ganado firmeza.
Por lo que respecta a la insuficiencia del trámite de audiencia contenido en el artículo 80 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y la necesidad de seguir el procedimiento establecido en el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 137/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, para que la resolución de expropiación que se dicte tenga efectividad, no puede admitirse por cuanto se considera que la exigencia de que se oyera a la Comunidad de Montes para que pudiera pronunciarse sobre los cambios en el trazado del gasoducto que comportaban la afectación de su titularidad ordenada en la referida sentencia de 14 de abril de 2004 ha quedado sobradamente colmada con el doble traslado conferido sin que a ello pueda obstar la efectiva ausencia de los concretos supuestos de aplicación del artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, atendiendo a que el artículo 65 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, consagra el principio de conversión de los actos viciados, al afirmar que «los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste».
A fin de minimizar las afecciones y los perjuicios que puedan producirse en la ejecución de las obras, se tomarán las medidas adecuadas por la empresa concesionaria del gasoducto y sus instalaciones auxiliares, además, una vez finalizadas las obras de tendido de canalizaciones, se restituirán los terrenos a su estado primitivo, así como vallas, conducciones y cualquier otra instalación que pudieran resultar afectadas a fin de que puedan seguir realizándose las mismas labores y fines a que se vienen dedicando actualmente las fincas afectadas, con las limitaciones derivadas de la seguridad y mantenimiento de las instalaciones.
Asimismo, consta en el expediente que se ha solicitado informe de los organismos competentes sobre determinados bienes públicos y servicios que resultan afectados por la mencionada conducción de gas natural, habiéndose recibido contestaciones de alguno de los mismos indicando las condiciones en que deben verificarse las afecciones correspondientes.
Por todo ello, se considera que se han respetado en la mayor medida posible los derechos particulares, los cuales han sido tenidos en cuenta haciéndolos compatibles con los aspectos técnicos y económicos respecto a las instalaciones.
Una vez concluido el referido trámite, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha emitido informe sobre el expediente relativo a la construcción de la instalaciones de las adendas 3 y 4 al proyecto de autorización de instalaciones del gasoducto de transporte «Villalba-Tuy», de acuerdo con lo previsto en los artículos 81.1, 84.5 y 97 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre; habiendo informado favorablemente los aspectos técnicos de la autorización solicitada y considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios para la retrotracción del expediente ordenada judicialmente, de acuerdo con el criterio de la Subdirección General de Hidrocarburos de practicar el trámite de audiencia según se define en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Asimismo, se advierte en el citado informe que no se ha alcanzado la conformidad prevista en el artículo 80.4 del citado Real Decreto 1434/2002 por cuanto la Comunidad de Montes persiste en su oposición a la autorización solicitada.
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural («BOE» núm. 215, de 7 de septiembre de 2001); el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista («BOE» núm. 78, de 31 de marzo de 2012); y la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificada por Órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente); la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de marzo de 1994, por la que se otorgó a «Enagás, S.A.», concesión administrativa para el servicio público de conducción y suministro de gas natural para usos industriales mediante un gasoducto que discurrirá por las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; la Resolución de la Dirección General de la Energía de 24 de enero de 1996, por la que se autoriza a «Enagás, S.A.», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado «Villalba-Tuy» en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra, y la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 26 de marzo de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad en las autorizaciones y concesiones otorgadas a la empresa «Enagás, S. A.», a favor de «Enagás Transporte, S.A.U.».
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero.
Otorgar a la empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a las adendas 3 y 4 al gasoducto de transporte primario de gas natural denominado «Villalba-Tuy.»
Segundo.
Se reconoce la utilidad pública de las instalaciones autorizadas en el anterior epígrafe Primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, a los efectos previstos en el Título II de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación, imposición de servidumbre de paso y limitaciones de dominio necesarias para el establecimiento de las instalaciones.
Los bienes y derechos afectados por esta autorización de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública y el alcance de las afecciones son los que se indican en el proyecto técnico.
Tercero.
La presente resolución sobre construcción de las instalaciones referidas se otorga al amparo de lo dispuesto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; y con sujeción a las condiciones que figuran a continuación:
1. La empresa «Enagás, S.A.», deberá cumplir, en todo momento, en relación con las adendas 3 y 4 al gasoducto denominado «Villalba-Tuy» cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de aplicación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como, en las disposiciones legislativas relativas al régimen de ordenación del territorio; y en la Orden de 1 de marzo de 1994, por la que se otorgó a «Enagás, S.A.», concesión administrativa para el servicio público de conducción y suministro de gas natural para usos industriales mediante un gasoducto que discurriría por las provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
2. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con los documentos técnicos denominados «Gasificación del noroeste. Gasoducto de transporte. Provincia de Pontevedra; proyecto de autorización de instalaciones Addenda 3» y «Gasificación del noroeste. Provincia de Pontevedra. Proyecto de autorización de instalaciones Addenda 4» presentados por «Enagás, S.A.», en esta Dirección General de Política Energética y Minas y en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Las modificaciones incluidas en los citados proyectos son las siguientes:
Adenda 3: Afecta al término municipal de Caldas de Reis, con el objeto del suministro de gas natural a diversas industrias en Caldas de Reis, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa, se considera necesaria la construcción de la posición I-020-A, con su correspondiente estación de regulación y medida G-250, que será el inicio del trazado de la red de Vilagarcía de Arousa.
Adenda 4: Con un incremento de la longitud de 189 metros lineales sobre el trazado original, afecta a los siguientes términos municipales:
– Pazos de Borbén: Se modifica el trazado en dos zonas:
1) Entre los vértices VP-154-A y VP-154-C, para minimizar la afección a la zona del SAU 2, rodeando la conducción.
2) Entre los vértices VP-161-A y VP-161-B, acercándose la conducción al oleoducto existente y discurriendo paralelo al mismo.
– Mos: Se modifica el trazado inicial en dos zonas:
1) Entre los vértices VP-176-A y VP-176-C, cruzando la nueva conducción al oleoducto anteriormente citado, a un cable anódico de la estación de protección catódica número 3 del mismo y la carretera N-550.
2) Entre los vértices VP-180-A y VP-182, motivada por las explanaciones que afectan al trazado inicial junto a la carretera del aeropuerto.
– O Porriño: Se modifica la ubicación inicial de la posición I-024, cuyo camino de acceso se incrementa en 45 metros y como consecuencia de dicha variación la acometida eléctrica a la citada posición disminuye 134 metros.
La tubería será de acero al carbono API 5LX-65, con diámetro de 20’’ para el gasoducto, dotada de revestimiento externo e interno y de protección catódica. La tubería irá enterrada normalmente a un mínimo de 1 metro de profundidad sobre su generatriz superior.
El presupuesto de las instalaciones descritas en la provincia de Pontevedra asciende a la cantidad total de 207.097,34 euros, de los cuales 170.480,40 euros corresponden a la adenda 3 y 36.617,34 euros a la adenda 4.
3. Los cruces especiales y otras afecciones del gasoducto «Villalba-Tuy» a bienes de dominio público, se realizarán de conformidad a los condicionados señalados por los organismos competentes afectados.
4. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos básicos y a las características de las instalaciones previstas en los proyectos técnicos anteriormente citados, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.
5. En el diseño, construcción y explotación de las instalaciones de las adendas 3 y 4 del gasoducto denominado «Villalba-Tuy» se deberán observar los preceptos técnicos y disposiciones establecidos en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
La construcción de las instalaciones comprendidas en los proyectos así como sus elementos técnicos, materiales y equipos e instalaciones complementarias deberán ajustarse a los correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las disposiciones reglamentarias y normativa técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.
Asimismo, las instalaciones anteriormente citadas así como las instalaciones complementarias y auxiliares del gasoducto que pueda ser necesario establecer, deberán cumplir las prescripciones contenidas en las reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les sean de aplicación, las cuales serán legalizadas, en su caso, por la Dependencia del Áreas de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, de acuerdo con su reglamentación específica, cuando las competencias administrativas no hayan sido asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.
6. Los cruces especiales y otras afecciones de las instalaciones a bienes de dominio público y a instalaciones de servicios se realizarán de conformidad a los condicionados señalados por los Organismos y entidades competentes, así como por empresas de servicio público o de servicios de interés general, que resultan afectados por la construcción de las instalaciones relativas a los proyectos de las adendas 3 y 4 al gasoducto denominado «Villalba-Tuy».
7. El plazo máximo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones que se autorizan será de veinticuatro meses, a partir de la fecha de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la extinción de esta autorización administrativa, salvo prórroga por causas justificadas.
8. Para introducir ampliaciones y modificaciones en las instalaciones cuya construcción se autoriza, que afecten a los datos fundamentales o a las características técnicas básicas de las instalaciones previstos en el proyecto técnico anteriormente citado, será necesario obtener autorización administrativa y aprobación del proyecto de detalle de las instalaciones de esta Dirección General de Política Energética y Minas, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
9. La ejecución de las obras correspondientes a los proyectos de las Adendas 3 y 4 al gasoducto «Villalba-Tuy», a que se refiere la presente resolución, será llevada a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad de la empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», quien deberá designar antes del inicio de las mencionadas obras, como director de las mismas, a un técnico competente que se acreditará ante la Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
10. La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, podrá efectuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que estimen oportunas en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sea de aplicación.
A tal efecto, «Enagás Transporte, S.A.U.», deberá comunicar, con la debida antelación, a la citada Dependencia del Área de Industria y Energía, las fechas de inicio de las obras, así como las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones.
11. La empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», deberá dar cuenta de la terminación de las instalaciones a la Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
A la solicitud del acta de puesta en servicio de las instalaciones, el peticionario deberá acompañar, por duplicado, la siguiente documentación:
a) Certificado final de obra, firmado por técnico competente, en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado por «Enagás Transporte, S.A.U.», en las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, y con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.
b) Certificación final de las Entidades o Empresas encargadas de la supervisión y control de la construcción de las instalaciones, en la que se explicite el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las instalaciones.
c) Documentación e información técnica regularizada, en su caso, sobre el estado final de las instalaciones a la terminación de las obras.
12. La Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de las instalaciones, remitiendo copia de las correspondientes actas de puesta en servicio, así como de los documentos indicados en los puntos a), b) y c) de la condición anterior.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema del gas natural («Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 2010), las actas de puesta en servicio de las instalaciones de transporte de gas natural deberán incluir, debidamente completadas, las tablas incluidas en el anexo de la citada orden, formando parte integrante del propio acta.
13. La empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», una vez finalizada la construcción de las instalaciones, deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las fechas de inicio de las actividades de conducción y de suministro de gas natural. Asimismo, deberá remitir a esta Dirección General de Política Energética y Minas, a partir de la fecha de inicio de sus actividades, la información periódica, que reglamentariamente se determine, sobre sus actividades, incidencias y estado de las instalaciones en el ámbito del gasoducto a que se refiere la presente resolución, así como aquella otra documentación complementaria que se le requiera.
14. La empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», deberá mantener una correcta conducción del gas en las instalaciones comprendidas en el ámbito de la presente Autorización, así como una adecuada conservación de las mismas y un eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación de averías y, en general, deberá adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y seguridad de las personas y bienes, siendo responsable de dicha conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones.
15. La empresa «Enagás Transporte, S.A.U.», por razones de seguridad, defensa y garantía del suministro de gas natural deberá cumplir las directrices que señale el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en relación con sus instalaciones, mantenimiento de la calidad de sus productos y facilitación de información, así como de prioridad en los suministros por razones estratégicas o dificultad en los aprovisionamientos.
16. Las instalaciones relativas al citado gasoducto de transporte primario de gas natural estarán sujetas al régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado en el sector de gas natural, y demás normativa de aplicación y desarrollo de las citadas disposiciones.
Las retribuciones económicas consecuentes del desarrollo de las actividades del citado gasoducto, serán las fijadas de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero («BOE» núm. 55, de 4 de marzo de 2008), por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008; a cuyo efecto, la inversión correspondiente tendrá la condición de inversión de carácter no singular, según lo previsto en el artículo 4 «Reconocimiento de inversiones» de dicho real decreto.
El presupuesto de las instalaciones del gasoducto, indicado en la condición segunda de la presente Resolución, no supone reconocimiento de la inversión como costes liquidables a efectos de la retribución de los activos.
17. Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, autonómica o de otros organismos y entidades necesarias para la realización de las obras de las instalaciones referidas en la anterior condición segunda, o en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Madrid, 4 de marzo de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas. | La energía para las luces de este año de la Feria de Abril de Sevilla la pone Endesa por un importe total de 239655,58 euros. | La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de marzo de 1994, otorgó a «Enagás, S.A.», concesión administrativa para el servicio público de conducción y suministro de gas natural para usos industriales a través del gasoducto que discurriría por las provincias de Lugo, La Coruña, Pontevedra y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía de 24 de enero de 1996, se autorizó a «Enagás, S.A.», la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto «Villalba-Tuy» en las provincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra.
La empresa «Enagás, S.A.», de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, y en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, presentó solicitud de autorización administrativa para la construcción de las adendas 3 y 4 al proyecto del gasoducto «Villalba-Tuy» en la provincia de Pontevedra, comprendidas en el ámbito de la concesión administrativa antes citada, adjuntando los correspondientes proyectos técnicos de autorización de instalaciones. Las citadas adendas, que realizaban modificaciones puntuales al trazado, se elaboraron como consecuencia de los condicionantes impuestos por la construcción de infraestructuras y atendiendo las alegaciones solicitadas.
Por Resolución de la Dirección General de la Energía de 16 de julio de 1997 («BOE» núm. 175, de 23 de julio de 1997) se autorizó a «Enagás, S.A.», la construcción de las instalaciones correspondientes a las adendas 3 y 4 al gasoducto «Villalba-Tuy», en la provincia de Pontevedra.
Dentro del objeto de la Adenda n.º 4 se incluía, entre otros extremos, la modificación de la ubicación de la Posición I-024 del gasoducto, que pasó a situarse en la finca denominada en el expediente PO-PR-173 PO, titularidad de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de la Parroquia de Torneiros.
Por la representación legal de la referida Comunidad de Montes se impugnó la Resolución de 16 de julio de 1997 dando lugar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 14 de abril de 2004 que estima, en parte, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha Comunidad al disponer «siendo esto así, procede la estimación del presente recurso con anulación de la resolución impugnada, retrotrayendo el expediente hasta el momento inmediatamente anterior a la resolución de 16 de julio de 1997 de la Dirección General de la Energía para que pueda oírse a la comunidad recurrente, dictando a continuación la resolución que resulte procedente».
La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de fecha 12 de febrero de 2008, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por «Enagás, S.A.», contra la Sentencia de 14 de abril de 2004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ésta deviene firme, versando el litigio sobre el referido cambio de ubicación de la posición I-024 a la finca PO-PR-173 PO.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de 14 de abril de 2004 «Enagás, S.A.», solicitó con fecha 1 de julio de 2011 ante esta Dirección General la retrotracción del expediente administrativo iniciado en su momento para la autorización de las adendas 3 y 4 al gasoducto «Villalba-Tuy», en la provincia de Pontevedra, al momento inmediatamente anterior a la Resolución procedente, dando trámite de audiencia en el mismo a la Comunidad de Montes de Mano Común de Torneiros.
Mediante escrito de 11 de noviembre de 2011 la Dirección General de Política Energética y Minas traslada la solicitud de «Enagás, S.A.», a la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en A Coruña para que se inicien los trámites correspondientes a la petición de informe a la Comunidad de Montes de acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
En su virtud, mediante oficio de 13 de febrero de 2012 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por parte de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, se trasladó una copia del proyecto de la Adenda n.º 4 al gasoducto «Villalba-Tuy» a la Comunidad de Montes, requiriéndole su conformidad u oposición a la autorización del referido proyecto. Dicha Comunidad muestra su oposición a la autorización alegando, entre otros motivos, la existencia de litispendencia, al existir una Sentencia firme en vía civil que ordena el desalojo de la parcela; la inexistencia de declaración de prevalencia de la utilidad pública para la ejecución del proyecto de gasificación de Galicia sobre la propia del monte vecinal y que el trámite del artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, no es suficiente para que la resolución de expropiación tenga efectividad.
Trasladado el escrito de oposición a «Enagás, S.A.», mediante escrito de 29 de marzo de 2012, la citada mercantil formula reparos a dicho escrito que, en síntesis, se refieren a que los pronunciamientos judiciales sobre el desalojo de la finca no son objeto del presente trámite de autorización; que la discrepancia sobre la prevalencia o no de la utilidad pública del proyecto de gasificación sobre la del monte ha adquirido carácter de cosa juzgada y que no procede más tramitación ni retrotracción de actuaciones que las contempladas en el fallo de la Sentencia de 14 de abril de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Con fecha 24 de abril de 2012 se trasladó a la Comunidad de Montes los reparo
### RESUMEN: La energía para las luces de este año de la Feria de Abril de Sevilla la pone Endesa por un importe total de 239655,58 euros. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Fiestas Mayores.
c) Número de expediente:
2013/001137.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http//www.sevilla.org/perfildelcontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de energía eléctrica al recinto ferial y prestación de servicios asociados durante la preparación y funcionamiento de la Feria de 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09300000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE, BOE.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
207235,92.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 207235,92 euros. Importe total: 250755,46 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
07/03/2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
01/04/2014.
c) Contratista:
Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 198062,46 euros. Importe total: 239655,58 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Precio.
Sevilla, 24 de abril de 2014.- Jefa de Servicio de Fiestas Mayores. | Nombran subdirector de personal del Instituto de Artes Escénicas a Eduardo Fernández Palomare. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Fiestas Mayores.
c) Número de expediente:
2013/001137.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http//www.sevilla.org/perfildelcontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de energía eléctrica al recinto ferial y prestación de servicios asociados durante la preparación y funcionamiento de la Feria de 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09300000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE, BOE.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
207235,92.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 207235,92 euros. Importe total: 250755,46 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
07/03/2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
01/04/2014.
c) Contratista:
Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 198062,46 euros. Importe total: 239655,58 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Precio.
Sevilla, 24 de abril de 2014.- Jefa de Servicio de Fiestas Mayores.
### RESUMEN: Nombran subdirector de personal del Instituto de Artes Escénicas a Eduardo Fernández Palomare. |
Por Resolución de 22 de diciembre de 2014 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2015), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
De acuerdo con lo dispuestos en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos exigidos en la convocatoria, dispongo:
Resolver la referida convocatoria y nombrar a don Eduardo Fernández Palomares, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con NRP: 0290876235 A1111, como Subdirector General de Personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Madrid, 29 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Cultura, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz. | La directora del Museo de Escultura, nueva vocal del Real Patronato del Reina Sofía. Otros renuevan como vocales. | Por Resolución de 22 de diciembre de 2014 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2015), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
De acuerdo con lo dispuestos en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos exigidos en la convocatoria, dispongo:
Resolver la referida convocatoria y nombrar a don Eduardo Fernández Palomares, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con NRP: 0290876235 A1111, como Subdirector General de Personal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Madrid, 29 de enero de 2015.–El Secretario de Estado de Cultura, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sáinz.
### RESUMEN: La directora del Museo de Escultura, nueva vocal del Real Patronato del Reina Sofía. Otros renuevan como vocales. |
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta, ocho de los cuales, al menos, tendrán el carácter de natos y tres serán nombrados rotatoriamente por los gobiernos de las comunidades autónomas que tengan reconocidas en sus estatutos las competencias exclusivas en materia de cultura y que cuenten, al menos, con un centro dedicado a finalidades similares en ámbito y objeto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
El artículo 7.3 de la mencionada Ley establece que el resto de los vocales tendrá el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la Cultura y las Artes Plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Los vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado hasta dos veces por periodos de igual duración.
El artículo 6.2.b) del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone que tendrán la condición de vocales designados hasta un máximo de 20 vocales, y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con las artes plásticas que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Los vocales designados desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. El mandato podrá ser renovado hasta dos veces, por periodos de igual duración.
En su virtud, dispongo:
Primero.
Nombrar, por un período de tres años, a doña María Bolaños Atienza como vocal del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Segundo.
Renovar, por un período de tres años, a los siguientes vocales del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:
Don Miguel Ángel Cortés Martín.
Don José Capa Eiriz.
Doña Montserrat Aguer Teixidor.
Doña Zdenka Badovinac.
Don Marcelo Araújo.
Don Santiago de Torres Sanahuja.
Madrid, 24 de febrero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. | El TC admite a trámite el recurso de PSOE, IU; UPyD, PNV, CiU, CHA.. contra la no revalorización de las pensiones | De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Real Patronato está integrado por un mínimo de diecisiete vocales y un máximo de treinta, ocho de los cuales, al menos, tendrán el carácter de natos y tres serán nombrados rotatoriamente por los gobiernos de las comunidades autónomas que tengan reconocidas en sus estatutos las competencias exclusivas en materia de cultura y que cuenten, al menos, con un centro dedicado a finalidades similares en ámbito y objeto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
El artículo 7.3 de la mencionada Ley establece que el resto de los vocales tendrá el carácter de designados y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con la Cultura y las Artes Plásticas o que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Los vocales designados desempeñarán durante tres años su mandato, que podrá ser renovado hasta dos veces por periodos de igual duración.
El artículo 6.2.b) del Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone que tendrán la condición de vocales designados hasta un máximo de 20 vocales, y serán nombrados y separados por la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre personas de reconocido prestigio o competencia en asuntos relacionados con las artes plásticas que se hayan distinguido por sus servicios o ayudas al Museo. Los vocales designados desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. El mandato podrá ser renovado hasta dos veces, por periodos de igual duración.
En su virtud, dispongo:
Primero.
Nombrar, por un período de tres años, a doña María Bolaños Atienza como vocal del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Segundo.
Renovar, por un período de tres años, a los siguientes vocales del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:
Don Miguel Ángel Cortés Martín.
Don José Capa Eiriz.
Doña Montserrat Aguer Teixidor.
Doña Zdenka Badovinac.
Don Marcelo Araújo.
Don Santiago de Torres Sanahuja.
Madrid, 24 de febrero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.
### RESUMEN: El TC admite a trámite el recurso de PSOE, IU; UPyD, PNV, CiU, CHA.. contra la no revalorización de las pensiones |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1114-2013, promovido por más de cincuenta Diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; Vasco (EAJ-PNV); Catalán (Convergència i Unió) y Unión Progreso y Democracia, del Congreso de los Diputados contra el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
Madrid, 12 de marzo de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Constitución de la nueva Fundación bancaria La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Dotación de 5.868 millones de euros en acciones. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1114-2013, promovido por más de cincuenta Diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; Vasco (EAJ-PNV); Catalán (Convergència i Unió) y Unión Progreso y Democracia, del Congreso de los Diputados contra el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
Madrid, 12 de marzo de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Constitución de la nueva Fundación bancaria La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Dotación de 5.868 millones de euros en acciones. |
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa», resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida como consecuencia del proceso de transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en Fundación Bancaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, siendo así acordado por la Asamblea General de la citada entidad reunida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2014, según consta en la escritura pública número 1.600, otorgada el 12 de junio de 2014, ante el notario del Ilustre Colegio de Cataluña, don Tomás Giménez Duart.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Barcelona, en la avenida Diagonal, números 621-629, código postal 08028, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: La dotación de la Fundación está compuesta por 23.168.578 acciones de Criteria CaixaHolding, S.A.U., números 1 a 23.168.578, ambos inclusive, cuya valoración asciende, aproximadamente, a la cantidad de cinco mil ochocientos sesenta y ocho (5.868) millones de euros, según consta en la tasación de fecha 28 de marzo de 2014, realizada por la entidad KPMG Asesores, S.L., con domicilio en Madrid, paseo de la Castellana 95, e incorporada a la escritura de constitución.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fin de la Fundación: el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales.
Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación bancaria queda compuesto por los siguientes patronos:
Don Salvador Alemany Mas, don Jaime Lanaspa Gatnau, don Francisco Javier Solana Madariaga, don Isidro Fainé Casas, doña Josefa Castellví Piulachs, don César Alierta Izuel, doña María Teresa Bassons Boncompte, don Alejandro García-Bragado Dalmau, don Javier Godó Muntañola, don Francesc Homs Ferret, don Juan José López Burniol, don Carlos Slim Helú, don Francisco Javier Ventura Ferrero designado por la Sociedad Económica Barcelonesa d’Amics del País; don Eugenio Gay Montalvo, designado por Cáritas Diocesana de Barcelona, y don Antonio Aguilera Rodríguez, designado por Cruz Roja Española.
Consta la aceptación del nombramiento por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución y documentos privados con firmas legitimadas notarialmente.
Sexto. Informe del Protectorado.
Por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el ejercicio de su competencia como Protectorado en virtud del artículo 45 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, se ha emitido informe relativo a la idoneidad de fines y adecuación y suficiencia de la dotación fundacional, siendo favorable a la inscripción de la citada Fundación bancaria.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que, atendida la inexistencia de Registro dependiente del Protectorado del Ministerio de Economía y Competitividad y una vez examinados los fines de la Fundación que pretende inscribirse, procede la inscripción de la Fundación bancaria en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa y su Patronato.
Madrid, 16 de junio de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. | Puerto del Rosario (Canarias) gasta 286.785,03 euros en montar sus festejos. | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa», resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida como consecuencia del proceso de transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en Fundación Bancaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, siendo así acordado por la Asamblea General de la citada entidad reunida en sesión ordinaria de 22 de mayo de 2014, según consta en la escritura pública número 1.600, otorgada el 12 de junio de 2014, ante el notario del Ilustre Colegio de Cataluña, don Tomás Giménez Duart.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Barcelona, en la avenida Diagonal, números 621-629, código postal 08028, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: La dotación de la Fundación está compuesta por 23.168.578 acciones de Criteria CaixaHolding, S.A.U., números 1 a 23.168.578, ambos inclusive, cuya valoración asciende, aproximadamente, a la cantidad de cinco mil ochocientos sesenta y ocho (5.868) millones de euros, según consta en la tasación de fecha 28 de marzo de 2014, realizada por la entidad KPMG Asesores, S.L., con domicilio en Madrid, paseo de la Castellana 95, e incorporada a la escritura de constitución.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fin de la Fundación: el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales.
Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación bancaria queda compuesto por los siguientes patronos:
Don Salvador Alemany Mas, don Jaime Lanaspa Gatnau, don Francisco Javier Solana Madariaga, don Isidro Fainé Casas, doña Josefa Castellví Piulachs, don César Alierta Izuel, doña María Teresa Bassons Boncompte, don Alejandro García-Bragado Dalmau, don Javier Godó Muntañola, don Francesc Homs Ferret, don Juan José López Burniol, don Carlos Slim Helú, don Francisco Javier Ventura Ferrero designado por la Sociedad Económica Barcelonesa d’Amics del País; don Eugenio Gay Montalvo, designado por Cáritas Diocesana de Barcelona, y don Antonio Aguilera Rodríguez, designado por Cruz Roja Española.
Consta la aceptación del nombramiento por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución y documentos privados con firmas legitimadas notarialmente.
Sexto. Informe del Protectorado.
Por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el ejercicio de su competencia como Protectorado en virtud del artículo 45 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, se ha emitido informe relativo a la idoneidad de fines y adecuación y suficiencia de la dotación fundacional, siendo favorable a la inscripción de la citada Fundación bancaria.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que, atendida la inexistencia de Registro dependiente del Protectorado del Ministerio de Economía y Competitividad y una vez examinados los fines de la Fundación que pretende inscribirse, procede la inscripción de la Fundación bancaria en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «La Caixa y su Patronato.
Madrid, 16 de junio de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
### RESUMEN: Puerto del Rosario (Canarias) gasta 286.785,03 euros en montar sus festejos. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Calle Fernández Castañeyra, n.º 2.
3) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
4) Teléfono:
928850110
5) Telefax:
928850227
6) Correo electrónico:
contratacion@puertodelrosario.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.puertodelrosario.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
En el plazo de 52 días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.
d) Número de expediente:
CS 07/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio de Puerto del Rosario y suministro de los materiales necesarios para la prestación del servicio.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Puerto del Rosario.
2) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Un año.
f) Admisión de prórroga:
Dos prórrogas de seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
50232100-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Mejoras sobre las prestaciones obligatorias (50), Oferta económica para el servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontaje de festejos y actos populares ( 25), Oferta de los precios unitarios de treinta bienes a suministrar (5), Calidad técnica y coherencia del plan de gestión del servicio (15), Mejoras encaminadas al ahorro energético (5).
4. Valor estimado del contrato:
536.046,78 €, excluido IGIC.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 268.023,39 euros. Importe total: 286.785,03 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo P, Subgupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos:
Ver pliego de clausulas adminsitrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de julio de 2013.
b) Modalidad de presentación:
Mediante documentos.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
2) Domicilio:
Calle Fernández Castañeyra, 2.
3) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
4) Dirección electrónica:
www.puertodelrosario.org.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses a contar desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio de Puerto del Rosario y suministro de los materiales necesarios para la prestación del servicio.
b) Dirección:
Calle Fernández Castañeyra, 2.
c) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario.
d) Fecha y hora:
Segundo día hábil transcurrido el plazo de licitación.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
6 de junio de 2013.
12. Otras informaciones:
La documentación podrá obtenerse en la página web del ayuntamiento de Puerto del Rosario (www.puertodelrosario.org).
Puerto del Rosario, 6 de junio de 2013.- La Concejala de Planificación, Organización, Contratación, Patrimonio y Obras, Francisca Pulido Alonso. | Orden que regula las bases de cotización a la seguridad social, entre otras cosas, para 2013. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Calle Fernández Castañeyra, n.º 2.
3) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
4) Teléfono:
928850110
5) Telefax:
928850227
6) Correo electrónico:
contratacion@puertodelrosario.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.puertodelrosario.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
En el plazo de 52 días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.
d) Número de expediente:
CS 07/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio de Puerto del Rosario y suministro de los materiales necesarios para la prestación del servicio.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Puerto del Rosario.
2) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Un año.
f) Admisión de prórroga:
Dos prórrogas de seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
50232100-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Mejoras sobre las prestaciones obligatorias (50), Oferta económica para el servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontaje de festejos y actos populares ( 25), Oferta de los precios unitarios de treinta bienes a suministrar (5), Calidad técnica y coherencia del plan de gestión del servicio (15), Mejoras encaminadas al ahorro energético (5).
4. Valor estimado del contrato:
536.046,78 €, excluido IGIC.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 268.023,39 euros. Importe total: 286.785,03 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo P, Subgupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos:
Ver pliego de clausulas adminsitrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de julio de 2013.
b) Modalidad de presentación:
Mediante documentos.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
2) Domicilio:
Calle Fernández Castañeyra, 2.
3) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario 35600.
4) Dirección electrónica:
www.puertodelrosario.org.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses a contar desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado público, montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio de Puerto del Rosario y suministro de los materiales necesarios para la prestación del servicio.
b) Dirección:
Calle Fernández Castañeyra, 2.
c) Localidad y código postal:
Puerto del Rosario.
d) Fecha y hora:
Segundo día hábil transcurrido el plazo de licitación.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
6 de junio de 2013.
12. Otras informaciones:
La documentación podrá obtenerse en la página web del ayuntamiento de Puerto del Rosario (www.puertodelrosario.org).
Puerto del Rosario, 6 de junio de 2013.- La Concejala de Planificación, Organización, Contratación, Patrimonio y Obras, Francisca Pulido Alonso.
### RESUMEN: Orden que regula las bases de cotización a la seguridad social, entre otras cosas, para 2013. |
El artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los trabajadores autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2013, facultando en su apartado diecisiete a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.
A dicha finalidad responde esta orden, mediante la cual se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2013. A través de ella no sólo se reproducen las bases y tipos de cotización reflejados en el texto legal citado, sino que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 110 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.
Por su parte, en materia de empleados de hogar, se introducen las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, que incorpora para el año 2013 una nueva escala de cotización (por contingencias comunes y profesionales), en función de las retribuciones mensuales, modificándose al efecto el número 2.º del apartado 2.a) de la disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Dicha escala es de aplicación preferente respecto a la contemplada en el artículo 113.cuatro.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Por otro lado, el citado Real Decreto-ley contempla la pérdida de los beneficios de cotización reconocidos por la legislación vigente a favor de los empleadores de hogar, en el supuesto en que los empleados de hogar que presten servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia.
También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2012, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto:
CAPÍTULO I
Cotización a la Seguridad Social
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 1. Determinación de la base de cotización.
1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:
Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.
Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2013. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.
Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquélla o superior a ésta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán las normas primera y segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario.
Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización.
1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de enero de 2013, de 3.425,70 euros mensuales.
2. A partir de la fecha indicada en el apartado 1, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 753 euros mensuales.
Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización.
Durante el año 2013, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/mes
Bases máximas
–
Euros/mes
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
1.051,50
3.425,70
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
872,10
3.425,70
3
Jefes Administrativos y de Taller
758,70
3.425,70
4
Ayudantes no Titulados
753,00
3.425,70
5
Oficiales Administrativos
753,00
3.425,70
6
Subalternos
753,00
3.425,70
7
Auxiliares Administrativos
753,00
3.425,70
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/día
Bases máximas
–
Euros/día
8
Oficiales de primera y segunda
25,10
114,19
9
Oficiales de tercera y Especialistas
25.10
114,19
10
Peones
25.10
114,19
11
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional
25.10
114,19
Artículo 4. Tipos de cotización.
A partir de 1 de enero de 2013, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes:
1. Para las contingencias comunes, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias.
La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.
La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará aplicando el tipo del 14,00 por 100, del que el 12,00 por 100 será a cargo de la empresa y el 2,00 por 100 a cargo del trabajador.
La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador.
Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, y en los casos de compatibilidad del subsidio por maternidad o paternidad con períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial.
1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o paternidad, aunque éstos supongan una causa de suspensión de la relación laboral.
2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad para determinar la base de cotización durante dicha situación.
Segunda. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad, o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes.
Tercera. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad. No obstante, y a fin de determinar la cotización que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter mensual.
4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización.
5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad o paternidad con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes:
a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al período de descanso.
b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada.
Artículo 7. Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración.
1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 106.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización establecido en el artículo 2.2 de esta orden.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las situaciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan instrucciones en relación con la cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo, suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria y plazo posesorio por cambio de destino.
Artículo 8. Base de cotización en la situación de desempleo protegido.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el artículo 211.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional, teniendo dicha base la consideración de base de contingencias comunes a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar será el equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.
3. La reanudación de la prestación por desempleo en los supuestos de suspensión del derecho supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los apartados anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
4. Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del artículo 210.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la indicada en el apartado 1 de este artículo, correspondiente al momento del nacimiento del derecho por el que se opta o, en su caso, las indicadas en el apartado 2 de este artículo, correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta.
5. Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los anteriores apartados cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
6. Durante la percepción de la prestación por desempleo que proviene del contrato para la formación y el aprendizaje, se aplicarán las normas establecidas en los apartados anteriores, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 2 en los que la cotización a la Seguridad Social se efectuará aplicando las cuotas únicas a que se refiere el artículo 44.1 y, en todo caso, lo previsto en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 9. Cotización en la situación de pluriempleo.
1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas:
a) Para las contingencias comunes:
Primera. El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 3.425,70 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
Segunda. Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne.
Tercera. La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará para su distribución la base mínima de superior cuantía.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
Primera. El tope máximo de la base de cotización, establecido en 3.425,70 euros mensuales, se distribuirá entre todas las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas.
Segunda. El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo.
Tercera. La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los límites que se le hayan asignado, según las normas anteriores.
2. En el supuesto de que uno de los empleos conlleve la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos indicados en el artículo 97.2.k) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 21.2 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, y en la disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del sistema de Seguridad Social, la distribución del tope máximo correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sólo se efectuará al objeto de determinar las cuotas correspondientes a las contingencias comúnmente protegidas por ambas modalidades de inclusión, así como los demás conceptos de recaudación conjunta. A tal fin, se efectuará una doble distribución del tope máximo de cotización citado, una de ellas para determinar la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para formación profesional, y la otra para determinar la cotización por desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial.
3. Los prorrateos indicados en los apartados anteriores se llevarán a cabo a petición de las empresas o trabajadores afectados o, en su caso, de oficio, por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones. La distribución así determinada tendrá efectos a partir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que se acredite la existencia de la situación de pluriempleo, salvo que se trate de períodos en los que hubiera prescrito la obligación de cotizar.
4. Las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o sus administraciones, de oficio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán rectificar la distribución entre las distintas empresas, efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado 1, cuando de acuerdo con dicha distribución se produzcan desviaciones en las bases de cotización resultantes.
Artículo 10. Cotización de los artistas.
1. A partir de 1 de enero de 2013, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas a que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, será de 3.425,70 euros mensuales.
El tope máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
2. Las bases de cotización a cuenta para determinar la cotización de los artistas, previstas en el artículo 32.5.b) del Reglamento general citado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de enero de 2013 y para todos los grupos de cotización, las siguientes:
Retribuciones íntegras
Euros/día
Hasta 389 euros
228,00
Entre 389,01 y 698,00 euros
288,00
Entre 698,01 y 1.167,00 euros
342,00
Mayor de 1.167,01 euros
456,00
Artículo 11. Cotización de los profesionales taurinos.
1. A partir de 1 de enero de 2013, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías de los profesionales taurinos a que se refiere el artículo 33.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social será de 3.425,70 euros mensuales.
El tope máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
2. Las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales por los profesionales taurinos, previstas en el artículo 33.5.b) del Reglamento general mencionado en el apartado anterior, serán, a partir de 1 de enero de 2013 y para cada grupo de cotización, las siguientes:
Grupo de cotización
Euros/día
1
1.057,00
2
973,00
3
730,00
7
436,00
Artículo 12. Cotización en el sistema especial para las tareas de manipulado y empaquetado de tomate fresco dentro del Régimen General.
La cuota por tonelada de tomate fresco empaquetado o fracción de 500 o más kilogramos queda fijada en 1,34 euros.
En los supuestos en que la cotización por tonelada a que se refiere el párrafo anterior resulte inferior al 55 por 100 del total de cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes, incluyendo la aportación de los trabajadores, las empresas vendrán obligadas a presentar ante la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente o administración de la misma los documentos acreditativos de las exportaciones realizadas, en la forma y con la periodicidad que determine la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Artículo 13. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Base de cotización por contingencias tanto comunes como profesionales durante los períodos de actividad:
1.1 A partir de 1 de enero de 2013, las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máxima y mínima:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas
–
Euros/mes
Bases máximas
–
Euros/mes
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
1.051,50
2.161,50
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
872,10
2.161,50
3
Jefes Administrativos y de Taller
758,70
2.161,50
4
Ayudantes no Titulados
753,00
2.161,50
5
Oficiales Administrativos
753,00
2.161,50
6
Subalternos
753,00
2.161,50
7
Auxiliares Administrativos
753,00
2.161,50
8
Oficiales de primera y segunda
753,00
2.161,50
9
Oficiales de tercera y Especialistas
753,00
2.161,50
10
Peones
753,00
2.161,50
11
Trabajadores menores de 18 años
753,00
2.161,50
Las empresas que opten por esta modalidad de cotización mensual deberán comunicar dicha opción a la Tesorería General de la Seguridad Social al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que determine dicho servicio común de la Seguridad Social.
Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que ésta determine.
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de, al menos, 30 días naturales consecutivos, la cotización se realizará con carácter proporcional a los días trabajados en el mes.
Esta modalidad de cotización mensual resultará de aplicación con carácter obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre estos a los que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter opcional.
1.2 A partir de 1 de enero de 2013, las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máxima y mínima:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Bases mínimas diarias de cotización
–
Euros/mes
Bases máximas diarias de cotización
–
Euros/mes
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores
45,72
93,98
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
37,92
93,98
3
Jefes Administrativos y de Taller
32,99
93,98
4
Ayudantes no Titulados
32,74
93,98
5
Oficiales Administrativos
32,74
93,98
6
Subalternos
32,74
93,98
7
Auxiliares Administrativos
32,74
93,98
8
Oficiales de primera y segunda
32,74
93,98
9
Oficiales de tercera y Especialistas
32,74
93,98
10
Peones
32,74
93,98
11
Trabajadores menores de 18 años
32,74
93,98
Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado 1.1 de este artículo.
2. En el año 2013, la base mensual de cotización aplicable para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial, durante los períodos de inactividad, será de 753 euros.
La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la siguiente fórmula:
C = [(n/N) – (jr x 1,304/N)]bc x tc
En la que:
C= Cuantía de la cotización.
n= Número de días en el Sistema Especial sin cotización por bases mensuales de cotización.
N= Número de días de alta en el Sistema Especial en el mes natural.
jr= Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales.
bc= Base de cotización mensual.
tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado 3.b).
En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero.
Cuando los trabajadores no figuren en alta en el Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes.
3. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial serán los siguientes:
a) Durante los períodos de actividad:
Para la cotización por contingencias comunes, respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por 100, siendo el 23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 21,10 por 100, siendo el 16,40 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por 100, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
4. Durante el año 2013 se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este Sistema Especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios.
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por 100.
En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por jornada real trabajada.
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por jornada realizada, se aplicará una reducción de 6,33 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 10,07 por 100.
2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el párrafo anterior, y hasta 2.161,50 euros mensuales o 93,98 euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas:
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:
Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:
No obstante la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 55,21 euros mensuales o 2,40 euros por jornada real trabajada.
5. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, en esta cotización el tipo resultante a aplicar será:
1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por 100, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por 100, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en el apartado a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
6. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este Sistema Especial, la base de cotización será la establecida en el artículo 8.
El tipo de cotización será el 11,50 por 100.
7. Con relación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3 del artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Artículo 14. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. A partir de 1 de enero de 2013, las bases de cotización por contingencias comunes a este Sistema Especial serán las determinadas en la escala siguiente, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.
Tramo
Retribución mensual incrementada
con la proporción de pagas extraordinarias
–
Euros/mes
Base de cotización
–
Euros/mes
1.º
Hasta 172,05
147,86
2.º
Desde 172,06 hasta 268,80
244,62
3.º
Desde 268,81 hasta 365,60
341,40
4.º
Desde 365,61 hasta 462,40
438,17
5.º
Desde 462,41 hasta 559,10
534,95
6.º
Desde 559,11 hasta 655,90
631,73
7.º
Desde 655,91 hasta 753,00
753,00
8.º
Desde 753,01
790,65
A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado, conforme a lo establecido en el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado.
2. Durante el año 2013, el tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 22,90 por 100, siendo el 19,05 por 100 a cargo del empleador y el 3,85 por 100 a cargo del empleado.
3. Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según el apartado 1, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
4. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, durante el ejercicio de 2013 será aplicable una reducción del 20 por 100 en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este Sistema Especial.
Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a un empleado de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 por 100 para familias numerosas, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Con efectos de 1 de abril de 2013, los beneficios en la cotización consistentes tanto en reducciones en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador, como en bonificaciones de cuotas a cargo del mismo, no serán de aplicación en los supuestos en que los empleados de hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2012, de 29 de diciembre, de mejora de la gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.
5. La base y el tipo de cotización por contingencias comunes aplicables al colectivo de empleados de hogar en situación de alta, procedentes del extinguido Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar y no integrados en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad social, serán los siguientes:
Base de cotización: 753,00 euros mensuales.
Tipo de cotización: 22 por 100.
Cuando, de conformidad con la normativa reguladora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, proceda la distribución del tipo de cotización señalado anteriormente, ésta se realizará de la siguiente forma: a cargo del empleador el 18,30 por 100 y del empleado de hogar el 3,70 por 100. Cuando el empleado de hogar preste sus servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores será de su exclusivo cargo el tipo de cotización señalado anteriormente.
Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre la base de cotización vigente, se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
La cotización por contingencias profesionales correrá a cargo exclusivamente del empleador, salvo cuando el empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, en cuyo caso será a cargo exclusivo de dicho empleado el pago de la cuota correspondiente.
Sección 2.ª Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos
Artículo 15. Bases y tipos de cotización.
A partir de 1 de enero de 2013, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes en este Régimen Especial serán los siguientes:
1. Tipos de cotización por contingencias comunes: el 29,80 por 100, o el 29,30 por 100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
No obstante, cuando el trabajador por cuenta propia o autónomo no tenga en dicho régimen la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por 100.
Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos IV quáter y IV quinquies, del título II, de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Bases de cotización:
2.1 Base mínima de cotización: 858,60 euros mensuales.
2.2 Base máxima de cotización: 3.425,70 euros mensuales.
3. La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2013, sean menores de 47 años de edad será la elegida por éstos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.
Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2012 haya sido igual o superior a 1.870,50 euros mensuales, o causen alta en este Régimen Especial.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2013, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 1.870,50 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.888,80 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2013, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.
4. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2013, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 925,80 y 1.888,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 858,60 y 1.888,80 euros mensuales.
No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años, tendrán las siguientes cuantías:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.870,50 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y 1.888,80 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.870,50 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 1 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.888,80 euros mensuales.
Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
5. Los trabajadores cuyo alta en este Régimen Especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este Régimen Especial.
6. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2013, 858,60 euros mensuales, o una base de cotización de 753,00 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán también elegir como base mínima de cotización durante el año 2013 la de 858,60 euros mensuales, o una base de cotización de 472,20 euros mensuales.
7. Lo previsto en el párrafo primero del apartado 6 será de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores.
En tales casos, en el supuesto en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una base de 858,60 euros mensuales, o una base de 472,20 euros mensuales.
La elección de bases de cotización prevista en el párrafo precedente también será de aplicación a las personas que se dediquen de forma individual a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior de ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas a que se refiere el apartado 9.
8. En los supuestos a los que se refieren los apartados 6 y 7, por tratarse de actividades exclusivas de venta, no están incluidos aquellos casos en los que, además, se fabrican o elaboran los productos objeto de venta.
9. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, sobre la misma base de cotización elegida por los interesados para contingencias comunes.
10. Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2012, respecto de contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 11.079,45 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por 100 del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por 100 de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.
La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses de 2013.
11. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2013, a una reducción del 50 por 100 de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida de conformidad con lo previsto en el apartado 7, el tipo de cotización aplicable de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.
12. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2012 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a cincuenta, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General que, para el año 2013, está fijada en 1.051,50 euros mensuales.
Artículo 16. Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. A partir de 1 de enero de 2013, las bases y tipos de cotización por contingencias comunes a este Sistema Especial serán las siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 858,60 euros mensuales y 1.030,20 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por 100.
Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a 1.030,20 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por 100.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será el 3,30 por 100, o el 2,80 por 100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará a lo dispuesto en el artículo 15.9.
En el supuesto de trabajadores que habiendo estado encuadrados en el Régimen Especial Agrario hayan pasado a incorporarse a este Sistema Especial y no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de invalidez y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización elegida el tipo del 1,00 por 100.
3. Igualmente, los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los capítulos IV quáter y IV quinquies, del título II, de la Ley General de la Seguridad Social.
Sección 3.ª Régimen especial de los trabajadores del mar
Artículo 17. Normas aplicables.
1. Lo previsto en los artículos 1 a 9 de este capítulo será de aplicación al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso y para la cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en la Orden de 22 de noviembre de 1974, por la que se determinan los coeficientes correctores de la base de cotización y la base reguladora para las prestaciones económicas de los grupos II y III del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, y de lo establecido para la cotización de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero, a los que se refiere el artículo 19.6 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto.
2. A partir de 1 de enero de 2013, el tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia será el 29,30 por 100 o el 29,80 por 100 si el interesado no está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
Sección 4.ª Régimen especial para la minería del carbón
Artículo 18. Peculiaridades en la cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo. Tal base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
2. La cotización por contingencias comunes, respecto de los trabajadores pertenecientes a categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tengan asignada la correspondiente base normalizada, y hasta que ésta se determine, se realizará en función de la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Este criterio será también de aplicación a los supuestos de categorías o especialidades profesionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse de nuevo.
3. La cotización en el convenio especial suscrito en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, se efectuará del siguiente modo:
3.1 Categorías o especialidades profesionales que tienen fijada base normalizada de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial.
En los supuestos señalados, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. La base inicial de cotización correspondiente al convenio especial será la base normalizada vigente en el momento de la suscripción del convenio para la categoría o especialidad profesional a la que pertenecía el trabajador. Las sucesivas bases de cotización serán equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejercicio económico, se fijen para la respectiva categoría o especialidad profesional.
Segunda. Si la base normalizada de la categoría o especialidad profesional de que se trate tuviese, en el ejercicio económico correspondiente, un importe inferior a la base del convenio especial, ésta permanecerá inalterada hasta que la base normalizada que se fije sea de una cuantía igual o superior a la del convenio especial.
Tercera. En el supuesto de que desaparezca la categoría o especialidad profesional a la que perteneció, en su momento, el trabajador que suscribió el convenio especial, la base de cotización del convenio especial podrá ser actualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo incrementarse dicha base, como máximo, en el porcentaje de variación de la base mínima de cotización en el Régimen General.
A partir del momento en que vuelva a fijarse la base normalizada de cotización para la categoría o especialidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, la base de cotización en el convenio especial será dicha base normalizada, sin perjuicio de lo señalado en la regla segunda.
3.2 Categorías o especialidades profesionales de nueva creación que no tienen fijada base normalizada en el momento de la suscripción del convenio especial.
En los supuestos indicados, la base de cotización, en el momento de suscripción del convenio especial, será la que resulte de aplicar el procedimiento establecido en el artículo 6.2.1.b) de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre. La base inicial así determinada será sustituida por la base normalizada que, para la categoría o especialidad profesional, se fije por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
4. A efectos de determinar la cotización por los pensionistas de incapacidad permanente, en los supuestos referidos en los artículos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, y cuando no exista base normalizada de cotización correspondiente a la categoría o especialidad profesional que ocupaban los pensionistas, en todos o en alguno de los períodos que han de tomarse en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación y a efectos de determinar las cantidades a deducir de la pensión de jubilación, se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. Se tendrá en cuenta como base de cotización y por los períodos indicados la base de cotización fijada para la categoría o especialidad profesional de que se trate, antes de su desaparición.
Segunda. La citada base de cotización se incrementará aplicándola el porcentaje de incremento que haya experimentado la base mínima de cotización en el Régimen General correspondiente al grupo de cotización en que estuviese encuadrada la categoría o especialidad profesional a las que perteneciese, en su momento, el trabajador.
5. A efectos del cálculo de las bases de cotización normalizadas, la Tesorería General de la Seguridad Social tomará los días trabajados y de alta que figuren en el Fichero General de Afiliación, según la información facilitada por las empresas del sector de acuerdo con las obligaciones que establece el Reglamento general de inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
Sección 5.ª Coeficientes reductores de la cotización aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia y a las empresas colaboradoras
Artículo 19. Coeficientes aplicables a las empresas excluidas de alguna contingencia.
Desde el 1 de enero de 2013, los coeficientes reductores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por las empresas excluidas de alguna contingencia serán los siguientes:
a) En las empresas excluidas de la contingencia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará el coeficiente 0,050, correspondiendo el 0,042 a la cuota empresarial, y el 0,008 a la cuota del trabajador.
b) En los supuestos a que se refiere el segundo inciso del primer párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, se aplicará el coeficiente 0,035, correspondiendo el 0,029 a la cuota empresarial y el 0,006 a la cuota a cargo del trabajador.
c) En el supuesto de exclusión de las contingencias de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, respecto a los funcionarios públicos y demás personal a que se refiere el artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, se aplicará el coeficiente 0,060, correspondiendo el 0,050 a la aportación empresarial y el 0,010 a la aportación del trabajador.
Artículo 20. Coeficientes aplicables a las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social.
Desde el día 1 de enero de 2013, el coeficiente reductor aplicable a las empresas autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en la modalidad prevista en el artículo 77.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será el 0,050 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración.
Artículo 21. Aplicación de los coeficientes reductores.
El importe a deducir de la cotización en los supuestos referidos en los artículos anteriores se determinará multiplicando por los coeficientes señalados o la suma de los mismos, en su caso, la cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las correspondientes bases de cotización.
Sección 6.ª Coeficientes aplicables para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial
Artículo 22. Coeficientes aplicables.
1. En el convenio especial se aplicarán, a partir de 1 de enero de 2013, los siguientes coeficientes:
a) Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, el 0,94.
b) Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, y servicios sociales, el 0,77.
c) En los supuestos de convenio especial suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 por trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario, el 0,77. Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1 de enero de 1998, en los indicados supuestos o durante la situación de alta especial motivada por huelga legal o cierre patronal, el 0,94.
d) En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación, que suscriban el convenio especial regulado por el artículo 24 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre:
Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,14.
Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,80.
Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1 de enero de 1998 o trajera su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa misma fecha, se aplicarán los siguientes coeficientes:
Por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, el 0,33.
Por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 0,40.
e) En los convenios especiales regulados por el Real Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los españoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condición de funcionarios o empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hubieren suscrito antes de 1 de enero de 2000, se aplicará el 0,77. A los suscritos con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación el 0,94.
f) En los supuestos de convenio especial suscrito por quienes pasen a prestar servicios en la Administración de la Unión Europea, para la cobertura de las prestaciones por incapacidad permanente, el 0,27.
g) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes, se aplicará el 0,77.
h) En los convenios especiales suscritos al amparo del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se aplicará el 0,77. Igualmente, se efectuará una cotización por formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20 por 100 de la base de cotización a que se refiere el artículo 4.1 del citado real decreto.
i) En los convenios especiales suscritos al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se aplicará el 0,77.
2. Para determinar la cotización en los supuestos señalados en el apartado anterior se calculará la cuota íntegra aplicando a la base de cotización que corresponda el tipo único de cotización vigente en el Régimen General, y el resultado obtenido se multiplicará por el coeficiente que en cada caso corresponda, constituyendo el producto que resulte la cuota a ingresar.
Sección 7.ª Coeficiente aplicable para determinar la cotización en supuestos de subsidio por desempleo de nivel asistencial
Artículo 23. Determinación del coeficiente.
Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de desempleo a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, se aplicará el coeficiente reductor 0,20, a deducir de la cuota íntegra resultante.
Sección 8.ª Financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal
Artículo 24. Determinación de la fracción de cuota.
1. La financiación de las funciones y actividades atribuidas a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores de las empresas asociadas que hayan optado por formalizar la cobertura con ellas se efectuará durante el año 2013 mediante la fracción de cuota a que se refiere el artículo 71.2 del Reglamento sobre colaboración de dichas entidades, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, aplicando el coeficiente del 0,05 sobre la cuota íntegra obtenida por dichas empresas como resultado de aplicar el tipo único vigente de cotización por contingencias comunes a las correspondientes bases de cotización. Dicho porcentaje será del 0,055 para aquellas mutuas que acrediten la insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales, todo ello en los términos que con la suficiente antelación se determinen por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, mediante resolución dictada al efecto y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La fracción de cuota prevista en el artículo 76.2 del Reglamento citado en el apartado anterior, que deben percibir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para la financiación de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, se fija para el ejercicio del año 2013 en el resultado de aplicar el tipo del 2,80 o del 3,30 por 100 a la correspondiente base de cotización, según se disponga o no de protección por cese de actividad.
Sección 9.ª Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social y empresas colaboradoras para el sostenimiento de los servicios comunes, y porcentaje para la determinación de la dotación de la reserva por cese de actividad
Artículo 25. Coeficientes y porcentaje aplicables.
1. Las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100.
La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.
2. Se fija en el 31,00 por 100 el coeficiente para determinar la cantidad que deben ingresar las empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en concepto de aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de solidaridad nacional.
El citado coeficiente se aplicará a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recaudadas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
3. El porcentaje a que se refiere el artículo 21.2.b) del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se fija en el 2,20 por 100.
Sección 10.ª Cotización a la seguridad social en supuestos especiales
Artículo 26. Incremento en la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos temporales de corta duración.
En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea inferior a siete días la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36,00 por 100. Dicho incremento no será de aplicación a los contratos de interinidad. Tampoco se aplicará en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Artículo 27. Cotización en los supuestos de abono de salarios con carácter retroactivo.
1. Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, como consecuencia de ellos, se realizará en los plazos señalados en el artículo 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a cuyo fin se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios correspondan.
2. De igual forma se liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantificación anticipada total o parcialmente, a efectos del prorrateo establecido en el artículo 1, a cuyo fin las empresas deberán formalizar una liquidación complementaria por las diferencias de cotización relativas a los meses del año ya transcurridos, e incrementar, en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes de ingresar durante el ejercicio económico del año 2013.
3. Las liquidaciones complementarias a que se refieren los apartados anteriores se confeccionarán con detalle separado de cada uno de los meses transcurridos.
Artículo 28. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas.
Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.
La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización.
Artículo 29. Cotización por los salarios de tramitación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación en los supuestos a que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de su derecho a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes a dichos salarios en los términos previstos en el artículo 57.2 de esta última ley, y en el Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, sobre reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios de despido y demás disposiciones complementarias.
El ingreso de las cuotas correspondientes se efectuará en el plazo previsto en el artículo 56.1.c), 4.º, del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social.
Artículo 30. Tipo de cotización en supuestos especiales.
1. El tipo de cotización por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en los supuestos a que se refiere el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será el 1,60 por 100, del que el 1,33 por 100 será a cargo de la empresa y el 0,27 por 100 a cargo del trabajador.
2. El tipo de cotización por incapacidad temporal en los supuestos a que se refiere la disposición adicional trigésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será el 3,30 ó 2,80 por 100, según proceda, para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el Sistema Especial a que se refiere el artículo 16 de esta orden.
3. En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional del 7,30 por 100, del que el 6,09 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,21 por 100 a cargo del trabajador.
4. En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional cuadragésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional del 6,80 por 100, del que el 5,67 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,13 por 100 a cargo del trabajador.
Artículo 31. Reducción de cotizaciones por contingencias profesionales. Valores límite y volumen de cotización aplicables al ejercicio 2012.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en el anexo de esta orden se fijan para el ejercicio 2012 los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cálculo del incentivo aplicable.
Para el ejercicio 2012 el volumen de cotización por contingencias profesionales a superar durante el período de observación, a que se refiere el mencionado artículo 4.4 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, será de 5.000 euros, conforme a lo previsto en el artículo 2.1.b) del citado real decreto.
CAPÍTULO II
Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional y por cese de actividad de los trabajadores autónomos
Artículo 32. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
1. La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas tales contingencias, a excepción de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuya base de cotización será determinada mediante orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En los supuestos de contratos para la formación y el aprendizaje, se estará a lo previsto en el artículo 44.
Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por horas extraordinarias, según dispone el artículo 211.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Los tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional serán, a partir de 1 de enero de 2013, los siguientes:
2.1 Desempleo:
2.1.1 Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento: 7,05 por 100, del que el 5,50 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador.
2.1.2 Contratación de duración determinada:
2.1.2.1 Contratación de duración determinada a tiempo completo: 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador.
2.1.2.2 Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 9,30 por 100, del que el 7,70 por 100 será a cargo del empresario y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador.
2.1.3 Transformación de la contratación de duración determinada en contratación de duración indefinida: Cuando el contrato de duración determinada, a tiempo completo o parcial, se transforme en un contrato de duración indefinida, se aplicará el tipo de cotización previsto en el apartado 2.1.1 desde el día de la fecha de la transformación.
2.1.4 Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas: Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, así como los socios de trabajo de las cooperativas, incluidos en regímenes de Seguridad Social que tienen prevista la cotización por desempleo, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.1.1, si el vínculo societario con la cooperativa es indefinido, y al tipo previsto en el apartado 2.1.2, si el vínculo societario con la cooperativa es de duración determinada.
2.1.5 Colectivos con una relación de servicios de carácter temporal con las administraciones, los servicios de salud o las fuerzas armadas: Los funcionarios de empleo de las administraciones públicas, el personal con nombramiento estatutario temporal de los servicios de salud, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería de las fuerzas armadas que mantienen una relación de servicios de carácter temporal cotizarán según lo previsto en el apartado 2.1.1, si esos servicios son de interinidad o sustitución, y según lo previsto en el apartado 2.1.2, si esos servicios son de carácter eventual.
2.1.6 Reconocimiento de discapacidad durante la vigencia del contrato de duración determinada: El tipo de cotización previsto en el apartado 2.1.2 se modificará por el establecido en el apartado 2.1.1 a partir de la fecha en que se reconozca al trabajador un grado de discapacidad no inferior al 33 por 100.
2.1.7 Representantes de comercio que presten servicios para varias empresas: A los representantes de comercio que presten servicios como tales para varias empresas les será de aplicación el tipo de cotización por desempleo que corresponda a cada contratación.
2.1.8 Internos que trabajen en talleres penitenciarios y menores: A los penados y menores que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y centros de internamiento les será de aplicación el tipo previsto en el apartado 2.1.1.
2.1.9 Cargos públicos y sindicales. Los cargos públicos y sindicales incluidos en el artículo 205.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cotizarán a los distintos tipos previstos en el apartado 2.1.2, según que su dedicación sea exclusiva a tiempo completo o parcial.
2.1.10 Reservistas. Los reservistas voluntarios, salvo cuando sean funcionarios de carrera, y los reservistas de especial disponibilidad, cuando sean activados para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, cotizarán al tipo previsto en el apartado 2.1.2.1.
2.2 Fondo de Garantía Salarial: el 0,20 por 100, a cargo de la empresa.
2.3 Formación Profesional: el 0,70 por 100, del que el 0,60 por 100 será a cargo de la empresa, y el 0,10 por 100 a cargo del trabajador.
Artículo 33. Bases y tipos de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
La cotización por la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en este Sistema Especial, se obtendrá aplicando a las bases de cotización establecidas en los apartados 1.1 y 1.2 del artículo 13, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda al trabajador, los siguientes tipos:
1. Desempleo:
Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo, el 7,05 por 100, del que el 5,50 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador.
Para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, el 8,30 por 100, del que el 6,70 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,60 por 100 a cargo del trabajador.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de contratos de duración determinada o celebrados con trabajadores discapacitados a los que se refiere el artículo 32.2.1.1, el tipo aplicable será el 7,05 por 100, del que el 5,50 por 100 será a cargo de la empresa y el 1,55 por 100 a cargo del trabajador.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado, durante el año 2013 se aplicará para todos los trabajadores en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural así como maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, cualquiera que sea el grupo en el que puedan encuadrarse, una reducción en la cuota a la cotización por desempleo equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
2. Fondo de Garantía Salarial: el 0,10 por 100, que será a cargo exclusivo de la empresa.
3. Formación Profesional: el 0,18 por 100, del que el 0,15 por 100 será a cargo de la empresa, y el 0,03 por 100 a cargo del trabajador.
Artículo 34. Normas aplicables para la cotización por desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, a la base de cotización por desempleo, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de esta orden, le será de aplicación los coeficientes correctores a los que se refieren el artículo 19.6 del texto refundido aprobado por el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y la Orden de 22 de noviembre de 1974, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 17 de esta orden.
Artículo 35. Bases y tipo de cotización para la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
1. La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y Sistema Especiales.
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad será la que corresponda al trabajador por cuenta propia incluido en el mismo, siéndole de aplicación los coeficientes correctores a los que se refieren el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y la Orden de 22 de noviembre de 1974.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación a los armadores de embarcaciones a que se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, excepto para los incluidos en el grupo I de dicho Régimen Especial, cuya base de cotización será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. Tanto en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, como en el Sistema Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad será la correspondiente a la base reguladora de la misma en los términos establecidos en el artículo 9.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario.
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad.
3. Durante el año 2013, el tipo de cotización para la protección por cese de actividad será del 2,20 por 100 a cargo del trabajador.
CAPÍTULO III
Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial
Artículo 36. Bases de cotización.
1. La cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se efectuará en razón de la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas en el mes que se considere.
2. Para determinar la base de cotización mensual correspondiente a las contingencias comunes se aplicarán las siguientes normas:
Primera. Se computará la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias en el mes a que se refiere la cotización, cualquiera que sea su forma o denominación, con independencia de que haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente.
Segunda. A dicha remuneración se adicionará la parte proporcional que corresponda en concepto de descanso semanal y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año 2013.
Tercera. Si la base de cotización mensual, calculada conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 37 o superior a las máximas establecidas con carácter general para los distintos grupos de categorías profesionales, se tomarán éstas o aquéllas, respectivamente, como bases de cotización.
3. Para determinar la base de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, se computará, asimismo, la remuneración correspondiente a las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor realizadas, teniéndose en cuenta las normas primera y segunda del apartado anterior. En ningún caso, la base así obtenida podrá ser superior, a partir de 1 de enero de 2013, al tope máximo señalado en el artículo 2.1 ni inferior a 4,54 euros por cada hora trabajada.
Con independencia de su inclusión en la base de cotización por desempleo, en el cálculo de la base reguladora de la prestación se excluirá la retribución por estas horas extraordinarias.
4. La remuneración que obtengan los trabajadores a tiempo parcial por el concepto de horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor a las que se refiere el artículo 35.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda sujeta a la cotización adicional regulada en el artículo 5 de esta orden.
Artículo 37. Bases mínimas de cotización por contingencias comunes.
1. A partir de 1 de enero de 2013, las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:
Grupo de cotización
Categorías profesionales
Base mínima por hora
–
Euros
1
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
6,33
2
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
5,25
3
Jefes Administrativos y de Taller
4,57
4
Ayudantes no Titulados
4,54
5
Oficiales Administrativos
4,54
6
Subalternos
4,54
7
Auxiliares Administrativos
4,54
8
Oficiales de primera y segunda
4,54
9
Oficiales de tercera y Especialistas
4,54
10
Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados
4,54
11
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional
4,54
2. La base mínima mensual de cotización será el resultado de multiplicar el número de horas realmente trabajadas por la base mínima horaria que se establece en el apartado anterior.
Artículo 38. Cotización en los supuestos de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad.
Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad, la base diaria de cotización será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre el número de días efectivamente trabajados y, por tanto, cotizados en dicho período. Esta base se aplicará exclusivamente a los días en que el trabajador hubiera estado obligado a prestar servicios efectivos en la empresa, de no hallarse en alguna de las situaciones anteriores.
Artículo 39. Cotización en la situación de pluriempleo.
Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empresas en régimen de contratación a tiempo parcial, cada una de ellas cotizará en razón de la remuneración que le abone. Si la suma de las retribuciones percibidas sobrepasase el tope máximo de cotización a la Seguridad Social, éste se distribuirá en proporción a las abonadas al trabajador en cada una de las empresas.
Artículo 40. Cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en aquellos supuestos en que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento general citado y demás disposiciones complementarias.
Segunda. El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo.
Tercera. La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el artículo 37.
Cuarta. Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas.
Quinta. Asimismo, la Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones solicitadas que sean procedentes, en especial, en los supuestos de extinción de la relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada, por reconocimiento de la pensión por incapacidad permanente, por fallecimiento o por cualquier otra causa, con la consiguiente baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y cese en la obligación de cotizar.
2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 15.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera.3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
Artículo 41. Base mínima de cotización respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado, en los supuestos de contrato a tiempo parcial.
La base de cotización por contingencias comunes y profesionales de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hubieran optado en sus estatutos por asimilar a los socios trabajadores a trabajadores por cuenta ajena, incluidos en razón de la actividad de la cooperativa en el Régimen General, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, en los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, no podrá ser inferior a las cuantías que para los diferentes grupos de cotización se indican a continuación:
Grupo de cotización
Base mínima mensual
–
Euros
1
473,10
2
348,90
3
303,60
4 a 11
301,20
Artículo 42. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Con independencia del número de horas de trabajo realizadas en cada jornada, la base de cotización de los trabajadores del Sistema Especial no podrá tener una cuantía inferior a 32,74 euros/día.
Artículo 43. Cotización en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar.
En el caso de trabajadores y empleados públicos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 7 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, realicen una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, la cotización se efectuará en función de las retribuciones que perciban sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere la cotización por las bases mínimas horarias señaladas en el artículo 37.1 de esta orden.
CAPÍTULO IV
Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje
Artículo 44. Determinación de las cuotas.
1. Durante el año 2013, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 36,61 euros por contingencias comunes, de los que 30,52 euros serán a cargo del empresario y 6,09 euros a cargo del trabajador, y de 4,20 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario.
b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 2,32 euros, a cargo del empresario.
c) A efectos de cotización por formación profesional, se abonará una cuota mensual de 1,27 euros, de los que 1,12 euros corresponderán al empresario y 0,15 euros al trabajador.
d) Cuando proceda cotizar por desempleo, la base de cotización será la base mínima correspondiente a las contingencias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que será de aplicación el tipo y la distribución del mismo a que se refiere el artículo 32.2.1.1.
e) Durante la percepción de la prestación por desempleo, la cotización a la Seguridad Social se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 8.6.
f) Las retribuciones que perciban los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a la cotización adicional regulada en el artículo 5.
2. Lo previsto en el párrafo a) del apartado 1 será asimismo de aplicación para la cotización del personal investigador en formación de beca incluido en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
Este sistema de cotización no afectará a la determinación de las cuantías de las prestaciones económicas a que se tengan derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo primero de cotización del Régimen General.
3. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 para la cotización de las personas asimiladas a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y para efectuar la cotización de las personas que realicen prácticas no laborales al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
Disposición adicional primera. Cotización por contingencias profesionales en los supuestos de suspensión de la relación laboral.
La cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales por aquellos trabajadores que tengan suspendida la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, a que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se encuentren en situación de desempleo total, se efectuará aplicando los tipos establecidos para la respectiva actividad económica, de conformidad con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Disposición adicional segunda. Cotización por contingencias profesionales de los trabajadores desempleados que realicen trabajos de colaboración social.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, las administraciones públicas que, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo, utilicen trabajadores desempleados para la realización de trabajos de colaboración social, vendrán obligadas a formalizar la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondientes a las citadas contingencias.
2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el apartado anterior se calculará conforme al promedio de las bases de cotización por dichas contingencias, en los últimos seis meses de ocupación efectiva, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 8.
En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, la base de cotización será equivalente al tope mínimo de cotización a que se refiere el artículo 2.
Disposición adicional tercera. Cotización durante la percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género.
Durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo por parte de las víctimas de violencia de género que tengan suspendida la relación laboral, la entidad gestora de las prestaciones ingresará la cotización a la Seguridad Social conforme a lo establecido para los supuestos de extinción de la relación laboral.
Disposición adicional cuarta. Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.
Durante el año 2013, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.
A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieren integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.
Disposición adicional quinta. Reducción en la aportación empresarial en la cotización por los funcionarios públicos.
De conformidad con la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los funcionarios públicos que hubiesen ingresado en su respectiva administración a partir de 1 de enero de 2011 y estén incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 20 del citado Real Decreto-ley, quedará reducida en un 25 por ciento de la que correspondería con arreglo a la normativa de aplicación.
Disposición adicional sexta. Prestación por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
La obligación de cotizar por la protección por cese de actividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios afectará a los trabajadores incluidos en el mismo que tengan cubierta la totalidad de las contingencias profesionales.
Disposición adicional séptima. Cotización de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante.
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante a que se refiere el artículo 113. Cinco. 9 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que no se encuentren al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, tendrán derecho a la reducción prevista en dicho artículo si regularizan su situación antes del 31 de marzo de 2013.
Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotización, en determinados supuestos, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, en la fecha de surtir efectos las bases de cotización previstas en el artículo 15, hubieran optado por las bases máximas permitidas hasta ese momento, podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», cualquier base de cotización de las comprendidas entre aquella por la que vinieran cotizando y el límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base elegida surtirá efectos a partir de 1 de enero de 2013.
Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias de cotización.
1. Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de enero de 2013, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Asimismo, las diferencias de cotización que se produzcan como consecuencia de lo que se establece en la disposición transitoria primera, cuando los trabajadores a los que se refiere opten por una base de cotización superior a aquella por la que vinieren cotizando, se podrán ingresar sin recargo hasta el último día del mes siguiente a aquel en que finalice el plazo de opción que se fija en la disposición señalada.
Disposición transitoria tercera. Determinación provisional de las bases de cotización aplicables en el Régimen Especial para la Minería del Carbón.
La cotización por los trabajadores incluidos en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará sobre las bases establecidas para 2012, hasta tanto se aprueben las bases de cotización que han de regir en el presente ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con posterioridad, hubiere lugar.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2013.
Disposición final segunda. Facultades de aplicación y desarrollo.
Se faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de índole general puedan plantearse en la aplicación de esta orden.
Madrid, 28 de enero de 2013.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.
ANEXO
Valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema para el ejercicio 2012
Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica
ÍNDICES
Ii
IIi
IIIi
01
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas Excepto:
6,43
0,58
0,36
0113
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
6,43
0,58
0,36
0119
Otros cultivos no perennes
6,43
0,58
0,36
0129
Otros cultivos perennes
13,71
1,24
0,77
0130
Propagación de plantas
6,43
0,58
0,36
014
Producción ganadera (Excepto el 0147)
8,50
0,77
0,48
0147
Avicultura
6,43
0,58
0,36
015
Producción agrícola combinada con la producción ganadera
8,50
0,77
0,48
016
Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha
(Excepto 0164)
8,50
0,77
0,48
0164
Tratamiento de semillas para reproducción
6,43
0,58
0,36
017
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
8,50
0,77
0,48
02
Silvicultura y explotación forestal
13,71
1,24
0,77
03
Pesca y acuicultura (Excepto 0322)
18,85
1,70
1,06
0322
Acuicultura en agua dulce
18,85
1,70
1,06
05
Extracción de antracita, hulla y lignito
20,79
1,88
1,17
06
Extracción de crudo de petróleo y gas natural
18,85
1,70
1,06
07
Extracción de minerales metálicos
13,71
1,24
0,77
08
Otras industrias extractivas (Excepto 0811)
13,71
1,24
0,77
0811
Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
20,79
1,88
1,17
09
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
13,71
1,24
0,77
10
Industria de la alimentación (Excepto 101, 102, 106, 107 y 108)
8,50
0,77
0,48
101
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
13,13
1,19
0,74
102
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
8,50
0,77
0,48
106
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
8,50
0,77
0,48
107
Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
6,43
0,58
0,36
108
Fabricación de otros productos alimenticios
6,43
0,58
0,36
11
Fabricación de bebidas
8,50
0,77
0,48
12
Industria del tabaco
6,43
0,58
0,36
13
Industria textil (Excepto 1391)
6,43
0,58
0,36
1391
Fabricación de tejidos de punto
6,43
0,58
0,36
14
Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143)
4,28
0,39
0,24
1411
Confección de prendas de vestir de cuero
6,43
0,58
0,36
1420
Fabricación de artículos de peletería
6,43
0,58
0,36
143
Confección de prendas de vestir de punto
6,43
0,58
0,36
15
Industria del cuero y del calzado
6,43
0,58
0,36
16
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624 y 1629)
13,71
1,24
0,77
1624
Fabricación de envases y embalajes de madera
13,13
1,19
0,74
1629
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
13,13
1,19
0,74
17
Industria del papel (Excepto 171)
6,43
0,58
0,36
171
Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
8,50
0,77
0,48
18
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
6,43
0,58
0,36
19
Coquerías y refino de petróleo
13,13
1,19
0,74
20
Industria química (Excepto 204 y 206)
8,50
0,77
0,48
204
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos
6,43
0,58
0,36
206
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
6,43
0,58
0,36
21
Fabricación de productos farmacéuticos
6,43
0,58
0,36
22
Fabricación de productos de caucho y plástico
8,50
0,77
0,48
23
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237)
13,13
1,19
0,74
231
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
8,50
0,77
0,48
232
Fabricación de productos cerámicos refractarios
8,50
0,77
0,48
2331
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
8,50
0,77
0,48
234
Fabricación de otros productos cerámicos
8,50
0,77
0,48
237
Corte, tallado y acabado de la piedra
18,85
1,70
1,06
24
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
13,13
1,19
0,74
25
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
13,13
1,19
0,74
26
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
8,50
0,77
0,48
27
Fabricación de material y equipo eléctrico
8,50
0,77
0,48
28
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
13,13
1,19
0,74
29
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
8,50
0,77
0,48
30
Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091, 3092)
13,13
1,19
0,74
3091
Fabricación de motocicletas
8,50
0,77
0,48
3092
Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad
8,50
0,77
0,48
31
Fabricación de muebles
13,13
1,19
0,74
32
Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322)
8,50
0,77
0,48
321
Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
6,43
0,58
0,36
322
Fabricación de instrumentos musicales
6,43
0,58
0,36
33
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (Excepto 3313, y 3314)
13,13
1,19
0,74
3313
Reparación de equipos electrónicos y ópticos
8,50
0,77
0,48
3314
Reparación de equipos eléctricos
8,50
0,77
0,48
35
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
8,50
0,77
0,48
36
Captación, depuración y distribución de agua
8,50
0,77
0,48
37
Recogida y tratamiento de aguas residuales
8,50
0,77
0,48
38
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
8,50
0,77
0,48
39
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
8,50
0,77
0,48
41
Construcción de edificios (Excepto 411)
18,85
1,70
1,06
411
Promoción inmobiliaria
6,43
0,58
0,36
42
Ingeniería civil
18,85
1,70
1,06
43
Actividades de construcción especializada
18,85
1,70
1,06
45
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 452 y 454)
6,43
0,58
0,36
452
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
13,13
1,19
0,74
454
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
8,50
0,77
0,48
46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas. Excepto:
8,50
0,77
0,48
4623
Comercio al por mayor de animales vivos
8,50
0,77
0,48
4624
Comercio al por mayor de cueros y pieles
8,50
0,77
0,48
4632
Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
8,50
0,77
0,48
4638
Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
8,50
0,77
0,48
4672
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
8,50
0,77
0,48
4673
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
8,50
0,77
0,48
4674
Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
8,50
0,77
0,48
4677
Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
8,50
0,77
0,48
4690
Comercio al por mayor no especializado
8,50
0,77
0,48
47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 473)
6,43
0,58
0,36
473
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
6,43
0,58
0,36
49
Transporte terrestre y por tubería
8,50
0,77
0,48
494
Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza
8,50
0,77
0,48
50
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
13,13
1,19
0,74
51
Transporte aéreo
8,50
0,77
0,48
52
Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto 5221)
8,50
0,77
0,48
5221
Actividades anexas al transporte terrestre
6,43
0,58
0,36
53
Actividades postales y de correos
6,43
0,58
0,36
55
Servicios de alojamiento
4,28
0,39
0,24
56
Servicios de comidas y bebidas
4,28
0,39
0,24
58
Edición
6,43
0,58
0,36
59
Actividades cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición
musical
4,28
0,39
0,24
60
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
4,28
0,39
0,24
61
Telecomunicaciones
6,43
0,58
0,36
62
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
6,43
0,58
0,36
63
Servicios de información (Excepto 6391)
6,43
0,58
0,36
6391
Actividades de las agencias de noticias
4,28
0,39
0,24
64
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
4,28
0,39
0,24
65
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
4,28
0,39
0,24
66
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
4,28
0,39
0,24
68
Actividades inmobiliarias
6,43
0,58
0,36
69
Actividades jurídicas y de contabilidad
4,28
0,39
0,24
70
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
6,43
0,58
0,36
71
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
6,43
0,58
0,36
72
Investigación y desarrollo
6,43
0,58
0,36
73
Publicidad y estudios de mercado
6,43
0,58
0,36
74
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742)
6,43
0,58
0,36
742
Actividades de fotografía
4,28
0,39
0,24
75
Actividades veterinarias
6,43
0,58
0,36
77
Actividades de alquiler
6,43
0,58
0,36
78
Actividades relacionadas con el empleo (Excepto 781)
6,43
0,58
0,36
781
Actividades de las agencias de colocación
6,43
0,58
0,36
79
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos
6,43
0,58
0,36
80
Actividades de seguridad e investigación
8,50
0,77
0,48
81
Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811)
8,50
0,77
0,48
811
Servicios integrales a edificios e instalaciones
6,43
0,58
0,36
82
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220
y 8292)
6,43
0,58
0,36
8220
Actividades de los centros de llamadas
6,43
0,58
0,36
8292
Actividades de envasado y empaquetado
8,50
0,77
0,48
84
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (Excepto 842)
6,43
0,58
0,36
842
Prestación de servicios a la comunidad en general
8,50
0,77
0,48
85
Educación
4,28
0,39
0,24
86
Actividades sanitarias
6,43
0,58
0,36
87
Asistencia en establecimientos residenciales
6,43
0,58
0,36
88
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
6,43
0,58
0,36
90
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
4,28
0,39
0,24
91
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. (Excepto: 9104)
4,28
0,39
0,24
9104
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
8,50
0,77
0,48
92
Actividades de juegos de azar y apuestas
4,28
0,39
0,24
93
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
8,50
0,77
0,48
94
Actividades asociativas
6,43
0,58
0,36
95
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
(Excepto 9524)
8,50
0,77
0,48
9524
Reparación de muebles y artículos de menaje
13,13
1,19
0,74
96
Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609)
6,43
0,58
0,36
9602
Peluquería y otros tratamientos de belleza
4,28
0,39
0,24
9603
Pompas fúnebres y actividades relacionadas
8,50
0,77
0,48
9609
Otros servicios personales n.c.o.p.
6,43
0,58
0,36
97
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
4,28
0,39
0,24
99
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
8,50
0,77
0,48 | Convenios de pilotos de Iberia. | El artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los trabajadores autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2013, facultando en su apartado diecisiete a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el citado artículo.
A dicha finalidad responde esta orden, mediante la cual se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2013. A través de ella no sólo se reproducen las bases y tipos de cotización reflejados en el texto legal citado, sino que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 110 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se adaptan las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial.
Por su parte, en materia de empleados de hogar, se introducen las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, que incorpora para el año 2013 una nueva escala de cotización (por contingencias comunes y profesionales), en función de las retribuciones mensuales, modificándose al efecto el número 2.º del apartado 2.a) de la disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Dicha escala es de aplicación preferente respecto a la contemplada en el artículo 113.cuatro.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Por otro lado, el citado Real Decreto-ley contempla la pérdida de los beneficios de cotización reconocidos por la legislación vigente a favor de los empleadores de hogar, en el supuesto en que los empleados de hogar que presten servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final décima séptima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia.
También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2012, y el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Esta orden se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 113 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y en la disposición final única del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, he dispuesto:
CAPÍTULO I
Cotización a la Seguridad Social
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 1. Determinación de la base de cotización.
1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas:
Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización.
Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2013. A tal efecto, el importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12.
Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquélla o superior a ésta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el número de hor
### RESUMEN: Convenios de pilotos de Iberia. |
Visto el texto del VIII Convenio colectivo entre Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos (código de convenio n.º 90002650011982), que fue suscrito con fecha 4 de abril de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por las sección sindical de SEPLA en Iberia en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VIII CONVENIO COLECTIVO ENTRE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., OPERADORA, S. UNIPERSONAL Y SUS TRIPULANTES PILOTOS
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito territorial.
El ámbito y aplicación del presente Convenio abarca todos los centros y dependencias de trabajo de la Compañía, tanto en España como en el extranjero, en relación con el ámbito personal que se refleja en el artículo siguiente.
Artículo 2. Ámbito personal.
Este Convenio afecta a todos los pilotos de plantilla de la Compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal, en las situaciones contempladas en el mismo.
En adelante cuando se utilice el término Empresa, Compañía, Operador, Iberia, Iberia Operadora, para definir al empleador, siempre que no se especifique lo contrario, se referirá exclusivamente a Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal.
Cuando se utilice el término SEPLA, Sección Sindical, Representación de los Pilotos, siempre que no se especifique lo contrario, se referirá exclusivamente a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, todo ello sin perjuicio de la legislación vigente.
Los Pilotos que hayan cesado o cesen en el futuro en el servicio activo de vuelo se regirán por lo expresamente regulado en el anexo 2.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entra en vigor el día 1 de enero de 2010 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, excepto para los conceptos o materias para los que se señale expresamente otra fecha distinta.
Será prorrogable por la tácita por periodos de doce meses si, con antelación mínima de dos meses a su vencimiento, no se ha pedido oficialmente revisión o rescisión por cualquiera de las partes.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Cuantas mejoras económicas se establecen, podrán producir la compensación de aquellas que con carácter voluntario o pactado hubiese ya otorgado la Compañía. Análogamente, podrán absorber las que pudieran establecerse por disposiciones legales en el futuro.
Se respetarán las condiciones establecidas individualmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Convenio, con carácter «ad personam», si globalmente superan las condiciones de este Convenio.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio constituye un todo orgánico y las partes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad.
Si por la jurisdicción competente se modificara sustancialmente alguna de las cláusulas en su actual redacción, la Comisión Negociadora deberá reunirse a reconsiderar si cabe modificación, manteniendo la vigencia del resto del articulado del Convenio o si, por el contrario, la modificación de tal o tales cláusulas obliga a revisar las concesiones recíprocas que las partes hubieran hecho. En ese sentido, si por cualquier causa, se declarara la nulidad de alguna cláusula, ambas partes se obligan a alcanzar un acuerdo para que no se vea afectada la masa salarial pactada en Convenio con incremento o decremento superior al 1% de la misma.
Artículo 6. Trato más favorable.
Cuando la interpretación del texto del Convenio se prestase a soluciones dudosas se aplicará en cada caso concreto aquella que sea más favorable a los Pilotos, es decir, se aplicará el principio «in dubio pro operario».
Artículo 7. Readaptación de tripulantes pilotos.
Si como consecuencia de la modificación de los sistemas operativos internos, los avances de la técnica u órdenes recibidas de la Autoridad Aeronáutica fuera necesario alterar la composición de las Tripulaciones Técnicas, la Dirección, con respecto tan sólo a los Pilotos que figuren en plantilla, los adaptará a nuevas funciones o puestos de trabajo en vuelo de análoga o superior consideración, en tanto reúnan el conjunto de condiciones exigidas para la declaración de aptitud de cada Tripulante.
Si como consecuencia de ello los pilotos vieran aumentada su responsabilidad y/o su carga de trabajo, ambas partes negociarán la repercusión en los emolumentos de la consecuente superior consideración de esas nuevas funciones.
Asimismo, la Compañía procurará la permanencia en sus actuales puestos de trabajo y garantizará los emolumentos alcanzados en sus niveles, de aquellos Tripulantes que no pudieran superar las pruebas exigidas para la transformación.
En el caso de que hubiera que hacer uso de la transformación especificada en este artículo, las representaciones de la Empresa y de los Pilotos determinarán el procedimiento a seguir.
Artículo 8. Entrada en servicio de nuevos aviones.
Si durante la vigencia del Convenio se pusieran al servicio de la Compañía nuevos tipos de aeronaves, cuya explotación implique actividad que suponga merma en los ingresos contemplados y garantizados en este Convenio, éste será objeto de revisión en la parte afectada, por acuerdo de las dos Representaciones.
CAPÍTULO SEGUNDO
Principios informadores
Artículo 9. Salvaguarda de los intereses de la compañía.
Los Pilotos durante el ejercicio de sus funciones se obligan a salvaguardar los intereses de la Compañía como propios, tomar las medidas necesarias de protección de vidas y bienes que ésta les confíe y evitar toda imprudencia o negligencia que pueda redundar en contra de dichas vidas y bienes, del prestigio de la Compañía o de sus resultados económicos, teniendo en cuenta en cualquier caso las normas de seguridad aérea.
Artículo 10. Dedicación, títulos, pericia y conocimientos.
Los Pilotos se obligan a dedicar toda su actividad profesional a la Compañía, así como a cooperar con la Dirección para mantener su pericia y nivel de formación a la altura de las misiones que les corresponden por contrato individual o colectivo de trabajo, aceptando la realización de las pruebas y cursos que establezca, así como los controles e inspecciones que determine. Los citados cursos, pruebas, controles e inspecciones, serán impartidas por Pilotos en activo, pertenecientes al escalafón de Iberia, que desempeñen funciones o labores de Inspección o Instrucción dentro de la misma. Los cursos, dependiendo de la materia y siempre que no contemplen anormalidades y o emergencias podrán ser impartidos también por Pilotos con pérdida de licencia. Aquellas materias no relacionadas con la operación de vuelo podrán ser impartidas por Pilotos en situación de reserva o personal de tierra, siempre que posean la capacitación necesaria para impartir los citados cursos.
No obstante lo anterior, los pilotos con pérdida de licencia podrán ser SFI (instructor en simulador) o SFE (examinador de vuelo sintético) cuando sean requeridos por la Compañía.
En caso de incorporación de un nuevo tipo de avión y de forma excepcional, se podrá contratar la formación de los instructores que resultara necesaria, con los instructores del fabricante. Asimismo, si finalizada la instrucción de los instructores quedara un remanente de cursos ofrecidos gratuitamente por el fabricante, se ofertarán al resto del colectivo por orden de escalafón y su aceptación será voluntaria.
La formación de determinados programas formativos se podrá realizar a través de E-learning, sin que sea necesaria la presencia física. En caso de que se trate de formación obligatoria reglada, se acordará el tiempo que haya de computarse como actividad o, en caso de ser necesario, programarse en función de las características o duración del curso.
Los Pilotos se comprometen a mantener actualizados los títulos, licencias, calificaciones y demás documentación necesaria para el normal desempeño de sus funciones. También se obligan a exhibir tal documentación a la autoridad y a la Dirección si fueran requeridos para ello.
La Compañía mantendrá el control de las fechas de vencimiento de los títulos, licencias y pasaportes, avisando previamente a su vencimiento y dando las facilidades necesarias para que éstos puedan ser renovados.
Los gastos de obtención y renovación de visados, pasaportes, habilitaciones de tipo y demás documentos necesarios para el normal desempeño de las funciones de los Pilotos, así como los de renovación de licencias, vacunas y reconocimientos médicos, serán por cuenta de la Compañía.
Artículo 11. Pacto de no concurrencia.
Los Pilotos no podrán dedicarse a ninguna actividad retribuida o no retribuida que signifique competencia de transporte aéreo a la Compañía, sin perjuicio de las excepciones que se especifican en el presente Convenio Colectivo.
Artículo 12. Banalización tripulantes técnicos.
La Compañía, previo acuerdo con la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, podrá asignar turnos de vuelos a sus Pilotos, siempre que actúen en equipo en los siguientes casos:
a) En aviones bajo pabellón español, no pertenecientes a Iberia, o en régimen de alquiler o en cualquier otra forma jurídica de asociación, cesión, cooperación o concierto.
b) En aviones bajo pabellón extranjero, cuando esté reconocido o estipulado así en Convenios, Tratados, Protocolos y otros pactos, que España tenga suscritos con las naciones a que pertenezcan las aeronaves en que hayan de prestarse estos servicios. No se exigirá este requisito para los aviones de las Compañías del antiguo grupo «ATLAS».
c) Si la Representación de los Pilotos y la Empresa, de forma consensuada, establecieran la existencia de casos especiales, en los que, por las condiciones singulares en que hayan de realizarse los servicios, sea necesario el establecimiento de normas específicas de retribución, higiene, seguridad, etc. En estos supuestos se pactarán las condiciones en las que hayan de realizarse estos vuelos por la Representación de los Pilotos y la Empresa, en la parte que les afecte.
Los Pilotos admiten volar con la Tripulación Auxiliar que la Dirección designe al efecto, tanto en aviones propios como ajenos, siempre que reúnan los requisitos exigidos para sus respectivos puestos de trabajo, conozcan el idioma castellano, los manuales que les sean de aplicación y su designación cumpla las exigencias legales vigentes.
La Compañía no podrá hacer uso de la banalización de sus tripulantes a otra Compañía aérea, en la que se haya declarado huelga legal por el colectivo de Pilotos, durante el período de duración de la misma. Se exceptúa de lo anterior a los tripulantes banalizados antes de la fecha de la convocatoria de huelga legal.
Artículo 13. Legislación vigente y reglamentos internos.
Para conseguir que las operaciones de vuelo de Iberia se desarrollen de acuerdo con los principios de seguridad, legalidad, regularidad, calidad y economía necesarios, los Pilotos se comprometen al cumplimiento de las normas o disposiciones de régimen interior complementarias de las vigentes que sean obligadas, muy especialmente las contenidas en los Manuales de Operaciones, de Ruta y de Avión. Ello sin perjuicio de acatar las normas legales aplicables en cada caso o cualesquiera otros Reglamentos de Trabajo, órdenes e instrucciones que puedan ser impartidas por la Dirección de la Compañía, o por sus representantes dentro del ámbito de su competencia.
No obstante lo anterior, ningún Manual o norma de régimen interior de la Compañía podrá alterar condiciones laborales expresamente pactadas en este Convenio.
Asimismo, la Dirección de la Compañía se responsabilizará de facilitar a los Pilotos acceso a los Manuales vigentes de Operaciones, de Ruta y Manual de Operación Auxiliar, así como las revisiones correspondientes a los mismos y que dichos manuales figuren a bordo, estén al día y cumplan todas y cada una de las regulaciones vigentes, tanto Nacionales como Extranjeras.
Los Manuales, Instrucciones Temporales, Boletines de Actualización o similares, actuales y futuros podrán estar redactados en español o en inglés.
Artículo 13 bis. Comunicación.
Las comunicaciones de Iberia con los tripulantes pilotos respecto a la programación mensual, vacaciones, nóminas, notas informativas, revisión de manuales y ofertas de licencias no retribuidas, destacamentos, residencias y destinos, se podrán realizar a través de IbPróxima y/o por otros medios/soportes que las nuevas tecnologías permitan, como CD, SMS, etc.
Asimismo, y en la medida en que los tripulantes disponen de un correo corporativo, expresamente se acuerda que cualquier comunicación escrita entre el tripulante y la Compañía podrá realizarse a través de la utilización de dichas direcciones de correo, asumiendo el tripulante la obligación de revisar con regularidad su dirección de correo corporativo y mantenerlo operativo. El incumplimiento de dicho compromiso no podrá generar sanción disciplinaria alguna.
No obstante lo anterior, no se podrá utilizar este sistema de comunicación para los temas relacionados con la programación del piloto, a excepción de la notificación de la programación mensual que se deberá producir en los términos del artículo 95 del Convenio Colectivo, así como para la notificación de expedientes disciplinarios ni sanciones.
CAPÍTULO TERCERO
Definiciones
Artículo 14. Principios generales.
A fin de completar y actualizar las definiciones establecidas en la normativa interna de Iberia, se desarrolla en este capítulo la definición de los distintos Tripulantes de acuerdo con la función que desempeñan, prevaleciendo su nueva redacción cuando existan contradicción, lagunas o problemas de interpretación en el ámbito laboral.
Artículo 15. Tripulante.
Persona a quien la Dirección de Iberia puede asignar obligaciones que ha de cumplir en tierra y a bordo durante la preparación, realización y finalización del vuelo.
Artículo 16. Tripulante técnico.
Tripulante en posesión de título, licencia y habilitaciones, que permiten asignarle obligaciones esenciales para la operación de una aeronave.
Artículo 17. Tripulación.
Conjunto de Tripulantes Técnicos y de Cabina de Pasajeros nombrados expresamente por la Dirección de Iberia para la realización de un servicio en vuelo.
Durante la realización del servicio actúan directamente a las órdenes del Comandante, al que auxilian, ayudan y asesoran en el cumplimiento de la misión que les está encomendada.
Artículo 18. Piloto.
Tripulante Técnico en posesión del título que le acredita como tal, según las calificaciones extendidas por la Autoridad Aeronáutica, que deberá desempeñar las funciones de pilotaje que Iberia le asigne.
A efectos exclusivamente internos de la Compañía, se considera el nivel profesional de Piloto equivalente al del Grupo Superior de Gestores y Técnicos (antiguo grupo laboral de Técnicos de Grado Superior), sin que de dicha equiparación puedan derivarse consecuencias salariales o merma de derechos.
Artículo 19. Comandante.
Piloto, en posesión de título, licencia y habilitaciones correspondientes al tipo de aeronave utilizada, que habiendo sido considerado apto, por la Dirección de Operaciones, para el desempeño de cualquier función de pilotaje y mando a bordo de sus aeronaves, es designado expresamente por la Dirección de Iberia para ejercer dicho mando.
Dada su condición de puesto de confianza, está expresamente excluido de la aplicación del Convenio a efectos de deberes y derechos inherentes al puesto de confianza, salvo lo expresamente pactado en este Convenio, así como en la normativa específica.
Artículo 20. Copiloto.
Piloto distinto al Comandante, en posesión de título, licencia y habilitaciones correspondientes al tipo de aeronave utilizada, que habiendo sido considerado apto, por la Dirección de Operaciones, para el desempeño de cualquier función de pilotaje como Copiloto a bordo de sus aeronaves, colabora en las funciones de pilotaje con el Comandante y le sustituye en el mando en los casos de ausencia o incapacidad de éste.
Artículo 21. Piloto de relevo.
Cuando el Comandante, por requisitos legales, deba proceder al descanso durante el vuelo, se irá al lugar adecuado para el mismo, conservando su exclusiva condición de responsable de la operación a bordo.
De no mediar orden del Comandante en sentido contrario y mientras dure su tiempo de descanso, el Copiloto de la aeronave será auxiliado en su función de pilotaje por otro Piloto de la flota con calificación de tipo en vigor, con el entrenamiento necesario para efectuar los procedimientos de emergencia que puedan tener lugar por encima del nivel de vuelo 200 en el lugar dejado por el Comandante durante su tiempo de descanso, además de cumplir todos los requisitos pormenorizados en la legislación vigente al efecto.
Artículo 22. Clasificación por niveles.
Se establece la siguiente clasificación, por niveles a efectos solamente económico-administrativos y enunciativos:
Nivel 1D.
Nivel 1C.
Nivel 1B.
Nivel 1A.
Nivel 1.
Nivel 2.
Nivel 3.
Nivel 4.
Nivel 5.
Nivel 6.
Nivel 7.
Nivel 8.
Nivel 9.
Nivel 10.
Nivel 11.
Artículo 23. Ordenación de pilotos.
Los Pilotos estarán relacionados en forma ordenada, bajo el epígrafe único de «Pilotos».
Dicha ordenación está basada en el escalafón actualmente existente y contendrá, además del número de orden, el año de nacimiento, la antigüedad técnica, la antigüedad administrativa, el nivel y la fecha del último nivel alcanzado, la función de Comandante o Copiloto que tengan reconocidas con indicación de la antigüedad en la función, la consideración a grado superior, si la tuviera, y cualquier otro dato que pueda ser considerado de interés.
En caso de coincidencia de fecha, calificaciones, condiciones y aptitudes, la prioridad viene definida por la hora, la antigüedad administrativa y la edad, por este orden.
No obstante lo anterior, en caso de cualquier tipo de excedencia, el orden de la relación ordenada del personal, la antigüedad técnica y la antigüedad en la función, se regirán por lo dispuesto en cada una de las excedencias que regula el Convenio Colectivo.
Los Pilotos que desempeñando función de Comandante pasaran a desempeñar la de Copiloto mantendrán su antigüedad técnica y su puesto en el escalafón. En cuanto a la antigüedad en la función recuperará la inicial que tuviera como Copiloto. En la columna de observaciones figurarán la fecha de su antigüedad en la función de Comandante y el tiempo efectivo permanecido en la misma, salvo para los casos establecidos en el artículo 31.
Todos los Pilotos que pasen a ejercer la función de Comandante tendrán su actual antigüedad técnica inalterable.
A los efectos de designación para desempeñar la Función de Comandante regirán los criterios establecidos en el artículo 38.
El ingreso de cualquier Piloto en la Compañía, fuere cual fuere la causa y el procedimiento del mismo, se efectuará a continuación del último Piloto del escalafón y en el nivel que le corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 29. Su orden de prelación será el que fije la Dirección de Operaciones de Iberia en el momento de considerarlos aptos, en función de las calificaciones obtenidas, siempre que se consolide con la superación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con el artículo 43.
El Piloto con pérdida definitiva de licencia, permanecerá en la Relación Ordenada del Personal Tripulantes Pilotos.
Los Pilotos en situación de reserva estarán relacionados en forma ordenada en relación adjunta al escalafón. Su orden vendrá determinado por el que ostentaban en el momento de pasar a la situación de reserva, haciendo constar la fecha de pase a esta situación.
La Dirección de la Compañía confeccionará al 31 de diciembre de cada año la ordenación actualizada del personal a que se refiere este artículo, que será publicada en el mes de marzo.
Artículo 24. Antigüedad técnica.
Para los Pilotos que hayan sido considerados aptos por la Compañía Iberia para desempeñar funciones de pilotaje, la antigüedad técnica vendrá definida por la fecha y orden de prelación que fije la Dirección de Operaciones de Iberia en el momento de considerarlos aptos, en función de las calificaciones obtenidas.
Artículo 25. Antigüedad en la función de comandante.
Se considera antigüedad en la función de Comandante la fecha en la que un Piloto perteneciente al Escalafón único de Pilotos de Iberia, con contrato en vigor en la Compañía Iberia realizó el primer vuelo como Comandante, en servicios de transportes públicos de la Compañía Iberia, en vuelos de Iberia, con avión de Iberia, ya sean regulares o no regulares, de pasajeros, carga o correo, teniendo en cuenta lo preceptuado en el tercer párrafo del artículo 38 del Convenio Colectivo.
Se considera antigüedad efectiva en la función el tiempo transcurrido desde la fecha considerada en el párrafo anterior una vez aplicada la reducción contemplada en artículo 48 y artículo 31.
No se considerará como antigüedad en la función de Comandante el período de tiempo en el que aquellos Copilotos del escalafón de Pilotos de la Compañía Iberia hayan desempeñado o desempeñen temporalmente la función de Comandante en cualquier otra Compañía distinta de Iberia, ya sea perteneciente al Grupo Iberia o no, en vuelos y con aviones pertenecientes al Grupo Iberia o no.
Cuando estos Pilotos pasaran a ejercer la función de Comandante en la Compañía Iberia L.A.E., S.A., su antigüedad efectiva en la función vendrá determinada por la fecha que le corresponda en aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores de este artículo.
En el caso de que durante el desempeño de la función de Comandante en otra Compañía del Grupo Iberia le hubiese correspondido realizar las pruebas y cursos previos a la suelta de Comandante en Iberia, cuando se reincorpore y supere dichas pruebas, cursos y evaluaciones, su antigüedad efectiva en la función de Comandante será la que le hubiese correspondido de haber permanecido en Iberia, de acuerdo con su antigüedad en la función de Copiloto. De este reconocimiento no se derivará ninguna consecuencia económica con efectos retroactivos.
Artículo 26. Antigüedad en la función de copiloto.
Se considera antigüedad en la función de Copiloto la definida por la fecha y orden de prelación que fija la Dirección de Operaciones de Iberia en el momento de considerarlos aptos, en función de las calificaciones obtenidas.
Se considera antigüedad efectiva en la función, el tiempo transcurrido desde la fecha considerada en el párrafo anterior, una vez aplicada la reducción contemplada en el artículo 48.
Artículo 27. Antigüedad administrativa.
El tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso en la Compañía Iberia. A estos efectos se computará el tiempo permanecido en otros grupos laborales de plantilla de la Compañía Iberia. En cambio, no se computará el tiempo permanecido en situación de excedencia voluntaria.
Artículo 28. Nivel y grupo.
Se considera nivel cada uno de los escalones retributivos que un Piloto puede alcanzar de acuerdo con las normas de promoción, y que regula sus emolumentos con independencia de su puesto de trabajo.
Se considera grupo la totalidad de tripulantes técnicos que ostentan la categoría de Pilotos.
CAPÍTULO CUARTO
Ingreso, promoción y progresión
Artículo 29. Admisión.
Cualquier ingreso de Pilotos en la compañía, fuere cual fuere la causa y procedimiento del mismo, se efectuará a continuación del último piloto del escalafón y por el último nivel.
Se exceptúa de la previsión de ingreso por el nivel de entrada cuando la Compañía realice una Convocatoria de Alta Experiencia y el piloto sea contratado dentro de ella, produciéndose, en ese caso, el ingreso por el Nivel 9.
La admisión de Pilotos se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes y las establecidas en el artículo 30.
En caso de expediente de regulación de empleo que afecte al grupo de pilotos, las resoluciones de contrato, si las hubiere, de conformidad con la normativa vigente, siempre se producirán empezando por orden inverso a la fecha de iniciación de la prestación efectiva de servicios como Piloto en la Compañía Iberia. En caso de que algún afectado procediera de algún otro grupo laboral de la Compañía tendrá preferencia para ocupar la primera vacante que se produzca en su grupo laboral de procedencia.
Artículo 30. Condiciones y pruebas de ingreso.
Las condiciones que deberán reunir los Pilotos para ingresar en la plantilla de la Compañía Iberia serán fijadas por la Dirección, que establecerá en cada momento las pruebas médicas, teóricas, prácticas y en vuelo a superar junto a las restantes normas a cumplir. De dicho régimen se dará información a la representación de los Pilotos, así como de las modificaciones que pudieran efectuarse, pudiendo dicha representación alegar lo que estime oportuno sobre las mismas, sin carácter vinculante.
En las mencionadas pruebas de ingreso participará un representante de SEPLA como miembro del Tribunal con voz y voto.
Los aspirantes que sean calificados en sus pruebas de ingreso como aptos para iniciar el proceso de formación con arreglo a los requisitos que en cada momento se establezcan, formarán parte de una Bolsa de Pilotos y se irán incorporando a los procesos de formación de acuerdo a su grado de experiencia y a la infraestructura y necesidades de la Compañía. Esta Bolsa de Pilotos podrá coexistir de forma totalmente independiente con otra pequeña bolsa, denominada Bolsa de Pilotos de Habilitación Tipo Iberia, estando formada por los pilotos que en el momento de su prueba de ingreso posean una habilitación de tipo actualizada de alguno de los aviones operativos de Iberia, y sean considerados aptos para iniciar su proceso de adaptación a la operación de la Compañía, y que se irán incorporando a los procesos de adaptación de acuerdo a la infraestructura y a la necesidad operativa de la flota de la que posean habilitación.
Los seleccionados serán responsables del mantenimiento de sus aptitudes y de su licencia profesional, hasta que la Compañía les convoque para iniciar sus procesos de formación o adaptación, según el caso; momento en el que la Compañía les asignará la antigüedad administrativa por el último nivel.
Una vez finalizado satisfactoriamente los procesos de formación o adaptación con arreglo a la normativa existente en cada momento, la Dirección de Operaciones fijará el orden de prelación en función de las calificaciones obtenidas durante el período de formación o adaptación, y la Compañía le asignará la antigüedad técnica que le corresponda, siempre que se consolide con el período de prueba y detrás del último piloto del escalafón.
Artículo 31. Renuncia a la función de comandante.
Esta renuncia no es de aplicación a Comandantes con edad de 51 años o superior.
Los Comandantes podrán pasar voluntariamente a desempeñar la función de Copilotos, siempre que exista vacante y haya cursos, debiendo haber permanecido 4 años como mínimo en el grupo de flotas del que proceden, de los cuales 30 meses lo habrán sido en la última flota y deberán permanecer 4 años en la flota a la que pretenden llegar desempeñando en esta última la función de Copiloto. En los casos de cambio forzoso, se computará únicamente el tiempo de permanencia de 4 años en el grupo de flotas de procedencia. Si antes de la finalización de los 4 años, la Compañía le ofertase, porque le correspondiese por orden de escalafón, un curso de calificación como Comandante en la misma flota, el tripulante deberá permanecer el periodo que le restase hasta la finalización de los cuatro años, debiendo, igualmente, permanecer un mínimo de 30 meses adicionales en la misma.
Terminado dicho período podrá volver a desempeñar las funciones de Comandante en la flota que le corresponda por antigüedad en el escalafón, cuando haya plazas, y siempre que pueda permanecer en la nueva flota un mínimo de 30 meses por razón de cese obligado en el servicio de vuelo, al cumplir la edad establecida. De la misma forma, cuando la flota que le corresponda sea la misma en que viene desempeñando la función de Copiloto, podrá volver a ejercer la función de Comandante en esta flota, sin limitación de tiempo ni edad.
Los Comandantes que ejerzan este derecho no sufrirán reducción alguna por el tiempo de duración de dicha renuncia en el cómputo de la antigüedad efectiva en la citada función de Comandante, siempre que ésta no fuera superior a 4 años, o una vez expresado su deseo de recuperar la función de Comandante, a los 4 años, se prolongara esta situación por no existir vacante en la flota que le corresponda.
Si la Compañía ofertara una vacante, a las que se refiere el párrafo anterior, los Pilotos acogidos a este tipo de renuncia, una vez transcurridos los 4 años, y éste quisiera continuar acogido a la misma, a partir de ese momento la efectividad en la función de Comandante se vería afectada por la reducción correspondiente en dicha antigüedad.
Durante el tiempo que permanezca en función de Copiloto dejará de percibir las retribuciones específicas del Comandante, que serán sustituidas por las correspondientes de la nueva función.
Los casos excepcionales que puedan presentarse serán objeto de análisis y resolución en el seno de la Comisión de Interpretación.
Artículo 32. Promoción.
La promoción de los Pilotos podrá darse por el cambio de funciones.
Artículo 33. Progresión y regresión de comandantes.
A efectos de progresión y regresión se establecen los siguientes grupos de aviones:
Grupo 1: A-319, A-320 y A-321.
Grupo 2: A la firma del Convenio no hay unidades adscritas.
Grupo 3: A-330 y A-340.
Grupo 4: A la firma del Convenio no hay unidades adscritas.
Siempre que la Dirección de Operaciones por criterios operativos no decida lo contrario, se considera flota única todos los aviones actuales y los nuevos que se incorporen que puedan ser volados con la misma licencia de habilitación tipo, expedida por la Dirección General de Aviación Civil u Organismo que la sustituya.
Solo se podrá integrar en flota única aviones definidos por la industria como corto y medio radio o aviones definidos por la industria como largo radio, no pudiéndose operar flotas únicas mezcladas de corto-medio y largo radio, entendiendo a estos efectos, como largo radio vuelos de más de 6 horas de tiempo de vuelo. La flota de A-330 se considerará de Largo Radio.
Se considera flota única a los aviones de la familia A-319, A-320 y A-321.
Se considera flota única la constituida por los aviones A-330 y A-340. Los pilotos asignados a esta flota operarán el A340 exclusivamente o ambos tipos de avión (A330-A340 con la doble habilitación).
El orden de asignación para la operación simultánea de A330-A340 cuando se produzcan vacantes será el siguiente:
1. Comandantes voluntarios con habilitación única de A-340 por orden de antigüedad técnica.
2. Comandantes forzosos con habilitación única de A-340 por orden inverso de antigüedad técnica.
El tiempo de permanencia mínimo para los Comandantes que accedan a la doble habilitación con carácter voluntario será de 12 meses. Asimismo se necesitará un preaviso de 3 meses para volver a operar exclusivamente el avión A340, en caso de que existan necesidades de Comandantes con habilitación única de A340.
En caso de que dicha doble habilitación haya sido obtenida con carácter forzoso no existirá tiempo mínimo de permanencia ni será necesario el preaviso para volver a operar exclusivamente el avión A340, en caso de que existan necesidades de Comandantes con habilitación única de A340.
A tal efecto se faculta a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para acordar el procedimiento, estableciendo el mismo en función de la evolución del número de aviones de cada tipo (A330 y A340) del grupo 3.
Siempre que la Dirección estime oportuno la realización de un curso de habilitación, éste deberá ser inexcusablemente ofertado a todos los Comandantes de la Compañía que cumplan los requisitos establecidos en el presente Convenio Colectivo, a los que pudiera corresponderle. Esta oferta deberá realizarse con una antelación mínima de 90 días a la fecha de inicio del curso.
La fecha de referencia para todos los plazos mencionados en este artículo será la de inicio del curso correspondiente.
Uno. Progresión.
La progresión que entraña el pasar de grupo de aviones a otro, para los Pilotos que desempeñan o hayan desempeñado previamente la función de Comandante, se efectuará dando opción a superar las pruebas establecidas por la Dirección, a través de las Unidades orgánicas correspondientes, a aquellos que no tengan acordado con la misma ningún pacto que excluya esta posibilidad de progresión durante el período convenido, por haber efectuado un curso que llevase implícito esta condición o condicionamiento de similar naturaleza, y con arreglo al orden que corresponda por su antigüedad efectiva en la función de Comandante.
Las condiciones de progresión se darán a conocer a la representación de los pilotos con una antelación de diez días, como mínimo, a la fecha de su publicación.
El paso de grupo de aviones, una vez superadas las pruebas, se hará con arreglo a las necesidades del servicio, y de acuerdo con el orden citado.
Los Comandantes que, en función de las vacantes existentes y por riguroso orden de antigüedad en la función sean asignados a cualquiera de los aviones integrados en los grupos mencionados en los párrafos anteriores, no podrán cambiar de avión dentro de su respectivo grupo salvo que sea por necesidades de la Compañía, o desaparezcan o disminuyan los aviones a los que están asignados.
Como excepción, y por una sola vez, a los cuatro años de efectuado un curso de calificación se podrá cambiar de tipo de avión dentro del grupo 1, con la obligación de permanecer otros 4 años en el avión al que se cambie.
Por otra parte, los Comandantes que realicen un curso de calificación para el cambio de grupo de flotas, no podrán progresar a un grupo superior hasta que hayan transcurrido 30 meses desde la fecha de inicio del curso.
No podrán progresar de grupo de flotas los que no vayan a permanecer como mínimo 30 meses, por razón de cese obligado en el servicio de vuelo al cumplir la edad establecida.
No obstante podrán progresar de flota los Comandantes que vayan a permanecer en la nueva un mínimo de 12 meses, cuando la progresión consista en pasar de una flota de corto o medio radio de acción a otra transatlántica.
Cuando por necesidades de la Compañía un Comandante se vea obligado a cambiar de tipo de avión dentro de uno de los grupos 2 o 3, no vendrá obligado a permanecer 30 meses en el avión al que se le asigne, pero sí deberá haber permanecido 30 meses dentro del grupo en el que se encuentre para poder optar a cambiar de grupo.
Asimismo, cuando por necesidades de la Compañía se cambie de tipo de avión dentro del grupo 1, el tiempo obligado de permanencia dentro de este grupo será de 4 años.
Renuncia a la Progresión:
Los Comandantes podrán renunciar voluntariamente a la progresión, debiendo confirmar dicha renuncia en un plazo no inferior a 60 días antes de la iniciación del curso.
No obstante, cuando el ejercicio de la renuncia regulada en el párrafo anterior impida alcanzar el número de Comandantes necesarios en el grupo de aviones superior, continuará ofertándose en orden descendente de grupos de aviones. Si una vez ofertada a todos los Comandantes del último grupo no se obtuviese el número necesario, la progresión tendrá carácter forzoso, adscribiéndose al grupo superior tantos Comandantes como sea necesario. En este caso, progresarán en orden inverso a aquél en que se hubiese realizado la oferta.
Dos. Regresión.
1. Con carácter voluntario y una vez transcurridos 4 años, necesarios para amortizar el coste de los cursos realizados para el acceso a un grupo de flotas, podrá el Comandante solicitar su regresión a un grupo inferior. La petición de regresión será resuelta favorablemente por riguroso orden de solicitud y conforme a las necesidades de las flotas respectivas, de procedencia y destino, siempre y cuando por esta causa no se produzcan vacantes adicionales en las mismas.
Para el ejercicio del derecho de regresión, el Comandante deberá notificar por escrito, su intención a la Unidad pertinente, quedando la Compañía obligada a remitir al interesado, en los plazos requeridos, todas las ofertas de cursos que puedan suponer el ejercicio de este derecho.
Quien así hubiese regresado de grupo de flotas, sólo podrá solicitar nuevamente su paso al grupo que le correspondiera, una vez hayan transcurridos 4 años, exista vacante, y vaya a permanecer un mínimo de 30 meses en este último grupo.
Las discrepancias que se produzcan podrán ser sometidas por los afectados a la Comisión de Interpretación, que resolverá sin posterior apelación lo que proceda en cada caso.
2. La regresión tendrá carácter obligatorio en el caso que se disminuyese el número de unidades de una determinada flota o incluso desapareciese la totalidad de la misma. El número de Comandantes que puedan regresar en este caso no será superior al índice de Comandantes por avión que exista en ese momento en la flota de que se trate.
En este caso regresarán en orden inverso a aquél en que hubiesen sido adscritos a la flota de la que se eliminan unidades y tendrán preferencia para, reincorporarse a la flota de procedencia, ó a otra del mismo grupo, si existiesen vacantes.
Artículo 34. Asignación a flotas de los copilotos.
Los Copilotos serán asignados a las flotas que la Dirección de la Compañía estime conveniente.
La incorporación a la Compañía se realizará por los aviones del Grupo 1.
También podrá realizarse por el Grupo 2 en los siguientes supuestos:
• Cuando el piloto tenga calificación de tipo de un avión de los incluidos en el Grupo 2 y la Dirección de Operaciones considere prioritaria su incorporación a ese tipo de avión.
• Cuando por necesidades de la Compañía tengan que cubrirse plazas en el Grupo 2, la incorporación se hará por orden en función de las calificaciones obtenidas en el proceso de selección con los pilotos que voluntariamente lo deseen. Si no se cubrieran todas las plazas se completarán con carácter forzoso en orden inverso.
En ningún caso su incorporación a la Compañía se producirá en un avión de largo radio.
Con independencia de la facultad contemplada en el primer párrafo de este artículo, los Copilotos tendrán derecho a progresar voluntariamente por una sola vez a los grupos 2, 3 o 4.
Para poder ejercer el derecho contemplado en el párrafo anterior, los Copilotos deberán permanecer 30 meses, como mínimo, tanto en la flota de procedencia como a la que pretenden llegar. Serán motivo de análisis por la Comisión de Interpretación aquellos casos que la Sección Sindical de SEPLA plantee por verse afectados por modificación de la fechas inicialmente previstas para adoptar la decisión de opción de progresar.
Podrán regresar voluntariamente de los grupos 2, 3 y 4, una vez transcurridos 30 meses desde la fecha de inicio del curso, a una flota del grupo 1, siempre que haya vacante, obligándose a que esta sea su flota de suelta de Comandante, y no sea una flota a extinguir.
Cuando por reducción del número de aviones de una flota, o desaparición total de la misma, sea necesario reducir el número de Copilotos adscrito a dicha flota, estos serán asignados a las flotas que la Dirección de la Compañía estime conveniente, sin que les afecte, por esta causa, ninguna de las limitaciones arriba expuestas.
El orden de asignación para la operación simultánea de A330-A340 cuando se produzcan vacantes será el siguiente:
1. Copilotos voluntarios con habilitación única de A-340 por orden de antigüedad técnica.
2. Copilotos forzosos con habilitación única de A-340 por orden inverso de antigüedad técnica.
Cuando se produzcan vacantes de Copilotos en los aviones de flota única A330-A340 y éstas deban ser cubiertas por Copilotos de un grupo de flota inferior, la asignación de copilotos para operar exclusivamente el A340, se hará teniendo en cuenta la antigüedad técnica de los Copilotos que progresan de dicho grupo y aquellos con la doble habilitación A330-A340 que soliciten volar únicamente el A340, así como el carácter voluntario o forzoso con el que hayan accedido a dicha doble habilitación.
A tal efecto se faculta a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para acordar el procedimiento, estableciendo el mismo en función de la evolución del número de aviones de cada tipo (A330 y A340) del grupo 3.
El tiempo de permanencia mínimo para los Copilotos que accedan a la doble habilitación con carácter voluntario será de 12 meses, facultándose asimismo a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para establecer periodos de permanencia menores.
En caso de acceso a la doble habilitación con carácter forzoso no exigirá tiempo de permanencia mínimo.
Artículo 35. Cambio de nivel.
La promoción por cambio de nivel se producirá automáticamente cuando por el Piloto se cumplan las condiciones siguientes:
a) Haya permanecido dos años en el nivel alcanzado, según se detalla a continuación, excepto (i) para promoción a los niveles 1A, 1B y 1C, en que se requiere una permanencia de 3, 5 y 3 años respectivamente, en el nivel anterior, y (ii) para la promoción a los niveles 9 y 8, en que se requiere una permanencia de 3 años, en el nivel anterior.
Del 11 al 10: Dos años.
Del 10 al 9: Tres años.
Del 9 al 8: Tres años.
Del 8 al 7: Dos años.
Del 7 al 6: Dos años.
Del 6 al 5: Dos años.
Del 5 al 4: Dos años.
Del 4 al 3: Dos años.
Del 3 al 2: Dos años.
Del 2 al 1: Dos años.
Del 1 al 1A: Tres años.
Del 1A al 1B: Cinco años.
Del 1B al 1C: Tres años.
b) Haya completado el 60% de la media de las horas voladas por su flota o flotas en que haya permanecido durante este tiempo, con la salvedad de lo establecido en el artículo 51.
c) Haya superado satisfactoriamente como máximo en dos oportunidades los cursos y pruebas de aptitud al que hubiese sido sometido por la Compañía en dicho período, tanto los establecidos para la calificación de tipo de avión o ruta, como los períodos de comprobación y calificación de aptitudes profesionales requeridas por la Autoridad Aeronáutica.
d) Las limitaciones establecidas en el punto b) no serán de aplicación a aquellos Pilotos que, bien por la función que desempeñen dentro de la Compañía, o por los condicionantes legales de su cargo no hubieran podido realizarlas.
e) El nivel 8 se configura como el nivel mínimo de suelta. De esa forma, si el piloto que se suelta como Comandante no lo hubiera alcanzado en el momento de la suelta, pasará automáticamente a dicho nivel 8 cuando ésta se produzca.
f) Progresarán al nivel 1D aquellos Pilotos que cumplan las siguientes condiciones:
• Que no hayan estado acogidos al coeficiente de programación (artículo 86), durante el último año,
• Que hayan completado el 70% de la media de las horas voladas por la flota o flotas en que haya permanecido en los tres últimos años, antes del cambio de nivel,
• Que haya estado asimismo 3 años en el nivel 1C.
g) Además, para el cambio de nivel, el Piloto deberá cumplir la condición que se indica a continuación, en función de la flota a la que esté adscrito el Piloto y/o de la función que desempeñe:
a. Del 8 al 4:
• Estar adscrito a la flota de largo radio y desempeñar la función de Copiloto en la misma, o
• Desempeñar la función de Comandante, con independencia de la flota a la que esté adscrito.
b. Del 4 al 3:
• Desempeñar la función de Comandante, con independencia de la flota a la que esté adscrito.
c. Del 3 al 1D:
• Estar adscrito a la flota de largo radio y desempeñar la función de Comandante en la misma.
h) Todos aquellos Pilotos que, en virtud del sistema de cambio de nivel fijado en este Convenio, alcancen el nivel 1, podrán alcanzar el nivel 1D, salvo que no hubieran alcanzado la condición de Comandante, en cuyo caso podrán llegar hasta el nivel 1C.
En el seno de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio se analizará, con periodicidad anual, la situación de la aplicación del apartado h) anterior a fin de subsanar los problemas que pudieran surgir.
A los efectos del punto a) de este artículo, las licencias no retribuidas a las que se refiere el artículo 47, apartado B) se computarán como tiempo efectivo de permanencia en el nivel.
Artículo 36. Cambio de nivel diferido.
Cuando a un Piloto una vez cumplidos los requisitos especificados en los apartados a) y b) del artículo 35, le quede diferida su progresión por no cumplir los requisitos exigidos en el apartado c) del mismo artículo, le será igualmente diferida su promoción hasta que haya permanecido dos años más de los exigidos para la promoción normal, o hasta que alternativamente haya superado durante dicho período, la prueba o pruebas no realizadas satisfactoriamente.
A estos efectos y siempre que la superación sea posible, tanto la Compañía como el Piloto se aplicarán a ello, facilitándole aquella las oportunidades mencionadas en el artículo anterior.
Artículo 37. Pérdida de capacidad.
Cuando un Piloto pierda la capacidad para ejercer como Comandante, sin perder la necesaria para ejercer funciones de Pilotaje, permanecerá en la plantilla de su grupo manteniendo los haberes correspondientes.
Cuando un Piloto pierda la capacidad para ejercer como Copiloto, sin perder alguna de las propias de Oficiales Técnicos de Vuelo, podrá optar por permanecer en la plantilla de su grupo en el nivel alcanzado, manteniendo los mismos haberes, salvo que estos fuesen superados por los que le correspondiesen de haber promocionado por la escala de Oficiales Técnicos de Vuelo.
Artículo 38. Cambio de funciones.
La opción para efectuar los cursos y pruebas que se determinen, previos a la suelta de Comandante, se realizará por riguroso orden de antigüedad efectiva en la función de Copiloto.
El paso de un Piloto a ejercer la función de Comandante se producirá por designación de la Compañía entre todos los que reúnan los requisitos determinados por aquella, por haber superado los cursos, pruebas y evaluaciones correspondientes. Se respetará la antigüedad efectiva en la función de Copiloto en la Compañía Iberia entre todos aquellos que hubiesen superado las pruebas.
La designación de un Piloto para desempeñar la función de Comandante, entre los componentes de un mismo curso, se podrá llevar a cabo al finalizar y superar cada uno de ellos, los cursos, pruebas y evaluaciones que le permitan desempeñar tal función, con independencia de la antigüedad que como Copiloto tengan cada uno de los componentes del curso. En este caso, a todos los Pilotos que superen el curso previo a la suelta de Comandante se les asignará como antigüedad en esta función la fecha en la que, el primer Piloto de este mismo curso realice el primer vuelo como Comandante. El ordenamiento en la nueva función, será el que se ostentaba con anterioridad al citado cambio de función.
A efectos económicos, la prima de Comandante se comenzará a devengar al finalizar satisfactoriamente el curso de calificación de tipo para suelta de Comandante. En el caso de no producirse la suelta de Comandante, se dejaría de percibir la citada prima.
A los Copilotos que se les haya dado la opción para efectuar los cursos y pruebas previos a la suelta de Comandante y renuncien a la misma, cuando los efectúen les será considerada la misma antigüedad efectiva que la que tendrían de no haber mediado la renuncia.
En cualquier caso, la suelta como Comandante deberá realizarse siempre en el grupo 1 establecido en el artículo 33.
En caso de no cubrirse las vacantes ofertadas dentro del grupo de aviones anteriormente citado, la Compañía podrá recurrir a la ocupación forzosa de las mismas con la suelta como Comandantes de los Copilotos con mayor antigüedad efectiva en la función de Copiloto.
Artículo 39. Consideración a grado senior de copilotos.
Se dará la consideración de senior para el Copiloto que alcance el nivel 2 de la tabla salarial.
Esta consideración conlleva una gratificación cuya cuantía se especifica en el anexo 1, C)
La Compañía, para este grupo, diseñará y elaborará un programa de formación específica, previa a la suelta como Comandante.
Artículo 40. Consideración a grado superior.
La Dirección de la Compañía en uso de sus facultades, y a propuesta anual de la Dirección de Operaciones, podrá dar la consideración a grado superior a los Pilotos que considere oportuno, con efectos económicos.
CAPÍTULO QUINTO
Artículo 41. Situaciones.
Los Pilotos podrán encontrarse en alguna de las situaciones que se regulan en los artículos siguientes.
Artículo 42. Pilotos contratados a plazo fijo.
La Compañía podrá celebrar contratos a plazo fijo, no renovables y no superiores a siete meses, que expirarán cuando se cumpla la fecha de vencimiento, debiendo existir causas legales que justifiquen dichas contrataciones. Con el cumplimiento del plazo marcado, quedará extinguida la relación laboral, debiendo cesar el Piloto en la Compañía automáticamente.
Artículo 43. Pilotos en periodo de prueba.
Todos los aspirantes que ingresen como Pilotos en la Compañía, con contrato indefinido, permanecerán durante un período de seis meses en situación de prueba.
Tanto la Compañía como el Piloto pueden rescindir libremente el contrato durante el período de prueba, sin derecho a indemnización alguna ni necesidad de preaviso.
Los Pilotos de nuevo ingreso en esta situación percibirán los emolumentos correspondientes al nivel en que queden adscritos conforme a lo dispuesto en el artículo 29.
Artículo 44. Pilotos en plantilla.
Los Pilotos en plantilla de la Compañía, o procedentes de la misma, podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
• En actividad.
• En comisión de servicio.
• Con licencia retribuida o no.
• Servicio Militar.
• Baja por enfermedad, accidente o maternidad.
• En suspensión de actividad.
• Cese temporal en vuelo.
• Excedencia forzosa.
• Excedencia voluntaria.
• Cese definitivo en vuelo por pérdida de licencia.
• Cese definitivo en vuelo por pérdida de capacidad.
• Escala o situación de reserva.
• Rescisión Especial.
• Excedencia especial Iberia EXPRESS
• Excedencia por maternidad o paternidad
La Compañía se compromete a dotar a la plantilla de Pilotos del número necesario y suficiente para realizar las operaciones aéreas de Iberia en condiciones de rentabilidad para la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
Artículo 45. Pilotos en situación de actividad.
Se encontrarán en situación de actividad los Pilotos que, superado el período de prueba, desempeñen en los servicios de la Compañía las funciones propias del grupo para las que han sido contratados.
A estos efectos, se considerarán en esta situación los que ejercen su función de actividad aérea, los que transitoriamente, o simultáneamente con su actividad de vuelo, efectúan períodos de instrucción, tanto en tierra como en vuelo, y los que se encuentran en comisiones de servicio.
Artículo 46. Comisión de servicio.
Se entiende por comisión de servicio, el desempeño por los Pilotos de funciones distintas a aquellas para las que efectivamente fueron contratados.
A estos efectos, se considerarán como tales el desempeño de puestos de Mando o asesoramiento, la asistencia a reuniones y conferencias, la ayuda técnica a terceros, la realización de estudios especialmente encomendados, la asistencia a cursos en Centros distintos a los de la Compañía, o el desempeño de funciones de representación de los Pilotos, según lo establecido expresamente para este tema por las partes y cualquier otra actividad similar.
La Empresa reconoce el derecho de los tripulantes Pilotos a que no se les programen comisiones de servicio en períodos de descanso y días libres.
La Empresa reconoce el derecho de los tripulantes Pilotos a que no se les programen días de Garantía Sindical en aquellos que corresponden como descanso y libres.
Artículo 47. Pilotos con licencia.
A) Licencia retribuida.
La Empresa concederá licencia retribuida a los Pilotos que la soliciten siempre que medien las causas siguientes, y por el tiempo que se señala:
1. Dos días laborables:
a) Enfermedad grave, fallecimiento, entierro o funeral del cónyuge, hijos, padres y hermanos, abuelos y nietos, incluso parentesco político.
En caso de que el enfermo o difunto residiera fuera del lugar de residencia del Piloto, esta licencia se ampliará a cuatro días naturales.
b) Nacimiento de hijo. El tiempo señalado podrá ampliarse hasta tres días naturales más cuando el alumbramiento se produjese en lugar distinto del que reside habitualmente el trabajador.
2. Quince días naturales ininterrumpidos por contraer matrimonio.
3. Un día natural por razón de boda de hijos, hermanos o hermanos políticos y padres, ampliable a dos si fuera en distinto lugar del de residencia habitual del Piloto.
4. El tiempo indispensable para exámenes o el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
5. Un día natural para el traslado de domicilio habitual.
B) Licencia no retribuida.
Anualmente los Pilotos tendrán derecho a disfrutar licencia sin sueldo por un plazo que no exceda de quince días laborables, ininterrumpidamente o no, para asuntos particulares.
El límite máximo de concesión de licencias no retribuidas, en cuanto al número de Pilotos que puedan disfrutar de esta licencia, simultáneamente, será de una por cada cuarenta o fracción dentro de cada flota y función.
Las licencias no retribuidas deberán solicitarse con una antelación mínima de 65 días al comienzo del mes en que se deseen disfrutar, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
Igualmente, los Pilotos con más de 20 años de servicio tienen derecho a disfrutar anualmente licencias sin sueldo por un plazo entre 15 días y 4 meses ininterrumpidos o no, para asuntos particulares. El límite de concesión de este tipo de licencias será de una por cada tipo de avión y función. El disfrute de este tipo de licencias será incompatible con el de la ejecución opcional del coeficiente de programación, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 86.1.
Adicionalmente los Pilotos podrán disfrutar anualmente de Licencia no retribuida, ininterrumpida o no, y en las mismas condiciones que la regulada en el primer párrafo, cuya duración estará comprendida entre 15 días y 6 meses naturales. La concesión de la misma estará sujeta a la voluntariedad de ambas partes y le será de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 35 del Convenio Colectivo.
Las vacaciones voluntarias del solicitante tendrán prioridad sobre las licencias no retribuidas, pero no así las forzosas.
Artículo 48.
1. Excedencia voluntaria.
Los Pilotos con un tiempo mínimo de un año de servicio en la Compañía podrán pasar a la situación de excedencia sin derecho a retribución alguna, en tanto no se reincorporen al servicio activo.
Se concederá excedencia voluntaria por plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.
El tiempo de duración de la excedencia no se computará a ningún efecto como de permanencia en la Compañía.
Los Pilotos en situación de excedencia voluntaria deberán someterse a los reentrenamientos y pruebas que determine la Dirección de la Compañía, inmediatamente antes de su reincorporación al servicio activo, siéndoles de aplicación durante este período de reentrenamiento y pruebas las normas complementarias de Seguridad Social establecidas en este Convenio.
En caso voluntario de incumplimiento de esta obligación, perderán el derecho a la reincorporación.
Al reincorporarse, su número de orden vendrá dado por el tiempo permanecido en activo en su grupo y función.
La reincorporación del Piloto se efectuará en la flota que le corresponda según su antigüedad efectiva en la función. Los puntos de destacamento y vacaciones que se asignaran a la reincorporación serán los que tuviera en la fecha del inicio de la excedencia más el incremento medio anual de la flota a la que sea asignado.
La reincorporación se efectuará en la primera vacante que se produzca después de haber realizado el reentrenamiento y pruebas precisas.
La Compañía podrá mejorar las normas generales de concesión de excedencia voluntaria para aquellos Pilotos que lleven más de 20 años de servicio activo en vuelo en la Empresa.
2. Excedencia para atender al cuidado de hijos y familiares.
Los Pilotos tendrán derecho a un período de excedencia, en los términos y condiciones previstas en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El período de excedencia, por este motivo será computado a efectos de antigüedad administrativa y técnica, así como a efectos de permanencia para cambio de nivel, según lo establecido en el apartado a) del artículo 35 del Convenio Colectivo.
Durante el primer año de excedencia no será de aplicación el apartado b) del citado artículo 35. Transcurrido el primer año, será de aplicación el requisito de haber superado el sesenta por ciento de la media de las horas voladas por la flota para el cambio de nivel.
Artículo 49. Excedencia forzosa.
Dará lugar a esta situación el nombramiento para un cargo público cubierto por elección o decreto que legalmente lleve inherente esta situación.
La excedencia se prolongará por el tiempo que dure la prestación de servicios en el cargo que la determine, computándose este período sólo a efectos de antigüedad.
La reincorporación deberá solicitarse por el interesado dentro del mes siguiente al cese en el cargo que ostentaba, perdiendo, en caso contrario, el derecho a su puesto en la Compañía.
Con la periodicidad que determine con carácter general la Dirección de la Compañía, los Pilotos en situación de excedencia forzosa deberán someterse a los reentrenamientos que aquélla determine para lograr el mantenimiento íntegro de la aptitud para el vuelo. En caso de incumplimiento voluntario de esta obligación, perderán el derecho a la reincorporación.
Artículo 50. Servicio militar.
Los Pilotos que sean requeridos, con carácter ineludible, para prestar servicios militares obligatorios, mantendrán vigente su contrato de trabajo por el tiempo que dure esta situación. Este período les será computado como tiempo de servicio efectivo y durante el mismo se mantendrán las cotizaciones a la Mutualidad y les será abonado el 50 por 100 de su retribución con exclusión de la prima por razón de viaje garantizada.
Artículo 51.
1. Baja por enfermedad o accidente.
Se considera en esta situación al Piloto que transitoriamente no pueda seguir en situación de actividad por haber sufrido un accidente o contraído enfermedad, siempre que se hayan cumplido los trámites que desde el punto de vista médico-administrativo estén señalados.
A efectos de promoción se considerará que permanecen en situación de actividad, siempre y cuando el tiempo o tiempos no afecten a las condiciones especificadas en el artículo 35, apartado b); se rebajará el límite establecido al 50 por 100 de la media de las horas de la flota, durante el tiempo que dure la enfermedad.
El accidente en acto de servicio o enfermedad profesional, al igual que las bajas por gestación, descanso por maternidad, y en su caso, la baja por riesgo durante la lactancia natural no se verán afectados en cuanto a promoción se refiere por el cómputo que se exige en dicho apartado.
2. Baja por gestación y descanso por maternidad.
Se considera en estas situaciones al Piloto que transitoriamente no pueda seguir en situación de actividad durante el periodo de gestación, descanso por maternidad, o en su caso, durante la baja por riesgo durante la lactancia natural siempre que se hayan cumplido los trámites que desde el punto de vista médico-administrativo estén señalados.
Los períodos de tiempo en estas situaciones se computarán a efectos de antigüedad administrativa, antigüedad técnica y antigüedad en la función.
A efectos de promoción por cambio de nivel se aplicará la regulación establecida en el tercer párrafo del apartado 1 de este artículo.
Artículo 52. Suspensión de actividad.
Es la situación en la que puede encontrarse un Piloto cuando, por haberse iniciado un expediente por la Autoridad Judicial o Gubernativa o por la Dirección de la Compañía, hubiera sido provisionalmente dejado en situación de inactividad para el vuelo, en espera de la resolución definitiva que recaiga. A los efectos previstos en el artículo 35, la suspensión provisional de actividad no se computará, salvo que del correspondiente expediente se deduzca responsabilidad del Piloto.
Igualmente, se encontrarán en esta situación las personas que, como consecuencia de cualquiera de los expedientes indicados en el párrafo anterior, estén cumpliendo la sanción principal o accesoria de suspensión temporal de su actividad en vuelo.
Artículo 53. Preaviso en las peticiones de baja.
Teniendo en cuenta la gran especialización técnica de los Pilotos y la importancia que en ellos tiene la formación tecnológica y adaptación a los nuevos tipos de avión, las peticiones de baja en la Compañía deberán solicitarse con tres meses de preaviso a la fecha en que se pretende causar baja.
CAPÍTULO SEXTO
Régimen de trabajo y descanso
Sección 1.ª Definiciones
Artículo 54. Base principal.
Aquella donde se encuentre el domicilio social del operador y desde la que normalmente programa sus servicios de vuelo.
Artículo 55. Base.
El lugar donde un Piloto se encuentra en régimen de permanencia, bien sea en las situaciones de destacamento, destino o contratado y desde el cual le son programados todos sus servicios.
Ambas partes acuerdan la posibilidad de que la empresa pueda establecer bases desde donde se programen los servicios de vuelo, siempre que se cumplan las siguientes premisas:
– Serán voluntarias para ambas partes, a excepción de lo previsto para destacamento y destino en el presente Convenio.
– No supondrá ningún coste para la Compañía a excepción de lo previsto para destacamento y destino en el presente Convenio.
– El retorno a la Base Principal no se considerará movilidad geográfica ni generará ningún derecho a ningún tipo de indemnización pero sí el preaviso que se acuerde.
Artículo 56. Destacamento.
El lugar donde un Piloto tiene que desplazarse fuera de su base habitual por necesidad de la Dirección de la Compañía y en régimen de permanencia por un tiempo no inferior a diez días ni superior a seis meses y desde el cual le son programados todos sus servicios.
La duración máxima del destacamento con carácter forzoso será de 31 días, empezando en cualquiera de los del mes.
Artículo 57. Destino.
El lugar al que un Piloto tiene que desplazarse fuera de su residencia habitual, por necesidades de la Dirección de la Compañía y en régimen de permanencia por un tiempo superior a seis meses y desde el cual le son programados todos sus servicios.
Artículo 58. Actividad laboral.
Todo el tiempo en que se permanece a disposición de la Compañía, para realizar los trabajos programados que ésta le pueda asignar.
Comprende los tiempos de actividad, tanto aérea como en tierra.
Artículo 59. Tiempo fuera de base.
Todo el tiempo que transcurre durante la realización de un servicio o serie de servicios, contado desde que el Piloto hace su presentación en el aeropuerto donde tiene la base hasta su regreso a dicho aeropuerto al finalizar la actividad aérea encomendada.
Se considera igualmente tiempo fuera de base cualquier actividad laboral no recogida en la presente definición, con excepción de las comisiones de servicio y cursos de calificación de tipo en el extranjero.
Este tiempo no excederá de 432 horas al mes.
El número máximo de noches fuera de base será de 18 por mes.
Artículo 60. Actividad aérea.
El tiempo computado desde la presentación de un Piloto en el aeropuerto para realizar un servicio hasta treinta minutos después de haber inmovilizado el avión en el aparcamiento, una vez completada la última etapa.
Si el servicio es cancelado, la actividad aérea se considera terminada treinta minutos después de haber sido notificada al Piloto la cancelación.
El tiempo correspondiente a un período de actividad aérea estará precedido de un período de descanso. Dicho tiempo se considerará continuo si no lo interrumpe un período Básico Mínimo de descanso.
La hora de presentación en los Aeropuertos será 45 minutos antes de la hora programada de despegue en los vuelos cortos y medios y 1 hora en los vuelos largos. No obstante lo anterior, la presentación para los aviones de los grupos 3 y 4 se efectuará siempre con 1 hora, independientemente de la duración del vuelo.
La actividad aérea se computará, inicialmente, a partir de las programaciones de los servicios.
Artículo 61. Actividad aérea diurna.
La comprendida entre las siete horas y las veintiuna horas locales del lugar donde se inicia la actividad.
Artículo 62. Actividad aérea nocturna.
La comprendida entre las veintiuna horas y las siete horas locales del lugar donde se inicia la actividad.
A efectos de retribución, la aplicación de esta actividad se hará fijando el número de horas que correspondan a cada línea.
Cuando en un servicio la actividad nocturna fuera superior a tres horas, todas las horas posteriores, hasta la finalización de aquél, también tendrán el tratamiento económico de horas nocturnas.
Artículo 63. Tiempo baremo.
Tiempo real transcurrido desde que la aeronave comienza a moverse por su propia fuerza y/o con ayuda de medios externos, con objeto de despegar, hasta que, realizado el aterrizaje, queda aquélla inmovilizada y son parados sus motores (tiempo «entre calzos»).
En el cómputo de los tiempos Baremo, se tendrá en cuenta el perfil de vuelo establecido conforme a los siguientes parámetros:
1. 100 por 100 de la carga de pago;
2. 85 por 100 de la componente de viento en cara;
3. Velocidades reales;
4. Rodaje, aceleración‑despegue, subida, aceleración, crucero, descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje;
5. Las rutas y maniobras marcadas por la Autoridad Aeronáutica correspondiente o, en su defecto, por la Compañía y las características de vuelo indicadas en el Manual del avión.
6. El tiempo de rodaje para cada vuelo, a la vista de la situación real actual no imputable a la Compañía ni a los Pilotos, sino a factores exteriores, ATC, etc., queda establecido en 17 minutos.
A efectos económicos el tiempo de baremo de cada trayecto será el del perfil de vuelo correspondiente para cada tipo de avión definido según los criterios de este artículo.
No obstante lo anterior, si el promedio de los tiempos reales de vuelo por cada trayecto, obtenido a partir de los datos estadísticos del mes anterior proporcionados por la Dirección de Operaciones de la Compañía, fuera superior al tiempo baremo calculado al amparo de lo dispuesto en este artículo, se aplicará, a efectos retributivos, el citado promedio de tiempos reales de vuelo.
Anualmente, durante el mes de enero, la Dirección de Operaciones comunicará a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia los tiempos baremo aplicables a cada trayecto.
Ambas partes se comprometen a crear una Comisión para revisar la adecuación del cálculo de Tiempo Baremo realizado por la Dirección de Operaciones de la Compañía, conforme a los criterios del presente artículo.
Artículo 64. Lugar de descanso.
El que disponiendo de servicios hoteleros completos, y reuniendo condiciones adecuadas para el descanso en función del lugar en cuanto a temperatura, luz, ruido, ventilación, sirve para que los Pilotos puedan disfrutar de un período de descanso.
Artículo 65. Periodo de descanso.
Período ininterrumpido de tiempo durante el cual un Piloto queda relevado de toda tarea, con el fin específico de que pueda descansar antes y/o después de un período de actividad aérea, tal y como se regula en el artículo 96.
Cuando dos períodos consecutivos de actividad aérea estén separados por un intervalo inferior al descanso mínimo aplicable, según se regula en el artículo 96, ambos períodos serán considerados como un período continuado de actividad aérea.
Artículo 66. Descanso parcial en vuelo.
El tiempo en el que un Piloto, por estar la tripulación reforzada, queda relevado de toda función a bordo, disponiendo de sitio adecuado para el descanso. Este tiempo debe ser superior a dos horas.
Artículo 67. Límite de actividad aérea.
Se considera límite de actividad aérea el máximo de tiempo dentro del cual deben quedar programados los servicios.
Artículo 68. Servicio.
El nombrado con objeto de realizar una etapa o etapas a las que sigue y/o precede un período de descanso.
Artículo 69. Serie de servicios.
Los programados consecutivamente siempre que no se vean interrumpidos por un día libre en la base o por dos días de descanso en base. Será de aplicación, tanto en Corto y Medio Radio, como en Largo Radio.
En el seno de la Comisión de Control y Seguimiento de Planificación, Programación y Horarios que regula el artículo 88, se realizará un análisis mensual de la aplicación de las previsiones del párrafo anterior, especialmente de su incidencia sobre la fatiga de sus tripulaciones en el Largo Radio.
Artículo 70.
1. Etapa.
El trayecto comprendido entre un despegue y la toma subsiguiente.
2. Escala.
Lugar donde permanece temporalmente el Piloto en situación de actividad aérea entre etapas. Se entiende –entre etapas– el tiempo transcurrido entre su último aterrizaje y su próximo despegue.
En programación, la duración máxima de permanencia en el Aeropuerto en una escala no será superior a 4 horas, ampliables a 5 horas en caso de que se programe comida o cena en la misma de acuerdo con los horarios.
Si el tiempo de escala fuese superior se trasladará al Piloto al hotel adecuado.
En ejecución, el traslado al hotel o la permanencia en el Aeropuerto se decidirá por el Comandante, siempre que se prevea una escala superior a 5 horas.
Artículo 71. Tripulación técnica mínima.
Es la mínima necesaria para que pueda ser operado un avión de acuerdo con su certificado de aeronavegabilidad.
Artículo 72. Tripulación técnica operativa.
Es la definida por el manual de avión para cada caso.
Artículo 73.
1. Tripulación reforzada.
La que comprende algún Piloto adicional, poseedor de licencia que le permite ocupar un puesto de trabajo en el avión con objeto de que algún miembro de la tripulación pueda obtener un descanso parcial.
2. Tripulación doblada.
La compuesta por dos Comandantes y dos Copilotos poseedores de las licencias y habilitaciones de tipo necesarias que les permiten ocupar el adecuado y correspondiente puesto de trabajo en la cabina de vuelo del avión, con el objeto de que cada Piloto pueda abandonar su puesto y descansar durante la mitad del tiempo total de vuelo de todos los vuelos incluidos en el período de actividad aérea.
Artículo 74. Vuelo corto.
Se considerará vuelo corto el de duración inferior a una hora quince minutos o el que opere sin piloto automático.
Artículo 75. Vuelo medio.
El de duración comprendida entre una hora quince minutos y tres horas.
Artículo 76. Vuelo largo.
El de duración superior a tres horas.
Artículo 77. Vuelos de situación, posición y ferry.
Se consideran vuelos de situación los desplazamientos realizados por los Tripulantes para hacerse cargo de un servicio asignado o, a la terminación del mismo, regresar a la base.
Se considera vuelo de posición aquel en que se desplaza un avión, bien para emprender un servicio programado o para auxiliar a un avión averiado.
Se consideran vuelos ferry aquellos que sin pasaje o carga de pago realizan los aviones comerciales.
Los vuelos ferry con N-1 motores, siempre que su operación esté debidamente autorizada, serán realizados por Pilotos voluntarios de la plantilla de Iberia. En caso de que no hubiera voluntarios, el vuelo sería realizado por un piloto instructor de la plantilla de Iberia designado por la Compañía.
Artículo 78. Actividad en tierra.
Abarca el resto de las actividades no comprendidas en la actividad aérea, que pueden serle asignadas a un Piloto por la Dirección de la Compañía, según se contempla en el artículo 58. A título indicativo, serán, entre otras, las dedicadas a instrucción, cursos, cualquier tipo de entrenamiento, simuladores de vuelo, reconocimientos médicos y actividades similares.
Solo a efectos de límites de programación de vuelos en flota y no a efectos económicos, a los Pilotos que participen como alumnos no se les computará como actividad laboral el tiempo dedicado a instrucción en tierra, siempre que los cursos tengan una duración inferior a quince días. En estos casos, los Pilotos disfrutarán los días libres que a continuación se expresan, en función del tiempo que se vuele en flota.
• Hasta dos semanas de vuelo en flota: seis días libres, dos de ellos unidos.
• Más de dos semanas y hasta tres de vuelo en flota: nueve días libres, cuatro unidos dos a dos.
• Los días libres que corresponden según el artículo 94, apartado e), no entran en este cómputo.
No se programará ninguna actividad aérea en las 10 horas 45 minutos inmediatamente siguientes a la finalización de la instrucción en simulador.
El número máximo de horas lectivas para instrucción en tierra referido a los alumnos Pilotos será de 6 horas diarias, ampliables a 7 horas cuando incluyan simulador.
Durante las fases de simulador de los distintos cursos, no se programarán dos períodos lectivos consecutivos que incluyan simulador sin que medie un período de 10 horas.
Artículo 79. Imaginaria.
Piloto que, en situación de incidencias se encuentra a la inmediata disposición de la Compañía desde las 00:01 LT hasta las 24:00 LT para emprender la actividad aérea que se le asigne, salvo vuelo de instrucción.
Solo a efectos de límites de programación, el tiempo de imaginaria no se computará como actividad laboral. En el mismo día, el servicio de imaginaria no podrá ser programado conjuntamente con un servicio de vuelo.
Si la imaginaria se efectúa fuera de los locales fijados por la Compañía el Piloto deberá recibir el aviso con un mínimo de 60 minutos.
No se programarán servicios de imaginaria en días naturales consecutivos.
En el día de imaginaria no se podrá requerir al Piloto la realización de cualquier tipo de curso o actividad laboral en tierra.
En ningún caso la Compañía ordenará a un Piloto en situación de imaginaria la preparación de un vuelo que no le sea asignado para realizarlo.
Si el día anterior a la imaginaria es un día libre, no se podrá programar al Piloto un servicio de vuelo hasta las 10:31 horas locales.
Artículo 80. Retén.
Piloto en disposición de pasar a la situación de Imaginaria con un preaviso de tres horas. Sólo a efectos de límites de programación el tiempo de Retén no se computará como actividad laboral.
Artículo 81. Incidencias.
Piloto que no tendrá asignados servicios de vuelos fijos. Excepto los días señalados como libres, se les podrá nombrar los servicios que se considere oportuno, con objeto de estabilizar la programación. Igualmente se les podrán nombrar servicios de Imaginaria y Retén.
Este servicio se programará por meses completos y por rotación acumulativa durante la vigencia de este Convenio entre todos los componentes de una flota, de modo que ningún Piloto lo repita hasta tanto no se haya completado la misma. Quedan excluidos de la realización de incidencias los Pilotos que ocupen puestos de estructura de la Compañía (Directores, Gerentes, Managers) durante el tiempo que desempeñen dicho cargo. El servicio de incidencias que haya tenido lugar por el sorteo de servicios del mes de diciembre tendrá la misma consideración, computando a todos los efectos como servicio efectuado en la rotación al efecto señalada. A los Pilotos de incidencias el mes de diciembre les corresponderá la realización del servicio de imaginaria del día primero de enero.
A los Pilotos en situación de Destacamento, o Destino que les correspondiera servicio de Incidencias, les será saltado el turno, realizándolo por una sola vez a su regreso a base, una vez reincorporado, entrando posteriormente en la rotación normal de su flota, a no ser que la haya efectuado durante su permanencia en las situaciones citadas.
Los Pilotos en situación de incidencias deberán establecer contacto con la Oficina de Programación de vuelos entre las 08,00 y las 10,00 horas y las 20,00 y las 22,00 horas locales, con objeto de enterarse del posible servicio asignado, excepto en las siguientes circunstancias:
• De 08:00 a 10:00.
• En día libre.
• Con un servicio ya asignado a ese día.
• Que esté efectuando el servicio de imaginaria o una actividad aérea que comprenda este período.
• De 20:00 a 22:00.
• Que en la llamada de la mañana se le haya asignado día libre al día siguiente.
• Que ese día esté en el límite de serie de servicios.
• Que esté efectuando una actividad aérea que comprenda este período.
• Que esté disfrutando de un día libre.
No obstante lo anterior, durante su período de descanso en la base el tripulante únicamente deberá contactar con INCIVOX en la última hora de dicho período de descanso, con el fin de conocer la asignación que le corresponda una vez finalizado dicho período de descanso.
Durante el mes de incidencias se programarán los días libres.
A efectos de programación, la situación de incidencias no dará lugar a cómputo alguno de actividad aérea ni laboral, si no se efectúan servicios. Si se efectúan servicios de vuelo, se computará esta actividad de la manera prevista.
Artículo 82. Día franco de servicio.
Aquél en el que, sin tener previamente programado servicio u obligación alguna, un Piloto puede ser requerido para realizar un vuelo imprevisto.
Este vuelo deberá serle asignado y notificado antes de las 22:00 horas del día anterior, respetando en todo caso el período de descanso previo a una actividad aérea. Si no le ha sido nombrado servicio o asignado dentro del plazo marcado el día franco de servicio, el Piloto quedará relevado de cualquier otra obligación.
Artículo 83. Día libre.
Día natural del que dispone libremente el Piloto, sin que pueda ser requerido para que efectúe cualquier tipo de actividad o servicio alguno y durante el cual podrá ausentarse de su base sin restricciones.
Artículo 84. Vacaciones.
Los Pilotos disfrutarán, en concepto de vacaciones, de un período de 30 días seguidos, o bien, dos de 15 días a lo largo del año en los períodos de disponibilidad.
En el caso de vacaciones voluntarias y previa conformidad de las respectivas flotas, a petición individual, los Pilotos podrán fraccionar sus vacaciones en períodos más breves. Dichos períodos serán uno al menos de quince días, y los otros como mínimo de 7 días. Estas normas no serán de aplicación para las vacaciones forzosas.
Los períodos más breves de 15 días no estarán sujetos a las normas establecidas en el anexo 6, salvo en lo relativo a la puntuación.
El disfrute de estos períodos abreviados no se interferirá, en ningún caso, con la asignación de algún turno de vacaciones de disfrute forzoso.
Cada Piloto tendrá derecho a disfrutar 15 días de vacaciones, de los que le corresponden, una vez cada dos años, en temporada comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Este período no podrá venir precedido o seguido de ningún día de recuperación.
Consecuentemente con lo establecido en el párrafo anterior, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre se dará como mínimo el 25% del total de vacaciones en cada flota y función, garantizándose la asignación de la mitad de dicho cupo a los meses de julio y agosto.
Con el fin de que el Piloto pueda organizar sus vacaciones, éstas darán comienzo los días 1 o 16 del mes en cuestión, con la excepción ocasionada por acople de línea del mes anterior, procurando la Compañía en todo caso confeccionar las programaciones para cumplir con este requisito. Ambas partes podrán acordar el comienzo de las vacaciones en días distintos de los mencionados a excepción de la segunda quincena del mes de diciembre que darán comienzo el día 17.
Artículo 85. Tiempo de recuperación.
Los Pilotos, por el concepto de días de recuperación, tendrán derecho a días libres adicionales al año, en la cuantía siguiente:
Al cumplir 5 años de antigüedad técnica en la Compañía, dos días. Al cumplir 10 años, cinco días. Al cumplir 15 años, ocho días. Al cumplir 20 años, 11 días. Al cumplir 25 años, 14 días.
No se devengarán mayor número de días libres, por este concepto, aunque se acumule antigüedad técnica superior a 25 años.
Los días de recuperación podrán disfrutarse de manera separada, como mínimo unidos dos a dos. En el caso de ir unidos a un período de vacaciones, el número máximo de días de recuperación a disfrutar en ese mes no podrá ser superior a aquel que permita el disfrute de los días libres correspondientes.
Al disfrute de estos días de recuperación se tendrá derecho cuando, cumplida la condición anterior, hayan volado, en los cinco años inmediatamente anteriores, el 60% de la media de las horas voladas en su flota o flotas, en la función en que hayan permanecido durante ese tiempo.
Artículo 86.
1. Ejecución opcional del coeficiente de programación.
Los Pilotos, a los 15 años de servicio en vuelo en la Compañía, podrán optar por no realizar más que 75 horas de vuelo en las Flotas de Corto y Medio Radio y 67 en las Flotas de Largo Radio.
Respecto de los Tripulantes adscritos al Largo Radio se operará de la siguiente manera:
• Una vez establecida la media de descansos y días libres de cada función, se aplicará ésta a los acogidos a este artículo, compensándoles a continuación en días libres adicionales por su defecto de horas programadas en relación con el resto de los Pilotos de la misma función, que no se hallen en iguales circunstancias, de forma que la media de horas de vuelo por día de vuelo en cómputo mensual sea similar en ambos casos.
• La fórmula que se aplicará para el cálculo de los días de ocupación de vuelo será la siguiente:
– Horas totales de vuelo del mes por función / días de ocupación vuelo mes (sin descansos) de la función = media diaria horas de vuelo.
– Una vez obtenido el dato anterior se procederá al siguiente cálculo:
67 horas (LR) / media diaria de horas por función = días de ocupación mes.
Se redondea a la cifra entera más próxima.
• La diferencia entre los días de ocupación al mes y el total del mes se transformará en días libres adicionales o de descanso, debiendo ambos ser proporcionales con el resto de los correspondientes a los Pilotos de su misma función.
Respecto de los Tripulantes adscritos a las Flotas de Corto y Medio Radio, se considerarán los siguientes parámetros:
• Tendrán un límite máximo de 14 días de ocupación.
• Dentro de esos días de ocupación, podrán realizar hasta un límite máximo de 75 horas de vuelo, sin que resulte de aplicación a estos Tripulantes el reparto equitativo definido en el artículo 88.
• Asimismo, la Prima por Razón de Viaje Garantizada de estos Tripulantes se reducirá un 11%.
Con carácter general, a todos los Tripulantes acogidos a esta situación les será de aplicación las siguientes reglas:
Para los tripulantes en situación de incidencias, los días de ocupación se calcularán igual que en el caso anterior, siendo éstos los días de utilización de los Pilotos acogidos al coeficiente de programación durante el mes que se encuentren en incidencias. De estos días de ocupación les corresponderá la parte proporcional de servicios de imaginaria que tengan el resto de los Pilotos de la misma flota y función que se encuentren ese mes de incidencias.
El número máximo de Pilotos que podrán estar acogidos a este artículo será del 15% de su grupo o función dentro de la Flota que se trate para cada uno de los escalafones (Único y Transitorio). Para este cálculo se tomará en cuenta la plantilla media prevista en POA en cada semestre natural para cada uno de los escalafones (Único y Transitorio). Se faculta a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para que cuando la plantilla de Pilotos del Escalafón Transitorio esté por debajo de 185 Comandantes analice y acuerde un cupo para los Pilotos de dicho escalafón.
En el caso de que el número de solicitantes supere el 15% fijado, las prioridades se establecerán por riguroso orden de antigüedad técnica efectiva en la función. Si la entrada en este cupo se produjera como consecuencia de la salida en el mismo de otro Piloto, la incorporación se produciría al mes siguiente, siempre que la renuncia se hubiera comunicado antes del día 5 del mes en curso. En caso de que se presente la solicitud y el cupo no este cubierto, se comenzará a disfrutar 2 meses después de aquel en que se presenta la solicitud.
El disfrute de las condiciones del presente artículo se suspenderá en los casos de destacamento y destino voluntarios, debiendo mantenerse en los supuestos de destacamento y destino forzosos.
En el caso de que el cupo establecido en una determinada Flota esté completo, ninguno de los Pilotos acogidos al coeficiente de programación podrá ser desplazado por un nuevo peticionario en dicha Flota, aun teniendo éste mayor antigüedad. Sí esta situación se produjera como consecuencia de la incorporación a una nueva Flota de algún Piloto que estuviera acogido al coeficiente de programación en la de procedencia, perderá tal situación en la nueva, y tendrá que concurrir con los demás peticionarios en las condiciones establecidas con carácter general.
Esta opción tendrá una duración de dos años, a contar desde el momento en que se comience a disfrutar. El procedimiento de acogimiento a esta medida será rotatorio de manera que al concluir el periodo de dos años, el Piloto que viniera disfrutando de esta medida no podrá prorrogar su situación, aun cuando hubiera disponibilidad de cupo, hasta transcurrido un año desde su finalización, salvo que no existiera ningún Piloto interesado en acogerse a esta medida, en cuyo caso el Piloto podrá optar por prorrogar su situación por otro período de dos años y para ello deberá rellenar en todo caso la solicitud correspondiente que deberá estar disponible en su Flota.
En el seno de la Comisión de Planificación, Programación y Horarios se profundizará en el desarrollo de esta medida.
Los Pilotos acogidos al coeficiente de programación reducido, no podrán simultanear en un mismo mes el disfrute de este derecho con el de Licencia no Retribuida entre 15 días y 4 meses regulado en el artículo 47.B). En esta situación, quedará en suspenso el derecho al disfrute del coeficiente de programación reducido durante dicho mes.
2. Reducción opcional de actividad en vuelo por guarda legal.
Los tripulantes que por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñen otra actividad retribuida, podrán reducir su actividad en vuelo en los porcentajes siguientes:
12,5%.
25,0%.
37,5%.
50,0%.
sobre la media de horas programadas en el trimestre anterior, por la Flota en que se encuentre el tripulante en cada momento. Esta media se actualizará trimestralmente.
La fórmula para el cálculo de los días de ocupación será la establecida en el artículo 86.1.
Con el objeto de optimizar la programación de los acogidos a dicha medida, se podrá superar en ejecución un 10% de las horas máximas correspondientes a su reducción.
Consiguientemente, se reducirán sus haberes en la proporción correspondiente. Es decir, se reducirán:
• Sueldo base.
• Premio de antigüedad.
• Prima por razón de viaje garantizada.
• Gratificación complementaria.
• Prima responsabilidad de Comandante.
• Prima de Copiloto.
• Prima de Copiloto Sénior.
• Prima de productividad.
en la proporción que corresponda.
Conforme a ello, se compensarán con días libres adicionales, o de descanso, debiendo ambos ser proporcionales con el resto de los correspondientes a los Pilotos de su misma función y flota.
Cuando un tripulante acogido a este derecho solicite destacamento o destino voluntario se entenderá que opta por acudir a dicho destacamento o destino, por lo que la reducción de actividad en vuelo por guarda legal quedará en suspenso, reanudándose una vez finalizado dicho destacamento o destino.
En los supuestos de destacamento o destino forzoso, el tripulante mantendrá el derecho a reducción de su actividad de vuelo.
Durante el mes o meses en que un tripulante deba realizar un curso de calificación de tipo quedará en suspenso el derecho de reducción por guarda legal, sin necesidad de preaviso por parte del tripulante, y con efectividad del primer día del mes en el que se realiza el curso, a todos los efectos.
Los cursos de refresco que deban realizar los tripulantes reducidos, se llevarán a cabo en el horario establecido, devengando las horas de vuelo y de actividad laboral recogidas en el apartado B) del artículo 115 al 100 por cien de su nivel.
Los tripulantes Pilotos acogidos a la reducción por guarda legal podrán optar durante el mes de incidencias por estar o no acogidos a esta reducción. Por ello, anualmente y antes del 30 de octubre de cada año, deberán comunicar por escrito a la Compañía su opción de conservar o no esta reducción durante las incidencias del año siguiente.
Si el tripulante opta por conservar la reducción, durante el mes de incidencias aparecerán marcados en su programación los cuatro días libres a los que se refiere el apartado a) del artículo 94 y los días libres adicionales que correspondan como compensación a su reducción por guarda legal. Dichos días libres no tendrán el tratamiento económico del artículo 115.
A través de la Comisión de Interpretación del Convenio Colectivo se acordará el procedimiento operativo que garantice la aplicación práctica y efectiva de lo dispuesto en este artículo.
Artículo 87. Adecuación de la productividad de los pilotos a los de otras compañías aéreas del mundo de análogas características.
La Dirección de la Compañía y la Representación de los Pilotos se comprometen a reducir o incrementar la media ponderada de horas de vuelo anuales por piloto, con objeto de alcanzar en el tiempo la de las compañías aéreas Extranjeras de análogas características.
Sección 2.ª Límites y regulaciones
Artículo 88. Limitaciones.
Aparte de las establecidas por las propias definiciones, la programación de servicios se ajustará a las limitaciones recogidas en esta Sección.
La programación se hará de acuerdo con los límites de actividad aérea garantizando los períodos de descanso correspondientes y procurando no ajustar al límite máximo para dar estabilidad a la realización de los servicios.
Los servicios de vuelo, número de etapas, actividad aérea, horas de vuelo, períodos de descanso, tiempo fuera de base, noches fuera de base, días libres y días festivos deben ser distribuidos, a lo largo del año natural, con tanta igualdad como sea posible entre los Pilotos que desempeñan las mismas funciones en una flota determinada y estén en la misma base. Este mismo criterio se aplicará proporcionalmente a aquellos Pilotos acogidos a algún tipo de reducción, a excepción de los Tripulantes de Corto y Medio Radio acogidos al coeficiente de ejecución opcional previsto en el artículo 86.1.
Siguiendo el criterio establecido en el párrafo anterior, la consideración de flota única A330-A340 no puede suponer deterioro en las programaciones de los Pilotos que posean la doble habilitación (A330-A340) respecto de los que no la posean, en los conceptos allí reseñados, particularmente, la media de la suma de días libres más días de descanso de los Pilotos con la doble habilitación (A330-A340) deberá mantener la máxima igualdad con la de los Pilotos que operen solamente el A340, teniendo en cuenta lo contemplado en el párrafo siguiente.
Las diferencias imposibles de subsanar en un mes determinado serán corregidas en los meses sucesivos, de tal manera que al finalizar el año tales diferencias queden compensadas.
La Compañía publicará trimestralmente una relación que recoja la actividad mensual realizada por cada uno de los Pilotos por flota y función, incluyendo todos aquellos conceptos susceptibles de ser repartidos y contemplados en este artículo, reflejando también el acumulado del año. Esta relación será remitida a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia.
La regla básica de la planificación de servicios deberá ser conceder a los Pilotos tanto más tiempo libre en la base como sea posible.
La Dirección de la Compañía y los Representantes de los Pilotos admiten que puede haber casos excepcionales en los cuales sea necesario alterar o modificar las regulaciones establecidas para dar cumplimiento a servicios de vuelo en ciertas rutas o para un mejor acoplamiento de las programaciones. Ambas partes se comprometen a buscar la solución adecuada y a fijar en cada uno de estos casos limitaciones especiales, una vez examinadas todas las circunstancias.
Se crea un Comisión de Control y Seguimiento de Planificación, Programación y Horarios.
Artículo 89. Límites de actividad aérea.
La máxima actividad aérea permitida durante la realización de una etapa o serie de etapas dependerá de la hora programada para el despegue inicial (horario local) y el número de etapas a realizar.
Los límites de actividad serán los siguientes:
Hora despegue
N.º de aterrizajes
Vuelos cortos y medios
Vuelos largos y aviones grupos 3 y 4
1
2
3
4
5
6
07:01 - 07:44
07:01-07:59
14:00
14:00
13:15
12:30
11:30
09:30
07:45 - 12:44
08:00-12:59
14:00
14:00
13:30
13:00
11:30
09:30
12:45 - 14:44
13:00-14:44
14:00
14:00
13:15
12:30
11:30
09:30
14:45 - 16:44
14:45-16:59
13:30
13:00
12:30
12:00
10:30
08:30
16:45 - 18:00
17:00-18:00
13:00
13:00
12:15
11:30
10:30
08:30
18:01 – 23:00
18:01-23:00
12:30
12:00
11:30
11:00
09:30
07:30
23:01 – 06:00
23:01-06:00
11:30
11:00
10:30
10:00
06:01 – 07:00
06:01-07:00
13:30
13:00
12:30
11:30
10:30
Con independencia de la hora programada para el despegue inicial, el límite de actividad aérea con tripulación reforzada de pilotaje, entendiendo como tal la compuesta por tres pilotos, en los servicios programados cuya realización comporta como máximo dos etapas, será de:
• En servicios de una sola etapa, de 14:45 horas en la etapa de ida y de 14:15 horas en la etapa de vuelta.
• En servicios de dos etapas de 14:00 horas.
Los Pilotos dispondrán de sitio adecuado para el descanso en vuelo cuando la actividad aérea que comporta el servicio sea superior a los límites contemplados en la tabla en función del número de saltos y hora de despegue.
Con independencia de la hora programada para el despegue inicial, el límite de actividad aérea con tripulación doblada, entendiendo ésta la compuesta por dos Comandantes y dos Copilotos, en los servicios programados cuya realización comporta como máximo dos etapas será de 16 horas, ampliables en cuarenta minutos en aquellos casos en que la última etapa sea para regresar a base. No podrán realizarse más de 12 horas de vuelo si los Pilotos no disponen de literas para su descanso.
Independientemente de los límites recogidos en este artículo, si el límite legal vigente en cada momento es más restrictivo, se aplicará éste.
La Compañía deberá reservar una plaza en Gran Clase en caso de tripulación reforzada, dos en caso de Tripulación doblada en todos los vuelos diurnos de más de 9 horas 30 minutos, ininterrumpidos o no, de vuelo y en todos los nocturnos, en los aviones de largo recorrido que no dispongan de literas para el descanso de los pilotos. A estos efectos se considerará vuelo nocturno aquel que comprenda más de tres horas entre las 21:00 y las 07:00 horas locales del lugar donde se inicia la actividad aérea.
En los vuelos transatlánticos o de duración similar, independientemente de sus actividades aéreas programadas, la tripulación operativa será la tripulación reforzada de pilotaje.
Como medida de productividad se exceptúan de lo preceptuado anteriormente y se operarán con la tripulación técnica mínima del avión conforme a su certificado de aeronavegabilidad, los servicios compuestos por una etapa que cumplan con las limitaciones de la siguiente tabla:
A) Desde la base:
Hora local de presentación
Máx. entre calzos
08:00-17:59
09:25
18:00-21:59
08:50
22:00-07:59
08:35
B) Fuera de base:
Máx. entre calzos
Descanso Precedente
No adaptados a Hora Local*
Si adaptados a Hora Local*
Hasta 18 o + de 30 hrs.
08:35
09:00
Entre 18 y 30 h
08:05
08:20
* No adaptados = Más de 2 hrs. de dif. horaria y menos de 3 noches locales.
* Sí adaptados = Más de 2 hrs. de dif. horaria y más de 3 noches locales consecutivas.
En cualquier caso, sobre los límites referidos se aplicará un margen de 30 minutos en ejecución.
Entre los destinos que cumplen con los límites anteriormente indicados para ser operados con tripulación técnica mínima del avión se encuentran los siguientes:
Destinos operados en la actualidad
Salida
Llegada
MAD
BOS
BOS
MAD
MAD
JFK
JFK
MAD
MAD
LAD
LAD
MAD
MAD
ORD (*)
ORD
MAD (*)
(*) Temporada de Verano.
Destinos no operados en la actualidad
Salida
Llegada
MAD
SDQ
SDQ
MAD
MAD
SJU
SJU
MAD
MAD
IAD
IAD
MAD
MAD
FOR
FOR
MAD
MAD
REC
REC
MAD
MAD
PHL
PHL
MAD
MAD
YYZ
YYZ
MAD
MAD
YUL
YUL
MAD
TFN
CCS
CCS
TFN
Durante la temporada de invierno no serán de aplicación estas previsiones respecto de los vuelos Madrid-Chicago-Madrid, Madrid-Toronto y Madrid-Montreal, que operarán con tripulación reforzada. No obstante, en la Comisión de Control de Seguimiento de Planificación, Programación y Horarios se evaluará, desde un punto de vista de seguridad operacional, la posibilidad de que los vuelos desde Toronto y Montreal se efectúen con tripulación técnica mínima.
Adicionalmente, y con carácter excepcional, el vuelo desde Caracas a Madrid será operado con tripulación técnica mínima, cumpliendo en cualquier caso con los límites de actividad aérea que establece el Convenio Colectivo.
En cualquier caso, para los límites de actividad aérea se operará con los que legal o convencionalmente estén en vigor.
Asimismo los vuelos a y desde Lagos y Dakar serán operados con la tripulación técnica mínima del avión conforme a su certificado de aeronavegabilidad, siempre dentro de los límites establecidos en la legislación vigente en cada caso.
De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88, las actuales líneas de vuelos largos, así como las realizadas dentro de los continentes americano y africano, que por la estructura de la red y carencia de tripulaciones su programación y realización rebasan los límites de actividad aérea establecidos en este artículo, se realizarán conforme a las actividades aéreas, descansos y posibles refuerzos o doblajes que específicamente se fijen por acuerdo entre las partes para cada programación, donde se examinarán y ponderarán todas las circunstancias concurrentes y será determinada la composición de las tripulaciones técnicas.
Si el límite de actividad aérea es excedido en un servicio determinado sin que ello represente una excepción, la programación de vuelo debe ser adaptada con efectos inmediatos a las circunstancias reales.
Las horas de vuelo realizadas en los vuelos de situación a que hace referencia el artículo 118, no afectarán al cómputo mensual de horas de vuelo ni limitaciones de actividades mensuales.
La actividad aérea realizada en vuelos de situación se computará como de actividad a efectos de límites diarios.
No obstante lo anterior, cuando se realice un vuelo de situación para terminar un servicio dentro de una actividad diaria correspondiente, se podrán programar vuelos de situación que no supongan un incremento superior a una hora quince minutos de la actividad aérea correspondiente.
Cuando la asignación de Imaginaria siga inmediatamente a un período de actividad aérea, sin que medie el período de descanso correspondiente; no se podrá asignar un servicio hasta que finalice dicho período de descanso. En caso contrario el período de actividad aérea se computará íntegramente junto con el período de Imaginaria, a efectos de la nueva asignación de actividades aéreas.
Artículo 90. Límites máximos de horas de vuelo, contadas calzo a calzo.
El límite máximo de horas de vuelo será el siguiente:
Flotas Corto y Medio Radio:
1. Horas en 28 días: 100.
2. Horas al año: 900.
Flotas Largo Radio:
1. Horas al mes: 85.
2. Horas al trimestre: 246.
3. Horas al año: 850.
En las Flotas de Largo Radio cuando se realicen hasta 4 vuelos transoceánicos al mes el límite de horas de vuelo mes se establece en 90 mensuales y 255 trimestrales.
A efectos de programación los tiempos de los distintos trayectos para cada tipo de avión se fijarán de acuerdo con los tiempos medios de vuelo de las estadísticas del ejercicio anterior, incluyendo el rodaje. Para aquellos trayectos de los que no se disponga de estadística, durante los seis primeros meses se aplicará el perfil de vuelo calculado según el artículo 63.
Artículo 91. Límites de actividad laboral.
El número máximo de horas de actividad laboral mensual a efectos de programación será de 156,54 horas y 1.722,00 horas al año. Para la realización de los servicios programados mensualmente, cada Piloto podrá exceder, en ejecución, el límite anterior en un 10 por 100.
Artículo 92. Límite de series de servicio.
En los aviones que efectúen etapas en Canarias, Europa y Norte de África, la programación de las series de servicios tendrá una duración máxima de cuatro días. En ejecución y para completar los servicios programados mensualmente a cada Piloto, este límite podrá ser ampliado a un máximo de cinco días, estando obligada la Compañía a reintegrar al Piloto a su base antes de que finalice el día quinto. Si en el quinto día se hace escala en la base, el Piloto tendrá derecho a ser relevado.
En los aviones que efectúen etapas en África Central y Austral y Oriente Próximo, la programación de las series de servicios tendrá una duración máxima de seis días.
En ejecución y para completar los servicios programados mensualmente a cada Piloto, este límite podrá ser ampliado a un máximo de siete días, estando obligada la Compañía a reintegrar al Piloto a su base antes de que finalice el séptimo día. Sí en este séptimo día se hiciese escala en la base, el Piloto tendrá derecho a ser relevado.
En los aviones que efectúen etapas en el Continente Americano y Lejano Oriente, la programación de las series de servicios tendrá una duración máxima de nueve días.
En ejecución y para completar los servicios programados mensualmente a cada Piloto, este límite podrá ser ampliado hasta un máximo de once días, estando obligada la Compañía a reintegrar al Piloto a su base antes de que finalice el día undécimo. Sí en ese undécimo día se hiciese escala en la base, el Piloto tendrá derecho a ser relevado.
Cuando se programen mezclas de series de servicios, la duración máxima de esta serie será proporcional (redondeándose en exceso) a los límites mencionados anteriormente en función de los días en que se programen etapas en cada una de las zonas geográficas anteriormente citadas.
Solo los servicios de vuelo están afectados por las limitaciones de las series de servicio citadas anteriormente.
Artículo 93. Límite de etapas.
El límite máximo de etapas que podrán realizarse durante un período de actividad aérea dependerá de lo establecido en el artículo 89, o de lo que se determine para casos excepcionales; en ningún caso será superior a seis. No obstante, no se podrá programar un segundo servicio el mismo día natural de llegada a la base de Madrid, que tenga un descanso básico o superior, salvo que la llegada de la última etapa del primer servicio se produzca antes de la 01:30 horas locales (hora de calzos).
Artículo 94. Días libres.
Se concederán 10 días naturales libres en las flotas de Corto y Medio Radio y 9 días naturales libres mensuales (27 días naturales libres por trimestre natural) en las flotas de Largo Radio.
No obstante lo anterior, en las flotas de Corto y Medio Radio, se podrán conceder menos de 10 días libres mensuales, siempre que la suma de los días libres más los días de descanso en la base (calculados según lo establecido en este artículo y en el artículo 98 del Convenio) sea, al menos, de 13 días al mes y se respete cualquiera de las siguientes combinaciones:
• 8 días libres + 5 días de descanso en base («D»).
• 9 días libres + 4 días de descanso en base («D»).
Los días libres se disfrutarán en las siguientes condiciones:
a) Cuatro de ellos, por lo menos, estarán unidos dos a dos.
b) Los días libres fijados en la Programación no podrán ser modificados a excepción de los que puedan perderse en ejecución.
c) Los días libres de los Pilotos durante el mes de incidencias, salvo los cuatro a los que se refiere el apartado a), podrán ser modificados en dicho mes, notificándoselo al Piloto con un preaviso mínimo de 48 horas.
d) Todo día en que un Piloto deba pasar reconocimiento médico, deberá estar precedido de un día libre. El día del reconocimiento será considerado como un día libre adicional.
e) Durante los programas de los cursos teóricos, deberán respetarse como libres los fines de semana, a partir del sábado a mediodía. Los simuladores son pruebas prácticas, cuyo objetivo es el mantenimiento de la pericia y aptitud de los tripulantes por lo que no les es de aplicación lo dispuesto en este apartado.
f) Cuando un piloto esté sujeto a un servicio de incidencias deberá disfrutar durante el mes la totalidad de los días naturales libres que le correspondan, con arreglo a las limitaciones previstas.
g) Los Pilotos que deban incorporarse a un destacamento, podrán disponer de dos días, para organizar los preparativos del traslado; los que deban incorporarse a un destino, inferior a dos años, podrán disponer de seis días y para los destinos superiores a dos años de diez días. Asimismo, dispondrán de la mitad del número de días al reincorporarse a su residencia habitual.
En los destacamentos cuya duración sea igual o inferior a 31 días, no será de aplicación lo dispuesto en este apartado sobre días libres. En este caso, los Pilotos podrán optar por percibir íntegra la dieta de estancia y hospedaje por destacamento que se detalla en el anexo 4, siendo el alojamiento a su cargo, o percibir el 75% de dicha dieta, alojándose en el hotel designado, según lo establecido en el artículo 126, cuyo coste será a cargo de la Compañía.
h) Cuando un Piloto pierda en ejecución alguno de los días libres que tenga programados, y no se puedan recuperar durante el mes, podrá optar por recuperarlos en el mes próximo o por añadirlos a las vacaciones anuales.
i) Todos los días naturales programados que un Piloto permanezca en la base serán considerados como días libres de servicio a los efectos de este artículo.
j) En programación los días libres quedarán adecuadamente señalados y diferenciados de los períodos de descanso.
k) El Piloto, no obstante, podrá de forma voluntaria aceptar cualquier cambio que afecte a sus días libres, respetando los límites establecidos en el Convenio, ya sea a petición de la empresa o de mutuo acuerdo con otro Piloto, en cuyo caso necesitará informar previamente a Iberia al objeto de comprobar que no se incumple la normativa legal o convencional vigente.
Artículo 95. Preavisos.
Las programaciones mensuales deberán ser conocidas con 7 días de anticipación.
El preaviso para la permuta de cualquier día libre, de entre los susceptibles de variación, será de 48 horas. Por esta permuta no se modificará el número de días libres programados inicialmente.
El preaviso mínimo para cualquier tipo de destacamento será de ocho días, más uno por mes de duración prevista del mismo. Cuando la duración prevista del destacamento voluntario se reduzca por necesidades de la Compañía, el preaviso de reincorporación a base principal será, como mínimo, de la mitad de los días previstos para su incorporación.
El preaviso mínimo para cualquier tipo de destino, inferior a dos años, será de 60 días.
El preaviso mínimo para cualquier tipo de destino, superior a dos años, será de 90 días. La aceptación de estos destinos deberá realizarse con una antelación mínima de 60 días a la fecha de inicio.
A la finalización de las situaciones de destino, inferior o superior a dos años, el preaviso mínimo de reincorporación a la base principal será el mismo que para la incorporación.
Las vacaciones anuales serán notificadas conforme a lo dispuesto en el artículo 13 bis, con dos meses de antelación.
La oferta para la realización de un Curso de Calificación deberá realizarse con una antelación mínima de 90 días.
La solicitud de licencia retribuida deberá realizarse 60 días antes del inicio del mes en el que desee disfrutarse, siempre que el hecho causante así lo permita.
Artículo 96. Periodos de descanso.
1.
a) Los Pilotos estarán exentos de todo servicio durante los períodos de descanso.
b) El período de descanso se calcula como sigue:
La precedente actividad aérea programada más dos horas, o la realizada si fuera mayor = período básico de descanso (en horas y minutos). El período básico mínimo de descanso es de 10 horas 30 minutos.
Deberá garantizarse una estancia de 9 horas como mínimo en el alojamiento.
c) El período de descanso reducido por decisión del Comandante (punto 8 b) redundará en la ampliación del período de descanso tras el regreso a la base en cinco veces el tiempo reducido, a no ser que el período de descanso en la base sea de 48 horas o superior.
El tiempo restituido será contado por horas enteras y no podrá superar las 10 horas. El piloto es libre de renunciar a la restitución en razón de no dificultar la realización de sus servicios programados.
2. Cuando no se crucen husos o se crucen menos de cuatro husos horarios durante la realización de un servicio, el período de descanso al que se tiene derecho es:
a) El período básico de descanso sin aumento si el período de descanso da comienzo entre las 18,01 y las 24,00 horas locales.
b) El período básico de descanso más una hora, si el período de descanso da comienzo entre las 00,01 y las 04,00 horas locales o las 15,00 y las 18,00 horas locales.
c) El período básico de descanso más dos horas, si el período de descanso da comienzo entre las 04,01 y las 15,00 horas locales.
3. Cuando se han cruzado cuatro o más husos horarios, durante la realización de un servicio, el período de descanso al que se tiene derecho es:
a) El período básico de descanso, si éste incluye una noche local, es decir, entre las 23,00 y las 07,00 horas locales.
b) El período básico de descanso más un suplemento por cruce de husos horarios para igualar la diferencia de tiempo perdido en una noche local, pero como máximo el mismo número de horas como husos horarios han sido cruzados en la realización del servicio inmediatamente anterior.
El máximo período de descanso al que se tiene derecho, consistente en el período básico de descanso más un suplemento por cruce de husos horarios, es de 22 horas.
4. Cuando en la realización de un servicio se han cruzado husos horarios total o parcialmente en ambos sentidos (opuestos), solamente se tendrá en cuenta la diferencia de husos horarios entre el lugar donde el servicio comienza y el lugar en el que finaliza, a los efectos de lo establecido en los párrafos (2) y (3).
5. Períodos de descanso en la base.
a) En los aviones que efectúan etapas cortas y medias, después de una programación en el límite de series de servicios, según se establece en el artículo 92, el período de descanso en la base será de un día natural y se iniciará el día inmediato siguiente al de finalizado el servicio.
b) En las líneas de África Central y Austral y Oriente Próximo, realizadas al límite de serie de servicios, el período de descanso tras el regreso a la base será de 36 horas, debiendo incluir necesariamente dos noches completas, siendo considerado como noche el tiempo comprendido entre las 23,00 horas y las 07,00 horas locales. Dicho descanso se iniciará inmediatamente después de finalizado el servicio.
c) En los aviones que efectúen vuelos transatlánticos o de duración similar, tras el regreso a la base, el período de descanso será de 36 horas. Dicho descanso se iniciará inmediatamente después de finalizado el servicio. Este período de descanso deberá incluir necesariamente dos noches completas, siendo considerado como noche el período de tiempo comprendido entre las 23,00 y las 07,00 horas locales. Ello será ampliado a 48 horas si en el servicio precedente se han cruzado cuatro o más husos horarios, y a 72 horas si se cruzaron más de seis husos. Si se han cruzado más de 8 husos horarios, el período de descanso deberá incluir tres noches completas. Dicho descanso se iniciará inmediatamente después de finalizado el servicio.
Después de una programación en el límite de series de servicios, según se establece en el artículo 92, el período de descanso en la base será de 72 horas. Dicho descanso se iniciará inmediatamente después de finalizado el servicio.
Cuando se han cruzado seis husos horarios o más durante el recorrido en un total de más de 3 días de ausencia (72 horas) el recorrido en el sentido opuesto desde la base sobre cuatro o más husos horarios no podrá realizarse hasta pasados seis días (144 horas). Durante este período intermedio después de completado el descanso correspondiente, cualquier otro servicio puede tener lugar.
Independientemente de los periodos de descanso recogidos en este apartado, si el límite legal vigente en cada momento es más amplio, se aplicará éste.
6. Cálculo de la diferencia de husos horarios.
El cálculo de la diferencia de husos horarios para todo lo que queda establecido en el presente artículo se llevará a cabo teniendo en cuenta la diferencia de horario local entre aquellos lugares donde la actividad aérea comienza y finaliza, con la excepción del último punto del 5.c) que se hará a base de horario G.M.T.
Al objeto de mantener un valor constante de husos horarios se tomará como base el horario de invierno para el cálculo de los períodos de descanso correspondientes a las actividades aéreas originadas en vuelos que cruzan husos horarios.
7. Los vuelos hacia América, cuando el tiempo fuera de base sea superior a 72 horas, darán lugar a un descanso en el punto donde se realice la primera interrupción de actividad aérea, que comprenderá una noche natural, entendida ésta desde las 23:00 horas a las 07:00 horas locales.
Si como consecuencia de incidencias ocurridas en la ejecución no pudiera disfrutarse una noche natural completa, de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, únicamente se garantizará el período de descanso contemplado en el punto 3, apartado b) del presente artículo.
8. Decisión del Comandante.
a) Siendo Iberia una empresa de servicios y siendo el cliente la principal prioridad de Iberia y al objeto de proteger al máximo el compromiso de servicio con nuestros clientes, la Sección Sindical de SEPLA en Iberia recomienda que los Comandantes, con carácter voluntario, puedan incrementar los límites de actividad aérea del Convenio Colectivo hasta un máximo de un 15% al objeto de completar un servicio.
No obstante lo anterior, el Comandante, siempre que tenga la seguridad de que todos los miembros de su tripulación técnica se encuentren en condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones a bordo, conforme a la legislación vigente en cada momento, incrementarán los límites de actividad establecidos en el Convenio Colectivo en un máximo de un 15% en las siguientes circunstancias:
• En situaciones de fuerte regulación derivadas de conflictos ajenos a los pilotos o condiciones meteorológicas (regulaciones generalizadas de 45 minutos que afecten a la Red de Iberia).
• En situaciones de cierre imprevisto de los aeropuertos de Barajas, Barcelona y Londres, mientras se mantenga un volumen significativo de producción en propio en estos aeropuertos.
• En situaciones de emergencia nacional.
En el caso de tripulación de dos pilotos, este incremento del 15% no podrá superar el límite máximo establecido en la legislación vigente, sin poder incrementar dicho límite por lo dispuesto en la OPS 1.1120
En los casos de tripulación reforzada o doblada, este incremento del 15% no podrá superar el límite máximo de 16 horas y 18 horas de actividad aérea respectivamente.
En cualquier caso este incremento de actividad aérea no será de aplicación en los cambios de servicio en ejecución.
b) Cuando el máximo de actividad ha sido superado, el Comandante, después de evaluar todas las circunstancias, decidirá si ha de ser ampliado el período de descanso y en qué medida.
Conforme a los mismos principios, cuando el período de descanso empieza más tarde de lo previsto en la programación, el Comandante decidirá si ha de ser ampliado y en qué medida o si ha de ser diferido. En cualquier caso, el período básico mínimo de descanso de 10 horas 30 minutos, no debe ser reducido.
La decisión a que se viene haciendo referencia será siempre con el Comandante a cuyas órdenes estaba la Tripulación o miembros de la misma en el servicio que precede al comienzo del período de descanso.
Artículo 97. Cambios de servicio en ejecución.
Por necesidades del servicio, la Compañía puede variar en ejecución los vuelos programados:
En los vuelos de Corto y Medio Radio:
La comunicación del cambio se podrá realizar desde que el tripulante se ha presentado en el aeropuerto para iniciar el servicio, hasta la finalización del mismo.
No puede suponer un incremento de actividad aérea superior a 75 minutos.
El cambio no puede suponer modificación de la ciudad de pernocta respecto de la que estaba programada, salvo que el tripulante haya sido avisado con una antelación de dos horas, respecto de la hora de presentación prevista para un servicio o servicios dentro de una serie de servicios. La modificación de la ciudad de pernocta no puede suponer un retraso de 90 minutos respecto de la hora programada de llegada a la base al final de la serie de servicios.
En los vuelos de Largo Radio:
El cambio puede suponer modificación de la ciudad de pernocta respecto a la que estaba programada.
No puede suponer un incremento de la actividad aérea superior a 120 minutos.
A fin de que el tripulante pueda acomodar su equipaje al nuevo destino, la compañía procurará avisar al tripulante como máximo dos horas antes de la presentación.
El cambio de servicio en ejecución deberá tener, respecto al programado, igual o menor número de días de ocupación, e igual o menor número de etapas.
No se considera cambio de servicio en ejecución el cambio del código de vuelo si mantiene el mismo servicio, ni el cambio de aeropuerto de la misma ciudad en la que estaba programado, ni los cambios durante la ejecución impuestos por razones de fuerza mayor (cierre de aeropuerto, condiciones climatológicas).
El Piloto no obstante podrá de forma voluntaria aceptar cualquier cambio propuesto por el Jefe de Día, aunque los términos sean diferentes a los citados, sin que en ningún caso tal cambio pueda suponer mayor número de días de ocupación.
Al finalizar un servicio en la base, permanente o temporal, del Piloto, no podrá ser añadido ningún otro adicional.
Artículo 98. Programaciones.
A efectos de programación, el Jefe de Flota o persona por él designada participará con la Unidad de Programación, con objeto de que se tengan en cuenta los problemas operativos específicos de la flota, debiendo los Comandantes comunicar a su Jefe de Flota aquellos que consideren que pueden ser de interés por estar relacionados con la seguridad, regularidad o economía de las operaciones.
Los servicios que impliquen actividad programada entre las 12,00 horas del día 24 y 24,00 horas del día 25 de diciembre, y las 12,00 horas del 31 de diciembre y 24,00 horas del 1 de enero, serán sorteados entre la totalidad de los Pilotos de las respectivas flotas, con la única exclusión de aquellos que tengan vacaciones en la segunda quincena de diciembre y que comprendan los días mencionados, o permiso sin sueldo concedido en esta misma quincena, siempre que este permiso sin sueldo sea ininterrumpido, comprenda los días mencionados y sea de 10 días de duración mínima.
El servicio de incidencias del mes de diciembre será sorteado entre todos los Pilotos disponibles de cada flota, con la excepción de aquellos que tengan asignado un período de vacaciones o permiso sin sueldo de duración superior a 5 días. Asimismo, quedarán también exceptuados los pilotos que sean Directivos de la Compañía (Directores y Subdirectores), tanto de la Dirección de Operaciones como de otras Direcciones de la Empresa.
El sorteo referido en los párrafos anteriores deberá realizarse con la suficiente antelación, de forma que se permita la planificación de otros servicios (Inspección, Instrucción, Comisiones de servicio, etc.) e impida la realización del servicio de incidencias dos meses consecutivos.
La Compañía facilitará mensualmente a la Sección Sindical de SEPLA las programaciones de Pilotos de las diferentes flotas. Igualmente, facilitará inexcusablemente los datos fehacientes de la programación realizada mes a mes.
Las programaciones de vuelo de los Pilotos se confeccionarán diferenciando claramente los días libres de los períodos de descanso. A tal fin, los períodos de descanso se marcarán en las programaciones con la letra «D», lo que no impide que puedan programarse actividades compatibles, en el tiempo no cubierto por el periodo de descanso, en cuyo caso se marcará solamente la actividad. Los días libres aparecerán marcados con «*», excepto los 4 mencionados en el punto a) del artículo 94 que lo harán con una «X», el día franco se señalará con una «F», los días libres adicionales con «XA» y los días libres por reducción de jornada por guarda legal con «XP».
Con objeto de preservar el día libre en su integridad, después de un día libre no se podrá programar un servicio de vuelo hasta las 10:31 horas locales del día siguiente. El día libre puede contener dentro de sí o puede absorber hasta 10:30 horas del periodo de descanso que se viene disfrutando en el momento de comenzar el mismo, puesto que, tras el día libre, se prevé un nuevo periodo de descanso de 10:30 horas, previo a otra actividad aérea. Si el periodo de descanso generado por la actividad aérea precedente supera las 10:30 horas dentro del día siguiente, ese día no se puede considerar como libre debiendo figurar como periodo de descanso, caso de no existir otra actividad compatible programada. Los periodos de descanso, posteriores a una actividad aérea, no podrán ser absorbidos por periodos de inactividad o por otras actividades que abarquen 24 horas.
Asimismo, después de un día libre no se podrá realizar un período de actividad en tierra antes de las 08,00 horas locales.
En caso de que un servicio de vuelo comience (hora de presentación o firma) antes de las 10,31 horas locales, el día anterior no podrá ser considerado como libre, debiendo figurar como período de descanso, o, en su defecto, otro servicio compatible con el del día posterior. Se entiende por servicio compatible, conforme al artículo 68.–del Convenio Colectivo, el nombrado con objeto de realizar una etapa o etapas a las que sigue y/o precede un periodo de descanso.
En los vuelos cortos y medios después de una serie de servicios de cuatro días, se programará el día inmediato siguiente (quinto día) como día de descanso en la base, y posteriormente al menos un día libre u otro día de descanso para interrumpir dichas series de servicios.
En los vuelos transatlánticos y/o de duración similar, al finalizar un servicio de vuelo en la base o serie de servicios, se programará inmediatamente después el período de descanso con el número de horas y noches de descanso que corresponda, entendiendo por noche a estos efectos el período de tiempo comprendido entre las 23,00 y las 07,00 horas locales. En estos supuestos, la obligación de marcar con una «D» el periodo de descanso comprende días naturales completos y también el exceso de horas sobre los mismos, siempre que no se programe otra actividad compatible en ese día.
A saber:
• 36 horas y 2 noches en cualquier caso.
• 48 horas si se han cruzado cuatro husos horarios o más.
• 72 horas si se cruzaron más de seis husos.
• 72 horas con tres noches si se han cruzado más de ocho husos.
• 72 horas en las series de servicios de 9 días.
Finalizado el periodo de descanso de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5, apartado c) del artículo 96, podrán programarse otras actividades compatibles de tierra o de vuelo si no ha concluido la serie de servicios. El regreso a la base no exige de por sí, la programación de un día libre, ni tampoco la consideración de que haya finalizado la serie de servicios. Finalizada la serie de servicios, será preceptivo programar el día libre.
En las líneas de África Central y Austral y Oriente Próximo, después de una serie de servicios de 6 días, se programará un período de descanso de 36 horas, debiendo incluir dos noches, siendo considerado como noche a estos efectos el período comprendido entre las 23,00 y las 07,00 horas locales y posteriormente al menos un día libre. En la programación debe marcarse con una «D» el periodo de descanso, que comprende un día natural completo y el exceso sobre el mismo, salvo, en este último caso, que se programe una actividad compatible (que ha de tener en cuenta también que el día siguiente es día libre).
La programación mensual constituye la asignación de servicios, actividades, descansos, etc., al Piloto durante ese período, que la Compañía, en uso de su facultad de Dirección y en función de las necesidades, podrá adaptar y modificar de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo.
Cuando los medios informáticos de la Compañía lo permitan, en el caso de los Mandos y cargos de la Dirección de Operaciones, Instructores, Inspectores y Delegados Sindicales, aparecerá el porcentaje de la reducción aplicable sobre la media de la flota y función en la que operen.
Las programaciones mensuales estarán confeccionadas y disponibles para los Pilotos al menos con 7 días de antelación al comienzo del mes de realización de la misma.
En el caso de notificación de alta, procedente de una baja por enfermedad o accidente –en los términos previstos en el artículo 51,1 del Convenio Colectivo–, el piloto se reincorporará a su programación mensual o si ésta no existiese la Compañía le podrá notificar una programación con los servicios de vuelo o instrucción que considere conveniente mediante comunicación con al menos tres días de antelación al comienzo del primer servicio fijando los días libres que le correspondan prorrateados al mes de incorporación.
Si en el momento del alta no existiera una programación libre en el mes de su flota y función, hasta que esto suceda, se le asignarán servicios sueltos con días libres entre medias notificándoselos cada uno de ellos con al menos tres días de anticipación. De forma similar, si en el momento del alta no existiera una programación de la instrucción necesaria para recobrar la operatividad del tripulante, ésta se le notificará tan pronto se haya confeccionado y con al menos tres días de antelación al comienzo de la misma.
Artículo 99. Facultades y responsabilidades del comandante.
No obstante todas las normas anteriores, el Comandante, de acuerdo con las facultades que le están conferidas por la ley, puede alterar las normas prescritas, aumentando los tiempos de actividad aérea permitida cuando causas de fuerza mayor así lo exijan, y siempre que a su juicio la seguridad del vuelo no se vea afectada porque alguno o algunos de los Tripulantes sobrepasen las limitaciones establecidas. A estos efectos, se consideran causas de fuerza mayor operaciones de salvamento para las que puedan ser requeridos, necesidad de traslado de enfermo grave, seguridad de la propia aeronave y supuestos de parecida naturaleza.
Por el contrario, en uso de las mismas facultades, el Comandante deberá, si a su juicio el estado de fatiga de sí mismo o de algún miembro de la Tripulación esencial para la operación de la aeronave así lo exige, suspender o aplazar la continuación de un vuelo antes de llegar a los límites establecidos, hasta que, mediante un período de descanso adecuado, el tripulante o tripulantes se recuperen de su estado de fatiga y la seguridad deje de estar afectada.
La Compañía Iberia se subrogará en la responsabilidad civil del Comandante que se derive de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley sin que pueda repetir contra éste por las cantidades satisfechas en concepto de indemnización. Ello sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.
Sin embargo, quedarán excluidas de esta subrogación en la responsabilidad las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas tipificadas en las leyes penales comunes, que se regirán por las disposiciones establecidas por la ley.
Asimismo, quedarán excluidas de esta subrogación las conductas tipificadas como delitos o faltas en las leyes penales especiales, cuando en la comisión del hecho punible haya intervenido directa y dolosamente el Comandante como autor, cómplice o encubridor.
Sección 3.ª Rotaciones
Artículo 100. Vacaciones.
El procedimiento para el disfrute y rotación en los turnos de vacaciones vendrá determinado por las normas del anexo 6.
Artículo 101. Rotaciones en destacamentos y destinos.
La rotación de destacamentos y destinos se ajustará a lo previsto en el anexo 7.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Retribuciones
Artículo 102. Conceptos retributivos.
Los Pilotos a quienes se aplica el presente Convenio estarán retribuidos por los siguientes conceptos:
a) Retribuciones fijas:
1. Sueldo base.
2. Premio de antigüedad.
3. Prima por razón de viaje garantizada.
4. Gratificaciones extraordinarias.
5. Gratificación por cierre de Ejercicio.
6. Prima de Responsabilidad de Comandante y Prima de Copiloto.
7. Gratificación Complementaria.
8. Prima de Copiloto Senior
b) Retribuciones variables:
1. Prima por razón de viaje por:
a) Horas atípicas.
b) Horas de vuelo adicionales.
c) Actividad aérea en tierra.
d) Actividad laboral.
2. Plus de Nocturnidad.
c) Gastos compensatorios:
1. Dietas por desplazamiento.
2. Dietas de estancia y hospedaje por destacamento.
3. Indemnización por destinos.
d) Protección a la familia.
Artículo 103. Sueldo base.
Los sueldos base del grupo de Pilotos son los expresados en el anexo 1-A.
Artículo 104. Premio de antigüedad.
El personal de plantilla recibirá en concepto de premio de antigüedad un 0,8 por 100 del sueldo base de su nivel por cada tres años de servicio a la Compañía, hasta un máximo de 12 trienios.
A estos efectos, la antigüedad de los Pilotos se computará teniendo en cuenta el tiempo efectivo de servicio en la Compañía independientemente de los grupos laborales en que hayan estado encuadrados.
Artículo 105. Prima por razón de viaje.
La prima por razón de viaje constituye la remuneración básica de las distintas actividades necesarias para la realización de los vuelos y responde a la peculiaridad del trabajo, al mayor gasto que supone la permanencia fuera de la residencia habitual y a la ejecución de los vuelos (trabajo), tanto en territorio nacional como en extranjero.
Los Pilotos percibirán en concepto de prima por razón de viaje garantizada las cantidades que se especifican en el anexo 1-A, según su nivel.
El cálculo mensual de la prima por razón de viaje se realizará evaluando por una parte la suma de los importes de las horas de vuelo y de las horas atípicas y, por otra parte, el importe de la actividad laboral. A ambos importes se les añadirá el correspondiente al concepto de «actividad aérea en tierra». De las nuevas cantidades resultantes los Pilotos percibirán la mayor, y en caso de que ambas sean inferiores a la prima por razón de viaje garantizada, percibirán ésta última excepto en los casos previstos en el anexo 8.
La prima por razón de viaje se obtendrá aplicando los precios de los bloques que figuran en las tablas del anexo 1-A.
Por día de servicio en vuelo como Piloto fuera de la base (considerado entre las 00:01 y las 24:00 horas locales del lugar donde se inicie la actividad) siempre que no se realice actividad aérea alguna, se garantizan dos horas, que se computarán al precio de las horas atípicas.
Por cada día (considerado entre las 00:01 y las 24:00 horas locales del lugar donde se inicie la actividad) que se realice una actividad aérea como Tripulante, se garantizan hasta tres horas o la diferencia entre esta garantía y las horas de vuelo realizadas, computándose la diferencia al precio de las horas atípicas.
Quedan excluidos de estas garantías los días pasados en destacamentos y destinos en los que no se programe vuelo.
La prima por razón de viaje garantizada corresponderá a 70 horas a precio de la hora base de vuelo. Los bloques de actividad laboral serán como sigue:
Primer bloque: 156,54 horas.
Segundo bloque: De 156,55 horas en adelante.
Los precios de los bloques citados de actividad laboral serán los que figuran en el anexo 1-A.
El precio de la hora de vuelo base se determinará dividiendo el importe de la prima horaria garantizada entre el número de horas de vuelo correspondientes a dicha prima (70 horas).
En todos los casos, el precio de las horas atípicas será el resultado de dividir la prima por razón de viaje garantizada por 76 horas.
La cantidad que exceda a la prima por razón de viaje garantizada constituye la prima por razón de viaje adicional.
A los efectos de cálculo de devengo de la prima por razón de viaje, se entiende como «actividad aérea en tierra» la diferencia entre la «actividad aérea pura» (período transcurrido entre la presentación de un Piloto en el Aeropuerto para realizar un servicio, hasta 30 minutos después de haber inmovilizado el avión en el aparcamiento, una vez completada la última etapa. Si el servicio es cancelado, la actividad aérea se considera terminada 30 minutos después de haber sido notificada al Tripulante la cancelación; independientemente de cuál sea la duración real del descanso anterior y/o posterior a dicho servicio) y la suma de los tres conceptos siguientes: horas de vuelo, medidas en las cuantías de cobro (horas de baremo), horas de vuelo de situación (50 por 100 de las horas de baremo correspondientes al vuelo) y complemento a tres horas.
La actividad aérea en tierra mensual será el 12,73% del precio de la hora base de vuelo.
Artículo 106. Plus de nocturnidad.
En concepto de plus de nocturnidad se abonará las horas reales de vuelo a que se refiere el artículo 62 con un incentivo del 25 por 100.
Artículo 107. Gratificaciones extraordinarias.
Los Pilotos percibirán en los meses de julio y diciembre de cada año, con carácter de pagas extraordinarias, unas gratificaciones integradas por el sueldo base, antigüedad, prima por razón de viaje garantizada, prima de responsabilidad de Comandante, Prima de Copiloto, gratificación por consideración a grado Senior de Copiloto, prima de productividad y gratificación complementaria.
Artículo 108. Gratificación complementaria.
Los Pilotos percibirán las gratificaciones complementarias que se señalan en el anexo 1-E.
Artículo 109. Títulos.
La Dirección establecerá, en el plazo de 1 año, los títulos cuya posesión por parte de los Pilotos dará lugar, en el momento del reconocimiento, a la percepción por una sola vez de la cantidad que se fije y que estimule a la obtención de los mismos.
Estrictamente «ad personam» seguirán devengando las cantidades que correspondería percibir el día de la aprobación de este Convenio, sin incremento posterior alguno, al personal con título actualmente reconocido.
Artículo 110. Protección a la familia.
Se estará a lo dispuesto por la normativa legal vigente en cada momento.
Artículo 111. Gratificación por cierre de ejercicio.
Se concederá una gratificación por cierre de ejercicio consistente en el importe correspondiente a 30 días de sueldo base, antigüedad y prima por razón de viaje garantizada, prima de productividad y gratificación complementaria, o parte proporcional en su caso. Para los Pilotos que desempeñen la función de Comandante, se incluirá la Prima de Responsabilidad o parte alícuota que corresponda.
Esta gratificación se hará efectiva después de celebrarse la Junta General de Accionistas, en el mes de Abril siguiente a cada uno de los Ejercicios.
Artículo 112. Dietas de estancia y hospedaje por destacamento.
Los Pilotos percibirán, durante el tiempo que permanezcan en esta situación, en concepto de dietas de estancia y hospedaje, la cantidad que resulte de multiplicar el número de días que dure el destacamento por la cantidad consignada en el anexo n.º 4, I, o en su caso lo establecido en el artículo 94, apartado g).
Artículo 113. Indemnización por destino.
A estos efectos hay que distinguir entre destinos inferiores a dos años y destinos superiores a dos años.
Los Pilotos durante el tiempo que permanezcan en destinos inferiores a dos años, percibirán en concepto de indemnización, la cantidad que resulte de multiplicar el número de días que dure dicho destino por la cantidad consignada en el anexo 4, II.
Los Pilotos durante el tiempo que permanezcan en destinos superiores a dos años, percibirán en concepto de indemnización, la cantidad que resulte de multiplicar el número de días que dure dicho destino por la cantidad consignada en el anexo 4, III.
Artículo 114. Alteraciones de los tiempos de destacamento o destino.
Cuando las situaciones de destacamento, destinos inferiores a dos años o superiores a dos años no llegasen a alcanzar los plazos de tiempo previstos, el Piloto recibirá como dietas de estancia y hospedajes o indemnización, en su caso, la que corresponda por el tiempo real de duración del desplazamiento.
Cuando la alteración de los plazos previstos tenga lugar por causa no imputable al Piloto, éste recibirá la indemnización correspondiente a la diferencia entre las dietas de estancia y hospedaje o indemnización percibida y los gastos reales que hubiese efectuado con el límite máximo de la que realmente hubiera percibido de haberse agotado la situación. A estos efectos la regresión voluntaria se considera causa imputable al piloto.
Artículo 115. Incidencias, cursos y comisiones de servicio, imaginarias y retenes.
A) Incidencias.
A efectos económicos la situación de incidencia devengará, como mínimo, 2,53 horas de vuelo por día permanecido en esta situación y 5,33 horas de actividad laboral, incluidos los días que por necesidades del servicio permanezcan fuera de base.
Cuando a un Piloto en incidencias le sean nombrados servicios de Imaginarias se computarán a efectos económicos como sigue:
a) En los locales fijados por la Compañía, devengará 5,06 horas de vuelo y el 100 por 100 de la actividad laboral.
b) Fuera de los locales fijados por la Compañía, devengará 2,53 horas de vuelo y el 50 por 100 de la actividad laboral.
c) Cuando se combinen las situaciones a) y b) el devengo de horas de vuelo y actividad laboral se producirá conforme al apartado a) Cuando un Piloto en actividad sea requerido para desempeñar el servicio de Jefe de Día, se le aplicará el tratamiento de este párrafo.
A efectos económicos el retén devengará 2,85 horas de vuelo por día permanecido en esta situación y el 25 por 100 de dicho tiempo como actividad laboral.
Cuando a un piloto se le programen servicios de imaginaria, el devengo de horas de vuelo y actividad laboral se producirá sin prorrateo en función de la duración de la misma. Adicionalmente, el piloto percibirá, por cada imaginaria programada, 150,00 € brutos.
Asimismo, en caso de que al Tripulante se le asigne un servicio de vuelo durante la imaginaria, devengará las horas de vuelo correspondientes al mismo.
B) Cursos y Comisiones de Servicio.
A efectos económicos los Pilotos, durante los cursos realizados como alumnos, comisiones de servicio efectuadas en los términos del artículo 46, o cualquier otra actividad que deban desarrollar por haber sido designados por la Compañía, devengarán por cada día dedicado a ello 2,53 horas de vuelo y 6 horas de actividad laboral.
El Vuelo para incorporarse a la realización de los cursos cuando se realicen fuera del lugar donde el Piloto tenga su base, permanente o temporal, lo será el día anterior al de inicio de dicho curso. El día siguiente a la finalización del curso será programado como libre de los que correspondan al tripulante en el mes.
A efectos económicos los días de simulador de los cursos de refresco, cuando se realicen fuera del lugar donde el Piloto tenga su base, devengarán el doble de lo establecido en el primer párrafo de este apartado B).
C) Las horas de vuelo de que se habla en los apartados A) y B) de este artículo, se computarán al precio de las horas atípicas, precio éste resultante de dividir la garantía vigente en cada momento por 76 horas y se abonarán siempre y cuando que sumado su importe al de las horas reales de vuelo o actividad laboral, en su caso, superen la garantía.
Durante los cursos de duración superior a un mes, se percibirán 70 horas al precio hora vuelo base por cada mes de duración o la parte alícuota que corresponda y 6 horas de actividad laboral por día.
Artículo 116. Licencia retribuida.
El Piloto en situación de licencia retribuida, percibirá la prima por razón de viaje garantizada o la parte alícuota en horas de vuelo y actividad laboral que le corresponda por el número de días permanecido en esta situación.
Artículo 117. Vacaciones.
El Piloto durante las vacaciones reglamentarias percibirá, además de los conceptos fijos que le correspondan, la prima por razón de viaje correspondiente al promedio de horas efectivamente voladas o computadas a efectos de cobro durante el año inmediatamente anterior al mes en que se disfruten las vacaciones, o el promedio de la actividad laboral realizada o computada durante el mismo período, lo que sea mayor. También percibirá la parte correspondiente a actividad aérea en tierra promediada de los doce meses anteriores. En ningún caso dicho promedio será inferior a la prima por razón de viaje garantizada.
Este mismo tratamiento se dará al tiempo de recuperación y a los días libres adicionales a los que se refiere el artículo 94 apartado h).
Artículo 118. Vuelos de situación y prueba.
En los vuelos de situación para tomar o dejar los servicios asignados, los Pilotos percibirán el 50 por 100 de la cantidad que corresponda al tiempo baremo del vuelo realizado en situación.
En los vuelos de prueba se percibirá la prima correspondiente, considerándose para el pago como mínimo de una hora de vuelo o el tiempo real si es superior.
Cualquier vuelo asignado a un Piloto sin que éste forme parte de la tripulación, para la realización de cursos o las comisiones de servicio efectuadas en los términos del artículo 46, que supongan un desplazamiento fuera de su base, percibirán exclusivamente el 50 por ciento de la cantidad que corresponda al tiempo baremo de los vuelos asignados para realizar esa actividad, así como la dieta de desplazamiento correspondiente, sin perjuicio de lo que pudiera corresponderle en aplicación de lo dispuesto en el apartado B) del artículo 115 en su caso.
En los vuelos de situación y en todos los vuelos programados por la Compañía en que los Tripulantes Pilotos no formen parte de la tripulación normal, se emitirán para su utilización billetes de servicio en primera clase. Las reservas se harán en primera clase o preferente si no existiera primera clase.
Cuando este tipo de servicios se programen en ejecución de forma imprevista se realizarán en primera, salvo que estén todas las plazas de dicha clase confirmadas en el momento de tomar la decisión de realizar el vuelo, en cuyo caso se efectuarán en la clase inmediata inferior, o en turista en defecto de ambas.
Artículo 119. Dieta por desplazamiento.
Es la cantidad que se devenga diariamente para atender los gastos normales de manutención que se originen en los desplazamientos que se efectúan por necesidades de la Compañía fuera de la base.
La cuantía diaria de la dieta está calculada para cubrir los gastos normales de manutención en los desplazamientos mencionados.
Artículo 120. Clases de dieta.
Las dietas por desplazamiento se dividen en Nacionales y Extranjeras, según que los gastos de manutención a cubrir lo sean en territorio nacional o extranjero.
Artículo 121. Dieta e indemnización básica.
Es la que servirá de punto de partida para calcular, aplicándole un coeficiente regulador por país, la que corresponde en cada caso.
A efectos de dietas por desplazamientos a todos los países les será de aplicación la dieta básica.
Artículo 122. Coeficiente regulador.
Es el que se aplica a las dietas e indemnizaciones por destino.
Actualmente no es de aplicación a las dietas por desplazamiento este coeficiente regulador.
Cuando se deban devengar dietas e indemnizaciones eventualmente en algún país cuyo coeficiente no conste se aplicarán las dietas e indemnizaciones básicas si previamente no han llegado a un acuerdo la Dirección de la Compañía y la Representación de los Pilotos en la Comisión de Interpretación del Convenio.
Artículo 123. Actualización de dietas.
La actualización de las dietas Nacionales y Extranjeras se hará anualmente el día primero del mes siguiente a aquel en que se publiquen oficialmente las cifras del índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística para el conjunto nacional.
Las dietas Nacionales serán actualizadas con dicho índice o lo que ambas partes acuerden y las Extranjeras se actualizarán de mutuo acuerdo entre las partes, en función de los estudios correspondientes, ambas con efectos económicos de primero de enero de cada año.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará asimismo a las dietas de estancia y hospedaje por destacamento y a las indemnizaciones por destino.
No obstante lo anterior las dietas hasta el 31 de diciembre de 2015 quedan actualizadas conforme a lo establecido en los anexo 4, I al anexo 4, IV.
Se acuerda que a partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Artículo 124. Dietas e indemnizaciones en vigor.
Las dietas por desplazamiento, así como las dietas de estancia y hospedaje por destacamento e indemnizaciones por destino en vigor son las que figuran en el anexo 4.
Artículo 125. Cómputo de dietas.
A efecto de cómputo de dietas se devengará una dieta nacional por cada día natural (entre 00,01 y 24,00 horas locales) en el que se realice una actividad aérea (salvo que el servicio fuera cancelado y no hubiera comenzado el vuelo –calzos–) o se permanezca fuera de la base, siempre que el desplazamiento se produzca dentro del territorio nacional.
A efecto de cómputo de dietas se devengará una dieta extranjera por cada día natural (entre 00,01 y 24,00 horas locales) en el que se realice una actividad aérea (salvo que el servicio fuera cancelado y no hubiera comenzado el vuelo –calzos–) o se permanezca fuera de la base, siempre que el desplazamiento se produzca dentro del territorio extranjero.
Cuando se realicen vuelos mixtos (nacional e internacional) dentro de un día natural (entre 00,01 y 24,00 horas locales) se devengará la dieta más alta.
Cuando se cambie de fecha en vuelo, las dietas que se devengarán (nacional o extranjera) serán las correspondientes al carácter de nacional o extranjero de los lugares donde se inicie y termine el vuelo. En ambos lugares, a efectos de devengo, se tendrán en cuenta las horas locales respectivas; es decir, de inicio y terminación del servicio.
Artículo 126. Alojamiento.
La selección, contratación y pago de los hoteles en los que se alojan los Tripulantes Pilotos en sus desplazamientos habituales, por motivos de servicio, estará a cargo de la Compañía.
La contratación de los hoteles incluido un desayuno de tipo continental o similar siempre que el horario del servicio del hotel lo permita, se hará directamente por la Compañía, a cuyo cargo correrá el abono de estos conceptos.
En la selección participará la representación sindical de los Pilotos. El hotel seleccionado ha de ser como mínimo de cuatro estrellas o su equivalente en el extranjero, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada situación, tales como las condiciones de peligrosidad o insalubridad de la zona del hotel, así como su cercanía al centro urbano. Las habitaciones deberán ser individuales o dobles de uso individual y con baño, con el fin de garantizar un buen descanso.
Cumplidas estas condiciones, será preciso obtener el visto bueno de la representación sindical de los pilotos para el hotel seleccionado. Si no se obtiene este visto bueno la Compañía deberá ofertar al menos otros tres hoteles que cumplan las mismas condiciones referidas, debiendo la representación sindical dar el visto bueno a uno de ellos. A falta también de este visto bueno, la Compañía podrá seleccionar libremente entre los hoteles ofertados.
El principio general es que la selección del alojamiento debe ser acordada y, solo excepcionalmente, la Compañía, para evitar situaciones de bloqueo, puede decidir en los términos previstos en este artículo. Éste, por otra parte, no puede ser utilizado para proceder a un cambio masivo de alojamientos contratados, para disminuir la calidad de los mismos, ni para prescindir sistemáticamente del acuerdo (visto bueno) con la representación sindical de los pilotos ni excluir su participación en la selección (que es distinta de este visto bueno. La selección, esto es, ha de hacerse con participación de la representación sindical de los pilotos, que, posteriormente, ha de dar su visto bueno al hotel seleccionado).
Artículo 127. Alojamiento en viajes no programados.
Las Delegaciones harán las gestiones oportunas para facilitar a los Pilotos alojamientos individuales de las mismas características del artículo anterior, siempre que ello sea posible.
Cuando, por no existir Delegación en el lugar de que se trate, el Piloto abone el alojamiento, éste pasará el cargo correspondiente a la Compañía.
Artículo 128. Anticipo de dietas.
La Compañía facilitará anticipo de dietas a los Pilotos por la cuantía necesaria para el desplazamiento de que se trate.
Artículo 129. Dietas por desplazamiento en vigor.
Las dietas por desplazamiento para cada uno de los años de vigencia del presente Convenio son las que se establecen en el anexo 4, IV.
Artículo 130. Comidas a bordo.
Para evitar retrasos innecesarios, la Compañía facilitará a bordo las comidas a los tripulantes y habilitará los medios y personas necesarios a fin de que las mismas estén dispuestas de forma que puedan efectuarse normalmente, bien sea en vuelo o en las escalas.
El momento de efectuar la comida será decidido por el Comandante, quien lo comunicará con la suficiente antelación para que puedan ser preparadas procurando en la medida de lo posible que se realicen entre las 13 y las 16 horas y las 21 y 24 horas locales del lugar donde se inicie la actividad.
Asimismo, se realizará un estudio de las líneas que coincidan con los mencionados horarios, de forma que se pueda facilitar en cada temporada una orientación a los Comandantes que les permita coordinar con antelación las comidas de los tripulantes.
Dada la problemática de las comidas facilitadas a los Pilotos, se considera necesaria la participación de la representación sindical. A tal efecto, SEPLA designará un representante para su participación junto con la Dirección de la Empresa en la composición de los menús. Cuando sea necesario, dichos temas se substanciarán a través de un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Empresa y de SEPLA, con la participación y visto bueno decisorio del Servicio Médico de Iberia.
Artículo 131. Devengo.
El cómputo de dietas está recogido en el artículo 125.
Artículo 132.
a) Con efectos del 1 de enero de 2010 y hasta el 14 de marzo de 2013, las partes pactan expresamente que las tablas salariales y demás conceptos retributivos son los que figuran, para dicho periodo los anexos 1, 2, 3, 4 y Acta Aneja de este Convenio.
b) A partir del 15 de marzo de 2013, las partes pactan expresamente que las tablas salariales y demás conceptos retributivos, son los que se establecen a continuación:
i. Con efectos 15 de marzo de 2013, salvo para aquellos conceptos para los que expresamente se haya pactado otra efectividad distinta, la tabla salarial y demás conceptos retributivos son los que figuran en los anexos 1, 2, 3, 4 y Acta Aneja de este Convenio.
ii. Con efectos 15 de abril de 2013, salvo para aquellos conceptos para los que expresamente se haya pactado otra efectividad distinta, la tabla salarial y demás conceptos retributivos son los que figuran en los anexos 1, 2, 3, 4 y Acta Aneja de este Convenio.
c) Con efectos 4 de abril de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015, salvo para aquellos conceptos para los que expresamente se haya pactado otra efectividad distinta, la tabla salarial y demás conceptos retributivos son los que figuran, para dicho periodo, en los anexos 1, 2, 3, 4 y Acta de este Convenio.
d) Para los años 2016 y 2017, con efectos 1 de enero de cada año, se procederá, en su caso, a un incremento salarial de acuerdo a la siguiente escala referenciada al EBIT/Ingresos de Iberia en cada uno de los años.
EBIT/Ingresos
–
Porcentaje
Porcentaje sobre masa salarial consolidado
< 0
0,00
0 – 1,0
0,00
1 – 2,5
0,50
2,5 – 5,0
1,00
5,0 – 7,00
1,00
> 7
1,00
Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio si, por no haberse conseguido la suscripción de un nuevo Convenio, se mantuviera, en cumplimiento de la normativa legal vigente, su aplicabilidad ultraactiva, se aplicará una revisión salarial para dicho periodo de ultraactividad, en los mismos términos pactados para los años 2016 y 2017.
Se faculta a la Dirección de la Compañía y a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia para que establezcan la distribución del importe global resultante de las revisiones salariales anteriores que, en su caso, corresponda aplicar, incorporándose a las tablas salariales y conceptos retributivos que se vean afectados y que formarán parte integrante del VIII Convenio Colectivo de Pilotos.
CAPÍTULO OCTAVO
Atenciones sociales
Artículo 133. Principios generales.
Informadas por el principio de solidaridad, las Obras Sociales se extenderán tanto a la creación de prestaciones que contribuyan a remediar necesidades (viviendas, préstamos, etcétera) como al establecimiento de medios que tiendan al mayor bienestar de los trabajadores (obras culturales, recreativas y deportivas, financiación de vehículos, becas o ayudas a estudios, etc.).
Artículo 134. Fondo solidario.
De acuerdo con el artículo anterior, el régimen de financiación del Fondo Solidario de Pilotos será el de reparto entre Empresa y empleado. La proporción será del 50 por 100 por cada parte.
La cotización a este Fondo será la fijada en el anexo 3 y podrá revisarse anualmente por acuerdo de la Dirección y la representación de los Pilotos.
Artículo 135. Asociación minusválidos.
Se establece una cotización por los Pilotos a la Asociación de Padres de Minusválidos de la Compañía Iberia de 1,00 por 100 del sueldo base por Piloto y mes.
Artículo 136. Gestión obras sociales.
La gestión de las Obras Sociales se hará a través de los órganos existentes con participación de la Representación de los Pilotos, y de acuerdo con lo establecido en el anexo 3.
Artículo 137. Vestuario.
En materia de utilización del uniforme se estará a lo dispuesto en cada momento en los Reglamentos y normas de carácter interno de la Compañía.
El material de vestuario, uniformidad y equipo de trabajo será proporcionado por Iberia en las cantidades y con la caducidad que se señalan en el anexo 5.
La Compañía informará con carácter previo a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia de cualquier modificación que se prevea en materia de vestuario.
CAPÍTULO NOVENO
Seguridad social complementaria y fondo social de vuelo
Artículo 138.
1. En tanto no sea modificado por norma legal, acuerdo pactado, u otra circunstancia, el régimen institucional de la Seguridad Social Complementaria y el Fondo Social de Vuelo, las partes se regirán por lo establecido en el presente Convenio.
En base a lo anterior:
a) La Seguridad Social Complementaria se rige por las normas establecidas en el anexo 8.
b) El Fondo Social de Vuelo se regirá por el Reglamento vigente en cada momento.
Las partes se comprometen a cotizar a este Fondo, en la misma proporción que hasta ahora y sobre la Base de cálculo que figura en el anexo 1,F).
A los efectos anteriormente citados, no procede cotización alguna para el Nivel 11.
Esta cotización supone el 4,7 por 100 para cada una de las partes sobre la Base de cálculo mencionada.
Durante el tiempo que los Pilotos entre 60 y 65 años de edad continúen en el servicio activo de vuelo se mantiene la cotización según lo indicado en los párrafos precedentes.
2. La prima del Concierto Colectivo de Vida de los Pilotos de la Compañía será abonada en un 60 por 100 con cargo a Iberia y en un 40 por 100 con cargo a los interesados.
Asimismo, los capitales actualmente asegurados se establecerán por nivel, sin modificación de la cifra actual que suponen, en función del número de pagas o de fracciones que representen, al igual que ocurre con los restantes colectivos.
No obstante lo anterior, Iberia y SEPLA acuerdan crear una Comisión de Trabajo que estudie en profundidad las posibles modificaciones al actual sistema de prestaciones.
Una vez denunciada la póliza del vigente Concierto Colectivo de Vida, Iberia y SEPLA negociarán conjuntamente la póliza que la sustituye.
Los Pilotos que continúen en el servicio activo en vuelo entre los 60 y los 65 años de edad seguirán abonando a su cargo el 40% de la prima que les corresponda en cada momento por su nivel y la Compañía seguirá abonando el 60% restante. Adicionalmente, y exclusivamente por dichos Pilotos, abonará a su cargo una prima anual de 1.200 euros por Piloto, que se destinará a asegurar la contingencia de pérdida de licencia. A partir de la fecha de cese en el servicio activo en vuelo de estos Pilotos cesará la cotización del trabajador y de la Compañía.
3. Iberia se compromete a respetar la decisión que la representación de los Pilotos adopte de mantenerse total o parcialmente en el Montepío Loreto o constituir su propio Fondo Mutual, así como las condiciones económicas o normativas que se pacten, que partirán como mínimo de las existentes, sin que ello implique un coste mayor para Iberia.
4. La Compañía Iberia y los Pilotos acuerdan cotizar un 1% cada una de las partes, sobre la base de cálculo que figura en el anexo 1,F) al Fondo Mutual constituido por los Representantes Pilotos.
Adicionalmente, la Compañía cotizará un 7,9% sobre la Base de cálculo mencionada.
A los efectos anteriormente citados, no procede cotización alguna para el Nivel 11.
No obstante, de conformidad con el Acuerdo de Mediación de 13 de marzo de 2013, las partes pactan expresamente que, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015, la cotización total de la Compañía será de un 5% sobre la base de cálculo reflejada en el anexo 1,F) de este Convenio Colectivo.
Durante el tiempo que los Pilotos entre 60 y 65 años de edad continúen en el servicio activo de vuelo, la cotización al Fondo Mutual se efectuará en los términos previstos en los párrafos precedentes.
Asimismo, la Compañía cotizará a este Fondo por los Pilotos que pasen a la Reserva, y hasta que cumplan los 65 años, en la misma proporción que por los Pilotos en activo y en los mismos términos expuestos en los párrafos precedentes. La cotización se realizará sobre la base de cálculo del nivel que tuvieran en el momento de cumplir 60 años o a la fecha de pase a la situación de Reserva si ésta se produce con posterioridad, actualizándose la misma anualmente de acuerdo con las tablas salariales vigentes.
La cotización al Fondo Mutual será en 14 pagas al año.
En los supuestos de acceder a la jubilación antes de cumplir los 65 años de edad y hasta dicha edad se mantendrán las cotizaciones anteriormente citadas y en los términos que se contemplan para la situación de Reserva, por la póliza actualmente vigente o por cualquier otra que pueda suscribirse en un futuro.
La Comisión de Control del Fondo Mutual, compuesta por representantes designados por la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, mantendrá el control de la Póliza y las relaciones con la Entidad Aseguradora.
5. Adicionalmente a lo establecido en los puntos anteriores, ambas partes podrán cotizar a otros Fondos Mutuales.
Artículo 139. Enfermedad fuera de base.
a) Tripulante con estancia menor de 60 días:
Para el personal que se halle en situación de servicio, comisión de servicio y destacamento inferior a 60 días fuera del territorio español, cualquier accidente ó indisposición de salud, ocurrida fuera de base, siempre que el desplazamiento sea con motivo u ocasión del trabajo, será atendido técnica y económicamente por la Compañía. Para ello se facilitará y mantendrá al día un procedimiento de contacto con el sistema asistencial adecuado.
Caso de fallo de éstos, el tripulante podrá acudir al centro más próximo que ofrezca las garantías adecuadas manteniendo la Compañía su compromiso respecto a la absorción de los gastos. En este supuesto, el tripulante se compromete a informar lo antes posible de tal situación, bien al citado sistema asistencial, bien a la Compañía.
b) Tripulante con estancia igual o mayor a 60 días y familiares en todos los casos:
Para el personal que se hallen en situación de destacamento de 60 o más días o destino y sus familiares, así como para los familiares de los tripulantes en situación de servicio, comisión de servicio y en destacamento inferiores a 60 días, fuera del territorio español, y siempre que no puedan acogerse a la Seguridad Social del país de que se trate en virtud de Convenio firmado por los dos Estados, se hará cargo la Compañía de los gastos producidos por enfermedad o accidente, tanto de asistencia como de posible hospitalización o intervenciones quirúrgicas, salvo los casos en que los servicios médicos de la Compañía ordenen el traslado a la base principal, corriendo a cargo de ésta los gastos del mismo.
Para que haya lugar a los beneficios del párrafo anterior, la necesidad de asistencia médica en caso de servicio, destacamento, o destino deberá aprobarse por el servicio médico de la Compañía. Los centros médico‑quirúrgicos o especialistas a los que se puede acudir para estos casos, figurarán en la relación también aprobada por el servicio médico de la Compañía y serán de uso obligatorio, salvo casos de urgencia debidamente comprobados.
En desplazamientos fuera de España, la Compañía facilitará a los Pilotos una relación actualizada de los médicos asesores y Centros médicos contratados, con domicilios y número de teléfono. Las escalas donde pernocten los Pilotos vendrán obligadas a entregar a éstos la información necesaria al efecto.
En los casos de enfermedad o accidente en las situaciones de servicio, comisión de servicio, destacamento o destino, en los que el Tripulante deba permanecer fuera de la base, la Compañía correrá con los gastos de alojamiento y traslado, durante ese tiempo, de un acompañante. En situaciones de carácter excepcional, la Compañía correrá con los gastos de alojamiento y traslado de otro acompañante adicional.
Artículo 140. Edad de cese en los servicios de vuelo.
La edad límite para el cese en los servicios de vuelo de los Tripulantes Pilotos será la de 65 años.
Lo dispuesto en este artículo es completamente independiente de las condiciones que deban cumplir los tripulantes para el disfrute de las prestaciones de la Seguridad Social conforme a las disposiciones legales vigentes.
A partir de los 55 años el Piloto podrá solicitar voluntariamente su pase a la situación de Rescisión Especial, hasta el cumplimiento de la edad establecida por la Seguridad Social Nacional para su jubilación con plenitud de derechos, con el tope máximo de los 65 años de edad, en los términos regulados en el anexo 2.
Para aquellos Pilotos que no hubieran optado por la opción anterior, al cumplir los 60 años quedarán integrados en la escala o situación de reserva, en las condiciones establecidas en el anexo 2, situación que podrá mantenerse hasta el cumplimiento de los 65 años o edad inferior que se determine por la Seguridad Social Nacional para tener opción a la jubilación con plenitud de derechos, salvo lo establecido en el párrafo siguiente.
Los Pilotos en activo en vuelo que cumplan la edad de 60 años a partir 1 de enero de 2009, deberán comunicar a la Empresa, con un preaviso mínimo de 9 meses de antelación a la fecha de cumplimiento de los 60 años de edad, su opción por alguna de las alternativas previstas en el anexo 2 del presente Convenio Colectivo, quedando la Empresa obligada a aceptarlo.
CAPÍTULO DÉCIMO
Transportes
Artículo 141. Transportes.
a) Madrid:
En materia de transportes la Compañía mantendrá el sistema de recogida para los Pilotos que se acojan al mismo.
A los Pilotos que no tengan recogida por residir fuera del perímetro o renunciar expresamente a la misma, se les abonará la indemnización actualizándola con efectos de 1 de enero de cada año según IPC.
No obstante lo anterior, y de manera excepcional:
• Hasta el 31 de diciembre de 2015 las cantidades a abonar por este concepto serán las previstas en el anexo 4, V
• A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
b) Delegaciones.
A los Pilotos con base en Delegaciones o que se encuentren en una de ellas con motivo de servicio, se les facilitará el transporte desde el aeropuerto a la ciudad y viceversa, por el sistema de recogida y distribución, hasta el alojamiento en el sitio donde se encuentren.
Conjuntamente por la Empresa y la Representación de los Pilotos, se considerará la problemática general del transporte de los Pilotos. Entre tanto, se seguirán manteniendo los actuales criterios de recogida.
Artículo 142. Renuncia a la recogida.
La Empresa ofrecerá a todos los Pilotos una indemnización individual compensatoria del régimen de transporte colectivo en la base actualmente en vigor, y que abarcará globalmente y en su conjunto, todos los gastos en que puedan incurrir los Tripulantes en sus desplazamientos desde el domicilio al aeropuerto y viceversa, incluso por razón de asistencia a cursos, reconocimientos médicos, instrucción en simuladores, trabajos en tierra, etc. La indemnización por piloto que voluntariamente se acoja, con renuncia a dicho régimen de transporte colectivo queda fijada en las cuantías establecidas en el anexo 4, V.
El tripulante podrá acogerse a la recogida o renunciar a la misma en el caso de cambio de domicilio o de flota. Asimismo el tripulante podrá cambiar de situación si lo solicita antes del 31 de octubre de cada año, y que se iniciará a partir de primero de febrero del año siguiente, comprometiéndose a permanecer en la nueva situación durante un período de 12 meses, como mínimo.
El ejercicio de la renuncia a la recogida en las situaciones de destacamento y destino se regirá por las normas siguientes:
1. En los supuestos de destacamento y destino, el Piloto podrá decidir entre ser transportado por medios de la Empresa o renunciar a la recogida.
2. En los destacamentos, tanto voluntarios como forzosos, la renuncia al transporte colectivo se mantendrá durante el tiempo que dure el mismo.
3. En la situación de destino la renuncia a la recogida se mantendrá en tanto permanezcan las mismas circunstancias de domicilio habitual y flota.
4. Al regreso a la Base Principal, el Piloto continuará en las condiciones que tuviere anteriormente.
5. En cualquier caso, la renuncia a la recogida surtirá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de la fecha en que se ejercite.
6. La Dirección de Operaciones notificará a las Delegaciones afectadas la correspondiente información sobre los Pilotos que deban ser transportados por medios de la Empresa y la de aquellos que, por haber renunciado a los mismos, hayan de desplazarse con medios propios.
La Empresa se compromete a mantener el aparcamiento de Pilotos, con Vigilante.
Los acogidos al régimen de recogida vigente en la actualidad percibirán por desplazamiento a los cursos el importe de taxi o equivalente.
Artículo 143. Accidentes «in itinere».
A los efectos de consideración de los posibles accidentes «in itinere» la Compañía autoriza a los Pilotos que no utilicen los servicios ordinarios facilitados por la Compañía reflejados en este Capítulo, a trasladarse por medios propios, siempre que reúnan los requisitos exigidos por las normas generales dictadas por la Compañía en cuanto a:
• Itinerarios normales.
• En tiempo razonable.
• Con ocasión del traslado al lugar de trabajo o regreso desde el mismo a su domicilio o lugar en que se aloje.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
Billetes gratuitos y con descuento
Artículo 144. Billetes gratuitos a pilotos.
La concesión de billetes gratuitos o con descuento para los Pilotos quedará sujeta a las siguientes normas:
1. El Piloto titular disfrutará de 8 segmentos gratuitos con reserva (ID00R1) al año y billetes gratuitos sin reserva (ID00R2), sin limitación de número, desde el momento de la contratación, en la red nacional o europea, y al cumplir un año de su ingreso en la Compañía, en la totalidad de la red.
2. Un billete gratuito de ida y vuelta con reserva de plaza (ID00R1), en caso de fallecimiento de padres, hijos o hermanos, incluso parentesco político, al aeropuerto más próximo al lugar del fallecimiento (en caso de ser Pilotos casados, tendrán derecho adicional a un billete gratuito con reserva de plaza para su cónyuge).
Estas concesiones, en sus mismos términos, se harán extensivas a las parejas de hecho reconocidas por la Empresa.
3. Billetes gratuitos de ida y vuelta hasta un máximo de dos, de los cuales uno será gratuito con reserva (ID00R1), en caso de enfermedad grave, o que se requiera atención personal médica certificada, de un Piloto tratado por el médico de la Compañía, que le controle fuera de su residencia habitual, con ocasión de servicio. Esta concesión se refiere a los familiares que deban atenderle.
Estas concesiones, en sus mismos términos, se harán extensivas a las parejas de hecho reconocidas por la Empresa.
4. Billetes gratuitos con reserva (ID00R1) comprensivo de hasta 4 segmentos, en caso de matrimonio, para Pilotos y su cónyuge, sin época restrictiva, ni limitación de redes a que se refiere el punto 1 de este artículo, ni la limitación establecida en el punto 10 del artículo 146.
5. Un billete gratuito con reserva (ID00R1) para su cónyuge y para cada uno de los hijos en los casos en los que los Pilotos deban pasar fuera de su residencia las fiestas de Nochebuena‑Navidad y/o Noche Vieja‑Año Nuevo, por necesidades del servicio. No habrá limitaciones para el disfrute de estos billetes por razón de permanencia en la Compañía.
Estas concesiones, en sus mismos términos, se harán extensivas a las parejas de hecho reconocidas por la Empresa.
En el caso de los Pilotos solteros sin beneficiarios, la Compañía facilitará 2 billetes gratuitos con reserva (ID00R1) para los padres y/o hermanos.
No obstante lo estipulado en los párrafos anteriores, si en el momento del hecho causante, el Piloto tuviera incluidos con derecho a los beneficiarios recogidos en el punto 7 del artículo 145, esta concesión pasará a los beneficiarios incluidos en dicho apartado.
6. Las condiciones más beneficiosas en materia de billetes gratuitos o con descuento que se acuerden con otras Compañías, para el personal de las mismas, en régimen de reciprocidad, serán de aplicación a los Pilotos.
7. En los casos de empleados consortes –o los reconocidos como pareja de hecho por la Empresa–, los derechos que a ambos cónyuges les correspondieran serán individualizados, es decir, podrá haber duplicidad de beneficios en los casos en que los cónyuges sean empleados de la Compañía.
Sin embargo, quedan exceptuadas las concesiones que se especifican en este artículo, puntos 2, 3 y 4.
Artículo 145. Concesiones a los familiares.
La concesión de billetes a los beneficiarios de los Pilotos dependerá, en cuanto a la red en que puedan ser utilizados, del período de permanencia del Piloto en la plantilla de la Compañía en la forma regulada a continuación:
• Cónyuges, pareja de hecho o convivencia marital y beneficiario equivalente: en las mismas condiciones que el Piloto titular.
• Los demás beneficiarios: desde el momento de la contratación del Piloto en la red nacional o europea y al cumplir tres años desde su ingreso en la Compañía, en la totalidad de la red.
Los derechos de los beneficiarios de los Pilotos son los siguientes:
1. El cónyuge disfrutará de 8 segmentos gratuitos con reserva (ID00R1), más 4 segmentos gratuitos sin reserva (ID00R2) al año.
2. Se concederán 8 segmentos gratuitos con reserva (ID00R1), más 4 segmentos gratuitos sin reserva (ID00R2) al año en aquellos casos de parejas de hecho reconocidas por la Empresa o convivencia marital, debiendo justificarlo fehacientemente mediante certificado de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho, en el primer caso, o mediante el certificado que se requiera para justificar la convivencia marital con el titular durante 2 años, en el segundo. Las concesiones establecidas en el presente Capítulo para los familiares del titular, no son de aplicación en este caso.
3. Los hijos solteros que convivan con el Piloto y dependan económicamente de él disfrutarán de 8 segmentos gratuitos con reserva (ID00R1) al año.
En los supuestos de sentencias firmes, en los casos de separación legal, nulidad y divorcio, los hijos legalmente reconocidos por el Piloto estarán exceptuados del requisito de la convivencia hasta los 21 años o emancipación, siempre que se mantenga la dependencia económica del Piloto. Igualmente estarán exceptuados del requisito de convivencia en los casos de separación de hecho.
4. Los hijos aportados al matrimonio por el cónyuge del titular del derecho a billetes, tendrán, en materia de billetes gratuitos y con descuento los mismos derechos que los hijos del titular, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos a éstos, permanezca constante el matrimonio, dependan económicamente y convivan con el titular del derecho.
En los supuestos en que la unidad familiar deje de existir por separación, divorcio o cualquier otra circunstancia establecida por la ley, salvo por fallecimiento, se perderá el derecho que aquí se establece.
Lo indicado en los párrafos anteriores será extensivo a las parejas de hecho reconocidas por la Empresa. Las concesiones se mantendrán mientras permanezca estable la pareja y desaparecerán en el caso de fallecimiento del Piloto.
5. Los hijos de los Pilotos fallecidos tendrán los mismos derechos, en cuanto se refiere a billetes gratuitos o con descuento, que los hijos de los Pilotos jubilados.
6. Los familiares de primer grado que convivan y dependan del Piloto disfrutarán de 8 segmentos gratuitos con reserva (ID00R1) al año.
7. Los Titulares que no tengan derecho a ningún beneficiario que cumpla los requisitos exigidos en Convenio Colectivo, podrán incluir en la misma dos beneficiarios, uno de los cuales deberá ser familiar de primer o segundo grado. El primer beneficiario tendrá los derechos en materia de billetes equivalentes al cónyuge y el segundo, los derechos equivalentes a un hijo menor de 21 años. Los cambios de estos beneficiarios se podrán realizar una vez cada 6 meses, desde su inclusión en la tarjeta, sin más limitaciones en cuanto al momento de realizar el cambio.
8. Adicionalmente, se añaden 25 trayectos sin reserva al año (ID00R2) para el conjunto de los beneficiarios indicados anteriormente a repartir por tanto entre los mismos.
Artículo 146. Normas comunes.
1. Los billetes concedidos de acuerdo con estas normas serán de utilización en clase turista o business:
– Los billetes free ID00R1 y zonales con reserva de plaza pueden ser emitidos en clase business o turista, según petición del empleado.
– Los billetes free ID00R2 sin reserva de plaza pueden ser emitidos en clase business o turista, según petición del empleado.
2. Para tener derecho a billetes gratuitos o con descuento para los familiares citados en el artículo 145, se deberán demostrar en forma fehaciente que dependan económicamente del beneficiario, así como que conviven con éste en los casos en que la convivencia sea también exigible.
3. El derecho a billete, reconocido en estas normas, implica que el Piloto y sus beneficiarios se provean del oportuno billete de pasaje corriendo a su cargo los impuestos, seguros, tasas o equivalentes correspondientes.
El origen del viaje y destino de los billetes, regulado en el presente capítulo no será necesario que coincidan con el punto de residencia habitual del Piloto o beneficiario.
No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, cuando el billete sin reserva de plaza se inicie y finalice en el lugar de residencia habitual del titular y sea imprescindible la utilización de más de un cupón de vuelo para realizar el viaje, por no existir vuelos que permitan realizarlo con uno solo, los segmentos necesarios para enlazar desde el punto de salida con el final de trayecto y regreso, no serán computados a efectos de limitación de su cupo anual.
Al transporte de Pilotos y beneficiarios se le aplicarán las normas de responsabilidad de la Ley de Navegación Aérea o Convenio de Varsovia, según proceda, así como condiciones de transporte de IATA.
En las irregularidades que se cometan en materia de billetes gratuitos o reducidos, la Dirección sancionará, en todos los casos con el abono total del importe del mismo así como la inhabilitación al titular y sus familiares por tiempo fijo o ilimitado para nuevas concesiones sin perjuicio de las sanciones reglamentarias que pudieran corresponderles.
4. En los viajes con motivo de vacaciones reglamentarias se garantiza el regreso mediante reserva de plaza si con billete sin reserva hubiera imposibilidad de regresar en la fecha prevista para la incorporación del Piloto a su puesto de trabajo.
A tal fin, cuando los vuelos sean diarios, esta transformación se efectuará a partir del momento en que el Piloto se haya presentado tres veces en el aeropuerto para el regreso sin lograrlo.
Cuando se trate de vuelos no diarios, la transformación se realizará después de la segunda presentación.
El tanto por ciento del personal que puede volar en estas condiciones no excederá el 5 por 100 de las plazas en cada vuelo.
En caso de exceder las solicitudes de este 5 por 100 se confeccionará una lista de espera de estos trabajadores para su embarque sucesivo por orden de fecha de incorporación al trabajo y, en caso de coincidir ésta, por orden de presentación.
Para poder hacer uso de este derecho de reserva de plaza, serán condiciones indispensables el disfrute de las vacaciones anuales y tener un justificante del Jefe de la Unidad orgánica a que pertenezcan, donde se exprese la fecha de su incorporación al trabajo.
5. Los billetes gratuitos o con descuento obtenidos por los Pilotos o beneficiarios dentro del año natural tendrá como límite de validez la fecha de 31 de enero del año siguiente a su emisión, salvo que se trate de asistir a cursos escolares, en cuyo caso finalizarán en la fecha que terminen los mismos.
6. Todos los billetes tarifa gratuita u otros de descuento de empleados recogerán en su emisión, una cantidad a tanto alzado que contemple las diferentes tasas gubernamentales (tasas de seguridad aeroportuarias, servicio aeropuertos, tránsitos, etcétera) establecidos en cada país, así como las establecidas en Convenio Colectivo.
La emisión, con un precio único en función de la clase para la que se emite el billete, Turista o Business, se hará en función de las rutas o mercados señalados a continuación, revisándose anualmente de acuerdo con las variaciones medias aplicables en los diferentes itinerarios de cada zona afectada.
Los billetes estarán sujetos al pago de las correspondientes tasas por segmento o cupón de vuelo, que se comunicarán anualmente a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia.
A partir del 1 de febrero de cada año, se actualizarán las tasas citadas anteriormente.
7. En la concesión de billetes gratuitos con reserva de cupo anual a los Pilotos y los beneficiarios contemplados en el artículo 145, quedan suprimidas todo tipo de reservas durante los períodos que a continuación se determinan:
25 de junio a 5 de septiembre, ambos inclusive.
20 de diciembre a 9 de enero, ambos inclusive.
7 días antes del lunes de Pascua hasta 2 días después.
No obstante lo indicado anteriormente, podrán utilizar dos segmentos en cada época restrictiva. La utilización de esta reserva está condicionada a que el titular tenga asignadas vacaciones reglamentarias por un periodo no inferior a 7 días naturales y que coincidan en todo o en parte con el periodo restrictivo en que se pretenda la reserva.
8. Las tasas de emisión contempladas en el punto 6, así como la supresión de todo tipo de reservas durante los períodos indicados en el punto 7, serán de aplicación a cualquier billete tarifa gratuita concedido a los trabajadores afectados por el presente Convenio, ya estén regulados sus derechos en este Capítulo o se trate de concesiones incluidas en Contrato de Trabajo, Normas de la Dirección y acuerdos de otra naturaleza.
9. Tarifas zonales IB Espacio Confirmado: abonando estas tarifas se podrá viajar en cualquier época del año con reserva de plaza.
La emisión con estas tarifas en la clase Turista se hará en función de las rutas o mercados, revisándose anualmente de acuerdo con las variaciones medias aplicables en los diferentes itinerarios de cada zona afectada. La Compañía actualizará, en su caso, y publicará estas tarifas una vez al año, entrando en vigor el 1 de febrero de cada año. En los cálculos de estas tarifas están incluidas las tasas unificadas descritas en el punto 6.
10. En la implantación de nuevos destinos y durante los dos primeros años de operatividad, no se aceptarán reservas de billetes con espacio confirmado de tarifa gratuita.
Artículo 147. Equipajes.
Los Pilotos y sus familiares tendrán derecho a un máximo de 30 kg de franquicia de equipaje por persona.
Artículo 148. Destacamentos.
En los destacamentos superiores a veintiocho días de duración y en la situación de destino, la Compañía facilitará, libre de impuestos y seguro, un billete gratuito con reserva (ID00R1) para los familiares del Tripulante incluidos en el artículo 145 y un empleado/a de hogar o similar incluida en el Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social.
Cuando el número de hijos sea superior a tres, podrá obtenerse un segundo billete para otro empleado/a de hogar con los mismos requisitos de inclusión en el Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social, siendo este segundo billete gratuito sin reserva (ID00R2).
Artículo 149. Pilotos con pérdida de licencia, jubilados/as, viudos/as y huérfanos/as, escala de reserva y rescisión especial.
Los Pilotos que hubieran perdido su licencia, en tanto permanezcan en la Compañía gozarán de los beneficios que les corresponderían si continuaran en situación de actividad.
A los Pilotos que se encuentran en las situaciones de Reserva y Rescisión Especial, mientras se encuentren en estas situaciones, les serán de aplicación –en materia de billetes– las mismas condiciones que al personal de tierra.
A los Pilotos jubilados o incapacitados para todo tipo de trabajo les serán de aplicación en materia de billetes las mismas condiciones que al personal de tierra, si en el momento del hecho causante que da derecho a las prestaciones correspondientes están sujetas al Convenio Colectivo en vigor.
A los cónyuges sobrevivientes que figuraran como beneficiarios del empleado fallecido en el momento del hecho causante, les será de aplicación en materia de billetes las mismas condiciones que al personal de tierra, mientras no contraigan un nuevo matrimonio o tengan convivencia marital o de pareja de hecho con otra persona, momento en que perderán el derecho a la obtención de billetes.
Asimismo, los huérfanos solteros tendrán las mismas condiciones en materia de billetes que el personal de tierra, y mantendrán estos derechos hasta que desempeñen un trabajo remunerado cuyas retribuciones sean iguales o superiores al salario mínimo interprofesional o cambien su estado civil. En todo caso perderán este derecho al cumplir los 26 años.
Artículo 150.
Las concesiones en materia de billetes recogidas en este Convenio Colectivo, se entiende que son exclusivamente en vuelos operados por Iberia, quedando excluidos cualesquiera otros que, bajo código Iberia, sean operados por otras Compañías Aéreas en virtud de contrato de franquicia, acuerdo comercial de códigos compartidos o, cualquier otro en virtud de cual sea la otra Compañía la que asuma el riesgo y ventura de la operación.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
Prevención laboral
Artículo 151. Principios generales.
Iberia considera que la prevención de posibles daños para las personas, sean trabajadores, proveedores o clientes, constituye al menos un objetivo tan importante y prioritario como cualquier otro que pueda definirse para su gestión empresarial.
Base de tal planteamiento lo constituyen:
Un Servicio de Prevención propio, como consultor, impulsor y verificador de las políticas, criterios y medidas apropiadas.
Una clara definición de la responsabilidad a lo largo de la estructura organizativa para llevar a buen término la ejecución de la actividad preventiva.
Un marco de formación e información a mandos y trabajadores adecuado y continuado.
El cumplimiento de la normativa que se deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, asegurará una línea de actuación correcta que deberá seguir toda la organización.
Respetar los cauces de participación establecidos por la Ley, en un ambiente profesional y positivo, tanto por los Representantes de los Tripulantes Pilotos como por los distintos niveles de Mando de la Organización, deberá contribuir a la búsqueda de soluciones apropiadas para los problemas que puedan presentarse.
Iberia realizará en todo momento las actuaciones que propicien la coordinación de actividades empresariales exigida por la Ley en los centros de trabajo y en sus proveedores, colaborando en la medida de sus posibilidades en la prevención mutua de los riesgos para la salud.
A través de estos compromisos, la Dirección de Iberia quiere manifestar su gran interés y preocupación por la reducción máxima de la accidentalidad y enfermedad profesional, en el convencimiento de que los riesgos son evitables mediante la aplicación de la política preventiva definida. La Representación de los Tripulantes Pilotos impulsará entre sus representados una actitud positiva en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 152. Compromisos básicos.
La Empresa se compromete a integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y disposiciones, tanto en procesos técnicos, de organización del trabajo y de condiciones de trabajo, como en la línea jerárquica de la Empresa, incluidos todos los niveles de la misma, dotando a los Tripulantes Pilotos de las necesarias medidas preventivas. Adoptando medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, ordenando su uso correcto y, vigilando el cumplimiento correcto de las medidas de prevención.
La responsabilidad por las condiciones de salud y seguridad en el trabajo corresponderá a los Jefes respectivos, de acuerdo y en los términos que establece la legislación vigente y normas internas.
A los efectos del presente Convenio, y sujeto a la legislación vigente en cada momento, serán considerados daños derivados del trabajo en su aceptación legal de accidente laboral, cualquier alteración precoz de la salud o patología que, aun estando considerada como enfermedad común, por la acción de determinadas condiciones de trabajo adoptan causalidad laboral o se agravan con el trabajo.
El ámbito de aplicación será para todos los Tripulantes Pilotos de la Empresa sea cual sea su modalidad de contrato y dentro del territorio nacional.
Fuera de España, y para los Tripulantes sujetos al presente Convenio Colectivo, se intentará hasta donde sea posible que los trabajos se realicen de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si bien se tendrán en cuenta las limitaciones que puedan surgir como consecuencia de las normas oficiales locales.
Artículo 153. Normativa.
En cuantas materias afecten a la seguridad y salud de los Trabajadores, se estará sujeto a los preceptos establecidos por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 08.11.95, y por cuantas Disposiciones complementen y desarrollen la misma o aquellas cuya promulgación sustituyese a éstas.
En tanto en cuanto el Estado español transponga las diferentes Directivas Comunitarias, y teniendo en cuenta su transposición obligatoria, aquellas que lo hayan sido serán tenidas en cuenta en el Procedimiento de evolución de riesgos.
En las Evaluaciones de Riesgos y estudios que se realicen, se estará a lo indicado en el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Se procurará comparar entre varios criterios, aplicando siempre el más favorable desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
Artículo 154. Plan de prevención.
El Plan de Prevención se basa en los siguientes objetivos:
Establecimiento de una política de prevención de riesgos eficaz e integrada a todas las acciones que se desarrollen en la Empresa.
Fomentar e impulsar el interés por la Prevención de Riesgos Laborales a través de planes formativos en todos los niveles de la Empresa.
Prevenir los riesgos en el puesto de trabajo.
La Empresa elaborará el Plan de Prevención siguiendo los principios explícitamente señalados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta, prestando especial atención a los factores que puedan afectar más concretamente a los Tripulantes Pilotos en el desarrollo de su trabajo.
El Plan de Prevención se llevará a efecto según lo estipulado en el artículo 9 del Reglamento de los Servicios de Prevención o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Artículo 155. Consulta y participación.
La participación de los Representantes de los Tripulantes Pilotos se llevará a efecto en la forma y términos señalados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
En el Comité de Empresa de Vuelo se decidirá el número de Delegados de Prevención que corresponden a los Tripulantes Pilotos, decidiendo dicho Comité los nombres en base a que sean Representantes Electos o Delegados Sindicales.
La Empresa deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios de formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
En el único caso de que el Comité de Empresa de Vuelo no designe como Delegados de prevención a Representantes de los Pilotos, habiendo presentado candidatos, la Compañía se compromete a tratar los temas específicos que afecten al colectivo de Pilotos con sus Representantes. Las decisiones que resulten de ello tendrán para ambas partes los mismos efectos que si hubiesen sido acordadas en el seno del Comité de Seguridad y Salud.
Artículo 156. Servicio de prevención.
El Servicio de Prevención se regirá por lo establecido al efecto en la legislación vigente, y contará con los medios adecuados a las características de la Empresa.
La Compañía está obligada a la vigilancia periódica del estado de salud de los Tripulantes Pilotos, aun cuando haya finalizado su relación laboral con la misma, en los supuestos contemplados en la legislación vigente en cada momento.
Se establecerán los medios propios o concertados que garanticen el cumplimiento de las funciones del Servicio de Prevención.
El Servicio de Prevención establecerá las normas específicas por las que se deberán regir las condiciones de limpieza de los lugares de trabajo y descanso y los estudios epidemiológicos que permitan detectar patologías relacionadas con el trabajo.
La información que obre en poder del Servicio de Prevención en relación con el estado de salud de los Tripulantes Pilotos, estará sujeta a las normas de confidencialidad vigentes.
Artículo 157. Evaluación de riesgos.
La Evaluación de Riesgos y su revisión periódica la llevará a cabo el Servicio de Prevención, de acuerdo al Procedimiento consensuado en el Comité de Seguridad y Salud de Vuelo.
Se llevará a cabo una nueva evaluación de riesgos, siempre que se den las circunstancias señaladas en el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Artículo 158. Comité de seguridad y salud de vuelo.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá bimensualmente y, siempre que las circunstancias así lo requieran, a petición de cualquiera de las partes, siempre de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno vigente.
El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será nombrado directamente por la Empresa. Deberá ser una persona con una cualificación suficiente y adecuada, que se sienta identificado con una especial sensibilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud, serán las que establezca la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
En su seno, se debatirán los asuntos que corresponden al desarrollo del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o de la norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Artículo 159. Información.
La Empresa informará a todos los Tripulantes Pilotos sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo, y sobre las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos y, en general, se estará a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Artículo 160. Riesgo grave e inminente.
En este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
En relación con tal artículo, deberá entenderse que la primera acción de un Delegado de Prevención será la de suspender temporalmente la actividad en tanto se hace cargo del problema un Mando de la Empresa. Solamente si persiste la situación de riesgo tras su decisión, podrá actuarse de acuerdo con lo que literalmente establece el artículo citado.
En todos los casos, el/los Delegados de Prevención dejarán constancia escrita en el momento, de la justificación que existe para la medida adoptada, entregando el documento al Mando presente.
Deberán tenerse en cuenta las actuaciones previstas para los Tripulantes Pilotos por la normativa aeronáutica respecto a la protección de la salud e integridad física de las personas que viajan a bordo de una aeronave, ya que las mismas deben considerarse de prioridad superior a las que pudieran derivarse de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, a estos efectos será de aplicación el artículo 3, punto 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de forma similar a las personas a las que corresponden las funciones públicas que se señalan en el mismo.
Artículo 161. Protección a la maternidad.
En este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.
Artículo 162. Formación.
La Empresa se compromete a dar formación en materia preventiva a todos los Tripulantes Pilotos sobre la base de los riesgos detectados en las Evaluaciones de Riesgos.
La formación en materia de prevención se considerará actividad laboral, se impartirá normalmente dentro de los cursos de salvamento y no supondrá costo alguno para los Tripulantes Pilotos.
La Empresa facilitará a la Sección Sindical del SEPLA una copia de la documentación que el Servicio de Prevención considere necesaria para el adecuado conocimiento de los riesgos que afectan al trabajo de los Tripulantes Pilotos, con independencia de la documentación que debe tenerse a disposición de las Autoridades y que señala el artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CAPÍTULO DECIMOTERCERO
Régimen disciplinario
I. Disposiciones generales
Artículo 163. Potestad disciplinaria.
La potestad disciplinaria en la Empresa se ejercerá por la Dirección en la forma que establecen las presentes Normas. El ejercicio de esta facultad comprende el conocimiento y, en su caso, sanción del incumplimiento laboral y contractual del trabajador, de acuerdo con la valoración de las faltas y sanciones previstas en las mismas.
Artículo 164. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas son de aplicación a los Tripulantes Pilotos contratados en España, en todos y cada uno de los centros de trabajo que la Compañía tiene establecidos y/o establezca en el futuro, dentro del territorio nacional.
Serán también de aplicación para aquellos Tripulantes Pilotos que contratados en España, presten sus servicios en Delegaciones, destinos o dependencias de la Compañía abiertas en el extranjero.
Artículo 165. Competencia sancionadora.
La Dirección de la Empresa será competente para el conocimiento y, en su caso, sanción de las faltas cometidas por los Tripulantes Pilotos, a través de la Gerencia Senior de Relaciones Laborales y BP RR.HH. Producción, cualquiera que sea su grado y gravedad. En la imposición de sanciones de carácter leve será competente el Gerente RR.LL. Vuelo y BP Producción, o la persona que se designe en su ausencia. En la imposición de sanciones de carácter grave o muy grave serán competentes el Gerente RR.LL. Vuelo y BP Producción y el Director de Operaciones, conjuntamente, o las personas que sean designadas en ausencia justificada de los mismos.
Cuando en cualquier ámbito organizativo de la Compañía (Manager, Gerente, Gerente Sénior, Delegación, Director, etc.), se tenga conocimiento de un hecho que revista caracteres de falta laboral, lo pondrá en conocimiento inmediato de la Gerencia Senior de Relaciones Laborales y BP RR.HH. Producción, con relación circunstanciada de los hechos y las personas que en ellos hayan intervenido.
Artículo 166. Requisitos formales.
Será necesaria la instrucción de expediente disciplinario para el conocimiento y, en su caso, sanción por las faltas graves y muy graves.
El expediente disciplinario es la expresión escrita en que se fundamenta, documentalmente, el hecho denunciado como falta laboral o contractual y su calificación jurídica.
Artículo 167. Tramitación del expediente disciplinario.
1. Cuando un hecho pueda revestir indicios de constituir falta grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en este Convenio Colectivo, la dirección de la Empresa nombrará un Instructor y un Secretario.
2. El Órgano sancionador comunicará al interesado y a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, la apertura del expediente y el nombre del Instructor y el Secretario.
3. Si el Instructor acuerda la tramitación del expediente Disciplinario, podrá practicar todas las diligencias que entienda oportunas para la averiguación de los hechos y formulará Pliego de Cargos en el que se concretarán los hechos en que se fundamenta el mismo y la calificación provisional de las faltas que de los mismos se pudieran deducir, notificándolo todo ello, tanto al expedientado, como a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia.
4. El expedientado y la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, una vez recibido el Pliego de Cargos, tendrán un plazo de 5 días hábiles para formular, si a su derecho conviniere, el correspondiente Pliego de Descargos en el caso del expedientado e informe la Sección Sindical. Dicho plazo será ampliado por cinco días más si el interesado lo solicita y se suspenderá durante el tiempo en que el expedientado se halle de vacaciones, permisos retribuidos o no o realizando una línea; en estos casos quedará paralizado, igualmente, el plazo de tramitación del expediente por el mismo periodo.
En el pliego de Descargos el expedientado y en el informe la Sección Sindical, podrán aportar o proponer las pruebas que a su derecho convenga, debiendo el Instructor contestar a dicha proposición de pruebas indicando, si la respuesta es negativa, cual es la razón.
5. Una vez practicadas dichas, pruebas, el Instructor, y en el plazo máximo de 60 días desde la apertura del Expediente, deberá realizar la propuesta de resolución que considere oportuna. Dicha propuesta será remitida al Gerente RR.LL. Vuelo y BP Producción y al Director de Operaciones, los cuales resolverán el expediente para lo cual, deberán dictar la resolución oportuna en el plazo de 5 días hábiles, o bien, archivando el expediente sin imposición de sanción alguna, o bien procediendo a la sanción que corresponda conforme a la calificación de la falta, lo que deberá ser comunicado al expedientado.
6. El plazo de prescripción quedará interrumpido durante la tramitación del expediente disciplinario, que se inicia con el nombramiento de Instructor y finaliza en la fecha en que se emite la propuesta de resolución al órgano sancionador por parte de dicho Instructor.
Artículo 168. Suspensión de empleo y sueldo.
La Compañía podrá decidir, durante la tramitación del expediente disciplinario, la previa suspensión de empleo y sueldo en aquellos supuestos de faltas muy graves en las que esté comprometida la seguridad aérea o cuando la conducta pueda constituir delito o falta, generar responsabilidad para la Compañía o perjuicio irreparable para la misma.
Dicha suspensión tendrá una duración máxima de 30 días a contar desde el día siguiente en que los hechos fueron puestos en conocimiento del Órgano de Tramitación. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse si hay acuerdo con el expedientado en cuyo caso, el referido plazo tendrá la duración que se pacte.
El tiempo de duración de esta suspensión cautelar será computado como parte integrante de la sanción.
Artículo 169. Registro.
La Dirección de la Compañía, a través de la Asesoría Jurídico Laboral, o del ámbito organizativo que en otro momento pueda designarse, llevará un registro de antecedentes disciplinarios, que estará a su cargo y bajo su cuidado, para lo cual se le deberán remitir, en el plazo más breve posible, por el Órgano que las haya acordado, copia de las resoluciones por faltas leves, graves o muy graves.
En el referido registro se inscribirán las sanciones impuestas a cada piloto de la Empresa, con la indicación de la fecha de su imposición y demás circunstancias que pueda ser oportuno hacer constar.
En los casos en que así lo solicite el Órgano que instruya cualquier expediente disciplinario, el responsable del registro en cada momento, le remitirá certificado acreditativo de los antecedentes que, sobre cualquier empleado de la Compañía, puedan existir en dicho Registro.
Artículo 170. Antecedentes.
Los antecedentes disciplinarios quedarán cancelados, a efectos de reincidencia, de forma automática, por el mero transcurso del tiempo sin nueva sanción, según la siguiente escala:
a) Las faltas leves: 6 meses.
b) Las faltas graves: 1 año.
c) Las faltas muy graves: 2 años.
II. Régimen sancionador
A) Calificación de los hechos.
Artículo 171. Faltas leves.
Son faltas leves:
1. Tres faltas de puntualidad en la presentación de un Tripulante Piloto para realizar un servicio de vuelo o para la realización de cualquier actividad laboral en tierra en el plazo de un mes, si de ello no se derivan perjuicios para la Compañía.
2. No comunicar con la antelación debida la falta de asistencia al trabajo por motivos justificados, salvo imposibilidad de hacerlo.
3. Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada cuando no perjudique al ciclo productivo.
4. Descuidos en el empleo y la conservación de herramientas, materiales, documentos de servicio y locales.
5. La falta de aseo o limpieza en la persona o en el uniforme que no provoque quejas.
6. No comunicar a la Empresa el cambio de domicilio o teléfono, tanto en la Base Principal como en las situaciones de destacamento, residencia o destino.
7. En caso de incapacidad temporal o enfermedad, la omisión del Tripulante Piloto de notificación a las Unidades o Departamentos designados al efecto, por cualquier procedimiento, su primera falta al trabajo salvo imposibilidad de efectuarla por si, o a través de otra persona.
8. Todos los actos no reiterados de descuido, negligencia y falta de compañerismo excusables.
Artículo 172. Faltas graves.
Son faltas graves:
1. Las faltas cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus superiores, compañeros o subordinados.
2. Más de 3 faltas de puntualidad en la presentación de un Tripulante Piloto para realizar un servicio de vuelo o para la realización de cualquier actividad laboral en tierra en el plazo de un mes, si de ello no se derivan perjuicios para la Compañía.
3. La primera falta de puntualidad en la presentación de un Tripulante Piloto para la realización de un servicio de vuelo o realización de cualquier actividad laboral en tierra, cuando se deriven perjuicios para la Compañía, salvo que se demuestre que es debida a causa no imputable al trabajador.
4. No comunicar con la antelación debida la falta de asistencia al trabajo, si la misma no está justificada.
5. La falta de asistencia de hasta 3 días al trabajo en un plazo de 30 días naturales sin causa suficiente y acreditada que lo justifique.
6. La falta de aseo o limpieza en la persona o en el uniforme del Tripulante Piloto que produzca quejas justificadas de los compañeros o superiores.
7. La no utilización reglamentaria del uniforme establecido o la falta de uso, de alguna prenda reglamentaria del mismo durante el desempeño de su trabajo.
8. El quebranto o violación de secretos o de información reservada, sin que se produzca grave perjuicio para la Empresa.
9. La divulgación a personas ajenas a la Compañía de la marcha interior de la misma cuando la difusión de esta información pueda causar daño o perjuicio a la misma.
10. Realizar durante el tiempo de trabajo, trabajos particulares.
11. Emplear para uso propio herramientas y equipos de la Empresa, dentro y/o fuera del trabajo, sin autorización.
12. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene y salud laboral, cuando no se deriven de ellas daños graves para las personas o bienes de la Compañía, o para los usuarios de los servicios de la misma.
13. Las de negligencia o descuido inexcusable en el desempeño de su trabajo.
14. La falta de atención y/o cortesía con el público no reiterada.
15. En lo que se refiere a los partes de baja, alta, y confirmación de incapacidad temporal o consulta médica, el incumplimiento de la obligación de comunicación y entrega a las Unidades o Departamentos designados al efecto en el plazo de 5 días si se trata de partes de alta/baja o 7 días, para los partes de confirmación, salvo que se trate de larga enfermedad y los partes de confirmación se emitan cada 15 días.
16. No estar localizado en situación de imaginaria, o en cualquier otra actividad asignada por la Compañía.
17. El uso abusivo o indebido de billetes gratuitos y con descuento, así como su utilización para fines distintos a los establecidos para su concesión, por parte del Tripulante Piloto o de sus beneficiarios. A estos efectos, no tendrá la consideración de falta los excesos en el cupo anual, sin perjuicio del derecho de la Compañía a descontar al trabajador, en su nómina, el importe de los billetes obtenidos en exceso.
18. Las riñas, alborotos o discusiones graves y notorias en acto de servicio.
19. Simular la presencia de un compañero al fichar o firmar la asistencia al trabajo. Esta sanción será extensiva al suplantado, si se prueba su participación en el hecho.
20. La reincidencia en las faltas leves aunque sean de distinta naturaleza.
Artículo 173. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
1. La falta de asistencia de más de 3 días al trabajo, en un plazo de 30 días naturales, sin causa que lo justifique.
2. La embriaguez o toxicomanía habitual y la ocasional durante el tiempo de servicio.
3. El consumo de bebidas alcohólicas o drogas estupefacientes durante el periodo que se establece en la normativa aplicable anterior a la presentación para el comienzo de la actividad aérea, o al inicio de un período de imaginaria, así como su consumo durante el tiempo de trabajo.
4. El consumo, introducción o posesión en locales de la Compañía de drogas, estupefacientes, así como la permanencia en el mismo en estado de intoxicación, o conducta afectada por dichas sustancias, y/o la tenencia o transporte de las mismas durante la actividad laboral valiéndose de su condición de empleado de la Compañía.
5. Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, cuando perjudique al ciclo productivo.
6. La imprudencia en actos de servicio que impliquen riesgo de accidente, para sí o sus compañeros, o para los usuarios de la Compañía.
7. Realizar trabajos para otra empresa, cuya actividad entre en competencia con Iberia L.A.E, S.A., sin autorización de la misma.
8. Los malos tratos de palabra, obra o falta grave de respeto y consideración a los Jefes, compañeros y subordinados y/o a sus familiares.
9. La simulación de enfermedades o accidentes, o solicitar permiso alegando causa no existente, y otros actos análogos o semejantes que puedan proporcionar a la empresa una información falsa, y derive en perjuicios para la misma.
10. El quebranto o violación de secretos o de información reservada cuando se produzcan perjuicios para la Empresa.
11. Realizar trabajos por cuenta propia o ajena, estando el trabajador de baja por enfermedad o accidente, siempre que los mismos resulten incompatibles con su condición de Piloto o con la dolencia que padece. También se incluirá dentro de este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja.
12. Originar riñas, discusiones o alborotos graves durante el tiempo de actividad laboral.
13. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene y salud laboral, cuando se deriven daños graves para las personas o bienes de la Compañía, o para los usuarios de los servicios de la misma.
14. La falta de atención o cortesía con el público reiterada e inexcusable.
15. La aceptación de gratificaciones de cualquier tipo o forma, por o en asuntos relacionados con su empleo en la Compañía.
16. El transporte subrepticio de cualquier objeto o mercancía, así como cualquier infracción de la legislación de Aduanas.
17. El abuso de autoridad.
18. Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral que atente contra el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer o el hombre, mediante la ofensa física o verbal, incluidas las de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquella.
19. Los actos que constituyan falta o delito según las leyes, realizados dentro de la Empresa o fuera de ella, durante el desarrollo de la actividad laboral o utilizando la condición de empleado de la Empresa.
20. La cesión de la tarjeta de billetes con descuento de la Compañía, por el titular o sus beneficiarios, a personas no autorizadas para su uso, así como cesión, por los mismos, de billetes con descuento o sus tarjetas de embarque correspondientes a favor de otras personas.
21. La reincidencia en las faltas graves aunque sean de distinta naturaleza.
22. Cualquier otro incumplimiento de los especificados en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.
B) Sanciones.
Artículo 174.
Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
– Amonestación verbal.
– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo de 1 día.
b) Por faltas graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 15 días.
– Inhabilitación para el uso de la tarjeta de billetes con descuento de la Compañía, por un período de hasta 3 años.
c) Por faltas muy graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días.
– Inhabilitación indefinida para el uso de la tarjeta de billetes con descuento de la Compañía.
– Despido.
La sanción de inhabilitación para el uso de la tarjeta de billetes con descuento de la Compañía, podrá ser impuesta sólo en los supuestos de faltas relacionadas con el uso irregular de billetes gratuitos o con descuento. En las irregularidades cometidas por los beneficiarios no será sancionado el Tripulante Piloto, titular del derecho, a menos que se pruebe su connivencia o participación en los hechos, produciéndose sólo la inhabilitación del beneficiario sin que pueda ser sustituido por otro durante el tiempo al que se extienda la inhabilitación.
Disposición adicional
Se acuerda la creación de una Comisión formada por cuatro miembros, dos designados por la Representación de los Pilotos y otros dos por la Dirección de la Compañía.
Esta Comisión, se reunirá con carácter semestral, a fin de analizar la política disciplinaria desarrollada en el periodo precedente, para lo que examinará el número de expedientes abiertos, las causas que los motivaron, la calificación de la falta y la resolución adoptada, emitiendo, en su caso, recomendaciones.
Disposición transitoria primera. Comisión de programación.
Ambas partes se comprometen a crear una Comisión de Programación que se encargará de formular un nuevo sistema de Programación, con el objetivo de mejorar la transparencia y la calidad de vida del Tripulante, basado en un sistema de Seniority, Reparto u otros sin que ello suponga un menoscabo de la productividad general.
Disposición transitoria segunda. Participación en beneficios.
A partir del 1 de enero de 2008 se establece un sistema anual de participación en beneficios, según los Resultados de Explotación Recurrentes más Resultados Financieros (1), por el que se abona una cantidad no consolidable, conforme a la siguiente escala:
Resultados de Explotación
Recurrentes + Resultados Financieros
–
(En miles de €)
Porcentaje de los resultados
Hasta 40.000,00
0,000%
De 40.000,00 a 63.106,27
0,260%
De 63.106,27 a 75.126,51
0,519%
De 75.126,51 a 87.146,76
0,935%
De 87.146,76 a 99.167,00
1,351%
De 99.167,00 a 111.187,24
1,818%
De 111.187,24 a 150.000,00
2,286%
Más de 150.000,00
2,597%
(1) Los resultados financieros que se incluirán en el cálculo anterior serán exclusivamente aquellos que se deriven de la actividad operativa normal de la Compañía. En concreto, y haciendo referencia a los estados financieros anuales serán los que se contengan en el epígrafe de Resultados Financieros de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluyendo los ingresos y gastos que puedan derivarse de las participaciones en capital y de la variación de las provisiones de inversiones financieras.
Las cantidades resultantes, que no serán consolidables, de la aplicación de esta Disposición Transitoria se harán efectivas a los 30 días siguientes a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que apruebe los resultados de cada año, incluyendo éstos el impacto de la aplicación de esta Disposición Transitoria.
Se faculta a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para acordar el reparto individual a cada Piloto.
Las partes pactan expresamente que este sistema queda en suspenso para los años 2013, 2014 y 2015.
A partir del 1 de enero de 2016, se establece un nuevo sistema anual de participación en beneficios, que anula y sustituye el anterior, y que vendrá determinado por el ratio EBIT/INGRESOS de Iberia por el que se abonará, en su caso, una cantidad no consolidable, conforme a la siguiente escala:
EBIT/Ingresos
–
Porcentaje
Porcentaje sobre masa salarial consolidado
< 0
0,00
0 – 1,0
0,25
1 – 2,5
0,50
2,5 – 5,0
1,00
5,0 – 7,00
1,75
> 7
2,50
Las cantidades resultantes de la aplicación de esta Disposición Transitoria, que no serán consolidables, se harán efectivas a los 30 días siguientes a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de Iberia que apruebe los resultados de cada año, incluyendo éstos el impacto de la aplicación de esta Disposición Transitoria.
Se faculta a la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo para acordar el reparto individual a cada Piloto.
Disposición transitoria tercera. Congelación devengo trienios y niveles.
• Con efectos 15 de marzo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015 queda en suspenso el cómputo del tiempo de permanencia a efectos del devengo del premio de antigüedad recogido en el artículo 104, percibiendo cada Piloto, en su caso, durante el citado periodo, las cantidades que le correspondiesen a 14 de marzo de 2013.
A la finalización del periodo establecido en el párrafo anterior, continuará la contabilización del tiempo de permanencia a efectos del devengo del premio de antigüedad, de acuerdo al criterio establecido en el artículo 104. A los efectos del devengo del siguiente trienio, se reconoce el tiempo de servicios efectivos prestado desde el devengo del último trienio y hasta el 15 de marzo de 2013, no siendo computable para el devengo del premio de antigüedad, en ningún caso, el período transcurrido durante esta suspensión.
• Con efectos 15 de marzo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015 quedan en suspenso el cómputo del tiempo de permanencia a efectos del requisito establecido en los puntos a) y f) del artículo 35 «Cambio de Nivel» del vigente Convenio Colectivo y en el apartado «Progresión económica» del anexo 2, apartado tercero B), así como el cómputo de horas voladas a efectos del requisito establecido en el punto b) del artículo 35, manteniéndose cada Piloto, durante el citado periodo, en el nivel que le correspondiese el 14 de marzo de 2013.
A la finalización del periodo establecido en el párrafo anterior, continuará la contabilización de los tiempos de permanencia en cada nivel para cada Piloto, de acuerdo a los criterios establecidos en los puntos a) y f) del artículo 35 y en el apartado «Progresión económica» del anexo 2, apartado tercero B), del vigente Convenio Colectivo, así como el cómputo de las horas establecidas en el punto b) del artículo 35, no siendo computable para el cambio de nivel, en ningún caso, el período transcurrido durante esta suspensión, pero sí el tiempo transcurrido desde el último cambio de nivel hasta el 15 de marzo de 2013.
Disposición transitoria cuarta. Incidencias.
Ambas partes se comprometen a desarrollar un nuevo sistema de imaginarias, desapareciendo la figura de Incidencias que no existe en la normativa, y que consistirá en programar Imaginarias según la legislación en vigor en días sueltos dentro de la programación de servicios, con las siguientes reglas:
• Se podrán programar únicamente durante 4 meses como máximo en un año natural, salvo las que sean por sorteo para el periodo de Navidad que no computaran a estos efectos.
• Las imaginarias se concentrarán en periodos de 7 días consecutivos.
• En el resto del mes se programaran los servicios según las normas del Convenio y cumpliendo sus límites.
• Durante el periodo de Imaginarias se podrá asignar a los pilotos servicios de vuelo, de manera que en el mes completo no se supere el límite legal de horas de vuelo o actividad aérea (sin excepciones o incrementos, incluso legales).
• En caso de que durante la situación de imaginaria se ocupe un día libre programado, este se devolverá en el plazo máximo de los tres meses siguientes.
• Este nuevo sistema se remunerará conforme a las previsiones del artículo 115 del VII Convenio Colectivo, específicamente considerando lo dispuesto en el último párrafo del Apartado A) de dicho artículo.
• Este nuevo sistema entrará en funcionamiento en la programación de mayo de 2014. No obstante, a partir de la programación mensual de abril de 2014, las imaginarias que se programen se retribuirán conforme a lo dispuesto en el punto anterior.
• La Comisión podrá realizar las propuestas que estime convenientes modificando esta materia; propuestas que serán analizadas por la Comisión Negociadora y, en su caso, aprobadas por la misma, pasando a formar parte integrante del texto del Convenio Colectivo.
Disposición transitoria quinta. Días de recuperación.
Con efectos del 21 de diciembre de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014 queda en suspenso el devengo de días de recuperación en base a lo establecido en el artículo 85 del Convenio, manteniendo cada Piloto, durante el citado periodo, el número de días devengados por este concepto hasta el 20 de diciembre del 2012.
A la finalización del periodo establecido en el párrafo anterior, continuará el devengo de los días de recuperación para cada Piloto de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 85 del Convenio, no siendo computable a estos efectos, en ningún caso, el periodo transcurrido durante esta suspensión, pero sí el tiempo transcurrido desde la fecha en la que se obtuvo el último incremento de días de recuperación hasta el 20 de diciembre de 2012.
Disposición final primera.
Las condiciones acordadas en el presente Convenio serán totalmente aplicables en las materias que en el mismo se regulan, quedando, por tanto, sin efecto cualesquiera normas anteriores reglamentarias o convencionales que se opongan expresamente a ellas.
Los acuerdos derivados de la fusión de Iberia L.A.E., S.A., y AVIACO, S.A., seguirán siendo de aplicación en sus propios términos y con la vigencia en ellos establecida.
Disposición final segunda.
Se revisarán los anexos de este Convenio correspondientes a vacaciones y destacamentos con la posibilidad de efectuar en su texto las modificaciones que ambas partes consideren convenientes de mutuo acuerdo.
Disposición final tercera.
Se crea una Comisión Paritaria, con representación de la Dirección y de la Sección Sindical de SEPLA, que estudiará y adaptará la normativa legal y convencional aplicable a los Pilotos femeninos.
Disposición final cuarta.
La Compañía Iberia L.A.E., S.A., se compromete a elaborar y desarrollar un plan de formación empresarial para Comandantes y Copilotos.
Disposición final quinta.
La Dirección de la Empresa se compromete a no segregar de Iberia L.A.E., S.A., Operadora, S.U. la operación de vuelo salvo acuerdo previo con la Sección Sindical de SEPLA en Iberia.
Disposición final sexta.
Se establece un compromiso de seguimiento de la implantación de las medidas de productividad a través de la Comisión de Control y Seguimiento de Planificación, Programación y Horarios del artículo 88 del Convenio teniendo en consideración la ineficiencia derivada de la estructura de red y el excedente de plantilla. Si se llegara a la conclusión de que las limitaciones reguladas en la Sección segunda: límites y regulaciones del Convenio impiden alcanzar los objetivos deseados de competitividad con las empresas de red de nuestro entorno, se revisarán dichas medidas.
Disposición adicional primera.
En el supuesto en que por parte de Iberia Operadora se instase un expediente de inaplicación de este Convenio de conformidad con la legislación vigente en cada momento, de no existir acuerdo expreso entre la Compañía y la Sección Sindical del SEPLA ni tampoco en la comisión de Interpretación y Aplicación del presente Convenio, cualquiera de las partes podrá instar una mediación de duración no superior a 15 días.
Al efecto, una vez instada la mediación, se procederá al nombramiento, por mutuo acuerdo de las partes, de un mediador, en el plazo improrrogable de siete días. En caso de que no fuera posible llegar a un acuerdo sobre dicho nombramiento en el plazo establecido, la Compañía y la Sección Sindical de SEPLA tendrán un plazo adicional de dos días para presentar un listado con tres propuestas de mediadores, si alguno de los nombres propuestos coincidiera, dicha persona será designada como mediador. En el supuesto de que no coincida ningún nombre, se acepta que el mismo se realice libremente por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Finalizada la mediación, las partes deberán expresar, en el plazo de tres días, su aceptación o rechazo de la propuesta del mediador. En caso que dicha propuesta no sea aceptada por ambas partes, continuará el procedimiento en los términos legalmente establecidos.
Por su parte y a los efectos prevenidos en la letra e) del artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes acuerdan que aquellas discrepancias relativas a su articulado que no pudieran ser resueltas a través de la Comisión de Interpretación y Aplicación del Convenio del artículo 4 del anexo 9, se someterán, con carácter previo a su planteamiento ante los órganos de la jurisdicción social, a lo dispuesto en el artículo 4.1 a) del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC).
Disposición adicional segunda. Cambios de nivel.
Ambas partes reconocen los sacrificios soportados por la plantilla de Pilotos existente a la fecha de firma del presente Convenio Colectivo, constituidos no solo por los acuerdos alcanzados en relación con la reducción y congelación salarial sino, adicionalmente, por lo que afecta en mayor medida a esta disposición, la alteración en el curso normal de los cambios de nivel que éstos han padecido.
En atención a ello, se establecen el siguiente régimen transitorio a favor de los Pilotos con contrato en vigor con la Compañía a la fecha de la firma del presente Convenio, como garantía ad personam:
• Se reconoce el nivel alcanzado hasta dicha fecha aun cuando sea superior al fijado como Tope en atención a la Flota/Función desempeñada.
• Se reconoce que, con carácter extraordinario, dichos Pilotos puedan cambiar hasta un máximo de cuatro niveles adicionales a aquel que tuvieran reconocido, en virtud del apartado anterior, conforme al esquema de cambio de nivel vigente con anterioridad al acordado en el presente Convenio.
Disposición adicional tercera. Premio de antigüedad.
Tanto la Sección Sindical de SEPLA en Iberia como la Compañía son conscientes de los grandes esfuerzos y sacrificios realizados por los pilotos, al estar afectados por las repercusiones que el Acuerdo de Mediación de 2013 y el presente Convenio han supuesto en sus retribuciones, así como por el efecto específico que los mismos han tenido y tienen en el devengo de trienios de antigüedad.
En atención a ello, se acuerda un régimen transitorio en favor de los pilotos en situación de alta a la fecha de la firma del presente Convenio.
Para los pilotos fijos a la firma del Convenio se aplicará desde el 15 de marzo de 2013, el siguiente régimen transitorio:
a) Se reconoce el número de trienios devengados hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema. Asimismo, a los efectos del devengo del siguiente trienio, se reconoce el tiempo de servicios efectivos prestado desde el devengo del último trienio y hasta el 15 de marzo de 2013.
b) Cada piloto percibirá como garantía ad personam, un complemento personal consistente en la diferencia entre el importe del complemento de antigüedad, que tenga en el momento de la firma del Convenio y el que le corresponda por la aplicación del nuevo sistema de cálculo de la antigüedad. Dicho complemento personal no será revalorizable, ni absorbible, ni compensable.
El complemento personal se calculará considerando la realización de una jornada a tiempo completo, de modo que se adaptará, según corresponda, a la jornada realizada por cada piloto.
c) Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2016, y una vez cumplidos tres años de servicios efectivos (a esos efectos, se tendrá en cuenta el tiempo de servicios efectivos prestados desde la generación del último trienio hasta el 15 de marzo de 2013) percibirán, como complemento excepcional de naturaleza indemnizatoria, por la pérdida de la expectativa respecto del complemento de antigüedad, una cantidad fija anual de 974,14 €, que será abonable en doce pagas.
Los importes anteriores lo son respecto de un Piloto a tiempo completo, con lo que se adaptarán, según corresponda, a la jornada realizada por cada Piloto.
Dicho complemento excepcional de naturaleza indemnizatoria no será revalorizable ni absorbible, pero se incrementará acumulativamente en esa misma cuantía, de forma trienal, siempre que haya habido prestación efectiva de servicios durante el referido periodo y dejará de incrementarse cuando se cumplan 36 años de servicios efectivos en la Empresa, permaneciendo invariable a partir de ese momento. A los efectos del cómputo del referido periodo de 36 años, no se contabilizarán los periodos de tiempo durante los que el devengo de la antigüedad haya estado congelado.
ANEXO 1-A
A partir del año 2016 las cantidades reflejadas en la tabla salarial d) anterior, se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.–d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo.
ANEXO 1, B
Prima de responsabilidad de comandante
1.º Los Pilotos de Iberia a los que la Compañía, de acuerdo con las facultades que la Ley le confiere, designe para desempeñar la función de Comandante a bordo de sus aeronaves, en tanto permanezcan en el ejercicio de dicha función, percibirán en concepto de Prima de Responsabilidad, la cantidad que en cada momento esté establecida para la flota en que ejerzan su función. Esta Prima se abonará en 15 pagas anuales.
2.º Las personas que ejerzan la función de Comandante y causen baja en vuelo por pérdida definitiva de licencia, percibirán el 7,5 por 100 de la Prima de Comandante devengada por cada año en el ejercicio efectivo de dicha función, con un máximo consolidable del 75 por 100.
Cuando el cese definitivo en vuelo esté motivado por enfermedad profesional o accidente laboral, así declarado por los organismos competentes, el máximo consolidable será del 100 por 100.
3.º La renuncia voluntaria al ejercicio de la función de Comandante implicará, en tanto dure esta situación, la no percepción de cantidad alguna derivada de este concepto, que será sustituida por la correspondiente al ejercicio, en su caso, de la función de Copiloto.
4.º Los porcentajes de consolidación referidos girarán sobre las Primas vigentes en cada momento.
5.º A efectos de cotización al Fondo Social de Vuelo se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente en cada momento.
6.º A efectos, única y exclusivamente, de la determinación de la prima de Comandantes todas las flotas se encuadrarán en dos Grupos.
Se considera Grupo 1 a efectos de prima de responsabilidad de comandante, todos aquellos aviones que estén definidos por la Industria como de Corto y Medio radio y que operen como tales en nuestra red.
Igualmente, se considera Grupo 2 a efectos de prima de responsabilidad de comandante, todos aquellos aviones que estén definidos por la Industria como de Largo Radio.
La Prima de Responsabilidad de Comandante queda establecida en las cantidades siguientes:
Grupos
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
1
2.404,25
2.067,66
1.971,49
2.067,66
2
2.599,24
2.235,35
2.131,38
2.235,35
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo.
ANEXO 1, C)
Prima de copiloto
1.º Los Pilotos de Iberia, mientras desempeñen la función de Copiloto a bordo de sus aeronaves, percibirán en concepto de Prima la cantidad que en cada momento esté establecida para el ejercicio de dicha función. Esta Prima se abonará en 14 pagas anuales.
2.º Las personas que ejerzan la función de Copiloto y causen baja en vuelo por pérdida definitiva de licencia, percibirán el 7,5 por 100 de esta Prima por cada año en el ejercicio efectivo de dicha función, con un máximo consolidable del 75 por 100.
Cuando el cese definitivo en vuelo esté motivado por enfermedad profesional o accidente laboral, así declarado por los organismos competentes, el máximo consolidable será del 100 por 100.
3.º Todo Piloto que pase a desempeñar la función de Comandante dejará de percibir la Prima de Copiloto y devengará desde ese momento la Prima de Responsabilidad de Comandante en los términos que para la misma se regulan.
4.º Los porcentajes de consolidación referidos girarán sobre las Primas vigentes en cada momento.
5.º A efectos de cotización al Fondo Social de Vuelo se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente en cada momento.
6.º La Prima de Copiloto queda establecida en la cantidad que a continuación se menciona, en 14 pagas anuales.
7.º Los Copilotos con consideración a Grado Senior percibirán adicionalmente la gratificación de «Copiloto Senior» que a continuación se indica en 14 pagas anuales.
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
Desde el 4 de abril del 2014
–
Euros
Copiloto.
155,39
133,64
127,42
133,64
Copiloto Senior.
62,39
53,66
51,16
53,66
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.–d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo
ANEXO 1, D)
Prima de productividad
Los Pilotos percibirán por este concepto las siguientes cantidades:
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo del 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril del 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
Comandante.
850,51
731,44
697,42
731,44
Copiloto.
600,38
516,33
492,31
516,33
Niveles 1D - 9.
Copiloto.
–
–
–
273,12
Nivel 10.
Copiloto.
–
–
–
34,85
Nivel 11.
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Esta prima se abonará en 15 pagas.
ANEXO 1, E)
Gratificación complementaria
Los Pilotos percibirán por este concepto, las siguientes cantidades:
Niveles
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
1D
2.676,14
2.301,48
2.194,43
2.301,48
1C
2.509,27
2.157,97
2.057,60
2.157,97
1B
2.352,81
2.023,42
1.929,30
2.023,42
1A
2.176,61
1.871,88
1.784,82
1.871,88
1
1.998,39
1.718,62
1.638,68
1.718,62
2
1.810,67
1.557,18
1.484,75
1.557,18
3
1.620,63
1.393,74
1.328,92
1.393,74
4
1.428,18
1.228,23
1.171,11
1.228,23
5
1.097,95
944,24
900,32
944,24
6
967,41
831,97
793,28
831,97
7
828,55
712,55
679,41
712,55
8
363,12
312,28
297,76
312,28
9
172,53
10
74,01
11
21,08
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Esta gratificación complementaria se abonará en 15 pagas, a todos los Pilotos, como consecuencia de la ejecución de las horas de vuelo (trabajo) realizadas sobre territorio extranjero.
ANEXO 1, F)
Base de cálculo fondos social y mutual
Niveles
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
1D
6.488,33
5.579,96
5.320,43
5.579,96
1C
6.167,77
5.304,28
5.057,57
5.304,28
1B
5.867,22
5.045,81
4.811,12
5.045,81
1A
5.528,70
4.754,68
4.533,53
4.754,68
1
5.186,43
4.460,33
4.252,87
4.460,33
2
4.825,85
4.150,23
3.957,20
4.150,23
3
4.460,77
3.836,26
3.657,83
3.836,26
4
4.091,11
3.518,35
3.354,71
3.518,35
5
3.456,73
2.972,79
2.834,52
2.972,79
6
3.206,06
2.757,21
2.628,97
2.757,21
7
2.939,28
2.527,78
2.410,21
2.527,78
8
2.573,88
2.213,54
2.110,58
2.213,54
9
1.222,98
10
524,61
11
No aplica
Esta Base se verá incrementada con las Primas consolidadas que procedan en cada caso, incrementadas si es Prima de Comandante en un 16,03% y si es de Copiloto en un 17,71%.
Asimismo la Base se incrementará por cada trienio en las siguientes cantidades:
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
101,09
86,94
82,89
86,94
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
ANEXO 2
Primero. Opciones del piloto al cumplir los 60 años de edad.
Con un mínimo de 9 meses de antelación a la fecha de cumplimiento de los 60 años de edad, el Piloto deberá comunicar de manera irrevocable a la Empresa su opción por alguna de las siguientes alternativas con efectividad en la fecha de cumplimiento de dicha edad, quedando la Empresa obligada a aceptarla, sin perjuicio de las alternativas a las que desde cada situación se pueda optar en cada momento:
• Mantenerse en el servicio activo de vuelo con actividad al 100%.
• Mantenerse en el servicio activo de vuelo con actividad al 55%.
• Pasar a la situación de Reserva.
En el caso de que el Piloto no optase en el plazo señalado por continuar en el servicio activo de vuelo, pasará de manera irrevocable a la situación de Reserva en la fecha de cumplimiento de los 60 años de edad, sin perjuicio de las alternativas a las que desde la Reserva se pueda optar en cada momento.
A) Opción de mantenimiento en el servicio de vuelo al 100 por 100.
Los Pilotos con 60 o más años de edad que hayan optado por mantenerse en el servicio activo de vuelo al 100% adquieren la obligación de permanecer por periodos de 12 meses en dicha situación y en cualquier caso como máximo hasta los 65 años de edad. Esta opción será incompatible con la establecida en el artículo 86.1.
Con un preaviso de 6 meses a la fecha de finalización de cada periodo de 12 meses, el piloto deberá comunicar a la Compañía su opción por alguna de las siguientes situaciones, sin perjuicio de las alternativas a las que desde cada situación se pueda optar en cada momento:
• Mantenerse en el servicio activo de vuelo con actividad al 100%.
• Mantenerse en el servicio activo de vuelo con actividad al 55%.
• Acogerse a la situación de Reserva.
En el supuesto de que el Piloto con 60 o más años de edad sufra alteraciones psicofísicas que afecten a las condiciones y requisitos exigidos por el puesto de trabajo (pérdida de licencia), pasará automáticamente a la situación de Reserva en los términos y condiciones definidos en este anexo 2, sin perjuicio de las alternativas a las que desde la Reserva se pueda optar en cada momento.
Durante el tiempo en que los Pilotos estén acogidos a la opción de mantenimiento en el servicio de vuelo al 100%, se mantienen el 100% de las retribuciones, las cotizaciones por ambas partes al Fondo Social de Vuelo y al Fondo Mutual en las mismas condiciones que estén establecidas en el Convenio Colectivo en cada momento.
Asimismo en la situación referida en el párrafo anterior se cotizará por ambas partes al Concierto Colectivo de Vida en las condiciones que estén establecidas para esta situación en el Convenio Colectivo vigente en cada momento.
B) Opción de mantenimiento en el servicio de vuelo al 55 por 100.
Los Pilotos con 60 o más años de edad que hayan optado por mantenerse en el servicio activo de vuelo al 55% adquieren la obligación de permanecer en dicha situación por periodos de 12 meses y en cualquier caso como máximo hasta los 65 años de edad.
Para el cálculo de la actividad mensual para dicha situación se estará a las reglas establecidas en el artículo 86.2. Asimismo esta opción será incompatible con la establecida en el artículo 86.1. Para los Pilotos acogidos a esta opción se reducirán las retribuciones conforme a los criterios establecidos en el artículo 86.2 párrafo 3. Adicionalmente se abonará la cantidad reflejada en la siguiente tabla, en 14 pagas.
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
2.161,57
1.858,95
1.772,49
1.858,95
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Durante los años en los que el Piloto esté acogido a la opción de volar al 55%, para el cambio de nivel, las restricciones establecidas en el artículo 35 apartado b) serán del 30% de la media de las horas voladas por su flota o flotas en que haya permanecido durante este tiempo, con la salvedad de lo establecido en el artículo 51 y para el artículo 35 apartado f) segundo punto, el 35% de la media de las horas voladas por la flota o flotas en que haya permanecido en los tres últimos años, antes del cambio de nivel.
Con un preaviso de 6 meses a la fecha de finalización de cada periodo de 12 meses, el piloto deberá comunicar a la Compañía su opción por alguna de las siguientes situaciones, sin perjuicio de las alternativas a las que desde cada situación se pueda optar en cada momento:
• Mantenerse en el servicio activo de vuelo con actividad al 55%.
• Acogerse a la situación de Reserva.
En el supuesto de que el Piloto con 60 o más años de edad sufra alteraciones psicofísicas que afecten a las condiciones y requisitos exigidos por el puesto de trabajo (pérdida de licencia), pasará automáticamente a la situación de Reserva en los términos y condiciones definidos en este anexo 2, sin perjuicio de las alternativas a las que desde la Reserva se pueda optar en cada momento.
Durante el tiempo en que los tripulantes estén acogidos a la opción de mantenimiento en el servicio de vuelo al 55%, se mantienen las cotizaciones por ambas partes al Fondo Social de Vuelo y al Fondo Mutual, como si estuvieran volando al 100%, en las mismas condiciones que estén establecidas en el Convenio Colectivo en cada momento para el resto de los Pilotos en su nivel.
Asimismo en la situación referida en el párrafo anterior se cotizará por ambas partes al Concierto Colectivo de Vida en las condiciones que estén establecidas para esta situación en el Convenio Colectivo vigente en cada momento.
Los tripulantes mayores de 60 años que estén acogidos a la opción de mantenimiento en el servicio de vuelo al 55%, podrán optar por renunciar al disfrute de sus días de recuperación recogidos en el artículo 85. Dicha renuncia para un año concreto deberá hacerse efectiva en el momento de realizar la solicitud de vacaciones para dicho año.
La programación de vacaciones y días de recuperación se hará sin restricciones de la misma forma que el resto de pilotos. En el mes en que, la suma de días de vacaciones y recuperación, sea de, al menos, 14 días (a excepción del mes de febrero, en el que sea de 13) se le continuará programando en los términos de este anexo y percibirá sus retribuciones al 100%.
C) Reserva.
Podrán pasar a esta situación los Pilotos que cumplan 60 años y los que, habiendo perdido definitivamente la aptitud para el vuelo, tengan cumplidos los 55 años.
La situación de reserva implica la posibilidad de que la Compañía, por propia iniciativa, utilice los servicios del tripulante en funciones específicas de asesoramiento y colaboración en tierra, sin sujeción en materia salarial y de jornada a lo establecido para el personal de vuelo en activo o con pérdida de licencia, no pudiendo, en cualquier caso, desempeñar puestos o cargos de mando en su Unidad orgánica correspondiente.
El tripulante que pase a la situación de reserva permanecerá en la misma, como máximo, hasta cumplir la edad de 65 años, o la inferior que en su caso se establezca legalmente para su jubilación por la Seguridad Social con plenitud de derechos.
Durante el tiempo que permanezca en reserva, la Compañía mantendrá al tripulante en situación de alta ante la Seguridad Social, cotizándose por ambas partes en los mismos términos que se viniese haciendo hasta el momento de pasar a la situación de reserva, aplicándole las mejoras que puedan introducirse por aquélla en dicho período en función de lo dispuesto por la Seguridad Social.
Si por pérdida definitiva de la aptitud para el vuelo el Piloto optase por acceder a la situación de Reserva antes de cumplir los 60 años de edad, durante el tiempo que medie entre el pase a la situación de Reserva y hasta que cumpla la edad de 60 años, la Compañía abonará a su cargo, en 14 mensualidades una cantidad equivalente a la que pudiese corresponder al tripulante de la Seguridad Social como si tuviese cumplidos 65 años, o edad menor en que se estableciera tal plenitud de derechos, en el momento de pasar a tal situación de Reserva, calculada según los haberes, cotizaciones efectuadas y fórmulas vigentes en dicho momento. Tal cantidad será incrementada anualmente en el mismo porcentaje que la Seguridad Social, en su régimen general, establezca para sus pensionistas.
A los Pilotos que estén en situación de Reserva entre los 60 y 65 años de edad la Compañía les abonará las cantidades que se indican, en catorce mensualidades por año, actualizándose en el mismo porcentaje que resulte de aplicación para los tripulantes Pilotos en activo y las cantidades son las siguientes:
De 1 de enero de 2010 a 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 a 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 a 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
4.323,14
3.717,90
3.544,97
3.717,90
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, como a los tripulantes Pilotos en activo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Si la edad de jubilación con plenitud de derechos establecida por el Ministerio de Trabajo se redujese, la Compañía Iberia seguirá abonando, también hasta los 65 años, la cantidad antes citada, incrementada anualmente con arreglo al IPC pero deduciéndole 1.129,60 euros.
No obstante lo anterior no procederá dicho descuento en caso de que el tripulante Piloto accediera a la jubilación en virtud de la aplicación del RD 1559/1986, de 28 de junio, o a la jubilación anticipada conforme a lo dispuesto en el RD 1132/2002, de 31 de octubre.
En caso de fallecimiento del Piloto con 60 o más años de edad acogido a la situación de Reserva las mensualidades descritas y con los mismos incrementos anuales, las seguirá percibiendo la viuda/o, y en su defecto, los hijos que dependan económicamente de él en el momento del fallecimiento. Es decir, que cobrarán esas cantidades durante el tiempo que medie entre la fecha del fallecimiento del Piloto y aquella en la que hubiera cumplido los 65 años. Tales cantidades se verán reducidas en la que perciban los mencionados beneficiarios de la Seguridad Social.
En materia de Concierto Colectivo de Vida, se regirán por las normas actualmente en vigor, en el Reglamento del Concierto Colectivo de Pilotos.
En lo que se refiere al Fondo Mutual, la Compañía cotizará a este Fondo por los Pilotos que pasen a la Reserva hasta que cumplan los 65 años, en la misma proporción que por los Pilotos en activo, y de conformidad con los términos expuestos en el apartado 4 del artículo 138. En los supuestos en que se acceda a la jubilación antes de cumplir los 65 años de edad y hasta dicha edad, la Compañía seguirá aportando al Fondo Mutual por la póliza actualmente vigente o por cualquier otra que pueda suscribirse en un futuro. La cotización se realizará sobre la Base de Cálculo (definida en el artículo 138 del Convenio) que tuvieran en el momento de su pase a la Reserva, actualizándose la misma anualmente de acuerdo con las tablas salariales vigentes.
Segundo. Rescisión especial.
A partir de los 55 años, los Pilotos podrán solicitar voluntariamente su pase a la situación de Rescisión Especial, que se extinguirá en cualquier caso al cumplir los 65 años o edad inferior que reglamentariamente se determine por la Seguridad Social Nacional para su jubilación con plenitud de derechos.
Desde el momento en que el Piloto opte por dicha situación, y hasta que cumpla los 60 años de edad, percibirá de la Compañía, en 14 mensualidades, una cantidad consistente en el 100% de la pensión que le hubiera correspondido recibir de la Seguridad Social si en ese momento tuviera ya cumplidos los 65 años.
Dicha pensión se revisará o actualizará con la periodicidad y en la cuantía que, en base a los criterios y disposiciones legales, la Seguridad Social establezca para sus pensionistas.
A los Pilotos que estén en situación de Rescisión Especial al cumplir 60 años y hasta los 65 años de edad la Compañía les abonará las cantidades que se indican, en 14 mensualidades por año, actualizándose en el mismo porcentaje que resulte de aplicación para los tripulantes Pilotos en activo.
En base a ello las cantidades son las siguientes:
De 1 de enero de 2010 a 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 a 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 a 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
4.323,14
3.717,90
3.544,97
3.717,90
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
Las cantidades previstas a partir del 15 de marzo de 2013, y periodos sucesivos –según se detalla en la tabla anterior–, resultarán de aplicación sólo a aquellos Pilotos que hubieran solicitado su acogimiento a la Rescisión Especial a partir de dicha fecha.
Si la edad de jubilación con plenitud de derechos establecida por el Ministerio de Trabajo se redujese, la Compañía Iberia seguirá abonando, también hasta los 65 años, la cantidad antes citada, incrementada anualmente con arreglo al IPC pero deduciéndole 1.129,60 euros.
En caso de fallecimiento del Piloto con 60 o más años de edad acogido a la situación de Rescisión Especial las mensualidades descritas y con los mismos incrementos anuales, las seguirá percibiendo la viuda/o, y en su defecto, los hijos que dependan económicamente de él en el momento del fallecimiento. Es decir, que cobrarán esas cantidades durante el tiempo que medie entre la fecha del fallecimiento del Piloto y aquella en la que hubiera cumplido los 65 años. Tales cantidades se verán reducidas en la que perciban los mencionados beneficiarios de la Seguridad Social.
Durante este tiempo, el Piloto podrá suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social, cuya cotización será reintegrada mensualmente por la Compañía en la cuantía vigente en cada momento.
Tercero. Cese temporal y definitivo en vuelo.
A) Cese temporal en vuelo.
a) Se producirá el cese en vuelo con carácter temporal por alguna de las causas siguientes:
1. Pérdida temporal de la licencia de vuelo.
2. Alteraciones psicofísicas que sin producir la pérdida de la licencia de vuelo o baja oficial de la Seguridad Social, impidan, no obstante, desarrollar normalmente las actividades en vuelo.
b) El personal afectado pasará a prestar servicios en tierra, en el puesto más idóneo a sus aptitudes entre las vacantes existentes, preferentemente en la Unidad orgánica a que pertenezca, percibiendo los emolumentos previstos en el artículo 1 del anexo 8 para el caso de enfermedad, siempre que el índice de absentismo en el grupo de Pilotos por enfermedad no sea superior al 5% en cómputo anual.
c) En el momento que cesen las causas que dieron lugar al cambio de puesto de trabajo los interesados volverán a reintegrarse al servicio activo en vuelo.
B) Cese definitivo en vuelo.
Se producirá el cese en vuelo con carácter definitivo a los efectos de lo aquí regulado por alguna de las causas siguientes:
1. Pérdida de la licencia de vuelo.
2. Alteraciones psicofísicas de carácter irreversible que afecten a las condiciones y requisitos exigidos por el puesto de trabajo.
3. Pase a la situación o escala de Reserva, tal como está regulado en el apartado primero.C) del presente anexo.
4. Pase a la situación de Rescisión Especial, tal como está regulado en el apartado Segundo del presente anexo.
El personal incluido en los puntos 1 y 2 del párrafo anterior pasará a prestar servicio en tierra en el puesto más idóneo a sus aptitudes entre las vacantes existentes, preferentemente en la Unidad orgánica a que pertenezca, percibiendo el sueldo base, premio de antigüedad y el complemento preciso para que, unido al total de las percepciones que pueda percibir por la Seguridad Social Nacional y/o Complementaria, alcance el 90 por 100 de los emolumentos fijos del nivel que ostentaba al cesar en vuelo, o el que en cada momento le corresponda, o el 100 por 100 en el caso de que el cese definitivo en vuelo se deba a accidente de trabajo o enfermedad profesional, así declarado por los organismos competentes. Una vez fijado dicho complemento, los incrementos que se produzcan en las pensiones fijadas por la Seguridad Social no serán absorbidos.
En caso de discrepancia sobre la concurrencia o no de alguna de estas causas, se someterá el caso a la decisión de un Tribunal Médico, presidido por un facultativo designado por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, de entre los que están calificados como especialistas en medicina aeronáutica, si es posible, y no hubiera intervenido o tenido relación anterior con el caso en cuestión; un Vocal libremente elegido por el tripulante y otro designado por la Dirección de la Compañía.
La enumeración de las causas a que se refiere este apartado es independiente de cualesquiera otras que, por diferentes motivos (enfermedad con baja oficial, sanción, retiro, etc.) tengan un tratamiento especial en otras disposiciones del presente Convenio o en las normas y disposiciones dictadas al efecto.
Tanto en los supuestos de cese en vuelo temporal como definitivo, anteriormente citados, las condiciones de trabajo en materia de jornada, días libres, excedencias, licencias retribuidas o no, vacaciones, traslados, enfermedad y transporte, se regirán por las normas establecidas para el personal de Tierra.
En todas las demás materias que les sean de aplicación, se ajustarán a lo establecido en este Convenio.
En materia de Concierto Colectivo de Vida, los Pilotos en esta situación seguirán rigiéndose por las normas actualmente en vigor, en el Reglamento del Concierto Colectivo de Pilotos.
Progresión económica:
Los Pilotos que pasen a prestar servicio definitivo en tierra podrán progresar por la escala de niveles establecidos en el artículo 22 hasta un máximo de dos cambios de nivel a partir del que ostentaran en el momento de su pase a servicios en tierra. El tiempo de permanencia en cada uno de los niveles, incluido el que ostente en el momento de su pase a servicios en tierra, será el doble de los períodos de tiempo referidos a los Tripulantes en servicio activo de vuelo.
Para el disfrute del derecho de progresión de niveles que se establece en el párrafo anterior, será necesario que la persona afectada reúna, concurrentemente, las dos circunstancias siguientes:
a) Antigüedad mínima de 10 años de servicio en vuelo en el momento en que se produzca el cese definitivo por pérdida de la licencia correspondiente.
b) Que la pérdida definitiva de la licencia de vuelo obedezca a lesiones de carácter orgánico clínicamente objetivables.
Los Pilotos que pierdan la licencia con carácter definitivo como consecuencia de accidente aéreo, del cual se hayan derivado secuelas de carácter orgánico, disfrutarán de los mismos derechos anteriormente establecidos aunque no tengan acumulados los 10 años de servicio efectivo en vuelo.
Disposición transitoria primera.
Los Pilotos que cumplieron 60 años entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 y optaron por prestar servicios en vuelo en la opción B) del anexo 2 se mantendrán en la misma en las condiciones previstas en este anexo. Para los pilotos que cumplan 60 años a partir del 1 de enero de 2014 será de aplicación lo que con carácter general se establece en este anexo.
ANEXO 3
Fondo solidario
De acuerdo con lo establecido en el capítulo octavo: atenciones sociales, artículo 134, de este Convenio, las aportaciones del grupo de Pilotos serán las siguientes:
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
Niveles 1D – 8
29,81
25,64
24,44
25,64
Nivel 9
14,16
Nivel 10
6,08
Nivel 11
1,73
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo.
La administración y control del Fondo Solidario se realizará de la forma que SEPLA determine.
ANEXO 4, I
Dietas de estancia y hospedaje por destacamento tripulantes pilotos
a) Efectos 1 de enero de 2010:
Nacionales: 44,43 €.
Extranjeras.
A) Básico: 102,10 $ USD.
B) 125 por 100: 127,63 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 114,35 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 97,00 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 81,68 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
b) Efectos 15 de marzo de 2013:
Nacionales: 38,21 €.
Extranjeras:
A) Básico: 87,81 $ USD.
B) 125 por 100: 109,76 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 98,35 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 83,42 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 70,25 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
c) Efectos 15 de abril de 2013:
Nacionales: 36,43 €.
Extranjeras:
A) Básico: 83,72 $ USD.
B) 125 por 100: 104,65 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 93,77 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 79,53 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 66,98 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
d) efectos 4 de abril de 2014:
Nacionales: 38,21 €.
Extranjeras:
A) Básico: 87,81 $ USD.
B) 125 por 100: 109,76 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 98,35 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 83,42 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 70,25 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
ANEXO 4, II
Indemnización por destinos inferiores a dos años tripulantes pilotos
a) Con efectos 1 de enero de 2010:
Nacionales: 32,92 €.
Extranjeras:
A) Básico: 86,83 $ USD.
B) 125 por 100: 108,54 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 97,25 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 82,49 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 69,46 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
b) Efectos 15 de marzo de 2013:
Nacionales: 28,31 €.
Extranjeras:
A) Básico: 74,67 $ USD.
B) 125 por 100: 93,34 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 83,63 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 70,94 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 59,74 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
c) Efectos 15 de abril de 2013:
Nacionales: 26,99 €.
Extranjeras:
A) Básico: 71,20 $ USD.
B) 125 por 100: 89,00 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 79,74 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 67,64 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 56,96 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
d) Efectos 4 de abril de 2014:
Nacionales: 28,31 €.
Extranjeras:
A) Básico: 74,67 $ USD.
B) 125 por 100: 93,34 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 83,63 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 70,94 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 59,74 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
ANEXO 4, III
Indemnización por destinos superiores a dos años tripulantes pilotos
a) Con efectos 1 de enero de 2010:
Nacionales: 23,27 €.
Extranjeras:
A) Básico: 61,24 $ USD.
B) 125 por 100: 76,55 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 68,59 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 58,18 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 48,99 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
b) Efectos 15 de marzo de 2013:
Nacionales: 20,01 €.
Extranjeras:
A) Básico: 52,67 $ USD.
B) 125 por 100: 65,84 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 58,99 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 50,04 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 42,14 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
c) Efectos 15 de abril de 2013:
Nacionales: 19,08 €.
Extranjeras:
A) Básico: 50,22 $ USD.
B) 125 por 100: 62,78 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 56,25 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 47,71 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 40,18 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
d) Efectos 4 de abril de 2014:
Nacionales: 20,01 €.
Extranjeras:
A) Básico: 52,67 $ USD.
B) 125 por 100: 65,84 $ USD.
Las cuantías citadas serán de aplicación a los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico, Países de África Ecuatorial, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
C) 112 por 100: 58,99 $ USD.
Se aplicarán a los países siguientes: Austria, Filipinas, Francia, Perú, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República Dominicana, Suecia, Venezuela, Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca.
D) 95 por 100: 50,04 $ USD.
Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México, Grecia, Paraguay y Suiza.
E) 80 por 100: 42,14 $ USD.
Siendo de aplicación a los países que siguen: Irlanda, Uruguay, Portugal y Colombia.
Nota.–Los países que no tengan un índice establecido, se les aplicará la básica.
ANEXO 4, IV
Dietas por desplazamiento en vigor
Dieta Nacional
–
Euros
Dieta Extranjera
–
Euros
Año 2010.
122,13
165,94 USD o 113,49
Año 2011.
125,79
165,94 USD o 113,49
De 1 de enero de 2012 a 14 de marzo de 2013.
128,81
165,94 USD o 113,49
De 15 de marzo de 2013 a 14 de abril de 2013.
110,78
142,71 USD o 97,60
De 15 de abril de 2013 a 3 de abril de 2014.
105,62
136,07 USD o 93,06
Del 4 de abril del 2014 al 31 de diciembre de 2015.
110,78
142,71 USD o 97,60
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
ANEXO 4, V
Indemnización por renuncia a la recogida
Importe
–
Euros
Año 2010.
210,33
Año 2011.
216,64
De 1 de enero de 2012 a 14 de marzo de 2013.
221,84
De 15 de marzo de 2013 a 14 de abril de 2013.
190,78
De 15 de abril de 2013 a 3 de abril del 2014.
181,91
Del 4 de abril del 2014 al 31 de diciembre de 2015.
190,78
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
ANEXO 5
Relación de prendas de uniformidad inicial de los tripulantes pilotos
2 Chaquetas.
4 Camisas manga larga.
4 Camisas manga corta.
4 Corbatas.
1 Chaleco de punto.
1 Cardigan punto.
3 Pantalones.
1 Cinturón invierno.
1 Cinturón verano.
6 Pares de calcetines.
2 Pares de zapatos invierno.
2 Pares de zapatos verano.
1 Gabardina.
1 Par de guantes.
1 Bufanda.
2 Juegos hombreras de camisas.
1 Juego hombreras de gabardina.
1 Juego hombreras de chaleco.
1 Gorra.
2 Sujeta corbatas.
1 Chapa de cartera.
1 Cartera de vuelo o PC-trolley.
1 Maleta grande.
1 Maleta pequeña.
Para el supuesto de Pilotos de nuevo ingreso, el año natural en que ingresen en la Compañía, recibirán una dotación de vestuario completa, no percibiendo ninguna indemnización.
En el año natural siguiente a su incorporación, se integrarán en el sistema general.
Para el colectivo de Pilotos, el sistema general es el siguiente:
a) Se abonará una indemnización anual por vestuario, que estará disponible durante el mes de enero de cada año, de acuerdo al importe establecido en la siguiente tabla:
De 1 de enero de 2010 a 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 a 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 a 3 de abril de 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2015
–
Euros
1.204,42
1.035,80
987,62
1.035,80
A partir del año 2016 las cantidades que se vinieran abonando por este concepto se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132.
b) La confección de un uniforme a medida por el procedimiento que se acuerde entre SEPLA/Iberia, y el proveedor correspondiente, siendo el importe del mismo por cuenta de la Compañía, quien lo abonará directamente al proveedor y que estará compuesto por:
1 Chaqueta.
1 Gorra.
2 Pantalones.
c) La Compañía, por su parte, seguirá haciendo entrega de las maletas y cartera de vuelo especificadas en el Reglamento de Vestuario.
Para la reposición de las maletas y cartera de vuelo deberán transcurrir los siguientes plazos:
Maleta Grande: 4 años.
Maleta Pequeña: 2 años.
Cartera de Vuelo o PC trolley: 4 años.
El importe mencionado en el apartado a), será utilizado por los tripulantes Pilotos, a su criterio, en la reposición de las prendas de vestuario con la periodicidad establecida en el Reglamento de Vestuario.
En el caso de las mujeres pilotos, formará parte del vestuario un bolso, conforme a la definición que establezca la Compañía.
Dicho bolso se entregará a las mujeres Pilotos con la dotación inicial y su reposición será con cargo a ella. No obstante, si transcurridos 2 años en los que ha renunciado a la recogida de la gorra, podrá retirar el bolso con cargo a la Compañía, siendo el nuevo periodo de reposición de otros 2 años para un nuevo bolso o de un año si debe reponer la gorra.
Para el caso de cese en vuelo, en el año natural en que éste se produzca, se hará entrega de las prendas que correspondan y de la indemnización por vestuario completa, según el sistema general, independientemente de la fecha concreta en que el cese tenga lugar.
ANEXO 6
Vacaciones
A) Normas generales:
1. Los Tripulantes pueden solicitar libremente sus vacaciones en un mes completo o dos períodos de quince días.
El disfrute de los días de recuperación se acumularán a los períodos de vacaciones anuales, con las excepciones y salvedades que en esta regulación de vacaciones se expresan.
No obstante, el Piloto puede solicitar sus días de recuperación, juntos o separados, de acuerdo con su flota, en período distinto al de sus vacaciones, excepto en período de verano. El tripulante disfrutará los días de recuperación que le correspondan dentro del año natural.
2. Al conceder la Flota las vacaciones, dentro de sus disponibilidades, las peticiones de mes completo tendrán preferencia sobre las peticiones de quincenas, con independencia de la puntuación que tengan quienes soliciten estas últimas, excepto en los meses de verano.
3. Los Tripulantes en situación de destacamento tendrán derecho a que se les respeten los períodos voluntarios designados mientras dure esta situación, excepto en los meses de verano.
En el supuesto de vacaciones voluntarias, dejarán de percibir la dieta de destacamento y de disfrutar de cualquier otra prestación o derecho dimanante del mismo.
En caso de coincidir un destacamento, tanto forzoso como voluntario, con un período de vacaciones forzosas, tendrá prioridad el destacamento.
No obstante lo anterior, la Empresa podrá asignar vacaciones a Tripulantes en situación de destacados cuando las necesidades de la Flota lo aconsejen. A estos Tripulantes se les incluirá en la rotación total de la Flota, no perdiendo la situación de destacados durante el tiempo que duren dichas vacaciones.
4. Los Tripulantes en situación de destino serán considerados con los mismos derechos de los de la base principal. Las rotaciones se harán entre los componentes de cada destino (inferiores a dos años y superiores a dos años) siguiendo los mismos principios de los componentes de la base principal. El paso de un Tripulante a la situación de destino a su vuelta a la base principal será considerado como pase de Flota a efectos de vacaciones y se le aplicarán los mismos principios.
Mandos superiores:
Estas normas no serán de aplicación a los Tripulantes que por designación expresa de la Dirección ocupen cargos de Mando Superior en las Unidades Orgánicas correspondientes, como son:
• Director.
• Gerente.
• Gestor de Flota.
• Manager.
• Responsable.
• Instructores e Inspectores.
• Oficiales de Seguridad en Vuelo.
Los Mandos anteriormente citados, a excepción de los Instructores, Inspectores y Oficiales de Seguridad en Vuelo, no formarán parte del cupo general de vacaciones, pudiendo disfrutarlas cuando las necesidades de la Compañía lo permitan. La puntuación anual a acumular será la correspondiente a los períodos disfrutados.
La suma final de puntos así obtenida será la que rija a todos los efectos cuando cesen las circunstancias expuestas en el párrafo anterior.
A los Inspectores, Instructores y Oficiales de Seguridad en Vuelo, si hubiera más de uno de cualquiera de ellos, le serán de aplicación las normas generales recogidas en este anexo.
Instructores:
Cuando a un instructor le coincida su período de vacaciones con un período programado de instrucción, tendrá prioridad este último.
B) Puntuación.
Valorando los meses del año, a fin de conseguir una rotación justa en el disfrute de vacaciones, la puntuación de los mismos se establece como sigue:
Puntos
1.ª quincena
2.ª quincena
Julio, agosto
24
12
12
Septiembre
16
10
6
Junio
12
4
8
Abril, mayo
8
4
4
Diciembre
6
0
6
Enero
4
4
0
Febrero, marzo, octubre y noviembre
0
0
0
Independientemente de las puntuaciones antes citadas el Jueves, Viernes, Sábado y Domingo de Semana Santa se computarán a razón de un punto por día y los de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, a razón de dos por día.
La valoración de las vacaciones disfrutadas, se hará aplicando a cada día disfrutado la parte alícuota del coeficiente del mes a que corresponda, y sumando al total los puntos señalados en el párrafo anterior si los hubiera. En caso de no resultar número entero de puntos, se tomará el más próximo por defecto o por exceso si la fracción es menor o mayor de 0,5 puntos.
Al Tripulante que disfrute de un período de vacaciones con carácter forzoso, no le serán de aplicación los puntos que se establecen en este apartado para dicho período.
Si se eligen en dos períodos de quince días, los puntos que se devenguen en cada quincena no son acumulables parcialmente y se computarán al final del año.
Las puntuaciones adquiridas en las vacaciones anuales, se sumarán a las de los años anteriores el 31 de diciembre de cada año, y serán expuestas en público por cada Flota en este día.
Los Tripulantes de nuevo ingreso en plantilla de vuelo adquirirán como puntuación inicial la del Tripulante de su grupo y especialidad que la tenga más alta.
Los Tripulantes que cambien de función o flota, arrastrarán en su nuevo puesto la que tuvieran en el anterior.
A los Pilotos que se reincorporen de excedencia voluntaria o de una banalización, se les asignará la puntuación que resulte de sumar la que tenían al iniciar tal situación más el incremento medio mensual del tiempo permanecido en aquella, de todos los Pilotos de su misma función.
C) Peticiones.
La Compañía hará llegar a cada tripulante Piloto, junto con la programación del mes de septiembre, el impreso de solicitud de vacaciones del año siguiente.
Hasta el 10 de octubre, cada Piloto interesado, hará llegar a su Jefatura de Flota, por medio del citado impreso, el período de vacaciones deseado, pudiendo hacerse en uno solo de 30 días continuados o en dos períodos de quince días, cada uno de ellos con su orden de prioridad independiente. En la solicitud se hará constar, asimismo, la petición de disfrute de los días de recuperación en los términos que permite el Convenio Colectivo.
D) Asignación.
• La Dirección asignará los días de recuperación, conforme a la petición que hubiera efectuado el Piloto, si las necesidades operativas lo permiten; si no fuera así, lo comunicará y acordará con el Tripulante otra fecha distinta y todo ello antes del inicio del periodo de asignación definitiva (6 de noviembre). Si no hubiera acuerdo o no se recibiera la solicitud mencionada en el apartado C) anterior, los días de recuperación se programarán unidos a vacaciones.
• Entre los días 11 y 26 de octubre, la Empresa expondrá y pondrá a disposición de los Tripulantes, una lista por Flota, con la asignación de los períodos de vacaciones a cada Tripulante, confeccionada en base a las solicitudes recibidas y a la puntuación que cada uno tenga.
• Los períodos asignados que no correspondan a los solicitados por los Tripulantes se considerarán forzosos a los efectos correspondientes. Los períodos forzosos, cualquiera que sea el mes en que estén situados, no estarán penalizados por puntuación alguna.
• La no solicitud de períodos de vacaciones y la no recepción de la misma en la Jefatura de Flota y oficina en quien delegue, dentro de los plazos establecidos, permitirá a la Empresa asignar libremente las vacaciones en uno o dos períodos con el carácter de voluntarios.
Permutas.
• Hasta el 5 de noviembre la Empresa recibirá de los Tripulantes las permutas que entre dos Tripulantes de la misma Flota y especialidad hayan acordado. La permuta se hará por medio de una papeleta firmada por ambos interesados.
• Se permitirán las permutas de los Tripulantes, sea cual fuere la característica de forzoso o no forzoso (voluntario) del o los períodos asignados, siendo por lo tanto posibles las permutas siguientes:
• Entre dos períodos forzosos.
• Entre dos períodos voluntarios sin penalización de puntos.
• Entre un período forzoso y otro voluntario. La puntuación del voluntario, si la hubiese, se aplicará a ambos Tripulantes.
• Entre dos períodos voluntarios, uno de ellos con penalización de puntos. La puntuación se aplicará al que inicialmente los tenía adjudicados.
• Las permutas, en ningún caso, podrán alterar las fechas de los períodos asignados a los Pilotos que permutan, debiendo estar los interesados en la misma Base en la fecha de comienzo del disfrute del período permutado y contar con los mismos días adicionales de recuperación. En el caso de que el número de días adicionales de recuperación fuera distinto, los días excedentes no permutables serán asignados cuando las necesidades del servicio lo permitan.
Asignación definitiva.
• Del día 6 al 20 de noviembre se confeccionará la lista de asignaciones definitiva anual para los Tripulantes, publicándose y poniéndose a su disposición. No obstante, los Tripulantes que no hubieran permutado hasta el 5 de noviembre podrán solicitarlo, y la Empresa lo autorizará si la papeleta se entrega con 45 días de anticipación al inicio del período permutado.
• En caso de manifiesta necesidad, la Empresa podrá efectuar cambios en las asignaciones, hasta un máximo del 10% de las vacaciones anuales de todos los tripulantes de las flotas de Largo Radio (A340, A330 o flotas que los sustituyan) y hasta un máximo del 10% de las vacaciones anuales de todos los tripulantes de las flotas de Corto y Medio Radio. La Empresa comunicará los cambios al Tripulante afectado con 60 días de antelación a la fecha en que tuviera o tenga que disfrutar el período de vacaciones cambiado, por correo certificado.
No se incluirán en el límite del 10% los cambios derivados de enfermedad, de situaciones de destacamento y de cambio de flota y función.
En caso de tener lugar modificaciones en el cupo, la flota estará obligada a ofrecer las ampliaciones a los Pilotos que hubieran solicitado dichos períodos, siguiendo el procedimiento general establecido. A los Pilotos que acepten el nuevo período, anteriormente por ellos solicitado, se les considerará como voluntario, devengando la puntuación correspondiente. Si no hubiera ningún Piloto voluntario, se continuará con la de forzosos.
Enfermedad en vacaciones.
El período de vacaciones, una vez comenzado, se interrumpirá a instancias del interesado inmediatamente después de declarada una enfermedad o accidente, cuyo tratamiento se acredite como necesario en domicilio o con internamiento en centro hospitalario. Para ello remitirá la certificación justificativa correspondiente. La fracción del período interrumpido por esta causa la disfrutará, por designación de la empresa, antes del 31 de diciembre del año en curso. Si no fuese posible, por continuar en tal fecha en situación de baja o no existir cupo disponible, lo hará inmediatamente después de la comunicación de su restablecimiento o en el primer cupo disponible. La fracción de este modo disfrutada tendrá el carácter de forzoso o voluntario que tenía el período, y la puntuación que corresponda al período interrumpido.
Voluntarios.
Para los períodos solicitados libremente por el Tripulante, tendrá prioridad el de menor puntuación, y, en caso de ser ésta igual, el peticionario que tenga mayor antigüedad efectiva en la función.
Forzosos.
Los Tripulantes que no tengan asignados períodos voluntarios, formarán una lista para las asignaciones forzosas. Estas asignaciones se harán teniendo en cuenta la puntuación de mayor a menor. En el caso de tener dos o más Tripulantes el mismo número de puntos, se enviará al de menor antigüedad efectiva en la función.
Estas asignaciones podrán hacerse por períodos quincenales, dejando, en este caso, como mínimo cuatro quincenas de actividad intercaladas entre dos períodos forzosos.
No obstante lo anterior, cada Flota no podrá dar más del sesenta por ciento de las vacaciones en cada uno de los períodos de enero a abril, de junio a septiembre y el compuesto por mayo, octubre, noviembre y diciembre con carácter forzoso.
Vacaciones específicas de verano.
Las vacaciones correspondientes a esta temporada se regirán por las siguientes normas:
1. Las Flotas no tienen más obligación que asignar las vacaciones en este período a la mitad de su plantilla, cada año, en turnos de quince días si se hubiesen solicitado.
2. Por consiguiente, la Empresa no está obligada a asignar los días de recuperación, ni un mes completo en dicha temporada. La prioridad en la designación en el periodo de verano será: primero las vacaciones voluntarias, en segundo lugar los días de recuperación, después las licencias no retribuidas y por último las vacaciones forzosas.
3. Los Tripulantes deberán manifestar su orden de preferencia en las casillas establecidas a este efecto en el impreso de petición. Se entiende que el Tripulante sólo está interesado en las quincenas que solicita, y de no corresponderle alguna de ellas se reserva para disfrutarlas en el siguiente período de verano si le correspondiesen por su puntuación.
4. Si algún Tripulante no efectúa petición para este cupo de vacaciones, se entenderá que renuncia al mismo.
5. Tendrán preferencia para disfrutar las vacaciones en este cupo aquellos que no lo hayan hecho con consideración voluntaria en el período de junio a septiembre del año anterior, y dentro de éstos, por la menor puntuación u orden de antigüedad en la función, en caso de igualdad de puntos.
6. Los Tripulantes destacados no tendrán derecho a acogerse a este cupo de vacaciones mientras dure su situación.
7. Los Tripulantes en situación de destino tendrán cupos proporcionales a los de la Base principal con turnos independientes de la misma.
8. A los Tripulantes que soliciten vacaciones en este período y les correspondan, no se les podrá enviar más de una quincena forzosos, de acuerdo con su puntuación.
9. Las vacaciones de este cupo serán comunicadas a los Tripulantes a quienes les corresponda antes del 1 de Enero del año en que las vayan a disfrutar.
Disposición final.
Durante la vigencia del presente Convenio, se establecerá, por parte de la Dirección, una nueva regulación de las vacaciones de los Mandos.
ANEXO 7
Rotaciones de destacamento y destinos
A) Normas comunes.
• Todo Piloto tiene derecho a solicitar destacamento, destino inferior a dos años o destino superior a dos años.
• Cuando razones técnicas impidan a un Piloto ocupar una vacante de destacamento o de destino, le serán comunicadas por escrito por el Jefe de Flota.
• Cuando se tengan dudas 'a priori' sobre el tiempo a permanecer en la situación que se oferte, se considerará en todo caso como la de más larga duración, si bien a efectos de dietas e indemnizaciones, consideración y puntuación, se tendrá en cuenta la duración real de la misma, de acuerdo con los límites de tiempo establecidos en los artículos 56 y 57, abonándose al Piloto las diferencias, si las hubiere, entre las dietas e indemnizaciones percibidas y las que realmente corresponden.
• No obstante lo anterior, los destacamentos y destinos en el extranjero solo podrán ser ofertados a los Pilotos pertenecientes al Escalafón Único de Pilotos de Iberia L.A.E., S.A.
B) Puntuación.
• Sólo se aplicará puntuación a los destacamentos, destinos inferiores a dos años o destinos superiores a dos años asignados con carácter voluntario y con arreglo al siguiente baremo:
– Destacamentos: 1,00 punto por mes.
– Destino inferior a dos años: 0,85 punto por mes.
– Destino superior a dos años: 0,60 punto por mes.
• El valor total de la situación disfrutada vendrá dado por el producto del tiempo permanecido en la situación que corresponda por el coeficiente asignado a la misma.
• Al Piloto que vaya voluntariamente destacado o destinado, se le sumarán a la puntuación obtenida en el párrafo anterior, dos puntos por cada vez que permanezca en esta situación.
• Las puntuaciones adquiridas en cada situación se sumarán al total de puntos que tenga el Piloto inmediatamente después de terminada la misma. Los totales estarán expuestos en la relación de Pilotos existentes en cada Flota.
• Los Pilotos de nuevo ingreso en la plantilla de vuelo, adquirirán como puntuación inicial la del Piloto de su grupo y función que la tenga más alta.
• Los Pilotos que cambien de función o flota, arrastrarán a su nuevo puesto la que tuvieron en el anterior.
• A los Pilotos que se reincorporen de excedencia voluntaria se les asignará la puntuación que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.
C) Peticiones.
• Las flotas ofertarán por escrito con la mayor antelación posible y como mínimo 15 días antes del preaviso que corresponda, los turnos de destacamento, destino inferior a dos años o destino superior a dos años disponibles.
• Los Pilotos que soliciten voluntariamente destacamentos o destinos (inferiores o superiores a dos años), habrán de entregar su petición en la Flota como mínimo ocho días antes del preaviso correspondiente a la situación ofertada. Una vez asignado el destacamento o el destino, si se renunciase al mismo, esta renuncia llevará implícita la asignación del 100 por 100 de los puntos que correspondan como si el destacamento o el destino se hubieran realizado.
D) Asignación.
• La asignación de las situaciones de destacamento o destinos, podrá ser de carácter voluntario o forzoso.
Voluntario: Tendrán prioridad entre los que lo hayan solicitado, el de más baja puntuación actualizada al día de iniciación del destacamento, y en caso de ser ésta igual, el de mayor antigüedad en la función.
Forzoso: Cuando un destacamento o destino (inferior o superior a dos años), no se cubra total o parcialmente con Pilotos que lo hayan solicitado con carácter voluntario lo será con Pilotos enviados forzosos:
• El turno será aplicado, dentro de cada flota, de menor a mayor antigüedad en la función.
• Cuando un Piloto haya sido enviado forzoso a un destacamento o a un destino (inferior o superior a dos años), no podrá asignársele de nuevo otro turno forzoso de la misma naturaleza, hasta tanto no hayan rotado los demás componentes de la flota a que pertenezca.
• Todo Piloto enviado forzoso podrá cambiar su turno con otro Piloto, si ambos acceden, quedando obligado a ocupar el turno de este último cuando le toque.
• Las situaciones de desplazamiento de la totalidad de una flota a punto o puntos fuera de la base principal, serán consideradas como forzosas a todos los efectos.
Cuando por la rotación de asignación de destacamentos, correspondiera ir destacados a más de un inspector de la flota de que se trate, solamente uno de ellos podrá ser enviado, quedando pendientes para el siguiente mes o meses el inspector o inspectores que no hayan ido por rotación normal.
ANEXO 8
Seguridad social complementaria
Artículo 1. Enfermedad y maternidad.
En las circunstancias y condiciones que se establecen en el párrafo siguiente, la Compañía abonará un complemento sobre lo abonado por la Seguridad Social nacional, en caso de enfermedad o maternidad, hasta el tope del 100 por 100 del sueldo base, antigüedad en su caso, prima por razón de viaje garantizada y plus familiar cuando corresponda, coste de vida, dieta de destacamento, e indemnización por destino, por el que corresponda en cada caso, pagas extraordinarias y paga de cierre de ejercicio, así como las gratificaciones y primas que, con carácter general o pactado, se abonen a los Pilotos que se encuentren en dicha situación.
A efectos del pago del complemento se distinguirá entre enfermedades de más de 14 días y hasta 14 días inclusive. En el primer caso, la Compañía abonará el complemento desde el primer día de enfermedad; en la de menos de 15 días, el importe de tal complemento que correspondiera a los primeros siete días se destinará al Fondo Solidario de Pilotos.
La persona a la que se aplique esta norma verá actualizados sus emolumentos en y con cualquier mejora que afecte a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, pactados o que se pacten, en la medida y momento en que se aplique al resto de los Pilotos.
Artículo 2. Accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Durante el tiempo que dure la incapacidad temporal y hasta el alta, o hasta que el Tripulante pase a regirse por lo previsto en el Fondo Social de Vuelo, las personas que se encuentren en esta situación percibirán el complemento preciso para que, unido a lo percibido de la Seguridad Social Nacional y Mutualidad, en su caso, obtengan el 100 por 100 de los conceptos y condiciones especificados en el párrafo primero del artículo anterior de este anexo.
Por su parte la Compañía respaldará las gestiones que la representación de los pilotos realice ante los organismos oficiales para conseguir la designación de nuevas enfermedades profesionales como consecuencia del trabajo en vuelo.
En cuanto a la consideración de accidente de trabajo o enfermedad profesional se estará a lo que, en cada momento, establezca la normativa vigente.
Artículo 3. Normas comunes.
a) Para percibir las cantidades complementarias previstas en las presentes normas, el personal deberá presentar en tiempo y forma los partes de baja, confirmación y alta de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Cuando la asistencia sanitaria de la Seguridad Social entendiese que no procede la baja en los casos que pudieran presentársele, si el Servicio Médico de la Compañía opinase que las circunstancias que concurren en el Tripulante le impiden prestar servicios en vuelo, extenderán los correspondientes partes, que tendrán a efectos de Seguridad Social Complementaria, el mismo valor que los partes oficiales de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Cuando los Servicios Médicos de la Compañía estimen que el personal afectado debe quedar incluido en los apartados A) y B) punto 3.º del anexo n.º 2 del Convenio, deberán especificar concretamente esta circunstancia en el parte de baja.
b) La percepción de las cantidades complementarias previstas en los artículos anteriores estará en cualquier circunstancia supeditada a que el enfermo se someta en todo a las normas establecidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, en orden a controlar la permanencia en su domicilio en los casos en que no sea expresamente autorizado el traslado del enfermo por el órgano aludido.
En aquellos casos en que la baja proceda de los Servicios Médicos de la Compañía, el control será ejercido por dichos Servicios en los términos expresados en el párrafo anterior.
Cualquier disposición complementaria en orden al control que se pueda dictar se someterá previamente a la representación de los Tripulantes Pilotos y de la Compañía, para su aprobación.
En caso de enfermedad sobrevenida al Tripulante en localidad distinta a la de su residencia habitual, deberá someterse en cada caso a los controles establecidos en los párrafos anteriores, y se estará a lo dispuesto en el artículo 139.
Salvo que el facultativo competente de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social lo estimase improcedente, el Tripulante habrá de trasladarse al lugar que señale el Servicio Médico de la Compañía si se hallase en uso de permiso y a la base principal si se hallase en situación de destacamento o destino.
En los casos en que la Compañía ordene el traslado del enfermo, los gastos que ocasione el mismo serán de cuenta de aquélla.
En caso de destacamento o destino, el Tripulante que deba reincorporarse a su base dejará de percibir la correspondiente gratificación y se aplicará en su caso lo previsto en el párrafo 2 del artículo 114 del vigente Convenio.
Si, como consecuencia de las gestiones que efectúe el Servicio Médico de la Compañía, se demostrase que el dictamen del facultativo de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social careciese de justificación real, tendrá derecho la Compañía a reintegrarse de las cantidades complementarias abonadas.
c) Si se trata de un accidente de trabajo y se pretendiera intencionadamente recibir la asistencia en centros sanitarios o por médicos distintos a aquellos asignados por facultativos de Iberia, o sus colaboradores, la Empresa abonará exclusivamente el importe tanto al centro asistencial como al facultativo, valorado por el Servicio Médico de la Compañía, a tenor de las tarifas para los accidentes de trabajo.
d) La Compañía estudiará la posibilidad de que las personas en situación de baja por enfermedad o accidente perciban el conjunto de sus emolumentos a través de la Empresa, resarciéndose ésta directamente de las prestaciones de la Seguridad Social. Esta situación cesará cuando las personas en situación de baja pasen a regirse por lo previsto en el Fondo Social de Vuelo.
Artículo 4. Recursos.
De estar disconforme el interesado con el dictamen emitido por los Servicios Médicos de la Compañía, podrá someter su caso, a partir del 31 día de baja continuada siguiente a la emisión del dictamen en la primera baja que se produzca, y en cualquier momento en las bajas sucesivas que ocurran dentro del año natural, a la Resolución de un Tribunal Médico presidido por un médico designado por el Colegio Oficial de Madrid de entre los cualificados como especialistas en Medicina Aeronáutica, si es posible, y no hubiera tenido anteriormente relación con el caso en cuestión, un Vocal libremente elegido por el Piloto y otro designado por la Dirección de la Compañía.
Los costes que origine la constitución de este Tribunal irán a cargo de la parte para la que sea desfavorable la Resolución que recaiga y se determinarán con arreglo a las tarifas oficiales establecidas por el Colegio de Médicos.
Si la Resolución fuera favorable al Piloto se le resarcirá de los haberes que dejó de percibir.
ANEXO 9
Representación, aplicación e interpretación del convenio
Artículo 1.
a) Iberia reconoce a SEPLA y la Sección Sindical del mismo en la Compañía, en los términos de los documentos de reconocimiento suscritos en su día, actualizados a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
b) Los Delegados Sindicales serán once para SEPLA y tendrán las garantías y facilidades que establece la normativa y la práctica vigente.
La Compañía mantendrá el reconocimiento y garantías sindicales al número de Delegados reconocidos en el Acuerdo de 3-9-92 o en el vigente en cada momento.
Durante la vigencia del Convenio acepta otorgar tal reconocimiento y garantías a quienes sean designados por SEPLA miembros titulares de: Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, Comisión Mixta de Interpretación y grupos de trabajo creados en ejecución o desarrollo de este Convenio.
La Compañía acepta, asimismo, la acumulación de garantías sindicales, total o parcialmente, en uno o varios de sus Delegados.
c) Igualmente, como Representantes de los Pilotos tendrán las funciones que para los mismos se contienen en el presente Convenio y en la legislación vigente para la representación de los trabajadores.
d) Iberia podrá establecer expresamente con dicho Sindicato lo que considere oportuno para el mejor entendimiento entre el mismo y la Empresa, de acuerdo con la legislación vigente.
e) Iberia reconoce a la Sección Sindical de SEPLA en la Empresa como interlocutor exclusivo, en la actualidad, en lo referente a los acuerdos y convenios colectivos del grupo de Pilotos especialmente en lo que se derive de su interpretación y aplicación, en razón a su nivel de implantación en el referido grupo profesional.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente.
Ambas partes acuerdan que, en caso de finalización de la vigencia pactada para el presente convenio colectivo sin haberse conseguido la suscripción de un nuevo convenio, se mantendrá la aplicabilidad ultraactiva de las previsiones contenidas en este artículo, por un plazo adicional de un año sobre el establecido en la normativa de aplicación.
Artículo 2.
I. Un representante de la Sección Sindical de SEPLA/Iberia, designado por la misma, formará parte de la Comisión de Seguimiento Económico y Social.
II. En dicha Comisión se informará, debatirá y se hará un seguimiento sobre:
1. Planes de la Compañía en sus distintas áreas.
2. Planes estratégicos.
3. Evolución de la Compañía y del sector.
4. Medidas sociolaborales que pudieran afectar a los trabajadores.
III. La periodicidad de las reuniones de la Comisión Económico y Social será trimestral, fijándose como día de la reunión el tercer jueves del último mes de cada trimestre natural. Si dicho día fuese festivo la reunión se realizará el siguiente primer día hábil.
No obstante lo anterior, podrán convocarse reuniones extraordinarias de la Comisión, cuando a juicio de sus componentes se den las circunstancias precisas para ello.
IV. La Dirección de la Compañía remitirá a los miembros de la Representación de los Trabajadores que componen la Comisión, previa a la celebración de cada reunión y con siete días de antelación, la documentación precisa en función de los temas a tratar y, en cualquier caso, la documentación básica que en la actualidad configura «la carta mensual».
Asimismo, se remitirá un resumen mensual de la actividad de la Compañía.
V. Los Representantes de los Trabajadores en la Comisión de Seguimiento, en tanto en cuanto mantengan dicha condición, tendrán derecho al pase de libre circulación.
VI. Se mantiene en sus propios términos el anexo I del Acta de 15 de octubre de 2003.
Artículo 3.
Los representantes de los Pilotos tendrán competencia en todo lo relacionado con la aplicación del Convenio y su cumplimiento. Estas funciones podrán efectuarse conjuntamente con la representación de la Empresa, en la materia y ámbito correspondiente, si fuera necesario.
La Compañía notificará a los Representantes de los Pilotos, el Órgano de la misma que sea designado al efecto de resolver con dichos Representantes, cuando fuese necesario, las cuestiones en que hubiera controversia en relación a lo aquí establecido, sin perjuicio de lo atribuido a la Comisión de Interpretación.
Igualmente, los representantes de los Pilotos colaborarán especialmente con la Dirección en la vigilancia del cumplimiento de las normas de trabajo y descanso y en los turnos de servicios mensuales, y deberán tener conocimiento previamente a su ejecución de las siguientes materias:
• Turnos de vacaciones.
• Rotaciones de destacamentos y destinos.
• Asimismo, recibirán notificación acerca de las sanciones muy graves y despidos que afecten a los Pilotos.
La Compañía informará a los Representantes de los Pilotos de los perfiles de los vuelos que se realicen en cada momento así como de sus variaciones.
Artículo 4.
Funcionará en el seno de la Compañía una Comisión de Interpretación compuesta por igual número de representantes de la Empresa y de los Pilotos, quienes tendrán acceso a la documentación sobre los temas a tratar por la Comisión.
La representación de los Pilotos en la misma estará integrada por tres Pilotos en función de Comandante, y otros tres en función de Copiloto, designados preferentemente de entre los que han intervenido en la deliberación del presente Convenio y por el mismo procedimiento.
Los representantes de la Compañía estarán designados libremente por la Dirección.
Sin perjuicio de la competencia de la Jurisdicción Laboral y de lo establecido en los artículos precedentes de este anexo, la Comisión de Interpretación tendrá competencias en aquellos temas relacionados con la interpretación del Convenio.
Los acuerdos de la Comisión tendrán carácter ejecutivo inmediato, salvo que ambas partes acuerden una fecha específica.
La Comisión se reunirá normalmente el tercer jueves de cada mes, sin perjuicio de celebrar otras reuniones siempre que lo requiera la urgencia o necesidad de las mismas.
Artículo 5.
La Compañía abonará a cada Representante Sindical de SEPLA, por cada día de dedicación sindical señalado en las programaciones, un número de horas (atípicas) equivalente a la media general anual de las horas estándar realizadas en el año inmediato anterior.
ANEXO 10
Acuerdos de colaboración mutua y estabilidad del empleo
Se establecen unas garantías de colaboración de colaboración mutua entre Iberia y el colectivo de pilotos, representado por la sección sindical de SEPLA, y de estabilidad en el empleo que se recogen a continuación
SCOPE CLAUSE
1. General.
1.1 Se reconoce que Iberia L.A.E., S.A. Operadora S.U. (en adelante Iberia Operadora) opera en un entorno en el que se requiere una mayor flexibilidad y facilidad para poner en práctica decisiones comerciales rápidamente. Iberia Operadora reconoce la contribución que ya ha aportado la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora en este contexto. La Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora está de acuerdo en seguir colaborando en el programa comercial de la aerolínea y en cualquier cambio que se haga a corto plazo en estos programas.
1.2 A fin de permitir que la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora actúe en la confianza de que los intereses de los pilotos se van a proteger y mejorar, ahora y en el futuro, se han alcanzado acuerdos específicos entre Iberia Operadora y la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora que cubren temas tales como los salarios, la estructura salarial de la antigüedad, y acuerdos sobre la planificación. Asimismo, el despliegue actual de aviones y tripulaciones técnicas estará sujeto a una revisión retrospectiva. Iberia Operadora se obliga a proporcionar a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora información suficientemente completa que permita que dicha revisión sea significativa. Además, Iberia Operadora proporcionará información amplia sobre consideraciones comerciales y de planificación en reuniones regulares que mantendrá con los representantes designados de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora. Las aportaciones prácticas con las que la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora pueda contribuir se abordarán en conversaciones internas, con la Dirección de Iberia Operadora.
1.3 Para ello, la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora acuerda no limitar el despliegue de aviones para obtener el mayor beneficio económico y comercial, incluyendo la introducción de nuevos aviones en el servicio de Iberia Operadora. Se reconoce que solo a través de dicha cooperación puede Iberia Operadora hacer que el plan para gestionar su futuro se beneficie plenamente de las oportunidades comerciales que surjan para superar las dificultades a las que tiene que hacer frente en la actualidad la aerolínea y para asegurar un futuro viable para sus empleados actuales.
2. Seguridad en el empleo-tripulaciones técnicas de Iberia Operadora.
2.1 El objetivo de este acuerdo es promover la seguridad en el empleo y las oportunidades de carrera profesional de los pilotos del escalafón de Iberia Operadora. El presente acuerdo pretende tener en cuenta las preocupaciones que la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora tiene en relación con la seguridad en el empleo y el desarrollo de la carrera profesional, sin obstaculizar el desarrollo comercial de Iberia Operadora.
2.2 Iberia Operadora y la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora acuerdan que con la excepción de las operaciones incluidas en los apartados de Franquicias, Wet Lease e Iberia Express todos los vuelos, realizados en un avión de Iberia Operadora (Propio o Arrendado) o con imagen de Iberia Operadora (color y logotipo), serán operados por Pilotos de Iberia Operadora y con independencia del tamaño de la aeronave y del certificado de Operador Aéreo con el que opere dicho avión.
2.3 Esto no quiere decir que los pilotos de Iberia Operadora operen únicamente aviones de Iberia Operadora.
2.4 En los contratos de franquicia suscritos por Iberia Operadora, actualmente con Air Nostrum, así como en los que en el futuro pueda suscribir, se aplicará como regla general, una limitación consistente en que no puedan llevarse a cabo las operaciones previstas con aviones de más de 100 plazas. En caso de que los aviones destinados a operar la franquicia tengan más de 100 plazas, su peso máximo certificado (MTOW –Maximum Take Off Weight–), no podrá exceder de 52.000 kg ni llevar más de 100 pasajeros.
Iberia Operadora se compromete a no llevar a cabo ninguna franquicia para operaciones de Largo Radio, vuelos de más de 6 horas de tiempo de vuelo, sin acuerdo con la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora.
2.5 Iberia Operadora no tiene ningún avión dedicado a la carga ni tiene intención de tenerlo en estos momentos. Iberia Operadora se compromete a consultar a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora en caso de que las circunstancias cambien.
Los puestos de comandante de cualquier avión carguero que pudiera ser contratado por Iberia Operadora en el futuro, estarán disponibles para que los pilotos de Iberia Operadora puedan optar a los mismos.
2.6 Hay pocas circunstancias, si las hay, en las que Iberia Operadora trataría de entregar los vuelos rentables a otro Operador, eligiendo las operaciones de código compartido por encima de los servicios operados por Iberia Operadora. No obstante, a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora le sigue preocupando que dichos acuerdos de código compartido puedan afectar negativamente a las oportunidades de vuelo de los pilotos de Iberia Operadora.
En caso de que Iberia Operadora pretendiera entregar vuelos rentables para celebrar un acuerdo más amplio (sustituyendo estos vuelos por un código compartido) y dicho acuerdo redujera directamente las oportunidades de vuelo de los pilotos de Iberia Operadora, Iberia Operadora se compromete a consultar a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora antes de suscribir ninguno de estos acuerdos de código compartido.
2.7 En caso de una posible fusión o absorción, Iberia Operadora consultará a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora de acuerdo con la legislación en materia laboral vigente en ese momento.
2.8 Iberia Operadora, salvo lo establecido respecto de Iberia Express, no pretende ceder slots a otros operadores. Si surgiese alguna circunstancia excepcional que implicase que dicha intención no se puede cumplir, se seguirá el procedimiento indicado en los «Procedimientos de negociación–Iberia Operadora/Sección sindical de SEPLA en Iberia» (Punto 3).
2.9 Iberia Operadora entiende la preocupación de la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora acerca de que las compañías con las que Iberia Operadora tiene acuerdos de código compartido o alianzas, puedan tener compromisos adquiridos con los representantes de sus pilotos en relación con el impacto que dichos acuerdos pudieran tener en sus propias tripulaciones. Iberia Operadora se compromete a consultar con la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora, con la mayor brevedad, el posible impacto de cualquier alianza o acuerdo de código compartido que se proponga antes de que éste se concluya. El objetivo de esta cláusula es asegurar que dichos acuerdos no tendrán un impacto negativo sobre las horas de vuelo previstas para los pilotos de Iberia Operadora.
2.10 Iberia Operadora informará a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora, a la mayor brevedad posible, de los detalles de cualquier wet lease de corta duración que pueda ser necesario para cubrir acontecimientos imprevistos (incluyendo, por ejemplo pero no limitado a, operaciones de mantenimiento no programado).
Para otras circunstancias que no sean excepcionales, las notificaciones a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora se realizarán antes de que se lleve a cabo el wet lease e incluirán detalles sobre la duración, el operador, tipo de aeronave y servicio realizado. Si tuviese algún efecto sobre la contratación, planificación de niveles, las oportunidades de promoción o cambios de flotas, Iberia Operadora se compromete a asegurar que ningún piloto se vea perjudicado por dichos acuerdos.
Los wet lease de corta duración tienen una duración que se extiende dentro de una temporada de programación. Es necesario que haya una interrupción de al menos 7 días entre el fin de un contrato de wet lease y el inicio de un segundo contrato para una aeronave similar si se va a considerar que el segundo periodo es independiente del primero.
Si surgiese alguna circunstancia en la que hubiese que considerar un wet lease de mayor duración, Iberia Operadora y la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora se reunirán para determinar los acuerdos que resultarán de aplicación.
No obstante lo anterior, Iberia Operadora se compromete a no realizar en régimen de wet-lease, una producción que supere el 3% del total de la producción de Horas Bloque pasaje anuales (horas voladas por pilotos de Iberia Operadora más horas voladas en régimen de wet lease).
Iberia Operadora se compromete a no realizar producción en régimen de wet-lease mientras esté en vigor un procedimiento de despido colectivo de carácter obligatorio o mientras exista exceso de plantilla de pilotos.
Fuerza Mayor: se acepta que Iberia Operadora tenga que hacer frente a una circunstancia imprevista que constituya una importante amenaza para la empresa.
3. Procedimientos de negociacion Iberia Operadora/Seccion sindical de SEPLA en Iberia.
3.1 Ambas partes confirman que los apartados siguientes configuran el actual proceso de negociación entre Iberia Operadora y la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora, a los efectos de este anexo.
3.2 La finalidad de los apartados 3.3 y 3.4 que figuran más adelante es asegurar que estos temas y propuestas se planteen antes de tomar decisiones o contraer compromisos.
3.3 Se creará un grupo de trabajo conjunto que se reúna, como mínimo, cada seis meses. Este grupo:
– Estará informado de las presiones competitivas que soporta Iberia Operadora.
– Debatirá los futuros planes de negocio, incluyendo los planes sobre las flotas y su actualización.
3.4 Por medio del presente se acepta que Iberia Operadora, antes de tomar ninguna decisión, informará con antelación suficiente de las razones que subyacen detrás de cualquier cambio que se proponga de los planes sobre las flotas para que éstas se entiendan por completo. Este grupo tendrá acceso a toda la información pertinente.
3.5 Se entiende que cualquiera de las partes podrá hacer uso del proceso de negociación incluido en el apartado 3.1 anterior para:
– Plantear cualquier asunto que preocupe al grupo de trabajo.
– Tratar cualquier propuesta hecha por Iberia Operadora que afecte a los acuerdos industriales vigentes.
3.6 Se acuerda que la información que se aborde en el grupo se mantendrá de manera confidencial, salvo que los miembros acuerden otra cosa.
4. Vueling.
Iberia Operadora se compromete a no ceder el código Iberia a Vueling en Madrid, por encima del 4% de las Horas Bloque pasaje anuales operadas por Iberia Operadora a o desde el hub (Madrid).
Iberia Operadora no facilitará código IB a aquellas operaciones de Largo Radio (vuelos de más de 6 horas de tiempo de vuelo) que pueda realizar Vueling.
5. British Airways.
Iberia Operadora obtendrá un compromiso de IAG de que:
1. British Airways no operará vuelos de pasajeros de Largo Radio desde el Hub de Madrid o Barcelona.
2. British Airways operará vuelos al hub de Madrid solo desde el Reino Unido.
6. Operación regional.
En caso de que Iberia Operadora decidiera afrontar las operaciones de tráfico Regional fuera del modelo de franquicia, ambas partes se comprometen a llegar a un acuerdo sobre las condiciones en las que se llevará a cabo dicha operación por parte de los pilotos del escalafón de Iberia Operadora.
7. Iberia Express.
1. Principios generales.
• Iberia Operadora e Iberia Express son dos compañías que operan con sus respectivos AOC´s y condiciones laborales propias y diferenciadas.
• Iberia Operadora se compromete a alcanzar un Acuerdo con Iberia Express, antes del 25 de febrero de 2014 para implantar un modelo, conforme a un esquema de reserva y reparto de plazas de Comandante, que permita que los copilotos de Iberia Operadora puedan prestar servicios como comandantes en Iberia Express. El referido Acuerdo estará en vigor hasta que se pueda formalizar la oferta al último de los copilotos de Iberia Operadora, en los términos indicados en el Punto 4 y no podrá ser resuelto unilateralmente por ninguna de las partes. En este sentido, Iberia Operadora se compromete a llevar a cabo las gestiones necesarias para que en Iberia Express haya un Convenio Colectivo antes del verano de 2014.
• Dicho modelo será solo de aplicación respecto de los copilotos contratados por Iberia Operadora a la fecha de la firma del texto articulado del VIII Convenio Colectivo, y estará vigente hasta que el último de ellos haya recibido la correspondiente oferta conforme a las previsiones del Punto 4.
En el supuesto de que existiese alguna contradicción entre lo estipulado en el apartado 7 del anexo 10 y lo regulado en el resto del Convenio Colectivo, prevalecerá lo dispuesto en este anexo.
2. Límites.
El ratio de crecimiento de aviones de Corto y Medio Radio, entre Iberia Operadora e Iberia Express, será de 1:1.
La entrada de nuevos aviones se producirá, alternativamente, en Iberia Operadora o en Iberia Express respetando siempre el ratio 1:1, aunque se admite que pueda producirse una diferencia entre ambas Compañías, en determinados momentos, siempre que la misma sea igual a uno.
Asimismo, la producción total de Iberia Express, medida en AKO´s, no podrá superar nunca el 15% de los AKO´s totales producidos por Iberia Operadora.
Hasta el 31 de diciembre de 2017, el número máximo de aviones que, sobre los 15 con que cuenta actualmente, se podrán incorporar a Iberia EXPRESS será 10.
3. Cobertura vacantes comandantes en Iberia Express.
Hasta 31 de diciembre de 2017, para la cobertura de las vacantes de comandante que se puedan producir en Iberia Express, cualquiera que sea el origen de las mismas, se ofertarán cuatro plazas de comandante a copilotos de Iberia Operadora y una plaza de comandante a copilotos de Iberia Express.
El orden en que se producirá la suelta será:
1.º Iberia Operadora.
2.º Iberia Operadora.
3.º Iberia Operadora.
4.º Iberia Operadora.
5.º Iberia Express.
El número de orden se reiniciará una vez producida la 5.ª suelta.
Durante la vigencia del ratio 4:1 y por cada suelta en Iberia Express de uno de sus actuales copilotos, se producirá una suelta adicional en Corto y Medio Radio a la que marca su crew index (actualmente 5) en Iberia Operadora.
Hasta 31 de diciembre de 2017, se reservarán un máximo de 10 plazas para la suelta de comandante en Iberia Express, a favor de los actuales copilotos de Iberia Express, por incorporación de aviones.
De igual forma, en el supuesto de que existan vacantes no generadas por nuevos aviones se aplicará este mismo criterio en cuanto a ratio y orden.
A partir de 1 de enero de 2018, la referida proporción de 4:1 se mantendrá hasta que todos los copilotos de Iberia Operadora afectados por este Acuerdo hayan recibido la correspondiente oferta en los términos del Punto 4.
En tanto en cuanto se mantenga el ratio 4:1, por cada nuevo avión de Corto y Medio Radio que entre en Iberia Operadora, habrá que dar una suelta adicional (6 sueltas por cada avión) en Iberia Operadora. Dicho compromiso finalizará cuando se produzca la suelta, conforme a dicha proporción, del último de los copilotos de Iberia Express en alta en dicha Empresa a la fecha de la firma del Acuerdo y que no haya optado por solicitar su incorporación en Iberia Operadora, conforme al Punto 6. A partir de ese momento, todas las vacantes de Comandante que se generen en Iberia Express serán para los copilotos de Iberia Operadora afectados por este Acuerdo.
4. Procedimiento suelta de comandantes para los copilotos de Iberia Operadora.
• Iberia Operadora ofrecerá a los copilotos a los que les resulte de aplicación lo previsto en este apartado 7 del anexo 10, por orden de antigüedad técnica, la posibilidad de acceder a las plazas que se oferten para la suelta de Comandantes en Iberia Express. Dicha oferta lo será por una sola vez y siendo la aceptación de los copilotos de Iberia Operadora voluntaria, se entenderá cumplido el compromiso de Iberia Operadora con la oferta, aunque esta sea rechazada, no pudiendo el copiloto, en este caso, optar nuevamente. No obstante lo anterior, dicho compromiso no será cumplido hasta que se oferte al Piloto una vacante con base en Madrid, salvo que el Piloto acepte voluntariamente otra base. La oferta, que será progresiva conforme a las vacantes que se vayan produciendo, se comunicará al copiloto afectado, informando simultáneamente a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia Operadora. Se crea una Comisión Paritaria que analizará las situaciones excepcionales que pudieran concurrir.
• Los copilotos de Iberia Operadora que accedan a las referidas plazas de Comandantes en Iberia Express lo harán bajo las condiciones que se detallan a continuación y en el punto 5 siguiente –resultándoles todas ellas de aplicación mientras se encuentren en situación de Excedencia Especial Iberia Express–:
A. Suspensión temporal del contrato de trabajo en Iberia Operadora, a través de una Excedencia Especial Iberia Express, con las siguientes condiciones:
• Esta figura tendrá los mismos efectos jurídicos que la Excedencia forzosa prevista en el artículo 46.1 del Estatuto de los trabajadores.
• El piloto tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo y mantendrá los mismos derechos que tendría de haber continuado prestando servicios en Iberia Operadora, por ejemplo antigüedad administrativa, antigüedad técnica, días de recuperación, promoción, etc.
A los efectos del cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 35 se tendrán en consideración los servicios prestados en Iberia Express.
• Se concederá por 3 años, que podrán ser prorrogados, por años completos, hasta un máximo de 5 años en total. No obstante, si durante el periodo de Excedencia Especial Iberia Express le correspondiese su suelta en Iberia Operadora, lo que ésta le comunicará oportunamente, podrá reincorporarse a Iberia Operadora con un preaviso de 6 meses.
• Durante el periodo de suspensión temporal mantendrán el mismo derecho a los billetes que el resto de los pilotos de Iberia Operadora para él y sus beneficiarios.
• A la finalización de la Excedencia Especial Iberia Express tendrá derecho inexcusable e inmediato a la reincorporación en Iberia Operadora. En caso de que no se produjera la reincorporación se aplicarán los efectos jurídicos del despido nulo.
• La referida Excedencia Especial Iberia Express finalizará y el piloto se reincorporará a Iberia Operadora de manera inmediata, en caso de pérdida de licencia, en las condiciones previstas en el Convenio Colectivo para la situación de Cese Definitivo en Vuelo por pérdida de Licencia.
• En caso de que el piloto tuviera que dejar de prestar servicio en Iberia Express por cese involuntario (despido colectivo, despido objetivo o despido disciplinario declarado improcedente), el piloto tendrá derecho a reincorporarse en Iberia Operadora el siguiente día al de causar baja en Iberia Express, con independencia del tiempo transcurrido desde que se concedió la Excedencia Especial Iberia Express.
B. Alta en Iberia Express:
– De acuerdo al Convenio Colectivo.
5. Compensación.
Los Copilotos de Iberia Operadora que se suelten como Comandantes en Iberia Express percibirán una indemnización compensatoria consistente en:
– Durante los 3 años de Excedencia Especial Iberia Express se les abonará, por cada anualidad, la suma de las siguientes cantidades:
– Cantidad que resulte de la diferencia de retribución que percibirá como Comandante en Iberia Express y la retribución percibida en Iberia Operadora. A esos efectos, para el cálculo de la retribución a percibir en Iberia Express, se tendrá en consideración la retribución fija correspondiente al Nivel medio que como Comandante le corresponderá en Iberia Express, en función del tiempo que va a permanecer allí y considerando la media de las variables del año anterior en dicha Compañía. Para el cálculo de la retribución percibida en Iberia Operadora, se tendrá en cuenta, para las retribuciones fijas, las percibidas en el momento en que se produzca la suspensión temporal del contrato y para las variables, las medias de los variables por flota/función de los 12 meses anteriores y al precio del momento de la suspensión, incluyendo asimismo el importe correspondiente a la Renuncia a la recogida e indemnización anual de vestuario y las aportaciones de la empresa al Fondo Social, Fondo Mutual, Fondo Solidario y Concierto Colectivo de Vida.
– Cantidad, a tanto alzado, de 20.500 euros que compensaría el valor estimado de la Prima de Comandante.
El cálculo de la indemnización compensatoria que corresponda al piloto, se efectuará al inicio de la Excedencia Especial Iberia Express, quedando fijada en ese momento la suma total a percibir por el piloto durante los 3 años de duración de la misma.
Dicha indemnización compensatoria se distribuirá, a efectos de su abono, en pagos anuales de un mismo importe. El primer pago se producirá en el momento de la suspensión por Excedencia Especial Iberia Express y el resto cada doce meses contados a partir de dicha fecha.
– En caso de que se prorrogue la Excedencia Especial Iberia Express, la indemnización compensatoria a abonar al piloto, por cada anualidad, será calculada nuevamente con los mismos parámetros anteriores, a excepción de la retribución de referencia en Iberia Express que será la que corresponda al nivel que ostente en Iberia Express en ese momento.
La distribución y pago se hará en la misma forma descrita anteriormente.
– En relación con las cotizaciones al Fondo Solidario, si el Piloto quiere mantenerse de alta en el mismo, deberá aceptar que las aportaciones de la Empresa a dicho Fondo, que se han tenido en cuenta para calcular el importe de la indemnización a satisfacer al Piloto, se descuenten de la misma y que, asimismo, se detraiga la cuantía correspondiente a las aportaciones del Piloto a dicho Fondo. Dichos importes serán ingresados por la Empresa en el Fondo Solidario. Si el Piloto no deseara mantenerse en alta en dicho Fondo, el importe correspondiente a las aportaciones de la Empresa no se tendrá en consideración para el cálculo de la indemnización.
– En el supuesto de que el piloto haya percibido un pago anual y se reincorpore a Iberia Operadora antes de que finalicen los 12 meses que justifican dicho abono, deberá devolver a Iberia Operadora la parte prorrateada del mismo.
6. Pilotos de Iberia Express.
Los pilotos en plantilla de Iberia Express a la fecha de la firma del Acuerdo podrán optar, por una sola vez, a solicitar su incorporación en Iberia Operadora cuando en la misma existan vacantes. A tal efecto, tras la firma de este Convenio, y en el plazo de los siguientes 6 meses, aquellos pilotos interesados comunicarán, a Iberia Express y a Iberia Operadora, su voluntad de iniciar su carrera profesional en Iberia Operadora.
En caso de ejercitar su opción por la incorporación en Iberia Operadora, en los términos del párrafo anterior, renuncia a la opción de soltarse como Comandante en Iberia Express.
Iberia Operadora se compromete a que la mitad de las vacantes que pudieran existir en el futuro sean cubiertas por aquellos pilotos de Iberia Express que hubieran comunicado, en tiempo y forma, su solicitud de incorporación a Iberia Operadora.
Los referidos pilotos se incorporarán a Iberia Operadora cuando se produzcan las correspondientes vacantes y lo harán en las condiciones previstas en el Convenio Colectivo.
Acta comisión negociadora aneja al VIII convenio colectivo de pilotos
Se mantiene durante la vigencia del VIII Convenio Colectivo de Pilotos el Fondo para Consecución de Objetivos fijados por la Dirección de la Empresa, con tratamiento independiente de la masa salarial. El logro de los mismos determinado por la Dirección dará lugar a la percepción de las cantidades por niveles que a continuación se relacionan:
Nivel
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo de 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril de 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril del 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015
–
Euros
1D
1.118,81
962,18
917,42
962,18
1C
1.049,04
902,17
860,21
902,17
1B
983,65
845,94
806,59
845,94
1A
909,98
782,58
746,18
782,58
1
835,48
718,51
685,09
718,51
2
757,00
651,02
620,74
651,02
3
677,55
582,69
555,59
582,69
4
597,11
513,51
489,63
513,51
5
459,01
394,75
376,39
394,75
6
404,44
347,82
331,64
347,82
7
346,40
297,90
284,05
297,90
8
266,88
229,52
218,84
229,52
9
200,00
10
140,00
11
115,00
El abono de esta cantidad se efectuará, en nómina separada, coincidiendo con el pago de la nómina de diciembre, y con el nivel en el que el Piloto se encuentre a 31 de diciembre.
Durante la vigencia del VIII Convenio Colectivo y ligado a la consecución de beneficios, la Compañía aportará al Fondo Solidario de Pilotos una cantidad anual por cada Tripulante Piloto equivalente a:
De 1 de enero de 2010 al 14 de marzo del 2013
–
Euros
De 15 de marzo de 2013 al 14 de abril del 2013
–
Euros
De 15 de abril de 2013 al 3 de abril del 2014
–
Euros
De 4 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2015
–
Euros
Niveles 1D-8
294,89
253,61
241,81
253,61
Nivel 9
140,12
Nivel 10
60, 11
Nivel 11
17,12
Esta cantidad tendrá tratamiento independiente de la masa salarial.
El abono de esta cantidad se efectuará coincidiendo con el pago de la nómina de diciembre.
A partir del año 2016 las cantidades previstas en este Acta Aneja se revalorizarán, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.d). Finalizada la vigencia pactada para el presente Convenio, resultará de aplicación lo dispuesto a estos efectos en el citado artículo 132. | Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal. | Visto el texto del VIII Convenio colectivo entre Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos (código de convenio n.º 90002650011982), que fue suscrito con fecha 4 de abril de 2014 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por las sección sindical de SEPLA en Iberia en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de mayo de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VIII CONVENIO COLECTIVO ENTRE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., OPERADORA, S. UNIPERSONAL Y SUS TRIPULANTES PILOTOS
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito territorial.
El ámbito y aplicación del presente Convenio abarca todos los centros y dependencias de trabajo de la Compañía, tanto en España como en el extranjero, en relación con el ámbito personal que se refleja en el artículo siguiente.
Artículo 2. Ámbito personal.
Este Convenio afecta a todos los pilotos de plantilla de la Compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal, en las situaciones contempladas en el mismo.
En adelante cuando se utilice el término Empresa, Compañía, Operador, Iberia, Iberia Operadora, para definir al empleador, siempre que no se especifique lo contrario, se referirá exclusivamente a Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal.
Cuando se utilice el término SEPLA, Sección Sindical, Representación de los Pilotos, siempre que no se especifique lo contrario, se referirá exclusivamente a la Sección Sindical de SEPLA en Iberia, todo ello sin perjuicio de la legislación vigente.
Los Pilotos que hayan cesado o cesen en el futuro en el servicio activo de vuelo se regirán por lo expresamente regulado en el anexo 2.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entra en vigor el día 1 de enero de 2010 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, excepto para los conceptos o materias para los que se señale expresamente otra fecha distinta.
Será prorrogable por la tácita por periodos de doce meses si, con antelación mínima de dos meses a su vencimiento, no se ha pedido oficialmente revisión o rescisión por cualquiera de las partes.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Cuantas mejoras económicas se establecen, podrán producir la compensación de aquellas que con carácter voluntario o pactado hubiese ya otorgado la Compañía. Análogamente, podrán absorber las que pudieran establecerse por disposiciones legales en el futuro.
Se respetarán las condiciones establecidas individualmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Convenio, con carácter «ad personam», si globalmente superan las condiciones de este Convenio.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio constituye un todo orgánico y las partes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad.
Si por la jurisdicción competente se modificara sustancialmente alguna de las cláusulas en su actual redacción, la Comisión Negociadora deberá reunirse a reconsiderar si cabe modificación, manteniendo la vigencia del resto del articulado del Convenio o si, por el contrario, la modificación de tal o tales cláusulas obliga a revisar las concesiones recíprocas que las partes hubieran hecho. En ese sentido, si por cualquier causa, se declarara la nulidad de alguna cláusula, ambas partes se obligan a alcanzar un acuerdo para que no se vea afectada la masa salarial pactada en Convenio con incremento o decremento superior al 1% de la misma.
Artículo 6. Trato más favorable.
Cuando la interpretación del texto del Convenio se prestase a soluciones dudosas se aplicará en cada caso concreto aquella que sea más favorable a los Pilotos, es decir, se aplicará el principio «in dubio pro operario».
Artículo 7. Readaptación de tripulantes pilotos.
Si como consecuencia de la modificación de los sistemas operativos internos, los avances de la técnica u órdenes recibidas de la Autoridad Aeronáutica fuera necesario alterar la composición de las Tripulaciones Técnicas, la Dirección, con respecto tan sólo a los Pilotos que figuren en plantilla, los adaptará a nuevas funciones o puestos de trabajo en vuelo de análoga o superior consideración, en tanto reúnan el conjunto de condiciones exigidas para la declaración de aptitud de cada Tripulante.
Si como consecuencia de ello los pilotos vieran aumentada su responsabilidad y/o su carga de trabajo, ambas partes negociarán la repercusión en los emolumentos de la consecuente superior consideración de esas nuevas funciones.
Asimismo, la Compañía procurará la permanencia en sus actuales puestos de trabajo y garantizará los emolumentos alcanzados en sus niveles, de aquellos Tripulantes que no pudieran superar las pruebas exigidas para la transformación.
En el caso de que hubiera que hacer uso de la transformación especificada en este artículo, las representaciones de la Empresa y de los Pilotos determinarán el procedimiento a seguir.
Artículo 8. Entrada en servicio de nuevos aviones.
Si durante la vigencia del Convenio se pusieran al servicio de la Compañía
### RESUMEN: Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal. |
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Comunidad Autónoma de Cataluña, han suscrito un Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 14 de abril de 2014.–La Directora General de Política e Industrias Culturales y
del Libro, Teresa Lizaranzu Perinat.
ANEXO
Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona
En Madrid, a 7 de abril de 2014.
REUNIDOS
De una parte, don José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre), y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 y la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De la otra, el Hble. señor Ferrán Mascarell i Canalda, Consejero de Cultura, nombrado por Decreto 202/2010, de 27 de diciembre, en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en virtud de las facultades reconocidas en el artículo 12 k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente Acuerdo.
MANIFIESTAN
Por resolución de 16 de abril de 1982, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, se dispone la publicación de, entre otros, el Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1982). El acuerdo 1.1 del Convenio incluye la biblioteca pública de titularidad estatal de Girona en el ámbito de aplicación del mismo.
Al amparo de lo dispuesto en el acuerdo 4 de dicho Convenio, se ha llevado a cabo la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, de acuerdo con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Finalizadas las obras de construcción, se considera conveniente realizar el traslado de la Biblioteca de la sede actual al nuevo edificio, situado en la calle Emili Grahit, s/n, cuya titularidad pertenece al Estado, con la finalidad de hacer posible el mejor funcionamiento del servicio público que presta la institución citada.
Por lo anteriormente expuesto, se formaliza dicho cambio de sede conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
Se acuerda formalizar el traslado de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona de su sede actual al inmueble de titularidad estatal situado en la calle Emili Grahit, s/n.
Segunda.
El régimen de gestión y los compromisos establecidos por las partes firmantes del Convenio para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal no se modifican ni alteran por el cambio de sede.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.–El Consejero de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda. | El precio del Gas Natural a partir del 21. | El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Comunidad Autónoma de Cataluña, han suscrito un Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración General del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 14 de abril de 2014.–La Directora General de Política e Industrias Culturales y
del Libro, Teresa Lizaranzu Perinat.
ANEXO
Acuerdo de modificación del Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona
En Madrid, a 7 de abril de 2014.
REUNIDOS
De una parte, don José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno («Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre), y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 y la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De la otra, el Hble. señor Ferrán Mascarell i Canalda, Consejero de Cultura, nombrado por Decreto 202/2010, de 27 de diciembre, en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en virtud de las facultades reconocidas en el artículo 12 k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente Acuerdo.
MANIFIESTAN
Por resolución de 16 de abril de 1982, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, se dispone la publicación de, entre otros, el Convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1982). El acuerdo 1.1 del Convenio incluye la biblioteca pública de titularidad estatal de Girona en el ámbito de aplicación del mismo.
Al amparo de lo dispuesto en el acuerdo 4 de dicho Convenio, se ha llevado a cabo la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona, de acuerdo con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Finalizadas las obras de construcción, se considera conveniente realizar el traslado de la Biblioteca de la sede actual al nuevo edificio, situado en la calle Emili Grahit, s/n, cuya titularidad pertenece al Estado, con la finalidad de hacer posible el mejor funcionamiento del servicio público que presta la institución citada.
Por lo anteriormente expuesto, se formaliza dicho cambio de sede conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
Se acuerda formalizar el traslado de la sede de la Biblioteca Pública del Estado en Girona de su sede actual al inmueble de titularidad estatal situado en la calle Emili Grahit, s/n.
Segunda.
El régimen de gestión y los compromisos establecidos por las partes firmantes del Convenio para el traspaso de la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal no se modifican ni alteran por el cambio de sede.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.–El Consejero de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda.
### RESUMEN: El precio del Gas Natural a partir del 21. |
El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año.
De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
Primero.
Desde las cero horas del día 21 de enero de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
– Término fijo: 1,58 euros/mes.
– Término variable: 111,4188 cents/kg.
2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 96,7767 cents/kg.
Segundo.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
– Península e islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
– Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Tercero.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional materia prima ($/Tm):
Propano = 959,00.
Butano = 995,75.
Media del flete bajo y alto ($/Tm): 68,00.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,370360.
Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Cuarto.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 21 de enero de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 21 de enero de 2014.
Quinto.
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 21 de enero de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
Sexto.
Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
Séptimo.
Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, 15 de enero de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas. | Actualización de las tablas salariales del convenio de Ilunion porque resulta que hay personas que cobran el salario mínimo y subió en septiembre. | El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año.
De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
Primero.
Desde las cero horas del día 21 de enero de 2014, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
– Término fijo: 1,58 euros/mes.
– Término variable: 111,4188 cents/kg.
2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 96,7767 cents/kg.
Segundo.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
– Península e islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
– Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Tercero.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional materia prima ($/Tm):
Propano = 959,00.
Butano = 995,75.
Media del flete bajo y alto ($/Tm): 68,00.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,370360.
Asimismo, se han tenido en cuenta los nuevos costes de comercialización que se establecieron en la Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Cuarto.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 21 de enero de 2014, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 21 de enero de 2014.
Quinto.
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 21 de enero de 2014, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables.
Sexto.
Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de
### RESUMEN: Actualización de las tablas salariales del convenio de Ilunion porque resulta que hay personas que cobran el salario mínimo y subió en septiembre. |
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) contempló entre las medidas recogidas en su informe de 21 de junio de 2013 la centralización de los Gabinetes Telegráficos de la Administración General del Estado mediante su integración en la Unidad de Comunicaciones dependiente de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Esta medida afecta a los Gabinetes Telegráficos de todos los Ministerios, si bien, las especificidades que presenta el servicio que se presta en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior aconsejan que, centralizándose las funciones relacionadas con el Gabinete de Altos Cargos en el Gabinete Telegráfico de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, se mantengan las actuales Unidades telegráficas en estos tres Departamentos con el fin de seguir prestando aquellos servicios que por razones técnicas o de otra índole deben permanecer en ellos. Con esto se persigue, respetando la autonomía de los Ministerios que presentan más especificidades, una gestión uniforme de los recursos y servicios, que se traducirá en un aumento de su eficacia y eficiencia, así como en un ahorro de costes e inversiones.
La medida afecta también a los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, del Senado, del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyo personal, que está adscrito actualmente a la relación de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia, seguirá dependiendo funcionalmente de los respectivos órganos constitucionales y pasará a depender orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, quien coordinará su actividad conjuntamente con los mencionados órganos.
Para la consecución de esta medida se ha previsto la integración parcial del personal que actualmente presta sus servicios en los Gabinetes Telegráficos departamentales en la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, para lo que se ha efectuado un proceso de selección en dichas Unidades.
En consecuencia, se hace necesaria la modificación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno con vistas a contemplar dicha integración de efectivos.
Asimismo, se reestructura la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por motivos estrictamente organizativos, con la creación dentro de la misma de un Gabinete Técnico. Ello no supondrá incremento alguno en la dotación de medios materiales ni personales, ya que la creación de dicho Gabinete únicamente responde a la consecución de una mejor gestión de las áreas de su competencia con los recursos ya existentes.
A propuesta del Presidente del Gobierno y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
El Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, queda modificado como sigue:
Uno. El párrafo c) del apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, quedará redactado de la siguiente manera:
«c) Unidad de Comunicaciones, a la que corresponde la formulación de propuestas, la gestión y la coordinación de los sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y que presta también asistencia al Ministerio de la Presidencia. Además, presta el servicio de Gabinete Telegráfico de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.»
Dos. El apartado 5 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Depende también del titular de la Secretaría General, un Gabinete Técnico, como órgano de apoyo, asistencia inmediata y asesoramiento permanente, con nivel orgánico de Subdirección General.»
Tres. El apartado 5 pasa a ser el apartado 6.
Disposición adicional primera. Integración del personal.
En la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se incorporará el personal que se considere necesario de los actuales Gabinetes Telegráficos del conjunto de los Ministerios, en los términos que se determinen en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Disposición adicional segunda. Supresión de los Gabinetes Telegráficos.
Por parte de los departamentos afectados, se dictarán las disposiciones necesarias para proceder a la supresión de los Gabinetes Telegráficos departamentales en aquellos casos en que todo su personal quede integrado en la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición adicional tercera. Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior.
La integración del personal de los Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior se llevará a cabo manteniendo el número de efectivos necesario para que sigan desarrollando las funciones que son específicas de sus respectivos Departamentos.
Disposición adicional cuarta. Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional.
El personal de los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional, que dependerá funcionalmente de ellos, dependerá orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que coordinará su actividad conjuntamente con los mencionados órganos.
A tal fin, se realizarán las oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para que este personal pase a depender orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición transitoria única. Percepción de retribuciones.
Los funcionarios y demás personal que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en el presente real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas venían imputándose, hasta que se aprueben las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo afectadas por este real decreto y en tanto se adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto, que en ningún caso supondrán incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros costes de personal.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de febrero de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | CCOO recurre decreto del currículo básico de primaria en el Supremo. | La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) contempló entre las medidas recogidas en su informe de 21 de junio de 2013 la centralización de los Gabinetes Telegráficos de la Administración General del Estado mediante su integración en la Unidad de Comunicaciones dependiente de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Esta medida afecta a los Gabinetes Telegráficos de todos los Ministerios, si bien, las especificidades que presenta el servicio que se presta en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior aconsejan que, centralizándose las funciones relacionadas con el Gabinete de Altos Cargos en el Gabinete Telegráfico de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, se mantengan las actuales Unidades telegráficas en estos tres Departamentos con el fin de seguir prestando aquellos servicios que por razones técnicas o de otra índole deben permanecer en ellos. Con esto se persigue, respetando la autonomía de los Ministerios que presentan más especificidades, una gestión uniforme de los recursos y servicios, que se traducirá en un aumento de su eficacia y eficiencia, así como en un ahorro de costes e inversiones.
La medida afecta también a los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, del Senado, del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyo personal, que está adscrito actualmente a la relación de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia, seguirá dependiendo funcionalmente de los respectivos órganos constitucionales y pasará a depender orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, quien coordinará su actividad conjuntamente con los mencionados órganos.
Para la consecución de esta medida se ha previsto la integración parcial del personal que actualmente presta sus servicios en los Gabinetes Telegráficos departamentales en la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, para lo que se ha efectuado un proceso de selección en dichas Unidades.
En consecuencia, se hace necesaria la modificación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno con vistas a contemplar dicha integración de efectivos.
Asimismo, se reestructura la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por motivos estrictamente organizativos, con la creación dentro de la misma de un Gabinete Técnico. Ello no supondrá incremento alguno en la dotación de medios materiales ni personales, ya que la creación de dicho Gabinete únicamente responde a la consecución de una mejor gestión de las áreas de su competencia con los recursos ya existentes.
A propuesta del Presidente del Gobierno y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
El Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, queda modificado como sigue:
Uno. El párrafo c) del apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, quedará redactado de la siguiente manera:
«c) Unidad de Comunicaciones, a la que corresponde la formulación de propuestas, la gestión y la coordinación de los sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y que presta también asistencia al Ministerio de la Presidencia. Además, presta el servicio de Gabinete Telegráfico de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.»
Dos. El apartado 5 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Depende también del titular de la Secretaría General, un Gabinete Técnico, como órgano de apoyo, asistencia inmediata y asesoramiento permanente, con nivel orgánico de Subdirección General.»
Tres. El apartado 5 pasa a ser el apartado 6.
Disposición adicional primera. Integración del personal.
En la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se incorporará el personal que se considere necesario de los actuales Gabinetes Telegráficos del conjunto de los Ministerios, en los términos que se determinen en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Disposición adicional segunda. Supresión de los Gabinetes Telegráficos.
Por parte de los departamentos afectados, se dictarán las disposiciones necesarias para proceder a la supresión de los Gabinetes Telegráficos departamentales en aquellos casos en que todo su personal quede integrado en la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición adicional tercera. Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior.
La integración del personal de los Gabinetes Telegráficos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa e Interior se llevará a cabo manteniendo el número de efectivos necesario para que sigan desarrollando las funciones que son específicas de sus respectivos Departamentos.
Disposición adicional cuarta. Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional.
El personal de los Gabinetes Telegráficos del Congreso de los Diputados, Senado, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional, que dependerá funcionalmente de ellos, dependerá orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que coordinará su actividad conjuntamente con los mencionados órganos.
A tal fin, se realizarán las oportunas modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para que este personal pase a depender orgánicamente de la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Disposición transitoria única. Percepción de retribuciones.
Los funcionarios y demás personal que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en el presente real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas venía
### RESUMEN: CCOO recurre decreto del currículo básico de primaria en el Supremo. |
I
Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o «desapalancamiento».
Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera.
Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital.
Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable.
II
En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española.
Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores.
Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas, y a los empresarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas.
Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas.
III
Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal.
El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas.
Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.
Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes.
En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores.
Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más deseable), ya sea porque las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor.
Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en este real decreto-ley no se verán sometidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes en fase preconcursal.
IV
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes.
También se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. Así pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación.
La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denominadas acciones de reintegración.
Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no rescindibilidad se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto.
Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de los hasta ahora previstos en el apartado 6 del artículo 71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o extinción de obligaciones. Dentro de ellos están incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en numerosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción.
En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia un «puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restrictiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberación de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciación.
Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de activo. Además, la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el incumplimiento material de los requisitos del artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También se limita al administrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás acciones de impugnación.
Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la masa en los términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 82.
Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación.
En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen de homologación judicial regulado en la disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.
Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en pago o para pago.
Existen dos elementos novedosos en esta disposición en relación con los acreedores que dispongan de garantía real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los efectos que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos.
En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real y deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con garantía real son de la misma condición. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define de forma simple en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta en unos términos totalmente coherentes con la realidad jurídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garantía real.
La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se difumina dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refinanciación. Lo que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación accesoria, la garantía ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, debido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto de la garantía sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre de una obligación principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del valor de la primera, cada una conserva su esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también afectada, siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas pero computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situación similar a la del disidente o no participante en el acuerdo.
En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante al acreedor.
Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado su propio sacrificio.
Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalización.
Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a salvo, entre otras, las previsiones del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
V
La parte final de este real decreto-ley consta de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales.
La disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca y haga públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refinanciadas o restructuradas en virtud de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente.
La disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería al que se ha hecho referencia anteriormente.
La disposición transitoria única regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que se estuvieran negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal.
En la disposición derogatoria única se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
La disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales a las modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio.
La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Se recoge así, expresamente en la ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalización de deudas entre entidades vinculadas.
Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se establece un sistema de imputación del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que posteriormente se vayan registrando.
La disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago.
La disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
La disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al noventa por ciento, cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el artículo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después de su modificación por la Directiva 2009/109/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.
La disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta redacción procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y contenía como innovación importante el establecimiento de un parámetro dentro del cual serían válidas las modificaciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció que sería abusivo el interés pactado cuando fuera un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha hecho surgir la duda de si las Administraciones Públicas podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de demora, interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello es urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
La disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. La culminación de la reestructuración del sector financiero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) están influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de precios de los activos inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia aprobación de este real decreto-ley, lo que hace aconsejable la aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este año. Además, a finales del año pasado se adoptaron determinadas medidas fiscales que serán plenamente efectivas en el presente ejercicio.
La disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición y la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente.
La disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario.
Por último, las disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VI
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
En el contexto señalado en el apartado II de esta exposición de motivos, resulta de capital importancia garantizar sin dilación la eliminación de los obstáculos identificados en nuestro ordenamiento jurídico que están impidiendo, en la práctica, el éxito de operaciones de reestructuración y refinanciación de empresas que ya estén en marcha, o que deben acometerse de manera inmediata, y garantizar, con ello, la continuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejido productivo de nuestro país.
De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, muchas de dichas operaciones quedarán condenadas al fracaso, o simplemente, no se plantearán, quedando las empresas afectadas abocadas a la declaración de concurso de acreedores primero y la eventual liquidación después.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:
Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente:
«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.
1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.
En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.
2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.
3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución.
El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento.
4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente.
Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado.
Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.
5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.
6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.»
Dos. El apartado 6 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:
«6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.»
Tres. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor mantener la explotación del activo.
Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo:
a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.
b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.
c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución.
2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el apartado 2 del artículo 155.
4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.»
Cuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6.
Cinco. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.
1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando:
a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; y
b) Con anterioridad a la declaración del concurso:
1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo.
2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante.
3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.
2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de refinanciación:
a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa.
b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente.
c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el definido en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta.
d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa.
e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores.
Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes.
El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción del instrumento público en el que se recojan los acuerdos.
3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente.
4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.
El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo.
El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.»
Seis. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.»
Siete. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:
«11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta.
En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5.
Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad.»
Ocho. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:
«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.
Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo.»
Nueve. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos:
«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.»
Diez. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor:
«4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos.
En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.»
Once. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos:
«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición
La presunción contenida el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.»
Doce. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos:
«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.
Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura.
En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso.»
Trece. La disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes.
No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición, los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la homologación prevista en esta disposición adicional.
A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público.
En caso de préstamos sindicados, se entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.
Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta disposición.
2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente.
A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable:
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.
La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de conformidad con el artículo 71 bis.4.
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente.
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados.
3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación:
a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo financiero, las siguientes medidas:
1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez.
2.º Las quitas.
3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso:
i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo podrán optar por una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita.
ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles.
4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.
5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.
4. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:
a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.
b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.
5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en su caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores.
La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independiente designados conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido adoptado. Si se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta disposición, también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta que se acuerde la homologación.
El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido.
6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el apartado primero y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto.
La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en el Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que contendrá los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior.
7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido.
Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la impugnación de la homologación no será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación.
8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica.
10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el acuerdo de refinanciación.
11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de su incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores comparecidos para que puedan oponerse a la misma.
Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de apelación.
Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas:
a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley Hipotecaria y concordantes.
b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución.
c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas.
12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.
13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el artículo 72.2.»
Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o restructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación.
El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo de refinanciación de los regulados por el artículo 71 bis o por la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería.
1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será de aplicación el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico:
1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo ingreso de tesorería.
2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refinanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a través de una operación de aumento de capital.
3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los números anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley Concursal.
4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5 de la Ley Concursal.
3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley se estén negociando al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha entrada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por el presente real decreto-ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales.
1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el demandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se refiere el artículo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo. En este último caso, cuando la ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución a los efectos del artículo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de ejecución.»
Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción:
«Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable.»
Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado anterior.»
Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.»
Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:
«14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.
No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar derivados de la misma deuda.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:
«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor. »
Disposición final cuarta. Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Se suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacción:
«En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la Administración.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias.
La disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, queda redactada en los siguientes términos:
«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado texto refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014.»
Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos:
«d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad.
Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier persona interesada, que no resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de dispensa cuando las operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado favorablemente por un experto independiente en los términos previstos por el artículo 71 bis 4 del citado texto legal.»
Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Disposición final décima. Título competencial.
La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros.
Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a octava del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación.
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de marzo de 2014.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Tribunal Cuentas investiga 813.437,89 euros de agujero en La Oliva (Las Palmas). | I
Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o «desapalancamiento».
Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera.
Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital.
Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable.
II
En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía española.
Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores.
Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas, y a los empresarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas.
Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas.
III
Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal.
El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas.
Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.
Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcanzados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no partícipes.
En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores.
Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el
### RESUMEN: Tribunal Cuentas investiga 813.437,89 euros de agujero en La Oliva (Las Palmas). |
España, como líder mundial en la producción de aceite de oliva, tiene un firme compromiso con todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la competitividad de este importante sector.
El canal HORECA, entendido como el conjunto de establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y de los servicios de catering, ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes.
El «Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión Europea» establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector oleícola, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de envases que no permitan el relleno en el canal HORECA.
Esta medida persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado, e informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición.
Se considera que el Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, es el marco idóneo para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia de envases irrellenables en el canal HORECA, por lo que resulta necesaria su modificación.
En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Dado el carácter marcadamente técnico de los requisitos regulados en la presente disposición y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la unidad de mercado, el instrumento idóneo para establecerlos es el real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:
Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».
Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:
«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.
Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»
Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.
El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.
Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Premio Nacional de Televisión para Andreu Buenafuente Moreno. | España, como líder mundial en la producción de aceite de oliva, tiene un firme compromiso con todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar la competitividad de este importante sector.
El canal HORECA, entendido como el conjunto de establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y de los servicios de catering, ha venido contribuyendo a poner en valor y acercar el aceite de oliva español a sus clientes.
El «Plan de acción sobre el sector del aceite de oliva de la Unión Europea» establece una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector oleícola, entre las que se encuentra estimular a los Estados miembros a exigir la utilización de envases que no permitan el relleno en el canal HORECA.
Esta medida persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado, e informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición.
Se considera que el Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, es el marco idóneo para incorporar en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia de envases irrellenables en el canal HORECA, por lo que resulta necesaria su modificación.
En el proceso de tramitación de este real decreto, han sido consultadas las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, habiendo emitido informe favorable la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Dado el carácter marcadamente técnico de los requisitos regulados en la presente disposición y la necesidad de establecer un marco normativo que garantice la unidad de mercado, el instrumento idóneo para establecerlos es el real decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de noviembre de 2013,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:
Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».
Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:
«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.
Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»
Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.
El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.
Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Dado en Madrid, el 15 de noviembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
### RESUMEN: Premio Nacional de Televisión para Andreu Buenafuente Moreno. |
Por Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, fue convocado el Premio Nacional de Televisión correspondiente al mismo año.
El Jurado encargado del fallo para la concesión del Premio, fue designado por la Orden CUD/703/2020, de 20 de julio.
Constituido el mismo, emitido el correspondiente fallo y elevado este a través de la Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, he resuelto:
Único.
Se concede el Premio Nacional de Televisión de 2020 a Andreu Buenafuente Moreno. «El Jurado, por unanimidad, ha querido reconocer en Andreu Buenafuente la versatilidad de una trayectoria profesional que abarca diversos lenguajes y formatos televisivos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor. En todas ellas ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante ha sido su contribución al medio televisivo durante el período de la pandemia».
Madrid, 14 de octubre de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. | Prórroga del veto a aviones desde Brasil y Sudáfrica hasta el 19 de Julio. | Por Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, fue convocado el Premio Nacional de Televisión correspondiente al mismo año.
El Jurado encargado del fallo para la concesión del Premio, fue designado por la Orden CUD/703/2020, de 20 de julio.
Constituido el mismo, emitido el correspondiente fallo y elevado este a través de la Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, he resuelto:
Único.
Se concede el Premio Nacional de Televisión de 2020 a Andreu Buenafuente Moreno. «El Jurado, por unanimidad, ha querido reconocer en Andreu Buenafuente la versatilidad de una trayectoria profesional que abarca diversos lenguajes y formatos televisivos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor. En todas ellas ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante ha sido su contribución al medio televisivo durante el período de la pandemia».
Madrid, 14 de octubre de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
### RESUMEN: Prórroga del veto a aviones desde Brasil y Sudáfrica hasta el 19 de Julio. |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de junio de 2021, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha adoptado un Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 30 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles
I
Con fecha 2 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles, que ha sido prorrogado mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2021, de 23 de febrero de 2021, de 9 de marzo de 2021, de 23 de marzo de 2021, de 6 de abril de 2021, de 20 de abril de 2021, de 4 de mayo de 2021, de 18 de mayo de 2021, de 1 de junio de 2021, y de 15 de junio de 2021. El plazo establecido para el mantenimiento de estas medidas finaliza a las 00:00 horas del día 6 de julio de 2021 (hora peninsular).
Según lo previsto en dicho Acuerdo, la realización de vuelos desde cualquier aeropuerto situado en la República Federativa de Brasil o en la República de Sudáfrica a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias, únicamente podrá llevarse a cabo cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o residentes en España o Andorra o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español. El Acuerdo establece, no obstante, algunas excepciones a dichas limitaciones, y habilita al Ministerio de Sanidad para poder levantar la limitación prevista, autorizando puntualmente vuelos de aeronaves por razones justificadas.
Esta medida fue adoptada con motivo de la aparición de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 vinculadas a esos países. En lo que afecta a la variante Gamma, se mantiene la preocupación por la extensión de esta variante en Brasil, así como sus posibles efectos sobre la transmisibilidad de la enfermedad y la capacidad de neutralización de los anticuerpos. Y en relación a la variante Beta su alta prevalencia en Sudáfrica, motivada por su alta capacidad de trasmisión, también justifica el mantenimiento de la medida.
II
Hay que tener en cuenta que en cumplimiento de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, toda persona procedente de la República Federativa de Brasil y de la República de Sudáfrica, será sometida a denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, salvo que pertenezca a alguna de las excepciones contempladas en la norma. Por otra parte, la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica se encuentran incluidas en el listado de países considerados de riesgo a los que, en caso de que los residentes en esos países llegaran a España en aplicación de las citadas excepciones, se les exigirá la certificación de uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación contra el SARS-CoV-2, prueba diagnóstica con resultado negativo realizado en las 48 horas previas a la llegada a España o certificado de recuperación de COVID-19, en base a lo contemplado en la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, modificada por Resolución de la misma Dirección General de 8 de junio de 2021.
Aunque es cierto que el riesgo de importación de casos desde estos países se puede reducir gracias a las medidas de control sanitario aplicables a la llegada a España, ello no obsta para seguir extremando las precauciones ante el potencial de propagación de las variantes Gamma y Beta del virus desde estos países.
La situación epidemiológica y especialmente el impacto de las variantes de especial preocupación vinculadas a la República Federativa de Brasil y a la República de Sudáfrica continua muy elevado, por lo que se considera justificado mantener las restricciones de los vuelos procedentes de la República Federativa de Brasil y de la República de Sudáfrica con destino a España, mediante una nueva prórroga de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021.
Por los motivos expuestos, se considera oportuno prorrogar las previsiones contenidas en dicho Acuerdo hasta las 00:00 horas del día 20 de julio de 2021 (hora peninsular).
En todo caso, en función de la evolución de la situación y de la pandemia y especialmente de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad podrá levantar, con carácter general, estas limitaciones antes de la finalización de dicho plazo.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su reunión del día 29 de junio de 2021, acuerda:
Primero. Prórroga del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021.
Se prorroga la eficacia de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles, desde las 00:00 horas del día 6 de julio de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 20 de julio de 2021 (hora peninsular).
Segundo. Habilitación.
El Ministerio de Sanidad podrá levantar, con carácter general, las limitaciones previstas en este Acuerdo, en cualquier momento con anterioridad a la finalización de la prórroga, por razones justificadas.
Tercero. Información y notificación de la medida.
Esta medida se comunicará, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros y, a través del Ministerio de Sanidad, se realizará la correspondiente notificación a la Organización Mundial de la Salud en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Cuarto. Eficacia.
Este Acuerdo surtirá efectos una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado». | Los créditos extra aprobados ayer de 17.300.000.000 de euros para proceder a la amortización del préstamo sindicado concertado por la Entidad. Plan PIVE, pago a proveedores, empleo en Canarias, y otros temas... | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de junio de 2021, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha adoptado un Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 30 de junio de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo Poyato.
ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles
I
Con fecha 2 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles, que ha sido prorrogado mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2021, de 23 de febrero de 2021, de 9 de marzo de 2021, de 23 de marzo de 2021, de 6 de abril de 2021, de 20 de abril de 2021, de 4 de mayo de 2021, de 18 de mayo de 2021, de 1 de junio de 2021, y de 15 de junio de 2021. El plazo establecido para el mantenimiento de estas medidas finaliza a las 00:00 horas del día 6 de julio de 2021 (hora peninsular).
Según lo previsto en dicho Acuerdo, la realización de vuelos desde cualquier aeropuerto situado en la República Federativa de Brasil o en la República de Sudáfrica a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias, únicamente podrá llevarse a cabo cuando se trate de aeronaves que transporten exclusivamente nacionales españoles o andorranos, o residentes en España o Andorra o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español. El Acuerdo establece, no obstante, algunas excepciones a dichas limitaciones, y habilita al Ministerio de Sanidad para poder levantar la limitación prevista, autorizando puntualmente vuelos de aeronaves por razones justificadas.
Esta medida fue adoptada con motivo de la aparición de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 vinculadas a esos países. En lo que afecta a la variante Gamma, se mantiene la preocupación por la extensión de esta variante en Brasil, así como sus posibles efectos sobre la transmisibilidad de la enfermedad y la capacidad de neutralización de los anticuerpos. Y en relación a la variante Beta su alta prevalencia en Sudáfrica, motivada por su alta capacidad de trasmisión, también justifica el mantenimiento de la medida.
II
Hay que tener en cuenta que en cumplimiento de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, toda persona procedente de la República Federativa de Brasil y de la República de Sudáfrica, será sometida a denegación de entrada, por motivos de orden público o salud pública, salvo que pertenezca a alguna de las excepciones contempladas en la norma. Por otra parte, la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica se encuentran incluidas en el listado de países considerados de riesgo a los que, en caso de que los residentes en esos países llegaran a España en aplicación de las citadas excepciones, se les exigirá la certificación de uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación contra el SARS-CoV-2, prueba diagnóstica con resultado negativo realizado en las 48 horas previas a la llegada a España o certificado de recuperación de COVID-19, en base a lo contemplado en la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, modificada por Resolución de la misma Dirección General de 8 de junio de 2021.
Aunque es cierto que el riesgo de importación de casos desde estos países se puede reducir gracias a las medidas de control sanitario aplicables a la llegada a España, ello no obsta para seguir extremando las precauciones ante el potencial de propagación de las variantes Gamma y Beta del virus desde estos países.
La situación epidemiológica y especialmente el impacto de las variantes de especial preocupación vinculadas a la República Federativa de Brasil y a la República de Sudáfrica continua muy elevado, por lo que se considera justificado mantener las restricciones de los vuelos procedentes de la República Federativa de Brasil y de la República de Sudáfrica con destino a España, mediante una nueva prórroga de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021.
Por los motivos expuestos, se considera oportuno prorrogar las previsiones contenidas en dicho Acuerdo hasta las 00:00 horas del día 20 de julio de
### RESUMEN: Los créditos extra aprobados ayer de 17.300.000.000 de euros para proceder a la amortización del préstamo sindicado concertado por la Entidad. Plan PIVE, pago a proveedores, empleo en Canarias, y otros temas... |
El presente real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con un paralelo suplemento de crédito en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para proceder a la cobertura de las necesidades que se detallan a continuación:
1. Crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores por importe de 17.300.000.000 de euros con la finalidad de atender al cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio y proceder a la amortización del préstamo sindicado concertado por la Entidad.
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, aprobó el correspondiente mecanismo de financiación al que pueden acogerse las entidades locales, o sus organismos y entidades dependientes, que tengan obligaciones vencidas, liquidas y exigibles pendientes de pago con sus proveedores en virtud de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Este mecanismo de financiación se hizo extensivo a las Comunidades Autónomas de conformidad con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2012, publicado mediante Orden el Ministerio de la Presidencia PRE/774/2012, de 16 de abril, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, habilitada para la concertación en los mercados de capitales de toda clase de operaciones de endeudamiento, las cuales contarán con la garantía del Estado, así como para la concertación con las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas de las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obligaciones.
El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 17.300.000.000 de euros para posibilitar la concesión de un préstamo al Fondo para Financiación del Pago a Proveedores. Dichos recursos se destinan a una doble finalidad: por una parte, para proceder a la amortización anticipada del endeudamiento contraído por el Fondo en el año 2012 y por otro, para atender al pago de las obligaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la nueva fase del mecanismo de financiación del Fondo establecida por en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, según el siguiente detalle.
– Amortización del saldo vivo total del préstamo suscrito el 16 de mayo de 2012 con un conjunto de entidades financieras por importe de 11.900.000.000 de euros.
El 16 de mayo de 2012 se suscribió un contrato de préstamo sindicado entre el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y un conjunto de entidades financieras cuyo objeto es la concesión de un préstamo mercantil, por importe de 30.000.000.000 de euros.
En la actualidad se considera necesario proceder a la amortización del saldo vivo por importe de 11.900.000.000 de euros, del préstamo sindicado por entender que la amortización anticipada mediante un préstamo del Estado al Fondo tiene un coste financiero menor que mantener viva la operación.
– Financiación de la nueva fase del mecanismo de pagos a proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2013, por importe de 5.400.000.000 de euros.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, en el que se establece la puesta en marcha de una nueva fase del mecanismo de pagos a proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas, el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores debe captar financiación dentro del nivel de endeudamiento permitido en la norma antes citada, lo que se articula a través del presente préstamo al objeto de hacer efectivos los pagos previstos.
2. Crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para atender la aportación al IV Plan Integral de Empleo en Canarias por importe de 42.000.000 de euros.
El crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el paralelo suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal tienen como finalidad financiar la aportación del Organismo al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 42.000.000 de euros, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
La citada disposición adicional señala que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará 42.000.000 de euros a la financiación del IV Plan de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 2012.
3. Crédito extraordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por importe de 9.238.125 euros para proceder al abono de la cuota relativa a la participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización correspondiente al ejercicio 2013.
En 2006, España se adhirió a la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, una iniciativa cuyo fin es suministrar fondos a la Alianza Global para las Vacunaciones para la realización de campañas masivas de inmunización, con un compromiso global de 189.500.000 euros distribuidos en 20 cuotas anuales.
En el actual ejercicio, la cuota abonar asciende a 9.238.125 euros, siendo la fecha límite de pago de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Adhesión el 31 de octubre de 2013.
En ejercicios anteriores la financiación de esta cuota se ha efectuado con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), no resultando posible mantener el procedimiento para este ejercicio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58.dos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que no permite atender por el FONPRODE operaciones no reembolsables.
4. Crédito extraordinario por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la cuarta convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4).
El Gobierno valora muy positivamente los efectos del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Programa PIVE), que ha producido unos impactos, a través de las tres primeras convocatorias realizadas (PIVE, PIVE-2 y PIVE-3) muy favorables en todos los órdenes, destacando su contribución a la creación y mantenimiento del empleo en el sector, así como su aportación en términos medioambientales y de mejora de la eficiencia energética. Precisamente, la buena acogida del programa PIVE-3 ha motivado que su dotación de 70.000.000 de euros no haya sido suficiente para mantener la vigencia del mismo durante los doce meses inicialmente previstos.
La supresión de los Programas PIVE tendría un efecto negativo para el mercado del automóvil que se considera necesario evitar. Por ello, el Gobierno ha optado por establecer una cuarta convocatoria del Programa PIVE (PIVE-4) que se enmarcará en el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2011-2020 aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011. El procedimiento de concesión de las subvenciones acogidas a dicho Programa PIVE 4 será establecido conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En cuanto a la financiación del Programa PIVE (PIVE-4), en el momento de adopción de la medida no se dispone de crédito suficiente y adecuado en los actuales Presupuestos Generales del Estado, considerándose de vital importancia que no se demore en el tiempo el abono de las ayudas para conseguir la continuidad en los beneficios descritos.
Las razones antes indicadas y la existencia de un plazo en el cual deben ser atendidas las necesidades planteadas constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión de los créditos extraordinarios en el presupuesto del Estado y el suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal mediante real decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de octubre de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad.
1. Para atender al pago de las obligaciones en el ámbito de aplicación del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio y para proceder a la amortización anticipada del endeudamiento contraído por el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se concede un crédito extraordinario en el vigente presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa», Programa 931M «Previsión y Política Económica», Capítulo 8 «Activos Financieros», Artículo 82 «Concesión de préstamos al Sector Público» Concepto 823 «Préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores», por importe de 17.300.000.000 de euros.
2. Como consecuencia del crédito extraordinario que se concede en el apartado anterior, los presupuestos de explotación y capital del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores quedan establecidos en los términos que se recogen en el anexo que se acompaña.
Artículo 2. Concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y un suplemento de crédito en el presupuesto del organismo autónomo «Servicio Público de Empleo Estatal».
1. Para proceder a la financiación de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la anualidad correspondiente a 2012, se autoriza un crédito extraordinario en presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Empleo», Programa 000X «Transferencias Internas», Capítulo 4 «Transferencias corrientes», Concepto 413 «Al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar el Plan de empleo en Canarias correspondiente al año 2012», por un importe de 42.000.000 de euros.
2. El crédito extraordinario que se concede en el párrafo anterior ocasionará un incremento en el Presupuesto de Ingresos del Organismo Autónomo 19.101 «Servicio Público de Empleo Estatal», en la aplicación presupuestaria 19.101.400.02 «Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal», por un importe de 42.000.000 de euros.
3. Se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto de gastos del organismo autónomo 19.101 «Servicio Público de Empleo Estatal», programa 241A «Fomento de la inserción y estabilidad laboral», concepto 455 «Planes Integrales de Empleo y otras actuaciones en materia de empleo, mediante convenios de colaboración con Comunidades Autónomas», subconcepto 10 «Canarias», por importe de 42.000.000 de euros.
Artículo 3. Concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Para atender al pago de la participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, correspondiente al ejercicio 2013, se concede un crédito extraordinario en el vigente presupuesto de la Sección 12 «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica», Programa 143A «Cooperación para el desarrollo», Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», Artículo 49 «Al exterior» Concepto 496 «Aportación a la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización» por importe de 9.238.125 euros.
Artículo 4. Concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con destino al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Energía y Turismo», Servicio 18 «Secretaria de Estado de Energía», Programa 425A «Normativa y desarrollo energético», Concepto 746 «Al IDAE para el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)», por importe de 70.000.000 de euros.
Artículo 5. Financiación de los créditos extraordinarios.
Los créditos extraordinarios que se conceden en el presente real decreto-ley e, indirectamente, el suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal se financiarán con deuda pública.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno, en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
ANEXO
Presupuestos Generales del Estado
Año 2013
ENTIDAD: FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN «CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS»
(miles de euros)
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De la Unión Europea
– De otros
c) Imputación de subvenciones de explotación
6. GASTOS DE PERSONAL
-1.680
a) Sueldos y salarios
-1.454
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
-226
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
-100.269
a) Servicios exteriores
-100.033
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
-236
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS
10. EXCESO DE PROVISIONES
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD
– Al sector público estatal de carácter administrativo
– Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– A otros
14. OTROS RESULTADOS
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
-101.949
17. INGRESOS FINANCIEROS
1.593.533
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
1.593.533
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
1.593.533
18. GASTOS FINANCIEROS
-1.508.050
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
-1.508.050
c) Por actualización de provisiones
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Cartera de negocios y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultado por enajenaciones y otras
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)
85.483
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)
-16.466
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)
-16.466
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)
-16.466
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
-16.466
PRESUPUESTO DE CAPITAL «ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO»
(miles de euros)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
-16.466
2. AJUSTES DEL RESULTADO
-85.483
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
-1.593.533
h) Gastos financieros (+)
1.508.050
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
77.771
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
77.771
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
85.483
a) Pagos de intereses (-)
-1.508.050
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
1.593.533
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos (cobros) (-/+)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
61.305
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
-6.541.949
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
-6.541.949
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
-6.541.949
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De la Unión Europea
– De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De la Unión Europea
– De otros
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
h) Venta de participaciones a socios externos (+)
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
6.441.900
a) Emisión
32.441.900
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
14.000.000
2. Deudas con entidades de crédito (+)
1.141.900
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones donaciones y legados (+)
– De la Administración General del Estado
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
17.300.000
– De la Administración General del Estado
17.300.000
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– De otros
6. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
-26.000.000
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
-26.000.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
a) Dividendos (-)
– A la Administración General del Estado
– A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
– A otros del sector público estatal de carácter administrativo
– Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
– A otros
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
6.441.900
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
-38.744
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
425.353
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
386.609 | Contrato de prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) por importe total de 7.079.299,08 euros.
| El presente real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con un paralelo suplemento de crédito en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para proceder a la cobertura de las necesidades que se detallan a continuación:
1. Crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores por importe de 17.300.000.000 de euros con la finalidad de atender al cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio y proceder a la amortización del préstamo sindicado concertado por la Entidad.
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, aprobó el correspondiente mecanismo de financiación al que pueden acogerse las entidades locales, o sus organismos y entidades dependientes, que tengan obligaciones vencidas, liquidas y exigibles pendientes de pago con sus proveedores en virtud de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Este mecanismo de financiación se hizo extensivo a las Comunidades Autónomas de conformidad con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2012, publicado mediante Orden el Ministerio de la Presidencia PRE/774/2012, de 16 de abril, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, habilitada para la concertación en los mercados de capitales de toda clase de operaciones de endeudamiento, las cuales contarán con la garantía del Estado, así como para la concertación con las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas de las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obligaciones.
El presente Real Decreto-ley tiene como finalidad la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 17.300.000.000 de euros para posibilitar la concesión de un préstamo al Fondo para Financiación del Pago a Proveedores. Dichos recursos se destinan a una doble finalidad: por una parte, para proceder a la amortización anticipada del endeudamiento contraído por el Fondo en el año 2012 y por otro, para atender al pago de las obligaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la nueva fase del mecanismo de financiación del Fondo establecida por en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, según el siguiente detalle.
– Amortización del saldo vivo total del préstamo suscrito el 16 de mayo de 2012 con un conjunto de entidades financieras por importe de 11.900.000.000 de euros.
El 16 de mayo de 2012 se suscribió un contrato de préstamo sindicado entre el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y un conjunto de entidades financieras cuyo objeto es la concesión de un préstamo mercantil, por importe de 30.000.000.000 de euros.
En la actualidad se considera necesario proceder a la amortización del saldo vivo por importe de 11.900.000.000 de euros, del préstamo sindicado por entender que la amortización anticipada mediante un préstamo del Estado al Fondo tiene un coste financiero menor que mantener viva la operación.
– Financiación de la nueva fase del mecanismo de pagos a proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2013, por importe de 5.400.000.000 de euros.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, en el que se establece la puesta en marcha de una nueva fase del mecanismo de pagos a proveedores de Entidades Locales y Comunidades Autónomas, el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores debe captar financiación dentro del nivel de endeudamiento permitido en la norma antes citada, lo que se articula a través del presente préstamo al objeto de hacer efectivos los pagos previstos.
2. Crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para atender la aportación al IV Plan Integral de Empleo en Canarias por importe de 42.000.000 de euros.
El crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el paralelo suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal tienen como finalidad financiar la aportación del Organismo al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 42.000.000 de euros, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
La citada disposición adicional señala que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará 42.000.000 de euros a la financiación del IV Plan de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 2012.
3. Crédito extraordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci
### RESUMEN: Contrato de prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) por importe total de 7.079.299,08 euros.
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Instituto Nacional de Estadística INE.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de Estadística INE.
c) Número de expediente:
01002700005N/6N.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
64110000 (Servicios postales).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 21 de agosto de 2012 y DOUE: 17 de agosto de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
12.871.452,88 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 6.903.779,27 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de diciembre de 2012.
c) Contratista:
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 7.079.299,08 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Según informe adjunto.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística. | La admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del PSOE a la reforma del CGPJ | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Instituto Nacional de Estadística INE.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de Estadística INE.
c) Número de expediente:
01002700005N/6N.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería, demandados por el Instituto Nacional de Estadística.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
64110000 (Servicios postales).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 21 de agosto de 2012 y DOUE: 17 de agosto de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
12.871.452,88 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 6.903.779,27 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato:
10 de diciembre de 2012.
c) Contratista:
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 5.850.660,40 euros. Importe total: 7.079.299,08 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Según informe adjunto.
Madrid, 11 de diciembre de 2012.- Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
### RESUMEN: La admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del PSOE a la reforma del CGPJ |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de noviembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5465-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra la nueva redacción dada en el apartado uno del artículo único de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, a los artículos 564; apartados 1 y 3 del artículo 570; apartado 1 del artículo 579; apartado 1 del artículo 580; artículo 590; apartado 1 del artículo 591; artículo 599; apartado 4 del artículo 600 y apartado 2 del artículo 638 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el apartado 3 de la disposición transitoria décima de aquella Ley Orgánica 4/2013.
Madrid, 5 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Senado abre concurso para su cafetería por importe total 1.105.500 euros (IVA incluido). | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de noviembre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5465-2013, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra la nueva redacción dada en el apartado uno del artículo único de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, a los artículos 564; apartados 1 y 3 del artículo 570; apartado 1 del artículo 579; apartado 1 del artículo 580; artículo 590; apartado 1 del artículo 591; artículo 599; apartado 4 del artículo 600 y apartado 2 del artículo 638 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el apartado 3 de la disposición transitoria décima de aquella Ley Orgánica 4/2013.
Madrid, 5 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Senado abre concurso para su cafetería por importe total 1.105.500 euros (IVA incluido). |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Presupuestos y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
2) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Teléfono:
915381915.
5) Telefax:
915381734.
6) Correo electrónico:
patrimonio.suministros@senado.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.senado.es/contratacion/index.html.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de restauración del Senado.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
2) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.610.000 euros (IVA no incluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1.005.000 euros (IVA no incluido). Importe total: 1.105.500 euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
2 de marzo de 2015, a las 14:30 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
2) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Dirección electrónica:
patrimonio.suministros@senado.es.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Calle Bailén, 3.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
d) Fecha y hora:
Las fechas para la celebración de actos públicos de apertura de sobres B y C se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Senado.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
Especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Letrado Mayor del Senado. | Medalla de bronce al mérito deportivo para Cristina Álvarez González. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Presupuestos y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
2) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Teléfono:
915381915.
5) Telefax:
915381734.
6) Correo electrónico:
patrimonio.suministros@senado.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.senado.es/contratacion/index.html.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios de restauración del Senado.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
2) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.610.000 euros (IVA no incluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 1.005.000 euros (IVA no incluido). Importe total: 1.105.500 euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
2 de marzo de 2015, a las 14:30 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.
2) Domicilio:
Calle Bailén, 3.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
4) Dirección electrónica:
patrimonio.suministros@senado.es.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Calle Bailén, 3.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28071.
d) Fecha y hora:
Las fechas para la celebración de actos públicos de apertura de sobres B y C se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Senado.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
Especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Letrado Mayor del Senado.
### RESUMEN: Medalla de bronce al mérito deportivo para Cristina Álvarez González. |
En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en la Sra. doña Cristina Álvarez González, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Bronce.
Madrid, 6 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. | Norma que desarrolla la devolución del IVA de 2017 que se consignó en los presupuestos. Son 496.663.552,11 euros. Las entidades locales o CCAA que tengan procesos judiciales abiertos por esto y no desistan antes del 1 de Marzo no lo recibirán. | En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en la Sra. doña Cristina Álvarez González, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Bronce.
Madrid, 6 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
### RESUMEN: Norma que desarrolla la devolución del IVA de 2017 que se consignó en los presupuestos. Son 496.663.552,11 euros. Las entidades locales o CCAA que tengan procesos judiciales abiertos por esto y no desistan antes del 1 de Marzo no lo recibirán. |
La presente orden tiene como objeto la determinación del importe de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato de información del IVA (SII IVA), así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar su pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2022, a las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la participación en tributos del Estado y a las que se refieren los capítulos III y IV, de los títulos II y III, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA), introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso de los medios electrónicos en la gestión del IVA, supuso a efectos de la recaudación del impuesto en el Tesoro Público un efecto de desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.
En el caso de las entidades locales, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de su participación en tributos del Estado de 2017, que se realizó en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido en ausencia del cambio normativo operado por el mencionado Real Decreto.
En el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local del día 28 de julio de 2021 se anunció por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para las entidades locales.
Esta medida se establece en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que la compensación a aquellas entidades por el efecto de la implantación del SII IVA en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 se imputará al crédito presupuestario habilitado para ello en la sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, «37.02.942N.462-Dotación SII-IVA».
La cuantía de cada compensación, de acuerdo con el apartado dos de la disposición adicional citada, vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 de cada entidad local practicada en 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII IVA. Adicionalmente, la compensación incluirá un importe equivalente a la cuantía de los intereses legales que se devengarían por la cuantía anterior, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
Asimismo, en el apartado tres de la disposición se establece que, realizadas las transferencias a las entidades locales si estas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la medida prevista en la presente disposición como medida que permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la entidad local relativas a la implantación del SII IVA y asumido el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial relativos a estas reivindicaciones. Asimismo, en caso de que exista un proceso judicial en curso en relación con tales reivindicaciones, la entidad local deberá realizar las actuaciones conducentes a la terminación del mismo, debiendo remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública un certificado acreditativo del Acuerdo de la Entidad Local al efecto con anterioridad al pago de la compensación prevista en esta disposición.
En aplicación de la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, procede la elaboración de la presente orden para determinar el importe de la compensación de cada entidad local, así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar la implantación de la medida, encontrándose la habilitación normativa para dictar esta orden en el apartado dos de aquella disposición adicional.
En su virtud, dispongo:
Apartado uno. Determinación del importe de la compensación de cada entidad local, prevista en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
1. De conformidad con el apartado dos de la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la cuantía de la compensación correspondiente a cada entidad local se obtendrá por la diferencia entre el resultado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 de cada entidad local practicada en 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII IVA.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha cuantificado en 4.150 millones de euros el impacto negativo en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2017 derivado de la implantación del SII-IVA.
A efectos de la determinación de la cuantía se tendrán en cuenta todos los conceptos de financiación incluidos en la liquidación de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2017, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.
2. El apartado dos de la citada disposición adicional prevé además el pago de un importe equivalente a los intereses legales devengados por la cuantía de la compensación, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022. Para su cálculo se ha considerado el tipo de interés legal del dinero del tres por ciento, vigente en todos los años del periodo considerado.
3. El importe total de la compensación, por todos los conceptos citados en este apartado, asciende a 496.663.552,11 euros, y la cuantía correspondiente a cada entidad local se publicará en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con detalle de la parte correspondiente a la compensación y a los intereses legales aplicados.
Apartado dos. Libramiento de fondos para efectuar la compensación a las entidades locales.
1. La cuantía total resultante de la aplicación del apartado anterior se transferirá por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el día 31 de marzo de 2022, con cargo al crédito presupuestario dotado en la sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, servicio 02 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades locales», programa 942N «Otras transferencias a entidades locales», capítulo 4 «Transferencias corrientes», artículo 46 «A entidades locales», concepto 462 «Dotación SII IVA».
Para su cobertura se tramitará la ampliación de crédito que se precise, teniendo en cuenta que la dotación del crédito es de 496.085.690 euros. En su caso, se tramitará la ampliación de crédito que corresponda para la ejecución de sentencias que se puedan dictar en los contenciosos que hayan podido iniciar las entidades locales, y de los que no hayan desistido, en relación con los efectos del suministro inmediato de información del IVA en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2017.
2. Las transferencias con cargo a aquella dotación no tendrán carácter condicionado y se realizarán de acuerdo con el mismo procedimiento aplicado en la participación en tributos del Estado.
Apartado tres. Entidades locales con procesos judiciales pendientes.
Las entidades locales o comunidades autónomas uniprovinciales que deseen recibir la compensación a la que se refiere esta orden y que, en la fecha de su publicación, se encuentren con procedimientos judiciales pendientes sobre este mismo asunto, deberán remitir a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, antes de 1 de marzo de 2022, un certificado del acuerdo del Pleno de la corporación local o del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de desistimiento del procedimiento iniciado y de su comunicación al órgano judicial correspondiente, con vistas a su terminación, con los datos identificativos de dicho procedimiento.
De no recibirse en aquella Secretaría General ninguna comunicación en el plazo citado, se entenderá que la entidad local o comunidad autónoma uniprovincial no acepta la compensación prevista en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y quedará excluida de su percepción.
Apartado cuatro. Efectos del pago de las compensaciones.
Realizadas las transferencias a las entidades locales, si estas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su pago, se considerará aceptada la compensación, con los efectos previstos en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
En el caso de que la entidad local reintegre el importe ingresado, se entenderá que no acepta la compensación regulada en aquella disposición adicional. Dicho reintegro se materializará mediante transferencia a favor del Tesoro Público, haciendo constar que se trata de la devolución de la compensación regulada en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
Apartado cinco. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de febrero de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado. | El luto oficial por los mineros fallecidos desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 30 de octubre. | La presente orden tiene como objeto la determinación del importe de la compensación por el efecto de la implantación del suministro inmediato de información del IVA (SII IVA), así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar su pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2022, a las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la participación en tributos del Estado y a las que se refieren los capítulos III y IV, de los títulos II y III, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La implementación del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA), introducido por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso de los medios electrónicos en la gestión del IVA, supuso a efectos de la recaudación del impuesto en el Tesoro Público un efecto de desplazamiento de una mensualidad de recaudación en concepto de IVA de 2017 a 2018, afectando a todas las Administraciones Públicas que participan en los rendimientos de este impuesto.
En el caso de las entidades locales, el traslado de este efecto se produjo en la liquidación de su participación en tributos del Estado de 2017, que se realizó en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido en ausencia del cambio normativo operado por el mencionado Real Decreto.
En el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local del día 28 de julio de 2021 se anunció por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para las entidades locales.
Esta medida se establece en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que la compensación a aquellas entidades por el efecto de la implantación del SII IVA en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 se imputará al crédito presupuestario habilitado para ello en la sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado, «37.02.942N.462-Dotación SII-IVA».
La cuantía de cada compensación, de acuerdo con el apartado dos de la disposición adicional citada, vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 de cada entidad local practicada en 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII IVA. Adicionalmente, la compensación incluirá un importe equivalente a la cuantía de los intereses legales que se devengarían por la cuantía anterior, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.
Asimismo, en el apartado tres de la disposición se establece que, realizadas las transferencias a las entidades locales si estas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la medida prevista en la presente disposición como medida que permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la entidad local relativas a la implantación del SII IVA y asumido el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial relativos a estas reivindicaciones. Asimismo, en caso de que exista un proceso judicial en curso en relación con tales reivindicaciones, la entidad local deberá realizar las actuaciones conducentes a la terminación del mismo, debiendo remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública un certificado acreditativo del Acuerdo de la Entidad Local al efecto con anterioridad al pago de la compensación prevista en esta disposición.
En aplicación de la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, procede la elaboración de la presente orden para determinar el importe de la compensación de cada entidad local, así como los aspectos necesarios para efectuar su libramiento y garantizar la implantación de la medida, encontrándose la habilitación normativa para dictar esta orden en el apartado dos de aquella disposición adicional.
En su virtud, dispongo:
Apartado uno. Determinación del importe de la compensación de cada entidad local, prevista en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.
1. De conformidad con el apartado dos de la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, la cuantía de la compensación correspondiente a cada entidad local se obtendrá por la diferencia entre el resultado de la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 de cada entidad local practicada en 2019, y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del SII IVA.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha cuantificado en 4.150 millones de euros el impacto negativo en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2017 derivado de la implantación del SII-IVA.
A efectos de la determinación de la cuantía se tendrán en cuenta todos los conceptos de financiación incluidos en la liquidación de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2017, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de
### RESUMEN: El luto oficial por los mineros fallecidos desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 30 de octubre. |
Como testimonio del dolor de la Nación española ante el fallecimiento de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en La Pola de Gordón, León, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Luto oficial.
Se declara luto oficial desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 30 de octubre, durante las cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Sanidad pide a dos asociaciones de gays y lesbianas que justifiquen subvenciones recibidas. | Como testimonio del dolor de la Nación española ante el fallecimiento de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en La Pola de Gordón, León, a propuesta del Presidente del Gobierno,
DISPONGO:
Artículo único. Luto oficial.
Se declara luto oficial desde las 00 horas hasta las 24 horas del día 30 de octubre, durante las cuales la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Sanidad pide a dos asociaciones de gays y lesbianas que justifiquen subvenciones recibidas. |
Intentada la notificación de Resolución por la que se declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de reintegro de la subvención concedida a la entidad, y no habiendo podido practicarse en el domicilio que a efectos de notificaciones figura en el expediente de referencia ES-21-61-2010-R1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la misma mediante el presente anuncio.
Se notifica a la entidad Colega Sevilla - Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Provincia de Sevilla, con CIF G-91015974, que el Director General del Instituto de la Juventud, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 14 de la Orden Orden/IGD3645/2009, de 29 de diciembre, de bases reguladoras para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario 'La Juventud en Acción', del Instituto de la Juventud, (BOE número 11, de 13 de enero de 2010), ha dictado, en la fecha 22 de enero de 2013, Resolución de declaración de incumplimiento de la obligación de justificación y de procedencia de reintegro de la subvención percibida por la entidad Colega Sevilla - Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Provincia de Sevilla durante el año 2010.
La referida Resolución trae causa en el incumplimiento de la obligación de justificar la subvención concedida por Resolución de la Dirección General del Instituto de la Juventud de 25 de marzo de 2010, con cargo a la convocatoria para la concesión de ayudas correspondientes al año 2010 en la Resolución de 14 de enero de 2010 (BOE número 13, de 15 de enero de 2010).
La liquidación total de los importes no justificados asciende a 12.626,56 euros (doce mil seiscientos veintiséis euros con cincuenta y seis céntimos), siendo su desglose 11.116 euros en concepto de principal y 1.510,56 euros en concepto de intereses de demora.
De no acreditarse el ingreso de los citados importes en período voluntario, y no tener, en su caso, autorizado aplazamiento o fraccionamiento de pago, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, a fin de que se inicie el procedimiento por vía ejecutiva.
Contra la presente Resolución podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Director General del Instituto de la Juventud, o impugnarla ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Se significa que los escritos que se han intentado notificar por vía ordinaria, obran en poder del Servicio de Programas de la Unión Europea del Instituto de la Juventud (calle José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid).
Madrid, 6 de junio de 2013.- Rubén Urosa Sánchez, Director General del Instituto de la Juventud. | Convenio colectivo de RTVE | Intentada la notificación de Resolución por la que se declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de reintegro de la subvención concedida a la entidad, y no habiendo podido practicarse en el domicilio que a efectos de notificaciones figura en el expediente de referencia ES-21-61-2010-R1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectúa la misma mediante el presente anuncio.
Se notifica a la entidad Colega Sevilla - Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Provincia de Sevilla, con CIF G-91015974, que el Director General del Instituto de la Juventud, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 14 de la Orden Orden/IGD3645/2009, de 29 de diciembre, de bases reguladoras para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario 'La Juventud en Acción', del Instituto de la Juventud, (BOE número 11, de 13 de enero de 2010), ha dictado, en la fecha 22 de enero de 2013, Resolución de declaración de incumplimiento de la obligación de justificación y de procedencia de reintegro de la subvención percibida por la entidad Colega Sevilla - Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Provincia de Sevilla durante el año 2010.
La referida Resolución trae causa en el incumplimiento de la obligación de justificar la subvención concedida por Resolución de la Dirección General del Instituto de la Juventud de 25 de marzo de 2010, con cargo a la convocatoria para la concesión de ayudas correspondientes al año 2010 en la Resolución de 14 de enero de 2010 (BOE número 13, de 15 de enero de 2010).
La liquidación total de los importes no justificados asciende a 12.626,56 euros (doce mil seiscientos veintiséis euros con cincuenta y seis céntimos), siendo su desglose 11.116 euros en concepto de principal y 1.510,56 euros en concepto de intereses de demora.
De no acreditarse el ingreso de los citados importes en período voluntario, y no tener, en su caso, autorizado aplazamiento o fraccionamiento de pago, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, a fin de que se inicie el procedimiento por vía ejecutiva.
Contra la presente Resolución podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Director General del Instituto de la Juventud, o impugnarla ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Se significa que los escritos que se han intentado notificar por vía ordinaria, obran en poder del Servicio de Programas de la Unión Europea del Instituto de la Juventud (calle José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid).
Madrid, 6 de junio de 2013.- Rubén Urosa Sánchez, Director General del Instituto de la Juventud.
### RESUMEN: Convenio colectivo de RTVE |
Visto el texto del II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (código de convenio n.º 90100582012011) que fue suscrito con fecha 29 de noviembre de 2013 de una parte por los designados por la Dirección de dicha Corporación en representación de la misma, y de otra por las secciones sindicales de UGT, Alternativa-APLI, Alternativa-RTVE y USO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de enero de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
II CONVENIO COLECTIVO DE LA CORPORACIÓN RTVE
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Determinación de las partes que conciertan el presente convenio colectivo.
El presente convenio colectivo ha sido concertado por la comisión negociadora, constituida por los representantes designados por las secciones sindicales que conforman el comité intercentros, en representación de los trabajadores, y por los designados por la dirección de la Corporación RTVE, en representación de ésta.
Ámbito funcional: El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales entre la Corporación RTVE (en adelante CRTVE) y sus trabajadores.
Ámbito territorial: El presente convenio colectivo tiene como ámbito territorial el estatal, aplicándose a todos los centros de trabajo y delegaciones informativas en el estado español, que la CRTVE tiene en la actualidad y los que puedan establecerse en el futuro en dicho ámbito geográfico.
Ámbito personal: Se entiende que son trabajadores de CRTVE todas aquéllas personas vinculadas a la misma a través de un contrato de carácter laboral (se excluyen los laborales artísticos, civiles y mercantiles y todos los relacionados en el art. 2 del estatuto de los trabajadores).
En particular, quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este convenio:
1. El personal que presta servicios por cuenta de empresas que tengan suscritos contratos de obras o servicios con CRTVE aunque las actividades de dicho personal se desarrollen en estos centros de trabajo.
2. Los profesionales cuya relación con CRTVE se derive de la aceptación de una minuta y los autónomos dependientes.
3. Los colaboradores literarios, científicos, docentes, musicales, deportivos, informativos y culturales de cualquier otra especialidad, en cuya prestación de servicios no concurran las características típicas de una relación laboral por cuenta ajena.
4. Personal de alta dirección comprendido en el art. 2.1 del estatuto de los trabajadores y el personal directivo.
5. Los profesionales de alta o especial cualificación. Su relación se regirá por las cláusulas de sus contratos, sin perjuicio de la aplicación de la legislación laboral procedente. El número máximo de contratos simultáneamente acogidos a esta modalidad no podrá exceder de 25.
6. El personal facultativo, técnico o científico cuyas funciones a desarrollar no estén contempladas dentro de las existentes en el presente convenio, que sea requerido para un trabajo de estudio o servicio determinado, concreto y de duración determinada.
Artículo 2. Ámbito temporal.
El presente convenio colectivo se considera vigente desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en que finalizará su vigencia, pudiendo ser denunciado mediante escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses sobre la fecha prevista para su término.
En caso de no ser denunciado, el convenio quedará automáticamente prorrogado por períodos anuales, hasta que sea sustituido por otro nuevo, siguiendo en vigor tanto las cláusulas normativas como las obligacionales.
Las partes se comprometen a constituir la mesa negociadora e iniciar las negociaciones del siguiente convenio colectivo dentro del mes posterior a la recepción de la mencionada denuncia del convenio colectivo por una de las partes, debiendo la parte receptora de la comunicación responder a la propuesta de negociación, y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación. Las partes se obligan a negociar de buena fe.
Artículo 3. Revisión en caso de nulidad de alguna de sus cláusulas.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación serán consideradas globalmente.
Si alguna de las cláusulas del presente convenio colectivo fuera declarada nula, se someterá a revisión la repercusión que dicha nulidad pueda tener sobre el contenido del convenio colectivo, manteniéndose vigente el contenido no afectado por la nulidad.
Artículo 4. Comisión paritaria del convenio colectivo.
Se crea una comisión paritaria como órgano de interpretación, vigilancia y desarrollo del presente convenio.
1. Composición.
La comisión será paritaria y estará formada por siete miembros nombrados por el CI, respetando la proporcionalidad existente en el mismo, con voto ponderado y por igual número de representantes de la dirección.
2. Competencias.
Serán competencias específicas de la comisión:
2.1 La interpretación y aplicación de las cláusulas del convenio, así como durante la vigencia del mismo la actualización y adaptación de cuantas otras cuestiones, en desarrollo de lo pactado, acuerden las partes.
2.2 La vigilancia, desarrollo y seguimiento de lo pactado.
2.3 Entender de forma previa y obligatoria a las vías administrativa y jurisdiccional sobre todos aquellos conflictos colectivos que puedan ser interpuestos en interpretación de convenio por quienes estén legitimados para ello. A menos que las partes acuerden lo contrario, también actuará de forma previa al inicio de los medios extrajudiciales contemplados en el artículo siguiente.
2.4 Actualizar la relación de países y el tratamiento que reciban cada uno de ellos en función de la variación de su situación particular, a efectos de lo dispuesto en el artículo 51, relativo al complemento de jornada de rodaje.
2.5 Se excluye expresamente de esta comisión el entendimiento de todas aquellas cuestiones derivadas de los arts. 52 y 54 del E.T., así como las derivadas del régimen sancionador establecido en el presente convenio colectivo.
3. Procedimiento y plazos de actuación.
La comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes y siempre y cuando el asunto que se someta a su consideración esté comprendido dentro del ámbito de sus competencias.
El plazo requerido para que se reúna la comisión será, como máximo, de diez días desde el momento en el que cualquiera de las partes lo haya solicitado. Dicha solicitud se llevará a cabo por escrito y en ella deberán constar los asuntos que se quieran debatir.
La adopción de acuerdos por la comisión se realizará, al menos, por mayoría simple de cada una de las partes.
El quórum mínimo y necesario para que los acuerdos adoptados tengan validez será de cuatro miembros por cada una de las partes
La comisión deberá emitir, a instancia de una de las partes, un acta-informe con el acuerdo alcanzado o sin acuerdo, en el plazo de diez días desde que se haya reunido para el análisis del tema planteado por alguna de las partes.
Ambas partes, de común acuerdo, podrán decidir intentar resolver la discrepancia por el cauce previsto en el artículo 5 del convenio.
Artículo 5. Sistema extrajudicial de solución de conflictos.
Se establecen la mediación y el arbitraje voluntario como procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de carácter colectivo derivados de la aplicación e interpretación del convenio, así como de aquellos otros conflictos colectivos que las partes les sometan.
1. Procedimientos.
La aplicación de los procedimientos previstos para la solución extrajudicial de los conflictos requerirá el previo sometimiento del mismo ante la comisión paritaria del convenio, en la que se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
Agotado este trámite previo, quedará abierta la vía de los procedimientos de mediación y arbitraje voluntario.
1.1 La mediación será obligatoria en los conflictos colectivos incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, siempre que la demande una de las partes en conflicto. El mediador se designará por acuerdo de las partes. El plazo para resolver será de 10 días.
1.2 Si no se alcanzara acuerdo en fase de mediación se podrá iniciar por acuerdo de las partes procedimiento arbitral.
1.3 En los conflictos derivados de la aplicación del artículo 41.6 y 82.3 del estatuto los trabajadores se estará a lo específicamente previsto al respecto en la ley mencionada.
2. Efectos. Las soluciones alcanzadas en cualquiera de las instancias citadas anteriormente surtirán eficacia general o frente a terceros, siempre que reúnan las condiciones de legitimación establecidas en el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en la ley reguladora de la jurisdicción social.
Artículo 6. Organización de la empresa.
La organización de CRTVE es competencia indeclinable de la empresa, en los términos en que la reconozcan las disposiciones vigentes.
Son materia de organización general entre otras: los planes, previsiones, presupuestos, programas y objetivos de todas las áreas funcionales de CRTVE; la determinación de las estructuras que en cada momento mejor se acomoden a las finalidades establecidas, la descripción y asignación de las atribuciones y responsabilidades de cada unidad o departamento; la fijación de los niveles de jefatura o mando, exigencias profesionales de quienes las cubran, y la implantación de métodos y medios de control para evaluar la gestión realizada. En la designación de titulares de jefaturas se procurará atender como criterios la experiencia, dotes de mando y mayor cualificación profesional.
La representación de los trabajadores y la dirección coinciden en que los factores determinantes de la productividad son la racionalización de la organización y la forma en que se desarrollan las prestaciones laborales en un marco de buenas relaciones que propicie un clima social favorable.
Ambas partes se comprometen a colaborar para continuar con el establecimiento de medidas que procuren el incremento de la productividad, teniendo en cuenta las características funcionales de las distintas actividades que se desarrollen en CRTVE. Para ello se considera necesario perfeccionar los aspectos organizativos y de ordenación del trabajo, así como el de la formación permanente.
Artículo 7. Ordenación del trabajo.
Conforme a la legislación vigente, la ordenación del trabajo es facultad exclusiva de CRTVE y su aplicación práctica corresponde a sus órganos directivos y gestores, sin perjuicio de los derechos y atribuciones reconocidos en la legislación vigente a los trabajadores y sus representantes legales.
CAPÍTULO II
Comisión de producción
Artículo 8. Comisión de producción interna.
Con el fin de fortalecer la producción interna de la CRTVE, garantizando el máximo aprovechamiento de los medios humanos y materiales de que dispone, y para cumplir con las exigencias, tanto del mandato marco como de los contratos-programa que se establezcan y siguiendo las indicaciones de la resolución de 23 de febrero de 2010 de la comisión mixta de control parlamentario de RTVE y sus sociedades, se constituye, el 16 de febrero de 2012, la comisión de producción interna como órgano de participación de los trabajadores y como instrumento que contribuye en el seno de CRTVE a un desarrollo eficiente de la producción propia y realiza el seguimiento de la ocupación plena de sus recursos internos, y cuya composición y normas de funcionamiento son las siguientes:
1. Es un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la dirección de la empresa y otros siete miembros nombrados por el comité intercentros (CI), respetando la composición de dicho comité.
Por parte de la dirección de la empresa se establece la asistencia fija de dos personas, una entre los responsables del área de contenidos y otra de las áreas de medios de CRTVE.
Con carácter excepcional y por acuerdo de las partes, se podrá requerir la asistencia de expertos y especialistas de la CRTVE para determinadas materias.
2. Esta comisión se reunirá una vez cada dos meses de forma ordinaria, pudiendo convocarse reuniones extraordinarias por el presidente o a petición de al menos un tercio de sus componentes, con un máximo de una reunión extraordinaria por trimestre. Una frecuencia superior deberá ser acordada por la mayoría de los miembros de la comisión. En la convocatoria se fijará el orden del día.
De todas estas reuniones se deberá realizar al menos una reunión anual monográfica de radio y otra de medios interactivos.
3. El presidente de la comisión es nombrado a propuesta de la dirección de la empresa.
En su reunión de 23 de mayo de 2012, se aprueban por mayoría las definiciones de producción interna, mixta y ajena.
Producción interna es aquella que promovida y realizada por CRTVE utiliza para la preproducción, producción y postproducción de un programa de radio, televisión o cualquier otro contenido en formato digital, recursos técnicos y humanos pertenecientes a CRTVE. Asimismo se considerará producción interna, aquella que utilice puntualmente parte de recursos contratados a terceros, siempre que no exista la disponibilidad de los mismos en CRTVE y siempre que sea CRTVE quien ostente el control del uso de dichos medios o servicios contratados.
Producción mixta es aquella en la que, con independencia de quien la promueva o realice, CRTVE participa, junto con uno o varios productores, con un porcentaje, contractualmente delimitado, de recursos técnicos y humanos bien sea en la producción, en la explotación de derechos o en ambas. Sólo computará como producción interna el porcentaje de participación de CRTVE detallado en dicho contrato.
En el porcentaje contractualmente delimitado para CRTVE se considerará producción interna, aquella que utilice puntualmente parte de recursos contratados a terceros, siempre que no exista la disponibilidad de los mismos en CRTVE y siempre que sea CRTVE quien ostente el control del uso de dichos medios o servicios contratados.
Producción ajena es aquella no promovida ni realizada por CRTVE ya que ésta sólo posee derechos de explotación sobre la misma, sin participar con recursos propios en ninguna de las fases de producción.
4. Los miembros de la comisión se encuentran obligados a la más estricta confidencialidad sobre los asuntos competencia de la misma:
4.1 Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades o sanciones que sean exigibles, el quebrantamiento del deber de confidencialidad por cualquiera de los miembros de la comisión conllevará su suspensión y cese en la comisión, pudiendo, el órgano que lo hubiere designado, nombrar un nuevo miembro.
4.2 Como regla general, la documentación destinada a los miembros de la comisión se entregará por escrito y por el sistema de copia numerada y controlada.
4.3 Los miembros de la comisión se atendrán estrictamente a lo dispuesto en la instrucción 3/2008 de 16 de junio, del presidente de la Corporación RTVE por la que se dictan normas para el cumplimiento del deber de confidencialidad de determinados documentos de CRTVE.
5. De cada reunión se levantará acta, que en su caso será de acuerdo o de desacuerdo. La secretaría de actas recaerá en una persona de la dirección.
La comisión de producción interna se rige por su reglamento, que contiene las normas de funcionamiento y medios que aseguran su operatividad.
Artículo 9. Funciones de la comisión.
A) Son funciones de la comisión analizar y valorar el grado de cumplimiento de la producción interna, elaborando los siguientes informes dirigidos al consejo de administración:
1. Informes sobre el cumplimiento de los porcentajes de producción y emisión establecidos en el artículo 35 del mandato marco y la legislación vigente aplicable, de acuerdo con los criterios de medición establecidos en el artículo 36 del mencionado mandato marco, para lo que se deberá proceder a su concreción y definición en el seno de la comisión.
2. Informes sobre la plena ocupación de los recursos internos y fomento de la producción propia.
3. Informes sobre el grado de cumplimiento de los planes de producción de TVE, RNE, aprobados por el consejo de administración.
4. Informe sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato-programa.
B) Asimismo, la comisión tiene las siguientes funciones:
1. Definido lo que se considera producción interna, mixta y ajena, establecer cómo se determina que un programa sea un tipo de producción u otra.
2. Conocer e informar los planes de producción propia encaminados a incrementar la ratio de producción interna establecida en el mandato marco.
3. Propiciar la plena ocupación de la plantilla, para lo que propondrá al CI y a la dirección de recursos humanos cuantas medidas considere necesarias para hacer viable esta ocupación, siendo prioritaria la utilización de los recursos humanos.
4. Analizar y proponer y, en su caso, diseñar o modificar los mecanismos que fomenten las propuestas provenientes de los trabajadores para potenciar sistemas de concursos de ideas para nuevos programas o proyectos que incentiven a los profesionales de CRTVE, y propiciar que se hagan efectivos a corto plazo.
5. Proponer mejoras al consejo de administración, a la presidencia o a la dirección, en relación con la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos propios de la CRTVE.
6. Elaborar informes y trasladarlos a los órganos competentes sobre los problemas detectados que afecten a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos propios de la CRTVE.
7. Elaborar propuestas para solucionar cualquier disfunción que se produzca dentro de las competencias de la comisión de producción.
C) Para el cumplimiento de sus fines, la comisión podrá solicitar a la dirección los informes que precise relacionados con aquella. La documentación que contenga datos sensibles, en cuanto pudiesen afectar a la competitividad de la empresa, contuviese datos de carácter personal, o afectase al secreto profesional de terceros, será entregada a la comisión con las garantías necesarias para salvaguardar los principios de sigilo, confidencialidad y derechos de terceros.
Asimismo, la comisión recibirá puntual información de:
1. Los planes de producción y emisión que apruebe el consejo de administración.
2. Las parrillas generales de programación de los diferentes canales, con las cautelas necesarias para su correcta utilización.
3. Los informes de producción y emisión elaborados por la CRTVE para el consejo de administración y la comisión mixta de control parlamentario.
CAPÍTULO III
Sistema de provisión de puestos de trabajo
Principios informadores.
Los principios que se describen a continuación informarán la normativa del convenio colectivo sobre la provisión de puestos de trabajo, que se desarrollará, buscando la simplificación del actual procedimiento, mediante acuerdos a celebrar entre la representación de la empresa y de los trabajadores en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del II convenio colectivo CRTVE. La provisión de puestos seguirá regulándose conforme a lo dispuesto en el I convenio colectivo en tanto se incorpora a este convenio colectivo la nueva regulación en dicha materia.
Sistema de provisión de puestos de trabajo. Principios:
1. Se garantizarán los principios de publicidad, mérito y capacidad en la cobertura de los puestos de trabajo.
2. Se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades con el fin de eliminar o corregir toda forma de discriminación por razón de sexo.
3. Se garantizará la participación de los representantes de los trabajadores en las pruebas selectivas que se realicen.
4. Las víctimas de violencia doméstica que tengan acreditado haber ejercitado las acciones cautelares pertinentes tendrán derecho preferente en la provisión de puestos de trabajo de su ocupación tipo y/o ámbito ocupacional que supongan un traslado geográfico.
Salvo en el supuesto descrito en el apartado 4, el principio rector en todos los procesos selectivos será el de la idoneidad o mejor adecuación del candidato al perfil y requerimientos del puesto de trabajo.
Todos los procesos de provisión deberán permitir una rápida cobertura del puesto ofertado.
Artículo 10. Plantillas.
1. La plantilla vendrá determinada por las necesidades organizativas de la empresa. CRTVE mantendrá en cada momento la plantilla total y por localidades y centros que impongan su desarrollo y organización, de acuerdo con las necesidades de la misma, al objeto de una permanente racionalización y optimización de los recursos y sistemas de organización, dotando las vacantes que se produzcan o amortizándolas, con independencia de su causa, de acuerdo con sus necesidades.
2. La cobertura de vacantes se producirá de acuerdo con lo establecido en el presente convenio y legislación vigente.
3. La creación y amortización de puestos de trabajo es competencia organizativa de la empresa, que actuará en función de sus necesidades, de acuerdo con la normativa que le sea aplicable y dentro de sus disponibilidades presupuestarias.
Artículo 11. Información sobre censos.
Sin perjuicio de lo establecido en el estatuto de los trabajadores, la empresa entregará al CI y a todos los sindicatos con presencia en el mismo, mediante un soporte informático adecuado para el tratamiento de datos y trimestralmente, la relación de trabajadores, con los siguientes datos:
1. Apellidos, nombre, sexo y DNI.
2. Fecha de ingreso en la empresa.
3. Grupo profesional, ámbito ocupacional, y nivel retributivo.
4. Antigüedad en el grupo profesional y antigüedad a efectos de trienios.
5. Centro de trabajo y unidad orgánica a que estén adscritos.
6. Situación laboral (fijo, indefinido, contratado, excedente, etc.).
7. Nivel de responsabilidad o mando orgánico.
8. Interinos: trabajador a quien sustituyen.
Los representantes de los trabajadores sólo podrán utilizar tal información para el cumplimiento de sus tareas de representación y deberán guardar sigilo profesional sobre la misma.
Artículo 12. Dotación de puestos y provisión de vacantes.
1. La provisión de plazas de plantilla vacantes o de nueva creación, se llevará a cabo del modo que se determine en este convenio y en el plan de igualdad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
2. Debido a la necesidad de potenciar las acciones de reorganización interna en el ámbito de los recursos humanos, los procesos de cobertura se llevarán a cabo de acuerdo al objetivo y principio básico de optimizar el rendimiento y adecuación de la plantilla de la CRTVE. Con este fin, cuando en la resolución por la que se determine la cobertura de puestos se establezca como modo de provisión el señalado en este convenio, la provisión de plazas se ajustará a los siguientes criterios de prelación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 29.
1. Traslados.
2. Promoción/ cambio de categoría/ingreso restringido.
3. Ingreso.
4. Contratación directa.
3. Cada puesto de trabajo que se pretenda cubrir se publicará en los tablones de anuncios, así como en la intranet corporativa y/o web CRTVE. Salvo por necesidades perentorias de la empresa, las vacantes se acumularán con objeto de proceder a la publicación y realización de los procesos de cobertura de dichas vacantes mediante dos convocatorias anuales, en su caso.
4. En cada convocatoria se publicarán, con respecto a cada puesto de trabajo, los siguientes extremos:
4.1 Categoría y grupo profesional.
4.2 Perfil de competencias, aptitudes y conocimientos que requiera el puesto o puestos de trabajo ofertados.
4.3 Titulación específica requerida y los criterios para la equivalencia entre la formación opcional y la experiencia profesional con las titulaciones académicas en el caso de que éstas no se posean, y no se trate de titulación habilitante.
4.4 Destino orgánico y geográfico.
4.5 Posibilidad de una valoración curricular y baremos de calificación, en el caso de que se establezcan requisitos específicos en el puesto de trabajo convocado.
5. Sistema de provisión.
El proceso se iniciará mediante la publicación del puesto o puestos de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3.
Los requisitos exigidos deberán cumplirse, como límite máximo, el día en el que expire el plazo de presentación de solicitudes.
Para resolver la adjudicación del puesto, se analizarán las peticiones o solicitudes que en el plazo establecido al efecto se hubieren presentado, con el siguiente orden de prelación:
5.1 Traslados.
Traslado es el cambio de destino a centro de la CRTVE sito en distinta población, que obligue al afectado a fijar su residencia en otra localidad. El traslado puede ser voluntario, forzoso o convenido.
5.1.1 Tendrán la consideración de traslados forzosos:
5.1.1.1 El derivado de pruebas del sistema de provisión de vacantes.
5.1.1.2 El que resulte por razones técnicas, organizativas o productivas del servicio, conforme a la legislación vigente.
En el traslado por exigencias del servicio se procurará atender a la idoneidad para el puesto y a las circunstancias personales y familiares del trabajador. La designación no podrá recaer sobre un trabajador con antigüedad de cinco o más años en CRTVE.
5.1.2 Traslado de residencia del cónyuge o conviviente reconocido.
CRTVE reconoce a favor de sus trabajadores fijos derecho a traslado cuando su cónyuge o conviviente reconocido, por razón de un traslado forzoso, deba fijar su residencia en otra localidad. Este derecho se ejercitará cuando exista centro de trabajo de CRTVE en aquella localidad o sus proximidades y hubiese plaza vacante en su plantilla.
5.1.3 Se consideran traslados convenidos:
5.1.3.1 El que se efectúe de mutuo acuerdo entre CRTVE y el trabajador. Sólo podrá aplicarse este procedimiento para cubrir puestos de mando orgánico, responsabilidad, confianza y los destinos en países extranjeros.
5.1.3.2 El que se produzca por exigencia del servicio en razón de vacante, hasta tanto ésta se provea reglamentariamente.
5.1.3.3 El derivado de la enfermedad del trabajador o de alguno de los familiares a su cargo, a juicio de los servicios médicos de empresa de CRTVE y de la seguridad social. El así trasladado no ocupará plaza de plantilla en su nuevo destino.
Las condiciones del traslado convenido serán estipuladas libremente por ambas partes.
5.1.4 Traslado voluntario,
Serán requisitos indispensables para poder solicitar el traslado voluntario los siguientes:
5.1.4.1 Ser personal fijo o indefinido de la CRTVE o de sus sociedades.
5.1.4.2 Tener la misma categoría profesional que la requerida para las plazas ofertadas. Durante el periodo transitorio hasta la plena aplicación de las nuevas categorías profesionales, los trabajadores clasificados en cualquiera de las categorías transitorias reguladas en los acuerdos parciales de 5 de marzo de 2004 y 3 de octubre de 2006, podrán optar a cualquiera de las categorías integradas en las mencionadas nuevas categorías profesionales.
5.1.4.3 Acreditar una permanencia mínima de un año en su centro de trabajo. La exigencia de permanencia será de dos años si se trata de un segundo traslado o de cuatro años si se trata de un tercero o sucesivos traslados.
5.1.4.4 Cumplimentar en todos sus extremos el modelo oficial de solicitud que deberá presentar a la dirección de recursos humanos, o por cualquier otro método que se establezca en un futuro.
5.1.4.5 Adjuntar, a petición de la comisión de empleo, todos los documentos acreditativos de los extremos alegados en la solicitud.
El traslado se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Antigüedad:
1.1 Antigüedad en la empresa. 2 puntos por cada año de antigüedad en la empresa. Máximo 18 puntos.
1.2 Antigüedad en la categoría profesional del puesto. 2 puntos por cada año de antigüedad en la categoría. Máximo 18 Puntos.
1.3 Antigüedad en el registro de traslados: 2 puntos por año. Máximo 14 puntos.
2. Valoración curricular:
El objetivo de la valoración curricular para adjudicación de vacantes en fase de traslado es determinar el grado de ajuste de cada candidato a los requerimientos del puesto de destino, con el fin de que la adecuación sea la mejor posible, reduciendo el periodo de adaptación al puesto.
Identificación de factores: para realizar esta valoración se han identificado aquellos factores de la trayectoria profesional de los candidatos en términos de experiencia profesional que permiten medir el grado de ajuste de su perfil a las características específicas del puesto de destino al que opta. Asimismo, se podrán valorar todos aquellos factores personales, familiares, de arraigo al destino y otros que los candidatos recojan en sus solicitudes. Los factores propuestos deberán ser objetivables o susceptibles de acreditación, lo que asegura la evaluación homogénea de todos los candidatos. Por tanto, todos aquellos méritos profesionales y personales que no sean relevantes al puesto por no corresponder con sus requerimientos específicos, no serán tenidos en cuenta por quedar fuera del objeto de la valoración curricular señalada.
2.1 Experiencia y trayectoria laboral.
Evalúa la experiencia y trayectoria profesional por la cual el candidato ha adquirido habilidades y conocimientos profesionales prácticos relevantes para el puesto de destino al que opta. La puntuación máxima será de -30- puntos. Este factor se desglosa en dos indicadores de experiencia:
2.1.1 Prestación de servicios en medio coincidente: se valorará la familiaridad y conocimiento del medio específico del destino (tv, radio, medios interactivos) adquirido por prestar servicios en la actualidad o haberlos prestado en su trayectoria profesional.
En el caso de las unidades informativas donde se prestan servicios indistintamente, tanto para televisión como para radio, se valorará este concepto para ambos medios.
La puntuación máxima del indicador será de -12- puntos resultantes de la asignación de puntos por el tiempo de duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación.
2.1.2 Desempeño de puesto coincidente al ofertado: se valorará el conocimiento del puesto ofertado adquirido a través del desempeño de puestos de idéntico o análogo contenido tanto en la actualidad como en la trayectoria profesional del candidato.
La puntuación máxima del indicador será de -18- puntos resultantes de la asignación de puntos por la duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación.
2.2 Factores personales y de arraigo en el destino solicitado.
Se tendrán en cuenta aspectos no laborales del candidato que contribuyan a la estabilidad y permanencia en el destino, así como en el desempeño del puesto. La puntuación máxima en el factor será de -20- puntos, que se distribuye en tres indicadores:
2.2.1 Motivos personales y familiares: valora la concurrencia de situaciones familiares y personales específicas que incidan sobre aspectos de conciliación de vida personal y familiar o sobre aspectos de salud del trabajador.
Para ello, la comisión de empleo podrá recabar la colaboración y asesoramiento necesarios de la dirección de prevención.
La valoración de la formación se aplicará sobre aquellos contenidos relacionados con cometidos de categorías laborales de CRTVE. Se podrán considerar aspectos relevantes y de prestigio de la misma, si ello redunda en beneficio propio (mejora del desempeño o futura promoción) y de la empresa.
La valoración del indicador será de -12- puntos como máximo, según la tabla de aplicación.
2.2.2 Arraigo a la zona geográfica: valora la vinculación que pudiera tener el candidato por ser el lugar de nacimiento o residencia habitual o anterior, y el grado de conocimiento de usos, costumbres, lengua autóctona…
La valoración de este indicador será de -7- puntos como máximo, según la tabla de aplicación.
2.2.3 Otros factores de valoración personal: se podrán tener en cuenta otros factores anteriormente no recogidos y que puedan ser motivo de valoración especial.
La valoración de este indicador será de -1- punto como máximo.
La comisión de empleo podrá requerir a los candidatos la documentación justificativa de los motivos alegados en su solicitud de traslado.
Grupo I: Para los perfiles de las categorías del grupo I, en el traslado, el cómputo de la valoración curricular sobre el total de la valoración será de 50 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Experiencia laboral: (máximo 30 puntos)
1.1 Medio coincidente: hasta 12 puntos.
1.1.1 Más de 2 años: 12 puntos.
1.1.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.
1.2 Puesto coincidente: hasta 18 puntos.
1.2.1 Más de 2 años: 18 puntos.
1.2.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.
2. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 20 puntos)
2.1 Motivos personales / familiares: hasta 12 puntos.
2.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral CRTVE, …): hasta 5 puntos.
2.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5 puntos.
2.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales CRTVE: hasta 2 puntos.
2.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos.
2.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen, …): hasta 5 puntos.
2.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos.
2.3 Otros: 1 punto.
Grupos II y III: Para los perfiles de las categorías de los grupos II y III, en el traslado, el cómputo de valoración de los factores personales y de arraigo en el destino solicitado, sobre el total de la valoración será de 20 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:
1. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 20 puntos)
1.1 Motivos personales / familiares: hasta 12 puntos.
1.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral CRTVE, …): hasta 5 puntos.
1.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5 puntos.
1.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales CRTVE: hasta 2 puntos.
1.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos.
1.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen, …): hasta 5 puntos.
1.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos.
1.2.3 Otros: 1 punto.
Valoración curricular-traslados
Apellidos y nombre
Experiencia y trayectoria laboral
(máximo 30 puntos)
Factores personales y de arraigo en el destino
solicitado
(máximo 20 puntos)
Puntuación total
(50 puntos)
Medio coincidente
(12 puntos)
Puesto coincidente
(18 puntos)
Motivos Personal/familiar
(12 puntos)
Arraigo zona geográfica
(7 puntos)
Otros….
(1 punto)
Experiencia y trayectoria profesional
(30 puntos)
Medio coincidente (12 puntos)
Más de 2 años
12
Menos de 2 años
(*)proporcional tiempo trabajado
Puesto coincidente (18 puntos)
Más de 2 años
18
Menos de 2 años
(*) proporcional tiempo trabajado.
(*) Considerando como fecha fin para realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.
Factores personales y arraigo destino
(20 puntos)
Motivos personales/familiares
(12 puntos)
Escala 1 a 5
Enfermedad del solicitante o enfermedad/dependencia de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, valorables según asesoramiento (prevención y salud laboral RTVE…)
Escala 1 a 5
Agrupación familiar. Traslado cónyuge, pareja de hecho. Divorcio/separación…
Hasta 2
Formación, continuación estudios relacionados con cometidos categoría laborales RTVE.
Arraigo a zona geográfica (7 puntos)
Escala 1 a 5
Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen…)
Hasta 2
Residencia habitual o anterior.
Otros…..(1 punto)
1
Otros….
5.2 Registro de traslados.
Para que pueda ser valorada la antigüedad en el registro de traslados, será requisito imprescindible llevar a cabo la oportuna inscripción. Dicha solicitud podrá ser instada en cualquier momento, cumplimentando para ello el correspondiente modelo, con independencia de que en ese momento se haya anunciado o no puestos para su provisión.
Del mismo modo podrá solicitarse la participación en proceso de traslados, en los términos descritos en el artículo anterior, aunque el candidato no se encuentre inscrito en el registro de traslados. En este caso no se valorará la antigüedad por tal concepto.
Sin embargo, todos los inscritos en el registro tendrán que solicitar expresamente su participación en un proceso concreto de traslado, sin que la simple inscripción en el registro genere en este sentido, ningún derecho.
Las solicitudes registradas tendrán una vigencia de un año, a contar desde el día primero del mes siguiente en que sean enviadas.
Las renovaciones de las solicitudes deberán realizarse en los tres meses anteriores al cumplimiento del plazo; en caso contrario perderá su derecho.
Asimismo, en el supuesto de no continuar interesado en la misma, deberá anularse la solicitud mediante comunicación escrita.
Los traslados se harán efectivos de forma inmediata. Sólo por motivos familiares u organizativos convenientemente motivados la incorporación al nuevo destino podrá extenderse a un plazo máximo de ocho meses, a contar desde el momento de la adjudicación del puesto.
5.3 Promoción interna/ cambio de categoría/ ingreso restringido:
En el caso de que el puesto o puestos de trabajo no hayan sido cubiertos mediante solicitudes de traslados, se atenderán las peticiones de promoción, o cambio de categoría e ingreso restringido.
Se entenderá que existe promoción interna cuando se produzca a través de este proceso el pase de un grupo profesional a otro superior, y será cambio de categoría cuando no implique cambio de grupo.
La promoción interna, cambio de categoría o ingreso restringido se articulará mediante la realización de una prueba selectiva de carácter objetivo.
Para optar a la promoción interna o cambio de categoría, será requisito imprescindible ser trabajador fijo o indefinido en CRTVE.
De igual manera todos aquellos trabajadores contratados temporalmente en CRTVE, con contrato en vigor a la fecha de la publicación de la convocatoria, siempre que cumplan con los requisitos generales y específicos del puesto al que pretenden acceder y que la categoría del puesto pretendido coincida con la categoría por la que prestan sus servicios en CRTVE, podrán optar a los puestos ofertados, a través de la correspondiente convocatoria restringida.
Artículo 13. Indemnizaciones.
En todos los casos de traslado forzoso CRTVE abonará:
1. Los gastos de desplazamientos del trabajador y de las personas a su cargo, en los medios de transporte que en cada caso determine CRTVE.
2. Los de transporte de mobiliario, ropas, enseres domésticos y prima de seguro de transporte, que deberá figurar en la correspondiente factura, previa aceptación de presupuesto por CRTVE.
3. La cantidad que resulte aplicable a tenor del siguiente baremo:
a) A quien no tenga nadie a su cargo, una mensualidad.
b) A quien tenga a su cargo hasta dos personas, dos mensualidades.
c) A quien tenga a su cargo más de dos personas y menos de cinco, tres mensualidades.
d) A quien tenga a su cargo de cinco a ocho personas, cuatro mensualidades.
e) A quien tenga a su cargo más de ocho personas, cinco mensualidades.
4 Una compensación mensual por vivienda, por tiempo máximo de cinco años, según tablas salariales anexas. A los efectos del presente artículo, las mensualidades serán la suma del salario base y complementos del mismo reconocidos en la fecha de la orden de traslado, sin que puedan aplicarse futuras revalorizaciones a dichos conceptos a los efectos de estas indemnizaciones.
A los efectos establecidos en el punto 1, se considerarán personas a cargo del trabajador las incluidas como beneficiarias en el régimen general de la seguridad social.
En todos los casos de traslado convenido, se estará a lo que de común acuerdo hayan estipulado ambas partes.
Artículo 14. Cambio de centro de trabajo en la misma población.
1. Cuando el cambio de centro de trabajo, que no sea traslado, suponga algún perjuicio al trabajador y CRTVE no habilite medio de transporte, dará lugar al pago mensual de una compensación a razón de los kilómetros que existan desde el punto oficial de partida del transporte de CRTVE hasta el nuevo centro de trabajo. Se podrán adoptar las medidas que las peculiaridades de cada centro exija, mediante acuerdo entre la dirección y el personal afectado.
2. Trasvases de personal. Para el control de los trasvases de personal que pudieran producirse en virtud de la creación y fusión de sociedades en RTVE, ésta se compromete a observar procedimientos participativos en futuros posibles procesos de reordenación de sus plantillas de trabajadores, por creación de nuevas sociedades o integración de algunas de las existentes, dentro del marco que la ley señale y acorde con los preceptos del estatuto de los trabajadores. De producirse, se crearía una comisión mixta y paritaria.
Artículo 15. Permutas. Concepto y efectos.
CRTVE puede autorizar la permuta entre trabajadores pertenecientes a la misma categoría profesional con destino en poblaciones distintas, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la aptitud de los permutantes para sus nuevos destinos y demás circunstancias susceptibles de apreciación.
La permuta no da derecho a indemnización alguna y supondrá la aceptación de las modificaciones de retribución y otras a que pueden dar lugar los respectivos puestos de trabajo.
Como consecuencia de la información contenida en el registro de traslados, la comisión de empleo podrá, en cualquier momento, proponer traslados de personal, mediante permutas entre trabajadores inscritos en el mismo (artículo 12.5.2).
Artículo 16. Comisión de destino.
1. Se considera en comisión de destino a los trabajadores fijos que, por interés de CRTVE, pasan a ocupar puestos no permanentes en organismos o entidades oficiales, nacionales o internacionales, debidamente autorizados por el director general corporativo, con carácter temporal.
2. Durante el tiempo de permanencia en comisión de destino, el trabajador afectado tendrá la consideración de activo en RTVE, con los derechos propios de su categoría profesional y, en los casos en que así se establezca, las retribuciones correspondientes a la misma.
Artículo 17. Procedimiento selectivo común, tanto para la promoción interna/cambio de categoría e ingreso restringido.
Todos estos trabajadores realizarán las mismas pruebas selectivas y en el mismo momento.
Para la calificación de este proceso conjunto se valorará la prestación laboral de servicios reconocida en CRTVE, hasta con 27 puntos (sobre una puntuación máxima total de 100). La distribución de estos puntos (27) se realizará atendiendo a los siguientes factores:
1. Antigüedad en la empresa: 2 puntos por cada año de antigüedad, hasta un máximo de 12 puntos.
2. Destino geográfico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.
3. Antigüedad en grupo profesional inferior y misma familia: 2 puntos por cada año, con un máximo de 10 puntos.
4. Antigüedad en grupo profesional inferior y distinta familia: 2 puntos por cada año, con un máximo de 6 puntos.
5. Antigüedad en el mismo grupo profesional: 2 puntos por cada año, con un máximo de 6 puntos.
Deberán acreditarse al menos 750 días de prestación reconocida en CRTVE durante los últimos 4 años, contados hasta el inicio del proceso selectivo, para que operen las primas, anteriormente señaladas.
Esta bonificación operará siempre que la nota obtenida en la prueba realizada haya alcanzado o superado los 50 puntos sobre 100.
Una vez aplicadas estas bonificaciones, si proceden, el puesto/s recaerá en aquellos candidatos que habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos sobre un total de 100, hubieran alcanzado más puntuación.
En caso de no existir ningún candidato que cumpla estas exigencias, el puesto, en esta fase, se declarará desierto, y pasará a la fase siguiente.
Como principio general interpretativo del sistema de provisión de puestos de trabajo, para sustituir al personal que, tras un proceso selectivo, renuncie al puesto de trabajo o no supere el periodo de prueba, se procederá al llamamiento de la siguiente persona que habiendo aprobado tenga mayor puntuación. Las listas de puntuaciones obtenidas en ese proceso selectivo serán válidas durante un plazo de seis meses tras la fecha de publicación de las puntuaciones definitivas.
Los casos en los que se produzca un empate se resolverán a través de sorteo.
En todos aquellos procesos en los que se den evaluaciones o valoraciones entre diversos candidatos, se tendrá en cuenta la representación por sexos del puesto a cubrir de forma que, a igualdad de puntuación o valoración, se elegirá al candidato que se encuentre subrepresentado en ese puesto.
Artículo 18. Ingreso.
Los puestos de trabajo que se pretendan cubrir mediante personal de nuevo ingreso, serán publicados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3.
En la convocatoria correspondiente se establecerán el tipo de pruebas y/o entrevistas a través de las cuales se vaya a realizar el proceso selectivo, que en todo caso estará basado en criterios objetivos.
Artículo 19. Contratación directa.
En el caso de que el o los puestos convocados hubieran quedado desiertos se procederá a la contratación directa por parte de la empresa, tras informar a la comisión de empleo.
Artículo 20. Efectos del traslado, la promoción, la reconversión/cambio de categoría y el concurso oposición restringido.
El plazo para la incorporación a la plaza será el señalado en el anuncio-convocatoria de la misma. Sólo por motivos familiares u organizativos debidamente justificados podrá extenderse a un plazo superior.
Para el personal vinculado laboralmente con CRTVE, una vez notificada a la comisión de empleo la obtención de alguna de las plazas a las que opte, conllevará la obligación irrenunciable de su aceptación.
Para la asignación de los destinos geográficos definitivos se procederá según el orden de la puntuación obtenida, de mayor a menor.
Dicha prelación operará en lo que respecta a los destinos geográficos. La determinación de la unidad funcional corresponderá a la empresa, salvo que se hubiera especificado en la convocatoria de la plaza.
En los supuestos de reconversión profesional no se aplicarán las normas sobre provisión de plazas en la CRTVE que establece el presente convenio colectivo. La asignación de nueva categoría concreta se efectuará en colaboración con los representantes unitarios del personal, atendiendo en lo posible las aspiraciones de cada afectado.
Artículo 21. Adaptación al puesto de trabajo del personal con capacidad disminuida.
El trabajador que, por tener su capacidad física o psíquica disminuida, no se halle en situación de prestar el rendimiento normal de su categoría profesional podrá ser destinado a puesto de trabajo adecuado a su capacidad disminuida, mientras ésta persista, conservando el derecho a las retribuciones de la categoría de procedencia. Sobre esta medida serán oídos la representación del personal y el servicio médico de CRTVE.
Lo dispuesto en el punto anterior no será de aplicación a los cantores del coro de CRTVE. En los casos en que el director del coro estimase que alguno de sus componentes se vea afectado por una disminución de las facultades físicas, de tal grado que le incapacite para la prestación idónea de sus funciones, lo pondrá en conocimiento de la dirección de CRTVE, que ordenará la constitución de un tribunal, el cual, previas las pruebas pertinentes, emitirá informe sobre la aptitud profesional del examinado.
El tribunal a que hace referencia el número anterior estará constituido por cinco miembros, de los cuales dos, como mínimo, serán elegidos por los componentes del coro, de entre los pertenecientes a la misma cuerda del cantor del coro que ha de ser examinado.
CRTVE acordará la baja definitiva en el coro de aquellos cantores considerados no aptos por el tribunal. En este supuesto el cantor del coro podrá optar entre causar baja en CRTVE, previo abono de una indemnización equivalente a dos mensualidades actuales por cada año de servicio o fracción, o, en su caso, ser destinado a un puesto de trabajo del modo que se determina en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 22. Situación especial de desvinculación voluntaria de la relación laboral por causa de incapacidad laboral.
La empresa, por acuerdo con el trabajador, podrá determinar el cese en el servicio activo y su desvinculación de CRTVE cuando se produzca una situación de incapacidad permanente total o absoluta y el expediente ante el organismo competente se haya tramitado a instancias del interesado. Se abonará en el momento en que la incapacidad sea reconocida por dicho organismo y se cause baja en CRTVE las siguientes ayudas:
1. En el caso de que el trabajador afectado tenga, en la fecha de reconocimiento de la incapacidad permanente, entre 50 y 55 años, CRTVE abonará al trabajador el 20 % de su base reguladora, hasta que el citado trabajador cumpla la edad de 55 años.
2. En caso de que el trabajador afectado tenga más de 55 años, CRTVE abonará una cantidad a tanto alzado equivalente a una mensualidad de su salario bruto por cada año que le falte al trabajador hasta cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso proceda, con un máximo de un año de salario.
Durante el periodo en que se sustancie el procedimiento de reconocimiento de la incapacidad, CRTVE podrá ofrecer al trabajador un puesto de trabajo adaptado a su capacidad profesional real. Si el trabajador acepta, el cambio de puesto supondrá la aceptación de las retribuciones y condiciones del nuevo puesto. Sobre esta medida será oída la representación del personal y el servicio médico de CRTVE.
Artículo 23. Requisitos generales para el acceso a la CRTVE.
Serán requisitos generales para optar al ingreso en CRTVE:
1. Tener la mayoría de edad laboral, con los requisitos y garantías establecidas en el estatuto de los trabajadores y normativa legal vigente.
2. No padecer enfermedad o impedimento físico que imposibilite para la realización de los cometidos propios del puesto al que se concursa.
3. Poseer la titulación específica y cumplir los demás requisitos que para el desempeño de cada categoría y profesión exija el convenio, las disposiciones vigentes sobre trabajadores de radiotelevisión y de otras actividades.
Artículo 24. Selección de personal no fijo. Banco de datos de selección y contratación.
1. El personal contratado con carácter temporal al amparo de la legislación vigente y con categoría profesional recogida en el convenio colectivo, será seleccionado de acuerdo con lo que se dispone en este artículo.
2. La dirección será responsable de la selección y propuesta de las personas del banco de datos de selección y contratación que, con categoría de convenio, fuera necesario contratar en la corporación RTVE.
La selección responderá a criterios de titulación, conocimientos profesionales, experiencia y adaptación a los requisitos del puesto.
La representación legal de los trabajadores tendrá derecho a la información que solicite sobre cualquier aspecto relacionado con la inclusión de alumnos en prácticas en el banco de datos, así como de los criterios utilizados por la dirección en el proceso de selección.
3. En los contratos de trabajo para obra o servicio determinado, los de interinidad, eventuales y de prácticas la representación de los trabajadores informará, en el plazo máximo de cinco días naturales, sobre el cumplimiento por parte del candidato propuesto de los presupuestos para su inclusión en el banco de datos, entendiéndose informados favorablemente en caso de no emitirse informe alguno.
4. Normas sobre organización y funcionamiento del banco de datos de selección y contratación para selección de trabajadores en la corporación RTVE:
4.1 Existirá un banco de datos de selección y contratación gestionado por la dirección de recursos humanos CRTVE, destinado a la selección de trabajadores que puedan ser contratados con categoría recogida en el convenio colectivo de la corporación RTVE.
4.2 Todas las actualizaciones que se produzcan en el mantenimiento y actualización del banco de datos estarán disponibles para su consulta en la intranet corporativa.
Con carácter previo al inicio de las prácticas formativas, se enviará al comité intercentros de CRTVE, comités de empresa y delegados de personal correspondientes la relación de alumnos que realizarán las mismas. En dicha relación se hará constar el convenio de formación concreto del que provienen, destino en donde se realizarán las prácticas, duración prevista de las mismas y tutor responsable CRTVE.
Esta información podrá ser solicitada por los sindicatos con representación en el comité intercentros de CRTVE.
4.3 Para acceder a dicho banco de datos de selección y contratación será preciso cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber superado la puntuación mínima establecida para acceder a dicho banco en exámenes de acuerdo con el sistema de provisión de puestos de trabajo en los que no se haya obtenido plaza como personal fijo.
b) Haber superado una prueba específica de acceso a dicho banco. En dicha prueba participarán los representantes legales de los trabajadores en forma y número que se determine en cada caso, siguiendo el modelo de composición de los tribunales del sistema de provisión.
c) Haber sido becarios, en calidad de alumnos en prácticas de formación a través de los distintos convenios que tenga firmados la corporación RTVE con centros de enseñanza que impartan y expidan titulaciones académicas reconocidas oficialmente. El periodo mínimo de realización de prácticas formativas será de dos meses ininterrumpidos, con posibilidad de ser ampliado a un máximo de tres (de común acuerdo entre las partes).
Para que puedan realizarse prácticas en CRTVE será requisito imprescindible estar realizando el último curso y que estos estudios correspondan a una titulación académica oficial relacionada directamente con las prácticas a realizar. La realización y superación de estas prácticas dará derecho a ser incluido en el banco de datos.
La inclusión en el banco de datos se producirá de forma inmediata cuando se presente por parte del interesado la acreditación necesaria, con el límite de un año natural desde el momento de la finalización de las prácticas.
d) Personas contratadas laboralmente en la corporación RTVE que hayan superado el periodo de prueba y que hayan sido seleccionadas a partir de procesos concretos de búsqueda según perfil, aportadas por los servicios públicos de empleo, centros de formación o colegios profesionales, requeridos por CRTVE, con carácter excepcional, en categorías de difícil cobertura siguiendo los procedimientos anteriores. Se informará previamente de estas situaciones a la comisión de empleo, conforme al procedimiento o actuaciones que se determinen en cada caso.
e) Personal seleccionado por recursos humanos a partir de solicitudes de empleo presentadas en la Corporación RTVE (base externa), valorándose al respecto el expediente académico, formación complementaria y experiencia profesional del interesado, cuya verificación podrá constatarse por los procedimientos que, en cada caso, se consideren oportunos.
La comisión de empleo deberá informar favorablemente la selección realizada por recursos humanos en reunión convocada al efecto, para su inclusión en el banco de datos.
4.4 La permanencia y vigencia en el banco de datos de selección y contratación será de cinco años naturales desde su inclusión o fecha de finalización de la última relación laboral con la corporación RTVE.
No obstante, por no tener candidatos en número suficiente para la cobertura de determinadas categorías y/o destinos geográficos, este plazo podrá ampliarse, con carácter excepcional, en aquellas categorías, destinos y perfiles en los que esta medida pudiera restar operatividad al banco de datos.
El referido límite puede ampliarse por periodos de dos años en aquellos casos en los que el interesado acredite fehacientemente haber prestado en otras empresas, o por cuenta propia, servicios profesionales correspondientes a la categoría/s, función/es o titulación que ostenta en banco de datos durante, al menos, seis meses, en el periodo de inactividad laboral en CRTVE.
La comisión de empleo será informada de estas ampliaciones.
4.5 Para poder hacer efectiva la inclusión en el banco de datos de selección y contratación, será requisito imprescindible que la persona haya terminado y acreditado los estudios académicos oficiales que le habiliten para poder ser contratada en la corporación RTVE
Además, en el caso de los becarios CRTVE, será necesario que el instituto expida la certificación acreditativa correspondiente a la realización de dichas prácticas.
5. Las propuestas de contratación de los candidatos incluidos en el banco de datos, con arreglo a los requerimientos de la categoría laboral y del puesto de trabajo específico a cubrir (perfil profesional, perfil de competencias, idiomas y situación geográfica) y según el tipo de contrato autorizado, seguirán el orden de prelación establecido en el apartado 4.3 de este artículo.
Dentro de cada uno de los apartados del mencionado artículo 4.3, la comisión de empleo podrá establecer los criterios concretos de preferencia que deban aplicarse a los candidatos.
6. Con carácter general, se establecerá una acción positiva para que, a igualdad de méritos y competencia, se proponga el contrato en una determinada categoría a la persona del sexo menos representado en la misma en CRTVE.
7. La renuncia a una oferta de trabajo sin motivo justificado, supondrá la exclusión permanente del banco de datos. Se considerarán motivos justificados aquellos que, estando debidamente acreditados y justificados, imposibiliten circunstancialmente el acceso al puesto ofertado (enfermedad, conciliación vida familiar, deber público, causas de fuerza mayor…). Estos casos serán conocidos por la comisión de empleo.
En caso de no localización de la persona seleccionada, y después de tres intentos debidamente acreditados, se dará por desestimado el ofrecimiento de contratación.
Artículo 25. Pruebas médicas y psicológicas.
1. Será exigencia común a todo el personal antes de incorporarse a la CRTVE la de someterse y superar un examen médico adecuado al trabajo a realizar.
2. Igualmente, el personal de nuevo ingreso y quienes opten a un nuevo puesto de trabajo vendrán obligados a someterse a las pruebas médicas y psicológicas que se determinen para aquél, cualquiera que sea el procedimiento de ingreso o adscripción al puesto y la duración de su relación laboral.
Las previsiones de este artículo se ajustarán a las prescripciones de la legislación vigente en cada momento
Artículo 26. Tribunales.
1. Se constituirán en cada caso tribunales generales o específicos para cada caso para la realización de las pruebas selectivas de carácter teórico-práctico enumeradas en los artículos anteriores.
2. Los tribunales se integrarán por personal cualificado en cada caso. De estos, cinco serán designados por el comité intercentros, respetando la proporcionalidad de la representación sindical, de entre trabajadores de la misma categoría o superior a la de las plazas convocadas, siempre que dicha categoría superior se encuentre dentro del mismo ámbito funcional que la plaza convocada, y que dicha titulación no sea habilitante. Ambas partes se fijan como objetivo que la composición de los tribunales respetará el principio de paridad entre hombres y mujeres.
Las decisiones en el ámbito de actuación de los tribunales, se tomarán teniendo en cuenta la ponderación del voto de cada una de las partes (rlt y empresa) que, en este caso, será idéntica a la de la comisión de empleo.
Asimismo, cualquiera de las partes que expresamente lo indique, podrá delegar el voto en alguno/s de sus representantes.
3. La composición de cada tribunal se hará pública con la suficiente antelación. Los miembros del tribunal en ningún caso podrán estar ligados con alguno de los candidatos con vínculos de parentesco o interés de parte.
4. Corresponde a los tribunales:
4.1 Administrar las pruebas establecidas.
4.2 Valorar las actuaciones y ejercicios.
4.3 Levantar acta de sus sesiones.
Artículo 27. Comisión de empleo.
1. Se crea una comisión de empleo compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y 5 en representación de los trabajadores designados por los miembros del CI, respetando la proporcionalidad de la representación sindical.
2. El objetivo y finalidad de la comisión es realizar una labor de control de las actuaciones realizadas en materia de provisión de plazas por parte de la empresa. Para el cumplimiento de esta finalidad, la empresa entregará la información necesaria para ésta comprobación:
2.1 Ser informada previamente de los puestos de trabajo que se pretendan cubrir.
2.2 Conocer las solicitudes participantes en cada proceso.
2.3 Conocer y debatir los requisitos y baremos en los casos en los que sea exigible una valoración curricular.
2.4 Estudiar cuantas solicitudes se presenten y proponer la adjudicación de plazas, así como promover la creación de los tribunales específicos.
2.5 Ser informados, antes de las pruebas, de los baremos aplicables, así como ser informados de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los presentados a las pruebas antes de su publicación.
2.6 Verificar la valoración curricular.
2.7 Levantar acta sobre la propuesta de adjudicación de las plazas.
2.8 Conocer cuantas alegaciones o aclaraciones sean realizadas por quienes partícipen en el proceso.
2.9 Decidir sobre las alegaciones presentadas y levantar acta de las mismas.
2.10 Ser informada de las personas que no superen las pruebas médicas y psicológicas.
2.11 Ser informada en caso de que algún trabajador no supere el periodo de prueba.
2.12 Ser informada sobre la denegación de las permutas solicitadas por los trabajadores.
2.13 Recibir anualmente información sobre el personal en situación de excedencia.
Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple.
Artículo 28. Período de prueba.
1. La contratación de personal se hará siempre a título de prueba de acuerdo a los siguientes criterios:
– Las contrataciones con duración superior a seis meses, se harán siempre a título de prueba por un período máximo de trabajo efectivo de tres meses.
– Las contrataciones con duración igual o inferior a seis meses, así como las de duración incierta (interinos o por obra o servicio), se harán siempre a título de prueba por un período máximo de trabajo efectivo de un mes.
2. Durante este período, tanto el trabajador como CRTVE podrán poner fin a la relación laboral, sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho por ello a indemnización alguna, salvo al percibo de las retribuciones devengadas.
3. En el informe sobre el periodo de prueba del trabajador, su mando orgánico evaluará su rendimiento laboral y su inserción en el grupo socio-laboral. Para ello tendrá en cuenta los informes tanto de sus compañeros de trabajo como de la representación legal de los trabajadores. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de siete días naturales desde que se solicite el mismo.
4. Transcurrido satisfactoriamente el plazo de prueba, a los trabajadores fijos se le computará dicho período a todos los efectos. Los interinos, eventuales y temporales, seguirán manteniendo su relación laboral con CRTVE hasta el término señalado de su contrato.
Artículo 29. Reingreso de excedentes.
El personal excedente gozará de un derecho de reingreso preferente sobre aquellos puestos de trabajo que quedasen vacantes, una vez que la empresa hubiera agotado sus posibilidades organizativas con su personal fijo y/o indefinido y siempre que el perfil curricular del empleado se ajuste a los requerimientos del perfil del puesto ofertado. El trabajador reincorporado regresará a la situación de excedencia caso de que, en el plazo de tres meses desde la reincorporación tras la excedencia, no acredite poder desempeñar las funciones propias del puesto. Además, deberá haber comunicado a la empresa fehacientemente, su deseo de reingreso.
Este principio se aplicará tanto a las situaciones de excedencia voluntaria que en el futuro se puedan producir como a las existentes a la fecha de la firma del presente convenio.
CAPÍTULO IV
Formación
Artículo 30. Objetivos de la formación.
La corporación de RTVE debe estar preparada para adaptarse a la evolución del sector de medios de comunicación y la adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos.
Para alcanzar este objetivo es preciso contar con un equipo de personas con un alto nivel de formación en las diferentes áreas. Es compromiso de la corporación poner al servicio de sus trabajadores una formación de calidad que posibilite la adecuación de los niveles actuales de cualificación a las exigencias presentes y futuras de los diferentes puestos y que permitan, además, vincular la formación con el desarrollo profesional dentro de la CRTVE.
Para cumplir este compromiso la CRTVE destinara una parte de su presupuesto a asumir los costes del plan anual corporativo de formación.
1. La formación es un derecho del trabajador y, por lo tanto, la CRTVE contempla como objetivo primordial promover el perfeccionamiento profesional de su personal a través de la formación permanente. Y de esta manera, CRTVE:
1.a Garantizará el acceso de todos los trabajadores en igualdad de oportunidades.
1.b Gestionará los cursos de manera transparente, publicando en intranet la información pertinente, y estableciendo unos criterios objetivos para el acceso en igualdad de condiciones de todos los trabajadores.
2. La formación es un deber del trabajador y es por ello que viene obligado a realizar los cursos comprendidos en su itinerario formativo que la dirección le proponga, así como aquellos cursos que la CRTVE imparta dentro de la jornada laboral. No obstante lo anterior, para que la acción formativa recibida sea tenida en cuenta como parte del itinerario formativo y capacite para la realización de funciones distintas de su grupo profesional y ámbito ocupacional, deberá ser aprobada en la comisión general de formación.
2.a Dentro de su horario laboral: no se podrá obligar a un trabajador a recuperar las horas dedicadas a formación ampliándole la jornada laboral.
2.b Fuera de su horario laboral: hasta un máximo de 30 horas anuales respetando los preceptos de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, por tratarse de horas fuera de su jornada habitual. En todo caso, se considerara tiempo efectivo de trabajo el supuesto de formación contemplado en el apartado 4.a del presente artículo.
3. Cuando se declare la necesidad de reconversión profesional, originada por motivos tecnológicos, de organización o de producción y autorizada en su caso por la autoridad laboral o por los supuestos que contempla el articulado del convenio, el personal afectado tendrá la obligación de asistir a todos los cursos que con este fin se convoquen.
4. La CRTVE se compromete a facilitar el acceso a alguno de los cursos formativos incluidos en el itinerario formativo del trabajador en el plazo temporal de tres años. Cuando la CRTVE no facilite la formación adecuada incluida en su itinerario profesional, la progresión en el nivel del trabajador no se verá afectada.
La formación en la CRTVE se orientará hacia los siguientes objetivos:
a) La adaptación de los trabajadores al puesto de trabajo y a las modificaciones del mismo.
b) Actualizar los conocimientos profesionales exigibles en el puesto de trabajo, así como aquellos conocimientos cuyo aprendizaje suponga un mejor desempeño del puesto de trabajo.
c) Facilitar la adaptación de la jornada de trabajo cuando se cursen con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional oficial. La dirección de recursos humanos podrá solicitar partes de asistencia y/o superación de los cursos con el fin de acreditar el aprovechamiento.
d) Asegurar las acciones formativas necesarias en los procesos de reconversión profesional.
e) Promover el conocimiento de idiomas.
f) Garantizar a través del instituto RTVE la formación adecuada a las necesidades de cada área de la Corporación, teniendo como referente, entre otras, la legislación española en materia de educación superior, enseñanzas artísticas y formación profesional.
g) Facilitar cursos específicos para la capacitación permanente de quienes desempeñen puestos de jefatura.
h) Integrar acciones formativas orientadas al desarrollo personal de los trabajadores y a su participación en la gestión y organización de la empresa.
i) Facilitar la adquisición de conocimientos a los trabajadores permitiéndoles desarrollar su carrera profesional en la Corporación RTVE.
Artículo 31. Desarrollo de la formación.
1. Anualmente el instituto RTVE, de acuerdo con la dirección de recursos humanos y la comisión general de formación, elevará el plan anual corporativo de formación al presidente de la Corporación RTVE, con copia al consejo de administración.
2. La formación se impartirá preferentemente a través del instituto RTVE, en su sede oficial, y con sus propios recursos o mediante conciertos con otros organismos. La comisión general de formación será la encargada de garantizar el acceso a la formación, en todas las modalidades, en igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. El instituto RTVE deberá disponer de los sistemas necesarios para gestionar transparentemente la asignación de las acciones formativas incluidas en el plan anual corporativo de formación.
3. En aras de fomentar la promoción y carrera profesional del personal de CRTVE, la comisión general de formación determinará qué porcentaje de las plazas ofertadas en los cursos se asignarán a trabajadores de distinto ámbito ocupacional a los establecidas en el curso, siempre que lo hayan solicitado.
4. CRTVE dispondrá de un portal de formación con la información y contenidos pertinentes. La comisión general de formación supervisará su funcionamiento.
5. La formación se podrá ofertar en distintas modalidades, debiendo siempre prevalecer la calidad y aprovechamiento de la formación a la hora de elegir la modalidad:
1. Formación mediante cursos presenciales realizados.
a. En centros de CRTVE.
b. En centros externos.
2. Formación mediante cursos a distancia.
a. On line.
b. Teleformación.
c. E-learning.
3. Formación mixta.
6. Los costes económicos derivados de la formación interna serán satisfechos de acuerdo con el presupuesto aprobado anualmente por la CRTVE
7. En los cursos de formación externa que desarrolle el centro de formación tendrá preferencia para su asistencia y matriculación el personal perteneciente a CRTVE. La comisión general de formación propondrá los beneficios horarios y económicos pertinentes para cada acción formativa.
8. El plan anual corporativo de formación diferenciará un apartado específico que afecte a centros territoriales de radio, televisión y unidades informativas, concretando con precisión las acciones formativas y los perfiles de los trabajadores afectados.
Artículo 32. Comisión general de formación.
La comisión general de formación se constituye como órgano de participación de los trabajadores de la CRTVE en la regulación de la formación, cuya composición y normas de funcionamiento seguirá las siguientes directrices:
a) Será un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la dirección de la empresa y otros siete miembros nombrados por el comité intercentros, respetando la composición de dicho comité.
b) Esta comisión se reunirá de forma trimestral, convocada por su presidente o a petición de al menos un tercio de sus componentes. En la convocatoria se fijará el orden del día.
c) La comisión general de formación elaborará un reglamento de régimen interno, donde se recogerán las normas de funcionamiento. El presidente de la comisión será nombrado a propuesta de la dirección de la empresa.
d) El secretario de actas de la comisión, que será nombrado a propuesta de la representación de los trabajadores, extenderá un acta de cada reunión, de la que se remitirá copia a la dirección y al comité intercentros de la CRTVE.
Son funciones de dicha comisión:
a) Participar en la elaboración y aprobación de la propuesta del plan anual corporativo de formación, para su aprobación definitiva por el presidente de la CRTVE
b) Configurar la formación adecuada para los itinerarios formativos de acuerdo con la clasificación profesional recogida en convenio colectivo, considerando su actualización por la evolución tecnológica. La formación recibida computará en el itinerario profesional cuando las materias impartidas estén incluidas en la carrera profesional aprobada para cada caso por la comisión general de formación, valorando para la progresión de nivel aquella formación externa que tenga vinculación con su desempeño profesional.
c) Realizar el seguimiento del plan anual corporativo de formación para garantizar la calidad, idoneidad y eficacia de la formación impartida.
d) Promover el acceso de los trabajadores a la formación velando para que los criterios de acceso sean equitativos y transparentes.
e) Proporcionar un foro donde los trabajadores puedan demandar una determinada acción formativa o manifestar los problemas que surjan, para los que esta comisión propondrá soluciones y actuaciones de mejora.
f) Solicitar y recibir información sobre los permisos individuales de formación que se hayan solicitado.
g) Estudiar y participar en la implantación de las certificaciones profesionales reguladas por ley.
h) Establecer criterios objetivos que faciliten la convalidación de los estudios realizados en centros externos a la CRTVE como formación requerida para progresar en los itinerarios profesionales.
CAPÍTULO V
Clasificación profesional
Artículo 33. Sistema de clasificación profesional.
El sistema de clasificación profesional que se establece en el presente convenio se estructura en grupos profesionales, ámbitos ocupacionales y ocupaciones tipo.
El sistema tiene como objetivo principal compatibilizar las necesidades de optimización de los recursos humanos de CRTVE con el desarrollo profesional de los trabajadores.
El grupo profesional es la base sobre la que se estructura el sistema y, conforme al artículo 22 del estatuto de los trabajadores, constituye una agrupación unitaria de aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación.
El ámbito ocupacional se define como el conjunto de ocupaciones tipo relacionadas con una misma función genérica dentro de la actividad productiva y el esquema organizativo de CRTVE.
La ocupación tipo es el conjunto de actividades y tareas propias del ejercicio de una profesión.
En el anexo 3 se recogen los grupos profesionales, ámbitos ocupacionales y ocupaciones tipo que estructuran el sistema.
La pertenencia a un grupo profesional y ámbito ocupacional define el marco funcional de tareas que puede realizar un trabajador, sin más límite que las titulaciones y los requisitos de idoneidad profesional exigibles para su desempeño. Durante el periodo de vigencia del convenio, en el seno de la comisión general de formación, se determinarán los requisitos de idoneidad profesional mínimos para el desempeño de las funciones de cada grupo profesional y ámbito ocupacional.
El trabajador desempeñará las funciones propias de su ocupación tipo y, con carácter general, las propias de su ámbito ocupacional y grupo profesional y, así como tareas complementarias, auxiliares o afines precisas que integran el proceso completo del cual forman parte, de acuerdo con la organización del trabajo que se establezca.
El sistema de clasificación profesional no limita la implantación de nuevas formas de organización del trabajo, ni el uso de nuevas tecnologías, herramientas o recursos en el marco del grupo profesional y ámbito ocupacional al que se pertenezca.
Es un requisito inherente al desempeño de cualquier función el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que sean de aplicación.
Artículo 34. Grupos profesionales.
34.1 Criterios para la definición de los grupos profesionales.
Los grupos profesionales y la pertenencia a los mismos, se definen conforme a los siguientes factores:
Formación: nivel básico mínimo de conocimientos para desempeñar las funciones encomendadas, teniendo en cuenta el grado de dificultad para su adquisición.
El factor de formación se concreta en términos de:
Titulación básica.
Especialización.
Iniciativa: grado de seguimiento y concreción de normas o directrices para el desempeño de las funciones.
Autonomía: nivel de supervisión requerido y tipo de dependencia jerárquica.
Responsabilidad: influencia de las actuaciones sobre los resultados, y grado, amplitud y relevancia del impacto por los resultados.
Coordinación, organización y control: realización de funciones de coordinación, organización y control del trabajo de otros.
Complejidad: variedad y grado de dificultad de los cometidos que integran la actividad.
34.2 Definición y características de los grupos profesionales.
Como resultado de la ponderación de factores, la clasificación se estructura en dos grupos profesionales.
Para cada grupo profesional se recogen sus funciones genéricas y más relevantes, de manera no exhaustiva.
34.2.1 Grupo I.
Con el fin de graduar el nivel de exigencia requerido para el desempeño de funciones con un nivel básico de formación, se establecen dos subgrupos:
Subgrupo 1.
Formación: Formación académica universitaria de grado superior (licenciatura/grado), complementada con una especialidad o postgrado habilitante cuando así lo requiera el ejercicio de la actividad profesional.
Criterios generales: Realizan tareas complejas y especializadas que requieren alto grado de competencia profesional y exigen la aplicación de criterios definidos para actuar con amplia iniciativa, autonomía y responsabilidad en cuanto a los resultados de su actividad.
Los cometidos desempeñados son clave para los procesos de producción o gestión, y están relacionados con actividades de planificación, asesoramiento, organización, elaboración de información y contenidos audiovisuales y multimedia, elaboración de informes para la dirección, diseño y desarrollo de proyectos, coordinación y control de recursos y procesos de trabajo, previsión, análisis, investigación, etc., y realizan aquellas actividades para las que capacitan y habilitan las titulaciones y especialidades correspondientes. Estas actividades, en ocasiones, conllevan la coordinación, organización y supervisión de equipos de trabajo en todo aquello derivado de las necesidades técnicas y características de su trabajo.
Subgrupo 2.
Formación: Formación académica universitaria de grado medio (diplomatura/ titulación técnica) o superior (licenciatura/grado), complementada en algún caso con una especialidad o titulación habilitante que se requiera para el ejercicio de la profesión.
Criterios generales: Realizan tareas complejas y especializadas que requieren un alto grado de competencia profesional, y desarrollan proyectos, programas o aplican técnicas siguiendo instrucciones generales. Cuentan con elevado grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad dentro de su ámbito, y su actividad está sujeta a supervisión sobre el grado de avance y resultados. Los contenidos profesionales actúan de soporte o complementan las actividades clave en relación con la producción o la gestión.
Desempeñan cometidos específicos para los que le habilitan las titulaciones requeridas y pueden coordinar, organizar y supervisar equipos de trabajo integrados por ocupaciones de nivel inferior directamente relacionadas con su área específica de actividad en todo aquello derivado de las necesidades técnicas y características de su trabajo, o participar en equipos de trabajo integrados por trabajadores de otras ocupaciones, o la interacción con diferentes áreas funcionales.
34.2.2 Grupo II.
Formación: El nivel de formación requerido es el de ciclo formativo de grado superior o título de nivel formativo equivalente.
Criterios generales: Profesionales que con amplios conocimientos de los procesos técnicos, operativos o administrativos de cierta complejidad, realizan funciones que requieren un importante grado de especialización para las que están plenamente capacitados, diversas pero homogéneas; actúan con un grado medio de iniciativa, autonomía y responsabilidad bajo supervisión general y de acuerdo con directrices establecidas. Pueden incluir trabajo en equipo, así como la coordinación y supervisión de equipos de trabajo que desempeñan tareas de su especialidad, o la coordinación de procesos operativos de su ámbito de actividad en todo aquello derivado de las necesidades técnicas y características de su trabajo.
34.3 Clasificación profesional y retribución:
Cada grupo profesional tiene asignado un nivel básico de acceso y niveles complementarios, a los que van asociados las correspondientes retribuciones básicas y complementarias.
Artículo 35. Ámbitos ocupacionales.
Se establecen los siguientes ámbitos ocupacionales:
Producción contenidos audiovisuales y multimedia.
Información y documentación.
Técnica.
Diseño y escenografía.
Gestión, administración y serv. corporativos (grupo I).
Realización y edición audiovisual.
Imagen, sonido y luminotecnia.
Producción.
Gestión y administración (grupo II).
Servicios corporativos (grupo II).
Decorados.
Vestuario e imagen personal.
Orquesta y coro (*).
(*) Este último ámbito ocupacional estará sujeto a lo que estipule el régimen especial de este colectivo recogido en convenio.
Cada ámbito ocupacional puede incluir funciones pertenecientes a diferentes grupos y subgrupos profesionales.
El ámbito ocupacional constituirá la base de orientación para el desarrollo y la promoción profesional.
Durante el periodo de vigencia del convenio las partes desarrollarán un sistema de promoción profesional que conjugue las necesidades de la empresa para mejorar su producción con las aspiraciones de los trabajadores y que tenga como criterios básicos:
La trayectoria y experiencia profesional.
La formación recibida.
La superación de determinadas pruebas.
Artículo 36. Movilidad funcional.
El nuevo sistema de clasificación profesional será la base para llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos.
36.1 Movilidad funcional ordinaria.
El marco de movilidad funcional ordinaria estará delimitado por las Ocupaciones Tipo pertenecientes a un mismo Grupo o Subgrupo profesional y Ámbito ocupacional, sin más limitaciones que las derivadas de las titulaciones y demás requisitos necesarios para su desempeño, de acuerdo con lo contemplado en el presente artículo.
36.2 Movilidad funcional a grupo o subgrupo profesional superior.
La realización de funciones de grupo o subgrupo profesional superior al que tuviera reconocido el trabajador, solo tendrá lugar cuando existan razones técnicas u organizativas que la justifiquen, el trabajador cumpla el requisito de titulación requerida, y por el tiempo imprescindible para su atención, que en ningún caso será superior a seis meses durante un año, o a ocho meses consecutivos o alternos en un periodo de dos años.
La realización de funciones de grupo o subgrupo profesional superior, no dará en ningún caso origen a la consolidación de ascensos.
Durante estos periodos el trabajador percibirá la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice.
36.3 Movilidad funcional a grupo o subgrupo profesional inferior.
La realización de funciones de grupo o subgrupo profesional inferior obedecerá a razones técnicas y organizativas y su duración no excederá del tiempo imprescindible para su atención, manteniéndose en todo caso el salario consolidado por el trabajador.
Artículo 37. Integración de los trabajadores en el nuevo sistema.
A efectos de su integración en el nuevo sistema de clasificación profesional, los trabajadores de CRTVE sujetos al ámbito de aplicación del convenio colectivo en el momento de entrada en funcionamiento de dicho sistema, serán clasificados en un grupo o subgrupo profesional, ámbito ocupacional y ocupación tipo, tomando como referencia la categoría laboral a la que estén adscritos en el sistema de clasificación del I convenio colectivo de CRTVE.
La posesión de una titulación en sí misma no implica el encuadramiento automático del trabajador en un grupo o subgrupo profesional, sino que la pertenencia vendrá determinada por el encuadramiento que se hace de la correspondiente categoría profesional del sistema de clasificación del I convenio colectivo de CRTVE en el nuevo sistema de clasificación.
Las categorías temporales que se definieron en los acuerdos parciales de XVII C.C. para adaptar al sistema de clasificación profesional a aquellos trabajadores que, en su día, no se encuadraron en las nuevas categorías laborales, se integrarán en el nuevo sistema de clasificación de CRTVE teniendo en cuenta la categoría de origen del XVI C.C.
Al final del proceso de integración todos los trabajadores de CRTVE quedarán encuadrados en el nuevo sistema, desapareciendo la clasificación por categorías laborales.
Todos los trabajadores se encuadrarán en el mismo nivel retributivo de la tabla de retribuciones básicas que tuvieran en el momento de entrada en vigor del nuevo sistema de clasificación, con la antigüedad en el nivel que tuvieran reconocida.
CAPÍTULO VI
Tiempos de trabajo y descanso
Artículo 38. Jornadas.
La regulación de tiempo de trabajo comprende dos elementos: jornada y horario. Se entiende la primera como el tiempo que está obligado el trabajador a trabajar, y el horario como un instrumento de concreción de la jornada para precisar el tiempo en que se ha de prestar el servicio.
La empresa fijará el calendario laboral de acuerdo con los aprobados por las correspondientes administraciones públicas.
Dada la naturaleza de la actividad desarrollada por CRTVE, tanto las jornadas como los horarios tendrán la variabilidad y movilidad que la indicada naturaleza exija en las áreas determinadas en este convenio colectivo.
Las especiales características de CRTVE no son de aplicación general, por lo que en determinadas áreas deben regularse los complementos necesarios en materia de jornada y horarios.
No obstante lo anterior, al amparo de lo establecido en el art. 34 del estatuto de los trabajadores sobre la distribución irregular de la jornada y en razón a la continuidad del servicio público esencial de CRTVE, todo trabajador que no tenga asignado ningún complemento de los que comportan variabilidad horaria, vendrá obligado a adecuar su jornada y horario laboral, ocasionalmente y por necesidades imprevistas y no planificables de aquel servicio. Esta distribución irregular de la jornada no podrá exceder de 9 jornadas a lo largo del año natural. De dichas jornadas, un máximo de dos podrán ser festivas, sin que las mismos puedan ser las de Nochevieja y Navidad.
Artículo 39. Jornada de trabajo.
La jornada ordinaria de trabajo anual se compone, como regla general, de la jornada base más la jornada que resulte del régimen de jornada ordinaria variable o de turnos que se regula en este capítulo.
Con carácter general se establece una jornada base anual de 1561 horas de trabajo, de 35 horas semanales y de siete horas diarias, excluidos sábados, domingos y festivos, con las particularidades y excepciones que se indican en este capítulo. El cómputo horario de las semanas será con el inicio de las semanas en lunes y terminando en domingo.
Tal y como dispone el artículo 4 del real decreto-ley 20/2011, «reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos», a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. Por lo tanto, y mientras continúen vigentes las prescripciones del mencionado artículo, con carácter general se establece una jornada base anual de 1.672,5 horas de trabajo durante el año 2013, de 37,5 horas semanales y de siete horas y media diarias, excluidos sábados, domingos y festivos, con las particularidades y excepciones que se indican en este capítulo. El cómputo horario de las semanas será con el inicio de la semana en lunes y terminando en domingo.
No obstante lo anterior, en razón a la continuidad del servicio público esencial de CRTVE, todo trabajador viene obligado a adecuar su jornada laboral, ocasionalmente y por imperiosas necesidades de aquel servicio, así como a realizar las horas extraordinarias que de tales circunstancias se deriven. Por tanto y atendiendo a la naturaleza excepcional de tal medida, solamente serán requeridos aquellos trabajadores imprescindibles para el trabajo concreto que motive la calificación de imperiosa necesidad.
Las diferentes áreas, dependencias y servicios publicarán mensualmente los cuadrantes con los horarios de cada trabajador que, con carácter general, deberán tener una periodicidad mensual. Esta publicación se realizará con al menos cinco días de antelación a la finalización del mes anterior a través del portal del trabajador o mediante el sistema informático adecuado.
CRTVE facilitará mensualmente al personal la certificación de los horarios realizados, así como la información sobre las horas extraordinarias, incidencias y descansos realizados a través del portal del trabajador, donde estará dispuesta la información antes de la finalización del mes siguiente.
La jornada diaria y semanal del personal con contrato temporal o indefinido será la misma que la del personal fijo de CRTVE.
Artículo 40. Descansos.
Por lo que respecta al régimen de descansos y a salvo de las condiciones especiales en materia de descanso que se pacten en el presente convenio, se seguirán las siguientes reglas generales:
• El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas.
• Salvo casos excepcionales, se retrasará la entrada al trabajo el siguiente día laborable para quienes no hayan observado tal descanso, manteniéndose el horario de salida.
• Todos los trabajadores, de manera genérica, disfrutarán de un descanso semanal de dos días en los fines de semana, a menos que por la singularidad de su jornada requieran otras pautas de descanso, todo ello de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de prevención y salud laboral.
• Los días libres acumulados y las horas extraordinarias compensadas con descanso deberán librarse antes de un año desde su generación, excluyendo en este periodo las bajas por enfermedad o accidente, maternidad, paternidad y excedencia por cuidado de familiares. En caso de no librarse por razones no atribuibles al trabajador se abonarán con el pago de horas extraordinarias.
• Cuando el horario de trabajo sea continuado, el trabajador disfrutará de quince minutos de descanso, computables como de trabajo. El momento de este disfrute se acomodará a las necesidades del servicio.
• Trabajo ante pantallas de visualización de datos (PVD). Quienes desarrollen su trabajo en aquellos puestos considerados como PVD tendrán derecho a una pausa de descanso de diez minutos cada dos horas de trabajo efectivo, no acumulables. El comité general de seguridad y salud laboral determinará qué puestos son considerados como PVD. CRTVE adoptará las medidas concretas que se acuerden en el C.G.S.S.L., para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud.
Las anteriores reglas sobre descansos, con excepción de las referentes al trabajo ante pantallas de visualización de datos, podrán adaptarse en los supuestos de régimen que implique variabilidad de jornada.
La maternidad/paternidad se asimila, como regla general, a los supuestos de adopción y/o acogimiento, y se ajustaran a lo previsto en la legislación específica.
Artículo 41. Horarios.
Los horarios podrán ser:
Horario continuado: es aquél en el que el trabajador realiza su trabajo en un sólo bloque de tiempo en un periodo de 24 horas, sin pausa, salvo un descanso de 15 minutos que se considerará como tiempo de trabajo. El disfrute de dicha pausa deberá acomodarse a las necesidades del servicio. El horario continuado podrá ser de mañana, tarde o noche.
Horario con pausa para la comida o cena: es aquél en que el trabajador desarrolla su labor en dos bloques temporales en un periodo de 24 horas con una pausa de una hora para comer o cenar. En este caso, dicha pausa destinada al tiempo de comida o cena no tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
En los centros de trabajo catalogados como «instalaciones especiales» que no dispongan de comedor, el tiempo de pausa se podrá ampliar hasta 30 minutos. Estos 30 minutos serán computables como tiempo de trabajo.
En el caso de que las necesidades del servicio o del desplazamiento impidan parar para comer o sea necesario estar localizado durante ese tiempo, se disfrutará de 20 minutos para la comida y/o cena que serán computados como tiempo de trabajo.
Como regla general tendrán derecho a desayuno, comida o cena los trabajadores que tengan asignado horario con pausa para comida o cena y cuya jornada comience o termine en los intervalos temporales que a continuación se regulan:
• Derecho a desayuno: trabajadores cuya jornada laboral o parte de la misma esté comprendida en el margen temporal entre las 4:00 y las 7:00. Para el desayuno se usarán los 15 minutos de descanso reglamentario contabilizados como tiempo de trabajo.
• Derecho a comida: trabajadores cuya jornada comience antes de las 13:30 y finalice después de las 15:30.
• Derecho a cena: trabajadores cuya jornada comience antes de las 21:00 y finalice después de las 22:30.
Cuando se realice una jornada de trabajo con derecho a desayuno, comida o cena, la CRTVE facilitará aquella, en los términos establecidos en el artículo 68 del presente convenio, en los servicios de comedor de empresa si los hubiere y, si no, se abonará la compensación económica que se establezca. Dichas interrupciones con carácter general se realizarán dentro de los siguientes intervalos horarios, de acuerdo con las necesidades del servicio:
• Comida: 13:00 a 16:30 horas.
• Cena: 20:00 a 22:30 horas.
En los casos en los que se establezcan turnos que incluyan la comida y cena, la segunda pausa se realizará como máximo en 20 minutos que serán computados como tiempo de trabajo efectivo.
Horario nocturno: Es el realizado en la franja horaria de noche y, concretamente, el comprendido entre las 22:00 y las 07:00.
Los trabajadores nocturnos que desempeñen su trabajo en la franja de noche lo harán en horario continuado y de forma rotativa por períodos de tiempo no superior a las dos semanas, salvo adscripción voluntaria. Estos trabajadores estarán sujetos a un régimen de variabilidad horaria.
Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en período nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.
La prestación de servicios en horario de noche llevará asociada una retribución específica.
Horario a turnos: se entenderá como tal el definido en el artículo 47.
Artículo 42. Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, se podrán adoptar las siguientes pautas:
a) Los trabajadores de CRTVE podrán sustituir, con carácter voluntario, el permiso de lactancia habitual para los hijos menores de doce meses, por un permiso de cuatro semanas que se acumulan a su permiso de maternidad y/o paternidad. Este beneficio será extensivo a los casos de adopción legal y se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
b) Los trabajadores que por razón de guarda legal tengan a su cargo directo hijos menores de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación, o a una persona con discapacidad psíquica, física o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo, con la reducción de retribuciones correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en la ley 30/1984 sobre cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado. Dicha autorización se otorgará siempre que la persona no desempeñe otra actividad retribuida. Este supuesto se aplicará también para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por cáncer o cualquier enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el servicio público de salud hasta que el menor cumpla los 18 años. En los casos en los que el tratamiento así lo aconseje podría acumularse la reducción a jornadas completas.
c) En el supuesto en el que el trabajador desarrolle su prestación de trabajo en una jornada especial distinta a la ordinaria, en los supuestos descritos en el apartado b, podrá optar, antes de aplicar lo previsto en dicho apartado b, por realizar la jornada normal de mañana o tarde y la reducción económica del complemento que le corresponda, siempre que la realización del servicio lo permita.
d) De mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, podrán flexibilizar en una hora el horario de entrada y salida de la jornada quienes tengan a su cargo, personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
e) Excepcionalmente, previo informe favorable del responsable de la unidad, la dirección de recursos humanos podrá conceder la modificación del horario, a título personal y temporal, en un máximo de dos horas, por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con especial atención a las familias monoparentales.
f) Las personas que tengan hijos con discapacidad psíquica, física o sensorial con un grado superior al 33%, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros, donde los hijos con discapacidad reciban atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.
g) Tiempo suficiente si se somete a un tratamiento de fecundación asistida: derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización.
h) Los trabajadores que desarrollen su prestación profesional bajo el régimen de disponibilidad y por tanto sujetos a las modificaciones de jornada propias de dicho régimen, podrán solicitar la suspensión temporal de la variabilidad de la jornada en las situaciones de lactancia, embarazo de riesgo y/o embarazo a partir del sexto mes de gestación. La dirección podrá llevar a cabo las modificaciones organizativas necesarias para garantizar el servicio, adaptando las condiciones laborales del resto de trabajadores afectados y velará para que esta suspensión se produzca sin perjuicios salariales a terceros.
i) Bolsa de horas. Cada trabajador afectado por una discapacidad reconocida superior al 33 % dispondrá anualmente de una bolsa de 30 horas, con la finalidad de favorecer su adaptación personal y social y garantizar la adecuación de sus características personales y profesionales al puesto de trabajo.
De forma similar, y sin que pueda acumularse a la bolsa establecida en el párrafo anterior, cada trabajador afectado por una discapacidad reconocida superior al 65 % dispondrá anualmente de una bolsa de 110 horas.
Salvo lo dispuesto posteriormente, el trabajador podrá disponer libremente de dichas horas mediante comunicación a su responsable directo con al menos 24 horas de antelación, que se realizará por escrito mediante los medios que al efecto determine la dirección de la empresa.
Salvo que el trabajador comunique expresamente los motivos de tal acumulación, las horas correspondientes a esta bolsa de horas solo se podrán utilizar acumuladas con un límite de hasta tres horas diarias.
La bolsa de horas regulada en el presente apartado se disfrutará de forma proporcional tanto a la jornada efectiva que el trabajador tenga asignada como a la fecha en que CRTVE tenga conocimiento oficial del reconocimiento del grado de discapacidad.
Artículo 43. Horarios variables.
Con carácter general, se determina que los complementos que comporten variabilidad horaria serán para el personal de CRTVE que preste servicios en los centros territoriales, dirección de medios, emisiones, controles, producción de informativos de TVE y RNE, interactivos, unidades informativas y en aquéllas otras dependencias en las que así lo determine la dirección por estimar que concurren análogas circunstancias en las prestaciones laborales.
Para la prestación del servicio en sábados, domingos y festivos, cuando no se esté adscrito al régimen de jornada de fin de semana, se establecerán turnos convenientes, para que todos los trabajadores de un mismo destino resulten afectados en forma equitativa, de conformidad con la legislación vigente.
Los tipos de complementos que comportan variabilidad horaria y/o de jornada son:
1. Mando orgánico.
2. Especial responsabilidad.
3. Disponibilidad.
4. Turnicidad.
5. Guardia.
6. Jornada de fin de semana.
7. Unidades informativas.
8. Jornada de rodaje.
9. Pacto de rodaje.
10. Gratificación absorbible.
11. Complemento de orquesta y coro.
12. Otros complementos: aquellos complementos acordados entre la empresa y el comité intercentros (DSNG, grupos operativos, digitalización y RTVE a la carta y cualquier otro que las partes determinen).
Artículo 44. Jornadas para mandos orgánicos.
Quienes ocupen puestos de mando orgánico deberán, cuando las circunstancias así lo requieran, realizar jornadas superiores a la jornada base, quedando compensados con el complemento de mando orgánico.
Artículo 45. Jornadas para especial responsabilidad.
Quienes ocupen puestos de especial responsabilidad deberán, cuando las circunstancias así lo requieran, realizar jornadas superiores a la jornada base. En aquellos que ostenten un complemento cuya retribución esté comprendida entre los niveles 51 y 55 tendrán un límite de 10 horas mensuales adicionales compensadas con el complemento de especial responsabilidad. El exceso de estas horas tendrá la consideración de horas extraordinarias.
Artículo 46. Disponibilidad.
Se aplicará al trabajador adscrito a puesto de trabajo que, realizando la cuantía normal de horas semanales de actividad, por las especiales características de aquél, requiera disponibilidad habitual y alteraciones constantes de horarios de trabajo, respetando siempre las doce horas de descanso entre jornadas.
Con carácter general, se determina que el complemento de disponibilidad será para el personal de CRTVE, que preste servicios en los centros territoriales, dirección de medios, emisiones, controles, producción de informativos de TVE y RNE, interactivos y en aquéllas otras dependencias en las que así lo determine la dirección por estimar que concurren análogas circunstancias en las prestaciones laborales, tras los acuerdos a establecer con sus comités de empresa o delegados de personal, para la determinación de los sectores y puestos de trabajo afectados.
Se aplicará mediante las dos siguientes modalidades:
a) Disponibilidad A: modificaciones en los horarios diarios de trabajo establecidos en el cuadrante horario y que no supongan un incremento de la jornada base de 37.5 horas semanales en cómputo mensual.
b) Disponibilidad B: modificaciones en la jornada base que supongan modificación de horario y/o ampliaciones de la jornada base hasta un máximo de 10 horas mensuales, que a estos efectos se considera la cuantía normal de horas semanales, distribuidas en bloques de 5 horas. La facultad de la empresa de modificación de horarios y de ampliación de jornada conlleva la correlativa obligación para el trabajador de estar sujeto a este régimen, así como de acudir al trabajo a materializar la prestación de servicio que sea requerida, en las condiciones contempladas en el presente convenio.
La adscripción a cada modalidad y el número de bloques de 5 horas mensuales al que está sujeto cada trabajador será comunicada en el portal del trabajador la última semana del mes anterior, junto al cuadrante en el que se establezca el horario de trabajo mensual de cada trabajador. Los bloques de horas de ampliación asignados a cada trabajador podrán aplicarse a lo largo de todo el mes, con respeto a las reglas establecidas a continuación:
La modificación del horario y/o jornada previamente fijado deberán comunicarse con una antelación mínima de 24 horas.
Las comunicaciones de estos cambios deberán hacerse avisando de forma directa al trabajador, para asegurar el conocimiento de los mismos.
En el caso de que con carácter excepcional por situaciones sobrevenidas o de difícil anticipación no pueda cumplirse el tiempo de preaviso de 24 horas para una convocatoria, respetando los compromisos derivados de la conciliación laboral, familiar y personal, el preaviso se realizará en las siguientes condiciones:
1. En el caso de la modificación horaria se podrá preavisar el día anterior durante la jornada de trabajo.
2. En el caso de que se tenga que prolongar el horario sobre el previsto, la comunicación deberá realizarse con una antelación mínima de cuatro horas antes de la finalización de la jornada prevista para ese día. En el caso de que el preaviso se produzca con menos antelación de lo expuesto anteriormente, el mero hecho de la comunicación equivaldrá a una hora trabajada, con independencia del número de horas que dicha modificación pudiera suponer.
En cualquiera de estos casos, cuando se supere la máxima jornada ordinaria las horas de más se computarán como horas extraordinarias. Estas modificaciones se repartirán entre todos los trabajadores del área y no podrán sobrepasar 3 días por mes natural y trabajador/a.
3. Las modificaciones que afecten a días de descanso o fines de semana que sean de descanso y que estén previamente fijados deberán comunicarse con una antelación de 5 días. El cómputo de jornada de los trabajadores adscritos al régimen de «jornada con disponibilidad», ya fuera con ampliación de horas trabajadas o para la modificación de la jornada base de 37.5 horas semanales, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. La suma de las jornadas realizadas a efectos retributivos será mensual.
2. La jornada ordinaria diaria de trabajo podrá oscilar entre un mínimo de cinco horas y un máximo de diez horas.
3. No podrán realizarse más de 50 horas de trabajo ordinarias cada semana.
Por cada festivo trabajado que coincida de lunes a viernes, se generará un día de descanso que se disfrutará de la forma que se establezca, conjugando las necesidades de la empresa y los intereses del trabajador.
4. El número máximo de días trabajados será de 10 días de trabajo en un periodo de 14 días, incluidos sábados, domingos y festivos, respetando siempre un descanso mínimo de 2 días consecutivos y si se trabajasen consecutivamente 10 días, el trabajador tendrá derecho a un descanso ininterrumpido de cuatro días.
El reparto del trabajo en festivos será equitativo entre los trabajadores de los mismos puestos de trabajo de cada área o unidad. El personal que trabaje en sábado, domingo o festivo será compensado además con el complemento de festivo correspondiente.
El trabajador descansará un mínimo de 2 fines de semana por mes natural. El descanso de fin de semana lo podrá cambiar voluntariamente el trabajador, de acuerdo con la empresa, por el descanso en domingo y lunes o viernes y sábado.
5. En éste régimen de jornada, se considerará tiempo de trabajo extraordinario aquél que se desempeñe superando los límites establecidos como tiempo máximo de trabajo en los apartados 2, 3 y 4.
Los trabajadores que tengan asignada disponibilidad podrán intercambiar sus jornadas de trabajo de mutuo acuerdo, con la autorización de la jefatura inmediata superior. Se entenderá concedida dicha autorización en el caso de que no conste de forma manifiesta su denegación, con indicación de la causa. En caso de denegación, se comunicará dicha causa a la dirección de recursos humanos.
Como consecuencia del poder organizativo de CRTVE, será facultad de ésta designar los trabajadores que, en cada caso, estarán sujetos a cada tipo de régimen de disponibilidad. El periodo concreto en que este régimen resulte necesario aplicar no se entenderá consolidado por otros periodos que no hayan sido expresamente señalados por la empresa.
Artículo 47. Turnicidad.
Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo, según la cual los trabajadores rotan sucesivamente sus horarios o turnos de trabajo, según un cierto ritmo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período de tiempo determinado.
Se aplicará a los equipos de trabajo, definidos por la dirección y consultada la representación de los trabajadores, sujetos a procesos productivos continuos, en los que las personas afectadas ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo con una cadencia semanal. Implicará para estas personas la necesidad de prestar sus servicios y disfrutar los descansos en horas diferentes en un período determinado de tiempo.
El personal incluido en este sistema tendrá un calendario base anual, con el fin de permitir organizar el tiempo libre. Las modificaciones de los turnos establecidos se comunicarán la última semana del mes anterior, a través del cuadrante mensual; todo ello, salvo casos puntuales derivados de bajas o ausencias no previstas, en los que el preaviso se adecuará al imprevisto ocurrido.
Los turnos podrán ser, con carácter general, de dos clases, siendo la especificada en el apartado «b)» siguiente la jornada tipo.
a) Turnos con jornadas máximas de 37,5 horas semanales en cómputo anual. La jornada diaria será de 7,5 horas.
b) Turnos con jornadas máximas de 40 horas semanales en cómputo anual, para servicios que requieran de 16 a 24 horas continuadas. La jornada diaria será de 8 horas.
c) Se podrán establecer turnos de duración y computo diferentes, previo acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.
Los trabajadores sujetos a turnicidad tendrán derecho, como en todos los demás supuestos, al descanso semanal obligatorio, preferentemente en sábado y domingo, que deberá establecerse dentro de los respectivos cuadrantes de turnos y con un reparto equitativo entre el personal incluido en el turno.
Modificaciones de turnos:
• Los trabajadores sujetos al mismo régimen de turnos podrán intercambiar los turnos horarios y días de descanso por mutuo acuerdo, con el conocimiento de la jefatura inmediata superior, y con las únicas limitaciones al descanso que establece la legislación vigente.
• Cambios de horario por necesidades de la empresa: los trabajadores podrán ser requeridos para cambiar su turno de trabajo establecido o modificar el inicio de su jornada por necesidades de la empresa con un preaviso de 24 horas de la modificación, salvo que circunstancias sobrevenidas lo impidan. Las comunicaciones de estos cambios deberán hacerse avisando de forma directa al trabajador, para asegurar el conocimiento de los mismos. Los cambios se repartirán entre todos los trabajadores del turno y no podrán sobrepasar los 2 días por mes natural y trabajador.
• En el caso de que con carácter excepcional por situaciones sobrevenidas o de difícil anticipación no pueda cumplirse el tiempo de preaviso de 24 horas para una convocatoria, el mero hecho de la comunicación implicará el pago de 19 € por menor preaviso. En todo caso deberán respetarse los compromisos derivados de la conciliación laboral, familiar y personal.
• En caso de imprevisto por debajo del preaviso de 24 horas por causas no imputables a la empresa, se tendrá que cubrir el turno hasta que se produzca el relevo con una ampliación máxima de 3 horas y no más de 11 horas de trabajo. Para el relevo, la empresa intentará cubrirlo con la mayor brevedad posible.
Artículo 48. Guardias.
CRTVE podrá fijar un régimen de guardias al que los trabajadores serán asignados, siempre que voluntariamente acepten la solicitud de la empresa de adscribirse al mismo. Además de realizar su jornada habitual, deberán permanecer localizables a través del sistema de localización que se determine, durante el periodo establecido. En el caso que no haya voluntarios, los servicios esenciales para el mantenimiento de edificios y señales serán cubiertos con trabajadores designados por el área de forma rotatoria.
Las guardias podrán ser de dos tipos:
a) De lunes a viernes.
b) De sábado y domingo.
Las guardias se fijarán mensualmente, comunicándose al trabajador en el cuadrante del mes correspondiente. En virtud de la guardia, el trabajador afectado por la misma deberá permanecer localizable y realizar la tarea que le sea encomendada, acudiendo al centro de trabajo o a exteriores, en cuyo caso el medio de transporte correrá por cuenta de CRTVE, con el carácter más inmediato posible, en caso de que sea requerido para ello. El tiempo de trabajo empezará a contar desde el momento en que el trabajador sea localizado.
El régimen de guardia puede suponer tanto la alteración horaria como la ampliación de la jornada. Los excesos de jornada, una vez agotada la jornada máxima ordinaria, se considerarán horas extraordinarias.
El régimen de guardia no podrá recaer sobre un mismo trabajador por más de dos periodos durante el mismo mes, uno de lunes a viernes y uno de sábado y domingo, salvo que el trabajador lo acepte voluntariamente. El incremento por más de dos periodos solicitado de forma voluntaria por más de un trabajador se repartirá de forma equitativa entre los solicitantes.
Artículo 49. Jornada fin de semana.
Es aquella en la que el trabajador realiza su labor en los centros de producción y/o en aquellos otros en los que se acuerde entre la dirección y el comité intercentros, y desempeña su prestación profesional de conformidad al siguiente régimen de jornada:
• Prestación efectiva de trabajo durante tres días de la semana (viernes, sábado y domingo; o sábado, domingo y lunes). En estos casos, la jornada no podrá superar el límite de 11 horas diarias de trabajo, teniendo una jornada semanal de 28 horas de trabajo computables a todos los efectos como las 35 horas de la jornada ordinaria.
• El descanso semanal de estos trabajadores será el resto de los días de la semana. Se compensarán como horas extraordinarias los excesos de jornada sobre la jornada ordinaria establecida para el fin de semana en los párrafos anteriores.
La jornada de fin de semana se cubrirá preferentemente con adscripciones voluntarias. En caso de no cubrirse con voluntarios, será cubierta con jornadas normales de manera rotativa entre los trabajadores del área afectada, siendo los periodos de rotación máxima de cuatro meses.
No tendrá la consideración de jornada de fin de semana la desarrollada en sábado y/o domingo como consecuencia de la aplicación del régimen de jornada de disponibilidad, guardia, turnicidad u otro tipo de jornada especial.
Artículo 50. Unidades informativas.
Debido a las especiales circunstancias de las unidades informativas, la dimensión de sus plantillas y la necesidad de que los trabajadores de las mismas atiendan su encomienda de servicio público y tengan una mayor flexibilidad, funcionalidad y adaptabilidad de sus condiciones de trabajo, se crea un complemento de puesto de trabajo en las mismas que atienda estas especiales circunstancias y permita a las unidades adaptarse a sus necesidades singulares.
Este complemento incluirá la conducción del vehículo, siempre que el trabajador esté habilitado para ello. El transporte para la realización del trabajo irá a cargo de la empresa y los gastos que su uso conlleve deberán ser abonados previamente a los trabajadores.
Las jornadas, funciones y horarios estarán a lo dispuesto para los trabajadores con disponibilidad y polivalencia, pudiendo en este caso excepcionarse del tiempo de preaviso general por cinco veces al mes.
Los trabajadores de las unidades informativas desarrollarán sus funciones para cualquiera de los medios de comunicación de que dispone la corporación RTVE.
En el caso de que el trabajador no cumpla los requerimientos que se desprenden del complemento de unidades informativas, se elevará a la dirección de recursos humanos la solicitud de retirada de este complemento, que informará a la representación del CI con carácter previo a su resolución.
Artículo 51. Jornadas de rodaje.
1. En los supuestos en los que, a juicio de la empresa, haya de procederse a la cobertura de eventos o rodajes que por su singularidad no puedan atenderse por las vías ordinarias previstas en el presente convenio colectivo, la empresa determinará el régimen de prestación de trabajo exigible durante las indicadas fechas en lo relativo a jornada, variabilidad horaria, trabajo en festivos y trabajo nocturno, y el régimen de descanso, así como los equipos o profesionales necesarios. La empresa notificará con los mismos criterios de preaviso que para la disponibilidad, de forma previa al desplazamiento, a los trabajadores afectados de su decisión. Asimismo, se comunicará periódicamente a los comités de empresa qué trabajadores perciben el complemento de jornadas de rodaje, tan pronto dicha información esté disponible.
2. Cuando se realice un viaje para la cobertura de acontecimientos informativos, rodajes o eventos especiales, se percibirá un complemento de jornada de rodaje por día en que circunstancialmente deba realizarse la cobertura, que puede significar una dedicación laboral superior a su jornada ordinaria.
3. Las jornadas realizadas con este complemento computarán como jornadas de 7,5 horas en el cómputo horario, sin tener en cuenta la jornada realizada.
Durante el tiempo en que se presten servicios en el evento concreto no se aplicarán las previsiones del citado convenio en materia de jornadas y descanso, así como tampoco las retribuciones complementarias asociadas a éstos, con las excepciones establecidas en las tablas de incompatibilidades de este convenio.
Si durante los días de seguimiento del evento coincide el trabajo en sábado, domingo o festivo recogido en el calendario laboral de la empresa, estos días se compensarán además con la cantidad prevista de módulo festivo del convenio colectivo y, en el caso de que no le corresponda trabajar en ese día, el día libre correspondiente.
Artículo 52. Pactos de rodaje.
Los pactos reguladores de las condiciones de trabajo en procesos productivos de larga duración y previsibles con antelación deberán ser negociados con la representación legal de los trabajadores, en el ámbito correspondiente, con una antelación mínima de diez días al inicio del evento, siendo obligatorio lo pactado para todos los trabajadores afectados.
El pacto de rodaje incluye también en su ámbito de aplicación a los mandos intermedios, orgánicos o funcionales, percibiendo en todo caso la diferencia entre la retribución pactada y la parte proporcional de su complemento de mando en los días de aplicación del pacto de rodaje.
Artículo 53. Comisiones de servicio.
1. Concepto y efectos.
1.1 Comisión de servicio es la misión o cometidos especiales que se ordenen circunstancialmente al trabajador a realizar en otra localidad o lugar distinto a aquel en que deba prestar ordinariamente su trabajo y será de aplicación en distancias iguales o superiores a cuarenta y cinco kilómetros desde el centro de trabajo. Dado el carácter de servicio público de CRTVE, la orden de comisión de servicio es obligatoria para el personal siempre que se comunique con setenta y dos horas de antelación. Afectará de forma equitativa al personal sobre el que recaiga habitualmente. En caso de que la comisión de servicio no implique pernocta fuera del domicilio habitual del trabajador, se podrá aplicar el régimen de preavisos del artículo 46, respetando el horario y, en su caso, la pausa ordinaria de comida contemplada en el artículo 41.
1.2 El personal que tenga que cumplir comisión de servicio percibirá por adelantado el importe o un anticipo de las dietas y gastos de locomoción a que la comisión da lugar, conforme al artículo 71 de este convenio.
1.3 La duración máxima de la comisión de servicio será de cuarenta y cinco días ininterrumpidos en territorio nacional y de dos meses en el extranjero. No obstante, si el plazo resultara insuficiente y lo exigen razones de servicio público, podrá prolongarse hasta otros treinta días en ambos casos.
1.4 CRTVE determinará los medios adecuados para efectuar los desplazamientos en transportes públicos, tales como automóvil, ferrocarril, barco, avión, etc.; o, previa aceptación del trabajador/a, vehículo aportado por CRTVE o el vehículo propio del trabajador/a.
2. Jornada en comisión de servicios.
Durante el tiempo en el que el trabajador deba realizar su trabajo en comisión de servicio, realizará la jornada y horarios requeridos por las necesidades del servicio o tarea para la que ha sido enviado.
En función del plan previo de actividad o teniendo en cuenta las particularidades de la actividad que durante el desplazamiento vaya a realizarse, ante la imposibilidad en ocasiones, de realizar un cómputo exacto del trabajo realizado, se aplicará alguna de las siguientes fórmulas de cómputo:
• Cuando se prevea que la actividad a desarrollar no vaya a ocupar en su totalidad más tiempo que el de la jornada base en promedio de 37,5 horas semanales o con la ampliación de jornada asignada, la única variación se producirá en la medida en que la jornada deba fraccionarse a lo largo del día, en dos bloques entre los cuales no habrá un intervalo superior a 2,5 horas para garantizar el descanso entre jornadas y en atención a las circunstancias del trabajo concreto a efectuar planificado por la empresa.
• Cuando, por el contrario, se prevea que el tiempo de trabajo sea superior a la jornada señalada anteriormente, se podrá optar de mutuo acuerdo por la adscripción al régimen de jornada de rodaje por cada día de pernocta.
• Las horas realmente trabajadas durante la comisión de servicio se computarán dependiendo del régimen al que el trabajador esté adscrito, abonándose las que excedan del total de horas ordinarias como horas extraordinarias, salvo que esté incluido en el complemento de jornadas de rodaje. Cuando en el desplazamiento no haya ningún responsable de la planificación de los horarios del equipo desplazado, se deberá justificar por escrito a la vuelta a la jefatura correspondiente las jornadas realizadas, que serán incluidas en el resumen mensual.
• En el caso de que las necesidades del servicio o del desplazamiento impidan el disfrute del tiempo para comer o la necesidad de estar localizado durante este tiempo, se disfrutará del mínimo tiempo para el desayuno, comida o cena y será computable como jornada laboral.
3. Tratamiento del tiempo de viaje.
Es el tiempo invertido en el desplazamiento a una localidad o ubicación diferente a la del centro de trabajo habitual, a una distancia igual o superior a 45 kilómetros, donde debe realizarse un trabajo específico a requerimiento de CRTVE.
3.1 El tiempo de viaje, que será establecido previamente por CRTVE, se considerará como tiempo de trabajo en los siguientes términos:
• Cuando en el desplazamiento se invierta un tiempo superior al de una jornada ordinaria de trabajo y en dicho día solo se viaje, se computará la totalidad de las horas invertidas en el viaje hasta un máximo de diez como una jornada de trabajo.
• Cuando el viaje vaya precedido o seguido de actividad laboral, se computará la totalidad de las horas invertidas en el viaje, más las efectivamente trabajadas.
• El cálculo del tiempo que vaya a invertirse en un viaje, siempre que en éste se utilice el vehículo propio o aportado por CRTVE, se hará de acuerdo con las previsiones de tiempo de las guías oficiales de carreteras y los tiempos de los descansos recomendados.
Se pernoctará fuera cuando se cumpla una de las siguientes condiciones, salvo voluntariedad en contrario del trabajador:
• Que la jornada más el desplazamiento sea igual o superior a 10 horas efectivas de trabajo.
• Que la hora de inicio del viaje de vuelta sea a partir de las 22 horas y la estimación del viaje sea superior a las tres horas.
• También se pernoctará fuera cuando, sin cumplirse las condiciones anteriores, el responsable así lo decida, atendiendo a medidas de seguridad.
3.2 Cuando se trate de cubrir algún acontecimiento informativo o evento especial en lugar distinto al de trabajo habitual que suponga desplazamiento y se esté sujeto a jornada de rodaje, el tiempo de viaje se computará como un día más de los dedicados a la cobertura de dicho evento y se retribuirá de igual forma que los días de trabajo en el lugar del desplazamiento.
Artículo 54. Prestación de servicios fuera de los centros de trabajo de CRTVE.
En el caso de una misión o cometidos especiales que se ordenen realizar circunstancialmente al trabajador en lugar distinto a aquel en que deba prestar ordinariamente su trabajo, en la misma localidad o en otra localidad a menos de 45 Kms. del centro de trabajo, los trabajadores podrán ser citados en lugares distintos a los centros de trabajo, siempre que no deba llevarse equipo de trabajo. CRTVE pondrá los medios de transporte o abonará los costes que este desplazamiento pueda originar.
En los casos que el evento tenga requerimientos especiales el trabajo podrá incluirse en el complemento de jornadas de rodaje.
Artículo 55. Instalaciones especiales.
1. En aquellos centros especiales de CRTVE, en que no sea posible, por las peculiaridades de su emplazamiento y climatología, observar el régimen general de jornadas y horarios, CRTVE podrá mantener, de acuerdo con el personal afectado, y durante todo el año o en los meses en que sea preciso, algunos de los siguientes sistemas:
a) Trabajo durante un día en el centro emisor, en jornada máxima de quince horas, sin obligación de pernoctar en el centro, y con derecho a licencia durante los dos días inmediatos al de realización del servicio, en cuantía necesaria para cumplir el promedio semanal de jornada laboral general de este convenio.
b) Trabajo y permanencia en el centro emisor, con pernocte en el mismo, durante períodos de tres o cinco días, con derecho a licencia en los días inmediatos en la cuantía necesaria para cumplir el promedio semanal de jornada laboral general de este convenio. La jornada de trabajo efectivo durante el período de permanencia será discontinua, permitiendo al personal el descanso nocturno. El período de permanencia nocturna, sin trabajo efectivo, sólo se contabiliza a efectos de jornada cuando CRTVE obligue a dicha permanencia y pernocte.
c) Trabajo y permanencia en el centro emisor, de hasta veinticuatro horas continuadas, seguidas de tres días completos de licencia. La jornada de trabajo, por ser discontinua, se considera extendida a todo el tiempo de permanencia del trabajador en el centro, y tendrá la cuantía necesaria para atenerse al general promedio semanal de jornada laboral de este convenio.
Tales regímenes especiales no serán de aplicación al mando orgánico o responsable del centro.
2. Quienes observen alguno de los regímenes especiales citados en el número 1 disfrutarán de un día libre más sobre los reseñados anteriormente, por cada número de días festivos no dominicales igual al número de turnos de trabajo establecidos. Este descanso se observará en el primer o segundo turno inmediato a aquel período, y de no poderse disfrutar, se compensará o incrementará el período anual de vacaciones.
3. La vacación anual reglamentaria del personal sujeto a alguno de los regímenes mencionados en el número 1, se concretará en la exención de servicio durante un número de días igual al cociente de dividir el período total de vacaciones retribuidas entre el número de turnos de trabajo del centro con derecho a los días de descanso sucesivos como si efectivamente se hubiera trabajado.
En igual proporción se concretará el disfrute de las licencias que concede el artículo 58.
4. Excepcionalmente, CRTVE podrá acceder a que el personal no obligado, en general, a pernoctar en el centro, lo efectúe algún día concreto, sin que esta permanencia se considere como jornada a ningún efecto.
5. CRTVE se obliga a mantener en buen uso el mobiliario y enseres de sus centros aislados, y el personal queda autorizado para su uso adecuado.
6. En todo lo no especificado en este artículo resultarán de aplicación al personal destinado en centros especiales lo establecido en este convenio colectivo.
7. CRTVE acordará con la representación de los trabajadores (C.I.) la calificación de centros aislados, así como el régimen de trabajo que en cada uno de los citados en el punto número 1 haya de observarse, notificándolo al ministerio de trabajo.
Artículo 56. Horas extraordinarias.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, se consideran horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria establecida en cada caso para cada modalidad de prestación de trabajo. Su realización deberá ser previamente aceptada por el trabajador.
a) Son horas extraordinarias diurnas las realizadas entre las siete y las veintidós horas, y nocturnas las que se realicen en las restantes horas.
b) Por simplificación administrativa, las horas extraordinarias se abonarán según la tabla de valores de horas tipo para cada nivel económico, que se establece en el anexo número 1 de este convenio.
c) La mitad de las horas extraordinarias podrá compensarse con horas de descanso, con un incremento en este caso del 75 por 100, cuando las necesidades del servicio lo permitan en el plazo de cuatro meses desde su generación.
Artículo 57. Vacaciones anuales.
Con carácter general, los trabajadores acogidos al presente convenio disfrutarán de una vacación anual retribuida de veinticinco días laborables.
En el supuesto de tener asignada jornadas de fin de semana, los días de vacaciones se calcularán de forma proporcional a la jornada teórica asignada, que se librarán durante los días laborables del trabajador.
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente desde el uno de junio al treinta de septiembre, o en cualquier otra época del año, en todo caso supeditadas a las necesidades del servicio, pudiendo fraccionarse a elección del trabajador. Uno de los períodos deberá ser de al menos el 50 por 100 del total de las vacaciones.
En situación de familias monoparentales se facilitará la elección de turno a las personas que tengan asignado el periodo vacacional de sus hijos/as por acuerdo o decisión judicial en ese periodo.
No existirá límite al fraccionamiento del otro período, siempre que ello sea compatible con las necesidades del servicio y se haya comunicado antes del 1 de abril a CRTVE.
Cada dependencia, unidad o departamento organizará las vacaciones de su personal antes del primero de mayo de cada año. No podrán variarse los turnos de vacaciones, salvo por necesidades ineludibles del servicio o por circunstancias especiales del trabajador, debidamente justificadas.
En caso de discrepancia entre los turnos de vacaciones asignados en una determinada área, deberán elegirse, entre los trabajadores que realicen una misma función o funciones de un mismo ámbito ocupacional y grupo profesional, al de mayor antigüedad y atendiendo a ésta por turnos rotativos de carácter anual. En caso de igual antigüedad se atenderá a la mayor edad.
Este derecho lo es sobre el período mayor o principal, y una vez elegido éste se volverá a elegir sobre los períodos menores, sucesivamente según la prelación anteriormente mencionada.
Las vacaciones no disfrutadas en el año natural al que correspondan, por no haber sido solicitadas por el trabajador o por no haber aceptado éste el período que le corresponda atendiendo a las necesidades del servicio o a los derechos preferentes de sus compañeros de unidad o departamento, se le asignarán para disfrutarlas antes del 15 de enero del siguiente año.
Los trabajadores que, por necesidades de servicio, sean requeridos por CRTVE para disfrutar fuera del periodo preferente establecido como mínimo la mitad de la vacación anual, tendrán derecho a un día más de vacaciones.
Aquellos trabajadores que cumplan turnos de 20-24 horas durante todo el año, con rotación continuada mañana, tarde, noche, dispondrán de 3 días adicionales de vacaciones al año o la parte proporcional en función del tiempo en que hayan desarrollado este tipo de servicio.
Los trabajadores que presten sus servicios en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla disfrutarán de tres días naturales más de vacaciones anuales.
Artículo 58. Licencias.
Una vez superado el período de prueba los trabajadores tendrán derecho a disfrutar, previa solicitud por escrito o por el medio telemático que se establezca, de licencias en los casos, por las causas y con la duración que a continuación se indica:
1. Licencias retribuidas.
a) Por matrimonio del trabajador, quince días naturales. Asimismo, por la inscripción en un registro oficial de «parejas de hecho» acreditada documentalmente, quince días naturales. Esta licencia no será acumulable a la de matrimonio cuando exista coincidencia entre los componentes de las uniones que dan derecho a la misma.
b) Por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días, ampliables hasta cinco si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse fuera de su residencia.
c) Por enfermedad grave de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por igual duración a la establecida en el párrafo anterior.
d) Por nacimiento de hijo o adopción, el padre tendrá derecho a tres días naturales, ampliables hasta cinco si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse fuera de su residencia.
e) Permiso de paternidad, para el año 2013, quince días naturales, y a partir del 1 de enero de 2014 dieciséis días naturales ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo en los casos de partos, adopción o acogimiento múltiples. Dicho permiso se ampliará a veinte días naturales ininterrumpidos en caso de familia numerosa, o con algún miembro con discapacidad superior al 33%. Esta licencia se podrá disfrutar a jornada completa o parcial.
f) Permiso de maternidad, por una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas que se ampliarán en dos semanas más por cada hijo, a partir del segundo. A opción de la madre también se podrá ceder parte del permiso al otro progenitor en el caso de que ambos trabajen, sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre. Esta licencia se podrá disfrutar a jornada completa o parcial.
g) Por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
h) Por lactancia, una vez finalizada la suspensión por maternidad. El tiempo para lactancia podrá disfrutarse como ausencia diaria de una hora según se regula en las disposiciones vigentes acumulándolo para su disfrute en un periodo de cuatro semanas de ausencia. Este último beneficio será extensivo a los casos de adopción legal o acogimiento.
i) Por cumplimiento de un deber público inexcusable y personal, dispuesto en las normas legales vigentes, durante el tiempo que lo exija.
j) Por motivos particulares, hasta tres días al año, a razón de 1 día por cuatrimestre que el trabajador se encuentre en activo. Esta licencia se disfrutará siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Sólo con carácter excepcional, estas licencias podrán disfrutarse antes o después de las vacaciones. Estos días de libre disposición caducarán en el año natural en el caso en que no hayan sido disfrutados.
k) Por asistencia a exámenes de estudios oficiales, por el tiempo imprescindible.
l) Por traslado de domicilio habitual, un día.
m) Por visita médica del trabajador. Siempre que sea posible se realizará fuera de la jornada laboral. Para justificar la ausencia por rehabilitación, se deberá aportar justificante de prescripción de la misma, así como de asistencia a la rehabilitación indicando el horario. Por visita médica acompañando a un familiar, será por el tiempo imprescindible y tendrá carácter de recuperable. Se deberá aportar justificante de dicha visita, pero el trabajador deberá recuperar ese tiempo prolongando su jornada dentro del mismo mes natural. Se considera no recuperable la licencia concedida para visita médica acompañando a padres con acreditada situación de dependencia, o hijos menores de 12 años, hasta un máximo de 4 horas diarias y 14 horas anuales, ampliándose este ultimo límite de 14 horas anuales hasta 22 en el caso de tratarse de visita médica de hijos con edad inferior a 6 años, hijos con una acreditada situación de dependencia, o hijos de familias monoparentales.
n) Por asistencia a pruebas de diagnóstico del embarazo y/o preparación al parto, para los empleados que vayan a ser padres, incluso si los dos trabajan en CRTVE, un máximo de 15 horas.
Para justificar aquellas licencias en las que se indica «por el tiempo imprescindible» será necesaria la presentación del justificante en el que se indique la hora de inicio y fin.
El único documento válido para justificar una ausencia por enfermedad es la baja médica.
2. Licencias no retribuidas.
Sin derecho al abono de retribución alguna, por asuntos propios y una sola vez al año, por un plazo no superior a tres meses fraccionable en dos periodos, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Esta licencia podrá ser suspendida en cualquier momento por imperiosas necesidades del servicio. El tiempo de licencia sin retribución no se computará a efectos de antigüedad, ni a efectos del cálculo de vacaciones anuales reglamentarias.
Los profesores de la orquesta y del coro, por las peculiaridades derivadas de su trabajo, podrán solicitar dicha licencia cinco veces al año, siempre que el cómputo de peticiones no supere el plazo establecido de tres meses.
CAPÍTULO VII
Sistema retributivo
Artículo 59. Retribuciones
1. Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de sus servicios por cuenta ajena para CRTVE, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo.
2. No tendrán la consideración de salario, dentro de los límites legales, las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social o las abonadas por CRTVE como consecuencia de jubilación voluntaria y las indemnizaciones correspondientes a traslados, extinciones de contratos o despidos.
3. Los trabajadores a tiempo parcial percibirán sus retribuciones en proporción a la jornada que tuvieran señalada.
4. El pago del salario base y los complementos, a excepción de los de periodicidad superior al mes, se efectuará por mensualidades vencidas.
Artículo 60. Anticipos.
1. El trabajador tendrá derecho a solicitar de CRTVE anticipos de hasta un 90 por cien del importe líquido mensual de sus retribuciones, sin que éstos puedan superar nueve anticipos anualmente.
2. Se establece la creación de dos anticipos especiales como máximo al año, por un importe líquido de dos mensualidades de salario base y antigüedad cada uno, a reintegrar en cuatro meses, reintegrándose en cada uno de los cuatro meses al menos un diez por ciento de la cantidad anticipada.
3. No podrán concederse anticipos cuando se tengan anticipos especiales pendientes de devolución.
4. Para aquellos trabajadores que, en cumplimiento del acuerdo de supresión de rutas adquieran el abono transporte en un solo pago (enero de cada año), CRTVE anticipará el importe del citado abono, descontándolo mes a mes durante el año.
Artículo 61. Retribuciones personales.
Salario base y progresión.
a) Salario base es la retribución mensual asignada a cada trabajador, de acuerdo con el sistema recogido en el presente convenio, por la realización ordinaria de su jornada de trabajo y por los períodos de descanso computables como de trabajo.
b) La progresión en el salario base retribuye el enriquecimiento en la aportación laboral que se deriva de la mayor cualificación profesional en el trabajo. La progresión entre niveles económicos supone un perfeccionamiento cualitativo que en ningún caso está ligado únicamente al tiempo de permanencia en la empresa. La progresión en el salario base hace pasar al trabajador desde el nivel básico de entrada a los siguientes, hasta el nivel más alto establecido para cada grupo.
En cada Grupo profesional, y en su caso subgrupo, se establece un nivel básico y niveles complementarios de acuerdo con las tablas siguientes:
TIEMPO MÍNIMO
GRUPO I SUBGRUPO I
TIEMPO MÍNIMO
GRUPO I SUBGRUPO II
TIEMPO MÍNIMO
GRUPO II
NIV. ECON.
NIV. ECON.
NIV. ECON.
3
A3
3
A3
3
A3
3
A2
3
A2
3
A2
3
A1
3
A1
3
A1
3
B3
3
B3
3
B3
3
B2
3
B2
3
B2
3
B1
3
B1
3
B1
3
C3
3
C3
3
C3
3
C2
3
C2
3
C2
2
C1
3
C1
3
C1
1
D3
3
D3
3
D3
0,5
D2
3
D2
3
D2
NIVEL BÁSICO
D1
2
D1
3
D1
1
E3
3
E3
0,5
E2
3
E2
NIVEL BÁSICO
E1
2
E1
1
F3
0,5
F2
NIVEL BÁSICO
F1
El nivel básico de cada grupo es el nivel mínimo o de entrada en la CRTVE; los diferentes niveles complementarios compensan progresivamente la adquisición del conocimiento, la mayor cualificación en el desempeño de sus funciones y el valor añadido aportado por cada trabajador.
La progresión entre niveles económicos de cada grupo se realizará conforme a las siguientes reglas:
1. El sistema de progresión y consolidación económica del salario base dentro del grupo profesional se llevará a cabo desde el nivel básico a los niveles complementarios superiores.
En los grupos profesionales grupo I (subgrupos I y II) y II desde el nivel básico se podrá progresar económicamente alcanzando el nivel complementario inmediatamente superior, si ha transcurrido el período mínimo establecido en cada nivel de cada grupo profesional y se han superado los siguientes requisitos:
i. Permanencia en cada nivel del tiempo mínimo para pasar al inmediato superior.
ii. Haber desarrollado y superado todos los cursos y acciones formativas a las que hubiera sido convocado durante la permanencia en su nivel actual, de acuerdo con los criterios establecidos en la comisión general de formación.
En el caso de que el trabajador no sea convocado en el plazo correspondiente a ningún curso o acción formativa por razones no imputables al mismo, el trabajador progresará con la aplicación del primer criterio.
Si habiendo sido convocado a algún curso o acción formativa el trabajador no hubiera asistido, no progresará y se le dará un plazo correspondiente a la mitad del tiempo requerido para la progresión del nivel para subsanar este requisito.
Una vez alcanzado el nivel económico máximo de la escala salarial (A3), se consolidará cada cuatro años un incremento económico equivalente al 3% del salario base.
2. Los requisitos a cumplir durante el período de tiempo que media entre cada salto de nivel económico consistirán en la superación de los cursos y acciones formativas que se señalen por la comisión general de formación para cada grupo profesional y ámbito ocupacional mediante procedimiento objetivo acordado por dicha comisión general de formación.
CRTVE comunicará a cada trabajador el reconocimiento de la progresión de nivel de salario base y de complementos.
Anualmente, CRTVE comunicará a la representación de los trabajadores la relación de trabajadores a los que se reconozca progresión en el nivel de salario base y de complementos.
Artículo 62 Complementos.
Son complementos salariales las retribuciones del trabajador que se adicionan al salario base cuando concurren los requisitos y circunstancias que dan derecho a su percepción. Su pago se efectuará mensualmente.
El pago de complementos se hará en función del sistema retributivo establecido para el salario base, de acuerdo con las siguientes normas:
Nivel cuya letra inicial sea A o B: valor 1.
Nivel cuya letra inicial sea C o D y esté clasificado dentro del grupo I – subgrupo I: valor 2.
Nivel cuya letra inicial sea C o D y esté clasificado dentro del grupo I – subgrupo II o grupo II: valor 3.
Nivel cuya letra inicial sea E o F: valor 4.
Los valores de los distintos complementos según esta clasificación se acompañan en el anexo 1, y sus compatibilidades se encuentran recogidas en el anexo 2.
Los complementos se clasifican en:
a) Personales. Retribuyen las condiciones personales del trabajador que no hayan sido valoradas al ser fijado el salario base de su grupo profesional y ámbito ocupacional.
b) De puesto de trabajo. Retribuyen una mayor o distinta aportación por las características del puesto de trabajo. Se justifican por el ejercicio de la actividad profesional mientras se mantengan las causas que los originan y no tienen carácter consolidable.
c) Por calidad y cantidad de trabajo. Se percibe en razón de una mejor calidad o mayor cantidad de trabajo, aportadas conforme a las especificaciones de cada complemento concreto.
d) De vencimiento periódico superior al mes. Son las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre.
e) Indemnización de residencia en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Tendrán derecho a este complemento los trabajadores adscritos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y que desarrollen allí su labor profesional.
Artículo 63. Complementos personales. Gratificación absorbible.
Los trabajadores que ostentando un mando orgánico fueran cesados en el cargo por alguno de las siguientes causas:
– Finalización del plazo establecido del puesto.
– Por incapacidad para el desempeño efectivo del cargo por más de tres meses.
– Por amortización del cargo.
– Por revocación del nombramiento propuesto por superior jerárquico.
Tendrán derecho a una retribución complementaria y transitoria, cuya cuantía ascenderá al veinticinco por ciento del complemento de mando orgánico, si ocupó el cargo más de dos años. La cuantía que resulte de realizar las anteriores operaciones y que se perciba por este complemento tendrá la consideración de cantidad bruta y estará sometida a los descuentos de IRPF y de Seguridad Social que legalmente le correspondan.
Este complemento tendrá una duración de dos años a partir de la fecha del cese, y será absorbible y compensable por todos los conceptos y complementos retributivos, salvo por los incrementos derivados del complemento de antigüedad, desde el mismo momento de su percepción.
Artículo 64. Complemento de convenio.
Este complemento se compondrá por la diferencia entre la extinta paga de productividad establecida en el anterior convenio, y los valores consolidados de la citada paga de productividad en las tablas de salario base, en términos anuales. El valor resultante se abonará en catorce mensualidades.
Cada trabajador percibirá la cuantía de complemento que le corresponda en función del nivel económico de complementos que hubiera detentado en el I convenio CRTVE.
Se adjunta tabla con los importes mensuales consolidados por este concepto en relación con los niveles de complementos suprimidos en el presente convenio:
NIVELES ANTIGUOS
VALORES MENSUALES
Nivel 1
30,09
Nivel 2
24,90
Nivel 3
19,79
Nivel 4
14,80
Nivel 5
9,81
Nivel 6
4,89
Este complemento afectará tan solo a los trabajadores de alta o asimilación de alta a la fecha de entrada en vigor del presente convenio colectivo. Su aplicación será a partir del 1 de enero de 2014.
Artículo 65. Complemento familiar voluntario.
CRTVE abonará a los trabajadores un complemento familiar de carácter voluntario por hijos menores de 18 años, así como por cónyuge o conviviente reconocido que estén a su cargo.
Artículo 66. Complementos personales. Antigüedad.
Retribuye la vinculación y dedicación personal del trabajador por cuenta de CRTVE evidenciada por el tiempo de servicio. Se trata de un complemento salarial consolidable que se devenga cada tres años de servicios prestados, cuyo valor se recoge en las tablas que acompañan al presente convenio y que es único para todos los trabajadores de CRTVE. A estos efectos sólo será computado el tiempo de servicio efectivo.
Comenzará a devengarse a partir del día uno del mes en que se cumpla cada trienio. Se percibirá por mensualidades y en las pagas extraordinarias en los términos previstos en el artículo 70 del presente convenio.
Artículo 67. Complementos de puesto.
1. Complemento de mando orgánico.
Retribuye las actividades y responsabilidades que se adicionan a las derivadas de las retribuciones básicas, inherentes al ejercicio de mando orgánico en CRTVE, además de ser el encargado de coordinar un equipo de trabajadores a su mando, autorizado por el correspondiente nombramiento, durante la vigencia de éste. Se establecerá una acción positiva para que a igualdad de méritos y competencia acceda al puesto la persona del sexo menos representado en dichos puestos.
2. Complemento de especial responsabilidad.
Se percibirá por aquel trabajador que haya de realizar actividades o funciones de coordinación o mando funcional u operativo, o se le exija una responsabilidad de cualificada complejidad que, sin corresponder al mando orgánico, exceda del normal exigible por sus retribuciones básicas. Se establecerá una acción positiva para que a igualdad de méritos y competencia acceda al puesto la persona del sexo menos representado en dichos puestos.
La percepción de este complemento implica la posibilidad de ampliación de jornada y especial dedicación.
3. Complemento de disponibilidad.
El trabajador percibirá por este complemento las siguientes cuantías:
Se percibirá una cuantía mensual que compensará el hecho de que el trabajador deba desempeñar su trabajo conforme al régimen de flexibilidad horaria dispuesto en el art. 46 a lo largo del mes que se tenga que retribuir.
En el caso de ampliación de jornada, se percibirá una cuantía adicional mensual por cada bloque de 5 horas adicionales de prestación de servicio efectivo que se pudieran requerir al trabajador, conforme a las reglas establecidas en el artículo 46
4. Complemento de turnicidad.
Se trata de la retribución asociada al régimen de turnos rotativos que exista en determinados servicios descritos en el artículo 47 del presente convenio.
Se percibirá una cuantía mensual por estar sujeto al régimen de turnos, en función del tipo de turno de que se trate.
5. Complemento de guardias.
Se percibirá una cuantía por cada franja en que se esté en situación de guardia, existiendo dos posibles franjas:
– De lunes a viernes
– De sábado a domingo
Asimismo, se percibirá la cantidad correspondiente por cada día en que el trabajador sea requerido para un servicio de lunes a viernes o de sábados a domingos
6. Complemento de jornada de fin de semana.
Se aplicará al trabajador adscrito a puesto de trabajo y que realiza la jornada regulada en el artículo 49, y disposición transitoria séptima. Su cuantía será por mes.
7. Complemento de unidades informativas.
Se aplicará al trabajador adscrito a las unidades informativas y que realiza la jornada regulada en el artículo 50. Su cuantía será por mes.
8. Complemento de jornada de rodaje.
Retribuye la asignación del trabajador al régimen de jornada de rodaje descrito en el artículo 51 y conforme a las cuantías señaladas en la tabla recogida en el anexo número 1.
1. Por cada día de jornada de rodaje con pernocta en el domicilio.
2. Cuando se realice un viaje de acuerdo con lo contemplado en el artículo 51, se percibirá un complemento por día en función del país de que se trate. Para la percepción de las anteriores cantidades se tendrán en cuenta los siguientes criterios relacionados con el país de desplazamiento:
• Países de la unión europea.
• Países fuera de la unión europea de renta alta: a modo de ejemplo; USA, Canadá, Australia, Japón, Islandia, Singapur, etc.
• Países fuera de la unión europea de renta baja: países africanos, sudamericanos, asiáticos, etc.
• Países con problemas de seguridad: aquellos países asolados por un desastre natural, o en general cualquier país, zona o destino para los que el ministerio de asuntos exteriores en sus recomendaciones de viaje establezca la existencia de un riesgo alto o medio y que considere la necesidad de tomar especiales medidas en materia sanitaria.
• Países en conflicto: aquellos países inmersos en cualquier tipo de conflicto bélico, étnico, etc., que establezca el ministerio de asuntos exteriores.
La comisión paritaria del convenio tendrá competencias para actualizar la relación de países y el tratamiento que reciban cada uno de ellos en función de la variación de su situación particular.
9. Complemento de instalaciones especiales.
Tendrán derecho a este complemento aquellos trabajadores destinados y que presten servicios en el centro de Noblejas.
10. Complemento de peligrosidad.
Realización habitual de trabajos en puestos calificados como de severidad muy alta. Su cuantía oscilará atendiendo al grado de riesgo que lo determine.
Tendrá carácter transitorio, comprometiéndose CRTVE a aplicar todos sus medios para hacer desaparecer o disminuir los riesgos de estos puestos.
A efectos de aplicación de este complemento, será el comité general de seguridad y salud laboral de CRTVE, quien propondrá las áreas de trabajo y personas a quienes deba abonarse dicho complemento.
11. Complemento de idiomas.
Será de aplicación al trabajador que desempeñe funciones que requieran el uso de idiomas extranjeros por necesidades de CRTVE, los aplique con un nivel alto de conocimientos, con elevada frecuencia e impliquen una aportación personal de importancia y con adecuada continuidad, sin estar incluidos en las exigencias de conocimientos propios de la ocupación tipo que ostente.
Será requisito imprescindible la acreditación de conocimientos en grado suficiente de los idiomas que se utilicen, previa superación de las pruebas o controles que establezca la empresa.
Percibirá las siguientes cantidades:
– Conocimiento y aplicación de un idioma extranjero el 100% del complemento.
– Conocimiento y aplicación de dos o más idiomas extranjeros el 200% del complemento
12. Complementos de la orquesta y coro de CRTVE:
Tendrán derecho a este complemento aquellos trabajadores de la orquesta y coro cuyos puestos e importes figuran en el anexo 1.
13. Complemento de servicio médico
Con este complemento se retribuyen las prestaciones y obligaciones de los servicios médicos de empresa integrados por ley en los servicios de prevención.
14. Complemento de servicio prevención.
Con este complemento se retribuyen las prestaciones y obligaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales integrados por ley en los servicios de prevención.
Artículo 68. Complementos de calidad o cantidad.
1. Complemento de festivos:
Con carácter general, salvo lo previsto al efecto en la tabla de incompatibilidades del anexo número 2, todo el personal que trabaje en festivo, sábados y domingos percibirá por día realmente trabajado el módulo correspondiente.
Aquellos trabajadores que trabajen en Nochebuena y Nochevieja dentro de la franja horaria comprendida entre las 21:30 y la 01:00 percibirán la cantidad establecida en el anexo 1.
Aquellos trabajadores que, sin tener asignado un complemento de los que comportan variabilidad horaria, les sea asignado trabajo en sábado, domingo o festivo percibirán 100 euros por cada festivo trabajado.
2. Complemento de horas extras.
Retribuye los excesos de las jornadas de trabajo ordinario detalladas en el artículo 56 del presente convenio, y su importe será el establecido en el anexo 1.
3. Gratificaciones diversas.
Las propuestas de concesión de gratificaciones especiales podrán surgir desde las direcciones de área, de los representantes de los trabajadores y de los propios trabajadores, concretándose los criterios y motivos de su concesión. De las otorgadas quedará constancia en el expediente personal del trabajador.
4. Complemento de formación.
Se abonará este complemento a los trabajadores de CRTVE que colaboren en la elaboración y/o impartición de cursos de formación a través del instituto RTVE.
5. Complemento de tribunales.
Se abonará este complemento a los trabajadores de CRTVE que colaboren en las pruebas de selección establecidas en el sistema de provisión de plazas, por la cuantía acordada entre la dirección y el C.I.
6. Comidas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41, el personal tendrá derecho a utilizar los servicios de comedor, en aquellos centros donde esté establecido dicho servicio y dentro del horario de comidas que figura en dicho artículo, estableciéndose un procedimiento de copago según las siguientes características:
– En los casos en que exista comedor en el centro, CRTVE abonará el 50% del valor del menú establecido a la contrata, abonando el trabajador el resto del coste de su consumición.
– En los casos en que no exista comedor de empresa en el centro de trabajo, se abonará la cantidad establecida en el anexo 1.
La no utilización de los servicios de comedor no dará derecho al abono de las cantidades.
Artículo 69. Otros complementos.
1. Complemento de transportes.
Cuando el trabajador deba prestar su trabajo en lugar distinto a aquel en que presta ordinariamente su trabajo, CRTVE facilitará los medios de transporte para los desplazamientos al mismo o, en caso contrario, abonará las cantidades recogidas en el anexo 1.
2. Complemento de nocturnidad.
Se percibirá este complemento por cada hora de trabajo realizada entre las 22,00 horas y las 7,00 horas.
3. Complemento de polivalencia.
Este complemento se percibirá por el trabajador a quien se le encomiende la realización de funciones correspondientes a distintos ámbitos ocupacionales dentro del mismo grupo profesional.
4. Otros complementos:
Los complementos de DSNG, steadycam, grupos operativos, digitalización Valencia y RTVE a la carta Valencia, complemento transitorio acuerdos 2003 de Navarra y País Vasco, y cualquier otro que las partes determinen, se regirán por lo acordado entre la empresa y el comité intercentros, o en las disposiciones o resoluciones que las regulan.
Artículo 70. Retribuciones con devengo superior al mes.
1. Pagas extraordinarias.
Todos los trabajadores acogidos al presente convenio tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, cada una de ellas de cuantía equivalente al salario base, al complemento de antigüedad y al complemento de convenio del artículo 64.
Cuando no se trabaje todo el año, las pagas extraordinarias se abonarán proporcionalmente al tiempo trabajado.
El devengo de la paga de junio será del 1 de enero al 30 de junio y la de la paga de diciembre del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.
Artículo 71. Compensaciones por gastos derivados de comisiones de servicios o desplazamientos.
Se definen como aquellas cantidades que se derivan por la asignación de un trabajador a una comisión de servicio. Se excluyen de éstas las cantidades objeto de retribución especial expresa, tal como la establecida en pactos de rodaje y similares.
Toda comisión de servicio con derecho a dietas no durará más de cuarenta y cinco días ininterrumpidos en territorio nacional y de dos meses en el extranjero. No obstante, si el plazo resultara insuficiente y lo exigen razones de servicio podrá prolongarse hasta otros treinta días en ambos casos.
Por el lugar de realización de la comisión de servicio la dieta puede ser nacional, si se desarrolla dentro del territorio nacional, o para el extranjero, si se realiza fuera del territorio nacional. El devengo de la dieta para el extranjero comenzará el día en que se llegue al país de destino, cesando a partir de la llegada a territorio nacional. Los corresponsales en el extranjero devengarán, por tanto, dieta nacional cuando, por motivos de trabajo, realicen comisión de servicio dentro del territorio español.
Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de dieta y gastos de locomoción.
a) Dieta es la cantidad que se devenga para satisfacer los gastos que origina la estancia del trabajador en comisión de servicio en localidad o lugar que diste 45 kilómetros o mas de aquél en que deba prestar ordinariamente su trabajo o para el que, estando a menor distancia y durando la comisión más de una jornada, los gastos de locomoción de ida y vuelta entre ambos lugares excedan el importe de la dieta correspondiente con alojamiento incluido.
b) Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio.
1. La cuantía de la dieta a percibir en comisión de servicio será única para todo el personal de la CRTVE, fijada y actualizada periódicamente de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo.
La cuantía de la dieta se distribuirá del siguiente modo:
TIPO
ALOJAMIENTO
–
Euros
COMIDA
–
Euros
CENA
–
Euros
DIETA NACIONAL
34,40
25,80
21,50
DIETA INTERNACIONAL
60,80
45,60
38,00
El alojamiento concertado se efectuará en hotel de tres estrellas o similar, en régimen de habitación doble de uso individual, siempre que las circunstancias lo permitan.
2. Se abonarán, según el valor previamente establecido y en la proporción correspondiente, cuando el trabajador efectúe comisión de servicio que obligue a pernoctar fuera de su domicilio habitual, en localidad distinta a la que el trabajador preste su actividad. El abono se efectuará siempre contra la presentación de la factura correspondiente al alojamiento.
En estos casos, si la comisión de servicio durara menos de veinticuatro horas consecutivas, el trabajador tendrá derecho al abono de una dieta completa.
3. El día de regreso en las comisiones de servicio superiores a veinticuatro horas, el trabajador percibirá la proporción de dieta correspondiente a los gastos de comida que le correspondan.
4. En los desplazamientos por razón de comisión de servicio a otra localidad, el trabajador tendrá derecho a los siguientes porcentajes de dieta para almuerzo y para cena:
4.1 Cuando la comisión de servicio dura menos de 24 horas sin pernocte:
4.1.1 Si dicha comisión de servicio dura más de nueve horas el trabajador tendrá derecho a los valores de almuerzo y cena reflejados en la tabla del punto 1 de este artículo.
4.1.2 Si dicha comisión de servicio dura nueve o menos horas el trabajador tendrá derecho:
4.1.2.1 Al valor del almuerzo reflejado en la tabla del punto 1 de este articulo. Únicamente si la referida comisión de servicio coincide con horario entre las 14:45 y las 15:45 horas.
4.1.2.2 Al valor de la cena reflejado en la tabla del punto 1 de este articulo. Únicamente si la referida comisión de servicio coincide con horario entre las 21:45 y las 22:45 horas.
4.2 Cuando la comisión de servicio sea superior a 24 horas, cada periodo de 24 horas, a contar desde la hora de inicio de la comisión, da derecho a una dieta completa y los excesos se computarán en el día de regreso.
4.2.1 Si el exceso dura más de nueve horas el trabajador tendrá derecho a los valores de almuerzo y cena reflejados en la tabla del punto 1 de este artículo.
4.2.2 Si el exceso dura nueve o menos horas, el trabajador tendrá derecho:
4.2.2.1 Al valor del almuerzo reflejado en la tabla del punto 1 de este articulo, únicamente si el referido exceso coincide con horario entre las 14:45 y las 15:45 horas.
4.2.2.2 Al valor de la cena reflejado en la tabla del punto 1 de este articulo, únicamente si el referido exceso coincide con horario entre las 21:45 y las 22:45 horas.
5. Para efectuar los desplazamientos se facilitarán los medios necesarios que determine la empresa, que podrán ser: ferrocarril, barco, avión, vehículo aportado por la CRTVE o, en su defecto, vehículo propio del trabajador cuando sea requerido por la empresa y aceptado por el trabajador.
6. Las jornadas en desplazamientos, por razones del servicio, dentro de la misma localidad o zona de trabajo que coincidan con los horarios de almuerzo o cena, darán derecho al trabajador al cobro de la compensación establecida en las tablas salariales del anexo 1. Quedan exceptuados de esta norma aquellos trabajadores que puedan utilizar el servicio de comedor.
Esta compensación será de aplicación en distancias iguales o inferiores a cuarenta y cinco kilómetros desde el centro de trabajo.
A estos efectos, se considerará horario de almuerzo y cena las quince y cuarto y las veintidós y cuarto horas, respectivamente.
7. Los importes de la dieta nacional, dieta internacional y kilometraje se reseñan en el anexo numero 1.
8. En los desplazamientos autorizados con vehículo propio se abonarán los gastos de peaje, así como los gastos de aparcamiento siempre que se desplace equipo de trabajo o sea imprescindible para el desarrollo del trabajo a realizar.
9. La asistencia obligada a cursos de capacitación, especialización, reciclaje o perfeccionamiento organizados por CRTVE se considera comisión de servicio cuando se realice en otra localidad o lugar de trabajo a una distancia igual o superior a 45 kilómetros de aquél en que se deba prestar ordinariamente su trabajo. Dará lugar a las compensaciones previstas en esta norma, salvo que se establezcan becas o conciertos económicos sustitutorios de la dieta.
Artículo 72. Vestuario de trabajo e instrumentos musicales.
CRTVE facilitará el vestuario adecuado al trabajador que por su actividad laboral deba emplearlo. En este caso será obligatorio su uso.
CRTVE abonará una cantidad mensual a los profesores instrumentistas de la orquesta sinfónica que aporten a su trabajo el instrumento musical de su propiedad.
Artículo 73. Prestación complementaria por enfermedad, prestación por maternidad / paternidad / riesgo durante el embarazo.
Se establece una prestación por enfermedad o accidente, con el fin de que los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o profesionales, empleados en periodo de maternidad/paternidad o trabajadora en riesgo durante el embarazo, completen el 100 por 100 de su retribución básica por jornada base, incluida la antigüedad y complementos que correspondan, percibidos durante el mes anterior al hecho causante; así como la parte proporcional de las pagas extraordinarias que pudieran corresponderles. En el caso de la maternidad, a los efectos del cálculo de complementos variables, la formula se aplicará sobre lo percibido en el año anterior al hecho causante.
CAPÍTULO VIII
Derechos y deberes. Régimen disciplinario
Artículo 74. Derechos.
Además de los derechos que la legislación laboral reconoce y los que este convenio le confiere, todo trabajador de CRTVE es acreedor, cualesquiera sean su grupo profesional, ámbito ocupacional, cargo o función, a los siguientes:
a) Desempeño efectivo de un puesto de trabajo correspondiente a su grupo profesional, ámbito ocupacional y jornada laboral.
b) Respeto a su dignidad profesional.
c) Reconocimiento de su aportación individual y valoración de la calidad de su trabajo.
d) Recibir información adecuada para el mejor desarrollo de su función profesional y respecto de la política general de CRTVE.
e) Desarrollo permanente de sus aptitudes.
f) Ser consultado y oído en materia de su trabajo.
g) Dotación de los medios adecuados para efectuar su trabajo.
h) Trabajar en lugar y ambiente idóneo para las funciones a realizar.
i) Mantener el derecho y el deber al secreto profesional en los términos establecidos tanto en la legislación vigente como en la normativa interna aplicable de CRTVE.
j) Derecho a la propia defensa en cualquier expediente disciplinario.
k) Participar, directamente o a través de sus representantes, en los órganos colegiados de CRTVE en que así se establezca y especialmente en las áreas de gestión social.
l) Respeto, en el ejercicio de las actividades laborales en CRTVE, de los principios básicos a que han de ajustarse aquéllas, según los respectivos estatutos profesionales vigentes.
m) Contribuir, en colaboración con la dirección de CRTVE, en todas aquellas actividades sociales que beneficien al personal y a la imagen pública de CRTVE.
Artículo 75. Deberes.
Todo trabajador de CRTVE viene obligado a:
a) Cumplir el horario de trabajo establecido, desempeñando durante el mismo, con la debida atención y diligencia, las funciones que tenga encomendadas, bajo la dirección e instrucciones de sus superiores orgánicos y funcionales y las generales sobre trabajo en CRTVE.
b) Observar las normas del presente convenio y aquellas otras generales vigentes en CRTVE.
c) Realizar durante el horario de trabajo ocupaciones propias del servicio. Se considerarán dentro de aquéllas las permitidas por la legislación sindical vigente.
d) Usar adecuadamente el material e instalaciones.
e) Guardar el secreto profesional.
f) Dar conocimiento del cambio de domicilio a la dirección de recursos humanos.
g) Dar aviso al responsable de su unidad cuando alguna necesidad imprevista urgente y justificada impida la asistencia al trabajo.
h) Presentarse y permanecer en el lugar de trabajo con aseo.
i) Respetar los preceptos de la Constitución.
j) El trabajador deberá informar al servicio de prevención y salud laboral de las dolencias o enfermedades que padezca, así como de los tratamientos o regímenes alimentarios a que esté sometido, siempre que afecten a su puesto de trabajo o a terceras personas. La falta de comunicación de los mencionados datos exonerará a la CRTVE de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.
Artículo 76. Clases de faltas.
1. Los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del convenio de CRTVE quedan sujetos al presente régimen disciplinario.
2. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de ilicitud penal, se suspenderá su tramitación formulando la pertinente denuncia o querella. La formalización de querella o la iniciación de diligencias penales por interposición de denuncia o por otro medio posibilitarán la adopción de alguna de las siguientes medidas cautelares:
– Medida cautelar de suspensión de empleo de CRTVE por un plazo máximo de treinta días. Una vez transcurrido dicho plazo, el mismo podrá ser prorrogado mediante acuerdo con el trabajador y previa comunicación de la prorroga de dicha medida a la representación legal de los trabajadores.
– Medida cautelar de movilidad, transfiriendo al trabajador afectado a departamento o servicio distinto al que viniese ocupando.
La tramitación de procedimiento penal y la suspensión de empleo interrumpirán la prescripción de la falta.
3. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a CRTVE respecto de los procedimientos disciplinarios que se substancien, sin perjuicio de la responsabilidad en que el trabajador haya incurrido por los mismos.
Artículo 77. Graduación.
Las faltas se graduarán atendiendo a su importancia, intencionalidad y transcendencia en leves, graves y muy graves.
Artículo 78. Faltas leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
1. Descuido o demora injustificados en la ejecución del trabajo a realizar.
2. El retraso injustificado superior a cinco e inferior a diez minutos se considerará falta cuando se produzca tres veces durante un período de sesenta días consecutivos.
3. La inasistencia al trabajo, injustificada o sin autorización, de un día durante el período de un mes.
4. El abandono del servicio, aún después de finalizada la jornada laboral, cuando haya de producirse relevo por un compañero sin que se haya presentado aquél, siempre que la empresa no conociese este imprevisto al inicio de la jornada laboral.
5. Ausencia injustificada, no reiterada, del puesto de trabajo, así como no notificar previamente la ausencia cuando esta sea conocida o previsible, o no cursar, en tiempo oportuno, la baja correspondiente cuando se falta al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
6. Pequeños descuidos en la conservación del material, mobiliario, vestuario o enseres.
7. No atender al público o a los compañeros de trabajo con la corrección y diligencia debidas.
8. No comunicar a la dirección de recursos humanos los cambios de residencia o domicilio, así como las alteraciones familiares que afecten al régimen de la seguridad social.
9. La falta de aseo personal.
10. La mera infracción de las normas de régimen y tráfico interior que establezca, en cada caso, la dirección.
11. Ingerir alimentos o bebidas en lugares prohibidos, debidamente señalizados.
Artículo 79. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
1. El retraso injustificado superior a treinta minutos se considerará falta cuando se produzca tres veces durante un período de sesenta días consecutivos.
2. La inasistencia al trabajo, injustificada o sin autorización, de dos a cuatro días durante el período de un mes.
3. Omitir conscientemente la comunicación a la dirección de recursos humanos de las alteraciones familiares con repercusión económica o de seguridad social.
4. Entregarse puntualmente a juegos, entretenimientos o pasatiempos de cualquier clase estando de servicio.
5. El incumplimiento de las funciones encomendadas o de las instrucciones impartidas por los responsables orgánicos o funcionales, en materias relacionadas con el cometido profesional.
6. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo o el retraso deliberado en las actuaciones que le son propias.
7. La imprudencia con infracción de normativa reglamentaria o interna en la prestación del servicio.
8. Las derivadas de las conductas descritas en el artículo anterior, faltas leves, que produzcan alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, en su caso, accidentes o deterioros de las instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio de CRTVE.
9. La reiteración en la comisión de falta leve, entendida como la comisión de dos o más faltas sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se produzcan en un período no superior a tres meses
10. Incumplir las instrucciones impartidas por la empresa sobre vestuario cuando el trabajador aparezca en pantalla o represente a la empresa.
11. Contravenir las instrucciones de los facultativos, estando en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente.
12. El incumplimiento de la normativa interna que conlleve la realización de actuaciones contrarias a los intereses de la empresa, o supongan una alteración o perjuicio para CRTVE. Cuando este incumplimiento sea reiterado, implique conductas contrarias a derecho, o se refiera a normativa que haya sido adoptada previa consulta a la representación legal de los trabajadores, podrá calificarse como muy grave.
13. Fumar en cualquiera de los centros de trabajo e instalaciones de CRTVE, salvo en los espacios al aire libre de acuerdo con la legislación vigente.
14. La alegación de causa falsa en la solicitud de excedencia, para la obtención de las licencias a que se refiere el artículo 58 de este convenio, o la simulación de enfermedad o accidente. Las irregularidades que demuestren falsedad o fraude en las prestaciones previstas en el artículo 105 del convenio.
15. Simular la presencia de otro trabajador, contestando, firmando o fichando por él la entrada o la salida del trabajo, o cualquier hoja de control de presencia.
Artículo 80. Faltas muy graves.
Se consideran como faltas muy graves:
1. Faltar al trabajo cinco o más días sin causa justificada, en un periodo de 6 meses.
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los compañeros de trabajo o cualquier otra persona al servicio de CRTVE o en relación de trabajo con ésta.
3. Robar o hurtar, hacer desaparecer temporal o definitivamente, inutilizar, destrozar o causar desperfectos voluntaria o negligentemente en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, mobiliario, efectos personales y documentos de CRTVE o de sus trabajadores.
4. La condena del trabajador por delitos dolosos, o por su participación en hechos delictivos, así como la comisión por el trabajador de actos que produzcan resolución judicial firme, aún en vía no penal, que afecten a la seguridad, normalidad y funcionamiento de CRTVE. No tendrán la consideración de faltas de asistencia al trabajo las causadas por mera detención.
5. La embriaguez o toxicomanía habitual durante el servicio, u ocasional en el caso que repercuta negativamente en el resultado del trabajo o en las relaciones y clima laboral existente. Se entenderá que son habituales la embriaguez y/o la toxicomanía cuando hayan mediado previamente dos apercibimientos escritos por la misma causa en un año.
6. El quebrantamiento del secreto profesional o de correspondencia, así como la manipulación, tratamiento o uso indebido de documentos y datos de CRTVE de reserva obligada, con independencia de la existencia o no de perjuicio económico o pérdida de prestigio para CRTVE. Tendrá la consideración de quebrantamiento del secreto profesional la vulneración del secreto exigible sobre las pruebas y deliberaciones relativas a los tribunales constituidos para la realización de pruebas selectivas.
7. Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de organismos, empresas o personas ajenas, en relación con el desempeño del servicio.
8. Las amenazas, los malos tratos de palabra y obra o las faltas de respeto y consideración graves a los jefes, así como a los compañeros y subordinados o a sus familiares.
9. Expresarse ofensivamente y de forma intencionada contra creencias religiosas y principios morales y políticos de las personas.
10. El incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y salud laboral, o causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusables, así como el no prestar a todo accidentado el auxilio que esté a su alcance.
11. Abandonar el puesto de trabajo cuando las funciones a desarrollar sean de notoria trascendencia. A tales efectos, se considera abandono del trabajo tanto la ausencia de las instalaciones como la permanencia dentro de las mismas de forma no localizada y desatendiendo las funciones del servicio que le son propias, así como el incumplimiento de las funciones que se tienen encomendadas.
12. La obstrucción o negativa a la realización de las tareas encomendadas conforme a los nuevos métodos de racionalización del trabajo o modernización que haya aprobado CRTVE y respecto de los que el trabajador haya sido informado y debidamente formado.
13. La alteración de las reglas de convivencia manifestada a través de enfrentamientos físicos o discusiones violentas, con los compañeros o los superiores, en el lugar de trabajo.
14. Las derivadas de las conductas descritas en el artículo anterior, faltas graves, que produzcan alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, en su caso, accidentes o deterioro de las instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio de CRTVE.
15. El abuso de autoridad, entendiendo éste como la comisión, por parte de un jefe orgánico o trabajador del grupo superior al del afectado, de un acto arbitrario que implique infracción de un precepto legal de este convenio, o un resultado desviado de los fines para los que está conferida la autoridad, o la emisión de una orden de iguales características, así como insultos, amenazas, intimidación o coacción.
16. La introducción en el centro de trabajo de armas, drogas, o materias que puedan ocasionar riesgos, peligros o daños para las personas, cosas o instalaciones, o afecten a la marcha normal del trabajo.
17. Obstaculizar, de forma dolosa, el ejercicio de las libertades públicas y los derechos sindicales.
18. Las conductas de acoso psicológico o el comportamiento de índole sexual (acoso sexual y por razón de sexo) ya sea físico, verbal o de cualquier otra índole no deseado, inoportuno y sin reciprocidad, que atente contra la salud, la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo, la seguridad en el empleo o propicie unas condiciones de trabajo tensas o intimidatorias. Para su aplicación efectiva se establecerá un procedimiento que garantice el carácter confidencial de las quejas y denuncias presentadas.
19. La desobediencia a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que éstas constituyan infracción del ordenamiento jurídico.
20. La no comunicación por parte de los jefes responsables a la dirección de recursos humanos de las incidencias o incumplimientos de los trabajadores a su cargo. El consentimiento del incumplimiento conocido, la connivencia o tolerancia del mismo cuando por las circunstancias y obligaciones del cargo debiera haberse conocido, o que siendo conocidas no hiciera nada por revertir la situación, así como el consentimiento a la infracción por éstos de las obligaciones que se recogen en el artículo 89 de este convenio.
21. La realización de actividades profesionales en tiempo de trabajo ajenas a aquellas que debería desarrollar como consecuencia de su puesto de trabajo, así como emplear para fines distintos al cometido profesional y en su propio beneficio o el de terceros, los útiles, materiales, instalaciones y medios técnicos o humanos de CRTVE.
22. La reiteración en la comisión de falta grave, entendida como la comisión de dos o más faltas sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se produzcan en un período no superior a un año.
23. Hacer uso indebido de cargos o denominaciones de CRTVE o atribuirse aquellos que no se ostenten.
24. Estar incurso en las incompatibilidades del artículo 104 de este convenio y cualesquiera otras faltas de la misma gravedad o naturaleza que deriven de la legislación vigente.
25. Cualquier otro incumplimiento que implique una grave transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza.
Artículo 81. Clases de sanciones.
1. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en falta serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.
b) Por faltas graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a treinta días.
– Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a sesenta días.
– Despido con pérdida de todos los derechos en CRTVE.
2. Las sanciones se impondrán por el orden establecido a excepción de las correspondientes a faltas muy graves, en las que CRTVE podrá alterar aquél cuando se produjere: reiteración en las faltas graves y muy graves, entendida como la comisión de dos o más faltas sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza y siempre que se produzcan en un período no superior a un año de la primera; daños contra la integridad física o moral de las personas; daños económicos; graves daños materiales; peligro contra la seguridad de las personas; o estar incurso en las incompatibilidades del art. 104.
Artículo 82. Procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de las facultades disciplinarias de CRTVE se ajustará a las disposiciones del estatuto de los trabajadores. En los supuestos previstos en el artículo 58 de la citada ley, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Corresponde al presidente de la CRTVE la corrección disciplinaria de las faltas laborales cometidas por trabajadores integrados en plantilla. Dicha facultad podrá ser objeto de delegación.
b) A los efectos del presente artículo, las referencias a «días» se entienden hechas a días naturales.
c) A los efectos del presente artículo, las comunicaciones de pliego de cargos, propuesta de resolución y resolución definitiva de faltas graves y muy graves se efectuarán tanto al trabajador como a la representación legal de los trabajadores, salvo que conste de forma expresa la negativa del trabajador a que se dé traslado del expediente a dicha representación legal.
d) Con carácter previo a la imposición de cualquier sanción, por faltas graves y muy graves, se comunicará por escrito tanto al trabajador como a la representación legal de los trabajadores el cargo que se formule, con expresión de los hechos que lo motivan y normas cuya infracción se presume. En el plazo de siete días, contados desde el siguiente a la notificación, tanto el trabajador como la representación legal de los trabajadores podrán efectuar las alegaciones conducentes a su defensa.
e) Practicadas las pruebas que se estimen oportunas, de oficio o a instancia de parte, se formulará propuesta de resolución, que se comunicará tanto al trabajador como a la representación legal de los trabajadores. En el plazo de siete días, a partir del siguiente al de la recepción, deberán emitir el correspondiente informe y formular cuantas alegaciones estimen oportunas.
f) Transcurrido dicho plazo se dictará la resolución que proceda, que se notificará al interesado y se comunicará a la representación de los trabajadores.
g) Durante la tramitación del expediente disciplinario la empresa podrá decidir que el trabajador no preste servicios hasta la resolución del mismo. En este caso el trabajador tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente a ese periodo.
2. Para la imposición de sanciones por faltas tipificadas como leves habrá de observarse el siguiente procedimiento:
a) Comunicación por escrito al trabajador de la sanción impuesta, con expresión de la causa. Se notificará a la representación de los trabajadores estas medidas disciplinarias.
b) El trabajador, en el plazo de cuatro días desde que recibiese la sanción, podrá alegar ante la dirección de CRTVE, sin perjuicio de la facultad de acceder a la jurisdicción competente. CRTVE suspenderá los efectos de la sanción hasta que se resuelva la reclamación que se le formula. El plazo de resolución no será superior a siete días.
c) En el procedimiento de alegaciones ante la dirección de CRTVE, el trabajador y/o la representación sindical podrán aportar, para que se tengan en cuenta, los medios de prueba que estimen oportunos para su defensa.
Artículo 83. Notificación.
1. La notificación al trabajador de cuantos pliegos o resoluciones recaigan en el procedimiento disciplinario incoado podrá realizarse tanto en su domicilio particular como en su lugar de trabajo, siempre que quede constancia fehaciente de la misma. Con carácter preferente se notificará al trabajador en su centro de trabajo.
2. La firma por el trabajador de dichos documentos acreditando su entrega no supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de los mismos.
3. Cuando la notificación se realice en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste, podrá hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez.
4. Tras dos intentos fallidos de notificación en el domicilio que el trabajador hubiese comunicado a la empresa, y/o el rechazo por éste a recibir la notificación efectuada, se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
5. Se podrán establecer otras formas de notificación (vía correo electrónico) siempre y cuando se acredite fehacientemente la recepción por parte del interesado.
Artículo 84. Prescripción de las infracciones.
Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días; y las muy graves, a los sesenta días, a tenor de lo dispuesto en el art. 60 del estatuto de los trabajadores y la legislación concordante.
Artículo 85. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos meses, las impuestas por faltas graves al mes y las impuestas por faltas leves a los quince días.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día hábil siguiente en que quede constancia fehaciente de la notificación de la resolución sancionadora al trabajador.
Podrá decretarse la suspensión de los plazos de prescripción en caso de apertura de procedimiento judicial.
Artículo 86. Cancelación.
Las notas desfavorables por faltas cometidas quedarán canceladas al año en caso de no reincidencia. Los plazos empezarán a contar desde la fecha de finalización del cumplimiento de la sanción que, en su caso, hubiera sido impuesta en firme.
CAPÍTULO IX
Actividades sindicales
Artículo 87. Actividades sindicales.
Durante la vigencia del artículo 10 del real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los apartados A), B), H) y P) del presente artículo se aplicarán de la siguiente forma:
87 A) Delegados sindicales: Queda en suspenso.
87 B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. Queda en suspenso, con excepción de lo expresamente acordado para el periodo de aplicación del artículo 10 del RDL 20/2012, aplicándose por tanto el siguiente régimen:
Los sindicatos con presencia en el comité intercentros de CRTVE podrán constituir una bolsa anual de horas en el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del estatuto de los trabajadores, de alguno o de todos los delegados de personal, miembros del comité de empresa y delegados sindicales.
Requisitos:
• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser cedentes, y además, hasta un máximo de seis trabajadores por cada sindicato con derecho a bolsa, que serán designados de entre sus miembros.
• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la relación de cesionarios que acumulan las horas a la dirección de RR.HH. Salvo comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que dicha comunicación sea debidamente notificada a la dirección de recursos humanos por parte del cedente, dicha cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos.
• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada cesionario. Cuando el número de horas asignado a un trabajador supere el crédito horario teórico que le corresponde en función de su cargo de representación, la asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles anteriores al periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el tiempo especificado en la notificación. No tendrá efecto la acumulación si no se comunica en el plazo mencionado.
• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la dirección de recursos humanos y al área y centro de trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden las partes.
En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de exención de servicios percibirá lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de presente convenio. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del complemento de disponibilidad para el servicio en su modalidad b, en su valor máximo (2 bloques).
En caso de exención de servicios parcial, se aplicará lo dispuesto en el apartado H.3 del artículo 87 del presente convenio, entendiéndose por exención de servicios parcial la acumulación de más de 80 horas mensuales.
87 H) Exención de servicios. Queda en suspenso, con excepción de lo expresamente acordado para el periodo de aplicación del artículo 10 del RDL 20/2012, aplicándose por tanto el siguiente régimen:
Los miembros del comité intercentros de la CRTVE, integrado por doce miembros y respetando la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE conforme a los resultados electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos, estarán exentos de servicio, absorbiendo dicha exención el crédito horario que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo. Los secretarios generales de las secciones sindicales integrantes del CI podrán proceder a asignar dicha exención a persona distinta, elegida entre los delegados de personal, delegados sindicales, delegados de prevención y miembros del comité de empresa, así como entre cualquiera de los seis trabajadores con capacidad para ser cesionarios de horas descritos en el acuerdo entre la dirección y el C.I. de fecha 19 de diciembre de 2012.
Asimismo quedaran exentos los miembros del C.G.S.S.L.
A partir de la fecha de entrada en vigor de las anteriores previsiones queda anulado el acuerdo por el que se concede exención de servicios a los miembros de la comisión negociadora del II convenio colectivo, en lo concerniente a dicha previsión.
87 P) Reuniones de miembros de comité de empresa. Queda en suspenso.
El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto constitucional, por lo que CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en sus centros de trabajo, tanto por los representantes electos del personal como por los trabajadores en general, en los términos que establezca este convenio colectivo y la legislación vigente en cada momento. La labor representativa de los sindicatos y la defensa de los intereses de los trabajadores es ejercida por éstos, no solo en favor de sus afiliados, y de sus efectos se benefician el conjunto de los trabajadores de la CRTVE. Es por ello que, además del sostenimiento directo de los mismos por parte de sus asociados, los sindicatos precisan de medios, recursos y facilidades, que compensen sus actividades que surten efectos generales y universales para la totalidad de la plantilla de la CRTVE. Por tanto, se pueden establecer entre la dirección de la CRTVE y las secciones sindicales de las organizaciones sindicales «más representativas» que operan en la CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y establecer compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios derivados de la representación laboral que éstos logran.
De acuerdo con el título III de la ley orgánica de libertad sindical (ley 11/1985 de dos de agosto), se entenderán como «sindicatos más representativos» en el ámbito de la CRTVE, los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total de delegados de personal y/o de los miembros de los comités de empresa, elegidos en el conjunto de las elecciones sindicales celebradas en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo.
A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se recogen para las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» se refieren exclusivamente a las secciones sindicales de ámbito estatal de toda la CRTVE. Es decir, una por cada «sindicato más representativo».
A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de los delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán los mismos derechos que los «sindicatos más representativos», siempre que se hubiesen presentado a las elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso quedarán absorbidos los derechos que les pudieran corresponder como sección sindical.
A) Delegados sindicales. En suspenso.
En cada centro de trabajo, las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» podrán designar delegados sindicales, de acuerdo con la siguiente escala:
– De 50 a 250 trabajadores: uno.
– De 251 a 750 trabajadores: dos.
– De 751 a 2000 trabajadores: cuatro.
– De 2001 en adelante: once.
Cuando no se llegue a cincuenta trabajadores por centro de trabajo, aquellos centros que no tengan representación conforme a la escala anterior podrán agruparse por provincias integradas en las respectivas comunidades autónomas, para tener derecho a un delegado sindical autonómico por los primeros cien trabajadores. A estos efectos Ceuta y Melilla se computan conjuntamente con los centros de trabajo de la comunidad autónoma de Andalucía. Estos delegados dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas de igual cuantía que la atribuida a los miembros de comités de empresa o delegados de personal, por el artículo 68. e), del estatuto de los trabajadores. Los delegados sindicales para poder disponer del crédito de horas mensuales retribuidas, deberán pertenecer a un centro de trabajo con plantilla de más de veinticinco trabajadores, en caso contrario se les garantiza un mínimo de siete horas mensuales.
A petición de parte, la dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los informes pertinentes, podrá autorizar la designación de delegados sindicales en cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.
Madrid se considera un único centro de trabajo.
B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. En suspenso.
Podrá crearse una bolsa de horas mensuales retribuidas para cada sección sindical de un »sindicato más representativo», con la cesión parcial de las horas mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del Estatuto de los trabajadores, de alguno o de todos los delegados de personal o miembros del comité de empresa de su adscripción. Las horas retribuidas de esta bolsa podrán acumularse con el crédito de horas de que ya dispongan uno o varios representantes, siempre que no exceda del 100 por 100 de incremento sobre el número de horas que a éstos corresponda.
Esta atribución no podrá referirse a horas pasadas, debiendo concretarse anticipadamente la identidad del cedente y cesionario y el número de horas cedidas. Las horas atribuidas al delegado sindical no pueden ser objeto de acumulación, ni aún coincidiendo las dos representaciones en la misma persona.
A la anterior bolsa, la CRTVE añadirá la cantidad de 7.000 horas retribuidas que se repartirán entre los sindicatos presentes en el comité intercentros de la CRTVE de forma proporcional a la representatividad obtenida en el mismo (nº de delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).
Esta bolsa de horas tiene como finalidad proporcionar una mayor flexibilidad para el ejercicio de las funciones representativas de los representantes de los trabajadores, y por ello se utilizarán únicamente por parte de aquellos que tengan la condición de representante legal de los trabajadores: miembros de comités de empresa y delegados de personal, o la condición de delegado sindical conforme a lo previsto en la ley orgánica de libertad sindical.
La forma y el uso que las citadas secciones sindicales puedan dar a las mismas deberá ser pactada previamente con CRTVE.
C) Locales sindicales.
Se dotará a las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» de locales con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que les son propias, en los siguientes términos:
– un local en Torrespaña (Madrid).
– un local en San Cugat del Vallés (Barcelona).
– un local en Prado del Rey (Madrid).
– un local en cada una de las restantes comunidades autónomas, siempre que sea posible y lo permitan los medios inmobiliarios de las distintas comunidades autónomas y, en el caso de Canarias, se tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias. Estos extremos se tomarán en consideración en las ampliaciones o centros de nueva planta.
Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero presentes en el C.I. tendrán derecho a tener un local en Madrid y otro en Barcelona dotado con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que les son propias.
D) Excedencia.
Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior desempeñadas en los «sindicatos más representativos», de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo tendrán derecho a obtener excedencia especial, en los términos y con los efectos establecidos en el artículo 101 del presente convenio.
E) Facilidades.
La dirección de la CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los comités de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y sindicatos y su difusión informativa en cada uno de sus centros de trabajo. Dentro de sus posibilidades, CRTVE permitirá el uso de los medios necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos.
F) Asamblea sindical.
Cada una de las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» o presentes en el C.I. de la CRTVE podrá convocar y celebrar anualmente tres asambleas de trabajadores para tratar cuestiones de carácter sindical o laboral. La convocatoria y celebración de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap. II del tít. II del Estatuto de los trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión del orden del día, deberá comunicarse a la Dirección correspondiente con cuarenta y ocho horas de antelación y su celebración no estará sometida a la limitación establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, del citado texto legal.
G) Servicios sociales.
Los miembros en los comités de empresa o delegados de personal tendrán participación en los órganos colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la empresa, grupos de empresa y plan de pensiones, dentro de los límites que pudieran establecer las normas que los regulan. La dirección de la CRTVE facilitará a los comités de empresa o delegados de personal la información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los mencionados servicios.
H) Exención de servicios. En suspenso.
H.1 Las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» en la CRTVE o presentes en el C.I. de la CRTVE, podrán designar de entre sus miembros del comité de empresa, delegados de personal, delegados sindicales o delegados de prevención, representantes que quedarán exentos de la prestación del servicio para poder desempeñar funciones sindicales relacionadas con las actividades propias de la CRTVE, sin perjuicio de la percepción de sus retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y de puesto que se recogen en el convenio colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el momento de la exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole funcional que su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el último año por tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del complemento de disponibilidad para el servicio en su modalidad b, en su valor máximo (4 bloques).
H.2 Para el cálculo del número total de exentos de servicio se utilizará la siguiente tabla:
Número de sindicatos representativos en CRTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados en CRTVE
Liberados
1
25
2
50
3
75
4 o más
84
En estos números estarán incluidos aquellos miembros del comité de seguridad y salud laboral que la representación legal de los trabajadores decidiera liberar de servicio.
Los exentos de servicio en la CRTVE se repartirán proporcionalmente entre las secciones sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo. (n.º de delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE). Asimismo el número máximo de exentos de servicio por cada centro de trabajo, con relación al número de trabajadores, será el establecido de acuerdo con el siguiente baremo:
– En centros de menos de 50 trabajadores: un exento de servicio.
– En centros de 50 hasta 100 trabajadores: dos exentos de servicio.
– En centros de más de 100 trabajadores: los que correspondan hasta cubrir el cupo máximo.
Todo ello respetando la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el convenio colectivo, en cuanto deben ser delegados de personal o miembros del comité de empresa o delegados sindicales o delegados de prevención.
A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los informes pertinentes, podrá autorizar la designación de «exentos de servicio» en cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.
H.3 La Dirección podrá autorizar la exención parcial de la prestación de servicio en función de la viabilidad del encaje del trabajo parcial solicitado en la unidad en que esté destinado, siempre que haya sido efectuada la petición con dos meses de anticipación, se trate de exención parcial de un horario fijo y para un plazo mínimo de seis meses, con el fin de organizar el servicio. La exención parcial de servicio solo garantiza el cobro de las retribuciones del representante designado, como si del uso del crédito de horas sindicales se tratase.
H.4 La sección sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario, que la plaza de un liberado (representante exento de servicio), sea cubierta por un contratado interino.
I) Garantías y derechos de los delegados sindicales.
Los delegados sindicales y autonómicos, tendrán las garantías y derechos reconocidos en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley orgánica de libertad sindical, incluido el obtener permiso sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya relevados de prestación de servicios, hasta un máximo de veintidós días al año, para atender asuntos sindicales.
J) Trabajadores administrativos.
Para la realización de las tareas administrativas, a cada sección sindical de un «sindicato más representativo» le serán adscritos, por la dirección de la CRTVE, dos trabajadores administrativos.
K) Comité intercentros.
K.1 Constitución.
Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del estatuto de los trabajadores se constituye en la CRTVE un comité intercentros de CRTVE, estableciéndose por convenio la constitución, funcionamiento y competencia del mismo.
K.2 Ámbito de actuación.
El comité intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los trabajadores en la CRTVE. El ámbito de competencia territorial de este comité será el estatal y el que supere el de las competencias de cada uno de los comités de empresa o de los delegados de personal.
K.3 Competencias.
K.3.a) Las competencias del comité intercentros serán las señaladas en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores y las que a continuación se establecen en este convenio.
K.3.a.1 Asumir los derechos y obligaciones que el convenio colectivo de la CRTVE y la legislación laboral concede a la «representación de los trabajadores», «representantes del personal» o términos análogos sin menoscabo de las atribuciones y competencias de los sindicatos.
Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información que la empresa esté obligada a entregar a la representación legal de los trabajadores.
K.3.a.2 Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes de su puesta en práctica por la Dirección.
K.3.a.3 Conocer trimestralmente, al menos, el plan de actividades y la evolución económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances del ejercicio e informes de datos y niveles de audiencia de la programación.
K.3.a.4 Poder establecer con la dirección pactos o acuerdos que afecten al conjunto de los trabajadores de la CRTVE.
K.3.a.5 Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos.
K.3.a.6 Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones administrativas o judiciales sean necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores en su ámbito correspondiente.
K.3.a.7 Comunicar la composición de la representación del personal en la comisión negociadora del convenio colectivo y en el comité general de salud y seguridad laboral, así como en los órganos de representación y participación de ámbito estatal para la CRTVE, con base en la respectiva representatividad de cada sección sindical en el C.I.
K.3.a.8 Intervenir como miembros por la parte social de la comisión paritaria, ejerciendo las funciones que se señalan para la misma en este convenio.
K.3.a.9 Convocar, presidir y coordinar cuantas asambleas de trabajadores que, por la trascendencia de los temas, se considere oportuno.
K.3.a.10 Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores de CRTVE.
K.4. Composición.
El comité intercentros de la CRTVE estará integrado por doce miembros y, en su composición, se respetará la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE, conforme a los resultados electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos. En la designación de los miembros integrantes de este comité se respetará lo establecido en la legislación vigente y cada uno de sus integrantes dispondrá de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas, que absorberá el que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo.
K.5. Reuniones.
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos relativos a sus competencias. Durante cada una de las reuniones del comité, la dirección informará al mismo de aquellos temas que afecten y deban ser conocidos por los trabajadores.
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un máximo de doce veces al año. Con carácter extraordinario podrá reunirse hasta un máximo de doce ocasiones anuales adicionales, siempre que concurran circunstancias que justifiquen la necesidad de la reunión, mediante solicitud de al menos siete miembros de sus componentes, que deberán fijar los asuntos a tratar.
Las reuniones que se prevén en el presente convenio entre la dirección y el comité intercentros, se celebrarán durante las reuniones convocadas por el comité intercentros, con carácter ordinario o extraordinario.
Asimismo, la dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al comité, comunicando previamente el orden del día a tratar con una antelación razonable. De no estar previamente convocado el comité intercentros, dicha convocatoria no será considerada dentro del cómputo de reuniones previsto en los párrafos anteriores
Las reuniones del comité serán notificadas a la dirección con una antelación razonable, salvo casos de negociación colectiva o conflicto, en los que podrá reducirse el plazo al estrictamente necesario. Las horas empleadas en reuniones convocadas expresamente por la dirección, no serán por cuenta del crédito de horas mensuales retribuidas de cada uno de los representantes de los trabajadores.
K.6 Gastos.
Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE.
K.7. Validez de los acuerdos.
La constitución válida de las reuniones requerirá un «quórum» de, al menos, siete miembros de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo que, reglamentariamente, se exigiera mayoría superior.
La dirección propiciara en la medida de lo posible que las reuniones del comité intercentros y comisiones de él dependientes se realicen por videoconferencia, garantizando su privacidad, de acuerdo con la mayoría de la representación sindical.
Con carácter general para cuantas comisiones se establecen en el presente convenio colectivo, las reuniones se entenderán válidamente celebradas por videoconferencia, sin perjuicio de la posterior extensión y firma del acta correspondiente.
K.8 Reglamento.
El comité intercentros elaborará su reglamento que no podrá contravenir la legislación vigente ni lo establecido en este convenio colectivo y que registrará en el S.M.A.C. u organismo competente de la administración que lo sustituya, entregando copia a la dirección.
L) Presupuesto.
La dirección oirá a la representación de los trabajadores antes de elaborar el anteproyecto de presupuestos para la CRTVE. Para ello se mantendrá una reunión con el comité intercentros de CRTVE antes del mes de octubre de cada año.
M) Participación.
La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales con el comité intercentros, de las actividades previstas y de la evolución económica de la empresa, así como de lo establecido al respecto en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores. Dicha información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún tipo de documentos entregados por la empresa a la representación del personal podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 65 del estatuto de los trabajadores.
Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de los trabajadores en la gestión y en la programación de la CRTVE, con criterios encaminados a contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, en especial, el de los servicios de carácter público que CRTVE presta.
N) Reunión estatal de las secciones sindicales.
Las secciones sindicales de los sindicatos presentes en el C.I. podrán celebrar una asamblea cada cuatro años. CRTVE abonará los gastos ocasionados por la celebración de dicha asamblea. A dicha asamblea podrán asistir los delegados sindicales, miembros del comité de empresa y representantes del personal integrantes de cada sección sindical.
O) Viajes y dietas.
Las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» en la CRTVE o presentes en el C.I. de la CRTVE, tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, que se repartirán proporcionalmente entre las secciones sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo. (n.º de delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).
• Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:
Número de sindicatos representativos en CRTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados en CRTVE
Dietas
1
261
2
522
3
783
4 o más
950
• Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla:
Número de sindicatos representativos en CRTVE o coaliciones con más del 10 por 100 de los delegados en CRTVE
Viajes
Viajes durante el año que se negocie el convenio colectivo de CRTVE
Viajes durante el año que se celebren las elecciones sindicales en CRTVE
1
82
88
97
2
165
176
194
3
247
265
291
4 o más
323
345
380
Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a este cupo, valorándose el doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado anteriormente.
Entre la dirección de la CRTVE y el comité intercentros se elaborará el procedimiento para la aplicación de este derecho y su correcta administración.
P) Reuniones de miembros de comité de empresa. En suspenso.
En los centros de trabajo de hasta cien trabajadores se ampliará el crédito de horas mensuales retribuidas, además de las establecidas en el artículo 68.e) del estatuto de los trabajadores a aquéllas que se utilicen por cada uno de los miembros del comité de empresa para asistir a dos reuniones del comité al mes o tres en época de convenio, siempre que la empresa tenga conocimiento de tales reuniones con al menos cuarenta y ocho horas de antelación para organizar las necesidades del servicio.
Q) Utilización de recursos corporativos.
Mediante acuerdo entre la dirección y las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos», estos podrán utilizar los recursos corporativos. Con los mismos requisitos se podrán facilitar recursos corporativos para las necesidades del comité intercentros de CRTVE
R) Interlocución acreditada.
La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación de delegados sindicales y exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo establecido en el convenio, cualquier otra de designación de representantes del sindicato y en general cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un sindicato en el ámbito de la CRTVE, será competencia ejercida por el secretario general de cada sección sindical, o cargo equivalente, que se podrá delegar expresamente en persona o personas concretas y para ámbitos y supuestos específicos.
Para los comités de cualquier nivel, serán los secretarios de cada uno de estos comités los encargados de comunicar estos extremos a la dirección en el ámbito que corresponda, con el «visto bueno» del presidente del mismo comité o según lo especifique su propio reglamento.
S) Elecciones sindicales.
Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se acuerda que:
a) A partir de enero de 2012, las elecciones sindicales en la CRTVE se celebran en todos sus centros de trabajo a nivel provincial.
b) A partir de la anterior fecha, en aquellos centros cuyo mandato finalice antes de noviembre de 2015, prorrogarán el mismo hasta la celebración de las elecciones sindicales de noviembre 2015.
c) En noviembre de 2015 se procederá a realizar un proceso de elecciones sindicales en toda la CRTVE. En caso de coincidir con procesos electorales generales, se suspenderá hasta diciembre de 2015.
d) A efecto de elecciones sindicales, todos los trabajadores existentes quedan encuadradas en el colegio de técnicos y administrativos.
CAPÍTULO X
Prevención de riesgos laborales y salud laboral
Artículo 88. Normas generales.
1. Política de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
En todos los centros de trabajo de la CRTVE dotados con personal sujeto a este convenio o personal afectado por el ámbito de aplicación de la regulación específica en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral contenida en el mismo, la dirección de la CRTVE se compromete a la aplicación de la legislación relativa a prevención de riesgos laborales. CRTVE formulará y aplicará una adecuada política de prevención de riesgos que contenga las acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y se compromete a planificar y llevar a cabo la acción preventiva de riesgos laborales que dimane de lo establecido en el plan de prevención de la CRTVE y a lo que se disponga en las revisiones y modificaciones del mismo. El presente artículo tiene por objeto trasponer y desarrollar en los aspectos específicos de la CRTVE y su proceso productivo, la ley de prevención de riesgos laborales, reglamento de los servicios de prevención y demás normativa sobre prevención de riesgos laborales y salud laboral.
2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del presente capítulo no tendrá exclusión alguna respecto al personal que trabaja para la CRTVE bajo cualquier forma de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes de la ley 31/1995, incluyendo asimismo el personal que trabaje para la CRTVE a través de subcontratas, a las que se exigirá la observancia de la ley y las condiciones pactadas en este convenio y se extenderá a todos los centros de trabajo de la CRTVE y, de conformidad con la extensión prevista legalmente, a aquellos otros lugares donde se lleven a cabo las producciones o tareas de la CRTVE.
3. Derechos de los trabajadores y formación en materia de prevención de riesgos laborales.
a) Cada trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y psíquica y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como el correlativo deber de poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. Tiene, asimismo, el derecho a participar en la formulación de la política de prevención en su centro de trabajo y en el control de las medidas adoptadas en el desarrollo de las mismas, a través de sus representantes legales y los órganos internos y específicos de participación en esta materia. El comité general de seguridad y salud laboral (en lo sucesivo C.G.S.S.L.) se establece como el órgano paritario de consulta en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral con competencia en toda la CRTVE, así como en todos los centros de trabajo de la CRTVE, manteniéndose constituidos los comités de seguridad y salud laboral (en adelante C.S.S.L.) o los delegados de prevención, con el ámbito de actuación específica que corresponde al de la representación electa que los designa.
b) En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
La formación a que se refiere el presente apartado deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.
La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
c) Con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de la CRTVE en todos los aspectos relacionados con el trabajo, la dirección, en el contexto del comité general de seguridad y salud laboral, establecerá dentro de la planificación anual de las actividades preventivas, las acciones en materia de vigilancia de la salud que elaborará y ejecutará la unidad de salud laboral de la CRTVE, para todos sus centros y unidades, basándose en el procedimiento de vigilancia de la salud aprobado por el C.G.S.S.L.
La unidad de salud laboral adecuará asimismo su organización a través de unidades básicas de salud distribuidas territorial y funcionalmente con criterios de equilibrio.
Cada unidad básica de salud, bajo la dirección y supervisión de la unidad de salud laboral, planificará las actividades sanitarias correspondientes a los centros de trabajo de su territorio.
Los datos anuales de vigilancia de la salud, incluidos en el documento de la memoria anual del servicio de prevención propio de la CRTVE, vendrán analizados por puestos de trabajo y por centros de trabajo. Los órganos de participación y consulta de los trabajadores establecidos en convenio colectivo y en la ley de prevención de riesgos laborales, en esta materia, ejercerán las competencias que a los mismos les atribuyen dichas normativas.
Desde los profesionales de la unidad de salud laboral se podrán acometer, con la voluntariedad del trabajador, tratamientos y seguimientos específicos sobre hábitos saludables y asistencias especializadas conductuales, en colaboración con las instituciones públicas competentes en cada comunidad autónoma.
d) Con el objeto de aplicar políticas de prevención y la ejecución de las acciones preventivas que se deriven de las evaluaciones de riesgo y demás estudios en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, desde la dirección se desarrollarán las actividades de intervención aplicables a sus resultados.
e) La dirección de prevención de riesgos laborales y salud, dentro del plan global formativo en PRL, emprenderá programas adecuados destinados al manejo eficaz del estrés, ayudando a los participantes que así lo soliciten a enfrentar con mayor efectividad su propio estrés, dentro y fuera del ámbito laboral, de forma que el entusiasmo, los altos niveles de productividad y creatividad y el bajo nivel de absentismo, activo y pasivo, constituyan un rasgo característico de la CRTVE.
La unidad de salud laboral de la CRTVE a través de las unidades básicas de salud podrá emitir informe que aconseje tratamiento psicoterapéutico individualizado para afrontar situaciones de estrés con origen esencialmente laboral. La designación de los psicoterapeutas especializados corresponderá a la unidad de salud laboral de la CRTVE, y el tratamiento requerirá la voluntariedad del trabajador. En este caso, a cargo del presupuesto de CRTVE se atenderá el importe de dichos tratamientos hasta un límite máximo de 175 € por mes durante 6 meses. La dirección ampliará dicho tratamiento a propuesta motivada de la unidad de salud laboral.
El C.G.S.S.L. será informado previamente de las medidas propuestas por la dirección para solucionar los problemas laborales que se hayan originado por estas causas.
4. Servicio de prevención.
4.1 El servicio de prevención propio para la CRTVE, actuará como órgano técnico y de asesoramiento en la prevención de riesgos y en materia de salud laboral, asistiendo y asesorando a la dirección de CRTVE, al comité general de seguridad y salud laboral, a los delegados de prevención y a los comités de seguridad y salud en materia de evaluación y prevención de riesgos laborales y de planificación de la actividad preventiva. Así mismo deberá facilitar informes técnicos a cualquiera de los miembros que integran el C.G.S.S.L., y a los comités de seguridad y salud laboral en los temas específicos que afecten a su centro de trabajo, que así lo soliciten.
Colaborará en la coordinación y seguimiento de la política preventiva implantada en la empresa, para la eficaz aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales (LPRL en lo sucesivo) y demás normativas aplicables.
4.2 El servicio de prevención propio tendrá en cuenta la situación de los diversos centros de trabajo, asegurando un nivel de protección eficaz a todos los trabajadores. El servicio de prevención propio de la CRTVE deberá participar en la selección de los servicios externos en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
4.3 El servicio de prevención propio se ocupará, de conformidad con la legislación vigente, entre otros, de los siguientes cometidos:
a) Elaborar y llevar a cabo el proyecto y la recogida de información de todos los riesgos relativos a los puestos de trabajo (entre otros: físicos, químicos, medioambientales, psicosociales, ergonómicos, referidos a instalaciones y desplazamientos) y su posterior evaluación.
b) Elaborar anteproyectos sobre planes y programas con carácter general en materia de prevención de riesgos y salud laboral y actuaciones técnicas específicas en dichas materias.
c) Coordinar y analizar, con la participación de los órganos de representación de los trabajadores, la ejecución de los planes y programas de prevención de riesgos laborales, siendo la ejecución de los mismos competencia exclusiva de la dirección de la empresa.
d) Velar por el cumplimiento del artículo 24 de la LPRL, en materia de coordinación de actividades empresariales, informando al órgano de contratación correspondiente de la idoneidad de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como verificar, en la ejecución de una obra o instalación, que en la pertinente propuesta se dispone del correspondiente estudio de seguridad y salud en el trabajo. Dicha información será remitida al comité general de seguridad y salud laboral con periodicidad trimestral.
e) Elaborar o solicitar del órgano competente estudios que reflejen las estimaciones de costos para las diversas actuaciones y actividades que la gestión preventiva requiera, de acuerdo con la ley.
f) Informar en el documento de planificación anual de actividades preventivas y ante el C.G.S.S.L. de las necesidades formativas en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral para los trabajadores, para los delegados de prevención, delegados de personal y miembros de los C.S.S.L. y C.G.S.S.L. utilizando recursos propios o externos.
g) Velar por el cumplimiento de las medidas necesarias en materia de lucha contra incendios, adoptar y velar por el cumplimiento de los planes de emergencia y simulacros de evacuación, así como mantener en cada centro de trabajo los elementos necesarios para primeras curas y cuidados de urgencia.
4.4 El servicio de prevención propio estará dotado con el personal sanitario, técnico, infraestructura, medios técnicos y presupuesto necesario para la realización de las tareas que sean encomendadas según la legislación vigente.
El personal de los servicios médicos de CRTVE que se integró dentro de la unidad de salud laboral, en el servicio de prevención propio de la CRTVE, velará por el cumplimiento de las tareas que les están encomendadas dentro de la legislación existente en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
4.5 El personal técnico y sanitario con funciones preventivas adscrito al servicio de prevención, deberá contar con la formación y experiencia establecida en el vigente reglamento de los servicios de prevención y demás disposiciones concordantes.
La designación de las personas encargadas de la actividad preventiva en la CRTVE se efectuará por la dirección de prevención y salud laboral de la CRTVE, quién determinará el alcance de sus responsabilidades y funciones. Las personas designadas e integradas en el servicio de prevención propio quedarán sujetas a la dependencia orgánica de la dirección de prevención de riesgos laborales y salud, ya sea de forma temporal o definitiva.
La coordinación del conjunto de las actividades preventivas que se desarrollen en la CRTVE, quedarán en todo caso, bajo la responsabilidad de la dirección de prevención y salud laboral de la CRTVE.
4.6 El servicio de prevención deberá someterse al control de una auditoría externa cada cuatro años o cuando sea exigida por la autoridad laboral.
5. Delegados de prevención.
5.1 Son competencias o atribuciones de los delegados de prevención colaborar con la dirección de la CRTVE en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ejercer una labor de vigilancia y el control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. El ámbito de su representación es el de la representación electa que los designe.
Para poder realizar las competencias mencionadas los delegados de prevención estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos, las de carácter preventivo, del medio ambiente de trabajo, así como a los inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
c) Ser informados por la dirección de la CRTVE sobre los accidentes, incidentes o daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que ésta tenga conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir por parte de la dirección de la CRTVE las informaciones obtenidas de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para valorar, en cualquier zona de los mismos, el estado de las condiciones de trabajo y comunicarse durante la jornada con los trabajadores.
f) Efectuar propuestas a la dirección de la CRTVE, así como a todos los órganos que puedan tener competencias en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral para su discusión y adopción de medidas de carácter preventivo en el seno de los mismos. La decisión sobre las medidas propuestas deberá ser motivada y por escrito.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades, según artículo 21.3 LPRL.
5.2 Los delegados de prevención serán designados por los representantes electos del personal de entre los trabajadores de cada respectivo centro y preferentemente entre los miembros del comité de empresa, delegados de personal y delegados sindicales, respetando la representatividad que cada sindicato obtenga en las elecciones sindicales. En aquellos centros de trabajo donde, por razón del número de trabajadores, no se pueda constituir C.S.S.L., los delegados de prevención tendrán los mismos objetivos, competencias, facultades y responsabilidades que dicho comité.
5.3 Los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores tendrán las garantías que les reconoce el estatuto de los trabajadores en el artículo 68. Así, en cuanto al tiempo utilizado para el ejercicio de sus funciones, contarán con las horas de crédito mensual retribuidas previsto en el citado artículo, si no dispusieran ya de ellas por su condición de miembros del comité de empresa, delegado de personal o delegado sindical. Por otro lado, será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito, el correspondiente a las reuniones del C.S.S.L. y cualesquiera otras convocadas por la dirección de la CRTVE en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas para acompañar a los técnicos de prevención y a la inspección de trabajo.
5.4 La CRTVE garantiza a todos los delegados de prevención que lo deseen, directamente con sus propios medios o mediante conciertos con organismos o entidades especializadas en la materia, la formación necesaria en materia de prevención, adaptándose a la evolución de los factores de riesgos y a la aparición de otros nuevos. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer, en ningún caso, sobre los delegados de prevención.
5.5 La representación unitaria de los trabajadores de la CRTVE, a través del comité intercentros, podrá designar, de entre los miembros de comités de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y delegados de prevención, hasta ocho delegados de prevención estatales (igual número que el de representantes de la parte social en el comité general de seguridad y salud laboral), respetando la proporcionalidad de los resultados electorales. Estos delegados de prevención estatales dispondrán de los mismos derechos de los delegados de prevención de centro, pero con ámbito estatal. Además compondrán la representación de los trabajadores en el C.G.S.S.L.
6. Comité general de seguridad y salud laboral.
El C.G.S.S.L. es el máximo órgano de participación, paritario y colegiado, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
El C.G.S.S.L. participará en la confección de cuantos protocolos se elaboren por el servicio de prevención para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.
6.1 Sus funciones y competencias a nivel estatal de acuerdo con lo previsto en los artículos 35.4, 38.3 y 39 de la LPRL se extienden a:
– Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del plan de prevención.
– Promover iniciativas para una prevención eficaz.
– Proponer la mejora o corrección de las deficiencias existentes.
– Conocer directamente las condiciones de trabajo, mediante visitas a los centros.
– Conocer la documentación de la empresa relativa a la prevención de riesgos laborales.
– Conocer los daños ocasionados a la salud de los trabajadores y analizar las circunstancias que los han producido.
– Conocer y ser informados de la memoria y programación anual del servicio de prevención.
6.2 El C.G.S.S.L. es el canal fundamental para tratar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral en la empresa, por lo que las partes se comprometen a utilizarlo como vía de diálogo.
Dada la gran dispersión de centros de trabajo y para garantizar la cobertura de todos los trabajadores de la empresa y el mejor cumplimiento de todas las normas de prevención de riesgos laborales y salud laboral, el ámbito de representación del C.G.S.S.L. comprenderá todas las instalaciones y centros de trabajo de CRTVE.
6.3 La composición de este comité será de dieciséis miembros, elegidos de la siguiente manera:
– ocho miembros en representación de la dirección.
– ocho miembros por la representación de los trabajadores de entre los miembros del comité de empresa, delegados de personal, delegados sindicales o delegados de prevención.
De entre sus miembros se elegirá un presidente y un secretario por mayoría simple. En ningún caso una de las partes podrá ostentar ambos cargos. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple.
6.4 El C.G.S.S.L. entenderá en todas las cuestiones relacionadas con la política de prevención de riesgos laborales y salud laboral en la empresa y específicamente en las siguientes cuestiones:
a) El establecimiento de prioridades respecto de los riesgos laborales que deben ser objeto de evaluación y control.
b) La determinación de los criterios y procedimientos para la evaluación de los riesgos.
c) La aprobación, seguimiento y revisión de los planes y programas de prevención.
d) El estudio previo del impacto en salud laboral de los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
e) Los procedimientos, contenido y organización de las actividades de información y formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
f) Las iniciativas de mejora de las condiciones de trabajo o de corrección de las deficiencias existentes a propuesta de alguna de las partes.
g) Propuesta de programas de vigilancia de la salud, así como su posterior diseño, adaptados a los riesgos y la evaluación de los resultados con las limitaciones previstas en el artículo 22.4 de la LPRL y demás disposiciones de aplicación.
Por acuerdo entre las partes, la empresa deberá ocuparse también de temas medioambientales relacionados con la actividad de la empresa y proponer iniciativas en este sentido.
6.5 Para el ejercicio de sus funciones el C.G.S.S.L. tiene las siguientes facultades:
a) Realizar visitas a los lugares de trabajo que se consideren necesarias con el fin de conocer directamente la situación relativa a la prevención.
b) Disponer de la documentación existente en la empresa sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y sus riesgos para la salud, así como cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
c) Conocer cuántos informes y estudios obtenga la empresa sobre cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, provenientes del servicio de prevención, de la inspección de trabajo o de otras entidades.
d) Solicitar la intervención o el asesoramiento del servicio de prevención ante problemas específicos.
e) Promover y participar en investigaciones sobre:
• Evaluación y control de riesgos.
• Incidencia de daños derivados del trabajo.
• Evaluación de la eficacia de la acción preventiva.
f) Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilancia de la salud, así como los indicadores de absentismo por enfermedad y siniestralidad laboral, con el fin de identificar eventuales relaciones entre los riesgos y los daños.
g) Promover la participación y la colaboración de los trabajadores en la prevención, recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.
h) Estudiar y dictaminar cuantas propuestas realice la CRTVE en orden a la prevención de riesgos.
i) Proponer a la dirección general corporativa de la CRTVE el modelo organizativo respecto de los técnicos en prevención y salud laboral del servicio de prevención propio. En este modelo se incluirá el número total de personas, todos los puestos de trabajo de especial responsabilidad y mando orgánico, con la formación exigida. Para la designación de los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud laboral, a propuesta del C.G.S.S.L., se tendrán en cuenta las facultades organizativas atribuidas por las previsiones del artículo 7 del Anexo 5 del vigente convenio colectivo para la CRTVE y las facultades organizativas del artículo 6 del presente convenio.
j) Participar en los procedimientos de selección, de conformidad con la legislación vigente, en los supuestos de recurrir a servicios de prevención externos.
k) Formular a la dirección general corporativa de la CRTVE propuesta presupuestaria para cada ejercicio, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
l) Proponer, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la planificación de actividades preventivas de la CRTVE y ser informado de las memorias trimestrales y anuales y de la programación anual del servicio de prevención.
m) Conocer las actuaciones del servicio de prevención, y coordinarlas con las actividades de los delegados de prevención y C.S.S.L.
6.6 Los gastos de viajes y dietas de los componentes del C.G.S.S.L., generados, en su caso, por desplazamientos para asistir a reuniones debidamente convocadas, así como para cualquier cometido que les fuese encomendado por acuerdo válido de dicho comité, correrán por cuenta de la CRTVE.
7. Comités de seguridad y salud laboral.
7.1 Los C.S.S.L. se configuran como órganos paritarios y colegiados de participación de la dirección de la empresa y de los delegados de prevención, con las facultades y obligaciones que se establecen en este convenio y en la ley en el ámbito de sus competencias.
Su representación se delimita por centro de trabajo. Se constituirán C.S.S.L. en los centros de trabajo de cincuenta o más trabajadores.
7.2 La composición de estos comités se atendrá a lo regulado en el artículo 35 de la LPRL.
7.3 El presidente de cada C.S.S.L. será designado por y entre sus componentes. Así mismo actuará como secretario un miembro del propio comité según acuerdo de sus componentes. En ningún caso una de las partes ostentará ambos cargos.
7.4 Los delegados de prevención ostentarán la representación de los trabajadores en estos comités, con igual número de miembros que los designados por la dirección.
7.5 Los miembros de estos comités procurarán obtener la formación necesaria que les facilitará la CRTVE, o acceder a ella, para cumplir sus objetivos según los términos previstos por la ley.
Su mandato será el reglamentariamente previsto. Cualquier variación de los miembros del comité será notificada con la suficiente antelación al presidente, para que no sufran menoscabo las funciones encomendadas al comité.
7.6 Los comités quedarán válidamente constituidos con la presencia de la mayoría simple de sus miembros, y para la validez de los acuerdos ordinarios bastará igualmente la mayoría simple de los presentes.
7.7 Cada comité elaborará su propio reglamento, atendiendo a la evolución de la legalidad vigente, que deberá ser aprobado por al menos dos tercios de sus miembros.
8. Sigilo profesional.
Los miembros que conformen los distintos C.S.S.L, así como el C.G.S.S.L., vienen obligados a guardar el debido sigilo profesional, conforme a la legislación vigente.
Artículo 89. Obligaciones.
1. Todo trabajador, cualquiera sea su grupo profesional y posición jerárquica, viene obligado al más estricto cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos y salud laboral, así como las de vigilancia y tráfico vigentes en la CRTVE.
2. Además de otras obligaciones que se recogen en este convenio o que se establezcan sobre la normativa citada en el apartado 1 de este artículo, el personal deberá:
a) Emplear correcta y permanentemente, durante su actividad productiva, las medidas relacionadas con las protecciones colectivas y los equipos de protección individual previstos por la empresa para la eliminación de un riesgo o para su minimización.
Observar en todo momento los criterios preventivos recomendados en cuanto a la utilización y/o manipulación de maquinarias, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo, según la información y formación facilitada por la CRTVE.
b) Comunicar a la unidad de salud laboral (servicio de prevención propio de la CRTVE), las dolencias, enfermedades, tratamientos o regímenes alimentarios a que estén sometidos.
c) Colaborar en las emergencias colectivas, simulacros de evacuación y en las incidencias o accidentes individuales.
d) Cumplir todas las normas de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como las que se establezcan o aprueben en el C.G.S.S.L.
Artículo 90. Protocolos específicos.
Con el fin de cumplir las obligaciones preventivas el C.G.S.S.L. se compromete a desarrollar los procedimientos de «prevención de violencia psicológica en el trabajo» y «drogodependencias y alcoholismo en el trabajo», así como los que pudieran surgir.
El desarrollo de los protocolos anteriores se llevara a cabo a lo largo del tiempo acordado en el C.G.S.S.L., a partir de la firma del presente convenio.
Artículo 91. Puestos de trabajo de severidad muy alta.
Quienes ocupen puestos de trabajo calificados como de severidad muy alta, siempre que el grado de riesgo no sea muy alto, podrán efectuar trabajos de riesgos, condicionados siempre a la presencia de otro trabajador cualificado, que pertenezca al mismo grupo profesional. Estos extremos serán puestos en conocimiento del C.G.S.S.L. por el servicio de prevención de CRTVE.
CAPÍTULO XI
Suspensión y extinción
Artículo 92 Causas y efectos de la suspensión.
El contrato de trabajo, además de en los casos enumerados en el artículo 45 del ET y normativa legal vigente en cada momento, se suspenderá en los siguientes supuestos:
1. Son causas de suspensión del contrato de trabajo las siguientes:
a) Incapacidad temporal.
b) Maternidad/paternidad.
c) Excedencia voluntaria.
d) Excedencia especial.
e) Suspensión disciplinaria.
f) Suspensión por procesamiento con privación de libertad del trabajador, en tanto no recaiga sentencia. Si ésta fuera absolutoria, se reanudará la relación laboral automáticamente, computándose dicho período a los solos efectos de antigüedad en CRTVE.
g) Víctima de violencia de género.
2. La maternidad/paternidad, a la que se asimilan los supuestos de adopción y acogimiento, se ajustará a lo previsto en la legislación específica.
3. La incapacidad temporal se ajustará a lo que previene la legislación de seguridad social. La incapacidad permanente del trabajador que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del ET operará como causa de suspensión del contrato de trabajo, y no impedirá que de modo efectivo cuando se produzca el supuesto de incapacidad permanente se tramite la baja del trabajador con carácter definitivo ante la Tesorería de la seguridad social, por lo que en el momento de producirse se articulara con el trabajador el compromiso de reserva de puesto de trabajo para el supuesto en que se produzca una revisión de su incapacidad permanente que le habilite para volver al desempeño de su trabajo habitual.
4. Víctima de violencia de género, que tendrá derecho a la suspensión de su contrato, con reserva del puesto concreto, durante seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, durante el tiempo que prorrogue el juez y con un máximo de 18 meses.
5. La suspensión disciplinaria se ajustará a lo establecido en el capítulo VIII del presente convenio colectivo para CRTVE.
6. La incapacidad temporal y las excedencias son causas suspensivas de la relación laboral para el personal, y causas extintivas para el personal con contrato de duración determinada, cuando dichas circunstancias perduren en la fecha de expiración de sus contratos.
7. Sin derecho a retribución alguna y con reserva de plaza, por un periodo de entre un mes y doce meses, ampliable otros doce meses, para aquellas situaciones familiares o personales en que se requiera: realizar estudios en el extranjero, desplazamientos por temas familiares, colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro, prácticas humanitarias en organizaciones civiles o religiosas; así como para desarrollar una actividad profesional en un organismo público de carácter nacional de alguno de los países miembros activos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Esta situación podrá autorizarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan y de acuerdo con el procedimiento que se establezca, pudiendo ser suspendida en cualquier momento por imperiosas necesidades del servicio.
Este periodo no se computará a ningún efecto, ni generará cotizaciones a la seguridad social ni aportaciones al plan de pensiones.
Artículo 93. Causas de extinción del contrato de trabajo.
1. La relación laboral se extingue, además de en los supuestos establecidos en la sección 4.ª del capítulo III del título I del estatuto de los trabajadores, así como por la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, o en su caso, especial, o privación de libertad del trabajador por sentencia condenatoria firme, por alguna de las causas siguientes:
a) Por voluntad del trabajador.
b) Por no superación del período de prueba.
c) Por acuerdo entre la dirección y el trabajador.
d) En los casos de excedencia, por no solicitar la reincorporación en los plazos previstos en el presente convenio o no reincorporarse el trabajador a su puesto de trabajo, en el caso de haber solicitado el reingreso, en el plazo del mes siguiente al de la notificación del reingreso.
e) Por la expiración del plazo de la contratación o la obra o servicio contratado. A estos efectos si la duración de la obra o servicio contratado es superior a treinta y seis mensualidades se procederá igualmente a la extinción al vencimiento del plazo temporal con independencia del estado de realización de la obra.
f) Por jubilación.
g) Por abandono injustificado del servicio por el trabajador, sin permiso y por tiempo superior a diez días naturales consecutivos. Dicha extinción será comunicada por CRTVE, una vez transcurridos al menos los referidos diez días. El abandono tendrá la consideración de baja voluntaria y resolverá la relación laboral desde el día que se produzca, con baja en la seguridad social desde igual fecha.
h) Por despido.
i) Por declaración de incapacidad permanente en sus grados de: incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, con efectos de la fecha en que aquella tuvo lugar.
j) Baja voluntaria incentivada conforme a los criterios que se acuerden con el comité intercentros.
2. Además de por las causas enumeradas en el punto anterior, el trabajador interino cesará automáticamente al incorporarse el trabajador al que sustituye o cuando cese la obligación de reserva de plaza.
Artículo 94. Efectos de la extinción.
1. Quien voluntariamente desee causar baja definitiva en CRTVE deberá avisarlo con quince días de antelación.
2. La extinción llevará consigo la liquidación en documento escrito de las retribuciones devengadas que deban incluirse como finiquito.
3. Cualquiera que sea su causa, la extinción supone para el trabajador la pérdida de todos sus derechos en CRTVE.
Artículo 95. Jubilaciones voluntarias anticipadas.
Para poder acceder a la situación de jubilación anticipada, que será de carácter voluntaria para el trabajador, éste deberá acreditar que cumple con los requisitos legalmente exigibles para que le sea reconocida por el organismo correspondiente la situación legal de jubilación. En estos supuestos de jubilación anticipada que sean propuestos de manera voluntaria por los trabajadores a la empresa, ésta podrá pactar con los interesados, una indemnización que se acuerde entre ambas partes y que tendrá como límite máximo una cuantía de 30.000 euros brutos.
En todo caso, y a los efectos de determinar la cuantía indemnizatoria a pactar con cada trabajador que voluntariamente quiera acogerse a la jubilación anticipada voluntaria, por cada uno de los meses que les falten para totalizar el cien por cien de su base reguladora se le abonarán al trabajador la cuantía de 1.000 € brutos, sin que la cifra total pueda superar, en ningún caso, la cifra máxima anteriormente señalada.
Para tener derecho a las indemnizaciones señaladas en este artículo, el trabajador deberá haber permanecido como trabajador fijo o indefinido en activo en los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.
Las indemnizaciones previstas en el presente artículo no serán de aplicación en el supuesto de jubilaciones anticipadas de trabajadores cuando se haya utilizado la modalidad de contrato de relevo.
Artículo 96. Despido.
CRTVE aplicará el despido al trabajador que incurra en alguna de las causas que dan lugar al mismo, conforme a lo establecido en la legislación general aplicable y en el capítulo VIII de este convenio.
CAPÍTULO XII
Situaciones del personal
Artículo 97. Situaciones.
1. El personal de CRTVE puede encontrarse en situación de activo o en situación de excedencia.
2. Se considera en activo a quien efectúe su prestación laboral en su destino o en comisión de servicio temporal, conforme el artículo 53 del convenio. Se consideran, asimismo, situaciones de activo las de suspensión por incapacidad temporal, derivada de enfermedad común o accidente laboral o común, comisión de destino y disfrute de licencia o vacación reglamentaria.
3. El trabajador en situación de activo tendrá los derechos, obligaciones y mejoras de previsión y asistencia social que para cada supuesto establece este convenio.
Artículo 98. Excedencias.
Se reconocen dos clases de excedencias para el personal de CRTVE: voluntaria y especial. Ninguna de ellas dará derecho a retribución mientras el excedente no se reincorpore al servicio activo.
Artículo 99. Excedencia voluntaria.
1. Podrán solicitar excedencia voluntaria los trabajadores con antigüedad, al menos de un año, de acuerdo con las normas siguientes:
a) La petición de excedencia deberá ser suficientemente motivada. Se concederá en el plazo máximo de treinta días, por plazo no inferior a cuatro meses ni superior a diez años, excepcionalmente prorrogables. Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador deberá cumplir un nuevo período de cuatro años de servicio efectivo en CRTVE.
b) Transcurridos los primeros cuatro meses de excedencia, el interesado podrá solicitar el reingreso. Se tendrá en cuenta la existencia de vacante en su grupo profesional, ámbito ocupacional y en su caso ocupación tipo, y el derecho de reingreso de los excedentes voluntarios cuyos plazos de excedencia hayan expirado. Este se producirá mediante su participación en el correspondiente proceso de provisión de vacantes, de conformidad a lo previsto en el artículo 12. Una vez transcurrido el plazo máximo de excedencia sin que el trabajador haya participado en el proceso selectivo correspondiente se entenderá expirado el plazo máximo para el reingreso. En caso de que no se convoque proceso selectivo, se entenderá prorrogada la excedencia hasta la fecha en que se convoque dicho proceso.
c) Se perderá el derecho al reingreso si no se solicita un mes antes de expirar el plazo por el cual se concedió la excedencia.
d) Si solicitado el reingreso dentro del plazo no hubiera vacante en la localidad de origen, CRTVE podrá ofrecer al peticionario reingresar en plaza vacante en otra localidad. De no ocupar esta por su voluntad, decaerá definitivamente su derecho al reingreso.
e) Se conservará el derecho al reingreso cuando no hubiera vacante ni en la localidad de origen ni en localidad distinta.
f) No se concederá excedencia voluntaria a quien en el momento de solicitarla estuviese pendiente de cumplimiento de una sanción derivada de la comisión de falta grave o muy grave, o sometido a expediente disciplinario por supuesta infracción de la misma índole, en tanto no se resuelva éste.
2. El tiempo permanecido en situación de excedencia voluntaria no se computará a ningún efecto.
3. La falsedad en la declaración de los motivos aducidos para solicitar la excedencia voluntaria o la no comunicación en la modificación de la causa original, será motivo de anulación de la misma y declaración de baja en CRTVE.
4. Los trabajadores que reingresen en CRTVE, procedentes del régimen de excedencia voluntaria no podrán acogerse a ninguna modalidad de baja incentivada.
Artículo 100. Excedencia voluntaria con derecho a reserva de plaza.
El trabajador en activo, con más de 2 años de antigüedad en la empresa, que pase a prestar sus servicios en el sector público, previa justificación del mismo, podrá obtener una excedencia voluntaria con derecho a reserva de plaza, siempre que la empresa no esté comprendida en el apartado 3 del artículo 104 del presente convenio.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas empresas que tengan legalmente tal configuración. Durante el período de duración de esta situación de excedencia, el trabajador no devengará retribuciones, ni le será computable dicho tiempo a ningún efecto, ni generará cotizaciones a la seguridad social ni aportaciones al plan de pensiones.
El trabajador podrá permanecer en esta situación en tanto en cuanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a su declaración. Una vez producido el cese en la misma, deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la modalidad de excedencia voluntaria prevista en el artículo 99.
Artículo 101. Excedencia especial.
1. Da lugar a excedencia especial cualquiera de las causas siguientes:
a) El nombramiento y consiguiente toma de posesión de cargo público, sea o no electivo, de carácter no permanente, que no implique relación de empleo laboral o administrativo, cuando resulte incompatible con el trabajo desempeñado. Tienen esta consideración los cargos de CRTVE consignados en el artículo 1.4 de este convenio.
b) Enfermedad del trabajador, en los casos del artículo 102.
c) El nacimiento, la adopción de un hijo o el cuidado de un familiar, en los términos que regula el artículo 103.
d) Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior (desempeñadas en las centrales sindicales o «sindicatos más representativos», de conformidad con lo establecido en la ley orgánica de libertad sindical) mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, tendrán derecho a obtener excedencia especial.
2. La excedencia especial origina reserva de puesto de trabajo del mismo grupo profesional y ámbito ocupacional en el mismo destino geográfico ocupado por el trabajador.
3. El tiempo permanecido en situación de excedencia especial se computará a efectos de trienios.
4. Los trabajadores en excedencia especial no tienen derecho a retribución, salvo las reconocidas para los trabajadores que ocupen cargo directivo en la CRTVE.
El tiempo que los trabajadores de CRTVE ocupen cargo directivo en la empresa se computará a todos los efectos.
5. En el supuesto previsto en el apartado a) del punto 1, el excedente deberá incorporarse a su puesto de trabajo de su grupo profesional y ámbito ocupacional y destino geográfico en CRTVE dentro del plazo de dos meses a partir del cese en el cargo; de no hacerlo así, causará baja definitiva, salvo que dentro del mismo plazo solicitara excedencia voluntaria. En los demás supuestos, el excedente deberá incorporarse dentro del plazo que los artículos siguientes determinan.
Artículo 102. Excedencia por enfermedad.
1. El trabajador pasará a excedencia especial cuando agote el plazo máximo de permanencia en incapacidad temporal.
2. Esta situación de excedencia se mantendrá durante el tiempo en que subsista la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, conforme a lo establecido legalmente para los supuestos de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez.
3. El excedente deberá solicitar el reingreso al servicio activo dentro de los treinta días siguientes al del alta por enfermedad. De no hacerlo así causará baja definitiva, salvo que en el mismo plazo solicitara excedencia voluntaria.
4. El declarado en incapacidad permanente parcial se reincorporará a su trabajo en CRTVE, conforme a lo previsto en el artículo 21 de este convenio. Los demás grados de incapacidad implican la baja definitiva en CRTVE conforme al artículo 93 de este convenio.
Artículo 103. Excedencia por cuidado de familiares.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres años y medio, para atender al cuidado de cada hijo menor de 12 años, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento. Dicha excedencia empezará a contar desde la fecha de nacimiento, a la que se equiparan la resolución judicial o administrativa, o en su caso, desde la fecha del término de las licencias por maternidad/paternidad y lactancia. Los sucesivos hijos darán derecho a nuevos periodos de excedencia que, en su caso, pondrán fin al que se viniera disfrutando. Durante el tiempo de la excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y destino geográfico.
2. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión previsto podrá iniciarse hasta diez semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
3. Los trabajadores también tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres años y medio, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad y de tres años por para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado por afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, siempre que no desempeñe actividad retribuida. Durante el tiempo de la excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y destino geográfico.
4. No obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, CRTVE podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Este apartado no será aplicable a los supuestos de adopción internacional.
5. Los trabajadores que se hallen en este tipo de excedencia podrán solicitar en cualquier momento el reingreso en CRTVE.
6. Agotado el plazo de esta excedencia, sin que se produzca la reincorporación del trabajador, éste causará baja definitiva en CRTVE, salvo que en el plazo del mes anterior a finalizar la misma solicitare y obtuviese excedencia voluntaria.
Artículo 104. Incompatibilidades.
1. El desempeño de la función asignada en CRTVE será incompatible con el ejercicio o desempeño de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes propios.
2. El personal de CRTVE no podrá pertenecer ni prestar servicios, aún ocasionales, a cualquier empresa que realice suministros o preste servicios a CRTVE.
3. Se declara incompatible y será objeto de sanción la relación laboral con otras entidades o empresas de radiodifusión, de producción o emisión de programas radiotelevisivos, agencias informativas y empresas periodísticas.
CRTVE autorizará la colaboración esporádica en las empresas antes citadas, previa demostración o compromiso de que con ello no resulten perjudicados los intereses legítimos de CRTVE en la gestión directa del servicio público encomendado. A este respecto, en la dirección de recursos humanos existirá un registro en el que figurarán las solicitudes de compatibilidad presentadas y las autorizaciones concedidas y denegadas. Dicho registro podrá ser consultado por los representantes legales de los trabajadores, así como por aquellos trabajadores cuya solicitud de compatibilidad haya sido denegada.
4. CRTVE podrá acordar con su personal la realización por encargo de trabajos específicos, cuando lo aconsejen razones de prestigio o calidad, mediante colaboraciones esporádicas, ajenas a su relación laboral y siempre que sean compatibles con ésta, no se efectúen durante su jornada normal y no perjudiquen el estricto cumplimiento de los deberes propios del puesto desempeñado.
5. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores respecto al pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa, así como la legislación vigente en materia de incompatibilidades.
CAPÍTULO XIII
Actividades sociales
Artículo 105. Asuntos Sociales.
Es propósito de CRTVE fomentar la creación y desarrollo de obras y servicios sociales y asistenciales para sus trabajadores. En la medida que sea posible promoverá el desarrollo de proyectos de acción social.
La gestión de estas actividades se efectuará por el órgano que designe CRTVE, contando con la participación de los trabajadores a través de sus representantes unitarios.
Comisión de acción social corporativa.
La comisión de acción social corporativa tiene como misión establecer los planes de acción social encaminados a promover el bienestar social de los trabajadores de CRTVE así como la valoración de proyectos de acción social.
Composición.
Cuatro vocales en representación de CRTVE, a nivel estatal, uno de los cuatro actuará como secretario.
Seis vocales en representación de los trabajadores de CRTVE.
La comisión de acción social corporativa elegirá por mayoría absoluta, de entre sus miembros, un presidente y un vicepresidente.
La comisión de acción social corporativa se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año y de forma extraordinaria a propuesta de, al menos la mitad de sus miembros.
Se creará una comisión técnica de acción social compuesta por cinco representantes: dos de la empresa y tres en representación de los trabajadores. Esta comisión se reunirá las veces que sea necesario.
Funciones.
Elaborar la propuesta del reparto del presupuesto anual del fondo de acción social.
Elaborar y hacer público las bases reguladoras con los requisitos, procedimientos, criterios y condiciones para la concesión de ayudas o subvenciones.
Realizar el control y seguimiento de todas las actividades sociales y asistenciales.
Designar a los miembros de la comisión técnica de acción social, designando cada parte a los suyos, y determinar sus funciones.
Reglamento.
La comisión de acción social corporativa elaborará un reglamento de régimen interno, donde se recogerán las normas de funcionamiento.
Ayudas.
El comité intercentros determinará a que partidas deben dedicarse las ayudas de entre las siguientes:
Ayudas para asistencia sanitaria.
Ayudas por discapacidad física, intelectual o sensorial.
Ayudas para formación de los trabajadores.
Ayudas de estudios para los hijos de los trabajadores.
Ayudas para grupos recreativos y culturales.
Ayudas de carácter excepcional.
Ayuda por participación en actividades vacacionales.
Fondo de acción social.
Las ayudas sociales se atenderán con cargo a la dotación económica que figura en el capítulo de gastos sociales del presupuesto para CRTVE en el ejercicio correspondiente, en el que estará incluido el fondo de acción social.
Se dota el fondo de acción social con una cantidad equivalente al 0,37 por 100 de la cuenta de gastos 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE para cada ejercicio.
Los gastos derivados de salud laboral, seguro colectivo de accidentes, seguro por desplazamiento a zonas de conflicto y la parte correspondiente del seguro colectivo de vida pactados en este convenio colectivo, correrán por cuenta de CRTVE y no estarán incluidos en el fondo de acción social.
Los gastos de funcionamiento de la comisión de acción social corporativa y técnica, referidos a viajes y dietas, serán con cargo a los fondos del presupuesto de acción social en lo que excedan de siete viajes al año con un máximo de catorce días de dietas.
Beneficiarios.
Tendrán derecho a solicitar ayudas sociales y asistenciales con cargo a dicha dotación los trabajadores de CRTVE que cumplan las siguientes condiciones:
Que sus retribuciones sean abonadas con cargo a la citada cuenta 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE, a excepción del personal de alta dirección comprendido en el artículo 2.1a) del estatuto de los trabajadores, con independencia de su fecha de ingreso.
Prestaciones sociales y asistenciales.
CRTVE mantendrá para sus trabajadores, las siguientes prestaciones sociales y asistenciales:
Seguro colectivo de accidentes.
La póliza colectiva de accidentes, incluirá a todos los trabajadores en activo de CRTVE con una indemnización de 60.101,22 € en caso de muerte derivada de accidente sea o no laboral y hasta 60.101,22 €, según baremo establecido en las condiciones generales de la póliza, en caso de producirse una incapacidad permanente.
Seguro colectivo de vida.
La póliza colectiva de seguro de vida para los trabajadores en activo de CRTVE que lo soliciten será financiada por CRTVE y sus trabajadores, fijándose la cuota voluntaria del trabajador en 60,10 € anuales, que será descontada en la nómina del mes de enero, con una indemnización de 60.101,22€ en caso de fallecimiento.
Con el fin de conocer el número de trabajadores incluidos en este seguro, sólo deberán manifestarse por escrito los trabajadores que pretendan variar su situación en relación con la del año anterior.
Autoseguro.
CRTVE continuará asumiendo las prestaciones económicas y sanitarias correspondientes a la situación de incapacidad temporal derivada de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, respecto del personal que presta servicios en sus centros de trabajo de Madrid y Barcelona, mientras que se cumplan las condiciones legalmente establecidas.
Seguro por desplazamiento a zonas de conflicto.
CRTVE contratará un seguro especial con una indemnización mínima de 120.000 € por fallecimiento para aquellos trabajadores que por motivos laborales tengan que desplazarse a zonas de conflicto bélico, catástrofes naturales o similares.
Asistencia sanitaria de empresa.
Con el fin de garantizar la salud de los trabajadores, el personal sanitario de CRTVE continuará extendiendo su labor asistencial a consultas, prescripción y aplicación de tratamientos, derivados de cualquier contingencia.
Artículo 106. Plan de pensiones.
Se incluye un anexo número 7 al presente convenio colectivo, que recoge el «reglamento del plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la Corporación RTVE».
La aportación al plan se establece en tres niveles, uno fijo y dos variables:
Nivel fijo, financiado totalmente por la empresa, quedando fijado en un 0.90 por 100 del salario base que corresponde al trabajador. Se entiende por salario base la retribución establecida en convenio colectivo según nivel económico. En el caso de los directivos, será el establecido como «sueldo profesional», con el límite del A3.
Trabajador
Promotor
0% del salario base
0,90 % salario base
Primer nivel variable, que será financiado por aportaciones del promotor y del partícipe. A tal fin, cada partícipe elegirá su aportación voluntaria según alguna de las posibilidades que más adelante se indican. Las opciones de aportación tanto del partícipe como del promotor son:
Trabajador
Promotor
0,90 % del salario base
2,70 % salario base
1,80% del salario base
4,50 % salario base
Las aportaciones del promotor podrán variar cuando así se acuerde en convenio colectivo.
Segundo nivel variable, que será financiado en su totalidad, de forma voluntaria, por aportaciones del partícipe, el cual podrá elegir en porcentajes sobre el salario base su aportación voluntaria al plan.
La asignación individual anual a cada trabajador no podrá superar el límite máximo señalado por la legislación vigente sobre planes y fondos de pensiones.
El funcionamiento del plan de pensiones será supervisado por una comisión de control formada por representantes de los promotores, de los partícipes y beneficiarios. Estos dos colectivos tendrán una representación conjunta, de forma que se garantice la presencia de todos los intereses
La comisión de control estará compuesta por siete miembros, de los cuales seis serán representantes de los partícipes y beneficiarios y uno del promotor.
Para su designación, en tanto que el número de beneficiarios del plan no supere el 20% sobre el número de partícipes y beneficiarios, y una vez finalizado el mandato de la actual comisión de control, la Comisión negociadora del II Convenio Colectivo CRTVE designa los siguientes miembros:
– Dos en representación del sindicato CC.OO.
– Dos en representación del sindicato S.I.
– Dos en representación del sindicato U.G.T.
Cuando el número de beneficiarios sea superior al 20% señalado anteriormente, se procederá a la designación de los miembros de la comisión de control mediante elección directa, para lo que se crearán dos colegios electorales, uno de partícipes y otro de beneficiarios. El número de sus representantes será respectivamente de cinco y uno.
Artículo 107. Defensa jurídica de los trabajadores de CRTVE.
1. En los procesos de cualquier índole, civiles o penales, que se sigan contra personal de CRTVE como consecuencia directa de actos realizados en el ejercicio legítimo de sus actividades profesionales, la representación de aquél se llevará a cabo con cargo a fondos de CRTVE y la defensa por la asesoría jurídica de la misma. No obstante, el trabajador podrá designar sus propios abogados y procuradores, satisfaciendo personalmente las correspondientes remuneraciones.
CRTVE satisfará el importe de las costas generadas, salvo multas, por el personal antedicho en razón de los procesos a que se refiere el inciso primero del párrafo anterior, así como las indemnizaciones a que fuere condenado como consecuencia de los procesos correspondientes.
2. Asimismo, CRTVE asumirá los gastos derivados de la representación, defensa y costas procesales, cuando el trabajador se viese obligado a ejercitar cualquier acción frente a terceros para obtener la indemnización de daños y perjuicios que se le hubiesen inferido como consecuencia directa del ejercicio legítimo de sus actividades profesionales al servicio de CRTVE, salvo en el supuesto de ejercitarse acciones personalísimas, y previa autorización de CRTVE; siempre que dicha representación o defensa sea ejercida por procuradores o abogados designados por la empresa.
Solicitada la preceptiva autorización por el trabajador, deberá resolverse sobre su concesión en el plazo de treinta días naturales, contados desde que tuviera entrada en el registro correspondiente y se entenderá concedida si en dicho plazo no recayese resolución expresa. La denegación de la autorización deberá ser motivada.
Artículo 108. Seguro colectivo de salud.
La póliza colectiva de salud otorgará cobertura de asistencia sanitaria a todos los trabajadores en activo de CRTVE. Los familiares directos podrán adherirse libremente a una póliza con semejantes condiciones de cobertura sanitaria, de pago diferenciado del seguro colectivo de salud, siendo la prima totalmente por cuenta de los interesados.
Se dota el seguro colectivo de salud con una cantidad de 0,71 % de la cuenta de gastos 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE para cada ejercicio. En caso de que la cantidad dotada fuera insuficiente para cubrir la totalidad del seguro colectivo de salud, el exceso de gasto se minorará en la cuantía correspondiente del fondo de acción social contemplado en el artículo 105. Si, de acuerdo con las previsiones del ejercicio, se previese dicho exceso de gasto, la cantidad correspondiente del fondo de acción social quedará retenida al principio del ejercicio.
Comisión de seguimiento del seguro colectivo de salud.
Composición.
Cinco vocales, en representación de CRTVE, a nivel estatal, uno de los cuales actuará como secretario.
Cinco vocales en representación de los trabajadores de CRTVE.
La comisión de seguimiento del seguro de asistencia sanitaria se reunirá cada seis meses.
Funciones.
Canalizar los problemas operativos que puedan surgir, al objeto de ponerlos en conocimiento de la compañía de seguro de asistencia sanitaria y al órgano de contratación, como cuestión previa a su posible renovación.
Beneficiarios.
Se incluirán en el seguro colectivo de salud con cargo a la dotación señalada en el apartado 1, los trabajadores de CRTVE que cumplan las siguientes condiciones:
Que sus retribuciones sean abonadas con cargo a la cuenta 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE, a excepción del personal de alta dirección comprendido en el artículo 2.1ª) del Estatuto de los Trabajadores.
Que tengan una antigüedad en la empresa de más de seis meses.
Disposición adicional primera.
CRTVE no contratará ni directa ni indirectamente a ningún trabajador en excedencia voluntaria, cuando haya incurrido en la incompatibilidad contemplada en el artículo 104, apartado 3 del vigente convenio colectivo.
Igualmente, no podrán prestar servicios remunerados aquellos trabajadores fijos de plantilla que hayan causado baja incentivada mediante cualquier modalidad en CRTVE.
Disposición adicional segunda.
El cálculo del descuento salarial del día de huelga o paro se realizará atendiendo a la siguiente fórmula:
a) Se parte del salario bruto anual (no computándose en el mismo el complemento familiar voluntario, las aportaciones de la empresa y trabajadores al plan de pensiones ni aquellos conceptos que no remuneren tiempo de trabajo)
b) Se divide ese salario entre 365 días lo que da el salario bruto diario.
c) Días sobre los que no hay que descontar; los festivos de carácter nacional, autonómico y local (máximo 14 días), los días de vacaciones anuales y los descansos semanales (102), con un total de 140 días en la actualidad.
d) Se multiplica el salario bruto diario por esos días.
e) Se calculan las pagas no percibidas al día de la huelga.
f) Al salario bruto anual se le restan los importes de los apartados d) y e), y se calcula un nuevo salario bruto total anual.
g) Se descuentan de los 365 días los días festivos totales (140 días): 225 días en la actualidad.
h) Se divide el importe del apartado f) entre los 225 días, y el cociente resultante supone el salario a descontar por el día de huelga.
Disposición transitoria primera. Saltos de nivel.
Desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 queda suspendida la progresión de niveles del salario base y complementos regulados en los artículos 61 y 62 de este Convenio Colectivo de la Corporación.
Disposición transitoria segunda. Plan de Pensiones.
Desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 queda suspendida la obligación por parte del promotor del plan de pensiones establecido en el artículo 106 de efectuar las aportaciones fijadas en el mencionado artículo.
Disposición transitoria tercera. Paga de los 10 años.
CRTVE liquidará a los trabajadores en activo o situación asimilada a 30 de noviembre de 2013 la parte devengada de la paga extraordinaria por cada 10 años de servicio que queda suprimida en el presente convenio.
El importe de dicha liquidación se calculará en base a los conceptos retributivos correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre calculada conforme a los criterios del I convenio CRTVE, abonándose la parte proporcional en función de los días devengados.
El pago de dicha liquidación se efectuará en septiembre de 2014 y septiembre de 2015, a partes iguales.
Disposición transitoria cuarta. Vacaciones 20 años.
Los trabajadores en activo (o en situaciones asimiladas) en fecha 1 de diciembre de 2013 que no tengan consolidado el derecho a vacaciones de los 20 años, recibirán un día libre por cada cuatrimestre de servicio completo reconocido en la empresa.
Los días libres calculados bajo la fórmula descrita integrarán una bolsa de días para cada trabajador, a disfrutar en la época en que las necesidades del servicio lo permitan, en periodos mínimos de 7 días naturales consecutivos, y en cualquier caso antes del 31 de diciembre de 2015.
En ningún caso se procederá a la compensación económica de los días pendientes de disfrutar.
Disposición transitoria quinta. Trienios.
Para calcular el importe de los trienios perfeccionados a partir de 1 de diciembre de 2013 se observarán las siguientes reglas:
Durante el tiempo transcurrido desde la fecha de cumplimiento del último trienio hasta el 30 de noviembre de 2013 se computarán de manera proporcional los importes correspondientes al anterior sistema.
Desde el 1 de diciembre hasta la fecha de cumplimiento de trienio, el importe a computar será la parte proporcional de 60 euros.
La cantidad correspondiente a ese trienio será la suma de ambas.
Disposición transitoria sexta. Reglamento Orquesta y Coro.
En el plazo de un mes desde la firma del presente acuerdo, ambas partes se comprometen a negociar y aprobar el reglamento de la orquesta y coro para una mejor adecuación a las necesidades organizativas y de programación.
Disposición transitoria séptima. Jornada de fin de semana.
Para las personas que desde el 1 de enero de 2011 estuvieran desarrollando su trabajo en fin de semana en jornada de dos días, la empresa mantendrá sus condiciones mientras que voluntariamente continúen en la jornada anterior con la retribución contemplada en el anexo 1. Este régimen será de dos días (sábado y domingo) y no podrá superar el límite de las 12 horas de trabajo efectivo diario, computables a todos los efectos como las 35 horas de jornada ordinaria.
Disposición transitoria octava. Polivalencias «ad personam».
Aquellos trabajadores que tuvieran acreditado el complemento de polivalencia con carácter de «ad personam» con anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio, mantendrán dicho complemento en tanto no se modifique el ámbito ocupacional en el que queden encuadrados.
Disposición transitoria novena. Complemento de Transportes.
CRTVE facilitará los medios de transporte adecuados para los desplazamientos desde la localidad en que el personal tenga fijada su residencia a las instalaciones situadas fuera del casco urbano o, en caso contrario, abonará en concepto de transporte la cantidad que se acuerde por la Dirección y la representación de los trabajadores.
Disposición transitoria décima. Plan de Movilidad y Medio Ambiente.
La Dirección de la Empresa y la Representación legal de los trabajadores colaborarán para impulsar el establecimiento y desarrollo de medidas que procuren el mantenimiento y el incremento de la sostenibilidad ambiental de la empresa, fomentando las medidas propuestas en el plan de movilidad.
Disposición transitoria undécima. Mejora de los niveles de absentismo.
Disposición transitoria duodécima. Especial responsabilidad.
Los trabajadores que estuvieran percibiendo el complemento de especial responsabilidad en fecha 1 de diciembre de 2013, y que, como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema retributivo a partir del 1 de enero de 2014 sufran un recorte en la cuantía del complemento superior al 10 %, percibirán, desde el día 1 de enero de 2014, de manera transitoria, y mientras mantengan dicho nombramiento, una cantidad mensual que compense el exceso sobre el mencionado 10 %
Se promoverá la creación de un grupo de trabajo para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa y acordar medidas de mejora.
Disposición final primera. Efectos de las medidas.
2013.
Aplicación de los nuevos valores de trienios tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2013.
Supresión de la paga de 10 años: 1 de diciembre de 2013.
Supresión del derecho a las vacaciones de 20 años: 1 de diciembre de 2013.
Establecimiento del sistema de copago en comedores y nuevos valores de comidas: 1 de diciembre de 2013.
Reducción de porcentajes en complementos según acuerdo de julio 2013: 1 de diciembre 2013.
Aplicación de los nuevos valores de dietas, con efecto desde el 1 de diciembre de 2013
2014.
Régimen de Jornadas y horarios: 1 de enero de 2014.
Clasificación: 1 de enero de 2014
Sistema retributivo: 1 de enero de 2014.
Reducción en un 55 % del fondo de acción social con efectos desde el 1 de enero de 2014.
Reducción de un 25 % de la paga de productividad, con efecto de 1 de enero de 2014.
Disposición final segunda.
Las normas de este convenio colectivo regularán las relaciones laborales de la Corporación RTVE con sus trabajadores con carácter prioritario respecto de cualquier norma legal o reglamentaria. En todo lo no previsto por ellas, serán de aplicación el Estatuto de los trabajadores y demás disposiciones legales que regulan las relaciones de trabajo.
Disposición derogatoria.
En todo caso, y salvo lo que expresamente se deja vigente en el presente convenio colectivo, quedan derogados cualesquiera pactos, acuerdos, compromisos o estipulaciones anteriores, y en especial, el I Convenio Colectivo CRTVE.
Ello no obstante, ambas partes acuerdan que en un plazo no superior a 3 meses procederán a revisar y, en su caso, derogar, los acuerdos que se declararon expresamente vigentes en la disposición final derogatoria del I convenio colectivo de la empresa Corporación RTVE y que se relacionan a continuación, sin perjuicio de aplicar, desde la fecha de vigencia del II convenio colectivo CRTVE, las medidas que sobre transportes se pactaron en el acuerdo sobre medidas económicas de fecha 23 y 24 de julio de 2013.
Control central Torre (continuidad) 08/01/1986.
Vigente solo el punto 5 hasta homogeneización.
Gratificaciones Radio 5 de 1/4/2008.
Vigente.
Tiempo de comida continuidad las Palmas.
Vigente.
Helicópteros 28/03/2005
Vigente.
Mayor tiempo invertido 23/5/1997
Vigente.
Transporte 27/05/1994
Vigente hasta homogeneización.
Transporte 1/6/1999
Vigente hasta homogeneización.
Transporte 9/2/2006
Vigente hasta homogeneización.
Transporte 18/4/1991
Vigente hasta homogeneización.
Transporte 18/3/1994
Vigente hasta homogeneización.
Transporte 27/3/1984
Vigente hasta homogeneización.
Servicio eléctrico 15/4/1988 y 26/3/2001
Vigente, excepto jornada: Aplicación turnos. Peligrosidad: CGSSL.
Control central RNE Madrid
Vigente, y pendiente régimen de jornada.
Control central RNE Barcelona
Vigente, y pendiente régimen de jornada.
Continuidad RNE 27/2/1992
Vigente, y pendiente régimen de jornada.
Acuerdo horarios Tenerife (sin relación)
Vigente, solo el texto, sin anexos.
Anexos:
Número 1: Tablas salariales.
1.a: Tablas vigentes desde 01/01/2013 hasta 30/11/2013
1.b: Tablas vigentes desde 01/12/2013 hasta 31/12/2013
1.c: Tablas vigentes desde 01/01/2014
Número 2: Tabla de Incompatibilidades de complementos.
Número 3: Clasificación profesional: Grupos profesionales, ámbitos ocupacionales y ocupaciones tipo.
Número 4: Reglamento orquesta y coro.
Número 5: Reglamento de mandos orgánicos.
Número 6: Acuerdo de externalización de servicios. XVI convenio colectivo
Número 7. Reglamento plan de pensiones.
ANEXO 4
Régimen especial de trabajo de la orquesta sinfónica y coro de RTVE.
CAPÍTULO I
Finalidad y organización
Artículo 1. Naturaleza actividades y fines.
1. La orquesta sinfónica y coro de radiotelevisión española (OSCRTVE), constituye una unidad orgánica de carácter artístico sinfónico coral, encuadrada en la corporación radiotelevisión española (CRTVE).
2. La actividad de la orquesta y coro se deriva de su carácter sinfónico y coral, y estará constituida por la celebración de conciertos, actuaciones públicas y giras musicales por España y en países extranjeros, y de producción de programas para la corporación radiotelevisión española, tanto en emisiones al público como en grabaciones efectuadas por los medios técnicos adecuados, así como aquellos otros destinados a ser reproducidos mediante cualquier medio audiovisual.
3. Las producciones artísticas musicales propias de la OSCRTVE podrán ser emitidas y comercializadas por los medios adecuados, teniendo como objetivo la promoción de la música sinfónica y coral, y su difusión como hecho cultural y bien social.
Artículo 2. Órganos de gobierno.
1. Corresponde a los órganos de gobierno de la OSCRTVE la elaboración de los planes, previsiones, presupuestos, programas y objetivos de la OSCRTVE, así como la determinación de las estructuras que, en cada momento, mejor se acomoden a las finalidades establecidas, y la implantación de métodos y medios de control para evaluar la gestión realizada. Asimismo, la elaboración de las líneas maestras de trabajo, dentro del marco de este «régimen especial de trabajo», responsabilizándose de su realización.
2. Para los nombramientos, en su caso, de director titular y/o delegado artístico, se oirá la opinión de los profesores de la orquesta sinfónica y/o del coro, a través de sus respectivas «comisiones de régimen interno» definidas en el artículo 3.1 de este «régimen especial».
Artículo 3. Comisiones de la orquesta y del coro.
1. Comisiones de régimen interno. La orquesta sinfónica y el coro de radiotelevisión contarán con sendas comisiones de régimen interior integradas por cuatro profesores de orquesta y cuatro profesores de coro, respectivamente, elegidos por los citados colectivos entre sus miembros, cada dos años. El comité de empresa de la CRTVE de Madrid garantizará la elección y funcionamiento de las citadas comisiones de régimen interior. Sus funciones serán: elevar propuestas a la comisión de programación y órganos de gobierno de la OSCRTVE; ser oídas para la designación del director titular y demás órganos de gobierno de la OSCRTVE, así como en lo que concierne al mejor funcionamiento de las agrupaciones en sus aspectos artísticos y contenidos programáticos, dentro de lo estipulado en este «régimen especial de trabajo» y dejando a salvo las competencias del comité de empresa.
2. Comisiones artísticas. Existirán una en la orquesta y otra en el coro. Tendrán como exclusiva finalidad la «promoción artística» de los profesores según el artículo 9 de este «régimen especial». En la orquesta estará compuesta con intervención de los órganos de gobierno de la OSCRTVE (en la actualidad el gerente y el delegado artístico), así como por los directores titular y principal invitado, concertinos, portavoz de la comisión de régimen interior y solistas que procedan. En el coro estará compuesta con intervención de los órganos de gobierno que designa la CRTVE (en la actualidad el gerente y delegado artístico), el director titular, ayudante de dirección, el portavoz de la comisión de régimen interior del coro, y el portavoz de los jefes de cuerda. En su caso, se recabará la opinión del pianista del coro.
3. Comisión de programación. Estará compuesta por los órganos de gobierno de la orquesta (en la actualidad, gerente y delegado artístico), así como los directores titulares de orquesta y del coro, representantes de TVE y RNE, concertinos de la orquesta y ayudante de dirección del coro, sendos representantes de las comisiones de régimen interno de la orquesta y del coro, y la representación laboral. Esta comisión se convocará por la delegación de la OSCRTVE no menos de dos veces cada año.
En dicha comisión se propondrán las líneas generales y objetivos de la programación anual de la OSCRTVE, en atención a su interés público, valor artístico, los recursos disponibles y su vertebración en la producción propia de la corporación RTVE, teniéndose en cuenta el informe, por parte del comité de seguridad y salud laboral de Madrid, relativo a la incidencia de la programación propuesta en la prevención de riesgos laborales de los músicos y artistas.
CAPÍTULO II
Del personal
Artículo 4. Régimen y ámbito.
1. Ámbito de aplicación: el personal de las plantillas de profesores miembros de la orquesta sinfónica y coro de radiotelevisión española se regirá por el presente «régimen especial de trabajo», el convenio colectivo vigente y por las demás normas generales de aplicación en la corporación radiotelevisión española.
2. Para el mantenimiento del equilibrio instrumental y requerimiento de plantilla, la CRTVE podrá realizar, con vinculación a actuaciones concretas, puntuales «contrataciones artísticas» de personal para aumentos o refuerzo. En estos casos este personal quedará fuera del ámbito del convenio colectivo de la CRTVE, si bien seguirá pautas de organización descritas en este «régimen especial». En el caso de suplencias por licencias o bajas, se atenderá al sistema de selección previsto en el convenio colectivo.
Artículo 5. Selección.
1. Será requisito, para acceder a la categoría de profesor de la OSCRTVE, el estar en posesión del grado superior de música en la especialidad correspondiente, o titulo equivalente. Los aspirantes extranjeros deberán presentar el título equivalente.
Artículo 6. Composición de la orquesta.
Desde el punto de vista artístico, la orquesta sinfónica de la CRTVE consta de:
1. Concertino: el violín concertino es el primero de los violines. Como ayudante del director es su más directo colaborador, por lo que en caso de ausencia de éste está obligado a realizar ensayos con la orquesta, total o parcialmente. Le corresponde afinar la orquesta y señalar los arcos y digitaciones que considere técnicamente necesarios. Cuida y se responsabiliza del estado general de la afinación de la orquesta. Dada su destacada posición, deberá estar en conocimiento de la normativa contemplada en este régimen especial, pudiendo exigir su aplicación en ausencia de otros responsables habilitados.
En el caso de que exista más de un concertino, y con el fin de que puedan llevar a cabo la optima preparación de sus funciones, se alternarán en el desempeño de su función por programas o semanas. En casos de excepcional compromiso artístico, viajes al extranjero, o viajes de más de cuatro días de duración en los que se interprete más de un programa, los órganos de gobierno de la OSCRTVE podrá solicitar la presencia de ambos alternándose por actuación.
Solista: son solistas aquellos componentes de la orquesta que desempeñan los puestos de mayor responsabilidad artística, dentro de su familia instrumental, pudiendo ocupar, asimismo, otros por eventuales necesidades de plantilla o programación. Cuidan y se responsabilizan del funcionamiento técnico de su cuerda, sin perjuicio de las atribuciones generales del concertino.
Los solistas por su propia condición están obligados, cuando así lo exija la programación, a tocar los restantes instrumentos de la misma familia contemplados en la estructura de la orquesta, excepto aquellos instrumentos que por sus peculiares características, requieren una especialización que precise una preparación adicional, a juicio de la correspondiente comisión artística, en cuyo caso se considerará como el desempeño de una función acreedora a la gratificación que recoge el artículo 19 de este «régimen especial de trabajo». La colocación de los solistas de cuerda será rotatoria por bloques de trabajo dentro del primer atril de sus correspondientes cuerdas.
2. Primeras partes: son los profesores con plaza fija que se sitúan a continuación de los solistas, a quienes suplirán cuando sea necesario, estando obligados los instrumentistas de viento a tocar los restantes instrumentos de la misma familia contemplados en la estructura de la orquesta cuando así lo exija la partitura, excepto aquellos instrumentos que por sus peculiares características requieran una preparación adicional, a juicio de la correspondiente comisión artística, en cuyo caso se considerará como el desempeño de una función acreedora de la gratificación que recoge el artículo 19 de este «régimen especial de trabajo». Su colocación en la orquesta será de forma rotatoria por bloques de trabajo en su categoría.
3. Tutti: tendrán la clasificación de «tutti» los profesores que conforman la base de las secciones de cuerda. Ensayan e interpretan los pasajes colectivos con el conjunto de cada sección, adoptando las indicaciones técnicas o artísticas establecidas para dicho conjunto o para toda la agrupación. Ocasionalmente podrá asumir las funciones de «primera parte» ante una eventual ausencia de estos, siendo este caso considerado como el desempeño de una función acreedora de la gratificación recogida en el artículo 19. Su colocación en la orquesta será de forma rotatoria.
Artículo 7. Composición artística en el coro.
Desde el punto de vista artístico, el coro de RTVE estará formado por los profesores miembros del coro que prestan servicios en el mismo como tales, pudiendo desempeñar las siguientes funciones:
a) Ayudante de dirección: asume la dirección del coro en caso de ausencia del director, tanto en ensayos como en actuaciones o cuando el director lo estime oportuno. Participa en la preparación artística de las obras (lectura, afinación, interpretación, empaste...) así como en la planificación del trabajo.
b) Jefe de cuerda: existirá un jefe por cada una de las cuatro secciones o cuerdas (sopranos, mezzos, tenores y bajos). Ensayan la propia cuerda o grupo de la misma que se les asigne en todos los conceptos: lectura, afinación e interpretación. Participa junto con el director y el ayudante de dirección en la planificación del trabajo. De acuerdo con el director, disponen la colocación de sus cuerdas que estimen más apropiada para cada programa. Prestan asimismo servicio como profesores de coro.
c) Profesor de coro: son el resto de los profesores de coro. En caso de requerimiento de un grupo reducido, «coro piccolo», la reducción se hará de forma rotatoria entre los miembros de cada cuerda. Cuando estos pasajes sean de una sola voz por cuerda, se considerará como el desempeño de una función acreedora de la gratificación que recoge el art. 19 de este «régimen especial de trabajo».
d) Pianista del coro: Con las características y funciones definidas en el artículo 8.b.
Artículo 8. Pianistas del coro y la orquesta.
Las funciones de los pianistas de orquesta y coro son:
a) Pianista de la orquesta: además de las obras de repertorio sinfónico estará obligado a ensayar con los solistas vocales que intervengan en obras sin coro, en ensayos con el director y solistas, siempre y cuando no intervenga en esa obra como instrumentista.
b) Pianista del coro: participa en la preparación conjunta de las obras y ensayos parciales con el coro. Asimismo participará en calidad de solista en las obras corales que requieran acompañamiento de piano en los conciertos del coro. Estará obligado a ensayar con los solistas vocales que intervengan en la obras de orquesta y coro, en ensayos con el director y solistas, siempre y cuando no intervenga en esa obra como instrumentista. Dentro de su jornada laboral suplirá al pianista de la orquesta, en ausencia de este, si sus obligaciones con el Coro se lo permitieran. En ausencia del pianista de la orquesta podrá asumir la programación orquestal si el director de la orquesta así lo considera.
Artículo 9. Promoción de clasificación artística. Pruebas.
1. La comisión artística de la orquesta podrá plantear cambios de concertinos, ayudas de concertinos, solistas o primeras partes, siendo consideradas las solicitudes de los profesores, si las hubiese, de las que elegirán, si procede, un solo candidato.
2. Excepcionalmente, en caso de estimarse una calidad artística manifiestamente inferior a la deseada, la comisión artística podrá promover los cambios de clasificación necesarios, procediendo de forma análoga a lo dispuesto en el párrafo anterior.
3. Cuando concurran más de un candidato para un mismo puesto, la correspondiente comisión artística podrá optar por convocar pruebas de comparación entre los aspirantes. En caso de que uno de los candidatos fuese la persona que venía ocupando dicho puesto, a su instancia, se celebrará la mencionada prueba de comparación.
4. La comisión artística del coro podrá plantear la renovación de los puestos de jefes de cuerda y ayudante de dirección cada dos años.
5. Para la elección de ayudante de dirección del coro y jefes de cuerda del coro, habrá una votación previa de la correspondiente agrupación o cuerdas. El nombre del candidato así elegido será trasladado a la comisión artística por la comisión de régimen interno.
Artículo 10. Coordinadores.
1. Coordinador-Inspector de la orquesta y el coro. Los cargos de coordinador-inspector, cuyas características se consideran asimilables a las del puesto de especial responsabilidad y que se retribuye como tal con el complemento de inspector regulado en el convenio colectivo, serán ostentados por profesores pertenecientes a la plantilla de la orquesta y el coro respectivamente, a propuesta de estas, por un período de tres años, prorrogables por períodos de igual duración. A falta de candidatos, el órgano de gobierno de la OSCRTVE podrá proponer a la persona que considere idónea.
2. Sus funciones serán incompatibles con las propias del profesor de la orquesta o del coro, correspondiendo básicamente las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en este «régimen especial de trabajo»
b) Prever las necesidades de plantilla para cada actuación, en función del programa establecido, promoviendo la contratación de los profesores de aumento que exija la partitura a interpretar, bajo las indicaciones del director y jefes de sección o cuerda.
c) Elevar, con su informe, las peticiones de permiso, licencias, o cualquier otra circunstancia; comunicar las bajas por enfermedad, formulando el correspondiente parte diario de actividades e incidencias relativas al personal de la orquesta o coro.
d) Establecer las necesidades de material e instrumental que se requieran para el desarrollo de la programación establecida, cursando las peticiones correspondientes al archivero de la orquesta, cuando se trate de material de la competencia de éste.
e) Velar por la disciplina general en ensayos y conciertos.
f) Confeccionar, con la debida antelación, las listas de plantilla y servicios para viajes y giras, así como informar a la orquesta, mediante avisos y en el tablón de anuncios, de los planes de trabajo, días, horarios, programas y, en general, de cuánto debe ser conocido por los profesores.
g) Pondrá en conocimiento de los diferentes directores invitados, los distintos horarios usos y normativa concerniente a la orquesta y coro, y cuanto fuere necesario para evitar cualquier malentendido.
Artículo 11. Archivo.
1. Archiveros de la orquesta y el coro.
Para atender las necesidades de la orquesta y el coro, estos puestos serán desempeñados preferentemente por profesores, de la orquesta y del coro respectivamente, cuyas funciones serán incompatibles con la actividad propia de profesor de la orquesta y el coro. A falta de candidatos, el órgano de gobierno de la OSCRTVE promoverá su elección por el sistema de provisión de vacantes.
Desempeñarán las siguientes funciones:
a) La conservación y mantenimiento de los archivos musicales de la orquesta, tanto de las obras propias como las que se utilicen en régimen de alquiler o cesión.
b) La tramitación de reposición de las partituras o particellas que, por deterioro, extravío o cualquier otra circunstancia, se haga necesaria.
c) La transcripción de las anotaciones y arcos que indique el director de la orquesta o los concertinos con una antelación mínima de cuatro semanas.
d) El control del material de la orquesta, antes y después de ensayos y conciertos, así como la conservación de los programas de los conciertos que celebra la orquesta, para su posterior archivo.
e) Facilitar al director o profesores que lo soliciten, las partituras o partes instrumentales de las obras que deseen conocer o estudiar. Facilitarán también a los profesores, con antelación mínima de una semana, los materiales de estudio de la parte específica de cada una de las obras programadas. Los solistas tendrán acceso a estos materiales desde el momento en el que el archivo haya dado entrada a los mismos.
f) El registro en medios adecuados, libros, fichas etc.; de todas y cada una de las actuaciones de la orquesta, grabaciones, etc., con todos los datos técnicos convenientes para su mejor identificación.
g) Alquiler de materiales y control de las distintas ediciones del material.
h) En caso de viajes o giras se desplazarán el número de archiveros necesarios según el volumen de trabajo.
i) Las funciones del archivero serán incompatibles con la actividad propia del instrumentista.
2. Con objeto de asegurar la responsabilidad y el material, se dará a conocer a los archiveros la programación tanto de la temporada de abono como de la extraordinaria con la antelación suficiente.
CAPÍTULO III
Régimen de trabajo
Artículo 12. Jornada de trabajo.
1. La jornada de trabajo de la orquesta sinfónica y coro de RTVE, con las especialidades previstas en el presente régimen especial de trabajo, será la establecida en el convenio colectivo de la CRTVE.
2. Un porcentaje del 65.7 por ciento de la jornada laboral semanal se dedicará a trabajo de conjunto, y el resto, al estudio y preparación individual, sin sujeción a un horario fijo. Las horas de trabajo de conjunto semanal se distribuirán, normalmente, en un máximo de seis sesiones semanales en cinco días según horario habitual de referencia.
3. Se exceptuará de esta especialidad a los coordinadores y archiveros de la orquesta y del coro.
4. El plan general de trabajo de la orquesta sinfónica y coro de radiotelevisión española se dará a conocer a los profesores con una antelación de tres meses. Los cambios de horario que por causa excepcional pudieran necesitarse, se comunicarán en la forma dispuesta al efecto en el artículo 41 del convenio colectivo. Se comunicarán los motivos del cambio al comité de empresa de Madrid.
Artículo 13. Sesiones y tipo de sesiones.
1. Se considerará «bloque de trabajo» unitario, cada conjunto de distintas sesiones relacionadas entre sí por el contenido de cada uno de los programas: ensayos con conciertos, sesiones de grabación por disco, etc.
2. Se considerará servicio o sesión de trabajo al tiempo transcurrido entre el inicio y final de cada unidad de trabajo de conjunto diario, incluidas las posibles pausas de descanso. Cada sesión de trabajo de conjunto no podrá exceder de cuatro horas. El máximo de sesiones de trabajo de conjunto por día no podrá exceder de dos, con una duración máxima, en este caso, de tres horas cada sesión conjunta, sin que se sobrepasen normalmente las dos dobles sesiones semanalmente como jornada partida.
3. Dentro de la jornada semanal de trabajo de conjunto, y atendiendo a la intensidad del trabajo en cada circunstancia, existirán los siguientes tipos de sesiones de trabajo:
a) Ensayos ordinarios: tendrán una duración máxima de cuatro horas, salvo en doble sesión diaria o en las giras y desplazamientos, donde tendrán una duración de tres horas.
b) Ensayos generales: como sesión previa que reproduce las condiciones del posterior concierto, con público o sin él, tendrán una duración máxima de dos horas y media. Antes del ensayo general, o entre este y el concierto, no se realizará ensayo u otro tipo de servicio o prestación.
c) Conciertos: de duración variable según el programa. A efectos de computo horario y en atención a su intensidad, los conciertos se computarán como cuatro horas de trabajo de conjunto para los profesores.
d) Grabaciones: las sesiones de grabación de imagen y/o sonido tendrán una duración máxima de tres horas.
e) Pruebas acústicas: en los desplazamientos de la OSCRTVE, los ensayos de prueba acústica, con la consideración de preparación previa a una actuación en un lugar distinto al habitual, no excederán de cuarenta y cinco minutos. Cuando estas pruebas se realicen también para la preparación técnica de imagen y sonido podrán tener una duración de hasta una hora.
4. Los ensayos generales, conciertos y grabaciones para radio o televisión podrán celebrarse con público o sin él. En los ensayos generales con carácter de utilidad pública, se intentará mantener su integridad programática con el mínimo de interrupciones posibles.
5. Los ensayos parciales en la orquesta, entendiendo como tales cuando son convocados por el correspondiente maestro director distintos grupos de la orquesta, se realizarán dentro del horario establecido, computándose para cada grupo como un «ensayo ordinario» completo. Se avisarán con un mínimo de 24 horas de antelación. No tendrá consideración de ensayo parcial el trabajo por grupo o sección inferior a 20 minutos. Los maestros directores podrán optar entre la siguientes modalidades de ensayo parcial:
a) Un ensayo de tres horas de duración en total dividido en dos partes iguales, en el que en la primera mitad ensayará un grupo instrumental, y en la siguiente mitad lo hará la fracción restante de la agrupación.
b) Un ensayo de cuatro horas de duración en total dividido en tres partes, dos de ellas para distintas secciones, y una para la agrupación al completo.
6. Cuando, eventualmente, por falta de espacio físico, necesidad de equilibrio acústico, o requisito instrumental o vocal de una partitura en una obra determinada, sea necesaria una reducción de instrumentos o voces, esta se efectuará de forma rotatoria entre los miembros de las secciones afectadas; siempre que se mantenga, como puestos de responsabilidad: un solista en cada sección de viento; y, un solista y un primera parte, o dos solistas, en el primer atril de cada sección de cuerda.
Artículo 14. Descansos.
1. Los descansos serán de quince minutos por hora de trabajo de conjunto, dentro del horario establecido y entre períodos no inferiores a una hora ni superiores a una hora y cuarto.
2. Salvo por necesidades objetivas de programación o inmediatez de la actuación, los miembros de la OSCRTVE contarán con los días festivos dispuestos en el calendario laboral de Madrid. El disfrute de días festivos no supondrá un incremento horario o dobles sesiones sobre el resto de la jornada semanal. En caso de no disfrutar la correspondiente reducción de jornada semanal por festivos, estos se considerarán como pendientes de recuperación.
3. Los días en los que se realicen dos sesiones de trabajo, el tiempo de separación entre ambas será de tres horas como mínimo, teniendo en cuenta que el período entre el inicio de la primera sesión o citación, y el final de la segunda no podrá exceder las doce horas. El intervalo entre dos sesiones en días consecutivos será de doce horas como mínimo.
4. En giras y desplazamientos, además de lo contemplado en este artículo habrá que atenerse a lo establecido en el artículo 15 de este régimen especial.
Artículo 15. Giras y desplazamientos.
En la planificación de los viajes y giras deberá de estar contemplado el tiempo y horario necesarios para las comidas y cenas, así como la disponibilidad de los servicios de restauración según sus horarios.
La CRTVE facilitará los medios de transporte. Cuando la distancia al lugar de destino sea superior a 300 km se utilizará ferrocarril o avión si lo hubiere. Para desplazamientos inferiores a 300 km se podrá utilizar el autobús, debiendo entonces atenerse a la normativa y recomendaciones establecidas por la dirección general de tráfico, así como las pausas para comidas.
Para el transporte de los instrumentos de los profesores, la CRTVE facilitará los medios precisos que atiendan las necesidades de acondicionamiento y preservación de los mismos, poniendo especial atención a las medidas que eviten su exposición a golpes y temperaturas extremas.
La planificación de viajes, horarios y hoteles, se dará a conocer con tres semanas de antelación.
La configuración general de los viajes se comunicará previamente a la representación laboral. En casos especiales podrá crearse una comisión mixta con representantes de la OSCRTVE para dicha configuración.
En cuanto al régimen de trabajo para las giras y desplazamientos, además de lo indicado en los artículos 13, 14 y 15 del presente régimen especial, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la orquesta o coro deban realizar desplazamientos de hasta cuatro horas teóricas, contadas desde el momento de la citación hasta la llegada a los alojamientos, solo se podrá realizar una sola sesión sea ensayo o concierto. De ser rebasadas las cuatro horas, salvo causa imprevista de fuerza mayor, la orquesta o coro no actuará ese día, sin que se pueda considerar «día de descanso».
b) Cuando la gira sea de duración superior a seis días efectivos desde su salida al regreso, se observará rigurosamente un día de descanso semanal, durante el cual no se realizarán desplazamientos o actuaciones de cualquier índole, salvo acuerdo contrario entre los representantes de los trabajadores con la dirección, que lo harán excepcionalmente y por causa justificada. En dichas giras de duración superior a seis días efectivos se estudiará el uso de lo dispuesto en el artículo 46 del convenio colectivo.
c) El tiempo de duración de los desplazamientos en las giras será tomado de las horas de preparación individual en tanto no se supere la jornada semanal total, por encima de la cual se considerarán horas extraordinarias.
CAPÍTULO IV
Retribuciones
Artículo 16. Nivel retributivo.
A los profesores miembros de la orquesta y coro les será de aplicación las retribuciones y progreso de Nivel Económico del GRUPO I según el convenio de la CRTVE.
Artículo 17. Complemento de orquesta y coro de RTVE.
1. Los profesores de la orquesta sinfónica y del coro de RTVE tendrán derecho a la percepción de un complemento de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de la CRTVE.
2. Para la fijación del expresado complemento se han tenido presente los puestos de trabajo y las distintas funciones desarrolladas por los profesores de la OSCRTVE, con especial referencia a la peculiar aportación que tal desempeño de su cometido lleva aparejada, retribuyendo la clasificación artística de los distintos puestos, así como la modificación de sus horarios, dentro de lo establecido en el presente «régimen especial de trabajo», con el cambio excepcional de día de trabajo o la realización ocasional de sesiones de trabajo en sábados, domingos o festivos, hasta un máximo de 12 servicios especiales anuales.
3. La percepción del citado complemento desaparecerá cuando se dejen de realizar las funciones de la clasificación asociada. Asimismo, se tendrá en cuenta la tabla de incompatibilidades del vigente convenio colectivo, en su anexo número 3.
Artículo 18. Prestación de instrumentos musicales propios.
1. La corporación radiotelevisión española abonará la cuantía establecida en las tablas salariales del convenio colectivo CRTVE a los profesores instrumentistas de la orquesta sinfónica de RTVE, por la aportación a su trabajo del instrumento musical de su propiedad. También otorga el derecho a la reparación del instrumento en caso de deterioro, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 15 y 26 de este «régimen especial» en cuanto a la preservación de los mismos.
2. Los órganos de gobierno de la orquesta sinfónica proporcionará a los profesores los accesorios necesarios para el perfecto uso y conservación del instrumental.
3. La corporación radiotelevisión española no asume responsabilidad alguna por la perdida por robo, extravío o accidente de un instrumento musical fuera del tiempo de servicio oficial. Durante el uso del instrumental en tiempo de servicio en la orquesta, sea en ensayos, conciertos, giras o desplazamientos, este deberá estar asegurado mediante las pólizas correspondientes, suscritas por la CRTVE, que serán revisadas y actualizadas anualmente. De acuerdo con la peritación que se establezca, los interesados podrán incrementar voluntariamente la cuantía de la póliza, complementando la diferencia a su cargo.
Artículo 19. Gratificación por calidad superior de trabajo.
1. La participación puntual de los profesores de la OSCRTVE en actuaciones de especial dificultad y protagonismo público, así como aquellas que exijan un esfuerzo adicional de preparación o que sobrepase su cometido sinfónico coral habitual, darán derecho a la concesión, vinculada a estas actuaciones, de la gratificación regulada en el artículo 63.3 del convenio colectivo CRTVE.
Los órganos de gobierno de la OSCRTVE, oída la representación laboral y la comisión de régimen interno, propondrá anualmente una lista de obras e instrumentos con derecho a esta gratificación. Asimismo, dará derecho a la concesión de la mencionada gratificación:
a) La actuación de un profesor de orquesta como concertista o un profesor del coro como solista vocal en una obra coral.
b) El uso de instrumentos especiales tales como: viola de gamba, bajo de viola da gamba, viola da braccio, flauta baja, flauta contrabajo, familia de flautas de pico o barrocas. Oboe de amor, oboe barítono, hekelfón, clarinete contrabajo, sarrusófonos y otros similares, corneta, fliscorno, trompeta baja, trompeta barrocas, trompa alta, trompa natural, tuba wagneriana, trompa alpina, trombón alto, trombón contrabajo, trombón de pistones, bombardino, batería de jazz, familia de sacabuches, steel drum.
c) La ejecución de algún miembro de la orquesta del papel de continuo en obras de gran duración.
Artículo 20. Acoplamiento para el personal con capacidad restringida.
A los profesores de la orquesta sinfónica y del coro que se vean afectados por una disminución de las facultades físicas, de tal grado que les incapacite para la prestación idónea de sus funciones, les será aplicado lo establecido en el artículo 21 del vigente convenio colectivo de radiotelevisión española.
CAPÍTULO V
Derechos y deberes
Artículo 21. Vacaciones.
Los miembros de la orquesta y coro tendrán derecho al periodo de vacaciones anuales retribuidas establecido para el personal de RTVE. Dada la naturaleza de su actividad, el período vacacional preferentemente será en un solo turno entre julio y agosto; las fechas de su disfrute se concretarán con cuatro meses de antelación, de acuerdo con el calendario de la orquesta y coro.
Artículo 22. Licencias.
El régimen de licencias para los profesores se ajustará a lo establecido en el vigente convenio colectivo, con las modificaciones siguientes para las licencias por asuntos propios o sin retribución:
1. Las licencias por asuntos propios o sin retribución de un solo día no podrán concederse coincidiendo con actuación en concierto.
2. Debido a las peculiaridades de la orquesta, al tipo de trabajo, a la conexión entre ensayos y actuaciones, a las unidades de trabajo que constituyen las actuaciones y sus correspondientes ensayos; las solicitudes de permiso por asuntos propios o no retribuidos lo serán de un día, o por unidades programáticas de trabajo completas.
3. En cuanto a las licencias no retribuidas: los profesores de la orquesta sinfónica y del coro, por las peculiaridades derivadas de su trabajo podrán solicitar dicha licencia cinco veces al año, siempre que el cómputo de peticiones no supere el plazo establecido de tres meses.
4. Se considerará necesidades de servicio al mantenimiento de tres cuartas partes de los profesores miembros de cada cuerda o sección, con la presencia de un solista. Por debajo de estas cifras y para las secciones de menos de cuatro profesores de plantilla, se convendrán las solicitudes de licencias no retribuidas o asuntos propios con los órganos de gobierno de la OSCRTVE.
5. Salvo imprevistos de fuerza mayor, la solicitud de licencia por asuntos propios o no retribuida se hará por escrito con un mínimo de siete días de antelación. En caso de una múltiple coincidencia de fecha de petición que objetivamente imposibilite la concesión de todas, estas licencias se otorgarán teniendo en cuenta las necesidades del servicio y el orden de solicitud.
Artículo 23. Excedencias.
El régimen de excedencias de los profesores de la OSCRTVE se ajustará a lo establecido en el convenio colectivo de CRTVE y la legislación vigente.
Artículo 24. Incompatibilidades.
Los profesores de la OSCRTVE regulados por este «régimen especial de trabajo» quedarán sujetos a la regulación vigente en materia de incompatibilidades.
Artículo 25. Vestuario.
1. La corporación radiotelevisión española, a través de los órganos de gobierno de la orquesta sinfónica y coro de RTVE, facilitará a los profesores y profesoras el vestuario apropiado según las distintas actuaciones. El vestuario se renovará cada tres años. Las prendas ligeras se suministrarán anualmente.
2. Los profesores deberán cuidar razonablemente de este vestuario, de uso obligatorio en conciertos y grabaciones audiovisuales, quedando prohibido su uso fuera de las actuaciones oficiales de la orquesta y coro. La CRTVE se hará cargo de los posibles gastos de mantenimiento del vestuario oficial.
3. Se aprestará un número adecuado de prendas apropiadas disponibles, para profesores de aumento o personal con intervención en el escenario.
Artículo 26. Conservación de instrumentos.
Atendiendo al valor y la frágil naturaleza de los instrumentos de propiedad de los profesores de la orquesta, la CRTVE pondrá los medios necesarios para su preservación, tanto en su depósito habitual en instalaciones de la CRTVE como en los traslados.
Artículo 27. Seguridad y salud laboral.
Los órganos de gobierno de la OSCRTVE, sin perjuicio de las competencias en esta materia de la representación de los trabajadores, velarán por el cumplimiento y seguimiento de la evaluación de riesgos laborales elaborada por el comité de seguridad y salud laboral.
En particular, se prestará especial atención a la reglamentación sobre pesos y cargas, vigilando la correcta manipulación del material, así como a la prohibición de tránsito por la parte superior del escenario mientras la orquesta y coro realice cualquier tipo de sesión. Asimismo, se velará porque los ensayos ordinarios del coro, con o sin orquesta, se realicen sentados, en tanto el maestro director, puntualmente, no solicite lo contrario.
La representación laboral y las comisiones de régimen interno deberán ser informadas y oídas sobre los proyectos de obras o remodelaciones que afecten al lugar habitual de trabajo.
La unidad de salud laboral de la CRTVE podrá emitir informe que aconseje tratamiento de las afecciones osteomusculares, dorsolumbares, respiratorias o bucofaríngeas, en los profesores de la orquesta y coro y con origen laboral. El tratamiento requerirá la voluntariedad del trabajador. La comisión de acción social determinará el importe de las ayudas a percibir, dentro de sus presupuestos.
Artículo 28. Adquisición de entradas.
Con independencia de posibles excedentes de taquilla que se pudieran facilitar, los profesores de la OSCRTVE podrán beneficiarse de un descuento intransferible de un 50% sobre el precio en taquilla de sus actuaciones; tanto en la adquisición de hasta dos entradas por actuación, como por la adquisición de un abono por cada temporada o ciclos. Así mismo se dispondrá el procedimiento pertinente para que este beneficio alcance a los profesores de la OSCRTVE jubilados.
ANEXO 5
Normas especiales para mandos orgánicos
Artículo 1.
Se consideran «mandos orgánicos» en el ente público RTVE y sus sociedades estatales, a los trabajadores que desempeñen puestos de jefatura de las unidades orgánicas existentes en la organización de RTVE y no incluidas en los niveles de dirección.
Artículo 2.
Los mandos orgánicos se regirán por estas normas especiales, por la legislación laboral vigente y por las normas internas de RTVE, en sus respectivos ámbitos de aplicación.
Artículo 3.
La designación de mandos orgánicos de RTVE y sus sociedades es competencia indeclinable de sus órganos rectores y se efectuará de acuerdo con el estatuto de la radio y la televisión, a través de la respectiva dirección de personal informando periódicamente al correspondiente comité intercentros.
Artículo 4.
El nombramiento para un puesto de mando orgánico podrá ser efectuado por plazo determinado o con carácter indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de estas normas.
Artículo 5.
Los nombramientos de mandos orgánicos deberán cumplir las siguientes formalidades:
A) Identificación de la persona designada. / Categoría profesional. / Cese, en su caso, en el puesto de mando anterior.
B) Denominación de la unidad orgánica. / Encuadramiento. /Rango del puesto de mando. / Nivel económico asignado.
C) Duración del nombramiento.
D) Tipo de dedicación exigida y declaración de incompatibilidad que le afecte.
Artículo 6.
Se establecen como requisitos para ostentar puestos de mando orgánico, los siguientes:
1. Ser trabajador fijo del ente público RTVE o de sus sociedades RNE, S.A. y TVE, S.A., con una antigüedad mínima de dos años.
2. Carecer de sanciones no canceladas en el expediente personal.
3. Formación exigible en razón de las características y funciones del puesto a desempeñar.
4. Experiencia profesional adecuada.
Artículo 7.
Para la selección de mandos orgánicos de RTVE, la dirección tendrá en cuenta las circunstancias de las personas, que se valorarán conjuntamente de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Idoneidad para el puesto, según las características, responsabilidades, funciones y demás circunstancias del mismo.
b) Categoría profesional en RTVE con preferencia, en igualdad con los demás requisitos, de la superior sobre la inferior.
c) Titulación. Cuando no sea requisito necesario será valorada como mérito. Se tomarán en consideración los diplomas expedidos por el instituto oficial de radio y televisión.
d) Experiencia en puesto de mando o responsabilidad.
e) Experiencia profesional relacionada con el área en que se encuadra la jefatura.
f) Antigüedad en RTVE.
g) Aptitudes no reseñadas en los apartados anteriores: dotes de mando, laboriosidad, capacidad de análisis, creatividad (imaginación, iniciativa e ingenio), facultad de persuasión y negociación, aceptación de responsabilidades, decisión, organización del trabajo, capacidad para trabajar sin supervisión, control o verificación, capacidad de comunicación y sentido de empresa.
Artículo 8.
1. El complemento de mando orgánico retribuye las actividades y responsabilidades que se adicionen a las de la categoría profesional del trabajador, inherente al ejercicio de mando orgánico en RTVE, autorizado por el correspondiente nombramiento, durante la vigencia de éste. No tiene carácter de consolidable.
2. Por la responsabilidad asumida de garantizar la continuidad del servicio de la unidad orgánica a sus órdenes, quienes ocupen puestos de mando de unidades orgánicas están obligados a realizar jornadas de trabajo de mayor duración a la normal, cuando las necesidades del servicio lo exijan.
Artículo 9.
1. Durante el tiempo en que se ejerza un puesto de mando orgánico, se mantendrá la totalidad de los derechos y deberes profesionales y laborales relativos a la categoría profesional propia, así como aquellos inherentes al puesto de mando desempeñado en cuanto se refiere a atribución de responsabilidades, dedicación, competencias, participación en las decisiones, y mando sobre los trabajadores a su cargo.
2. Para el mejor desempeño de sus funciones, las direcciones correspondientes harán partícipes a sus respectivos mandos orgánicos de mayor nivel el programa de objetivos a cumplir en el periodo siguiente. Los mandos orgánicos elaborarán el proyecto de actividades correspondiente, que someterán a estudio y aprobación superior.
3. Asimismo, las direcciones informarán a los mandos orgánicos máximos, y éstos a sus inmediatos, hasta agotar la escala organizativa, respecto a la política general del ente público RTVE y sus sociedades RNE, S.A. y TVE, S.A., en lo que les afecte.
Artículo 10.
Los mandos orgánicos estarán obligados a:
a) Asumir dentro de las normas internas de organización y conforme a las instrucciones de sus superiores, la responsabilidad profesional correspondiente a las competencias o funciones atribuidas y la derivada de la organización del trabajo y disciplina de las personas encuadradas en la unidad correspondiente.
b) Realizar personalmente los trabajos y cometidos de mayor responsabilidad, importancia, complejidad, confidencialidad o que supongan una más alta exigencia de cumplimiento de los deberes asumidos; cuidar, coordinar y supervisar el trabajo de las personas a su cargo y tomar, dentro del ámbito de sus competencias, las decisiones necesarias para el cumplimiento de las funciones encomendadas a su unidad.
c) Colaborar en la elaboración de planes, programas de actividades y métodos de trabajo y participar en la organización del mismo y en el cumplimiento de los objetivos de política laboral de RTVE.
d) Ejercer el mando con el debido respeto a la dignidad y a los derechos de las personas a su cargo.
e) Actuar como cauce de información entre los directivos y mandos superiores y el personal de su unidad; colaborar en la mejora de la comunicación interna; fomentar la participación de los trabajadores e impulsar la solidaridad entre todas las personas que prestan sus servicios en RTVE.
f) Atender de modo permanente a su propia formación, capacitación y profesionalización, realizando las actividades de este tipo para las que sea seleccionado o designado. La realización con aprovechamiento de estas actividades constará en el expediente personal del interesado.
g) Trabajar en comisiones, grupos de trabajo y órganos colegiados permanentes o transitorios y cumplir comisiones de servicio, cuando sea designado para ello por la dirección respectiva. Colaborar en calidad de experto o asesor, cuando sea requerido por la dirección.
h) Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad y salud laboral y las específicas instrucciones sobre seguridad de bienes y personas de RTVE.
i) Impartir formación, en el ámbito de su profesionalidad, formar parte de tribunales y colaborar, en general, en la formación del personal de RTVE.
j) Guardar secreto profesional respecto a las materias gestionadas.
Artículo 11.
1. Cuando el nombramiento para un puesto de mando orgánico lleve consigo el traslado de población, se entenderá, a todos los efectos, que se trata de un traslado convenido, de acuerdo con lo que establece el artículo 42 del vigente convenio colectivo.
2. El cese en un puesto de mando orgánico que se viniese desempeñando conforme a la circunstancia contemplada en el punto 1 del presente artículo, comportará el traslado forzoso a la población donde el mando orgánico tenía su residencia con anterioridad a su nombramiento, salvo que exista vacante en la población en que se cesa y teniendo en cuenta la voluntad de permanencia o de regreso del interesado.
Artículo 12.
Con carácter anual, las direcciones de personal harán público en cada localidad un censo del personal que ocupe puestos de mandos orgánicos.
Artículo 13.
Serán causas de cese en los puestos de mando orgánico:
a) Finalización del plazo establecido.
b) Incumplimiento de las obligaciones del cargo.
c) Ineficacia en la gestión.
d) Incapacidad para el desempeño efectivo del cargo por más de tres meses.
e) Incursión en cualquiera de los supuestos de incompatibilidades.
f) Nombramiento para otro cargo de mando orgánico o directivo.
g) Amortización del cargo.
h) Solicitud del interesado, aceptada por la dirección, en el más breve tiempo posible.
i) Revocación del nombramiento propuesto por superior jerárquico, con expresión de la causa o motivos que, a su juicio, lo justifique, acordada por la dirección, previa notificación del propósito al interesado.
j) Imposición de sanción disciplinaria por falta muy grave firme.
Artículo 14.
Quienes hayan desempeñado cargo de mando orgánico, serán destinados, cuando cesen, a un puesto adecuado a su experiencia y dedicación a RTVE. El cese en el cargo cuando fuera por alguna de las causas enumeradas en los apartados a), d), g) e i), del artículo 13, le otorgará derecho a mantener, como retribución complementaria transitoria, una retribución complementaria y transitoria, cuya cuantía ascenderá al veinticinco por ciento del complemento de mando orgánico, si ocupó el cargo más de dos años. La cuantía que resulte de realizar las anteriores operaciones y que se perciba por este complemento tendrá la consideración de cantidad bruta y estará sometida a los descuentos de IRPF y de seguridad social que legalmente le correspondan.
Este complemento tendrá una duración de dos años a partir de la fecha del cese, y será absorbible y compensable por todos los conceptos y complementos retributivos, salvo por los incrementos derivados del complemento de antigüedad, desde el mismo momento de su percepción.
Disposición final.
En todo lo no previsto en estas normas se aplicarán los preceptos de régimen general de trabajo en RTVE y sus sociedades.
Disposición transitoria.
Estas normas afectarán con carácter general a las jefaturas de la actual estructura orgánica de RTVE, no incluidas en los niveles de dirección, excepto en lo relativo a las formalidades y requisitos de designación de mandos orgánicos, que será de exclusiva aplicación a los nombramientos futuros.
ANEXO 6
Acuerdo externalización de servicios
Acuerdo sobre la prestación de servicios por personas empleadas en empresas ajenas a RTVE y sus sociedades, y para la externalización de determinadas tareas y trabajos que desempeña personal de RTVE de acuerdo con el sistema de clasificación profesional y cometidos de las categorías.
La optimización de los recursos propios, el escrupuloso cumplimiento de la legislación vigente por las empresas que prestan servicios a RTVE y sus sociedades, la necesaria participación de productores independientes en las actividades televisivas y la consecución de la mayor calidad en nuestras producciones y emisiones con la mayor eficacia y economía, son principios, todos ellos, que deben ser respetados y correctamente conciliados. Para contribuir a este fin las partes acuerdan:
1. La utilización del personal fijo disponible tendrá carácter preferente en las tareas o procesos que habitualmente vienen siendo desempañados por personal de plantilla de RTVE y sus sociedades, todo ello sin perjuicio del obligado cumplimiento de las cuotas que, conforme a la legislación vigente, corresponden a los productores independientes. Por todo ello, en aras de conjugar debidamente, con criterios de eficacia, eficiencia y creatividad, los referidos principios de actuación, estos acuerdos referidos a todas aquellas empresas que, al trabajar para RTVE o sus sociedades, incorporan mano de obra sustitutiva del personal propio, serán incorporados al texto del XVI convenio colectivo de RTVE y sus sociedades para su mejor aplicación.
2. La dirección y los representantes de los trabajadores, tras revisar la situación actual y queriendo adecuarla a las necesidades y derechos concurrentes, han llegado a estos acuerdos que delimitan los puestos de trabajo, procesos o categoría laborales que son afectados en relación con la contratación o subcontratación de servicios correspondientes a actividades complementarias que no constituyen las principales actividades de RTVE y sus sociedades. A este fin se detallan aquellas categorías, de las existentes actualmente en RTVE, cuyos cometidos podrán ser realizados por personal de contratas y que, como consecuencia de ello, se declaran a extinguir del sistema de categorías que incorpora el convenio colectivo de RTVE.
(1) Telefonistas.
(2) Recepcionistas.
(3) Conserjes.
(4) Ordenanzas.
(5) Auxiliares de régimen interno.
(6) Antenistas.
(7) Oficiales y ayudantes de oficios (sólo aquellos puestos de trabajo que no se aplican a la producción de programas).
(8) Oficiales de oficio/conductores (unidades móviles).
(9) Guardés.
(10) Limpiador.
3. Aquellos trabajadores fijos que en el momento de la firma de estos acuerdos desempeñan trabajos de los afectados en el apartado 2 anterior, podrán optar por el mantenimiento «ad personam» de su categoría y condiciones contractuales o ser reconvertidos a otra categoría profesional cuando organizativamente sea necesario en RTVE para lo que recibirán formación y adiestramiento necesarios, resultado efectiva la reconversión una vez superada la correspondiente formación. Lo aquí dispuesto le será de aplicación al personal que actualmente desempeña estas funciones con la condición de personal indefinido no fijo por sentencia judicial, desde el momento en que adquieran la condición de fijos.
4. En los contratos que se establezcan con empresas ajenas a RTVE y sus sociedades para la contratación o subcontratación de servicios u obras, tanto de carácter específico como complementario de las actividades principales de RTVE y sus sociedades, deberá exigirse, a través de las correspondientes certificaciones, el cumplimiento de la normativa laboral general y sectorial aplicable de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
5. Conforme a lo anterior y respecto a la contratación o subcontratación de esos servicios y procesos prestados por profesionales ajenos a RTVE y sus sociedades bajo el ámbito de los acuerdos alcanzados, la correspondiente dirección de personal comunicará mensualmente al comité intercentros de cada sociedad, o comité del centro correspondiente, si el ámbito del contrato se limitase a éste, las contratas o subcontratas y coproducciones que se establezcan, facilitando la información disponible que identifique a la empresa, y que se establece en los siguientes datos:
a. C.I.F./N.I.F.
b. Razón social.
c. Domicilio social.
d. Actividad objeto de la contratación.
e. Número patronal de inscripción en la seguridad social.
f. Número de jornadas de trabajo estimadas que corresponden a la prestación del servicio contratado.
g. El convenio colectivo de aplicación al personal de la empresa contratada.
h. Fechas de inicio y finalización de la contratación.
i. Periodicidad de la prestación contratada, prórrogas, rescisión.
j. Lugar de ejecución de la contrata. (Cada centro de trabajo de RTVE)
k. Coordinación de condiciones de seguridad o prevención de riesgos.
Para asegurar el mejor tratamiento de la información anterior, ésta se proporcionará en soporte informático, con ficheros de estructura de tabla de bases de datos compatible con aplicaciones más corrientes.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley de prevención de riesgos laborales y demás normativa sobre seguridad y salud laboral, radiotelevisión española llevará a efecto las correspondientes medidas de coordinación en relación con las empresas comprendidas en este acuerdo.
7. RTVE y sus sociedades establecerán los mecanismos contractuales necesarios para garantizar que por parte de las contratas o subcontratas se respeten y cumplan los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos la posibilidad de retener los pagos pendientes a la contrata o subcontrata o las cantidades entregadas en concepto de fianza, cuando se haya comprobado el incumplimiento por parte de éstas de las obligaciones legales laborales para con sus trabajadores. El comité intercentros de la sociedad contratante o el comité del centro correspondiente, si el ámbito del contrato se limitase a éste, ante la existencia de indicios razonables de vulneración de las obligaciones legales laborales de alguna de las empresas podrá recabar de RTVE y sus sociedades la correspondiente investigación y aclaración previa al objeto de determinar la exactitud o inexactitud de los indicios, así como de las decisiones adoptadas en su caso por RTVE y sus sociedades, dando cuenta documentalmente al órgano de representación legal de los trabajadores que instó dicha acción.
ANEXO 7
Reglamento del plan de pensiones
Especificaciones
El plan de pensiones de los trabajadores del ente público RTVE, fue aprobado dentro de los acuerdos de la negociación colectiva llevada a cabo en la revisión para 1990 del VIII convenio colectivo, firmado con fecha 27 de julio de 1990, publicado en el B.O.E. de 22 de octubre de 1990.
La comisión de control del plan de pensiones de los trabajadores del ente público RTVE, con la finalidad de garantizar las aportaciones futuras a los trabajadores de las nuevas empresas resultantes de las operaciones societarias consecuencia de la ley 17/2006 de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal y de conformidad a su disposición transitoria segunda «de la sucesión legal del ente público RTVE, las sociedades TVE, S.A. y RNE, S.A.» acuerdan por unanimidad, en cumplimento de lo establecido en los artículos 36, apartado 2 y 40 d) del real decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de planes y fondos de pensiones, proceder a la transformación del plan de pensiones de los trabajadores del ente público RTVE en un plan de promoción conjunta.
I. Denominación, entrada en vigor y modalidad
Artículo 1. Denominación, objeto y entrada en vigor del plan.
Las presentes especificaciones del plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la Corporación RTVE regulan las relaciones dentro del mencionado plan, entre los distintos promotores que lo formalizan o que en el futuro puedan incorporarse, sus respectivos partícipes y beneficiarios, cuya condición lleva implícita la aceptación de todas las normas en él contenidas.
El plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la Corporación RTVE ha sido promovido por las entidades promotoras que figuran en los correspondientes anexos y define los derechos y obligaciones de las personas en cuyo interés se crea y de las que participan en su constitución y desenvolvimiento, así como los mecanismos para la articulación de aquéllos.
Este plan de pensiones se regulará por estas especificaciones, por el real decreto legislativo 1/2002, texto refundido de la ley de regulación de los planes y fondos de pensiones y por el real decreto 304/2004, de 20 de febrero, que aprueba el reglamento de planes y fondos de pensiones y por cuantas disposiciones normativas de cualquier rango que, actualmente o en el futuro, puedan serle de aplicación.
La constitución de este plan de pensiones ha sido objeto de negociación colectiva con los representantes legales de los trabajadores.
Su duración es indefinida.
Artículo 2. Sistema y modalidad.
Este plan de pensiones se configura como una institución de previsión de carácter privado, voluntario, complementario e independiente de la seguridad social pública que, en razón de sus sujetos constituyentes, se encuadra en la modalidad de sistema de empleo, siendo en razón de las obligaciones estipuladas, de aportación definida, con aportaciones obligatorias del promotor y voluntarias de los partícipes.
Artículo 3. Adscripción del plan a un fondo de pensiones.
El presente plan de pensiones se integra en Radio Televisión Española pensiones, fondo de pensiones.
La integración se realizó mediante la apertura de una cuenta de posición del plan en el fondo, en las condiciones que se especifican en el presente reglamento y las normas de funcionamiento del fondo de pensiones al que se adscribe y con cargo al cual se atiende el cumplimiento de las prestaciones derivadas del plan.
Artículo 4. Incorporación nuevas empresas.
La incorporación de nuevas empresas a este plan de grupo se realizará mediante solicitud a la comisión de control del plan, quien aceptará o no su incorporación, comprobando si cumple los requisitos exigidos por la legislación vigente. La solicitud deberá incluir el anexo que se añadirá a las presentes especificaciones. Estos anexos no podrán contener cláusulas o acuerdos que modifiquen o dejen sin efecto alguno de las condiciones generales de las especificaciones del plan, incluido, en su caso, el régimen general de aportaciones y prestaciones.
II. Elementos personales
Artículo 5. Definición de los elementos personales.
Los promotores del plan, de acuerdo a lo previsto en cada anexo, los partícipes, los partícipes en suspenso y los beneficiarios son los elementos personales de este plan.
Artículo 6. El promotor.
Los promotores del plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de RTVE cualquiera que sea la denominación que en el futuro puedan adoptar, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudieran afectar a su naturaleza jurídica, derivadas de fusiones, absorciones, escisiones u otras situaciones análogas.
En los casos descritos en el párrafo anterior los empleados mantendrán individual y colectivamente sus derechos y obligaciones en lo relacionado con el plan de pensiones. Estando obligada, en su caso, la empresa sucesora a la promoción de un plan de pensiones en los términos y condiciones del plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la corporación RTVE y sin perjuicio de que la citada promoción pueda contemplar una diferenciación de aportaciones que, salvando el principio de no discriminación, siempre garantice el mantenimiento de las condiciones de los empleados-partícipes de las entidades promotoras en cuya relación laboral se subrogue la nueva empresa.
Corresponde al promotor instar la creación del plan y participar en su desenvolvimiento mediante sus representantes en la comisión de control y realizar las aportaciones que, de conformidad a lo establecido en estas normas, haya de efectuar.
Las aportaciones que efectúa el promotor durante la vigencia del presente plan tendrán el carácter de irrevocables desde el momento en que resulten exigibles según lo establecido en las presentes especificaciones.
El promotor deberá facilitar los datos que, sobre los partícipes, le sean requeridos por la comisión de control al objeto de realizar las funciones de supervisión y control.
Así mismo comunicará a la comisión de control cualquier cambio de adscripción de este personal que se produzca entre las diferentes sociedades.
Artículo 7. Los partícipes.
Podrán acceder en cualquier momento a la condición de partícipe del presente plan aquellos trabajadores del promotor, que tengan la condición de empleados, siempre que a la fecha de solicitud y estando en activo, en el último año haya completado un período igualo superior a tres meses de trabajo efectivo.
Si el trabajador presentara solicitud de adhesión en los tres primeros meses desde la fecha de su incorporación en la empresa, éste podrá optar a efecto de las aportaciones tanto del promotor como del partícipe, desde la fecha en que la comisión de control haga efectiva su alta en el plan, o desde la fecha de su incorporación, en tal caso la imputación correspondiente se realizará de una sola vez.
Artículo 8. Alta de un partícipe en el plan.
Las personas definidas como partícipes en el artículo 7 anterior, podrán causar alta en el plan, solicitándolo por correo certificado adjuntando el boletín de adhesión, confeccionado al efecto por la comisión de control del plan, la cual comprobara si efectivamente se cumplen las condiciones reglamentarias y declarará procedente o improcedente la adhesión. Si la solicitud de adhesión se presentara ante el promotor, éste la trasladará a la comisión de control, considerándose como fecha de solicitud la que figure en dicho documento.
Ningún trabajador que reúna los requisitos exigidos para ser partícipe, podrá ser discriminado en el acceso al plan.
La solicitud de adhesión supone la aceptación de cuantas estipulaciones se contienen en las presentes especificaciones, y de los derechos y obligaciones que se derivan de los mismos, pudiendo realizarse ésta en cualquier momento, a partir de la fecha en que el trabajador reúna las condiciones de vinculación señaladas en el artículo anterior.
El solicitante estará obligado a declarar cuantos datos se requieran en el boletín de adhesión, al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el alta.
La comisión de control comunicará al promotor la inclusión del partícipe en el plan a fin de que éste realice las aportaciones correspondientes desde el momento en que sea efectiva su alta en el plan.
La comisión de control resolverá una vez al mes las solicitudes de incorporación que se hayan presentado en el mes inmediato anterior. Las solicitudes aceptadas tendrán eficacia desde el día primero del mes siguiente al que se aprueben por la comisión, sin que se pueda demorar esta declaración durante más de dos meses desde que se recibe la solicitud por parte de la comisión de control.
Los partícipes que habiendo extinguido su relación laboral con el promotor, y no habiendo procedido a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones, si reanudaran su relación laboral con el promotor y decidieran integrarse de nuevo en el plan de pensiones, deberán comunicar a la comisión de control las condiciones de su incorporación de acuerdo con las especificaciones recogidas en el artículo 22 del presente reglamento.
Artículo 9. Baja de los partícipes.
La condición de partícipe se pierde por:
Adquirir la condición de beneficiario, no derivada de otros partícipes.
Causar baja en el plan por alguno de los siguientes motivos:
Fallecimiento.
Movilización de los derechos consolidados a otro plan, bien por terminación del plan, bien por cese de la relación laboral con el promotor.
Hacer efectivo, en los supuestos de desempleo de larga duración (Art. 27-2) o expediente de regulación de empleo (art 27-3), la totalidad de sus derechos consolidados.
Artículo 10. Partícipes en suspenso.
A. Partícipe en suspenso.
El partícipe pasa a la situación de partícipe en suspenso cuando el promotor cesa en la obligación de realizar sus aportaciones, pero mantiene sus derechos consolidados dentro del plan.
El promotor dejará de efectuar sus aportaciones en los siguientes casos:
Por extinción de la relación laboral del partícipe con el promotor.
Cuando el partícipe se encuentre en situación de excedencia o tenga suspendida temporalmente su relación laboral con el promotor por alguna de las causas legalmente previstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.5 de estas especificaciones.
Cuando el partícipe manifieste su voluntad expresa de suspensión de las aportaciones y de sus consiguientes imputaciones fiscales.
Los derechos consolidados de los partícipes en suspenso se verán ajustados por la imputación de los rendimientos y gastos que les correspondan mientras se mantengan en esa categoría.
B. Pérdida de la condición de partícipe en suspenso.
Un partícipe en suspenso causará baja en tal situación por alguna de las siguientes causas:
Por adhesión a otro plan de pensiones, ejercitando el derecho a movilizar sus derechos consolidados, una vez extinguida la relación laboral con el promotor.
Por pasar de nuevo a partícipe de pleno del plan, en caso de recuperar los requisitos establecidos en estas especificaciones. Las aportaciones del promotor se reanudarán en el mes siguiente en que cese la suspensión de la relación laboral, una vez que lo solicite el partícipe.
Por pasar a situación de beneficiario, no derivada de otros partícipes.
Por fallecimiento.
Por terminación del presente plan, debiendo movilizar su derecho consolidado a otro plan de pensiones, según lo dispuesto en el art. 40 del cuerpo general de las especificaciones.
C. Derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso.
Los derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso serán los mismos que el resto de los partícipes, salvo en cuanto al derecho a recibir aportaciones de la entidad promotora, pudiendo, no obstante, realizar aportaciones voluntarias al plan.
Los partícipes en suspenso tienen derecho a restablecer su situación en el plan una vez que cese la causa que originó la suspensión.
Artículo 11. Beneficiarios.
En las contingencias de jubilación, e invalidez permanente tendrá la condición de beneficiario la persona física que en el momento de la producción del hecho causante ostente la condición de partícipe o de partícipe en suspenso.
Para la contingencia de fallecimiento tendrán la condición de beneficiarios las personas físicas que sean designadas herederas por el propio partícipe en el boletín de adhesión, o en cualquier otro momento posterior. A falta de designación expresa, el orden de prelación de beneficiarios será concordante con las disposiciones de derecho civil, en defecto de herederos legales será beneficiario el propio plan.
Artículo 12. Derechos y obligaciones de los partícipes y beneficiarios.
12.1 Derechos de los partícipes.
Los partícipes tendrán derecho a:
Participar en el desenvolvimiento del plan a través de sus representantes en la comisión de control y a ostentar la condición de electores y elegibles como representantes en la misma.
Que le sean hechos efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de traslado a otro plan o de producción del hecho causante, a la prestación, en los términos previstos en estas normas.
Obtener el certificado de pertenencia al plan, y los certificados anuales del valor de sus derechos consolidados y de las aportaciones anuales directas o imputadas en cada ejercicio fiscal.
La titularidad de la cuota parte que le corresponda de los recursos patrimoniales en que, a través del Fondo en el que esté integrado, se materialice e instrumente el plan.
Obtener en la oficina de atención al partícipe copia del reglamento del plan de pensiones, así como extracto de la memoria anual del fondo de pensiones.
Mantener sus derechos consolidados en el «plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la corporación RTVE» con la categoría de partícipes en suspenso en las situaciones previstas en el presente reglamento.
Movilizar sus derechos consolidados en las circunstancias y condiciones previstas en el artículo 25 de las presentes especificaciones.
12.2 Obligaciones de los partícipes.
Los partícipes estarán obligados a:
Aceptar la detracción de las aportaciones a las que se comprometan, en los términos establecidos en las presentes normas.
Facilitar cuantos datos personales y familiares sean necesarios para la evolución del Plan, así como cuantas modificaciones se produzcan en los mismos. La Comisión de Control garantizará la confidencialidad de dichos datos.
Integrar anualmente en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las aportaciones efectuadas por el promotor.
La indisponibilidad de sus derechos consolidados, hasta el momento en el que se produzca el hecho causante de la prestación, salvo en los casos en que solicite su movilización producido por el cese de la relación laboral, o en los supuestos excepcionales de liquidez por enfermedad grave y desempleo de larga duración, en los términos señalados en la normativa vigente, y en este reglamento.
Comunicar a la comisión de control si se produce cambio de adscripción a otra sociedad del mismo grupo RTVE.
12.3 Derechos de los beneficiarios.
A percibir la prestación derivada del plan cuando se produzca el hecho causante en el plazo y forma estipulado en estas normas, previa entrega de la documentación solicitada.
A participar en el desenvolvimiento del plan a través de sus representantes en la comisión de control y a ostentar la condición de electores y elegibles como representantes en la misma, en los términos señalados en el art. 14 del presente reglamento.
III. Organización y control
Artículo 13. Comisión de control.
El funcionamiento del plan de pensiones será supervisado por una comisión de control formada por representantes de los promotores, de los partícipes y beneficiarios estos dos colectivos tendrán una representación conjunta, de forma que se garantice la presencia de todos los intereses
Artículo 14. Composición de la comisión de control.
La comisión de control estará compuesta por siete miembros, de los cuales seis serán representantes de los partícipes y beneficiarios y uno del promotor.
En tanto que el número de beneficiarios del plan no supere el 10% sobre el número de partícipes y beneficiarios, éstos operarán en un único colegio electoral junto a los partícipes. Cuando el número de beneficiarios sea superior al 10% señalado anteriormente, se crearán dos colegios electorales, uno de partícipes y otro de beneficiarios. El número de sus representantes será de cinco y uno, respectivamente.
Artículo 15. Representantes del promotor.
Los promotores designarán libremente, de entre los partícipes, a sus representantes en la comisión de control.
Artículo 16. Elección de representantes de los partícipes.
Los miembros de la comisión de control del plan en representación de los partícipes y beneficiarios se elegirán de conformidad con las reglas siguientes:
16.1 Electores y elegibles.
Tendrán la condición de electores y elegibles los partícipes, tanto en activo como en suspenso, y los beneficiarios, siempre y cuando tengan una edad superior a 16 años para ser elector y 18 años para ser elegible.
16.2 Colegios electorales.
Los electores y elegibles se agruparán en dos colegios electorales, uno para los partícipes y otro para los beneficiarios, cuando proceda.
16.3 Candidatos.
Adquirirán la condición de candidatos quiénes siendo elegibles y previa declaración de conformidad mediante su firma, sean presentados en una lista por un sindicato de trabajadores legalmente constituido o cuando la presentación de la lista resulte avalada por un número de firmas de electores superior a 10% del total de integrantes del colegio electoral. Las listas presentadas podrán contener tantos candidatos como puestos a cubrir y cada candidato su suplente.
La renuncia o pérdida de la condición de elegible no supondrá en ningún caso que el resto de la lista quede invalidada.
Los candidatos no podrán formar parte de las mesas electorales.
16.4 Mesa electoral central.
La mesa electoral es un órgano colegiado que se instituye al efecto de impulsar el proceso electoral y verificar su legalidad.
Estará compuesta por tres miembros titulares y otros tantos suplentes que ostentarán los cargos de presidente, secretario y vocal. Su designación se llevará a cabo atendiendo al criterio de edad siendo el presidente el elector de mayor edad, el secretario el de menor edad, y el vocal el de mayor edad siguiente.
Los acuerdos de la mesa se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto del presidente. De cada sesión se levantará el acta correspondiente con la firma del Secretario y el refrendo del presidente.
Las candidaturas, sindicatos y promotor del plan, podrán nombrar un Interventor con voz pero sin voto, quien tendrá derecho a obtener una copia adverada de las actas o, en su caso, certificación de los acuerdos de la mesa.
16.5 Mesa electoral auxiliar.
Al objeto de facilitar la votación y escrutinio se constituirá una mesa auxiliar en cada centro de trabajo con más de 4 trabajadores partícipes del plan, pudiendo establecer la mesa electoral central mesas auxiliares itinerantes por razón de la idoneidad en el proceso electoral.
Las mesas estarán compuestas por tres miembros titulares y otros tantos suplentes que ostentarán los cargos de presidente, secretario y vocal. Su designación se llevará a cabo atendiendo al criterio de edad, siendo el presidente el elector de mayor edad de dicho centro de trabajo, el secretario el de menor edad de dicho centro de trabajo y el vocal el de mayor edad siguiente.
Las candidaturas, una vez proclamadas y el promotor del plan, podrán nombrar un interventor por mesa con voz pero sin voto, quien tendrá derecho a obtener una copia adverada de las actas o, en su caso, certificación de los acuerdos de la mesa. Su función consistirá en la organización y supervisión del proceso electoral en ese centro de trabajo.
16.6 Caracteres del derecho de voto.
El voto es personal, libre, directo y secreto. No se admitirá el voto delegado, sí el voto por correo. No se podrá votar más de una vez.
16.7 Procedimiento electoral.
16.7.1 Iniciación. Con una antelación de 3 meses al término del mandato de los representantes en la comisión de control del plan o cuando sea preciso sustituir a 1/3 de los representantes de los partícipes, una vez agotados los titulares y suplentes de las candidaturas electas, quedará automáticamente abierta la convocatoria electoral. Asimismo se hará pública la convocatoria, señalándose el número de puestos a cubrir.
La mesa electoral central deberá constituirse en el plazo de 10 días hábiles a partir del inicio del proceso electoral.
16.7.2 Verificación y publicidad del censo electoral.
La mesa electoral solicitará de la comisión de control del plan, el censo electoral de partícipes y beneficiarios, procediendo a su comprobación y publicidad durante un plazo de 7 días hábiles, durante el que se recibirán las reclamaciones, procediendo a su resolución en los tres días hábiles siguientes.
La mesa electoral recabará de la comisión de control certificación del número de puestos a cubrir por cada colegio electoral, si los hubiere, extremo que hará público.
16.7.3 Presentación y proclamación de candidatos.
Finalizadas las operaciones relativas al censo electoral, la mesa electoral central abrirá, de inmediato, un plazo de cinco días hábiles para la presentación de candidaturas, realizándose la proclamación de los candidatos que cumplan los requisitos establecidos en el día hábil siguiente.
Contra los acuerdos que estimen procedente o improcedente la proclamación se dará un plazo de tres días hábiles para su impugnación.
16.7.4 Fijación de la fecha, horario y lugares de votación.
En cualquier momento del proceso electoral la mesa electoral central fijará el día, el horario y el lugar o lugares de la votación, teniendo en cuenta que entre la fecha de constitución de la mesa electoral central y la fecha de votación han de transcurrir 1 mes como mínimo y 2 como máximo. Asimismo instará la constitución de las mesas auxiliares, que deberán quedar constituidas en el plazo máximo de 5 días.
No se podrá celebrar la votación en sábados, domingos y festivos ni en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
16.7.5 Características de las papeletas de voto, sobres, urnas.
Todos los candidatos y sus suplentes figurarán en una única papeleta agrupados por candidaturas. El orden de los candidatos vendrá determinado por la propia candidatura. Un recuadro en blanco figurará a la izquierda del nombre y apellidos, susceptible de ser cumplimentado con el símbolo «X». A la derecha del nombre figurará, entre paréntesis, la sigla de la candidatura bajo la que se presenta o la denominación de «independiente». Cada elector puede señalar como máximo, tantos candidatos como puestos a cubrir. Al pie de cada papeleta figurará: se podrá votar hasta un máximo de seis candidatos, poniendo una cruz en el recuadro correspondiente. Las candidaturas podrán confeccionar papeletas de voto cumplimentadas al objeto de facilitar a los electores que lo deseen la opción a escoger.
En todo caso la mesa electoral central fijará las dimensiones, color, tipografía y símbolos de la papeleta de voto, así como las características de los sobres que se utilizarán para contenerlas.
También determinará el número y características de las urnas a utilizar y cualquier otro tipo de material electoral.
16.7.6 Acto de votación.
El día señalado por la mesa electoral central y en el lugar o lugares indicados tendrá lugar el acto de votación. Los electores tomarán una papeleta de voto que cumplimentarán, en su caso, y la introducirán en los sobres al efecto. A continuación se acercarán a la mesa, comprobándose su identidad y colegio al que pertenece.
El presidente de la mesa introducirá el sobre en la urna correspondiente, tomándose nota de que el elector ha votado. En el lugar de la votación no se permitirá la realización de cualquier tipo de propaganda electoral ni acto alguno que suponga el favorecimiento indebido de cualquiera de los candidatos o candidaturas.
16.7.7 Voto por correo.
El procedimiento para ejercer el derecho de sufragio activo por correo se ajustará a las reglas siguientes:
1. Solicitud a la mesa electoral auxiliar. Cuando algún elector prevea que en la fecha de votación no se encontrará en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral auxiliar. La solicitud podrá realizarse de las siguientes maneras:
Mediante escrito entregado personalmente ante la mesa electoral auxiliar, con una antelación de, al menos, 10 días a la fecha en que haya de celebrarse la votación.
Por correo certificado, haciéndose constar la identidad del remitente mediante diligencia en el escrito de solicitud efectuada por la oficina de correos o por una entidad bancaria. Dicho certificado deberá llegar a poder de la mesa al menos 10 días antes de la fecha de la votación.
2. Anotación de la Petición. Recibida la solicitud del elector, la mesa electoral auxiliar comprobará que se encuentra incluido en la lista de electores, procediendo a anotar en ella la petición.
3. Remisión de documentación electoral al interesado. La mesa electoral auxiliar entregará o remitirá las papeletas electorales y el sobre de votación correspondiente, si así lo hubiese manifestado el interesado.
4. Envío del voto a la mesa electoral auxiliar. El elector introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará y éste, a su vez, juntamente con la fotocopia del documento nacional de identidad, en otro de mayores dimensiones que remitirá a la mesa electoral por correo certificado o entrega en mano.
Recibido el sobre certificado, se custodiará por el secretario de la mesa electoral auxiliar hasta la votación, quién, al término de ésta y antes de comenzar el escrutinio, lo entregará al presidente que procederá a su apertura, e identificando al elector con el documento nacional de identidad, introducirá la papeleta en la urna electoral.
Será nulo todo voto emitido por correo o entregado en mano en el que se haya omitido el escrito de solicitud o la diligencia de identificación en éste.
16.7.8 Escrutinio.
Finalizado el acto de votación, se procederá públicamente a la apertura de las urnas y al escrutinio de las papeletas de voto.
Serán considerados nulos los votos que presenten enmiendas, tachaduras o alteraciones semejantes, así como aquellos en los que se haya señalado mayor número de candidatos que puestos a cubrir, los que hayan sido emitidos en papeleta no autorizada por la Mesa electoral central y los que correspondan a distinto colegio electoral que el de la urna respectiva.
Los puestos a cubrir serán atribuidos a los candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos.
Del escrutinio se levantará el acta correspondiente en el que figuren el número de votantes, papeletas válidas, en blanco y nulas, votos obtenidos por cada candidato y candidatos electos, así como las reclamaciones y resoluciones adoptadas al efecto. Una copia de esta acta será entregada a los interventores acreditados ante la mesa electoral.
16.8 Credenciales y certificaciones
La mesa electoral central expedirá en el plazo máximo de 10 días las correspondientes credenciales a favor de los candidatos electos, quedando facultados para ejercitar todos los derechos inherentes a la condición de miembro de la comisión de control del plan, previa constitución de la misma en el plazo máximo antes aludido.
16.9 Otras formalidades.
Los resultados de la votación serán comunicados a los electores mediante la inserción en tablones de anuncios o nota en el medio de comunicación habitual con los integrantes del plan de pensiones.
Al Ministerio de Economía y Hacienda y a las entidades gestora y depositaría se remitirán copias de las actas del proceso electoral, haciéndose entrega a la comisión de control de los documentos originales.
16.10 Duración del mandato.
La duración del mandato de los miembros electos de la comisión de control del plan será de 4 años, pudiendo ser reelegidos en sucesivas convocatorias.
16.11 Reclamaciones contra proclamación de resultados
Estas reclamaciones se presentarán ante la mesa electoral central en el plazo de 3 días hábiles desde el momento en que se produjo la proclamación. Contra los acuerdos de la mesa electoral central, que deberá resolver en 3 días hábiles, podrá acudirse ante la jurisdicción competente.
16.12 Medios electorales.
El promotor del plan facilitará, a través de los correspondientes acuerdos, cuantos medios sean necesarios para la realización de las operaciones electorales anteriormente descritas, como en cualquier proceso electoral sindical.
16.13 No injerencia del promotor.
El promotor del plan deberá abstenerse de intervenir favoreciendo de manera discriminatoria o perjudicando a cualquiera de las candidaturas que se presenten a la elección.
16.14 Garantías.
El promotor se compromete a aplicar y establecer, de común acuerdo con el comité general intercentros, un régimen de garantías para los representantes de los partícipes y beneficiarios que resulten elegidos miembros de la comisión de control.
16.15 Derecho supletorio.
Para la interpretación de la presente normativa electoral se establece como derecho supletorio el regulador del régimen electoral sindical y en su defecto, el general.
Artículo 17. Incapacidades e incompatibilidades.
Conforme al mandato establecido en el art. 31.4 del reglamento de planes y fondos de pensiones, no podrán ser miembros de la comisión de control aquellas personas físicas que ostenten directa o indirectamente una participación superior al 5% del capital desembolsado en una entidad gestora de fondos de pensiones. Igualmente, la adquisición de acciones de la entidad gestora de su fondo de pensiones por los miembros de la comisión de control producirá su cese en la misma.
Artículo 18. Deber de confidencialidad.
Los miembros de la comisión de control están obligados a guardar confidencialidad absoluta sobre los datos que, en el uso de sus funciones, manejen de los partícipes y beneficiarios del plan, debiendo contar con el consentimiento expreso de los afectados, para su difusión general, salvo en los casos previstos en la ley de planes y fondos de pensiones o por requerimiento de las autoridades.
Artículo 19. Régimen de reuniones.
La comisión de control se reunirá, en única convocatoria, en sesión ordinaria, mensualmente y en sesión extraordinaria cuando así lo convoque el presidente de la comisión o lo solicite una tercera parte de sus miembros.
La comisión de control elaborará un reglamento de régimen interno de la misma, en el que se regulará su régimen de reuniones, la constitución y funcionamiento de comisiones ejecutivas de la misma así como de una comisión permanente en la que delegará parte de sus competencias.
Regulará igualmente las relaciones con las entidades gestora y depositaría del fondo en el que el plan esté adscrito.
La convocatoria de las reuniones de la comisión habrá de realizarse por el presidente de la misma, con cinco días hábiles de antelación en las sesiones ordinarias y dos en las extraordinarias, acompañando a la convocatoria el orden del día propuesto.
Para la válida constitución y celebración de la comisión será necesaria la presencia de la mayoría de sus componentes. Los miembros de la comisión podrán delegar su voto en otro miembro de la misma, siempre y cuando dicha delegación quede preavisada con una antelación de 24 horas mediante escrito dirigido al presidente o secretario.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes y representados, salvo en aquellos supuestos para los que se establecen en estas normas una mayoría cualificada.
Los gastos de establecimiento y funcionamiento de la comisión de control serán con cargo a la cuenta de posición del plan en el fondo, sin perjuicio de que, durante su primer año natural en funcionamiento dichos gastos serán por cuenta del promotor.
La comisión de control contará con una oficina de atención al partícipe, cuyos medios serán aportados por el promotor en la cuantía que se determine entre el promotor y los representantes de los partícipes, en función de las necesidades reales.
Artículo 20. Presidente, vicepresidente y secretario de la comisión.
En la reunión de nombramiento y toma de posesión de cada renovación de la comisión, se elegirá de entre sus miembros al presidente, vicepresidente y secretario, siendo los dos primeros elegidos entre la representación de los partícipes, y el Secretario será el representante del promotor.
Corresponderá al presidente la representación legal, convocatoria, presidencia y dirección de las reuniones de la comisión de control, haciendo ejecutar los acuerdos adoptados por la misma, y pudiendo delegar esta última facultad con carácter general o particular.
Corresponderá al Vicepresidente la suplencia del presidente en las actuaciones que éste no pueda realizar.
El secretario redactará las actas de las reuniones de la comisión de control.
Asimismo, llevará los libros, librará las certificaciones, comunicará las decisiones de la comisión de control con el visto bueno del presidente. Será el receptor de las solicitudes, reclamaciones, peticiones de cuentas y otras peticiones, notificaciones o informaciones que se puedan o deban presentar a la comisión, en virtud de las presentes normas, trasladando éstas al presidente a la mayor brevedad.
Artículo 21. Funciones.
Corresponde a la comisión de control del plan:
Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del plan y de la legalidad presente y futura en todo lo que se refiere a los derechos de los partícipes y beneficiarios, en relación con el resto de elementos personales del plan, así como en relación con el fondo al que el plan se adscriba y entidades gestora y depositaría que intervengan en su administración.
Seleccionar los actuarios que deban certificar la situación y dinámica del plan, así como el resto de profesionales que se consideren necesarios en el asesoramiento y atención a los intereses del propio plan, partícipes y beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de estas normas.
Proponer las modificaciones que estimen pertinentes sobre aportaciones, prestaciones u otras variables, derivadas de las revisiones actuaría les requeridas por la normativa de planes y fondos de pensiones.
Supervisar la adecuación del saldo de la cuenta de posición del plan en su respectivo fondo de pensiones, así como el estricto cumplimiento de las entidades gestora y depositaría de sus obligaciones para con los intereses de los partícipes y beneficiarios del plan, de conformidad con los contratos que a tal efecto se establezcan entre éstas y el Fondo al que el plan se adscriba.
Proponer y, en su caso, decidir sobre cuantas cuestiones les atribuyan competencia la normativa legal vigente.
Representar judicial y extrajudicialmente los intereses de los partícipes y beneficiarios del plan ante el fondo de pensiones, en las entidades gestoras y depositaría y, en general ante cualesquiera terceros, sean personas físicas o jurídicas.
Resolver las reclamaciones que le formulen los partícipes y beneficiarios. Instar, en su caso, lo que proceda ante el fondo de pensiones o la entidad gestora.
Admitir los derechos consolidados de los partícipes provenientes de otros planes de pensiones, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos al efecto.
Acordar, en su caso, la movilización de la cuenta de posición del plan en el fondo en que se integre, así como decidir su integración en otro fondo distinto.
Nombrar, de entre sus miembros, los representantes de la comisión de control del plan en la comisión de control del fondo de pensiones a que esté adscrito.
Informar preceptivamente, con carácter anual, a los partícipes y beneficiarios del plan de los gastos, al detalle, que se generen por la propia comisión de control y que vayan con cargo a la cuenta de posición del plan en el fondo.
IV. Elementos reales
Artículo 22. Aportaciones.
22.1 Las aportaciones las efectuarán la entidad promotora y los partícipes de acuerdo con el sistema financiero de capitalización establecido en estas normas.
22.2 Las aportaciones al plan se instrumentan mediante tres niveles, uno fijo y los otros dos variables.
22.2.1 Este nivel fijo será financiado totalmente por el promotor, quedando fijado en un 1 % del salario base que corresponda al partícipe en función de su categoría profesional. (Se entiende por salario base, la retribución establecida en convenio colectivo según nivel económico. En el caso de los directivos, será el establecido como «sueldo profesional»).
Trabajador
Promotor
0% del salario base
1 % salario base
22.2.2 El primer nivel variable será financiado, por aportaciones del promotor y por aportaciones del partícipe. A tal fin, cada partícipe elegirá su aportación voluntaria según alguna de las posibilidades que más adelante se indican. Las opciones de aportación del partícipe y la correspondiente del promotor son:
Trabajador
Promotor
1 % del salario base
2% o más del salario base
2% o más del salario base
5% salario base
Las aportaciones del promotor podrán variar cuando así se acuerde en convenio colectivo.
22.2.3 El segundo nivel variable será financiado en su totalidad, de forma voluntaria, por aportaciones del partícipe, el cual podrá elegir en porcentajes enteros sobre el salario base su aportación voluntaria al plan.
22.2.4 Asimismo dentro del segundo nivel, mencionado en el punto 2.3, y de forma excepcional, el partícipe podrá realizar aportaciones directas extraordinarias una vez cada año dentro del último trimestre.
22.2.5 El partícipe puede ejercitar su elección de aportación al plan o modificar la elegida en el punto 2.2 o 2.3, el primero de enero y el primero de julio de cada año, comunicándolo por escrito a la comisión de control del plan al menos con 30 días de antelación a las mencionadas fechas.
22.3 En ningún caso, el total de las aportaciones del promotor y del partícipe superarán el límite anual de contribución a un plan de pensiones establecido en el R.D.L. 1/2002 o cualquier normativa que la modifique.
22.4 Las aportaciones tanto del partícipe como del promotor, serán realizadas al plan coincidentes con cada una de las 12 pagas anuales abonadas por el promotor al partícipe.
22.5 En caso de suspensión de la relación laboral del partícipe con el promotor, ambos cesarán en la realización de sus aportaciones al plan mientras dure la suspensión y en los términos regulados por el artículo 10 de este reglamento.
No obstante, en los supuestos de suspensión temporal de la relación laboral con el promotor que a continuación se enumeran:
Incapacidad temporal.
Maternidad.
Permisos sin sueldo inferiores a 30 días.
Huelga legal.
Se mantendrán las aportaciones empresariales y las propias del partícipe, a las que se refiere el artículo 22.2, y las consiguientes imputaciones fiscales.
A los efectos de las aportaciones, propias o imputadas, se entenderá por salario regulador las cantidades que perciban del promotor, incluidas las de pago delegado, durante dichas situaciones.
22.6 Si el partícipe continuara la relación laboral con el promotor después de la fecha de jubilación normal a los 65 años, tanto el partícipe como el promotor cesarán sus aportaciones al plan, salvo que el partícipe en dicha fecha no tuviese derecho a percibir prestación de la seguridad social pública, en cuyo caso las aportaciones del promotor y del propio partícipe continuarán hasta el momento en que éste pueda acreditar la carencia mínima para percibir dicha pensión pública del régimen general de la seguridad social.
22.7 En el supuesto contemplado en el artículo 9. a), el partícipe en suspenso podrá reanudar sus aportaciones al plan el primero de enero o el primero de julio de cada año, notificándolo por escrito a la comisión de control del plan, al menos con treinta días de antelación a las mencionadas fechas.
22.8 Será responsabilidad del promotor abonar las aportaciones al plan, tanto las suyas como las de los partícipes, siendo éstas retenidas de la nómina de los trabajadores partícipes y abonadas a la cuenta de posición del plan en el fondo de pensiones dentro de los cinco días siguientes al que se haya realizado la retención.
22.9 La demora en el abono de las aportaciones al fondo de pensiones superior al último día del plazo en que hayan sido exigibles, devengarán el mismo interés establecido en la legislación para el caso de retraso en el pago de salarios.
Artículo 23. Derechos consolidados.
Los derechos consolidados que se definen en el artículo siguiente únicamente podrán ser efectivos, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del R.D.L. 1/2002 en los siguientes supuestos:
Traslado a otro plan por cese de la relación laboral con el promotor.
Por terminación del plan en los supuestos contemplados en el artículo 39 de estas normas.
Producción de alguna de las contingencias cubiertas por el plan.
Desempleo de larga duración y enfermedad grave. Los derechos consolidados no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración.
En los términos previstos en la normativa vigente, cuando el derecho a las prestaciones del partícipe sea objeto de embargo o traba judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o concurran los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previstos en esta norma. Producidas tales circunstancias, la entidad gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones a quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.
Artículo 24. Definición de los derechos consolidados.
Los derechos consolidados de los partícipes consistirán en la cuota parte del fondo de capitalización que le corresponda, determinada en función de las aportaciones, directas e imputadas, y las rentas generadas por los recursos invertidos, atendiendo, en su caso, a los quebrantos y gastos que se hayan producido.
Artículo 25. Movilidad de los derechos consolidados a otro plan.
Producido el cese de la relación laboral de un partícipe con el promotor, o por terminación del plan, el partícipe podrá hacer efectivos sus derechos consolidados mediante el traspaso de los mismos a otro plan de pensiones amparado en la ley 8/87 y real decreto 304/2004 de 20 de febrero.
En los casos de cambio de adscripción de partícipes entre sociedades de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. y adheridos al mismo fondo, se admite el traspaso de derechos consolidados, sin que sea necesaria la autorización previa de la comisión de control.
De este modo, con la comunicación de dicho cambio por parte de la dirección de personal donde causa baja, a la oficina de atención al partícipe, ésta procederá a notificar a la entidad gestora y a la dirección de personal donde figure destinado el trabajador, los efectos de la fecha del cambio de adscripción.
Artículo 26. Cuantificación de los derechos consolidados.
Anualmente y coincidente con el ejercicio natural, la entidad gestora del fondo en el que haya quedado adscrito el plan, emitirá certificado del valor de los derechos consolidados.
En el supuesto de movilización de los derechos consolidados sus cuantías serán igual al valor que las mismas mantengan al momento de practicarse dicha movilización o transferencia, determinado su importe de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este reglamento.
Artículo 27. Supuestos excepcionales de liquidez.
Los derechos consolidados podrán hacerse efectivos en todo o en parte, de forma excepcional, en los siguientes supuestos.
Enfermedad grave:
Los casos en que el partícipe se vea afectado por enfermedad grave, o bien su cónyuge, o alguno de los ascendientes o descendientes de aquellos en primer grado, o persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva con el partícipe o de él dependa.
Lo anterior siempre que pueda acreditarse mediante certificado médico de los servicios competentes de las entidades sanitarias de la seguridad social o entidades concertadas que atiendan al afectado:
A) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un periodo continuado mínimo de tres meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor en un centro hospitalario o tratamiento en el mismo.
B) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, la asistencia de otras personas para la actividades más esenciales de la vida humana.
Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den lugar a la percepción por parte del partícipe de una prestación por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al régimen de la seguridad social, y siempre que supongan para él partícipe una disminución de su renta disponible por aumento de gastos o reducción de ingresos.
Los derechos consolidados podrán hacerse efectivos mediante pago o pagos sucesivos en tanto se mantenga la situación anterior debidamente acreditada.
2. Desempleo de larga duración.
Los derechos consolidados del plan de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de desempleo de larga duración siempre que los partícipes desempleados reúnan las siguientes condiciones.
A) Hallarse en situación legal de desempleo durante un periodo continuado de al menos doce meses.
Se consideran situaciones legales de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o administrativa y suspensión de contrato de trabajo contemplados como tales situaciones de desempleo en los números 1) y 2) del apartado 1 del artículo 208 del texto refundido de la ley general de la seguridad social, aprobado por el real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas complementarias de desarrollo.
B) No tener derecho a prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones.
C) Estar inscrito en el servicio público de empleo estatal u organismo público competente como demandante de empleo en el momento de la solicitud.
3. Expediente de regulación de empleo.
Los derechos consolidados del plan de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación de desempleo, a consecuencia de expediente de regulación de empleo aprobado por la autoridad laboral (art. 8.2 R.D. 304/2004, de 20 de febrero).
I. Los derechos consolidados podrán hacerse efectivos mediante el pago o pagos sucesivos en tanto se mantengan dichas situaciones debidamente acreditadas. El cobro de estos derechos consolidados será incompatible con la realización de aportaciones a cualquier plan de pensiones mientras mantengan la condición anterior.
II. Las cantidades percibidas en situaciones de desempleo de larga duración y enfermedad grave, contempladas en este artículo, se sujetaran al régimen fiscal establecido por la normativa vigente para las prestaciones.
Artículo 28. Prestaciones.
Las prestaciones a percibir por los beneficiarios del «plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de Radio Televisión Española» son el derecho de contenido económico que, una vez devengado podrá percibir en las siguientes formas:
Prestación en forma de capital: consiste en la percepción de pago único. El pago de esta prestación, podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior.
Prestación en forma de renta, actuarial o financiera: consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad. Las rentas podrán ser inmediatas a la fecha de la contingencia y diferidas a un momento posterior.
En el supuesto de renta financiera, el beneficiario podrá revalorizarla durante el primer trimestre de cada año, hasta un máximo de la renta que viniera percibiendo del año anterior hasta agotar los derechos consolidados.
El beneficiario podrá solicitar la anticipación de vencimientos y cuantías, de la prestación diferida o en curso de pago inicialmente previstos. Estas modificaciones se podrán solicitar como máximo una vez en cada ejercicio.
Prestaciones mixtas: cuando combinen la percepción de rentas de cualquier tipo con un único pago de forma de capital, debiendo atenerse a lo previsto en los párrafos anteriores.
El beneficiario del plan o su representante legal de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del presente reglamento, comunicará a la comisión de control el acaecimiento de la contingencia, señalando la forma modalidad y cuantía de la prestación, y en su caso periodicidad y vencimientos.
El plazo para proceder a la comunicación de la contingencia no podrá ser superior a seis meses, transcurrido este plazo sin que se realice dicha comunicación, la entidad gestora depositara su importe en una entidad de crédito a disposición del beneficiario, entendiéndose satisfecha la prestación a cargo del plan de pensiones.
Artículo 29. Contingencias cubiertas.
El «plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de Radio Televisión Española» es un plan de pensiones cuyas contingencias cubiertas son: la jubilación del partícipe, muerte del partícipe y la invalidez permanente para todo trabajo del mismo, en los términos que a continuación se detallan:
29.1 Se entenderá por jubilación la situación en la que se cesa en la relación laboral por edad, de conformidad con la normativa laboral y el sistema público de seguridad social.
29.2 Se entenderá por fallecimiento la muerte o declaración legal de fallecimiento del partícipe o beneficiario.
29.3 Se entenderá por invalidez permanente para todo trabajo, la situación por la que se extinga la relación laboral con el promotor a causa de la declaración en tal sentido por parte del órgano competente de la seguridad social pública.
Artículo 30. Delimitación de las prestaciones.
En el caso de producirse las contingencias previstas por el «plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de Radio Televisión Española», la cuantía de la prestación será igual al derecho consolidado calculado en el momento de su acaecimiento.
Artículo 31. Pago de la prestación.
Producido el hecho causante de la prestación, la entidad gestora del fondo en el que esté integrado el presente plan abonará al beneficiario, previa aprobación de la comisión de control del plan, la prestación correspondiente, en la modalidad solicitada previa presentación de la siguiente documentación:
31.1 En la contingencia de jubilación se habrán de presentar los siguientes documentos: DNI y documentación que acredite la jubilación en la «entidad promotora».
31.2 En la contingencia de fallecimiento, certificado de defunción, boletín donde consten los beneficiarios designados, en su caso y documento acreditativo de su personalidad. En defecto de designación expresa de beneficiarios se deberá acompañar documentación acreditativa de su condición de herederos.
31.3 En la contingencia de invalidez, copia de su declaración expedida por la autoridad laboral o, en su caso, sentencia judicial firme.
Si la prestación es en forma de capital, se procederá al pago efectivo del mismo, bajo la modalidad de transferencia bancaria, en el plazo máximo de siete días desde que el beneficiario presentase la documentación exigida según las especificaciones del plan para cada contingencia y la comisión de control reconociese su derecho.
Dada la naturaleza atribuida a la prestación por la normativa de planes y fondos de pensiones, como de rendimiento del trabajo, la entidad gestora deberá practicar las retenciones a cuenta del IRPF que procedan conforme a la legislación vigente.
Artículo 32. Extinción de la prestación.
32.1 Las prestaciones en forma de capital se extinguirán al producirse el pago de las mismas.
32.2 Las prestaciones en forma de renta se extinguirán al momento del fallecimiento del beneficiario o cuando se produzca la condición que establezca su término.
32.3 El derecho a reclamar las prestaciones prescribirá en los plazos establecidos legalmente.
V. Sistema financiero y actuarial del plan
Artículo 33. Sistema de capitalización.
El sistema de capitalización será el de capitalización individual y financiero.
Artículo 34. Cuenta de posición.
Las aportaciones y los rendimientos derivados de su inversión se integrarán inmediatamente en una cuenta de posición del plan en el fondo al que se adscribe. Con cargo a dicha cuenta se atenderá el cumplimiento de las prestaciones del plan.
Artículo 35. Imputación financiera de rendimientos y gastos.
De conformidad con el art. 10.1 del RD.L. 1/2002, la imputación financiera de rendimientos y gastos será efectuada con arreglo a las normas de funcionamiento del fondo de pensiones.
VI. Movilidad del plan
Artículo 36. Movilización de la cuenta de posición del plan.
El plan podrá hacer movilizable su cuenta de posición a otro fondo de pensiones exclusivamente en los siguientes supuestos:
Cuando se produzca la sustitución de la entidad gestora y/o depositaria en los supuestos contemplados en el artículo 23 del RD.L. 1/2002 y por acuerdo adoptado por la comisión de control.
Cuando se produzcan cambios en el control de las entidades gestora y depositaria en cuantía superior al 50% de su capital por acuerdo adoptado por igual «quórum» que el señalado en el apartado a).
Cuando libremente lo decida la comisión de control del plan.
En todos los anteriores supuestos, se requerirá el acuerdo adoptado por al menos cinco de los miembros de la comisión de control.
En todo caso la integración en un fondo de pensiones requerirá la aceptación por el mismo de estos supuestos de movilización.
VII. Revisión, modificación y terminación del plan
Artículo 37. Revisión.
El sistema financiero y actuarial del plan se revisara cada tres años, por actuario o sociedad de actuarios.
La revisión de los aspectos actuariales se ajustará, en todo caso, a los límites y criterios establecidos por la normativa vigente en cada momento.
Artículo 38. Selección del actuario.
La comisión de control seleccionará al actuario dentro del primer semestre del ejercicio económico que haya de ser revisado, notificándose a la dirección general de seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los actuarios se responsabilizarán de aquellos cálculos y de la cuantificación de los derechos consolidados derivados de los mismos, en los términos previstos en la legislación.
Artículo 39. Modificación del plan.
La iniciativa de modificación del presente Reglamento puede provenir de la comisión de control del plan. Esta debatirá la propuesta que requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros para su aprobación.
Las distintas revisiones pueden aconsejar la introducción de modificaciones en el plan, debiéndose actuar según lo estipulado en los párrafos anteriores.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para todo lo relativo a la terminación del plan, modificación de lo relacionado con las aportaciones y prestaciones, modalidad del plan, modalidad del fondo, sistema de capitalización, composición y funcionamiento de la comisión de control, incluida la oficina de atención al partícipe, número de actuarios y auditores y este mismo párrafo del reglamento, será necesario el acuerdo colectivo estatutario.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, la comisión de control, que aprueba este reglamento, asume la obligación de modificar y sustituir las especificaciones del plan de pensiones, relacionadas con los temas señalados anteriormente, por las que se acuerden en convenio colectivo estatutario.
Artículo 40. Terminación y liquidación del plan.
40.1 Serán causas de terminación del «plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la Corporación RTVE» las siguientes:
Pérdida de la personalidad jurídica del promotor. Para que se produzca la válida terminación del plan en base a la causa aquí señalada es preciso que la desaparición del mundo jurídico del promotor sea total y no se produzca subrogación alguna, en cuyo caso no procedería la extinción del plan por este motivo, manteniendo éste su plena vigencia y operándose exclusivamente los cambios formales derivados de esta modificación, es decir, denominación y representantes del promotor en la comisión de control.
Inexistencia de partícipes y de beneficiarios. Se producirá la extinción del plan por inexistencia de partícipes y de beneficiarios cuando éste carezca de los mismos y no se produzcan nuevas adhesiones transcurrido un año desde el pago de la última prestación. Para la válida extinción por esta causa es preciso que se mantengan garantizados los derechos de los partícipes en suspenso, si los hubiere.
Imposibilidad manifiesta de llevar a cabo las medidas de viabilidad del plan.
No alcanzar el mínimo absoluto de margen de solvencia establecido en la legislación.
En todo caso serán requisitos previos para la terminación del plan la garantía individualizada de las prestaciones causadas y la integración de los derechos consolidados de los partícipes en otro plan de pensiones. En cualquiera de los supuestos será requisito imprescindible el acuerdo al efecto de la comisión de control del plan, adoptado por el voto favorable de cinco de sus miembros.
40.2 Previa constatación por la comisión de control de la existencia de alguna de las causas indicadas en los párrafos anteriores que imposibiliten la continuación del plan se procederá al nombramiento de una comisión Liquidadora en los términos que se indican a continuación.
La comisión de control convocará al promotor y al comité general intercentros a fin de que cada uno de ellos nombre un auditor de cuentas, los cuales junto con los actuarios que emitirán el informe sobre inviabilidad del plan, o en su caso, por los últimos actuarios intervinientes en el plan, compondrán la comisión liquidadora.
40.3 Se considerará fecha de liquidación a todos los efectos la del acta de la comisión de control que decida iniciar el proceso liquidador.
Tendrán la consideración de beneficiarios todos aquellos que justifiquen un hecho causante de contingencia cubierta anterior a la fecha de liquidación.
Las prestaciones correspondientes a beneficiarios, sean en forma de renta o en forma de capital, se abonarán en el proceso de liquidación con carácter preferencial a los derechos consolidados de los partícipes.
Una vez abonadas las prestaciones de los beneficiarios se cuantificarán los derechos consolidados correspondientes a cada partícipe, movilizándose éstos al plan que cada uno determine, o en su caso, en el plan o planes de empleo en los que el partícipe puede ostentar tal condición.
En el caso de que transcurrido el plazo señalado por la comisión liquidadora para los partícipes y beneficiarios decidan el plan de destino o la forma de cobro que las prestaciones causadas, la comisión liquidadora ordenara la integración de sus derechos consolidados y económicos en el plan individual que se designe a estos efectos.
No obstante, con carácter previo a lo indicado con anterioridad, se dispondrá por la comisión de control de una reserva a detraer del valor patrimonial de la cuenta de posición para hacer frente a los gastos que se produzcan en el proceso de liquidación. El sobrante, si existiese, se prorrateará entre partícipes y beneficiarios en proporción a las cuantías de sus derechos consolidados y prestaciones respectivas.
Artículo 41. Separación de una entidad promotora.
1. La separación de una entidad promotora del plan de pensiones podrá tener lugar en los siguientes casos:
Cuando lo acuerden la empresa con la representación de sus trabajadores, con el objeto de incorporar a aquéllos y sus derechos consolidados en otro plan de pensiones del sistema de empleo promovido por la empresa o al que se incorpore, si como resultado de operaciones societarias, la empresa resulte a la vez promotora del presente plan de pensiones de promoción conjunta y de otro u otros planes de pensiones del sistema de empleo, y se acuerde la concentración en uno distinto del presente.
En el caso de que alguna de las causas de terminación de los planes de pensiones establecidas en la ley de regulación de los planes y fondos de pensiones afecte exclusivamente a una entidad promotora del plan.
2. La separación dará lugar al traslado de los partícipes y beneficiarios correspondientes a la entidad afectada y de sus derechos a otro plan de empleo promovido por aquélla o por la resultante o resultantes de operaciones societarias.
3. A tal efecto, los representantes en la comisión de control de los elementos personales del presente plan de pensiones correspondientes a la empresa que se ha separado podrán constituirse en comisión promotora del nuevo plan de pensiones o solicitar la incorporación a otro plan de pensiones de empleo de promoción conjunta, o al que promueva a los que promuevan la empresa o empresas resultantes de una operación societaria.
4. Una vez formalizado el nuevo plan de pensiones o formalizada la incorporación al plan o planes de pensiones que procedan, se efectuará el traslado de los derechos de los partícipes y beneficiarios afectados en el plazo de un mes desde que se acredite ante el fondo de pensiones la formalización referida, plazo que la comisión de control del fondo podrá extender hasta tres meses si el saldo es superior al 10 por 100 de la cuenta de posición del plan.
5. De no promoverse un plan de pensiones del sistema de empleo, se procederá, en su caso, a la movilización de los derechos de los partícipes y beneficiarios a los planes de pensiones de su elección.
6. La separación no dará lugar a descuento o penalización alguna sobre los derechos económicos de los partícipes y beneficiarios afectados.
ANEXO I
Condiciones particulares del colectivo del Ente Público RTVE
Artículo 1. Promotor.
El promotor del colectivo integrado en el presente anexo es la Ente Público de RTVE, entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás promotores relacionados en los siguientes anexos– y participa en su desenvolvimiento.
Artículo 2. Partícipes.
Podrán acceder en cualquier momento a la condición de partícipe del presente plan aquellos trabajadores del promotor, que tenga la condición de empleados, siempre que a la fecha de solicitud y estando en activo, en el último año haya completado un período igualo superior a tres meses de trabajo efectivo.
Si el trabajador presentara solicitud de adhesión en los tres primeros meses desde la fecha de su incorporación en la empresa, éste podrá optar a efecto de las aportaciones tanto del promotor como del partícipe, desde la fecha en que la comisión de control haga efectiva su alta en el plan, o desde la fecha de su incorporación, en tal caso la imputación correspondiente se realizara de una sola vez.
Artículo 3. Alta de un partícipe.
Las personas definidas como partícipes en el artículo anterior, podrán causar alta en el plan, solicitándolo por correo certificado adjuntando el boletín de adhesión, confeccionando al efecto por la comisión de control del plan, la cual comprobara si efectivamente se cumplen las condiciones reglamentarias y declarará procedente o improcedente la adhesión. Si la solicitud de adhesión se presentara ante el promotor, éste trasladará a la comisión de control, considerándose como fecha de solicitud la que figure en dicho documento.
Ningún trabajador que reúna los requisitos exigidos para ser partícipe, podrá ser discriminado en el acceso al plan.
La solicitud de adhesión supone la aceptación de cuantas estipulaciones se contienen en las presentes especificaciones, y de los derechos y obligaciones que se derivan de los mismos, pudiendo realizarse ésta en cualquier momento, a partir de la fecha en que el trabajador reúna las condiciones de vinculación señaladas en el artículo anterior.
El solicitante estará obligado a declarar cuantos datos se requieran en el boletín de adhesión, al objeto de verificar el cumplimento de los requisitos necesarios para el alta.
La comisión de control comunicará al promotor la inclusión del partícipe en el plan a fin de que éste realice las aportaciones correspondientes desde el momento en que sea efectiva su alta en el plan.
La comisión de control resolverá una vez al mes las solicitudes de incorporación que se hayan presentado en el mes inmediato anterior. Las solicitudes aceptadas tendrán eficacia desde el día primero del mes siguiente al que se aprueben por la Comisión, sin que se pueda demorar esta declaración durante más de dos meses desde que se recibe la solicitud por parte de la comisión de control.
Los partícipes que habiendo extinguido su relación laboral con el promotor, y no habiendo procedido a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones, si reanudaran su relación laboral con el promotor y decidieran integrarse de nuevo en el plan de pensiones, deberán comunicar a la comisión de control las condiciones de su incorporación de acuerdo con las especificaciones recogidas en el art. 22 del cuerpo general de las especificaciones.
Artículo 4. Partícipes en suspenso.
A. Partícipe en suspenso.
1. El partícipe pasa a la situación de partícipe en suspenso cuando el promotor cesa en la obligación de realizar sus aportaciones, pero mantiene sus derechos consolidados dentro del plan.
2. El promotor dejará de efectuar sus aportaciones en los siguientes casos:
a) Por extinción de la relación laboral del partícipe con el promotor.
b) Cuando el partícipe se encuentre en situación de excedencia o tenga suspendida temporalmente su relación laboral con el Promotor por alguna de las causas legalmente previstas.
c) Cuando el partícipe manifieste su voluntad expresa de suspensión de las aportaciones y de sus consiguientes imputaciones fiscales.
3. Los derechos consolidados de los partícipes en suspenso se verán ajustados por la imputación de los rendimientos y gastos que les correspondan mientras se mantengan en esa categoría.
B. Pérdida de la condición de partícipe en suspenso.
Un partícipe en suspenso causará baja en tal situación por alguna de las siguientes causas:
Por adhesión a otro plan de pensiones, ejercitando el derecho a movilizar sus derechos consolidados, una vez extinguida la relación laboral con el promotor.
Por pasar de nuevo a partícipe de pleno del plan, en caso de recuperar los requisitos establecidos en estas especificaciones. Las aportaciones del promotor se reanudarán en el mes siguiente en que cese la suspensión de la relación laboral, una vez que lo solicite el partícipe.
Por pasar a situación de beneficiario, no derivada de otros partícipes.
Por fallecimiento.
Por terminación del presente plan, debiendo movilizar su derecho consolidado a otro plan de pensiones, según lo dispuesto en el art. 40 del cuerpo general de las especificaciones.
C. Derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso.
1. Los derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso serán los mismos que el resto de los partícipes, salvo en cuanto al derecho a recibir aportaciones de la entidad promotora, pudiendo, no obstante, realizar aportaciones voluntarias al plan.
2. Los partícipes en suspenso tienen derecho a restablecer su situación en el plan una vez que cese la causa que originó la suspensión.
Artículo 5. Aportaciones al plan.
Se acepta expresamente las aportaciones establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan de promoción conjunta.
Artículo 6. Prestaciones y situaciones excepcionales de liquidez.
Se acepta expresamente las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas.
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan.
Artículo 7. Modificación de las condiciones particulares.
1. La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este anexo corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes a este colectivo.
2. La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus trabajadores.
ANEXO II
Condiciones particulares del colectivo de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.
Artículo 1. Promotor.
El promotor del colectivo integrado en el presente anexo es la Corporación Radio Y Televisión Española S.A., entidad que insta la creación de este plan -junto con los demás promotores relacionados en los siguientes anexos- y participa en su desenvolvimiento.
Artículo 2. Partícipes.
Podrán acceder en cualquier momento a la condición de partícipe del presente plan aquellos trabajadores del promotor, que tenga la condición de empleados, siempre que a la fecha de solicitud y estando en activo, en el último año haya completado un período igualo superior a tres meses de trabajo efectivo.
Si el trabajador presentara solicitud de adhesión en los tres primeros meses desde la fecha de su incorporación en la empresa, éste podrá optar a efecto de las aportaciones tanto del promotor como del partícipe, desde la fecha en que la comisión de control haga efectiva su alta en el plan, o desde la fecha de su incorporación, en tal caso la imputación correspondiente se realizará de una sola vez.
Artículo 3. Alta de un partícipe.
Las personas definidas como partícipes en el artículo anterior, podrán causar alta en el plan, solicitándolo por correo certificado adjuntando el boletín de adhesión, confeccionando al efecto por la comisión de control del plan, la cual comprobara si efectivamente se cumplen las condiciones reglamentarias y declarará procedente o improcedente la adhesión. Si la solicitud de adhesión se presentara ante el promotor, éste trasladará a la comisión de control, considerándose como fecha de solicitud la que figure en dicho documento.
Ningún trabajador que reúna los requisitos exigidos para ser partícipe, podrá ser discriminado en el acceso al plan.
La solicitud de adhesión supone la aceptación de cuantas estipulaciones se contienen en las presentes especificaciones, y de los derechos y obligaciones que se derivan de los mismos, pudiendo realizarse ésta en cualquier momento, a partir de la fecha en que el trabajador reúna las condiciones de vinculación señaladas en el artículo anterior.
El solicitante estará obligado a declarar cuantos datos se requieran en el boletín de adhesión, al objeto de verificar el cumplimento de los requisitos necesarios para el alta.
La comisión de control comunicará al promotor la inclusión del partícipe en el plan a fin de que éste realice las aportaciones correspondientes desde el momento en que sea efectiva su alta en el plan.
La comisión de control resolverá una vez al mes las solicitudes de incorporación que se hayan presentado en el mes inmediato anterior. Las solicitudes aceptadas tendrán eficacia desde el día primero del mes siguiente al que se aprueben por la comisión, sin que se pueda demorar esta declaración durante más de dos meses desde que se recibe la solicitud por parte de la comisión de control.
Los partícipes que habiendo extinguido su relación laboral con el promotor, y no habiendo procedido a movilizar sus derechos consolidados a otro plan de pensiones, si reanudaran su relación laboral con el promotor y decidieran integrarse de nuevo en el plan de pensiones, deberán comunicar a la comisión de control las condiciones de su incorporación de acuerdo con las especificaciones recogidas en el art. 22 del cuerpo general de las especificaciones.
Artículo 4. Partícipes en suspenso.
A. Partícipe en suspenso.
1. El partícipe pasa a la situación de partícipe en suspenso cuando el promotor cesa en la obligación de realizar sus aportaciones, pero mantiene sus derechos consolidados dentro del plan.
2. El promotor dejará de efectuar sus aportaciones en los siguientes casos:
a) Por extinción de la relación laboral del partícipe con el promotor.
b) Cuando el Partícipe se encuentre en situación de excedencia o tenga suspendida temporalmente su relación laboral con el promotor por alguna de las causas legalmente previstas.
c) Cuando el partícipe manifieste su voluntad expresa de suspensión de las aportaciones y de sus consiguientes imputaciones fiscales.
Los derechos consolidados de los partícipes en suspenso se verán ajustados por la imputación de los rendimientos y gastos que les correspondan mientras se mantengan en esa categoría.
B. Pérdida de la condición de partícipe en suspenso.
Un partícipe en suspenso causará baja en tal situación por alguna de las siguientes causas:
Por adhesión a otro plan de pensiones, ejercitando el derecho a movilizar sus derechos consolidados, una vez extinguida la relación laboral con el promotor.
Por pasar de nuevo a partícipe de pleno del plan, en caso de recuperar los requisitos establecidos en estas especificaciones. Las aportaciones del promotor se reanudarán en el mes siguiente en que cese la suspensión de la relación laboral, una vez que lo solicite el partícipe.
Por pasar a situación de beneficiario, no derivada de otros partícipes.
Por fallecimiento.
Por terminación del presente plan, debiendo movilizar su derecho consolidado a otro plan de pensiones, según lo dispuesto en el art 40 del cuerpo general de las especificaciones.
C. Derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso.
1. Los derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso serán los mismos que el resto de los partícipes, salvo en cuanto al derecho a recibir aportaciones de la entidad promotora, pudiendo, no obstante, realizar aportaciones voluntarias al plan.
2. Los partícipes en suspenso tienen derecho a restablecer su situación en el plan una vez que cese la causa que originó la suspensión.
Artículo 5. Aportaciones al plan.
Se acepta expresamente las aportaciones establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan de promoción conjunta.
Artículo 6. Prestaciones y situaciones excepcionales de liquidez.
Se acepta expresamente las prestaciones establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan, así como las formas de cobro establecidas.
Igualmente se aceptan expresamente las situaciones excepcionales de liquidez y las formas de cobro de las mismas, igualmente establecidas en el cuerpo general de las especificaciones del plan.
Artículo 7. Modificación de las condiciones particulares.
1. La decisión o propuesta de modificación de condiciones particulares contenidas en este Anexo corresponderá a los vocales que representen a los elementos personales del plan correspondientes a este colectivo.
2. La modificación se realizará por acuerdo adoptado entre la empresa y la representación de sus trabajadores.
ANEXO
Condiciones particulares del colectivo de la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S.A.
Artículo 1 . Promotor.
El promotor del colectivo integrado en el presente anexo es la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S.A., entidad que insta la creación de este plan –junto con los demás promotores relacionados en los siguientes Anexos- y participa en su desenvolvimiento.
Artículo 2. Partícipes.
Podrán acceder en cualquier momento a la condición de partícipe del presente plan aquellos trabajadores del promotor, que tenga la condición de empleados, siempre que a la fecha de solicitud y estando en activo, en el último año haya completado un período igual o superior a tres meses de trabajo efectivo.
Si el trabajador presentara solicitud de adhesión en los tres primeros meses desde la fecha de su incorporación en la empresa, éste podrá optar a efecto de las aportaciones tanto del promotor como del partícipe, desde la fecha en que la comisión de control haga efectiva su alta en el plan, o desde la fecha de su incorporación, en tal caso la imputación correspondiente se realizará de una sola vez.
Artículo 3. Alta de un partícipe.
Las personas definidas como partícipes en el artículo anterior, podrán causar alta en el plan, solicitándolo por correo certificado adjuntando el boletín de adhesión, confeccionando al efecto por la comisión de control del plan, la cual comprobarán si efectivamente se cumplen las condiciones reglamentarias y declarará procedente o improcedente la adhesión. Si la solicitud de adhesión se presentará ante el promotor, éste trasladará a la comisión de control, considerándose como fecha de solicitud la que figure en dicho documento.
Ningún trabajador que reúna los requisitos exigidos para ser partícipe, podrá ser discriminado en el acceso al plan.
La solicitud de adhesión supone la aceptación de cuantas estipulaciones se contienen en las presentes especificaciones, y de los derechos y obligaciones que se derivan de los mismos, pudiendo realizarse ésta en cualquier momento, a partir de la fecha en que el trabajador reúna las condiciones de vinculación señaladas en el artículo anterior.
El solicitante estará obligado a declarar cuantos datos se requieran en el boletín de adhesión, al objeto de verificar el cumplimento de los requisitos necesarios para el alta. | El Tribunal de Cuentas investiga el uso del Fondo Social Europeo en Cataluña desde 1990 a 2001. | Visto el texto del II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (código de convenio n.º 90100582012011) que fue suscrito con fecha 29 de noviembre de 2013 de una parte por los designados por la Dirección de dicha Corporación en representación de la misma, y de otra por las secciones sindicales de UGT, Alternativa-APLI, Alternativa-RTVE y USO en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de enero de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
II CONVENIO COLECTIVO DE LA CORPORACIÓN RTVE
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Determinación de las partes que conciertan el presente convenio colectivo.
El presente convenio colectivo ha sido concertado por la comisión negociadora, constituida por los representantes designados por las secciones sindicales que conforman el comité intercentros, en representación de los trabajadores, y por los designados por la dirección de la Corporación RTVE, en representación de ésta.
Ámbito funcional: El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales entre la Corporación RTVE (en adelante CRTVE) y sus trabajadores.
Ámbito territorial: El presente convenio colectivo tiene como ámbito territorial el estatal, aplicándose a todos los centros de trabajo y delegaciones informativas en el estado español, que la CRTVE tiene en la actualidad y los que puedan establecerse en el futuro en dicho ámbito geográfico.
Ámbito personal: Se entiende que son trabajadores de CRTVE todas aquéllas personas vinculadas a la misma a través de un contrato de carácter laboral (se excluyen los laborales artísticos, civiles y mercantiles y todos los relacionados en el art. 2 del estatuto de los trabajadores).
En particular, quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este convenio:
1. El personal que presta servicios por cuenta de empresas que tengan suscritos contratos de obras o servicios con CRTVE aunque las actividades de dicho personal se desarrollen en estos centros de trabajo.
2. Los profesionales cuya relación con CRTVE se derive de la aceptación de una minuta y los autónomos dependientes.
3. Los colaboradores literarios, científicos, docentes, musicales, deportivos, informativos y culturales de cualquier otra especialidad, en cuya prestación de servicios no concurran las características típicas de una relación laboral por cuenta ajena.
4. Personal de alta dirección comprendido en el art. 2.1 del estatuto de los trabajadores y el personal directivo.
5. Los profesionales de alta o especial cualificación. Su relación se regirá por las cláusulas de sus contratos, sin perjuicio de la aplicación de la legislación laboral procedente. El número máximo de contratos simultáneamente acogidos a esta modalidad no podrá exceder de 25.
6. El personal facultativo, técnico o científico cuyas funciones a desarrollar no estén contempladas dentro de las existentes en el presente convenio, que sea requerido para un trabajo de estudio o servicio determinado, concreto y de duración determinada.
Artículo 2. Ámbito temporal.
El presente convenio colectivo se considera vigente desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en que finalizará su vigencia, pudiendo ser denunciado mediante escrito por cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses sobre la fecha prevista para su término.
En caso de no ser denunciado, el convenio quedará automáticamente prorrogado por períodos anuales, hasta que sea sustituido por otro nuevo, siguiendo en vigor tanto las cláusulas normativas como las obligacionales.
Las partes se comprometen a constituir la mesa negociadora e iniciar las negociaciones del siguiente convenio colectivo dentro del mes posterior a la recepción de la mencionada denuncia del convenio colectivo por una de las partes, debiendo la parte receptora de la comunicación responder a la propuesta de negociación, y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación. Las partes se obligan a negociar de buena fe.
Artículo 3. Revisión en caso de nulidad de alguna de sus cláusulas.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación serán consideradas globalmente.
Si alguna de las cláusulas del presente convenio colectivo fuera declarada nula, se someterá a revisión la repercusión que dicha nulidad pueda tener sobre el contenido del convenio colectivo, manteniéndose vigente el contenido no afectado por la nulidad.
Artículo 4. Comisión paritaria del convenio colectivo.
Se crea una comisión paritaria como órgano de interpretación, vigilancia y desarrollo del presente convenio.
1. Composición.
La comisión será paritaria y estará formada por siete miembros nombrados por el CI, respetando la proporcionalidad existente en el mismo, con voto ponderado y por igual número de representantes de la dirección.
2. Competencias.
Serán competencias específicas de la comisión:
2.1 La interpretación y aplicación de las cláusulas del convenio, así como durante la vigencia del mismo la actualización y adaptación de cuantas otras cuestiones, en desarrollo de lo pactado, acuerden las partes.
2.2 La vigilancia, desarrollo y seguimiento de lo pactado.
2.3 Entender de forma previa y obligatoria a las vías administrativa y jurisdiccional sobre todos aquellos conflictos colectivos que puedan ser interpuestos en interpretación de convenio por quienes estén
### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga el uso del Fondo Social Europeo en Cataluña desde 1990 a 2001. |
El Museo Nacional del Prado, de acuerdo a la estrategia económica trazada por el Organismo a partir del documento «Respuestas a una nueva coyuntura presupuestaria. Iniciativas para la mejora de servicio público y el aumento de ingresos», aprobado por el Pleno del Real Patronato, en sesión celebrada el 30 de junio de 2011, y ante la actual coyuntura económica y los últimos ajustes presupuestarios impulsados por el Gobierno, ha de reforzar la capacidad que le ofrece su autonomía financiera y capacidad de generación de recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, y la estabilidad presupuestaria del Organismo.
Paralelamente el Museo Nacional del Prado ha de responder a su compromiso por mantener el dinamismo de su actividad, y ofrecer un Programa de orientación divulgativa, educativa e investigadora con los niveles de calidad y cantidad exigidos por la sociedad, y que ha de asegurar una oferta continua y estable durante todo el año. En el marco de esta programación adquieren especial protagonismo las exposiciones temporales, que se convierten en un gran atractivo para el visitante, y complemento de su visita a la Colección.
El visitante podrá disfrutar de ambas posibilidades de visita al adquirir la modalidad de entrada única que permite su acceso a la Colección y a las exposiciones temporales coetáneas el día de la visita.
Por tanto, ante la situación económica, y el dinamismo y calidad de la actividad de la Institución se ha de proceder al establecimiento del precio de la entrada, y a revisar el régimen de acceso de algunas categorías de visitantes, además de ofrecer nuevas medidas para el fomento de la visita de acuerdo a la nueva realidad económica de la Institución.
En consecuencia, y en el marco de la autorización dictada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte con fecha 23 de mayo de 2012, la presente Resolución de la Comisión Permanente del Real Patronato, dictada a propuesta del Director según establece el artículo 5.5 f) del Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, al amparo del citado artículo 18 de la Ley 46/2003, aprueba el precio de entrada al Museo y el régimen de acceso.
Artículo 1. Precio de la entrada individual.
1. Se establece un único precio de entrada individual al Museo Nacional del Prado, que incluye tanto el acceso a la Colección permanente como a las exposiciones temporales que, en su caso, sean coetáneas el día de la visita. La entrada será válida para un día.
2. El precio de la entrada general individual se establece en 14 euros.
3. El precio de la entrada reducida individual se establece en 7 euros.
4. La venta de las entradas se realizará en las taquillas y expendedores automáticos ubicados en el Museo, así como podrá ser efectuada a través de sistemas telemáticos u otros canales de venta, con el fin de facilitar su adquisición y dar un mejor servicio al visitante. En esta última opción los gastos que se deriven de la gestión de su venta serán imputados al visitante, quien deberá abonar la cantidad resultante de la suma del precio de la entrada individual fijado en los puntos 1.2 o 1.3 y los gastos de gestión que sean establecidos.
Artículo 2. Precio de la entrada para visitantes integrantes de grupos:
1. Condiciones de acceso en grupo:
a) La denominación de visita en grupo se concede a aquellas visitas que están integradas por ocho o más personas, y hasta un límite máximo de treinta componentes.
b) El Museo podrá establecer la obligatoriedad en el uso del auricular a aquellos grupos que considere oportuno, con el objetivo de garantizar la calidad de la visita. El importe de este servicio será abonado en los términos establecidos para su prestación, cuando los grupos afectados por la medida no dispongan de este equipamiento.
c) Todos los grupos deberán acreditar su categoría a través de los procedimientos establecidos en el momento de la reserva de plazas. Si una vez realizada la comprobación de la citada acreditación no se cumplieran los requisitos exigidos habrán de abonar la diferencia hasta completar la tarifa general por cada miembro del grupo.
2. Acceso a la Colección.
a) Grupo turístico:
1.º El precio de la entrada para cada una de las personas que integran el grupo turístico será el establecido en el artículo 1.2 y en las condiciones descritas en el artículo 1.4 de esta resolución.
2.º Será obligatoria la reserva y venta anticipada de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante y que se indica en la citada pagina web.
3.º Las personas que integran el grupo de esta categoría no podrán beneficiarse, con carácter individual del régimen de gratuidad, ni de reducción recogido en los artículos 3.1 y 4.1 de esta Resolución respectivamente, con independencia de que cumplan alguno de los requisitos establecidos.
b) Grupo cultural:
1.º El precio de la entrada para cada una de las personas que integran el grupo cultural será el establecido en el artículo 1.3 y en las condiciones descritas en el artículo 1.4 de esta Resolución.
2.º Tendrán derecho a esta tarifa las personas que formen parte de colectivos de carácter cultural, tales como asociaciones, instituciones, fundaciones y escuelas de postgrado vinculadas a las Bellas Artes.
3.º Será obligatoria la reserva y venta anticipada de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante que se indica en la citada pagina web.
c) Grupo educativo:
1.º Los grupos educativos, integrados por estudiantes escolares o universitarios, accederán al Museo de forma gratuita.
2.º Será obligatoria la reserva de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante que se indica en la citada pagina web.
3.º Con carácter excepcional, los grupos educativos que participan en la actividad Visitas comentadas y dinamizadas del programa educativo El arte de educar, abonarán por grupo el precio de 60 euros. Siendo, igualmente obligatoria, la reserva y venta anticipada de entradas a través de la pagina web www.museodelprado.es o teléfono 902 puesto a disposición del visitante y que se indica en la citada pagina web.
4.º Los visitantes menores de 14 años no podrán realizar la visita al Museo de forma individual, deberán ir siempre acompañados de un adulto.
3. Acceso a las exposiciones temporales.
a) Con carácter general no se permite el acceso en grupo a las exposiciones temporales.
b) Con carácter excepcional, y si las características de la muestra lo permiten, se podrá facilitar el acceso a las tres categorías de grupos, anteriormente citadas, a las exposiciones temporales con el fin de facilitar su difusión y promoción. En este caso, y de acuerdo a los criterios establecidos por el Museo para garantizar una visita de calidad, se establecerán nuevas condiciones de visita en cuanto a horarios de acceso, duración del recorrido y máximos de integrantes por grupo etc.
c) Se mantendrán las condiciones y precios para cada una de las tres categorías de grupo descritas en el artículo 2.2 a), b) y c).
d) Las personas que acceden en grupo a visitar la Colección permanente podrán, a la finalización de su recorrido, visitar las exposiciones temporales de forma individual, a excepción de aquellas exposiciones temporales que cuenten con control de aforo, y para las que deberán obtener, previamente, el pase horario en el que se indicará la hora de acceso a la misma.
e) A las personas que, en su caso, accedan en grupo a visitar una exposición temporal se les permitirá, a la finalización de su recorrido, visitar la Colección permanente del Museo de forma individual.
Artículo 3. Visita en régimen de gratuidad.
1. La entrada al Museo será gratuita para las personas que a continuación se enumeran, en horario de lunes a sábado de 10,00 a 20,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 19,00 horas, previa acreditación de la condición de miembro de alguno de los colectivos citados, con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso:
a) Estudiantes entre 18 y 25 años.
b) Menores de 18 años.
c) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita.
d) Personas en situación legal de desempleo.
e) Miembros de las entidades siguientes:
1.º Real Patronato del Museo Nacional del Prado.
2.º Fundación Amigos del Museo del Prado.
3.º APME (Asociación Profesional de Museólogos de España).
4.º ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos).
5.º AEM (Asociación Española de Museólogos).
6.º ICOM (Consejo Internacional de Museos).
7.º Real Academia de la Historia.
8.º Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando.
9.º Real Academia Española.
f) Personal que presta sus servicios en los Museos Estatales adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
g) Personal docente, según lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
h) Grupos familiares integrados por al menos un adulto y tres descendientes (o dos, si uno de ellos tiene alguna discapacidad), incluidos en el mismo título de familia numerosa, según dispone el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, que desarrolla la citada ley.
i) Guías Oficiales de Turismo.
j) Periodistas.
2. Para todos los visitantes a la Colección permanente:
a) De lunes a sábado de 18,00 a 20,00 horas y domingos y festivos de 17,00 a 19,00 horas. En el supuesto de que se modifique el horario de apertura se adaptará el horario de gratuidad a dicha modificación, manteniéndose el criterio de reservar las dos últimas horas a este régimen de acceso.
b) El día 19 de noviembre, aniversario del Museo, así como la celebración del Día Internacional de los Museos, la totalidad del horario de apertura será gratuito.
c) Otras posibles celebraciones de carácter cultural en las que el Museo participe, como la Noche de los Museos o la Noche en blanco, también podrán contar con horario de gratuidad en las horas establecidas, previa autorización del Director.
3. Para las exposiciones temporales no será de aplicación el régimen de gratuidad establecido en el punto 2.
Artículo 4. Visita con entrada reducida.
1. Las personas que pertenezcan a los colectivos que a continuación se detallan, podrán acceder al Museo en horario de lunes a sábado de 10,00 a 18,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 17,00 horas con la entrada reducida, cuyo importe se indica en el artículo 1.3:
a) Personas mayores de 65 años.
b) Miembros de familias numerosas según dispone el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, que desarrolla la citada ley.
c) Titulares del carné joven.
2. La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de hacerse mediante la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado, en cada caso.
Artículo 5. Visita en horario con reducción en el precio de la entrada a las exposiciones temporales.
1. De lunes a sábado de 18,00 a 20,00 horas, y domingos y festivos de 17,00 a 19,00 horas, todos los visitantes que quieran acceder a las exposiciones temporales podrán beneficiarse de una reducción en el precio de la entrada individual que les corresponda, y de acuerdo a lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
2. Condiciones de acceso con reducción:
a) Los visitantes que no pertenezcan a los colectivos con derecho a acceso gratuito o con derecho a entrada reducida, reseñados en los artículos 3.1 y 4.1 respectivamente, adquirirán una entrada reducida, por un importe de 7 euros.
b) Los colectivos con derecho a entrada reducida, contemplados en el artículo 4.1 podrán acceder con una reducción del 50% sobre el precio de la citada entrada, lo que supone una cuantía de 3,50 euros.
Artículo 6. Medidas de fomento y campaña de promoción para la visita al Museo.
1. Con el objetivo de mejorar la calidad de la visita y facilitar la comprensión del discurso expositivo, se establece la modalidad de entrada individual más ejemplar de La guía del Prado, al precio de 23 euros. Esta entrada se podrá adquirir tanto en las taquillas del Museo, como a través de los sistemas telemáticos, u otros canales de venta, siendo en este último caso de aplicación lo establecido en el artículo 1.4.
2. Mediante Resolución, el Director del Museo podrá establecer otras campañas de promoción y fomento de la visita al Museo. Estas campañas podrán contemplar una reducción del precio de la visita e incluso su gratuidad, así como descuentos en actividades y servicios.
Artículo 7. Abono «Paseo del Arte».
El precio se fijará por Orden Ministerial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo acuerdo entre el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y la Fundación Colección «Thyssen-Bornemisza».
Artículo 8. Autorizaciones especiales para visitas extraordinarias.
El Director del Museo podrá autorizar, con carácter puntual, la entrada gratuita o con precio reducido a las personas, asociaciones, empresas, instituciones o grupos profesionales u otros colectivos, cuya visita, por su relevancia y vinculación con el Museo, puede redundar en beneficio de la Institución.
Disposición transitoria única.
Las entradas adquiridas antes de la entrada en vigor de la presente resolución serán válidas a todos los efectos y mantendrán su precio para el día de la visita.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las resoluciones de la Dirección del organismo Museo Nacional del Prado de 8 de agosto de 2011, de 2 de abril de 2012, y 28 de mayo de 2012 en las que se establecen los precios de las entradas al Museo Nacional del Prado.
Disposición final única Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día 8 de febrero de 2013.
Madrid, 28 de enero de 2013.–El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza Miranda. | Convocatoria de 1 puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. | El Museo Nacional del Prado, de acuerdo a la estrategia económica trazada por el Organismo a partir del documento «Respuestas a una nueva coyuntura presupuestaria. Iniciativas para la mejora de servicio público y el aumento de ingresos», aprobado por el Pleno del Real Patronato, en sesión celebrada el 30 de junio de 2011, y ante la actual coyuntura económica y los últimos ajustes presupuestarios impulsados por el Gobierno, ha de reforzar la capacidad que le ofrece su autonomía financiera y capacidad de generación de recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, y la estabilidad presupuestaria del Organismo.
Paralelamente el Museo Nacional del Prado ha de responder a su compromiso por mantener el dinamismo de su actividad, y ofrecer un Programa de orientación divulgativa, educativa e investigadora con los niveles de calidad y cantidad exigidos por la sociedad, y que ha de asegurar una oferta continua y estable durante todo el año. En el marco de esta programación adquieren especial protagonismo las exposiciones temporales, que se convierten en un gran atractivo para el visitante, y complemento de su visita a la Colección.
El visitante podrá disfrutar de ambas posibilidades de visita al adquirir la modalidad de entrada única que permite su acceso a la Colección y a las exposiciones temporales coetáneas el día de la visita.
Por tanto, ante la situación económica, y el dinamismo y calidad de la actividad de la Institución se ha de proceder al establecimiento del precio de la entrada, y a revisar el régimen de acceso de algunas categorías de visitantes, además de ofrecer nuevas medidas para el fomento de la visita de acuerdo a la nueva realidad económica de la Institución.
En consecuencia, y en el marco de la autorización dictada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte con fecha 23 de mayo de 2012, la presente Resolución de la Comisión Permanente del Real Patronato, dictada a propuesta del Director según establece el artículo 5.5 f) del Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, al amparo del citado artículo 18 de la Ley 46/2003, aprueba el precio de entrada al Museo y el régimen de acceso.
Artículo 1. Precio de la entrada individual.
1. Se establece un único precio de entrada individual al Museo Nacional del Prado, que incluye tanto el acceso a la Colección permanente como a las exposiciones temporales que, en su caso, sean coetáneas el día de la visita. La entrada será válida para un día.
2. El precio de la entrada general individual se establece en 14 euros.
3. El precio de la entrada reducida individual se establece en 7 euros.
4. La venta de las entradas se realizará en las taquillas y expendedores automáticos ubicados en el Museo, así como podrá ser efectuada a través de sistemas telemáticos u otros canales de venta, con el fin de facilitar su adquisición y dar un mejor servicio al visitante. En esta última opción los gastos que se deriven de la gestión de su venta serán imputados al visitante, quien deberá abonar la cantidad resultante de la suma del precio de la entrada individual fijado en los puntos 1.2 o 1.3 y los gastos de gestión que sean establecidos.
Artículo 2. Precio de la entrada para visitantes integrantes de grupos:
1. Condiciones de acceso en grupo:
a) La denominación de visita en grupo se concede a aquellas visitas que están integradas por ocho o más personas, y hasta un límite máximo de treinta componentes.
b) El Museo podrá establecer la obligatoriedad en el uso del auricular a aquellos grupos que considere oportuno, con el objetivo de garantizar la calidad de la visita. El importe de este servicio será abonado en los términos establecidos para su prestación, cuando los grupos afectados por la medida no dispongan de este equipamiento.
c) Todos los grupos deberán acreditar su categoría a través de los procedimientos establecidos en el momento de la reserva de plazas. Si una vez realizada la comprobación de la citada acreditación no se cumplieran los requisitos exigidos habrán de abonar la diferencia hasta completar la tarifa general por cada miembro del grupo.
2. Acceso a la Colección.
a) Grupo turístico:
1.º El precio de la entrada para cada una de las personas que integran el grupo turístico será el establecido en el artículo 1.2 y en las condiciones descritas en el artículo 1.4 de esta resolución.
2.º Será obligatoria la reserva y venta anticipada de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante y que se indica en la citada pagina web.
3.º Las personas que integran el grupo de esta categoría no podrán beneficiarse, con carácter individual del régimen de gratuidad, ni de reducción recogido en los artículos 3.1 y 4.1 de esta Resolución respectivamente, con independencia de que cumplan alguno de los requisitos establecidos.
b) Grupo cultural:
1.º El precio de la entrada para cada una de las personas que integran el grupo cultural será el establecido en el artículo 1.3 y en las condiciones descritas en el artículo 1.4 de esta Resolución.
2.º Tendrán derecho a esta tarifa las personas que formen parte de colectivos de carácter cultural, tales como asociaciones, instituciones, fundaciones y escuelas de postgrado vinculadas a las Bellas Artes.
3.º Será obligatoria la reserva y venta anticipada de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante que se indica en la citada pagina web.
c) Grupo educativo:
1.º Los grupos educativos, integrados por estudiantes escolares o universitarios, accederán al Museo de forma gratuita.
2.º Será obligatoria la reserva de este tipo de entradas, a través de la pagina web www.museodelprado.es, o teléfono 902 puesto a disposición del visitante que se indica en la citada pagina web.
3.º Con carácter excepcional, los grupos educativos que participan en la actividad Visitas comentadas y dinamizadas del programa
### RESUMEN: Convocatoria de 1 puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local de A Coruña. |
En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 239, de 17 de diciembre de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación:
1 puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Diario Oficial de Galicia».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán en los Boletines Oficiales correspondientes.
A Coruña, 17 de diciembre de 2012.–La Teniente de Alcalde Delegada de Personal, Rosa María Gallego Neira. | Habrá un nuevo portal de la Seguridad Social, i-consulto por importe total de 302.500,00 euros. | En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 239, de 17 de diciembre de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante libre designación:
1 puesto de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Diario Oficial de Galicia».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán en los Boletines Oficiales correspondientes.
A Coruña, 17 de diciembre de 2012.–La Teniente de Alcalde Delegada de Personal, Rosa María Gallego Neira.
### RESUMEN: Habrá un nuevo portal de la Seguridad Social, i-consulto por importe total de 302.500,00 euros. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Domicilio:
C/ Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª, ala B.
3) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
4) Teléfono:
91 568 83 87.
5) Telefax:
91 561 10 51.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, de 10 a 13 horas.
d) Número de expediente:
60/VC-36/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios para la elaboración de un plan director para el diseño e implementación del nuevo portal i-consulto del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cinco meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79411000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, con la concurrencia de varios criterios.
d) Criterios de adjudicación:
Automáticos (51 %) y, al menos, uno dependiente de un juicio de valor (49 %), según apartado 4.2 del pliego.
4. Valor estimado del contrato:
250.000 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 250.000 €. Importe total: 302.500 €.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará según lo previsto en la cláusula 5.7.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
31 de marzo de 2015, dentro del horario de Registro de la Entidad y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Registro General).
2) Domicilio:
C/ Padre Damián, 4 y 6.
3) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, a contar desde la apertura pública de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto público.
b) Dirección:
C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
d) Fecha y hora:
15 de abril de 2015, a las diez horas (apertura de los sobres que contienen documentación susceptible de valoración a través de un juicio de valor).
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicidad de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
18 de febrero de 2015.
12. Otras informaciones:
El segundo acto público para la apertura de los sobres de la oferta económica se celebrará en las mismas dependencias descritas, el día 6 de mayo de 2015, a las 10 horas.
Madrid, 18 de febrero de 2015.- El Secretario general, Eleazar M.ª Ortiz Herranz. | TC ampara a una mujer porque no se investigó su denuncia de torturas. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Domicilio:
C/ Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª, ala B.
3) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
4) Teléfono:
91 568 83 87.
5) Telefax:
91 561 10 51.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, de 10 a 13 horas.
d) Número de expediente:
60/VC-36/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios para la elaboración de un plan director para el diseño e implementación del nuevo portal i-consulto del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cinco meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79411000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, con la concurrencia de varios criterios.
d) Criterios de adjudicación:
Automáticos (51 %) y, al menos, uno dependiente de un juicio de valor (49 %), según apartado 4.2 del pliego.
4. Valor estimado del contrato:
250.000 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 250.000 €. Importe total: 302.500 €.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará según lo previsto en la cláusula 5.7.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
31 de marzo de 2015, dentro del horario de Registro de la Entidad y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Registro General).
2) Domicilio:
C/ Padre Damián, 4 y 6.
3) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, a contar desde la apertura pública de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Acto público.
b) Dirección:
C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal:
28036 - Madrid.
d) Fecha y hora:
15 de abril de 2015, a las diez horas (apertura de los sobres que contienen documentación susceptible de valoración a través de un juicio de valor).
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicidad de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
18 de febrero de 2015.
12. Otras informaciones:
El segundo acto público para la apertura de los sobres de la oferta económica se celebrará en las mismas dependencias descritas, el día 6 de mayo de 2015, a las 10 horas.
Madrid, 18 de febrero de 2015.- El Secretario general, Eleazar M.ª Ortiz Herranz.
### RESUMEN: TC ampara a una mujer porque no se investigó su denuncia de torturas. |
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2443-2013, promovido por doña Irati Mujika Larreta, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Lobera Argüelles y asistida por la Abogada doña Lorea Bilbao Gredilla, contra el Auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de marzo de 2013, que desestimó el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid de 2 de octubre de 2012, confirmado en reforma por Auto de 21 de enero de 2013, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas núm. 3129-2010, incoadas por una denuncia de torturas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de abril de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Lobera Argüelles, en nombre y representación de doña Irati Mujika Larreta y bajo la dirección de la Letrada doña Lorea Bilbao Gredilla, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) La recurrente en amparo fue detenida por agentes de la Guardia Civil en Amezketa (Gipuzkoa) sobre la 1:30 horas del día 24 de noviembre de 2009. Tras su detención asistió al registro de la casa de sus padres y de otra vivienda en la que había vivido. Posteriormente fue trasladada a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, donde fue vista por el médico forense a las 11:35 horas, y después a dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde permaneció en régimen de detención incomunicada hasta el 27 de noviembre de 2009. Sobre las 10:15 horas del 26 de noviembre de 2009 prestó declaración ante la Guardia Civil con asistencia del Abogado designado de oficio. Al día siguiente, 27 de noviembre, fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que decretó su ingreso en prisión tras prestar declaración. Durante los días en que estuvo detenida, la recurrente fue visitada en diferentes momentos por un médico forense.
b) El 8 de abril de 2010, la demandante formuló denuncia ante el Juzgado de guardia de San Sebastián por estimar que los hechos narrados en ella, sucedidos durante su detención, pueden ser constitutivos de un delito de torturas.
En la denuncia se narra que hacia el mediodía del día 24 de noviembre de 2009 [martes], la metieron en un coche para su traslado a Madrid con las manos atadas por una cuerda, en lugar de esposas, y la colocaron entre dos hombres con dos capuchas en la cabeza. Al ver que no hablaba, «empezaron a preguntar tonterías, cosas que no tenían importancia para que empezara a decir mis primeras palabras. Que era mejor que contestara a esas cosas, que al final hablaría y que cuanto más tarde lo hiciera sería peor. Me preguntaron si estaba con la regla, si la había pasado recientemente o si me tocaba enseguida (el de la izquierda fue el que estuvo casi todo el tiempo preguntando). Se empeñaron con esa pregunta, que si no me tocaba ellos harían que se me bajara. Al final que si no contestaba él lo comprobaría y empezó a meter la mano en las bragas. Entonces le dije que no, que no tenía. Me empezaron a vacilar, diciendo que ya sabía hablar».
La denunciante refiere que en el viaje y posteriormente le «recordaban continuamente «que somos la puta guardia civil», «que somos torturadores, más que los nacionales», y me dejaron claro que pasaría mucho peor que con la policía nacional». Al final del viaje, según expone, «empezaron con la bolsa de plástico, primeramente vacilando y posteriormente me colocaron en la cabeza… No apretaron demasiado, la llevé puesta prácticamente hasta que llegamos. Pero dos pasamontañas (con los ojos cubiertos) y una bolsa resultaron bastante asfixiantes en aquel día soleado».
Ya en las dependencias de Madrid, según la denuncia, permaneció casi todo el tiempo con los ojos cubiertos, con una capucha o un antifaz, que le quitaban cuando no estaba en el calabozo. La primera parte de los interrogatorios —sigue diciéndose— se produjo entre el miércoles y jueves por la tarde (25 y 26 de noviembre). Se afirma que la «obligaron a realizar ejercicios físicos, sentadillas, hasta que las rodillas me hacían «clac» agachándome y levantándome» y, si paraba, «me bajaban ellos y me levantaban tirándome del pelo. Alguna vez realicé los ejercicios envuelta en una manta, por lo que sudé una barbaridad». Durante ese tiempo, continúa la denunciante, «me apretaron más de una vez la bolsa de plástico. Intentaba tranquilizarme y aguantar con el mínimo de aire pero siempre llegaba el momento que prevalecía la sensación de ahogo. Moviendo la cabeza intentaba romper la bolsa a mordiscos. Alguna vez me dejé caer pero no llegué a perder el conocimiento». Y añade que también cuando jadeaba después de realizar las sentadillas, «me pusieron la bolsa … aunque no la apretaron. Aparte del ahogo me informaron sobre las consecuencias que puede acarrear la bolsa, que la falta de oxígeno afecta a la cabeza… Aunque recibí algún golpe, no fue lo más habitual… Intentaban asustarme acercándose a mi lado, echándome el aliento, colocándose junto a mí, gritándome al oído».
Respecto a esa primera parte de la estancia, se relata en la denuncia que no vio a nadie, puesto que estaba encapuchada, y que, en general, se recuperaba algo entre un interrogatorio y otro. También que la luz permaneció casi todo el tiempo encendida, pero procuraba descansar y, aunque en un intervalo la obligaron a permanecer de pie, se sentaba cuando no había nadie vigilando, estando en tensión todo el tiempo. Detalla que le daban de comer y agua, y que comió algo y bebió todo el agua que pudo, especificando que en los interrogatorios le ofrecían agua como premio cuando decía algo que ellos querían. Tenía que tomar dos medicamentos de homeopatía y se los dieron sin problema.
A continuación se rememora en la denuncia que el jueves por la tarde o al anochecer [26 de noviembre] le propusieron un trato, «[s]i declaraba lo que ellos querían … me dejarían en paz», a lo que accedió para ganar tiempo, dejándole descansar tras la preparación de la declaración, que se produjo la mañana siguiente delante de dos guardias civiles con el ordenador y con un abogado de oficio al lado, que no dijo nada.
Después cuenta que, cuando creía que la dejarían en paz y estaba «tranquila» en el calabozo, empezó el interrogatorio más duro de todos. Describe la denunciante que, desde que le preguntaron por segunda vez, le colocaron la bolsa y más tarde le dijeron que se quitara la ropa, empezando a quitársela porque ella no se movía hasta dejarla en bragas y calcetines con los ojos cubiertos. Relata que no la tocaron, pero sí la amenazaron con que la iban a violar, diciendo además que el primero, bueno, pero que cómo iba a estar para cuando llegara el turno del último. Añade después que la envolvieron con una manta y otra vez a sudar, tumbándola envuelta en el suelo boca abajo; y mientras uno la sujetaba por la parte de la cintura y otro por los pies, un tercero le apretaba la bolsa en el cuello y, cuando consiguió romper la primera bolsa, le dijeron «¡tranquila, que por bolsas no va a ser!», y le colocaron la otra. La denunciante manifiesta que ese fue el momento en que peor lo pasó, pero no duró mucho tiempo. Después de ese episodio la dejaron en paz y «cuando subimos al forense simulé al guardia civil que estaba muy mal, y me dijo que estuviera tranquila, que a la mañana siguiente (viernes) me iban a llevar a la Audiencia».
Tras una noche en la que, según refiere, lloró, se tranquilizó y descansó bien, fue llevada por la mañana a la Audiencia, donde «al Juez (Marlasca) le dije que me habían torturado (no le conté cómo), que como consecuencia de ello realicé la declaración policial y que lo negaba todo. El Fiscal pasó, el abogado de oficio que garantía ofrecía para la libertad condicional, me costó mucho entender la pregunta y como no sabía qué contestar no dije nada».
La denuncia explica a continuación que el médico que examinó a la denunciante en el cuartel de Pamplona le enseño la acreditación así como lo hizo el médico que la examinaba dos veces al día en el cuartel de Madrid. Se recoge que este último le tomaba siempre la tensión y no le pedía mucho más porque no tenía golpes ni marcas, si bien alguna vez le mencionó lo del cuello, porque lo tenía dolorido de mantener la cabeza agachada, y después de tocar un poco le decía que no tenía nada. Se destaca que en la Audiencia solicitó que la examinara el forense y vino la misma mujer [que en el cuartel de Madrid], a la que pidió que le «mirara la cadera y la pelvis, puesto que las tenía doloridas al haber estado tumbada en el suelo, y como tenía enrojecido pensé «aprovechar», ya que eso era lo único que se podía ver».
La denunciante solicitó la realización de las siguientes diligencias: (i) aportación de los informes médico-forenses realizados durante su detención y en la Audiencia Nacional y su declaración como testigos; (ii) declaración de la denunciante y examen médico-forense para analizar sus posibles secuelas físicas y psíquicas; (iii) unión de las grabaciones que se realizaron por cámara los días en que permaneció incomunicada para ver si existen indicios de delito; (iv) identificación de los agentes que practicaron diligencias o tuvieron contacto con ella para conocer qué policías participaron en los interrogatorios ilegales.
c) La instrucción correspondió al Juzgado núm. 4 de San Sebastián, que incoó las diligencias previas núm. 858-2010 y, tras ordenar la traducción de la denuncia al castellano, se inhibió favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid por Auto de 26 de abril de 2010. La causa fue turnada al Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid, que por Auto de 31 de mayo de 2010 incoó las diligencias previas núm. 3129-2010 y acordó interesar la remisión de los informes médico-forenses emitidos por los forenses de Pamplona y Madrid y oír en declaración a los mismos sobre los hechos denunciados, así como recabar el testimonio de las declaraciones de la denunciante que obren en la Audiencia Nacional. Posteriormente se acordó que el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 informara de la resolución adoptada tras la declaración judicial de la denunciante, donde manifestó haber sido torturada, y remitiera testimonio del atestado por el que se incoaron diligencias previas contra ella.
Fruto de las diligencias realizadas, se incorporó a las actuaciones el atestado de 13 de octubre de 2009, donde consta diligencia de declaración de la ahora recurrente ante la Guardia Civil en Madrid sobre las 10:15 horas del día 26 de noviembre de 2009 en la que se autoinculpa.
Se incorporó también su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, en la que afirma «que no es cierto todo lo que está puesto en la declaración que le ha sido leída y que la misma se tomó con torturas y bajo amenazas. Que quiere hacer constar que hizo esa declaración contra su propia voluntad»; y la subsiguiente acta de comparecencia del art. 505 LECrim (Ley de enjuiciamiento criminal), donde manifiesta que «quiere dejar constancia que ha estado bajo amenazas de la Guardia Civil que ha sido torturada en dependencias policiales de la Guardia Civil y bajo estas torturas ha prestado una declaración en contra de su voluntad y quiere interesar que la misma no sea tomada en consideración por estas circunstancias».
Asimismo, el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 informó de que, a la vista de las anteriores declaraciones (tortura), «no se adoptó ninguna resolución ni se acordó deducir testimonio de la misma».
Se incorporaron los siete informes forenses extendidos durante el tiempo en que se prolongó la detención (del 24 al 27 de noviembre de 2009), el primero en Pamplona y los otros seis en Madrid, de los que cabe destacar el siguiente contenido:
– En el informe emitido en Pamplona el 24 de noviembre (11:35 horas) consta que «tras la detención … el trato ha sido correcto … Dolores y trastornos menstruación, tratamiento con medicación homeopática: pulsatilla y stapisaghria… Superficie corporal sin lesiones. Salvo las picaduras de pulga [contacto con perros]».
– Por lo que atañe a los informes realizados durante la custodia policial en Madrid, el practicado el 24 de noviembre (20:00 horas) expone que refiere «hasta el momento haber recibido un trato correcto … le han ofrecido alimento y dice no ha dormido casi nada desde la detención. No quiere desnudarse para ser reconocida, dice que se encuentra bien y se deja tomar la TA que es de 11/7. Tranquila y bien orientada».
– El informe realizado el 25 de noviembre (8:15 horas) refiere que «dice encontrarse bien, haber dormido casi de un tirón y haber recibido alimento … no desea desnudarse para ser reconocida. TA 11/6.5. Respecto del trato dice que le han obligado a «hacer sentadillas y cuando me cansaba me ponían la bolsa». Preguntada en que consiste una sentadilla lo demuestra agachándose varias veces sin ningún problema, signos de fatiga, dolor o molestia. Conjuntivas y mucosa bucal sin lesiones, lengua saburral».
– En el informe de 25 de noviembre (20:00 horas) consta que «la informada dice encontrarse bien y haber recibido alimento regularmente … Refiere malos tratos consistentes en que «he estado envuelta en una manta con una bolsa en la cabeza», preguntada sobre ello primero dice que más de una vez, luego que solo un rato, que no sabe si mucho. No refiere golpes pero dice le duele el cuello de tener la cabeza gacha. No se aprecian señales de violencia ni de contractura a nivel cervical, la movilidad es normal y no dolorosa. No desea desnudarse para ser reconocida. TA 10,5/6,5. Tranquila y bien orientada».
– El informe practicado el 26 de noviembre (8:15 horas) refleja que «dice estar bien, haber cenado y dormido a ratos, no ha pasado frío … Respecto del trato recibido contesta que desde la última visita de anoche «bien». No desea desnudarse para ser reconocida, «no hace falta». TA 10,5/6,5. Tranquila y bien orientada».
– El informe de 26 de noviembre (20.00 horas) refiere que «[l]a informada dice estar «muy mal» y que «me duele todo». Dice que ha recibido alimento regularmente … que ha dormido algo a lo largo del día … Respecto al trato recibido desde la visita de la mañana contesta que «lo he pasado mal, no podía respirar» que fue por una bolsa y que no sabe si antes o después de comer, que es lo único que ha pasado. No desea desnudarse para ser reconocida «solo el cuello». No se aprecian señales de violencia a nivel cervical, superior o torácico, retroauricular, cara, conjuntivas (ocular y palpebral) ni en labios o mucosa bucal. La movilidad del cuello es normal y no dolorosa. Tampoco se aprecian dificultad a la marcha o al sentarse o levantarse de la silla. TA 10,5/6,5. Está bien orientada en tiempo y espacio».
– Por último, en el informe forense practicado el 27 de noviembre (no consta hora), se recoge que «dice encontrarse bien aunque alega le duele a nivel cresta iliaca izquierda y en pubis que achaca a que ayer por la tarde la tuvieron tumbada en el suelo, boca abajo, envuelta con una manta… Que desde anoche el trato ha sido correcto. Se deja reconocer. Movilidad normal, no dolor a la presión en sínfisis pubiana no caderas o crestas ilíacas, no señal de enrojecimiento a ese nivel, no se aprecian señales de violencia en superficie corporal, cuero cabelludo, conjuntivas, labios o mucosa bucal. TA 11/6,5. Tranquila y bien orientada en tiempo y espacio. En el momento actual reúne condiciones para prestar declaración».
En la investigación se practicó la declaración testifical de los médicos forenses. El 11 de junio de 2010 el médico forense que reconoció a la demandante en Pamplona reiteró la información consignada en su informe de 24 de noviembre de 2009. La médico forense de Madrid declaró el 18 de septiembre de 2012, ratificándose en sus informes, en especial sobre cuándo se negó o aceptó ser reconocida. Declara que el día 27 se dejó reconocer en la Audiencia Nacional antes de su declaración (los agentes están fuera y la puerta cerrada). Se le exploraron las partes visibles y a nivel de mucosa, conjuntivas, no apreciándose petequias ni marca alguna y que, de habérsele aplicado el procedimiento de «la bolsa», se la habrían apreciado con alta probabilidad. En cuanto al cuerpo, expone que, si hubiera habido golpes, habría habido hematomas o enrojecimientos y, si se hubiera dejado reconocer, se habría podido determinar en función del grado de coloración y su antigüedad. En todo caso, agrega, reconocida el día 27, no se apreciaban señales de violencia en la superficie corporal. Sobre el reconocimiento del día 25, indica que la denunciante dice haber sido obligada a hacer sentadillas, pero la declarante no le apreció signos de fatiga, agujetas ni síntoma alguno que recomendara hacer algún tipo de análisis. Además desea añadir que si una persona realiza voluntariamente ejercicio físico excesivo también pude aumentar las transaminasas y fundamentalmente los distintos tipos de CPK. Añade que no presentaba signos de sujeción en el cuello, que siempre les pregunta por el trato recibido, si ha habido algún problema físico o psíquico y cuál ha sido el que ha habido. En este caso concreto no hubo ninguna circunstancia que le llamara la atención para llamar inmediatamente al Juzgado.
d) En fecha 2 de octubre de 2012 el Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid dictó Auto decretando el sobreseimiento provisional de acuerdo con el art. 779.1.1 LECrim. Dicho Auto argumenta en su razonamiento jurídico único lo siguiente:
«Llama la atención que en su primera declaración ante el Juzgado no detalla en modo alguno las circunstancias en las que sufrió los referidos hechos que luego pormenoriza en su denuncia llevada a cabo dos meses después.
Por si fuera poco lo anterior, tampoco permitió ser explorada por la médico forense de la Audiencia Nacional, lo que habría permitido evidenciar las huellas o secuelas de las lesiones o malos tratos que dijo haber sufrido.
Cuando el día 27 accedió a desnudarse para poder ser completamente examinada, la facultativa no apreció rojeces, hematomas u otros síntomas reveladores de que se hubieran propinado golpes ni ningún otro síntoma que hubiera aconsejado realizar estudios más profundos.
Y en cuanto al denominado procedimiento de la bolsa, consistente en la colocación de la misma en la cabeza a fin de sofocarle y producirle dificultades en la respiración y consiguiente asfixia, en caso de haberse producido, habría dejado como secuelas petequias en los ojos que tampoco fueron advertidas por el médico forense en todos los exámenes que uno o dos veces al día se le practicaron desde su ingreso en los calabozos de la Audiencia Nacional.
En estas circunstancias y apurada al máximo la instrucción no aparece el más leve indicio de que se hayan perpetrado los hechos denunciados, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 779-1.1.a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada por Ley 38/02 procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.»
e) La demandante de amparo interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, donde alegó, en síntesis, que no se habían apurado al máximo las diligencias que exige la investigación de este tipo de delitos, máxime cuando su perpetración ha quedado acreditada por el relato de la denunciante y las diligencia practicadas, recordando que la ausencia de una investigación eficaz es lesiva, entre otros, de los arts. 15 y 24 CE. Por ello considera que quedan pendientes de practicar diligencias de averiguación en orden al esclarecimiento de los hechos. A tal fin, reitera la solicitud de práctica de las diligencias relacionadas en la denuncia no atendidas, a las que añade la toma de declaración a los Letrados que la asistieron de oficio en sede policial y judicial.
f) Por Auto de 21 de enero de 2013 el Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid desestimó el recurso de reforma, pudiendo leerse en su fundamento jurídico único que «[n]o habiéndose desvirtuado los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación al caso este Juzgado para dictar la resolución recurrida, es procedente denegar el recurso de reforma interpuesto, manteniéndose en todas sus partes la resolución recurrida».
g) Por Auto de 7 de marzo de 2013 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid se desestimó el recurso de apelación y se confirmó el Auto recurrido tras razonarse en el fundamento jurídico primero como sigue:
«Al respecto señalar que la denuncia se interpone en Abril de 2010, transcurridos casi cinco meses desde que tiene lugar la detención de Irati Mujika y en ella relata las torturas físicas y psicológicas que le infligieron los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el tiempo que duró la detención y que comenzó el día 24 de noviembre de 2009.
Frente a ello a lo largo de la instrucción y diligencias practicadas durante casi tres años constatamos que los médicos que atendieron a la detenida en varias ocasiones durante el lapso de tiempo que duró la detención y puesta a disposición judicial … no se aprecian señales de violencia o enrojecimiento en superficie corporal, cuero cabelludo, conjuntivas, labios o mucosa labial, ni tan siquiera tras el reconocimiento que se le efectúa desnuda el día 27. Es en base a ello por lo que deviene absolutamente impertinente el reconocimiento médico para constatar unas lesiones que no presentaba cinco meses antes (ahora tres años más tarde).
Además las manifestaciones de la denunciante, referidas en la comparecencia de prisión efectuada el día 27 de noviembre de 2009 (folio 75) o (11030) y según la cual la declaración que prestó ante la Guardia Civil y a presencia de Letrado la efectuó bajo torturas, carece de credibilidad precisamente por la presencia de dicho profesional.
Todo lo expuesto conlleva ante la falta de datos objetivos que corroboren el contenido de la declaración efectuada por Irati Mujika Larreta a considerar que su testimonio no reúne los requisitos de ausencia de incredibilidad subjetiva y verosimilitud que exige la Jurisprudencia pues su reiteración en los hechos denunciados obviando la verosimilitud de datos objetivos constatados no aportan indicio alguno que permitan considerar necesaria la práctica de otras diligencias y por ello entendemos que no queda suficientemente acreditada la perpetración del hecho delictivo.»
3. La demanda denuncia la vulneración de los derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y uso de los medios pertinentes de prueba para la defensa (art. 24.2 CE).
La recurrente aduce en primer lugar la vulneración del derecho a la integridad física y moral recogido en el art. 15 CE, que prohíbe absolutamente la tortura y que ha tenido su trasunto en el art. 174 CP, que devendría de la inexistencia de un procedimiento judicial frente a la denuncia por torturas, que le hubiera permitido alcanzar, al menos, una reparación jurídica suficiente.
Conectado con el motivo anterior, plantea como segundo motivo de amparo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE), en que habrían incurrido los órganos judiciales al haber archivado la denuncia sin practicar las diligencias de prueba imprescindibles para haber garantizado la tutela judicial efectiva en el contexto de una denuncia por torturas, invocando jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, destaca que no se ha llevado a cabo la declaración de la denunciante, tan importante en estos delitos según reconoce el Tribunal Constitucional, sin que, además, el Juez de la Audiencia Nacional o el Fiscal o el Abogado designado de oficio interesaran pregunta alguna al respecto cuando la demandante declaró en esa sede que había sufrido tortura. Tampoco fue reconocida física y psicológicamente para valorar las posibles lesiones y secuelas, siendo el examen imprescindible para poder establecer una relación entre los signos físicos y/o psicológicos observados y la denuncia de tortura, ni se ha solicitado la aportación de las grabaciones que pudieran existir del período de detención incomunicada, ni, en fin, se ha impulsado la identificación de las personas intervinientes en la detención o encargadas de su custodia, todas ellas diligencias idóneas, a juicio de la demandante, para despejar cualquier duda sobre los hechos denunciados.
La recurrente efectúa después un repaso por las recomendaciones internacionales en materia de tortura y malos tratos y se opone a los argumentos manejados por los órganos judiciales en las resoluciones impugnadas. Así, frente al argumento de la demora en denuncias opone que ya denunció los hechos ante el médico forense en dependencias policiales y después antes el Juez de la Audiencia Nacional, quien, sin embargo, omitió toda actuación posterior. Rechaza que la presencia de un Letrado de oficio en la declaración policial sea garantía que merme la credibilidad de su afirmación respecto a que declaró bajo amenaza, pues la persona detenida incomunicada no tiene derecho a mantener una entrevista con el mismo, ni previa ni posterior a la declaración. Por último, advierte que la ausencia de señales de violencia carece de fuerza suficiente para despejar toda sospecha, como reconoce el Tribunal Constitucional, pues los malos tratos denunciados pueden no dejar marcas o señales.
Al final de la demanda se justifica la especial trascendencia constitucional con dos argumentos. De un lado, por cuanto la doctrina aplicable está siendo incumplida con carácter general, recordando acto seguido los ejes de la doctrina constitucional pertinente, que se incumple al sobreseer prematuramente. De otro lado, por cuanto el asunto trasciende del caso concreto, pues vendría a reforzar la doctrina ya existente en relación con unos hechos extraordinariamente graves de gran trascendencia social, pues la tortura es una lacra que envilece y deslegitima a un Estado democrático.
4. La Sala Primera de este Tribunal acordó, por providencia de 30 de noviembre de 2015, admitir a trámite la demanda de amparo, tras apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 e)].
En aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, también acordó requerir atentamente a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid la remisión del testimonio de las actuaciones correspondientes al rollo RT 154-2013. Asimismo, constando remitidas las actuaciones correspondientes al Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid, acordó dirigirle comunicación a fin de que proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la parte recurrente en amparo, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días.
5. Recibidas las actuaciones, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de 25 de enero de 2016, acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio fiscal por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. La recurrente, en escrito registrado el 5 de febrero de 2016, presentó alegaciones en las que reiteró y dio por reproducidas las expresadas en la demanda de amparo.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito registrado el 7 de marzo de 2016, interesó que se otorgue el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) y se declare la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas con retroacción de las actuaciones.
Expone, con amplia cita de las SSTC 63/2010, de 18 de octubre, y 12/2013, de 28 de enero, que es jurisprudencia constitucional consolidada, coincidente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito se vulnera cuando se clausura la instrucción a pesar de que existan sospechas razonables de que ha podido cometerse el delito que se denuncia, siempre que dichas sospechas sean susceptibles de ser despejadas a mediante una investigación eficaz, lo que exige agotar las posibilidades razonables de investigación útiles para aclarar los hechos. Para valorar la concurrencia de ese doble presupuesto, deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso y la probable escasez de pruebas, sobre todo cuando se denuncian actos intimidatorios o de tortura psicológica, destacando la idoneidad de las diligencias con origen ajeno a las instituciones afectadas y, singularmente, de los testimonios del denunciante, siempre desde la premisa de su condicionamiento por las circunstancias de la privación de libertad.
El Ministerio Fiscal rebate los argumentos ofrecidos por las resoluciones judiciales para fundar la decisión de sobreseer, que no responden a la doctrina constitucional. Por lo que se refiere a la falta de corroboración de los hechos en los informes médicos, recuerda que unos malos tratos como los denunciados no dejarían marcas o señales de su comisión, por lo que la ausencia de signos de agresiones físicas no es concluyente. Al tiempo insiste en que la concordancia entre la denuncia, los datos expuestos en los reconocimientos forenses y su relación con la fecha en que se produjeron las declaraciones revela circunstancias que no serían incompatibles con los malos tratos denunciados. La falta de denuncia ante la policía, aun con presencia de Letrado de oficio, no puede mermar la credibilidad de la recurrente, pues sí denunció ante el médico forense y en sede judicial, sin que parezca razonable exigir una expresa manifestación de los malos tratos a quien se encuentra bajo absoluto control policial detenido e incomunicado. Por último, rechaza que el tiempo transcurrido en interponer la denuncia sea excesivamente prolongado conforme a los parámetros manejados en la jurisprudencia constitucional, máxime cuando no se conoce el tiempo que permaneció en prisión y vino precedida de manifestaciones sobre tales episodios tanto a la médico forense mientras estuvo detenida, como ante el Magistrado de la Audiencia Nacional, que no adoptó resolución alguna al respecto.
A la luz de lo anterior concluye el Fiscal que no se agotó la investigación razonablemente pertinente, pues las diligencias practicadas no despejaron toda sospecha. A su juicio, debió optarse por la práctica de diligencias más idóneas, en particular, la declaración de la ahora recurrente, pues la evaluación de la credibilidad de la denunciante requiere que se efectúe a presencia judicial; sin que pueda descartase tampoco la identificación y, en su caso, declaración de los agentes encargados de la custodia durante la detención o la declaración, al menos, del abogado de oficio que asistió a las dos declaraciones prestadas por la denunciante en sede policial y judicial.
8. Mediante providencia de 15 de septiembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Se impugna en el recurso de amparo el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de marzo de 2013 (rollo núm. 154-2013), que confirmó en apelación el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid de 2 de octubre de 2012, previamente confirmado en reforma por Auto de 21 de enero de 2013, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas núm. 3129-2010 iniciadas tras la denuncia de la recurrente por torturas.
La demandante, con invocación de amplia jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera vulnerados sus derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y uso de los medios pertinentes de prueba para la defensa (art. 24.2 CE) por la falta de una investigación judicial suficiente de los hechos denunciados.
El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) en su vertiente procesal, en tanto la denuncia de torturas no fue seguida de una investigación acorde con el estándar de tutela judicial reforzada que rige en estos casos.
2. El Tribunal ha sentado jurisprudencia que está ya consolidada sobre las exigencias constitucionales, derivadas tanto del art. 15 CE como del art. 24 CE, relativas a las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales incoadas por denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes. Dicha doctrina ha sido recogida de forma extensa e la STC 130/2016, de 18 de julio, a cuyo fundamento jurídico 2 nos remitimos.
3. El análisis de la acomodación de los Autos impugnados a los estándares fijados por la citada doctrina constitucional debe partir de los antecedentes fácticos expuestos con detalle en los antecedentes de hecho, pudiendo concluir que la aplicación de la doctrina constitucional referida resulta suficiente para apreciar que, en el presente caso, la decisión de archivar las diligencias penales abiertas como consecuencia de la denuncia por torturas de la recurrente no puede considerarse conforme con las exigencias derivadas del deber de tutela judicial sobre este tipo de denuncias y que, por ello, resulta lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Los argumentos utilizados por los órganos judiciales para cerrar la instrucción no reflejan una investigación oficial eficaz como sinónimo de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos.
El punto de partida, como destaca el Fiscal ante el Tribunal Constitucional, es que existe una concordancia entre la denuncia, los datos expuestos en los reconocimientos forenses y su relación con la fecha en que se produjeron las declaraciones, lo que revela circunstancias que no serían incompatibles con los malos tratos denunciados. Al comienzo de la detención, la recurrente manifestó al médico que el trato había sido correcto y sólo antes de tener lugar la declaración y ser puesta a disposición judicial manifiesta la recurrente a la médico forense que el trato vuelve a ser bueno. Entretanto refiere episodios de malos tratos que se intensifican antes de preparar la declaración policial y después de realizarla, con la particularidad de que los hechos denunciados, aptos para generar un clima de intimidación e inseguridad que incida en la voluntad de la detenida de cara a preparar y realizar una declaración policial dirigida y autoinculpatoria, son de tal naturaleza que no son susceptibles de corroboración por la presencia de señales físicas. Frente a tales indicios, las diligencias practicadas en instrucción no despejan la posibilidad de malos tratos, que eran susceptibles de ser investigados ulteriormente con diligencias idóneas, y los argumentos ofrecidos con base en ellas para sobreseer no satisfacen el deber de motivación reforzada.
1) La falta de corroboración del maltrato denunciado en los informes médicos esgrimida como elemento central desacreditador de la verosimilitud de las sevicias denunciadas, no invalida tal sospecha en tanto se denuncian hechos susceptibles de no dejar huella visible, como son amenazas, tocamientos o desnudos, pero también sentadillas o posturas como permanecer de pie con la cabeza agachada por parte de una mujer sana de 24 años. Incluso en lo relativo a la práctica asfixiante de la bolsa, según declara la médico forense, es probable, pero no segura, la presencia ulterior de petequias. En suma, unos malos tratos como los denunciados no dejarían necesariamente marcas o señales de su comisión, por lo que la ausencia de signos de agresiones físicas no es concluyente (SSTC 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 3; 40/2010, FJ 3; 60/2010, FJ 3, y 131/2012, FJ 4). En tal medida, no puede ser determinante de la negación de un panorama indiciario la ausencia de signos de maltrato o de fatiga o de falta de movilidad apreciada en los informes forenses, como fue el caso. Hemos resaltado que la inexistencia de datos en los informes médicos que avalen la sospecha de maltrato (o su debilidad para sustentar la condena) no excluye la necesidad de investigar, pues puede existir otro tipo de datos que —desde la perspectiva del deber de profundizar en la investigación— genere un panorama sospechoso potencialmente conectado con la existencia de torturas o malos tratos, incluso aunque los mismos fueran claramente insuficientes para sustentar una condena penal por delito de torturas o malos tratos (SSTC 123/2008, de 20 de octubre, FJ 3; 12/2013, de 28 de enero, FJ 3, y 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 4). Las modalidades de conducta denunciadas, por otra parte, ponen de manifiesto la racionalidad de no someterse a un reconocimiento médico completo salvo, como indica la demandante en su denuncia, cuando había posibilidad de que exista alguna marca o signo físico visible, como ocurre tras las prácticas físicamente más intensas descritas en la denuncia en relación a la última tarde-noche de la detención, tras las que solicitó la mañana siguiente un reconocimiento en sede judicial.
2) Desde la perspectiva de las especiales exigencias de tutela judicial efectiva en este ámbito, igualmente inidóneo como diligencia concluyente de la falta de verosimilitud de la denuncia resulta ser la referencia a la falta de detalle de la queja de tortura en el Juzgado Central de Instrucción y la posterior tardanza (algo más de cuatro meses) en presentar la denuncia.
Por lo que se refiere a la parquedad de la denuncia en sede judicial, hay que recordar el énfasis que pone la jurisprudencia de este Tribunal, en sintonía con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que constituye una exigencia de racionalidad que la valoración de las declaraciones previas del denunciante ante los médicos, la policía o los órganos judiciales repare en que «el efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en el que físicamente cesa aquélla, sino que su virtualidad coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva», lo que puede explicar la ausencia de denuncia (SSTC 34/2008, FJ 7; 52/2008, FJ 2; 69/2008, FJ 2; 63/2010, FJ 3, y 131/2012, FJ 4). Por el contrario, la denuncia de los malos tratos policiales en la primera comparecencia judicial avala prima facie la sostenibilidad inicial de la denuncia (STC 52/2008, FJ 3), sin que la ausencia de precisión en el relato sea un elemento razonable para fundar la incredibilidad, habida cuenta que las manifestaciones de la recurrente encontraron nulo eco en el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción, el Fiscal o, incluso, su Abogado de oficio.
3) Por lo que atañe a la aducida demora en (volver) a denunciar, como ha reiterado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 31 de mayo de 2016, Beortegui Martínez c. España, §§ 43 y 44) y es doctrina asentada de este Tribunal (SSTC 107/2008, FJ 3, y 63/2010, FJ 3), no resulta razonable inferir la falta de objetividad de la denuncia del mero transcurso de cierto tiempo entre los hechos y la interposición de la denuncia, pues la permanencia de la situación de coerción psíquica de la víctima antes aludida, las circunstancias procesales posteriores, sobre todo si, como es el caso, se ingresa en prisión, o la espera a las consecuencias de la denuncia efectuada en sede judicial pueden explicar esa demora. En este asunto, los más de cuatro meses transcurridos en interponer la denuncia no suponen un tiempo excesivamente prolongado conforme a los parámetros manejados en la jurisprudencia constitucional, máxime cuando no se conoce el tiempo que permaneció en prisión y vino precedida de manifestaciones sobre tales episodios tanto a la médico forense mientras estuvo detenida como ante el Magistrado de la Audiencia Nacional, que no adoptó resolución alguna al respecto en contra del necesario papel proactivo que corresponde a los jueces competentes en detenciones en régimen de incomunicación (STEDH de 31 de mayo de 2016, Beortegui Martínez c. España, § 46).
4) Por último, tampoco resulta conforme con una motivación acorde con el derecho proclamado en el art. 15 CE la que apela a la presencia de un Abogado de oficio en la declaración en sede policial como elemento neutralizador de la credibilidad de la denuncia de haberla efectuado fruto de los malos tratos. Cabe recordar que la modalidad de detención incomunicada limita, entre otras, la garantía del detenido de contar con un Letrado de su confianza e, incluso, la posibilidad de una entrevista previa o posterior a la asistencia, en este caso, a la declaración. Si a esa falta de confianza y de ocasión de una comunicación privada se une el mantenimiento de la custodia por parte de los supuestos actores de las torturas que sirvieron a la preparación de la declaración, resulta irrazonable pretender fundar la ausencia de toda sospecha de previa coerción a ella en la omisa referencia en ese momento al maltrato y en la presencia del Letrado de oficio, quien, además, no fue llamado a declarar, pese a haberse solicitado así de forma reiterada por la demandante. Como resume el Ministerio Fiscal, la falta de denuncia ante la policía, aun con presencia de Letrado de oficio, no puede mermar la credibilidad de la recurrente, que sí denunció ante el médico forense y en sede judicial, sin que parezca razonable exigir una expresa manifestación de los malos tratos a quien se encuentra bajo absoluto control policial detenido e incomunicado.
A la vista de lo expuesto y frente a lo sostenido en el Auto de 2 de octubre de 2012 que acordó el sobreseimiento provisional, debe concluirse que no se apuró al máximo la instrucción y, por ende, resulta precipitada la afirmación de que no existen indicios de la perpetración de los hechos denunciados, pues las razones ofrecidas por los órganos judiciales para llegar a tal afirmación no resultan concluyentes desde el deber de motivación reforzada, constitucionalmente exigible en esos casos y era necesario continuar con la investigación.
4. Ciertamente, las sospechas de veracidad de los hechos denunciados pudieran no ser contundentes por la falta de signos de maltrato corroboradores en los informes forenses. Sin embargo, desde la perspectiva y enjuiciamiento de esta jurisdicción de amparo, atenta a la naturaleza de las conductas denunciadas, a su gravedad y a la difícil presencia de signos que las evidencien, eran suficientes para que debiera perseverarse en una indagación judicial adecuada, que exige un esfuerzo extraordinario para apurar las posibilidades de investigación para despejar las sospechas, en el sentido que fuera. Pese a ello, la limitada instrucción desenvuelta por el órgano judicial (incorporación de los informes médicos, del atestado y de las declaraciones en sede judicial de la recurrente así como la declaración de los facultativos) no agota las posibilidades razonables y eficaces de investigación, sino que existían diligencias disponibles e idóneas para el esclarecimiento de los hechos solicitadas por la recurrente, cuya práctica no se acordó.
Entre ellas se cuenta, de forma destacada, la declaración de la ahora demandante, diligencia que constituye, según reiteradísima jurisprudencia, un medio de indagación especialmente idóneo en la averiguación de las denuncias por malos tratos. Con ella debió enfrentarse su renuencia a ser reconocida o la falta de corroboración de los informes forenses o el retraso en denunciar (argumentos ofrecidos por los órganos judiciales para fundar el archivo), pues la evaluación de la credibilidad de la denuncia y de su impulsora exigía valorar directamente —con inmediación— su testimonio sobre los hechos a presencia judicial, sin que se adivine obstáculo alguno a la práctica de tal diligencia en el caso (SSTC 107/2008, FJ 4; 63/2010, FJ 3; 131/2012, FJ 5, y 153/2013, FJ 6, o STEDH de 16 de octubre de 2012, as. Otamendi Egiguren c. España, § 41).
De la misma manera, nada parece objetable a la declaración del Letrado de oficio que asistió a la denunciante en sede policial y judicial, quien podía haber expuesto su percepción de la situación como único tercero presente en esa declaración policial de la que se desdice la recurrente con la acusación de que fue preparada y se obtuvo tras previos malos tratos y torturas policiales (STC 52/2008, FJ 5).
Pero también, habida cuenta del contexto procesal de detención incomunicada en que se sitúan los hechos denunciados, donde el fin de eficacia policial debe cohonestarse con la prevención de abusos y su represión, hubiera podido procederse a identificar y tomar declaración a los agentes implicados en su custodia, siguiendo la exigencia de agotamiento de las medidas útiles de investigación en tales supuestos reivindicada por el Tribunal de Estrasburgo (SSTEDH de 7 de octubre de 2014, Ataun Rojo c España; de 7 de octubre de 2014, Etxebarria Caballero c España; de 5 de mayo de 2015, Arratibel Garciandia c España; y de 31 de mayo de 2016, Beortegui Martínez c España), y cuya pertinencia ha sido destacada también por este Tribunal, salvo previa justificación de que ello supusiera un riesgo para su vida o integridad (SSTC 107/2008, FJ 4, y 40/2010, FJ 3).
Frente a ese abanico de medidas de investigación en principio disponibles para indagar eficazmente sobre los hechos denunciados con insistencia por la recurrente de forma creíble se sitúa un panorama instructor insuficiente, donde se acuerda el sobreseimiento con la sola base de los informes y las declaraciones de los médicos forenses y las copias de las declaraciones de la demandante. Y donde ni siquiera se argumenta por los órganos judiciales de forma expresa el rechazo a practicar ulteriores diligencias, conforme solicitó la denunciante, salvo en la afirmación de que nada aportaría un nuevo reconocimiento médico a efectos de constatar unas lesiones no presentes durante la detención. Cabe suponer que esa omisa consideración a las diligencias propuestas nace del entendimiento de que la previa decisión de que no existen indicios de los hechos denunciados amparaba implícitamente la clausura de la investigación; premisa que, sin embargo, resulta contraria al art. 24.1 CE en relación con el art. 15 CE conforme a lo aquí argumentado en tanto no se agoten las posibilidades razonables de indagación útiles para aclarar los hechos.
5. En conclusión, habida cuenta de que frente a la denuncia de torturas no se produjo una investigación judicial eficaz, ya que se clausuró cuando existían aún medios de instrucción disponibles para continuar con la investigación sobre la realidad de los hechos denunciados, procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
El restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exige, tal como se viene argumentando en la jurisprudencia constitucional en la materia, la anulación de los Autos impugnados y la retroacción de actuaciones para que se dispense a la recurrente la tutela judicial demandada (así, SSTC 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 7; 131/2012, de 18 de junio, FJ 6; 63/2010, de 18 de octubre, FJ 4; 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 69/2008, de 23 de junio, FJ 6; 52/2008, de 14 de abril, FJ 6, o 34/2008, de 25 de febrero, FJ 9).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Irati Mujika Larreta y, en su virtud:
1.º Reconocer que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con su derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE).
2.º Declarar la nulidad de los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid de 2 de octubre de 2012 y 21 de enero de 2013, dictados en las diligencias previas núm. 3129-2010, y el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de marzo de 2013, dictado en el rollo de apelación núm. 154-2013.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los Autos anulados para que el Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid proceda en términos respetuosos con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. | BREXIT. Prorrogan hasta fin de año el derecho a asistencia sanitaria y a usar carné de conducir inglés; y prorroga también para dos cursos al acceso a la universidad de los estudiantes como el resto de europeos. | La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2443-2013, promovido por doña Irati Mujika Larreta, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Lobera Argüelles y asistida por la Abogada doña Lorea Bilbao Gredilla, contra el Auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de marzo de 2013, que desestimó el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 14 de Madrid de 2 de octubre de 2012, confirmado en reforma por Auto de 21 de enero de 2013, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas núm. 3129-2010, incoadas por una denuncia de torturas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de abril de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Ana Isabel Lobera Argüelles, en nombre y representación de doña Irati Mujika Larreta y bajo la dirección de la Letrada doña Lorea Bilbao Gredilla, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) La recurrente en amparo fue detenida por agentes de la Guardia Civil en Amezketa (Gipuzkoa) sobre la 1:30 horas del día 24 de noviembre de 2009. Tras su detención asistió al registro de la casa de sus padres y de otra vivienda en la que había vivido. Posteriormente fue trasladada a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, donde fue vista por el médico forense a las 11:35 horas, y después a dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, donde permaneció en régimen de detención incomunicada hasta el 27 de noviembre de 2009. Sobre las 10:15 horas del 26 de noviembre de 2009 prestó declaración ante la Guardia Civil con asistencia del Abogado designado de oficio. Al día siguiente, 27 de noviembre, fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que decretó su ingreso en prisión tras prestar declaración. Durante los días en que estuvo detenida, la recurrente fue visitada en diferentes momentos por un médico forense.
b) El 8 de abril de 2010, la demandante formuló denuncia ante el Juzgado de guardia de San Sebastián por estimar que los hechos narrados en ella, sucedidos durante su detención, pueden ser constitutivos de un delito de torturas.
En la denuncia se narra que hacia el mediodía del día 24 de noviembre de 2009 [martes], la metieron en un coche para su traslado a Madrid con las manos atadas por una cuerda, en lugar de esposas, y la colocaron entre dos hombres con dos capuchas en la cabeza. Al ver que no hablaba, «empezaron a preguntar tonterías, cosas que no tenían importancia para que empezara a decir mis primeras palabras. Que era mejor que contestara a esas cosas, que al final hablaría y que cuanto más tarde lo hiciera sería peor. Me preguntaron si estaba con la regla, si la había pasado recientemente o si me tocaba enseguida (el de la izquierda fue el que estuvo casi todo el tiempo preguntando). Se empeñaron con esa pregunta, que si no me tocaba ellos harían que se me bajara. Al final que si no contestaba él lo comprobaría y empezó a meter la mano en las bragas. Entonces le dije que no, que no tenía. Me empezaron a vacilar, diciendo que ya sabía hablar».
La denunciante refiere que en el viaje y posteriormente le «recordaban continuamente «que somos la puta guardia civil», «que somos torturadores, más que los nacionales», y me dejaron claro que pasaría mucho peor que con la policía nacional». Al final del viaje, según expone, «empezaron con la bolsa de plástico, primeramente vacilando y posteriormente me colocaron en la cabeza… No apretaron demasiado, la llevé puesta prácticamente hasta que llegamos. Pero dos pasamontañas (con los ojos cubiertos) y una bolsa resultaron bastante asfixiantes en aquel día soleado».
Ya en las dependencias de Madrid, según la denuncia, permaneció casi todo el tiempo con los ojos cubiertos, con una capucha o un antifaz, que le quitaban cuando no estaba en el calabozo. La primera parte de los interrogatorios —sigue diciéndose— se produjo entre el miércoles y jueves por la tarde (25 y 26 de noviembre). Se afirma que la «obligaron a realizar ejercicios físicos, sentadillas, hasta que las rodillas me hacían «clac» agachándome y levantándome» y, si paraba, «me bajaban ellos y me levantaban tirándome del pelo. Alguna vez realicé los ejercicios envuelta en una manta, por lo que sudé una barbaridad». Durante ese tiempo, continúa la denunciante, «me apretaron más de una vez la bolsa de plástico. Intentaba tranquilizarme y aguantar con el mínimo de aire pero siempre llegaba el momento que prevalecía la sensación de ahogo. Moviendo la cabeza intentaba romper la bolsa a mordiscos. Alguna vez me dejé caer pero no llegué a perder el conocimiento». Y añade que también cuando jadeaba después de realizar las sentadillas, «me pusieron la bolsa … aunque no la apretaron. Aparte del ahogo me informaron sobre las consecuencias que puede acarrear la bolsa, que la falta de oxígeno afecta a la cabeza… Aunque recibí algún golpe, no fue lo más habitual… Intentaban asustarme acercándose a mi lado, echándome el alien
### RESUMEN: BREXIT. Prorrogan hasta fin de año el derecho a asistencia sanitaria y a usar carné de conducir inglés; y prorroga también para dos cursos al acceso a la universidad de los estudiantes como el resto de europeos. |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de octubre de 2021, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Interior; de las Ministras de Educación y Formación Profesional, y de Sanidad; y de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades, ha adoptado un acuerdo por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11, 12 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 29 de octubre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEXO
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó a tener la consideración de tercer país el 31 de enero de 2020, tras la ratificación del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»). El Acuerdo de Retirada preveía un periodo transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.
En el marco de estas directrices dictadas por la Comisión Europea sobre preparativos para el final del período transitorio, España aprobó el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
El Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, en su artículo 2 determina que las medidas previstas en el mismo, sujetas a un plazo de vigencia, dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el Gobierno, mediante acuerdo, proceda a prorrogarlo.
En virtud de dicho artículo, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 22 de junio de 2021, algunas de esas medidas, que estaban próximas a expirar su vigencia el 30 de junio de 2021, fueron prorrogadas por un plazo adicional de cuatro meses, en particular las medidas contempladas en los artículos 11 y 15 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre.
Próxima a expirar la vigencia de dicha prórroga el próximo 31 de octubre de 2021, se considera necesario prorrogar por un plazo adicional de dos meses, hasta el 31 de diciembre del presente año, la vigencia de los plazos previstos en los artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre.
El artículo 11, relativo al acceso a la asistencia sanitaria, establece, con un plazo de vigencia que finalizaba el 30 de junio de 2021, y que fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2021, una serie de medidas para garantizar que las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar a cargo de las entidades correspondientes, reciban la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud español en los mismos términos y con sujeción a las mismas condiciones establecidas con anterioridad al 1 de enero de 2021, siempre que el Reino Unido actúe en reciprocidad y reembolse a nuestro país los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada por el Sistema Nacional de Salud español a los nacionales del Reino Unido o a los ciudadanos de cualquier otro país con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o Gibraltar a cargo de las entidades británicas correspondientes.
En la disposición final sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, se establece que el artículo 11 del mismo perdería su vigencia si el 1 de enero de 2021, o en algún momento posterior, hubiera entrado en vigor un acuerdo de relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido que contemple expresamente las previsiones establecidas en dicho artículo.
En tal sentido, procede recordar que, con fecha 31 de diciembre de 2020, se alcanzó un Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, que contiene un Protocolo Relativo a la Coordinación en Materia de Seguridad Social, en el que se incluye la asistencia sanitaria. Dicho Protocolo, por tanto, es el que rige en nuestras relaciones con el Reino Unido desde el 1 de enero de 2021. Sin embargo, el citado Acuerdo de Comercio y Cooperación no es de aplicación a Gibraltar.
En consecuencia, el artículo 11 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, se viene aplicando únicamente a las relaciones con Gibraltar.
La necesidad de seguir contando con el marco jurídico adecuado para proceder a los reembolsos recíprocos en materia de asistencia sanitaria, así como la proximidad de la fecha de fin de la vigencia de las medidas contempladas en el artículo 11 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, justifican acordar la prórroga del plazo previsto en dicho artículo, por un plazo adicional de dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2021, en tanto no entre en vigor el futuro Acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar, que en la actualidad se está negociando y que incluirá la coordinación en materia de seguridad social y el acceso a la asistencia sanitaria, determinando la inaplicación definitiva de lo dispuesto en dicho artículo.
Por su parte, el artículo 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, estableció un periodo de seis meses, desde el 1 de enero de 2021, para que los conductores titulares de permisos británicos pudieran seguir conduciendo en España en las mismas condiciones que antes de la finalización del periodo transitorio, transcurrido el cual sería de aplicación la normativa vigente para los permisos expedidos por las autoridades de terceros países. El plazo fue prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021 hasta el 31 de octubre.
A partir de esa fecha, los ciudadanos británicos residentes en España no podrán conducir en España con su permiso británico, puesto que al cabo de seis meses de residencia el permiso británico deja de tener validez en España, salvo que efectúen el canje de su permiso británico por uno español. Para poder efectuar el canje, es preciso que las autoridades británicas y españolas acuerden los requisitos y procedimientos necesarios.
En la actualidad se está negociando entre ambas autoridades las condiciones en que podrán efectuarse los canjes Por ello, es conveniente prorrogar el plazo de validez de los permisos británicos en España por un periodo dos meses adicionales, en tanto se acuerden los requisitos y procedimientos necesarios entre las autoridades españolas y británicas.
Esta cuestión no afecta a las personas, con permiso de conducción británico, que viajan a España por breves periodos, inferiores a seis meses, que podrán seguir conduciendo en nuestro país, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Conductores, aprobado por RD 818/2009, de 8 de mayo.
En otro orden de cosas, el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, en su artículo 12, prevé el régimen aplicable a los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido, que podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para el curso 2021-2022 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
Se trata por tanto de una medida unilateral, con un plazo de vigencia temporal correspondiente al inicio del curso universitario 2021-2022. De no prorrogarse la medida, obligaría al alumnado del sistema educativo británico a acceder a la universidad española por la vía de la homologación de sus estudios de bachillerato y de la realización de más pruebas, como cualquier alumno proveniente de un sistema educativo de un país no comunitario o con el que no se haya suscrito un acuerdo internacional. Esto conllevaría no solo mayores trámites administrativos y exigencias académicas, sino también un esfuerzo de adaptación y preparación para los centros y el alumnado de cara al acceso a la universidad española, que resultaría innecesario en caso de alcanzarse un acuerdo bilateral con el Reino Unido sobre esta materia.
Por otra parte, la nueva ley educativa, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), en su disposición final quinta, establece que los cambios en el currículo, organización y objetivos de las enseñanzas empezarán a aplicarse en los cursos 2022-2023, en el caso de 1.º de Bachillerato, y en 2023-2024, para 2.º de Bachillerato. Esto dará lugar a un nuevo sistema de acceso a la universidad a partir del curso 2024-2025. Por tanto, el alumnado del sistema educativo británico tendría que adaptarse y prepararse a unas condiciones de acceso a la universidad española para los cursos 2022-2023 y 2023-2024 que volverían a cambiar en los cursos siguientes al empezar a aplicarse los cambios introducidos por la LOMLOE.
Por ello, y a fin de dar seguridad y estabilidad jurídica y académica a los alumnos que han comenzado el bachillerato en el curso 2021-2022 en los centros educativos pertenecientes al sistema británico y dado el actual periodo de transición hacia un nuevo sistema de acceso a la universidad española, se considera conveniente prorrogar, por dos cursos adicionales, el plazo establecido en el artículo 12 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, que expira este curso universitario 2021-2022, con respecto al régimen aplicable a los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido, de tal manera que puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para los cursos 2022-2023 y 2023-2024 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, conforme a lo previsto en dicho artículo.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Interior; de las Ministras de Educación y Formación Profesional, y de Sanidad; y de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades, en su reunión del día 26 de octubre de 2021, acuerda:
Primero.
Prorrogar el plazo de vigencia establecido en el artículo 11 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, y en el apartado primero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021, relativo al acceso a la asistencia sanitaria, por un período adicional de dos meses, a partir del 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con Gibraltar.
No obstante, las medidas contempladas en la disposición citada dejarán de aplicarse si, con anterioridad a la fecha de finalización de su vigencia, entrase en vigor un acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar que incluya el acceso a la asistencia sanitaria dentro de su ámbito de aplicación material.
Segundo.
Prorrogar durante un periodo de dos meses, a partir del 1 de noviembre de 2021, y hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, y en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021, que habilita a los titulares de permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas, válidos y en vigor, a conducir en nuestro país.
Transcurrido dicho plazo, será de aplicación el régimen previsto en el artículo 15.2 del citado Real Decreto-ley.
Tercero.
Prorrogar, por dos cursos adicionales, el régimen aplicable a los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido, previsto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 38/2020, que podrán así seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para los cursos 2022-2023 y 2023-2024 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. | En 2014, el Gobierno concedió préstamos por valor de 54 millones a Renault y Mercedes Benz | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de octubre de 2021, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Interior; de las Ministras de Educación y Formación Profesional, y de Sanidad; y de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades, ha adoptado un acuerdo por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11, 12 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 29 de octubre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEXO
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea y pasó a tener la consideración de tercer país el 31 de enero de 2020, tras la ratificación del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»). El Acuerdo de Retirada preveía un periodo transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.
En el marco de estas directrices dictadas por la Comisión Europea sobre preparativos para el final del período transitorio, España aprobó el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
El Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, en su artículo 2 determina que las medidas previstas en el mismo, sujetas a un plazo de vigencia, dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el Gobierno, mediante acuerdo, proceda a prorrogarlo.
En virtud de dicho artículo, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 22 de junio de 2021, algunas de esas medidas, que estaban próximas a expirar su vigencia el 30 de junio de 2021, fueron prorrogadas por un plazo adicional de cuatro meses, en particular las medidas contempladas en los artículos 11 y 15 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre.
Próxima a expirar la vigencia de dicha prórroga el próximo 31 de octubre de 2021, se considera necesario prorrogar por un plazo adicional de dos meses, hasta el 31 de diciembre del presente año, la vigencia de los plazos previstos en los artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre.
El artículo 11, relativo al acceso a la asistencia sanitaria, establece, con un plazo de vigencia que finalizaba el 30 de junio de 2021, y que fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2021, una serie de medidas para garantizar que las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar a cargo de las entidades correspondientes, reciban la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud español en los mismos términos y con sujeción a las mismas condiciones establecidas con anterioridad al 1 de enero de 2021, siempre que el Reino Unido actúe en reciprocidad y reembolse a nuestro país los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada por el Sistema Nacional de Salud español a los nacionales del Reino Unido o a los ciudadanos de cualquier otro país con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o Gibraltar a cargo de las entidades británicas correspondientes.
En la disposición final sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, se establece que el artículo 11 del mismo perdería su vigencia si el 1 de enero de 2021, o en algún momento posterior, hubiera entrado en vigor un acuerdo de relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido que contemple expresamente las previsiones establecidas en dicho artículo.
En tal sentido, procede recordar que, con fecha 31 de diciembre de 2020, se alcanzó un Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, que contiene un Protocolo Relativo a la Coordinación en Materia de Seguridad Social, en el que se incluye la asistencia sanitaria. Dicho Protocolo, por tanto, es el que rige en nuestras relaciones con el Reino Unido desde el 1 de enero de 2021. Sin embargo, el citado Acuerdo de Comercio y Cooperación no es de aplicación a Gibraltar.
En consecuencia, el artículo 11 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, se viene aplicando únicamente a las relaciones con Gibraltar.
La necesidad de seguir contando con el marco jurídico adecuado para proceder a los reembolsos recíprocos en materia de asistencia sanitaria, así como la proximidad de la fecha de fin de la vigencia de las medidas contempladas en el artículo 11 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, justifican acordar la prórroga del plazo previsto en dicho artículo, por un plazo adicional de dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2021, en tanto no entre en vigor el futuro Acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar, que en la actualidad se está negociando y que incluirá la coordinación en materia de seguridad social y el acc
### RESUMEN: En 2014, el Gobierno concedió préstamos por valor de 54 millones a Renault y Mercedes Benz |
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 18 de octubre de 2015, en Roma, a la ceremonia de canonización de María de la Purísima de la Cruz, a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior.
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | Sentencia del Constitucional que avala que las escuelas que segregan por sexos puedan recibir fondos públicos. | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 18 de octubre de 2015, en Roma, a la ceremonia de canonización de María de la Purísima de la Cruz, a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior.
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
### RESUMEN: Sentencia del Constitucional que avala que las escuelas que segregan por sexos puedan recibir fondos públicos. |
ECLI:ES:TC:2018:31
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE): el apartado noveno del artículo único, que da nueva redacción al artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, (en adelante, LOE); el apartado décimo quinto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 24 LOE; el apartado décimo sexto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 25 LOE; el apartado décimo octavo de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 27 LOE; el apartado décimo noveno de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 28 LOE; el apartado vigésimo primero del artículo único, que da nueva redacción al artículo 30 LOE; el apartado trigésimo cuarto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 41 LOE; el apartado trigésimo quinto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 42 LOE; el apartado sexagésimo, que da nueva redacción al apartado segundo del artículo 84 LOE; el apartado sexagésimo primero de su artículo único, que da nueva redacción a los párrafos segundo y tercero del apartado tercero del artículo 84 LOE; el apartado octogésimo del artículo único, que da nueva redacción a las letras a), b), e), h), i) del artículo 127 LOE; el apartado octogésimo primero del artículo único, que da nueva redacción a las letras de l), m), n), ñ) y o) del artículo 132 LOE; la disposición transitoria segunda y la disposición final segunda, en cuanto a la nueva redacción de las letras a), b), f), h), j), l) y m) del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (en adelante, LODE), en relación, respectivamente, con lo dispuesto en el apartado cuarto por el que se da nueva redacción a los apartados primero y segundo del artículo 59 LODE y con el apartado quinto, por el que se da nueva redacción al artículo 60 LODE. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 7 de marzo de 2014, la representación procesal de más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que se señalan en el preámbulo de esta Sentencia. Se fundamenta la impugnación en los siguientes extremos.
a) Se comienza con la exposición de los argumentos en virtud de los cuales los recurrentes consideran que los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE, en la nueva redacción operada por la LOMCE, vulneran los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE. Así, consideran que vulnera el artículo 14 CE y, por tanto, es nulo, el aserto que afirma que «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos»; por conexión, entienden que son nulos también los párrafos segundo y tercero del citado artículo 84.3 LOE en su nueva redacción. El segundo párrafo determina que no constituye discriminación la educación diferenciada por sexos si la enseñanza impartida se desarrolla de acuerdo a lo previsto en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, y que la elección de ese modelo educativo no puede implicar un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos o en cualquier otro aspecto. También impugnan la disposición transitoria segunda LOMCE, que establece la aplicación temporal del artículo 84.3 LOE en relación con los conciertos educativos. En exposición de su tesis, aducen la dudosa legitimidad constitucional de un sistema educativo que separa a los estudiantes por razón de su sexo, intensamente discutida por la doctrina, un sector de la cual considera que la diferencia entre grupos sociales conlleva un riesgo muy alto de considerar a uno de ellos como inferior. Por esta razón el Tribunal Constitucional ha exigido que cualquier diferencia que se realice en estos ámbitos debe tener una especial justificación para que no sea considerada sospechosa (STC 147/1995, de 16 de octubre, FFJJ 2 y 6). Para los recurrentes la separación en las aulas sería discriminatoria por no existir en este caso esa justificación reforzada que reputan exigible.
Se postula en el recurso que este Tribunal se valga del artículo 10.2 CE para delimitar el contenido y alcance de la igualdad de género, teniendo en cuenta que la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, de 1979, interesa en su artículo 10 c) «la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta». También tienen en cuenta el contenido del artículo 2.1 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, que no considera discriminatoria la «creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanzas separados para alumnos del sexo masculino y femenino». No obstante, entienden que esta última convención es preconstitucional, por lo que en este caso la remisión prevista en el artículo 10.2 CE no permite deducir consecuencias favorables a la educación separada por sexos.
Al margen del plano internacional, la demanda considera que nuestra Constitución recoge un Derecho antidiscriminatorio que atañe al género como criterio sospechoso de diferenciación, para cuyo análisis debe ponderarse la eventual suficiencia de las razones que puedan justificarla. El legislador no las ofrece en el caso de la norma impugnada y esa omisión resulta en sí mismo inconstitucional, como indica el Consejo de Estado en el dictamen a la ley y se infiere de la STEDH de 16 de marzo de 2010, asunto Orsus y otros c. Croacia. En cualquier caso, la única justificación aducida estaría basada en razones educativas que deben exponer los centros y a tal efecto, no resulta suficiente aducir que las niñas tienen un proceso madurativo diferenciado temporalmente del de los niños, pues los datos de la literatura especializada no han demostrado las ventajas de la educación diferenciada y, sin embargo, existe evidencia de que el modelo single sex aumenta los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional. A eso se añade que, en cualquier caso, ese objetivo educativo que está en la base de la separación por sexos en la escuela no es un bien o valor de entidad constitucional que por sí mismo pueda justificar este tipo de medidas. Por el contrario, la educación se concibe en nuestro texto constitucional como una formación abierta y plural y persigue objetivos sustentados en bienes, valores y principios constitucionales que no pueden ser sacrificados en aras de una discutible mayor eficacia instructiva de la educación diferenciada. El artículo 27.2 CE establece imperativamente como objeto de la educación «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» Entre ellos se encuentran el derecho a la igualdad y el principio de adopción de medidas positivas para favorecerlo y para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE). Incluso si se sostuviera que el fin de atender a la mayor precocidad del proceso de maduración de las mujeres y el objetivo de favorecer la eficacia educativa tiene fundamento constitucional, la medida en sí sería inconstitucional, pues contraría esos principios derivados de los artículos 27.2 y 9.2 CE.
Por todas esas razones se concluye que la educación separada de estudiantes por razón de su género resulta inconstitucional, por lo que se interesa que este Tribunal declare su nulidad así como la del restante contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE en su nueva redacción, por su evidente conexión, así como de la disposición transitoria segunda LOMCE, por los mismos motivos.
A título subsidiario, es decir, para el caso de que no se entienda por este Tribunal que el modelo de educación separada es inconstitucional, se impetra que se declare la nulidad del aserto «en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto», por idéntica vulneración de los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE, y de la disposición transitoria segunda por conexión.
La demanda recuerda a estos efectos que el Estado debe remover los obstáculos para asegurar que la igualdad sea real y efectiva y que el legislador ha mostrado una profunda preocupación para lograr esa igualdad efectiva. De esa preocupación es exponente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 23 determina que el sistema educativo debe incluir «la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros». Esa igualdad no se favorece con la segregación de estudiantes por su género. En este sentido, aun admitiendo a efectos dialécticos que la opción de un sistema educativo diferenciado no fuera inconstitucional, eso no atribuiría a los padres un derecho incondicionado a que los centros que lo practican fueran concertados. En otras palabras, la innegable libertad de creación de centros docentes (ATC 382/1996, de 18 de diciembre, FJ 4), no tiene como corolario necesario que el Estado deba concertar todos los centros (STC 77/1985, de 27 de junio). El hecho de que el artículo 27.9 CE disponga que «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca» no deja en manos del legislador una libertad absoluta para determinar las condiciones para acceder al concierto, pues, por ejemplo, no sería admisible la financiación de un centro educativo de ideología nazi o xenófobo, pues los poderes públicos están sujetos a la Constitución cuando ayudan a los centros educativos (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11).
La educación diferenciada, aun cuando viniera amparada por la libertad de enseñanza, no tendría fundamento en el artículo 9.2 CE, ya que el colectivo femenino ha venido sufriendo durante años los efectos de una relegación en el sistema educativo y esos efectos solo pueden salvarse con el régimen de coeducación. Por esa razón, no pueden concertarse los centros separados por sexos y, consecuentemente, vulnera también el artículo 9.2 CE el apartado tercero del artículo 84.3 LOE que reza «en ninguna caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto».
Ese apartado relativo a los conciertos conlleva también una vulneración del artículo 14 CE, autónoma respecto de la propia medida de separación por sexos. La prohibición de discriminación se desenvuelve junto al derecho a los titulares de los centros privados, que también es un derecho fundamental en el ámbito de la prohibición, de escolarizar diferenciadamente niños y niñas, pero cuando de lo que se trata es el fomento de los centros escolares, desaparece ese derecho del titular, puesto que no existe un derecho de los centros escolares a la subvención. Por otro lado, la medida de fomento que se contempla en el apartado cuestionado no encuentra anclaje constitucional, pues no es suficiente la diferencia madurativa de niños y niñas en un mismo nivel educativo para justificar la educación separada por sexos.
Por último, también afirma el recurso que el apartado precedentemente transcrito vulnera el artículo 27.2 CE de nuestra Constitución. Dicho precepto no contempla la educación como un mero proceso de adquisición de conocimientos sino como medio idóneo para lograr el «pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Es contrario a ese fin el fomento de centros que separan por razón de género, pues una programación educativa constitucional no puede excluir del aula aquellas condiciones personales de las cuales el ser humano no puede prescindir, entre ellas el sexo. La convivencia democrática excluye modelos educativos que fuerzan inútilmente la desaparición de las diferencias personales o crean mundos separados en virtud de esas diferencias. Sucedería algo similar al home schooling, que es constitucionalmente cuestionable por dificultar esa convivencia a la que alude el artículo 27.2 CE (STC 133/2010, de 2 de diciembre).
En resumen, aun cuando la educación diferenciada no fuera inconstitucional, no podría ponerse en pie de igualdad con la mixta, porque no contribuye a los fines constitucionalmente previstos en el artículo 27.2 CE, y ello debe impedirle acceder a los conciertos educativos.
b) En un segundo bloque argumental, los recurrentes impugnan parcialmente la nueva redacción del artículo 127 LOE y del artículo 132 LOE, así como otras disposiciones de la disposición final segunda LOMCE, en tanto modifica los artículos 57, 59 y 60 LODE. Todos ellos vulneran, al decir de los recurrentes, el derecho de los profesores, padres y, en su caso, alumnos, a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, garantizado por el artículo 27.7 CE, interpretado sistemáticamente con el artículo 9.2 y 53.2 CE y de conformidad con la doctrina constitucional en materia educativa.
El recurso comienza exponiendo el principio de participación en el ámbito educativo, que desdobla en dos vertientes: la primera, institucional y colectiva, permite la participación de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza con la finalidad de garantizar el derecho de todos a la educación, (art. 27.5 CE); la segunda vertiente, es más personal, y está concebida como un derecho de intervención de los integrantes de la comunidad escolar en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos; a ella se refiere el apartado séptimo del artículo 27 CE y abarca tanto a los centros de titularidad pública como a los privados concertados. La dimensión participativa está al servicio de la satisfacción del derecho de todos a la educación y al cumplimiento de los objetivos y fines contemplados en el apartado segundo del artículo 27 CE, es decir, al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. A tal fin el artículo 118 LOE establece los principios generales en los que ha de inspirarse la participación en el funcionamiento y gobierno de los centros docentes y dirige un mandato a las Administraciones educativas para que fomenten su ejercicio efectivo. En sentido similar, la LODE recoge el principio de participación en diversas facetas. La configuración de la participación debe respetar los límites de realidad y suficiencia para garantizar su efectividad, que integran el contenido esencial del derecho.
Sin embargo, el modelo LOMCE es, para los recurrentes, radicalmente restrictivo. La intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del consejo escolar debe tener importancia fundamental, pero el texto de la ley rebaja y desustancializa esa intervención, hasta llevar a dicho órgano a perder su carácter de órgano de gobierno real, pues pasa a ser un órgano de simple informe y propuesta, sin capacidad de codecisión y corresponsabilidad alguna, trasladando sus competencias al director. El vaciamiento de competencias sustantivas del consejo escolar impide la satisfacción del derecho de los profesores, padres y, en su caso, alumnos, a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos contemplado en el artículo 27.7 CE, que resulta por ello vulnerado en su contenido esencial.
En particular, se afirma que deben existir posibilidades reales y efectivas de participar en la gestión del centro, entendiendo esa participación como la facultad de adoptar las decisiones más importantes para la comunidad escolar, que deben tomarse, razonablemente, en los órganos de gobierno, es decir en el consejo escolar. Los términos «intervención», «control» y «gestión» tienen, según el diccionario de la Real Academia, un sentido fuerte de actuación e implican capacidad decisional. Se trata de garantizar la efectividad, la posibilidad de realización eficaz del derecho en cuanto a su contenido esencial. De todo ello deducen los recurrentes que el artículo 27.7 CE impone que el órgano controlante en el ámbito educativo pueda impedir en determinados supuestos la eficacia de decisiones tomadas por el órgano controlado, de forma que el controlante no puede limitarse a ser tan solo un mero órgano consultivo. Para llegar a esas conclusiones interpretan la doctrina de este Tribunal Constitucional. Con cita de diversas Sentencias, entre ellas las SSTC 5/1981; 77/1985, de 27 de junio; 47/1990, de 20 de marzo, y 137/1986, de 6 de noviembre, llegan a la conclusión de que en el artículo 27.2 CE se reconoce sustantivamente un derecho fundamental de participación de los profesores, padres y en su caso, alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración en los términos que la ley establezca. Es un derecho de configuración legal, ciertamente, pero esa configuración no es libérrima sino limitada por el contenido esencial que pueda deducirse de su prefiguración constitucional y por las reservas de ley impuestas, respectivamente, por los artículos 53.1 y 81.1 y demás mandatos y derechos constitucionalmente consagrados.
Avanzando en su argumentación indican que el parámetro de constitucionalidad al que hay que someter el vaciamiento competencial de los consejos escolares es distinto según se trate de un centro privado concertado o público. En el primer caso, hay que respetar, ciertamente, el derecho del titular a la dirección del centro, pero ha de permitirse que el consejo escolar comparta equilibradamente las decisiones con el titular del centro, posibilitando la prevalencia del consejo en determinados supuestos.
Descendiendo al análisis de las disposiciones concretas que se impugnan nos encontramos con previsiones relativas a centros públicos y a otros privados. Con respecto a las primeras, la letra a) del artículo 127 LOE, traslada al director del centro la competencia de aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la Ley (proyectos educativos y de gestión, planes de trabajo, normas de organización y funcionamiento del centro y, dentro de ellas, las normas de convivencia). Se deja así al consejo escolar, aducen los recurrentes, sin capacidad de decisión eficaz y sin corresponsabilidad alguna, lo que restringe irrazonablemente el contenido esencial del artículo 27.7 CE, vaciando y desustanciando el derecho de los padres y profesores y, en su caso, alumnos a la participación. Otro tanto sucede con la competencia para «aprobar» la programación general anual del centro [artículo 127 b) LOE], que se otorga ahora al director del centro [nuevo artículo 132 m) LOE]. También se limita la competencia del consejo escolar para decidir sobre la admisión de alumnos, pues en la nueva redacción se atribuye al director [artículo 132 n) LOE] y las facultades del consejo se circunscriben a informar sobre dicha admisión. Esa función de mero informe impide el carácter real y efectivo de la intervención de los representantes de la comunidad educativa en este concreto ámbito del control y gestión del centro. También se atribuye al director, sustrayéndosela al consejo escolar, la competencia de aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de la ley. Ello supone eliminar un elemento central de la gestión que correspondía al consejo escolar, traspasando con ello el límite del respeto al contenido esencial del derecho enunciado en el artículo 27.2 CE. Igual consideración le merece a los recurrentes el traslado al director del centro público de la competencia para la fijación de las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos, de forma que al consejo escolar le corresponde ahora sólo informar esas directrices. Por las razones expuestas, se considera que todos esos preceptos son inconstitucionales y nulos.
También centran los recurrentes su impugnación en las modificaciones que la LOMCE ha introducido en el ámbito de la participación de la comunidad educativa en los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos. Afirman en su recurso que también para esa clase de centros la nueva regulación deja de hacer efectiva y equilibrada la participación de los miembros de la comunidad educativa, afectando negativamente al contenido del derecho consagrado en el artículo 27.7 CE. En concreto, ello sucede cuando: a) el nuevo artículo 57 a) LODE atribuye ahora al consejo escolar la facultad de intervenir en la designación de director de centro mediante un mero informe adoptado por mayoría simple, excluyendo esa intervención en los casos de cese y eliminando la exigencia de mayoría absoluta para el resto de los casos, en contra lo explicitado en la STC 77/1985. Esta sentencia indicaba en su fundamento jurídico 23 que el requisito de conformidad del consejo escolar debe reputarse una garantía de mantenimiento de estabilidad, de manera que el titular necesite un requisito adicional, esto es, la conformidad del consejo escolar, para proceder a la remoción del director, mientras que con la nueva redacción el titular sólo estará obligado a «dar cuenta al consejo escolar». Igual juicio negativo merece a los recurrentes el artículo 57 b) LODE que elimina la intervención del consejo escolar en el despido del profesorado. Por último, también consideran que desfiguran el carácter de órgano efectivo del consejo escolar las nuevas letras f), h), j), k), l) y m) del artículo 57 LODE, en tanto que, respectivamente, limitan la competencia de dicho órgano a informar y evaluar la programación del centro, las actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares, circunscriben las funciones del consejo al mero favorecimiento de las relaciones de colaboración con otros centros, restringen sus competencias al simple informe en relación con el reglamento de régimen interior del Centro, y atribuyen al consejo escolar únicamente la facultad de participación en la gestión de los aspectos administrativos y docentes, mientras que con anterioridad se le atribuía la función de supervisión.
Todo ello convierte al consejo escolar en un órgano meramente informante, en opinión de los recurrentes, lo que supone la eliminación completa del contenido real del derecho a la participación en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos, vulnerando con ello el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 27.7 CE.
c) Además de las imputaciones de inconstitucionalidad de la ley que se han descrito en relación con la educación diferenciada y con las funciones del consejo escolar, los diputados recurrentes cuestionan el sistema previsto en la norma impugnada en materia de enseñanza de las asignaturas de religión y valores culturales y cívicos/valores éticos, configuradas como asignaturas específicas alternativas en educación primaria, secundaria y bachillerato.
Los recurrentes exponen la configuración de estas materias en nuestra legislación desde 1980 y precisan lo que denominan requerimientos legales sobre la asignatura de religión, partiendo de la idea de que esta enseñanza no está constitucionalizada. Aunque la presencia de la religión en la escuela encuentre un apoyo en el principio constitucional de cooperación establecido en el artículo 16.3 CE, este precepto no predetermina un modo concreto de cooperar. De esta forma, el establecimiento de la enseñanza de la religión en el sistema escolar responde a un compromiso bilateral, político, incluido en un tratado internacional, como es el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito por la Santa Sede y el Estado español. Así, lo que cuestionan los recurrentes es el modo en el que el Estado organiza una prestación que en su opinión no viene constitucionalmente exigida.
Ese cuestionamiento se centra en dos aspectos concretos: el primero, en lo relativo a la equiparación material entre la asignatura de religión y la de valores sociales y cívicos/valores éticos. Indican que colocar la enseñanza de la religión al mismo nivel que la moral común, que comprende el núcleo compartido de los principios constitucionales que rigen la convivencia, entraña una valoración positiva de las doctrinas religiosas que pone en peligro la neutralidad o imparcialidad de los poderes públicos, ampliamente recogida por la jurisprudencia constitucional. En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente la doctrina según la cual Estado y religión se sitúan en planos diferentes que no pueden confundirse, de modo que no es posible equiparar ambas enseñanzas, la religión y los valores culturales y cívicos/éticos.
En un segundo apartado, se indica que el modelo previsto en la ley impugnada implica una discriminación para los alumnos que opten por religión, que no pueden recibir enseñanzas de la asignatura que cubre los valores constitucionales, de modo que se impone a dichos alumnos un modo de entender las virtudes ciudadanas únicamente basado en doctrinas religiosas.
d) La demanda considera también inconstitucional la separación de los alumnos por itinerarios en la educación secundaria obligatoria. Ese vicio afectaría a la nueva redacción de los artículos 27 LOE, regulado en el apartado décimo octavo del artículo único de la LOMCE; 28, regulado en el apartado décimo noveno de su artículo único; 30, regulado en el apartado vigésimo primero de su artículo único; 41, regulado en el apartado trigésimo cuarto de ese mismo artículo único y 42, recogido en el apartado trigésimo quinto del citado precepto de la LOMCE. En opinión de los recurrentes, ninguno de ellos respeta la reserva de ley orgánica en la ordenación del desarrollo directo del derecho a la educación. Además, algunos de esos artículos carecen de la necesaria densidad normativa y con ello vulneran el principio de reserva de ley ordinaria. El punto de partida conceptual para alcanzar esa conclusión radica en que, en el entendimiento de los recurrentes, el artículo 27.1 CE determina que el alumnado posee a lo largo de la enseñanza obligatoria el derecho a estar sometido a un mismo curriculum y el derecho a participar en las decisiones educativas que le afecten en términos curriculares. Por tanto, la ordenación de elementos que alteran el curriculum común, en particular mediante el establecimiento de itinerarios, requiere de una norma con rango de ley, pues se trata de factores que modulan el derecho a la educación. Y, sin embargo, la norma impugnada remite dicha ordenación a normas infralegales.
Se concreta que los nuevos artículos 41 y 42 estipulan, respectivamente, las condiciones subjetivas y el curriculum de la formación profesional básica. Con ello, al ordenar aspectos esenciales de un itinerario concreto de la educación básica obligatoria, definen el ámbito del derecho a la educación de una parte del alumnado, el que es separado curricularmente del resto para cursar la formación profesional básica. Los elementos esenciales de esa separación, continúan razonando, deben estar establecidos en una norma con naturaleza de ley orgánica, sin que a tal efecto sea suficiente la remisión que el artículo 30 de la norma, que regula los aspectos esenciales de la formación profesional básica y sí tiene ese carácter de ley orgánica, hace al 41 de la ley.
También se imputa al nuevo artículo 27, en sus apartados primero, segundo y tercero, una insuficiente densidad normativa en relación con el itinerario de programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, vulnerando así el mandato de reserva de ley en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales.
En el mismo sentido, los nuevos artículos 30 y 41, vulneran la reserva de ley pues no regulan los motivos o causas para derivar a un alumno hacia el itinerario de formación profesional básica.
Por último, se afirma por los recurrentes que los artículos 27.2, 28.7, 30 y 41.1 c) LOE, en la nueva redacción dada por la LOMCE, vulneran el derecho fundamental del alumnado a participar en la decisiones clave que afectan a su curriculum, e incumplen la exigencia de reserva de ley. Y ello porque ni se regulan los casos en los que el alumnado debe participar en esas decisiones, ni en qué consiste esa participación ni en cómo se ha de resolver los conflictos potenciales que surjan con los padres en este ámbito. Como ya se ha expuesto, los demandantes consideran que el derecho a la educación, del que son titulares los alumnos, incluye el derecho a participar de las decisiones curriculares clave, una de las cuales es la de ser separado del régimen ordinario y situado en un itinerario especial. Aunque la ley otorgue la decisión a los padres, ello no significa que se pueda prescindir de la participación del alumnado. A ello añade el recurso, como se ha dicho, que los preceptos mencionados conculcan el mandato de reserva de ley, pues no se regula en la norma con la densidad necesaria ni la participación del alumnado ni los casos en los que se ha de producir esa participación, ni como se habrán de solucionar los posibles conflictos con los padres o tutores.
e) Finalmente, los demandantes cuestionan el nuevo artículo 84.2 LOE, que regula el régimen jurídico de selección del alumnado a partir de su rendimiento académico. Según dicho precepto, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular o que participen en un acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por 100 de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias, pudiéndose reducir o modular dicho porcentaje cuando sea necesario para evitar la ruptura de los criterios de equidad y de cohesión del sistema.
Parten los recurrentes de que los criterios de selección del alumnado son elementos nucleares del derecho de los padres y alumnos a la elección de centro y del derecho del centro a la selección y también son un instrumento clave para la programación o diseño del mapa de escolarización por parte de las Administraciones. En su opinión, la regulación contenida en el precepto cuestionado vulnera el mandato de reserva de ley porque no están suficientemente definidos en él los conceptos de «rendimiento académico» y «modulación del porcentaje». A ello añaden los impugnantes que se vulnera el artículo 27.5 CE que atribuye a los poderes públicos la potestad de programación general de la enseñanza, que incluye la toma de decisiones que articulan la oferta y la demanda de plazas educativas. Según el recurso, el nuevo artículo 84.2 LOE atribuye a los centros educativos decisiones en esta materia, al habilitarles para establecer el rendimiento académico como criterio de selección del alumnado y para modular el porcentaje atribuido a ese concepto. Esa habilitación sería inconstitucional en cuanto se atribuye también a los centros privados, ya que estos no están incardinados jerárquicamente en la Administración educativa de la correspondiente Comunidad Autónoma y, por tanto, las decisiones que en esta materia adoptaren incidirían en la programación general de la educación, que corresponde a los poderes públicos.
2. Mediante providencia de 8 de abril de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda junto con los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular las alegaciones que tuvieran por convenientes, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. También se ordenó la publicación de la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», lo que se llevó a cabo el 15 de abril de 2014.
3. La Abogacía del Estado, en la representación que le es propia, se personó en el proceso el 15 de abril de 2014 solicitando una prórroga del plazo conferido para formular alegaciones. El Pleno concedió una prórroga de ocho días mediante providencia de 22 de abril de 2014.
4. El día 23 de abril de 2014 tuvieron entrada en el registro general de este Tribunal sendos escritos de los presidentes del Congreso y del Senado, en los que comunicaban que las respectivas cámaras se personaban en el proceso y ofrecían su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
5. La Abogacía del Estado presentó su escrito de alegaciones con fecha de 20 de mayo de 2014, acompañado de seis anexos. Los tres primeros son esquemas sobre los itinerarios de las distintas enseñanzas, las pasarelas entre etapas, titulaciones y enseñanzas y la clasificación de las asignaturas por etapas. Los tres anexos restantes son dos artículos de revistas especializadas y la traducción de una Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán.
Solicita la Abogacía del Estado la íntegra desestimación del recurso, con fundamento en las alegaciones que sucintamente se exponen a continuación:
a) No son discriminatorios los preceptos de la LOE que permiten la elección del método pedagógico de educación diferenciada por sexos. El artículo 84.3 de dicha norma reproduce textualmente el artículo 14 CE, exponiendo así el rechazo más enérgico del legislador a cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo y especificando qué debe entenderse por discriminación, excluyendo tal consideración la educación diferenciada por sexos. A tal fin se remite a la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la conferencia general de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960, cuya vigencia y eficacia fue confirmada expresamente por el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con fecha de 8 de diciembre de 1999. El artículo 2 de dicha Convención dispone que «la enseñanza separada de niños y niñas no discrimina por razón de sexo… siempre que esos sistemas y establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así como locales escolares y un equipo de igual calidad que permitan seguir los mismos programas de estudios o programas equivalentes».
Por otro lado, afirma la Abogacía del Estado que diversos estudios, que cita en su escrito, muestran determinadas ventajas de la modalidad pedagógica de educación diferenciada por sexos, de forma que ambas alternativas, la integrada y la diferenciada, son susceptibles de ser escogidas en libertad. El artículo 27 CE no excluye ninguno de los dos modelos, pues la coeducación o educación integrada no forma parte del ideario educativo constitucional, ya que no es un objetivo educativo, ni un valor o fin en sí mismo, sino un modelo instrumental para el logro de los objetivos de enseñanza y formación humana, como también lo es el modelo de educación diferenciada. En apoyo de esas afirmaciones, la Abogacía del Estado expone la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, en particular la STS de 23 de julio de 2013, en la que literalmente puede leerse que «se acoge plenamente a una constante línea jurisprudencial que no cuestiona la existencia de educación diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación que preconiza la ley». De dicha Sentencia es precedente la STS de 26 de junio de 2006 que indica que las situaciones que pueden generar discriminación por razón de sexo (diferentes currículos o criterios de evaluación, estrategias de motivación basadas en estereotipos, etc.), se pueden producir tanto en la educación integrada como en la diferenciada. La educación diferenciada sería discriminatoria sólo si partiera de que un sexo es inferior al otro, pero su base pedagógica radica únicamente en una posible distinta psicología que se traduce en fases de maduración distintas en uno y otro sexo, como muestra el Informe Pisa sobre repetición de cursos y tasas de abandono escolar en los años 2009 a 2012. En cualquier caso, insiste la Abogacía del Estado, no se puede limitar el alcance del derecho de los padres que garantiza el artículo 27 CE. También trae a colación la STEDH de 7 de diciembre de 1976 en el asunto Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen, en la que se afirmó que no puede hablarse de acceso a la educación de manera independiente de la libertad de enseñanza, ni tampoco se puede diferenciar entre educación pública y privada. De esta forma, la LOMCE, al introducir el supuesto impugnado, no ha hecho sino ampliar el campo de libertad que ofrecía la redacción original de 2006.
También se menciona la Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán de 30 de enero de 2013, que, tras analizar el sistema de educación diferenciada en ese Estado, llega a la conclusión de que no está en absoluto probado ni admitido por la comunidad científica del ámbito de la pedagogía y la educación que la asunción del principio de igualdad de géneros no pueda lograrse con el método de enseñanza monoeducativa o de escuela diferenciada. También indica esa Sentencia que la libertad de elección de métodos y modelos constituye la esencia misma de la libertad de enseñanza privada, pues «la Constitución tiene en cuenta la esencia misma de la libertad de enseñanza y el derecho de educación de los padres, y se declara a favor del pluralismo educativo».
Concluyendo con las alegaciones destinadas a combatir la impugnación de las disposiciones relativas a la educación diferenciada, la Abogacía del Estado indica que la doctrina constitucional ha venido considerando que «el derecho a establecer un ideario no está limitado a los aspectos religiosos y morales de la actividad educativa», pues «puede extenderse a los distintos aspectos de su actividad» (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 8), incluyendo lo organizativo o pedagógico (STC 77/1985, de 22 de junio, FJ 7).
Las alegaciones de la Abogacía del Estado se centran seguidamente en la explicación del sistema de conciertos educativos, que hace derivar del artículo 27.9 CE, a tenor del cual «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca», que ha sido interpretado por la STC 77/1985, antes citada, en el sentido de que esa expresión «no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede en manos del legislador la posibilidad o no de conceder esa ayuda».
Con fundamento en ese axioma, se concluye que en este apartado concreto los poderes públicos deben adoptar una actitud de neutralidad, que es precisamente a lo que tiende el nuevo apartado del artículo 84.3 LOE. Esa neutralidad se compromete si se tratan de manera desigual opciones igualmente legítimas, como son la educación diferenciada y la integrada, teniendo en cuenta que, como afirmó el Consejo de Estado en su dictamen 625-2011, la «educación diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse… un modelo de discriminación por razón de sexo», en lo que abunda la ya citada STS de 23 de julio de 2013. Los conciertos educativos afectan o conciernen directamente al contenido del artículo 27 CE, no sólo porque éste establece la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica, sino porque su apartado noveno impone a los poderes públicos el deber de financiar los centros que reúnan los requisitos que la ley establezca, de forma que supone una incongruencia declarar la constitucionalidad de la educación diferenciada y sancionar ese modelo cuanto entra en juego su financiación, teniendo en cuenta que la suscripción de conciertos es materia reglada y no es una actividad discrecional. Actuar de forma distinta en uno y otro caso, concertando solo a la educación mixta, supondría una vulneración del artículo 14 CE. Por ello, la modificación operada en esta materia por la LOMCE, es de efectiva y material justicia, tanto en cuanto a la norma sustantiva contenida en el artículo 84.2 LOE, como en cuanto al establecimiento de una norma de derecho transitorio, como la disposición transitoria segunda, que dispone que «a los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto el actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor».
Seguidamente, las alegaciones de la Abogacía del Estado se dirigen a exponer las razones por las que resultan constitucionales las normas que disciplinan la enseñanza de las asignaturas de religión y valores culturales y cívicos, contenidas en los artículos 18, 24 y 25 LOE, en la nueva redacción dada a los mismos por las disposiciones novena, décimo quinta y décimo sexta del artículo único de la LOMCE. Entiende la representación de la Administración General del Estado que se garantiza, en la estructura del sistema educativo español, el postulado consagrado en el artículo 27.3 CE, que determina que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, que es un derecho distinto del derecho de elección de centro educativo, tal y como recoge la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 8, por remisión a la STC 5/1981. No existe esa identidad entre ambos derechos porque no existe entre ellos la relación de instrumentalidad necesaria.
Por esa razón resulta sorprendente, para la Abogacía del Estado, que se contrapongan los fundamentos de la religión con los valores constitucionales, como si fueran contrarios. En la religión subyacen unos valores humanos o humanísticos que son los mismos que hoy denominamos constitucionales. En este sentido, ya la STC de 13 de febrero de 1981, invocada por la STC 77/1985, vino a afirmar, en síntesis, que la necesaria neutralidad de los centros docentes públicos no impide la organización de la enseñanza de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para los hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Y a ese principio se acomoda la libertad de opción que establece la LOMCE entre religión y valores sociales y cívicos en todos los ciclos de la enseñanza. También los instrumentos internacionales son acordes con esa nueva regulación, en concreto el artículo 18 de la Declaración internacional de los derechos humanos, el artículo 9 del Convenio de Roma de 1950, cuyo artículo 9.1 establece también que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y, finalmente, los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, en sus artículos 18.4 y 13.3 respectivamente.
También se resalta la aspiración del legislador de acomodarse en esta materia al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito por la Santa Sede y el Estado español, tal y como demuestra la referencia al mismo que se contiene en la disposición adicional segunda LOE en su actual redacción. El Tribunal Constitucional ha confirmado la equiparación entre la religión y otras materias al enjuiciar la conformidad a los postulados constitucionales de la exigencia de cursar una asignatura sobre doctrina y moral católicas para la obtención del título de profesor de educación general básica (SSTC 187/1991, de 3 de octubre, y 155/1997, de 29 de septiembre).
En resumen, en cuanto a la regulación de esta materia, el legislador se ha movido dentro del marco jurídico que el artículo 27 CE en sus apartados primero y tercero le otorga, por lo que la opción sería perfectamente constitucional aunque no existiera el mencionado acuerdo con la Santa Sede.
La Abogacía del Estado también reputa plenamente constitucional la regulación de la participación, autonomía y gobierno de los Centros escolares cuestionada por los recurrentes. En este sentido, considera que el artículo 27.7 CE —que indica que los profesores, padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca—, sólo contempla un mandato de configuración al legislador para que regule normativamente el régimen jurídico aplicable a esta materia, sin condiciones previas. Si la existencia misma de esa participación es básicamente reconocible no resultará afectado el contenido esencial del derecho.
El precepto sólo prevé la intervención en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, pero no atribuye al órgano de participación un control decisivo ni exige que ese órgano gestione tales centros, de manera que el peso de los profesores, padres o alumnos se imponga a las decisiones del titular. Esa sería una opción legislativa legítima, pero no la única posible. La intervención del consejo escolar en el control y gestión no supone necesariamente un efecto jurídico vinculante o determinante de la intervención de ese órgano. Se cumple con el mandato del artículo 27.7 CE cuando la norma de desarrollo legislativo prevé la actuación o intervención del órgano de participación en las decisiones de mayor transcendencia para el centro educativo, pero no es necesario que esa intervención vincule a la dirección o la titularidad del mismo, ni tampoco se impone constitucionalmente una fórmula de codecisión.
En cuanto a los itinerarios en la educación secundaria obligatoria, la Abogacía del Estado comienza explicando el nuevo modelo, poniendo de relieve que el objetivo de la norma es reducir las tasas de abandono escolar temprano y describiendo los argumentos del recurso en relación con este aspecto de la ley.
En primer lugar, se trae a colación el fundamento jurídico 1 de la STC 212/2012, de 14 de noviembre, que establece el alcance y límites de la reserva de ley, orgánica y ordinaria, en relación con el artículo 27 CE.
Partiendo de los criterios sentados en esa Sentencia, llega a la conclusión de que la fijación por ley ordinaria de las condiciones de acceso a la formación profesional básica no supone una regulación frontal y directa del derecho a la educación, sino de algunos aspectos del modo concreto en que el Estado organiza el contenido prestacional del derecho. No excluye a nadie del disfrute del derecho fundamental, ni condiciona o predetermina su ejercicio de forma irreversible. La finalidad última del precepto es precisamente que determinados alumnos no se autoexcluyan del sistema educativo.
Similares consideraciones merece a la Abogacía del Estado la regulación de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los apartados primero, segundo y tercero del artículo 27 de la norma cuestionada, que tienen naturaleza de ley orgánica. En este caso, existe la suficiente densidad normativa en la ley, puesto que la remisión al reglamento tiene como finalidad dotar de flexibilidad y adaptabilidad a la disposición de desarrollo. Se trata, por tanto, de una remisión de índole meramente técnica.
Tampoco resulta necesaria la reserva de ley para regular las condiciones bajo las cuales el equipo docente puede proponer la incorporación del alumnado a un ciclo de formación profesional básica, posibilidad contemplada en el artículo 30 de la ley, que tiene carácter orgánico.
El representante legal de la Administración General del Estado niega que la norma vulnere el derecho fundamental del alumno a participar en las decisiones que afecten a su curriculum, en particular, en cuanto al acceso a la formación profesional básica.
El último bloque argumental de las alegaciones se endereza a argumentar la constitucionalidad del artículo 84.2 LOE, en la redacción dada al mismo por el artículo único LOMCE. En este sentido, afirma la Abogacía General del Estado que no se vulnera la reserva de ley orgánica ni en lo referido al establecimiento de los criterios de rendimiento académico ni en lo relativo a la modulación del porcentaje del veinte por ciento otorgado a ese criterio en el proceso de admisión del alumnado en los centros que tengan reconocida una especialización curricular. Se trata de un parámetro objetivo y determinado a través del sistema de evaluaciones. La posibilidad de modular el peso de ese criterio en admisión del alumnado tiene como finalidad evitar que se vulneren los principios de equidad y cohesión del sistema.
Tampoco comparte la Abogacía del Estado el argumento de que atribuir esa posibilidad de modulación a los centros privados y concertados supondría entregarles la facultad de programación del sistema educativo, que corresponde a los poderes públicos. Argumenta la representación de la Administración, en primer lugar, que la facultad de moderar el peso del rendimiento académico no se atribuye a los centros privados, aunque sí a los concertados, y en cualquier caso se trata de una facultad ajena al concepto de programación general de la enseñanza, pues se refiere a criterios de admisión de alumnos en la excepcional circunstancia de que no existan plazas suficientes para atender a las solicitudes de admisión presentadas. Además, los centros concertados asumen la prestación de servicios públicos. Por ello la ley puede encomendarles la concreción, en un supuesto excepcional y en un pequeño margen, de un concepto jurídico como es el rendimiento académico, establecido en la ley y acreditado mediante procesos de evaluación.
Finaliza sus alegaciones la Abogacía del Estado impetrando que se dicte Sentencia en la que se desestime el recurso presentado de contrario.
6. Con fecha 29 de mayo de 2014, tuvo entrada un escrito del Letrado Mayor del Parlamento de Navarra, solicitando que se tuviera por formulada la adhesión de esta institución a los recursos de inconstitucionalidad números 1377-2014, 1385-2014, 1406-2014, 1433-2014, 1435-2014 y 1455-2014, interpuestos por otros sujetos legitimados contra la LOMCE. Solicita asimismo la acumulación de los mencionados recursos para su tramitación y resolución unitaria.
Mediante providencia de 10 de junio de 2014, se dio traslado de dicho escrito a las partes personadas en los citados recursos para que, en el plazo de diez días, pudieran exponer lo que estimaran procedente al respecto.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado con fecha 26 de junio de 2014, solicitó la inadmisión del escrito presentado por el Parlamento de Navarra, con base en las alegaciones que se resumen a continuación.
a) La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) no admite la existencia de un trámite procesal de adhesión, como acción ejercitada por quien, hallándose legitimado para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, no lo hubiese deducido en tiempo hábil para ello.
Se trata de un escrito inicial, dirigido a formular una pretensión impugnatoria, solicitando del Tribunal Constitucional que la declare inconstitucional en los preceptos sobre los que formula sus alegaciones sustantivas (que el escrito adjunta) de supuesta inconstitucionalidad de la norma. Con independencia, pues, del nominatim que se le otorga, consiste en un recurso de inconstitucionalidad extemporáneo. La calificación formal que, como subterfugio, se le quiere otorgar al recurso interpuesto no puede impedir, una vez constatado el efecto de preclusión del plazo procesal de interposición, la lógica y necesaria consecuencia de su inadmisión. El proceso constitucional se configura en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como un proceso jurisdiccional, estando los plazos previstos sujetos a caducidad y preclusión. De lo contrario, el plazo para impugnar se podría estar reabriendo sin límite, idea contraria al principio de seguridad jurídica y al concepto o esencia misma del proceso. Así lo ha entendido el Tribunal en el ATC 547/1989, de 15 de noviembre, en el que condensa su doctrina definitiva sobre la cuestión.
b) No puede solicitarse la acumulación procesal de autos por quien, no habiendo ejercitado en plazo la acción procesal, no se ha constituido como parte en el proceso. Conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en modo alguno resulta posible una eventual acumulación a solicitud de quien voluntariamente tuvo la posibilidad de constituirse como parte y no lo hizo en el tiempo establecido para ello. El tenor del artículo 83 LOTC presupone, en coherencia con el plazo de caducidad del artículo 33, que tanto quien puede solicitar la acumulación como los comparecidos son ya parte en el proceso. Ni el Parlamento de Navarra puede invocar el artículo 83 LOTC ni cabe alguna suerte de aplicación supletoria de otras leyes de procedimiento, pues la regulación del citado precepto es acabada en cuanto a este extremo. Por otra parte, no hay en el artículo 80 LOTC remisión al régimen de acumulación de procesos en otras jurisdicciones. Además, el régimen procesal de la acumulación de autos que ofrecen tanto la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 34 y ss. LJCA), como la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (artículos 74 y ss. LEC), se hallan referidos, en cuanto a la legitimación, siempre a quienes sean parte.
c) La actuación pretendida, de reapertura del proceso, no puede verse como análoga a las posibilidades de adhesión que conceden las leyes procesales. El instituto de la adhesión se regula en la Ley de enjuiciamiento civil respecto de la apelación de Sentencias ya dictadas, y la existencia de un pronunciamiento judicial en primera instancia resulta ser el presupuesto procesal. El artículo 461 LEC no es susceptible de traslación por vía de aplicación supletoria, que no está prevista en el artículo 80 LOTC en lo que atañe a recursos, pues no hay segunda instancia en la jurisdicción constitucional. Aunque expresis verbis del artículo 80 LOTC no rige la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa con carácter supletorio, cabe añadir que, para la acumulación de acciones del artículo 35 LJCA, se encuentra legitimado el actor, el que hubiese ejecutado la acción a través de la demanda. En cuanto a la acumulación del artículo 37 de la misma ley, es una decisión del órgano jurisdiccional, previa audiencia de las partes, lo que requiere que se hubieran constituido como tales en tiempo hábil, conforme a la ley rectora del proceso.
d) La pretensión de adhesión no es materialmente sino el intento de asunción por el Parlamento de Navarra del rol de coadyuvante incondicionado respecto de posibles recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la LOMCE, en suma, una acción procesal no permitida por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional e incompatible con sus principios inspiradores, que debería ser enteramente inadmitida.
7. Por providencia de 10 de abril de 2018 se señaló ese mismo día para deliberación y votación de la presente sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE): el apartado noveno del artículo único, que da nueva redacción al artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, (en adelante, LOE), el apartado décimo quinto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 24 LOE, el apartado décimo sexto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 25 LOE, el apartado décimo octavo de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 27 LOE, el apartado décimo noveno de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 28 LOE, el apartado vigésimo primero del artículo único, que da nueva redacción al artículo 30 LOE; el apartado trigésimo cuarto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 41 LOE; el apartado trigésimo quinto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 42 LOE; el apartado sexagésimo, que da nueva redacción al apartado segundo del artículo 84 LOE; el apartado sexagésimo primero de su artículo único, que da nueva redacción a los párrafos segundo y tercero del apartado tercero del artículo 84 LOE; el apartado octogésimo del artículo único, que da nueva redacción a las letras a), b), e), h), i) del artículo 127 LOE; el apartado octogésimo primero del artículo único, que da nueva redacción a las letras de l), m), n), ñ) y o) del artículo 132 LOE; la disposición transitoria segunda y la disposición final segunda, en cuanto a la nueva redacción de las letras a), b), f), h), j) i) y m) del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (en adelante, LODE), en relación, respectivamente, con lo dispuesto en el apartado cuarto por el que se da nueva redacción a los apartados primero y segundo del artículo 59 LODE y con el apartado quinto, por el que se da nueva redacción al artículo 60 LODE.
2. Con carácter preliminar, hemos de dar respuesta, en los mismos términos en que lo hicimos en nuestra STC 14/2018, de 20 de febrero, a la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra, de la que se ha dado cuenta en los antecedentes de esta resolución. Como señala el Abogado del Estado, no resulta procesalmente admisible que una institución legitimada para interponer el recurso de inconstitucionalidad [arts. 162.1 a) CE y 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC] pretenda sustituir el cauce que para ello ha dispuesto el ordenamiento jurídico por una figura de adhesión, que significaría reabrir indebidamente el plazo preclusivo en el que tuvo la oportunidad de impugnar la LOMCE.
Hemos admitido en alguna ocasión la legitimación de las Comunidades Autónomas «para personarse, como partes secundarias o subordinadas de las demandadas, en punto a coadyuvar en la defensa de la constitucionalidad de la norma cuando… se trate de disposiciones que inequívocamente afecten a su propio ámbito de autonomía y sin que, en ningún caso, dicha intervención adhesiva pueda suponer la modificación del objeto procesal, el cual ha de quedar definitivamente delimitado por las alegaciones exclusivamente formuladas por las partes principales contempladas en los arts. 32.1 y 34 LOTC debiendo quedar circunscrita su intervención a formular alegaciones sobre dicho objeto y a ser oída por este Tribunal» (ATC 172/1995, de 6 de junio, FJ 5; en el mismo sentido, STC 118/2016, de 23 de junio, sobre personación como coadyuvantes del Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, sin retroacción de las actuaciones a un momento anterior, y sin tener por hechas las manifestaciones sobre la cuestión de fondo al haber precluido el periodo de alegaciones). Pero, como recuerda el mismo Auto, «las Comunidades Autónomas pueden, con observancia del plazo previsto en el art. 33, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones con rango de Ley, siempre y cuando 'puedan afectar a su propio ámbito de autonomía', estando facultadas para comparecer y sostener la pretensión de inconstitucionalidad en calidad de partes demandantes». Por esta razón, la modalidad de «intervención adhesiva» que solicita el Parlamento de Navarra ha de ser rechazada, siendo de aplicación nuestra doctrina previa según la cual la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, «al regular los recursos de inconstitucionalidad, no conoce la figura de la intervención adhesiva de terceros que no hayan sido recurrentes y que no hayan esgrimido la acción dentro del plazo específicamente establecido para ello. Por consiguiente, la pretensión de que en este momento tengamos por adheridos al recurso a Diputados que en el momento inicial no manifestaron voluntad alguna y que, por tanto, no ejercitaron la acción de que estaban asistidos, no es, por la citada razón, procedente, por cuanto que en el momento actual tratan de adherirse a un proceso abierto por otros sin haber ejercitado ellos mismos, en el plazo debido, la acción de que estaban asistidos y sin que, por tanto, ese indirecto camino, no reconocido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, les permita remediar la situación que creara su pasividad, la cual, por demás, no perjudica la viabilidad del recurso» (ATC 18/1985, de 15 de enero, FJ 3).
Procede, pues, inadmitir la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra, lo que lógicamente conlleva la inadmisión de la solicitud de acumulación del presente recurso de inconstitucionalidad con los demás que han sido interpuestos contra la LOMCE, al haber sido formulada por quien no tiene la condición de parte en este proceso.
3. Antes de precisar el alcance concreto de las impugnaciones dirigidas contra los preceptos precitados, es oportuno enmarcar la norma en la que éstos se insertan.
En primer lugar, la LOMCE no tiene una pretensión reguladora de la totalidad de los aspectos del desarrollo del derecho a la educación, de la libertad de enseñanza o del sistema educativo. Por el contrario, tal y como se infiere de su propia denominación, su finalidad es elevar los estándares de calidad de dicho sistema con reformas normativas parciales, partiendo de la idea de que sólo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 CE, a tenor del cual «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». De ello infiere la norma que no basta la mera escolarización para atender el derecho a la educación, sino que la calidad es un elemento constituyente de ese derecho.
Coherentemente, los principios sobre los cuales pivota la reforma son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias.
En esta línea, por tanto, el encuadramiento constitucional de la ley se sitúa esencialmente en el marco del artículo 27 CE, y afecta a gran parte de los concretos derechos y prescripciones contenidos en él. Por ello, resulta conveniente recordar que nuestra STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 2, se pronunció sobre la relación que existe entre los distintos preceptos contenidos en ese artículo constitucional, manifestando literalmente que «mientras algunos de ellos consagran derechos de libertad (así, por ejemplo, apartados 1, 3 y 6), otros imponen deberes (así, por ejemplo, obligatoriedad de la enseñanza básica, apartado 4) garantizan instituciones (apartado 10) o derechos de prestación (así, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza básica, apartado 3) o atribuyen competencias a los poderes públicos (así, por ejemplo, apartado 8), o imponen mandatos al legislador. La estrecha conexión de todos estos preceptos, derivada de la unidad de su objeto, autoriza a hablar, sin duda, en términos genéricos, como denotación conjunta de todos ellos, del derecho a la educación, o incluso del derecho de todos a la educación, utilizando como expresión omnicomprensiva la que el mencionado artículo emplea como fórmula liminar. Este modo de hablar, no permite olvidar, sin embargo, la distinta naturaleza jurídica de los preceptos indicados».
Continúa afirmando dicha sentencia que «el derecho de todos a la educación incorpora así, sin duda, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado cuarto de este artículo 27 de la norma fundamental. Al servicio de tal acción prestacional de los poderes públicos se hallan los instrumentos de planificación y promoción mencionados en el núm. 5 del mismo precepto, así como el mandato en su apartado noveno, de las correspondientes ayudas a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca». Ello, por supuesto, teniendo en cuenta, respecto de estas últimas que, «el citado artículo 27.9, en su condición de mandato al legislador, no encierra, sin embargo, un derecho subjetivo a la prestación pública», aunque ello no significa que «el legislador sea enteramente libre para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo». Por el contrario, la norma legal que reclama el artículo 27.9 CE deberá ceñirse al doble límite de no contrariar ninguno de los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo, de un lado, y, de otro, «deberá configurar el régimen de ayudas en régimen de igualdad».
Por otro lado, este Tribunal ha indicado la vinculación del artículo 27.2 CE con la libertad de creación de centros docentes, de la que deriva el derecho al ideario o carácter propio de aquellos que no son de titularidad pública. En nuestra STC 5/1981, de 13 febrero, FJ 7, ya dijimos que «la libertad de enseñanza que explícitamente reconoce nuestra Constitución (art. 27.1) puede ser entendida como proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales [especialmente arts. 16.1 y 20.1.a)]… añadiéndose, en cuanto sus límites, que «[ha] de moverse en todos los casos dentro de límites más estrechos que los de la pura libertad de expresión. Así en tanto que esta (art. 20.4 de la Constitución) está limitada esencialmente por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia, el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a los principios constitucionales que, como los del Título Preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.) no consagran derechos fundamentales, y la muy importante, derivado del art. 27.2 de la Constitución de que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva», por ello «cuando en ejercicio de esa libertad se acomete la creación de los centros docentes que han de impartir enseñanzas regladas, e insertos, por tanto, en el sistema educativo, los centros creados, además de orientar su actividad, como exige el apartado segundo del art. 27, hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, con las precisiones que de algunos aspectos de este enunciado hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), se han de acomodar a los requisitos que el Estado imponga para los centros de cada nivel».
4. Los recurrentes impugnan, en primer lugar, los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE, en la nueva redacción dada al mismo por la LOMCE. El precepto dice así:
«En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.
En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad.»
En particular, los recurrentes consideran que es nula la expresión «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos». Por conexión, recurren el resto del párrafo segundo y también el párrafo tercero del mismo apartado tercero del artículo 84, en la nueva redacción dada al mismo por la disposición sexagésima primera del artículo único de la LOMCE.
También impugnan por conexión la disposición transitoria segunda de la LOMCE, titulada «aplicación temporal del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación», que tiene el siguiente contenido: «los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor».
En síntesis, los impugnantes cuestionan el modelo educativo consistente en la aplicación de un sistema que diferencia por sexos, ya sea en la admisión de los alumnos y alumnas, ya sea en la organización de la enseñanza. Consideran, en primer lugar, que es inconstitucional por incurrir en una discriminación prevista en el artículo 14 CE. Añaden después que, aunque fuera constitucional, las Administraciones educativas deberían poder denegar el concierto a quienes desarrollaran ese tipo de educación pues vulnera los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE.
Con carácter previo al análisis de cada uno de los argumentos expresados en el recurso, es preciso conceptualizar la educación diferenciada por sexos. Si se tratara de una determinada concepción de la vida o cosmovisión con un contenido filosófico, moral o ideológico, ello situaría el análisis constitucional de la impugnación en la perspectiva del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE), con el contenido y los límites que le son inherentes. Pero la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos perseguidos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trata de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos. Así se desprende del artículo 84.3 LOE, que impone a los centros que opten por ese modelo la obligación de exponer las razones educativas de la elección de dicho sistema, lo que excluye de principio que la implantación del modelo pueda responder a otro tipo de motivaciones ajenas a las educativas.
El análisis del modelo, tal y como exponen los recurrentes, ha de efectuarse concretando, en primer lugar, si resulta posible desde la perspectiva constitucional una fórmula pedagógica que escolariza separadamente a los alumnos y a las alumnas y, en segundo lugar, si dicha fórmula permite alcanzar los objetivos que nuestra Constitución asigna a la educación, que se concretan en «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 CE)».
a) Comenzando por el primero de los motivos impugnatorios, los recurrentes reprochan al precepto cuestionado que incurre en una discriminación prohibida por el artículo 14 CE, en su segundo inciso —«sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de… sexo»—. Entienden que la norma impugnada permite una diferencia de trato que no resulta suficientemente justificada. La vulneración constitucional que se denuncia se circunscribe, por tanto, a la eventual lesión del artículo 14 en relación con el artículo 27 CE.
Nuestro análisis se va a efectuar, teniendo en cuenta, sucesivamente, el Derecho internacional aplicable y la ordenación comparada de esta materia. Posteriormente, se comprobará el encaje del precepto cuestionado en el marco constitucional a la luz de nuestra doctrina.
Por ello, para la resolución del presente recurso es obligado emplear, por lo pronto, el parámetro exegético que ofrecen los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Lo impone así, expresamente, el artículo 10.2 CE. Aunque hemos precisado que «los Tratados internacionales no constituyen canon para el enjuiciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal» (SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 4; 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 254/1993, de 20 de julio, FJ 5; 235/2000, de 5 de octubre, y 12/2008, de 29 de febrero, FJ. 2), no obstante, ello «no puede ser óbice para subrayar la importancia que reviste la remisión constitucional (art. 10.2 CE) a determinados instrumentos de Derecho internacional como criterio interpretativo de los derechos fundamentales» (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 2) y ello porque, según reitera la STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 3, «esa decisión del constituyente expresa el reconocimiento de nuestra coincidencia con el ámbito de valores e intereses que dichos instrumentos protegen, así como nuestra voluntad como Nación de incorporarnos a un orden jurídico internacional que propugna la defensa y protección de los derechos humanos como base fundamental de la organización del Estado». En suma, es obligado interpretar el contenido de los derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Por otro lado, la importancia de la interpretación con los criterios a que se refiere el artículo 10.2 CE es evidente en relación con los derechos reconocidos por el artículo 27 CE. La lectura de los debates de las Cortes constituyentes muestra que tal previsión hermenéutica fue incorporada en el Senado al hilo del debate relativo al que luego sería el definitivo artículo 27 de la Constitución, es decir, en relación con los derechos precisamente consagrados en ese precepto. Existe una estrecha ligazón, por tanto, entre el contenido del artículo 27 CE y la voluntad del constituyente de que su interpretación se hiciera, entre otros criterios, a la luz de los textos internacionales suscritos por el Reino de España. Se trata de un dato que ha de ser tenido en cuenta, pues, como hemos dicho en la STC 5/1981, FJ 9, que precisamente llevó a cabo una labor interpretativa del artículo 27 CE, «los debates parlamentarios son un importante elemento de interpretación, aunque no la determinen». Y en un sentido similar, la más reciente STC 8/2013, de 17 de enero, FJ 8, con cita de la STC 68/1996, de 21 de mayo, FJ 10, indica que «los debates parlamentarios pueden servir de auxilio para desentrañar el alcance y sentido de las disposiciones constitucionales y de las integrantes del bloque de la constitucionalidad». En este sentido, pues, resulta especialmente necesario en este caso acudir a los textos internacionales para interpretar las normas constitucionales aplicables, sin que ello suponga, obvio es decirlo, prescindir del resto de los parámetros exegéticos habituales en nuestras resoluciones.
A lo anterior cabría añadir aún que en el presente caso, además, el propio texto legislativo llama a un precepto convencional concreto para integrar su contenido. En particular, indica que no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de enseñanzas diferenciadas por sexos siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones de la UNESCO, de 1960.
También habrán de tenerse en consideración otros textos internacionales relevantes, entre los que se hallan el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979.
Contrariamente a lo pretendido por los recurrentes, la obligación de interpretar las normas constitucionales sobre derechos fundamentales de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales en la materia no se limita a aquellos convenios firmados o ratificados por España con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución. Ciertamente, este Tribunal ha considerado en la STC 198/2012, de 6 de noviembre, que los tratados «se van incorporando paulatina y constantemente a nuestro ordenamiento, a medida que, acordados en el seno de la sociedad internacional, la Unión Europea o el Consejo de Europa, España los ratifica, con lo cual la regla hermenéutica del artículo 10.2 CE lleva asociada una regla de interpretación evolutiva». Pero ello no excluye en modo alguno la llamada a los tratados internacionales, especialmente los de ámbito universal, que entraron en vigor antes que nuestro texto constitucional. El propio artículo 10.2 CE se refiere expresamente a la Declaración universal de derechos humanos, proclamada por la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre de 1948. También los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, de los que España es parte por instrumento de ratificación de 13 de abril de 1977 —por tanto, antes de la entrada en vigor de la Constitución—, han venido siendo utilizados por este Tribunal con toda normalidad como parámetro interpretativo de los derechos fundamentales.
Sentadas las premisas precedentes, podemos adentrarnos en el análisis de los textos internacionales que resultan relevantes en este caso, especialmente la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Dicho texto fue adoptado el 14 de diciembre de 1960 por la conferencia general de la UNESCO, siendo España parte de la Convención mediante instrumento de ratificación de 20 de agosto de 1969. El artículo 1 de la Convención prohíbe de manera nítida cualquier género de discriminación educativa por razón de sexo, indicando que «a los efectos de la presente Convención, se entiende por 'discriminación' toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza». Seguidamente, el artículo 2 determina que, siempre que el Estado las permita, «no son constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1: a) la creación o mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes».
La mera lectura de ese precepto permite apreciar que lo relevante a los efectos de analizar una posible discriminación de la educación diferenciada por sexos es la equivalencia en el acceso de los alumnos y alumnas a la enseñanza, en las condiciones de prestación y en los contenidos docentes. Por el contrario, no es determinante en sí mismo, a tales efectos, si el modelo pedagógico es de coeducación o de educación diferenciada por sexos, siempre que esté garantizada aquella equivalencia. De esta forma, en los términos de la Convención, la educación diferenciada por sexos no es discriminatoria, como tampoco lo es la educación separada por motivos lingüísticos o religiosos o en centros privados, siempre que se cumplan las condiciones previstas en ese texto internacional.
En la línea de lectura evolutiva de los textos internacionales a la que antes nos hemos referido, conviene poner de relieve que la previsión de la Convención de 1960 que se acaba de exponer fue confirmada expresamente por el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU en diciembre de 1999 (vigésimo primer período de sesiones, 1999). En esa fecha, se aprobó la observación general núm. 13, relativa al derecho a la educación consagrado en el artículo 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 [U.N. Doc. E/C.12/1999/10 (1999)]. El apartado 33 de dicha observación reiteró los términos del artículo 2 del Convenio de 1960, señalando expresamente que «el Comité ratifica el artículo 2 de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960)». Respecto al valor de este género de textos emanados del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hemos de aplicar el mismo criterio que el sostenido en relación con los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sentado en la STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5. En este sentido, indica dicha Sentencia que ya que las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE), esa «interpretación… no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales (STC 81/1989, de 8 de mayo, FJ 2)».
Como acertadamente ponen de relieve los recurrentes, es preciso tener también en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, de 18 de diciembre de 1979. Dicho texto fue ratificado por España por instrumento de 16 de diciembre de 1983. Se prevé en él que los Estados parte se han de comprometer al «estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza». No es una norma prohibitiva, por tanto, sino de fomento, y no proscribe la existencia de otros modelos educativos. Obliga de manera expresa a estimular el modelo educativo mixto, objetivo claramente logrado en nuestro sistema, ya que es fácilmente constatable el predominio general de la enseñanza mixta en España. También obliga a estimular o fomentar otros modelos que contribuyan a la eliminación de los estereotipos de sexo; otros modelos distintos del mixto, pues este ya se menciona expresamente. De esta forma, la virtualidad de la Convención parece agotarse, en cuanto ahora interesa, en la obligación de promover los sistemas educativos tendentes a la eliminación de los estereotipos de sexo, entre los cuales se encuentra nominatim la educación mixta, pero sin cerrar la puerta a otros modelos diferentes al coeducativo y que también tiendan a lograr ese objetivo. Esa obligación de fomento se cumple con la previsión del artículo 84.3 LOE, que obliga a los centros que utilizan el método pedagógico basado en la educación diferenciada a exponer en su proyecto educativo «las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad», lo que no se exige expresamente a otro tipo de centros. De esta forma, se impone convencionalmente la obligación de estimular la educación que tienda a eliminar los estereotipos de sexo.
En resumen, el análisis de los textos internacionales que sirven de marco interpretativo de los derechos fundamentales aquí concernidos descarta el carácter discriminatorio del modelo de educación diferenciada en sí mismo considerado. Ahora bien, el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar.
La exposición de la situación en otros Estados de la Unión Europea en relación con los centros docentes de iniciativa privada, aunque desde luego no constituya parámetro de constitucionalidad alguno, sí puede tener un alcance didáctico en el curso de nuestro razonamiento, dada la existencia de unos valores comunes [artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)] en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, podemos citar en primer lugar el caso de Gran Bretaña, cuya Sex Discrimination (Amendment of Legislation) Regulations 2008, que excluye la educación de su ámbito de aplicación (artículo 9, capítulo I) y, por tanto, no impide la existencia de escuelas de educación diferenciada, que existen en ese país en un número apreciable.
En Francia, la Ley núm. 2008-496, de 27 de mayo de 2008, tras incluir expresamente el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, señala más concretamente —por lo que ahora nos afecta— que este principio «no es obstáculo.. para la organización de las enseñanzas agrupando los alumnos en función de su sexo» (artículo 2.4).
En la República Federal de Alemania, y ya en el ámbito netamente jurisdiccional, se ha dictado una sentencia por el Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo (Bundesverwaltungsgericht) el 30 de enero de 2013, precisamente en un asunto en el que el tema cuestionado era la compatibilidad de los sistemas de educación diferenciada con la Ley fundamental de Bonn. En dicha resolución se citan las previas sentencias del Bundesverfassungsgericht de 14 de noviembre de 1969 y 8 de junio de 2011 y se parte de que, tal y como se afirma en la sentencia del mismo Tribunal Constitucional Federal de 16 de mayo de 1995, cualquier escuela, pública o privada, debe cumplir objetivos de transmisión de conocimientos (Lehrziele) y también objetivos orientados a la formación humana (Erziehungziele). Entre estos últimos, que derivan directamente de la Constitución y han de ser interiorizados por el alumnado, se encuentra el de la igualdad de géneros. Según la sentencia, los alumnos también son capaces de efectuar esa interiorización (Verinnerlichung) de la igualdad de género en el marco de la educación diferenciada (apartado 38 de la sentencia). Por ello, llega a la conclusión de que está prohibido otorgar un trato desfavorable a las escuelas privadas en función de su modo distinto de organizar la formación en este aspecto (Die Benachteilung von Privatschulen allein wegen ihrer anderseitigen Erziehungsformen verbietet sich daher).
En Bélgica, el Decreto de 12 de diciembre de 2008, para la lucha contra ciertas formas de discriminación, prevé expresamente en su artículo 19 que una distinción en el acceso a la enseñanza por razón de sexo no constituye discriminación si está objetivamente justificada en una finalidad legítima y los medios de alcanzar dicha finalidad son apropiados y necesarios.
Fuera ya del marco de la Unión Europea, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América se ha basado en la Convención de la UNESCO de 1960, ya analizada, para resolver los asuntos sometidos a su decisión en esta concreta materia. En particular, ha considerado discriminatorios, por contrarios a la Equal Protection Clause de la decimocuarta enmienda, solo aquellos sistemas de educación separada que no proporcionan «a substantial equality in the separate educational opportunities» en los aspectos relativos a opciones curriculares, financiación, prestigio, o apoyo a los alumnos [sentencia dictada en el asunto United States vs. Virginia, 518 U.S. 515 (1996), 6 C)], y relativa a un instituto militar subvencionado por el Estado.
En definitiva, en los distintos Estados aludidos se pone de manifiesto que el modelo pedagógico consistente en una educación diferenciada por sexos no es considerado un caso de discriminación por razón de sexo.
Adentrándonos ya en el estudio de la compatibilidad del precepto cuestionado con los derechos fundamentales de nuestra Constitución, hemos de comenzar recordando que a partir de nuestra STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 7, hemos sostenido que «no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados», así como que «como este mismo Tribunal ha sostenido, el tratamiento diverso de situaciones distintas 'puede incluso venir exigido, en un Estado social y democrático de Derecho, para la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (art. 1), a cuyo efecto atribuye además a los Poderes Públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva' (STC 34/1981, de 10 de noviembre, FJ 3; doctrina reiterada, entre otras, en la STC 3/1983, de 25 de enero, FJ 3). La actuación de los Poderes Públicos para remediar, así, la situación de determinados grupos sociales definidos, entre otras características, por el sexo (y, cabe afirmar, en la inmensa mayoría de las veces, por la condición femenina) y colocados en posiciones de innegable desventaja en el ámbito laboral, por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun cuando establezca para ellos un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas».
En la interpretación del principio de igualdad, así como del principio de no discriminación, ambos incluidos en el artículo 14 CE, pero diferenciables jurídicamente, este Tribunal ha efectuado entre otras, en la STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4, las siguientes consideraciones, pertinentes para el análisis del recurso que nos ocupa:
«La virtualidad del artículo 14 CE no se agota… en la cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que a continuación el precepto constitucional se refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación. Esta referencia expresa a tales motivos o razones de discriminación… representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el artículo 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 5; 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2; 145/1991, de 1 de julio, FJ 2).
En este sentido, el Tribunal Constitucional… ha venido declarando la ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados respecto de los que operan como factores determinantes o no aparecen fundados más que en los concretos motivos o razones de discriminación que dicho precepto prohíbe, al tratarse de características expresamente excluidas como causas de discriminación por el artículo 14 CE (con carácter general respecto al listado del artículo 14 CE, SSTC 83/1984, de 8 de febrero, FJ 3; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; en relación con el sexo, entre otras, SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 6; 207/1987, de 22 de diciembre, FJ 2; 145/1991, de 1 de julio, FJ 3; 147/1995, de 16 de octubre, FJ 2; 126/1997, de 3 de julio, FJ 8...).
No obstante este Tribunal ha admitido también que los motivos de discriminación que dicho precepto constitucional prohíbe puedan ser utilizados excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica (en relación con el sexo, entre otras, SSTC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ 6; 128/1987, de 26 de julio, FJ 7; 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 126/1997, de 3 de julio, FJ 8…) si bien en tales supuestos el canon de control, al enjuiciar la legitimidad de la diferencia y las exigencias de proporcionalidad, resulta mucho más estricto, así como más rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación.
Al respecto tiene declarado que, a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el artículo 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex Constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad (SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, con cita de las SSTC 229/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 75/1983, de 3 de agosto, FFJJ 6 y 7; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6). También resulta que en tales supuestos la carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos que quedan genéricamente dentro de la cláusula general de igualdad del artículo 14 CE, al venir dado el factor diferencial por uno de los típicos que el artículo 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la religión, el nacimiento y las opiniones (STC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 2).»
Aplicando esas consideraciones al presente caso, resulta evidente que es necesario ponderar, en primer lugar, si nos encontramos aquí en el supuesto de hecho explicitado en el inciso del artículo 14 CE que proscribe la discriminación por razón de sexo. Desde una perspectiva estrictamente literal del mismo, la separación de los alumnos por sexos en el proceso educativo institucionalizado constituye una diferenciación jurídica entre niños y niñas, en concreto en cuanto al acceso al centro escolar. Sin embargo, responde a un modelo o método pedagógico que es fruto de determinadas concepciones de diversa índole que entienden que resulta más eficaz un modelo de educación de esta naturaleza que otros. En la medida en que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza (artículo 27.1 CE), resulta conforme a ella cualquier modelo educativo que tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios y a los derechos y libertadas fundamentales que reconoce el artículo 27.2 CE.
A lo anterior habría que añadir, como ya se ha indicado, que el apartado tercero del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de educación, viene a establecer que «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de enseñanzas diferenciadas siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme lo dispuesto en la en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960». El precepto, pues, acoge expresamente la idea de discriminación en la enseñanza que aparece en dicho texto internacional suscrito por España, considerando que el método de educación diferenciada se acomoda al modelo constitucional.
Por otro lado, desde el punto de vista de la cobertura constitucional de la educación diferenciada, hemos de recordar que se trata de una opción pedagógica de voluntaria adopción por los centros y de libre elección por los padres y, en su caso, por los alumnos. Como tal, forma parte del ideario educativo o carácter propio de los centros docentes que opten por tal fórmula educativa. La STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 8, indica que «tratándose de un derecho autónomo, el derecho a establecer un ideario no está limitado a los aspectos religiosos y morales de la actividad educativa. Dentro del marco de los principios constitucionales, del respeto a los derechos fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes finalidades necesarias de la educación mencionada, entre otros lugares, en el artículo 27.1 CE y en el 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en cuanto se trate de centros que… hayan de dispensar enseñanzas regladas, ajustándose a los mínimos que los poderes públicos establezcan respecto de los contenidos de las diversas materias, número de horas lectivas, etc. el ideario educativo propio de cada centro puede extenderse a los distintos aspectos de su actividad.» Nuestra STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 8, confirma la interpretación sentada por la STC 5/1981 en relación con el concepto de ideario, descartando una posible interpretación de la Ley Orgánica del derecho a la educación, entonces impugnada, a tenor de la cual el término «carácter propio» del centro, sinónimo o término equivalente del de «ideario» en dicha ley, hubiera de limitarse a aspectos morales y religiosos, excluyendo cualquier otro aspecto. Ese concepto de ideario educativo o carácter propio del centro ha sido asumido por la LOE, y de ello es ejemplo la inserción del sistema de educación diferenciada como contenido posible de ese carácter propio. El artículo 84.3 LOE indica que el sistema de educación diferenciada deberá ser incorporado al proyecto educativo del centro que lo emplee. De acuerdo con el artículo 121.1 LOE, el proyecto educativo recogerá los «valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas». En síntesis, en términos del artículo 121.6 LOE «el proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley». En suma, la opción por un determinado modelo pedagógico forma parte del derecho al ideario o carácter propio del centro.
El ideario puede ser considerado en gran medida, aunque no sólo, como punto de convergencia que posibilita el ejercicio del derecho de creación de centros y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, poniendo en conexión oferta y demanda educativa. Como pusimos de manifiesto en la STC 5/1981, el derecho de los titulares de centros privados a establecer un ideario propio, con los límites establecidos en el artículo 27.2 CE a los que más tarde se hará alusión, «forma parte de la libertad de creación de centros en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a estos de un carácter u orientación propios. Esta especificidad explica la garantía constitucional de creación de centros docentes que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también la Constitución consagra».
La existencia de un ideario educativo es una derivación o faceta, por tanto, de la libertad de creación de centros docentes y se mueve dentro de los límites de dicha libertad. Como expusimos en nuestra STC 5/1981, la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución implica el derecho a crear instituciones educativas (artículo 27.6), aunque dentro de determinados límites, más estrechos que los de la pura libertad de expresión, con la que la libertad de enseñanza tiene cierto paralelismo, pues «en tanto que (aquella)… (artículo 20.4 de la Constitución) está limitada esencialmente por el respeto a los demás derechos fundamentales, y por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia, el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional, impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a los principios constitucionales que, como los del título preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España…) no consagran derechos fundamentales». Además, existe la limitación «muy importante, derivada del artículo 27.2 de la Constitución, de que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia...) que no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva». Dentro de esos límites para la creación de centros docentes se encuentra, por último, respecto de aquellos que han de impartir enseñanzas regladas, el de que, «además de orientar su actividad, como exige el apartado segundo del artículo 27 hacia el pleno reconocimiento de la personalidad humana en el respeto a los principio democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, con las precisiones y matizaciones que de algunos aspectos de este enunciado hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), se han de acomodar a los requisitos que el Estado imponga a los centros de cada nivel».
El derecho a establecer un ideario, por tanto, tiene directa cobertura constitucional y está sometido a los límites propios del derecho a la creación de centros de enseñanza, derecho de libertad que no se agota en el momento inicial del establecimiento de la entidad educativa, sino que se prolonga en el ejercicio de las facultades de dirección del mismo. Esos límites han sido concretados en nuestra STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2 que, aunque referida a los casos de creación de universidades, resulta de plena aplicación a la impugnación que ahora resolvemos. En esta sentencia decíamos lo siguiente: «ha de partirse de la determinación que este Tribunal ha hecho en cuanto a la naturaleza y contenido esencial del derecho a la libertad de creación de centros docentes del artículo 27.6 CE, a cuyo tenor: «Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales». En cuanto al primer aspecto (naturaleza), nuestra STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 9 ha precisado que «el derecho del titular del Centro no tiene carácter absoluto y está sujeto a límites y a posibles limitaciones, quedando siempre a salvo, de acuerdo con el artículo 53.1 CE, su contenido esencial»; también en el fundamento jurídico 20: «[S]i bien caben, en su caso, limitaciones a tal derecho de dirección, habría de dejar a salvo el contenido esencial del mismo… Una de estas limitaciones es la que resulta de la intervención estatal, respaldada constitucionalmente por el artículo 27.9 CE, para el caso de Centros con respecto a los cuales los poderes públicos realizan una labor de ayuda, particularmente a través de la financiación total o parcial de la actividad, al disponer que 'los poderes públicos ayudarán a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca' con lo que, a salvo, repetimos, lo arriba dicho sobre el contenido esencial del derecho en cuestión, supone la posibilidad de establecer condicionamientos y limitaciones legales del mismo respecto a dichos Centros». En consecuencia, el derecho fundamental del artículo 27.6 CE no es un derecho absoluto sino que el legislador puede actuar regulando las condiciones de su ejercicio, siempre y cuando respete su contenido esencial. El propio artículo 27 CE contiene dos de esas limitaciones, las de los apartados séptimo (al que se refiere la demanda) y noveno (analizado en el pasaje transcrito de la STC 77/1985), pero ambas no agotan, cabe insistir, las posibilidades de modulación en el funcionamiento del centro docente, público o privado. Sin olvidar además, que la libertad de creación referida ha de enmarcarse siempre, por mor del propio enunciado constitucional, «dentro del respeto a los principios constitucionales» (art. 27.6 CE).
Sobre el derecho a establecer un ideario propio de los centros docentes confluyen, pues, dos perspectivas: de un lado, se trata de una faceta, aspecto o vertiente del derecho a crear centros docentes, que debe conceptuarse como un derecho de libertad, con los límites que como tal le son inherentes, a los que más adelante nos referiremos. Además, el derecho al ideario está conectado con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, aunque entre ambos no existe relación de instrumentalidad necesaria, que no excluye, empero, la existencia de «una indudable interacción» entre ellos. En este sentido, «el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque es obvio que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral.» Esa falta de identidad, que no impide una indudable conexión, entre el derecho al ideario y el derecho de los padres a la elección de centro escolar se encuentra ejemplificada en el asunto resuelto por este Tribunal en la STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 5, en la que descartábamos que ese derecho de los padres se proyectara sobre un modelo pedagógico concreto.
En este plano, hay que partir nuevamente de que la educación diferenciada por razón de sexo se presenta por sus promotores como un determinado tipo o modelo pedagógico, sobre el que este Tribunal —obvio es decirlo— no puede ofrecer criterio valorativo alguno. Sí es relevante para nuestro análisis, sin embargo, que esa caracterización implica su consideración como una parte del ideario o carácter propio del centro que escoge esa fórmula educativa. De esta forma, para analizar su conformidad con el texto constitucional ha de analizarse si cumple los límites del derecho de creación de centros docentes, del que, como ya se ha expuesto, nace el derecho al ideario.
En este sentido, resulta claro que el carácter propio o ideario no sería aceptable si tiene un contenido incompatible por sí mismo con los derechos fundamentales o si, sin vulnerarlos frontalmente, incumple la obligación, derivada del artículo 27.2 de la Constitución, de que la educación prestada en el centro tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales en su concreta plasmación constitucional, pues estos han de inspirar cualquier modelo educativo, público o privado.
Estas dos son las perspectivas que asumen los recurrentes cuando indican en su recurso que establecer diferencias entre grupos sociales, como la que supone la educación por separado de niños y niñas, conlleva un riesgo muy alto de considerar a uno de ellos como inferior, y añaden que este Tribunal ha exigido que cualquier diferencia que se realice en estos ámbitos deba tener una especial justificación para que no sea considerada sospechosa (STC 147/1995, de 16 de octubre, FFJJ 2 y 6). Para los recurrentes, la separación en las aulas sería discriminatoria por no existir en este caso esa justificación reforzada, pues las meras razones basadas en el diferente grado de maduración de niños y niñas no serían suficientes a estos efectos. Pero ya hemos expresado que la educación diferenciada no puede ser considerada discriminatoria, siempre que se cumplan las condiciones de equiparabilidad entre los centros escolares y las enseñanzas a prestar en ellos a que se refiere la Convención de 1960, lo que en nuestro caso está fuera de toda duda, pues está garantizado el puesto escolar en todos los casos; y la programación de las enseñanzas que corresponde a los poderes públicos ex artículo 27.5 CE, así como la forma esencial de prestación de las mismas, no hacen distinción alguna entre centros mixtos, centros femeninos y centros masculinos. Si alguna diferencia de trato indebida existiera sólo sería atribuible al centro escolar en la que se produjera, y no sería imputable al modelo en sí. Por lo tanto, no se cumple la premisa de la que parten los recurrentes, la de que la educación diferenciada implica una discriminación. Por ello, no resulta necesario adentrarse en el análisis propuesto en el recurso, según el cual esa discriminación no estaría suficientemente justificada.
Como conclusión, el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria. Por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio, en los términos que hemos expuesto precedentemente.
b) Sentada esa primera conclusión, es preciso detenerse ahora en la impugnación que los recurrentes realizan del último párrafo del artículo 84.3 LOE en la redacción del mismo operada por la LOMCE, que plantean con carácter subsidiario para el caso de que este Tribunal no considere que la educación diferenciada contradice frontalmente la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 CE. El párrafo ahora cuestionado es el siguiente:
«En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad.»
Los recurrentes consideran que esa previsión vulnera los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE.
Es decir, si en un primer paso los recurrentes cuestionan frontalmente la constitucionalidad del modelo invocando la lesión del artículo 14 CE, en un segundo paso el recurso no cuestiona el modelo en sí, sino la obligación de financiarlo en igualdad de condiciones con los centros coeducativos, pues ello supondría la lesión de los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE. La educación separada, afirman los recurrentes, no contribuye a hacer efectiva la igualdad de sexos ni tiene por objeto el respeto de los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales.
En realidad, lo que se postula en la demanda es que el hecho de prestar educación diferenciada no es un dato neutro a la hora de la suscripción de los conciertos educativos o en relación con «cualquier otro aspecto», de modo que las Administraciones educativas habrán de diferenciar entre aquellos centros que imparten educación mixta de aquellos otros que optan por una educación diferenciada, de modo que se impida a estos últimos acceder a los conciertos. Este Tribunal ha descartado la existencia de un derecho constitucional a ser tratado de forma diferenciada, pues el artículo 14 no ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, ni tampoco un derecho a imponer diferencias de trato. En suma, no existe un derecho fundamental a la singularización normativa. En los términos de la STC 241/2000, de 16 de octubre, FJ 5, «el artículo 14 CE reconoce el derecho a no padecer discriminaciones, pero no ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales (SSTC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3; 2/1987, de 21 enero, FJ 3; 136/1987, de 22 de julio, FJ 6; 19/1988, de 16 de febrero, FJ 6; 308/1994, de 21 de noviembre, FJ 5; 36/1999, de 22 de marzo, FJ 3)». De este modo, sólo en el caso de que el régimen de educación diferenciada fuera inconstitucional, podría objetarse la opción del legislador de tratar de manera igualitaria ambos modelos pedagógicos en el ámbito de los conciertos educativos.
La financiación pública de los centros educativos privados responde, esencialmente, a lo dispuesto en tres preceptos constitucionales: en primer lugar, a lo establecido en el artículo 27.9 CE, a tenor del cual «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca»; en segundo lugar, a la previsión del artículo 27.4 CE, según el cual « la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» y, por último, al artículo 9.2 CE, que indica que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».
De esta forma, si bien el anclaje constitucional de la financiación pública se encuentra, básicamente, en el artículo 27.9 CE, no puede obviarse que el apartado cuarto de ese mismo precepto constitucional impone la gratuidad en la educación básica, que hemos considerado un derecho de prestación (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3). La relación entre ambos apartados del artículo 27 CE es clara por dos razones. La primera, porque existe entre todos los preceptos que integran ese artículo «una estrecha conexión… derivada de la unidad de su objeto» (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3). La segunda razón, más específica, radica en que, como hemos declarado desde la citada STC 86/1985, la norma en la que se definan las condiciones de financiación de los centros privados ex artículo 27.9 CE «no podrá, en particular, contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el artículo», lo que obliga a tomar en consideración las exigencias de gratuidad de la enseñanza que impone el apartado cuarto de ese artículo 27.
Por otro lado, esa gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, negándola a todos los centros privados, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública, al menos en el nivel básico, impidiendo la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Ello cercenaría de raíz, no solo el derecho de los padres a elegir centro docente, sino también el derecho de creación de centros docentes consagrado en el artículo 27.6 CE, cuyo contenido esencial hemos precisado, últimamente, en la STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2, recogiendo lo expuesto en nuestra STC 77/1985, de 27 de junio, FFJJ 9 y 20. En este sentido, la financiación pública de los centros privados sirve al contenido prestacional consagrado en el artículo 27.4 CE.
Ello no quiere decir, obviamente, que cualquier centro privado haya de ser financiado públicamente en los niveles obligatorios. Como expusimos en la STC 86/1985, de 10 de julio «el derecho a la educación —a la educación gratuita en la enseñanza básica— no comprende el derecho a la gratuidad en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales». De este modo, una vez justificada la inexistencia de recursos públicos para financiar en cada caso el centro privado de que se trate, los poderes públicos podrán aplicar los criterios establecidos en la norma legal dictada en desarrollo del artículo 27.9 CE, para priorizar el alcance de esa financiación.
El concierto es el modelo adoptado por el legislador para dar cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 27.9 CE, aunque también cabrían otras fórmulas de ayuda distintas. De este modo, los conciertos educativos están enmarcados en el ámbito prestacional del más genérico derecho a la educación. Como hemos expresado en nuestra STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3, «el derecho de todos a la educación… incorpora así, sin duda, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional…) Al servicio de tal acción prestacional de los poderes públicos se hallan los instrumentos de planificación y promoción mencionados en el núm. 5 del mismo precepto, así como el mandato, en su apartado 9, de las correspondientes ayudas públicas a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca». Ahora bien, continúa la Sentencia, «el citado artículo 27.9, en su condición de mandato al legislador, no encierra sin embargo, un derecho subjetivo a la prestación pública. Esta… habrá de ser dispuesta por la Ley… Ley de la que nacerá, con los requisitos y condiciones que en la misma se establezcan, la posibilidad de instar dichas ayudas y el correlativo deber de las administraciones públicas de dispensarlas, según la previsión normativa». Como ya hemos expuesto, ello no significa, sin embargo, que el legislador sea enteramente libre para configurar el régimen prestacional que se ampara en el artículo 27.9 CE, sino que «la Ley que reclama el artículo 27.9 no podrá, en particular, contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo y deberá asimismo, configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad.» Por otro lado, como reconoce la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11, la previsión del artículo 27.9 CE «no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda, ya que, como señala el artículo 9 de la C.E. 'los poderes públicos están sujetos a la Constitución' y por ello, los preceptos de esta —expuesto o no, como en el presente caso, en forma imperativa—, tienen fuerza vinculante para ellos».
En desarrollo de esa doctrina, el artículo 116 LOE, no impugnado por los recurrentes, establece que «los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos, sin que la elección de centro por razón de su carácter propio pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto». La referencia al artículo 108 trae a colación, en particular, el «derecho de los padres o tutores… a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos».
Fijado el marco en el que debemos movernos, hemos de dar respuesta ahora a la concreta impugnación formulada en la demanda. Para ello, hemos de partir necesariamente de la conclusión, a la que hemos llegado precedentemente, de que el modelo pedagógico de educación diferenciada no es discriminatorio per se. Por otro lado, si impidiera la consecución de los objetivos consagrados en el artículo 27.2 CE, centrados en «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», la conclusión sería, no la imposibilidad de ayudar a los centros que practicaran esa fórmula pedagógica, sino la inconstitucionalidad del modelo, pues, como dijimos en la STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 7, el artículo 27.2 CE no opera como un mero límite externo, sino que impone que «la enseñanza haya de servir determinados valores (principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva». Dichos valores son los que indubitadamente nacen del propio texto constitucional, teniendo en cuenta que son ajenos a ellos los principios o reglas que nuestra Constitución ha dejado abiertos a la dialéctica democrática y cuya determinación concreta se remite a la libre acción del legislador.
El modelo de educación separada o diferenciada tampoco contradice en sí mismo la obligación de los poderes públicos de promover activamente la igualdad en los términos del artículo 9.2 CE, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 84.3 LOE obliga a los centros que apliquen ese modelo pedagógico a exponer en su proyecto educativo «las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad», lo que garantiza que dichos centros adopten una serie acciones positivas encaminadas a la promoción de valores. En relación con el artículo 9.2 CE, este Tribunal ha afirmado que «la igualdad que el artículo 1.1 de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico —inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento reviste, pero también, a la de Estado de Derecho— no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el artículo 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva» (STC 216/1991, de 14 de noviembre, FJ 5). En los términos de la STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4, «el artículo 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material… Este precepto constitucional, por tanto, encomienda al legislador la tarea de actualizar y materializar la efectividad de la igualdad». De esta forma, el artículo 9.2 CE habilita y mandata al legislador para llevar a cabo fórmulas tendentes a hacer efectiva la igualdad material, en este caso entre mujeres y hombres. Pero ni le impone la adopción de medidas concretas, ni tampoco le exige acordar ningún género de prohibiciones, como sería en este caso la de otorgar un concierto, sino que sólo le faculta, in genere, para «promover, remover y facilitar». En el plano concreto de la educación, el sistema educativo se inspira entre, otros, en el principio de «desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género» (artículo 1.l LOE) y se orienta, entre otros fines, a la «educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres» [artículo 2.1 b) LOE]. Por su parte, los objetivos concretados para cada una de las etapas educativas inciden en esos aspectos. Así, para la educación primaria se fija como objetivo el desarrollo de actitudes «contrarias a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas» [artículo 17 m) LOE]; la educación secundaria se encamina a «valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos» y a «rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres» [artículo 23 c) LOE]; el bachillerato deberá contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan «fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real» [artículo 33 c) LOE]; y, finalmente, la formación profesional tiene como uno de sus objetivos el de «fomentar la igualdad efectiva de oportunidades de mujeres y hombres» [artículo 40.1 e)]. Todos los centros docentes, cualquiera que sea su carácter propio, tienen como obligación la de contribuir al logro de dichos objetivos educativos. En esta misma línea, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, de 18 de diciembre de 1979, obliga a los Estados parte al «estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza». Por lo tanto, existe una obligación positiva de fomento de aquellas formulas metodológicas que contribuyan a la eliminación de los estereotipos sexistas.
Pero de esa obligación positiva no se desprende en modo alguno una prohibición de ayuda a los centros docentes que utilicen como método pedagógico la educación diferenciada. No existe dato alguno que permita llegar a la conclusión de que dicho sistema, en cuanto tal, no sirve a los fines exigidos constitucionalmente, y en particular, a la conclusión de que no está inspirado en los principios democráticos de convivencia o en los derechos y libertades fundamentales, o de que no cumple los objetivos marcados por las normas generales.
Por lo tanto, dado que no existe ningún elemento que conduzca a imputar a la educación diferenciada una incapacidad estructural para el logro de los objetivos educativos marcados constitucionalmente, lo determinante será el análisis de cada centro en particular. Para garantizar la promoción de esos valores, objetivos o principios, junto al ejercicio de la función general de inspección educativa que corresponde a los poderes públicos, resulta suficiente la cautela establecida en el artículo 83.4 de la ley, que impone a los centros concertados que eduquen diferenciadamente, y sólo a estos, la obligación de «exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad».
En consecuencia, y dado que las ayudas públicas previstas en el artículo 27.9 CE han de ser configuradas «en el respeto al principio de igualdad» (STC 86/1985, FJ 3), sin que quepa justificar un diferente tratamiento entre ambos modelos pedagógicos, en orden a su percepción, la conclusión a la que ha de llegarse es la de que los centros de educación diferenciada podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos; dicho acceso vendrá condicionado por el cumplimiento de los criterios o requisitos que se establezcan en la legislación ordinaria, pero sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso.
5. El segundo grupo de vulneraciones denunciadas por la demanda tiene un eje común: la contravención del derecho de los profesores, padres y, en su caso, alumnos, a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, garantizado por el artículo 27.7 CE, interpretado sistemáticamente con los artículos 9.2 y 53.1 CE. Bajo esa cobertura, se impugnan las letras a), b), e), h) e i) el artículo 127 LOE, reformado por la disposición octogésima del artículo único LOMCE, que reforma y por conexión y consecuencia las letras l), m), n), ñ) o) del artículo 132 LOE en la modificación operada por la disposición octogésima primera del mismo artículo único. También se recurre el apartado tercero de la disposición final segunda LOMCE por la que se da nueva redacción a los apartados a), b), f), h) j) k), l) y m) del artículo 57 LODE, el primero —a)— en relación con lo dispuesto en el apartado cuarto de la misma disposición final segunda LOMCE, que da nueva redacción al artículo 59 LODE, y el apartado b) en relación con el apartado quinto de la disposición final segunda, que da nueva redacción al artículo 60 LODE.
Sintéticamente expuesto, el hilo conductor de la impugnación es que la reforma legal operada por la LOMCE desnaturaliza el derecho de los profesores, padres y en su caso, alumnos, a «intervenir en el control y la gestión» de los centros sostenidos con fondos públicos. Es ese elemento de «intervención» a través del consejo escolar el que queda comprometido en el nuevo modelo, según argumentan los recurrentes. Para llegar a esa conclusión parten de que dicho órgano pasa a tener una función de simple informe y propuesta, sin capacidad de codecisión ni corresponsabilidad alguna con el titular del centro o su director. Ello afecta, no solo a los centros de titularidad pública, sino también a los privados concertados. Se violentaría así el contenido esencial del derecho de participación consagrado en el artículo 27.7 CE.
La nueva redacción de los preceptos modificados es la que sigue:
Artículo 127 LOE. Competencias del Consejo Escolar.
«El consejo escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
...
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
…
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.»
Artículo 132 LOE. Competencias del director.
«Son competencias del director:
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.»
Artículo 57 LODE.
«Corresponde al consejo escolar del centro, en el marco de los principios establecidos en esta Ley:
a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.
b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 60.
…
f) Informar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el equipo directivo.
…
h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares.
…
j) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos.
l) Informar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro.
m) Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes.»
«Artículo 59 —LODE—.
1. El director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo Escolar del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes.
2. El mandato del director tendrá una duración de tres años. No obstante lo anterior, el titular podrá destituir al director antes de la finalización de dicho plazo cuando concurran razones justificadas de las que dará cuenta al Consejo Escolar del centro.»
Artículo 60 LODE.
«1. Las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán públicamente.
2. A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el titular, establecerá los criterios de selección, que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad.
3. El titular del centro, junto con el director, procederá a la selección del personal, de acuerdo con los criterios de selección que tenga establecidos el Consejo Escolar del centro.
4. El titular del centro dará cuenta al Consejo Escolar del mismo de la provisión de profesorado que efectúe.
5. La Administración educativa competente verificará que los procedimientos de selección y despido del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y podrá desarrollar las condiciones de aplicación de estos procedimientos.»
Con la finalidad de sistematizar los argumentos expuestos en el recurso, analizaremos en primer lugar la doctrina constitucional sobre el derecho de participación que los impugnantes entienden conculcado, con expresión de su alcance y límites. Posteriormente, aplicaremos las conclusiones alcanzadas a los motivos impugnatorios, empezando por los que se refieren a los centros públicos y terminando por los que afectan a los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos.
Tal y como ha señalado nuestra doctrina, el derecho de intervención en el control y gestión de los centros docentes, mencionado en el artículo 27.7 CE, es un instrumento del más genérico derecho de participación que reconoce el apartado quinto del mismo artículo. También hemos precisado que el derecho fundamental reconocido en el artículo 27.7 CE «afecta tan solo a los centros 'sostenidos por la Administración con fondos públicos', que son los de creación pública y parte de los de creación privada» (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 18).
Respecto al contenido esencial de ese derecho, hemos dicho en nuestra STC 77/1985, FJ 21 que «este derecho a la intervención debe considerarse como una variedad del de participación… como se proclama, tanto en el Preámbulo de la Ley que desarrolla el principio de participación establecido en el artículo 27.7 de la C.E., como en la sentencia 5/1981, de este T.C.… se refiere al derecho de participación previsto en el artículo 27.5 y 7 de la C.E. Por ello este derecho puede revestir, en principio, las modalidades propias de toda participación, tanto informativa como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro del ámbito propio del control y gestión, sin que deba limitarse necesariamente a los aspectos secundarios de la administración de los Centros. Se deja así por la CE, a la libertad de configuración del legislador la extensión de esta participación, con los límites consistentes en el respeto del contenido esencial del derecho garantizado (STC 5/1981, FJ 15) y de otros mandatos constitucionales. Más concretamente, el límite máximo del derecho a la intervención en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos estaría, en lo que aquí nos concierne, en el respeto del contenido esencial de los derechos de los restantes miembros de la comunidad escolar, y, en este caso, del derecho del titular, a la creación y dirección del centro docente.» Y añade la STC 77/1985, que el hecho de que el centro sea sostenido con fondos públicos no implica la posibilidad de exigir al titular del centro la renuncia al ejercicio de derechos fundamentales, ya que «tal sostenimiento viene impuesto a los poderes públicos por la C.E. sin que esta asocie a su prestación la desaparición de los derechos fundamentales del titular, en su mismo contenido esencial».
En suma, existe en este ámbito un amplio espacio a la libre configuración de la ley. Ya en la STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 12 hablamos, en relación con el derecho de intervención en la gestión y control, de la «amplísima libertad que la Constitución deja en este punto al legislador ordinario, limitada sólo por la necesidad de respetar el 'contenido esencial' del derecho». Y añadíamos que la fórmula elegida por el constituyente era «extremadamente amplia en cuanto deja a la libre apreciación del legislador, no solo la determinación de lo que haya de entenderse por centros sostenidos con fondos públicos, sino también la definición de los términos, es decir, del alcance, del procedimiento y de las consecuencias que hayan de darse a la intervención 'en el control y gestión'. En el ejercicio de esa libertad, el legislador no tiene otros límites que el genérico que le impone el artículo 53.1 de la Constitución de respetar el contenido esencial del derecho garantizado, y el que deriva de las reservas de ley contenidas tanto en dicho precepto como en el del artículo 81.1» CE.
El derecho a la participación de profesores, padres, y en su caso, alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración, se limita recíprocamente con el derecho de los titulares de centros docentes privados a la dirección de los mismos, «derecho incardinado en el derecho a la libertad de enseñanza de los titulares de dichos centros» (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20), pues, continúa razonando esa Sentencia, «aparte de que el acto de creación o fundación de un Centro no se agota en sí mismo, sino que tiene evidentemente un contenido que se proyecta en el tiempo y que se traduce en una potestad de dirección del titular, cabe recordar que el cuarto y último párrafo del artículo 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, ratificado por España, señala expresamente que 'nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares establecer y dirigir instalaciones de enseñanza', incluyendo así el concepto de 'dirección' en un texto con el valor interpretativo que le atribuye el artículo 10.2 C.E. Este derecho, por otra parte, no se confunde con el de fijar un carácter propio del Centro, sino por el contrario es más bien una garantía de este último, aparte de que tenga otros contenidos.»
Así pues, de acuerdo con nuestra doctrina, expuesta en la STC 176/2015, de 22 de julio, FJ 2, el contenido esencial del derecho del titular del centro docente a la dirección del mismo tiene una doble dimensión. Una primera, positiva, que «implica el derecho a garantizar el respeto al carácter propio y de asumir en última instancia la responsabilidad de la gestión, especialmente mediante el ejercicio de facultades decisorias en relación con la propuesta de estatutos y nombramiento y cese de los órganos de dirección administrativa y pedagógica y del profesorado» (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20); en la misma sentencia se indica que «desde el punto de vista negativo, ese contenido exige la ausencia de limitaciones absolutas o insalvables que lo despojen de la necesaria protección.» Ambas dimensiones se concretan y sintetizan en el hecho de que el titular del centro «no puede verse afectado por limitación alguna que, aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a sus facultades decisorias con respecto a las materias organizativas esenciales, conduzca en definitiva a una situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para actuar en sentido positivo ese contenido discrecional» (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 20).
En resumen, el derecho de intervención de la comunidad educativa en la «gestión y control» de los centros docentes y el derecho de creación y dirección del centro docente, también conectado con el artículo 38 CE, se limitan recíprocamente y su respectivo contenido esencial ha de cohonestarse. Pero ello no sólo no ha de suponer la ablación de su respectivo contenido esencial, sino que ha de implicar un proceso de fertilización mutua que enriquezca su ejercicio. Por ello, dentro de la amplia discrecionalidad que en este punto la Constitución concede al legislador, las facultades derivadas del derecho de participación de profesores, padres o tutores y, en su caso, alumnos, pueden ir desde el mero informe o consulta hasta el ámbito de la codecisión, siempre, en este último caso, que no se despoje a la titularidad del centro, o a su director si es diferente del titular, de la posibilidad de ejercitar el haz de posibilidades de actuación que dimana del contenido esencial de su derecho. Por otro lado, como es lógico, tampoco exige nuestra doctrina que la participación quede garantizada respecto de todas y cada una de las decisiones que integran el haz de facultades que puede desplegar la titularidad del centro.
Expuesto el marco jurisprudencial en el que se mueve el derecho de intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros, estamos ya en condiciones de analizar la compatibilidad del articulado impugnado con los mandatos constitucionales.
Como ya se ha expuesto, los recurrentes diferencian en su demanda dos ámbitos diferenciados: el correspondiente a los centros públicos, y el propio de los centros sostenidos con fondos públicos. Comenzaremos por los primeros.
Las modificaciones competenciales instauradas por la LOMCE responden a la idea explicitada en el preámbulo de la ley, de reforzar la figura del director del centro educativo. En concreto, se afirma en él que «la reforma contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de los centros, confiriendo a los directores, como representantes que son de la Administración educativa en el centro y como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión».
En los centros públicos, el consejo escolar pierde con la reforma impugnada las competencias codecisorias de que disfrutaba con anterioridad, puesto que ahora ya no le corresponde «aprobar» los proyectos educativos y las normas de organización, funcionamiento y convivencia a que se refiere el capítulo II del título V de la ley, y solo le resta la facultad de evaluarlas. Correlativamente, se otorga al director del centro esa competencia de aprobación de todos los proyectos y normas de referencia. Ese trasvase competencial no colisiona con nuestra doctrina, pues hemos reiterado que la participación que se vehicula a través del consejo escolar puede consistir en un amplio elenco de facultades que van, gradualmente, desde la mera consulta hasta el nivel de la codecisión. La atribución de la competencia de evaluación de los planes y proyectos se encuentra dentro del rango constitucionalmente permisible, ya que no implica un grado menor de participación que la mera consulta, aunque no alcanza el nivel de la decisión o codecisión. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, evaluar, en su primera acepción, es «señalar el valor de algo» o bien, según la segunda, «estimarlo o apreciarlo». No implica, por tanto, una participación de menor entidad que la consulta, definida como el «parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de algo». De esta forma, la modificación normativa cuestionada, si bien rebaja la intensidad de la participación de la comunidad educativa, no incide en el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 27.7 CE. Otro tanto cabe decir de la atribución al director de la competencia aprobatoria de la aprobación de la «programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación docente», pues el consejo escolar sigue habilitado para el ejercicio de la competencia de evaluar esa programación.
Las facultades del consejo escolar también se modifican en el ámbito de la admisión de alumnos. En la redacción anterior de la ley dicho órgano tenía atribuida una competencia decisoria, mientras que en la versión vigente su función se limitar a informar. Se trata de una importante pérdida de influencia en el control y gestión del centro escolar puesto que el ámbito de participación pasa de la decisión al mero informe. No obstante, ello no significa, como los recurrentes aducen, que esa participación haya pasado a ser ahora una mera formalidad reveladora de una «pérdida de todo carácter real y efectivo de intervención de los representantes de la comunidad educativa». Es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el proceso de admisión de alumnos en los centros docentes públicos tiene un carácter reglado (artículo 84 LOE, desarrollado en su caso por normas autonómicas) y, que por tanto, el traslado de la competencia de admisión de alumnos tiene un carácter relativo en cuanto al resultado final del proceso. En segundo lugar, la competencia de informe en nuestro ordenamiento jurídico administrativo no tiene un valor meramente retórico, sino que implica una toma de posición del órgano informante que no puede ser descartada por el órgano resolutorio sin motivar su apartamiento del criterio expresado por aquel.
Pierde también el consejo escolar la competencia aprobatoria en materia de obtención de recursos complementarios, puesto que ahora ha de limitarse a informar al respecto [artículo 127 i) LOE]. Esa aprobación corresponde ahora, tras la modificación operada por la LOMCE, al director del centro [artículo 132 o) LOE]. Son aquí también de aplicación las consideraciones formuladas precedentemente, en relación con la inclusión de esta competencia dentro del elenco constitucionalmente posible de facultades insertas en el derecho a la participación de los padres, profesores y, en su caso, alumnos, instrumentadas a través del consejo escolar.
En un segundo grupo de impugnaciones relativas a las competencias del consejo escolar se formulan consideraciones específicas respecto a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, cuyos órganos de gestión se encuentran regulados en la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación (LODE) y, en particular, en su título IV, denominado precisamente «De los Centros Concertados». Como ya hemos expresado con anterioridad, y venimos repitiendo desde la STC 5/1981, en este tipo de centros tiene especial importancia el derecho del titular del centro docente, tanto en su vertiente positiva —garantizar el respeto al carácter propio del centro y el derecho a asumir en última instancia la responsabilidad de la gestión—, como negativa —ausencia de limitaciones insalvables o que despojen a ese derecho de la necesaria protección—. De esta forma, en los casos de centros de creación privada el derecho de participación previsto en el artículo 27.7 se encuentra con el límite adicional que constituye la necesidad de ser cohonestado con los derechos del creador del centro docente.
La LOMCE modifica el procedimiento de designación del director del centro concertado. En efecto, el artículo 57.a) LODE indica que corresponde al consejo escolar intervenir en dicha designación de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 LODE que, tras la reforma ahora cuestionada, determina que «el director de los centros concertados será nombrado, previo informe del consejo escolar del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros asistentes». Con anterioridad era necesario el «previo acuerdo entre el titular y el consejo escolar «, debiendo el acuerdo de este último adoptarse por mayoría absoluta. En caso de desacuerdo, el director sería designado por el consejo escolar del centro, por mayoría absoluta de sus miembros, de entre una terna de profesores propuesta por el titular. Las nuevas previsiones al respecto se enmarcan sin dificultad en el contenido posible del derecho de participación, sin rebasar su umbral mínimo, pues la intervención de la comunidad escolar se garantiza con el informe que necesariamente ha de evacuar el consejo escolar y que debe ser aprobado, no ya por mayoría absoluta como sucedía en el modelo anterior respecto al acuerdo para el nombramiento del director, sino por mayoría de los miembros presentes, lo que facilita la adopción de acuerdos en el seno de dicho órgano de participación.
Los diputados impugnantes también cuestionan la modificación de las competencias en materia de gestión del profesorado del centro. Dicha modificación consiste, en primer lugar, en la eliminación de la participación del consejo escolar en el despido de profesores. En el sistema anterior, se exigía el pronunciamiento previo del consejo escolar en acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta, y en caso de que este acuerdo fuera desfavorable, la reunión de la comisión de conciliación. El nuevo artículo 60 LODE, reformado por la LOMCE, elimina aquella previsión. Respecto a la selección del profesorado, hemos manifestado en la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 24, que «la facultad de seleccionar al profesorado que se estime más idóneo forma parte del derecho a crear y dirigir Centros docentes que nuestra Constitución consagra», añadiendo que «tampoco es dudoso, sin embargo, que al garantizar el derecho de los Profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, a intervenir en el control y gestión de todos los Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la Ley establezca, la C.E. (artículo 27.7) habilita al legislador para condicionar o restringir aquella facultad en los términos que considere más oportunos para dar contenido concreto a este derecho de los restantes miembros de la comunidad escolar, teniendo en cuenta que el pluralismo político que la Constitución consagra como valor superior del ordenamiento jurídico español (artículo 1.1) permite en este punto distintas soluciones legislativas, que sólo tienen el límite de los derechos constitucionalmente consagrados, de manera tal que en este punto concreto, el legislador no podrá nunca, de una parte, privar al titular del Centro de las facultades que se derivan del derecho que la CE le otorga, ni, de la otra, privar a padres, profesores y, en su caso, alumnos, de algún grado de intervención en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos». En el aspecto relativo a las facultades de despido de profesores, hemos indicado en esa sentencia, a contrario sensu, que privar al titular del centro de la iniciativa del despido o de la decisión en último término desnaturalizaría dichas facultades, y también recordamos en ella la exclusividad del orden jurisdiccional laboral para pronunciarse sobre el despido, de modo que cualquier fórmula legal tendente a consagrar la participación del consejo escolar o de una comisión de conciliación debería contemplarse como un recurso a instancias conciliadoras previas a la vía judicial, que no podrían impedir al titular del centro en ningún caso proceder al despido. También hemos afirmado que la intervención de tales órganos en el proceso de despido «está perfectamente justificada dada la transcendencia del acto desde el punto de vista de la libertad del profesor». Esas consideraciones llevan a concluir que la participación de profesores, padres y, en su caso, alumnos, en el proceso de despido del profesorado no es un imperativo constitucional, dada la posible articulación de procedimientos de información y seguimiento a través de la negociación colectiva, eventualmente con mecanismos de control al respecto por parte de los representantes de los trabajadores y la exclusividad de la competencia de la jurisdicción social en la materia. A ello hay que añadir que, como ya hemos expuesto, la selección del profesorado forma parte del derecho de creación y dirección de centros docentes y que el artículo 27.7 CE, a tenor del cual «los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca», constituye una mera «habilitación» al legislador para incidir, si lo considera oportuno, en aquel derecho o facultad del titular del centro, pero no le impone mandato alguno tendente a establecer un mecanismo concreto de participación de padres, profesores y, en su caso, alumnos en el despido del profesorado.
A todo lo anterior ha de añadirse que en nuestra STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 12, hemos vinculado la creación de establecimientos educativos con la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 CE, expresando literalmente, en relación con los conciertos educativos, que «no resulta que el artículo 49.3 de la LODE vulnere la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la C.E., pues la creación de empresas educativas resultaría, por el contrario, favorecida por la posibilidad de opción para acogerse o no al régimen de conciertos». Por ello, resulta también pertinente el análisis de las disposiciones impugnadas desde la perspectiva de la libertad de empresa, de la que es una manifestación, con las debidas modulaciones, el derecho a la creación de centros docentes. En ese entorno sistemático, las competencias de gestión del profesorado, en sus diversas facetas, forman parte del haz de facultades atribuido al titular de la empresa educativa, con el alcance y límites que le son propios.
Por lo tanto, no existe tacha de inconstitucionalidad en los artículos 57 b) y 60 LODE.
Finalmente, el recurso agrupa en un apartado único los argumentos dirigidos a justificar la inconstitucionalidad de otros apartados del artículo 57 LODE, en el que se enumeran las competencias del consejo escolar. El apartado f) modifica las relativas a la programación general del Centro, que pasan de ser las de «aprobar y evaluar» a las de «informar y evaluar». El inciso h) del mismo precepto atribuye al Consejo la facultad de «informar» las directrices de programación complementaria, actividades extraescolares y servicios escolares, que en la redacción anterior a la LOMCE era la de «elaborar» tales directrices. En el apartado j) se alteran las facultades de dicho órgano en relación a los criterios reguladores de la participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas y asistenciales; con anterioridad el consejo escolar establecía dichos criterios y ahora sólo los informa. Con respecto a las relaciones de colaboración con otros centros, le corresponde al Consejo su favorecimiento, y ya no el establecerlas (apartado k) del reiterado artículo 57 LODE). También se introducen reformas, —apartado l)— en las competencias que el Consejo tiene atribuidas respecto al reglamento interior del centro docente, que ya no son las de aprobación de dicho texto, sino que se circunscriben a informarlo. Finalmente, la intervención en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes pasa de la «supervisión» a la «participación» en el apartado m) del artículo 57 cuestionado por los recurrentes.
Como ya se ha expuesto con anterioridad, el alcance de la intervención de los padres, profesores y, en su caso, alumnos, en el control y gestión de los centros puede ser de diferente intensidad. Le corresponde al legislador concretar el grado de participación, que puede ir desde un mínimo consistente en el informe o consulta hasta el máximo de la codecisión, siempre que no se vacíen correlativamente de contenido las facultades decisorias del titular del centro, derivadas del derecho de creación y dirección del centro escolar. En el caso de las competencias ahora impugnadas, es evidente que el nivel de la intervención del consejo escolar en la gestión y control del centro se ve considerablemente reducido, pero no hasta el límite de vulnerar el contenido esencial del derecho de participación. Esa participación sigue existiendo en todos los aspectos analizados.
Por ello, son conformes con la norma constitucional los apartados f), h), j), l), y m) del artículo 57 LODE.
6. Los recurrentes impugnan un tercer grupo de preceptos de la LOMCE. Se trata de aquellos que atañen al nuevo sistema implantado en punto a la enseñanza de las asignaturas de religión y valores culturales y cívicos/valores éticos. Se trata de las disposiciones novena, décimo quinta y décimo sexta del artículo único LOMCE, que dan nueva redacción a los artículos 18, 24 y 25 LOE, en los que se concretan las asignaturas correspondientes a las etapas de educación primaria y educación secundaria obligatoria.
Dicha redacción es la siguiente:
«Nueve. El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
'1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.
2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:
a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales.
c) Lengua Castellana y Literatura.
d) Matemáticas.
e) Primera Lengua Extranjera.
3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:
1.º Educación Artística.
2.º Segunda Lengua Extranjera.
3.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3 b).
4.º Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3 b).
4. Los alumnos y alumnas deben cursar el área Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al del área Lengua Castellana y Literatura.
Además, los alumnos y alumnas podrán cursar algún área más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, que podrán ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas, profundización o refuerzo de las áreas troncales, o áreas a determinar.
5. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.
6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.'
…
Quince. El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera:
'Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y segundo:
a) Biología y Geología en primer curso.
b) Física y Química en segundo curso.
c) Geografía e Historia en ambos cursos.
d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos.
e) Matemáticas en ambos cursos.
f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.
2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en el curso tercero:
a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
c) Geografía e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Primera Lengua Extranjera.
3. Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas.
4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y, máximo de cuatro, de las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:
1.º Cultura Clásica.
2.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
3.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
4.º Música.
5.º Segunda Lengua Extranjera.
6.º Tecnología.
7.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4 b).
8.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4 b).
5. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, o materias a determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.
6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias del ciclo, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
7. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento.'
Dieciséis. El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:
'Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones:
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
2. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
d) Primera Lengua Extranjera.
3. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
1.º Biología y Geología.
2.º Economía.
3.º Física y Química.
4.º Latín.
4. En la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.
5. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:
1.º Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
2.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
3.º Tecnología.
6. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del alumno o alumna.
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:
1.º Artes Escénicas y Danza.
2.º Cultura Científica.
3.º Cultura Clásica.
4.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
5.º Filosofía.
6.º Música.
7.º Segunda Lengua Extranjera.
8.º Tecnologías de la Información y la Comunicación.
9.º Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 6 b).
10.º Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 6 b).
11.º Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.
7. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
9. Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar a los alumnos y alumnas en la elección de las materias troncales de opción.
10. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas.'»
Como ya se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, los recurrentes hacen una doble imputación al modelo LOMCE en materia de enseñanza de la religión, que se deriva de la equiparación material entre la asignatura de religión y la asignatura de valores sociales y cívicos/valores éticos. Esa doble imputación consiste, de un lado, en que se eleva la religión a la condición de asignatura, fusionando dos planos que no pueden confundirse y, de otro lado, en que existe una discriminación para los alumnos que escogen esa asignatura, ya que no pueden elegir la enseñanza de valores éticos y ciudadanos, y además van a aprender las virtudes ciudadanas basándose en doctrinas religiosas. La base de ambas imputaciones se sitúa por los recurrentes en la vulneración del principio de neutralidad del Estado, que le impide hacer juicios de valor sobre la religión y desde luego, introducir una asignatura confesional.
Para efectuar un análisis de la impugnación de los preceptos transcritos es preciso detenerse en la lectura que este Tribunal ha realizado del artículo 16 CE, en tanto en cuanto la libertad religiosa y la neutralidad del Estado constituyen la base de la argumentación del recurso.
Nuestra jurisprudencia ha partido de la idea de que el Estado, tal y como afirma la doctrina en expresión gráfica, es un sujeto «religiosamente incapaz», lo que hemos expresado en la fórmula «el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto, de actos o actitudes de signo religioso» (STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1). Y ello porque no es sujeto de la libertad religiosa, pues sus titulares son únicamente los individuos y las comunidades. En este sentido, resulta claro que el Estado no puede enseñar religión, sino que «son únicamente las iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla.» (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 9).
Esa condición de sujeto «religiosamente incapaz» del Estado deriva de la fórmula «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (artículo 16.3 CE), procedente de la Constitución de Weimar de 1919, y continúa vigente en la República Federal de Alemania por aplicación del artículo 140 de la Ley fundamental de Bonn. Plasma, junto al mandato de cooperación con las confesiones también mencionado en el artículo 16.3 CE, un modelo de aconfesionalidad o laicidad positiva, que no implica el cierre del espacio público a algunas manifestaciones de carácter religioso, aunque tampoco permite una actitud abstencionista del Estado frente a esas manifestaciones si vulneran principios democráticos de convivencia o no respetan los derechos y libertades fundamentales consagrados constitucionalmente. Es decir, en cuanto ahora nos afecta, que «si la impartición en los centros educativos de una determinada enseñanza religiosa pudiera eventualmente resultar contraria a la Constitución, ya fuere por los contenidos de dicha enseñanza o por los requisitos exigidos a las personas encargadas de impartirla, lo que habría de cuestionarse es el acuerdo en virtud del cual esa enseñanza religiosa se imparte, no la forma elegida para instrumentarlo» (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 13).
Conectando el contenido del artículo 16 CE con el ámbito de enseñanza de la Religión en los centros docentes, hemos afirmado en nuestra STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 5, que esa inserción «—que sólo puede ser, evidentemente, en régimen de seguimiento libre (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9)— hace posible tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que éstos reciban la enseñanza religiosa y moral acorde con las convicciones de sus padres (art. 27.3 CE), como la efectividad del derecho de las Iglesias y confesiones a la divulgación y expresión públicas de su credo religioso, contenido nuclear de la libertad religiosa en su dimensión comunitaria o colectiva (art. 16.1 CE). El deber de cooperación establecido en el art. 16.3 CE encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales. En este punto es de recordar que el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de junio, y 63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues también comporta una dimensión ad extra que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades, tales como las que enuncia el artículo 2 de la Ley Orgánica de libertad religiosa (LOLR) y respecto de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado tercero del artículo 2 LOLR, según el cual «[p]ara la aplicación real y efectiva de estos derechos [los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal], los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar… la formación religiosa en centros docentes públicos».
a) Desde ese marco doctrinal, las normas cuestionadas no vulneran el marco constitucional, como afirman los recurrentes, por haber configurado como asignatura la enseñanza de la religión. La existencia de esa asignatura no implica valoración alguna de las doctrinas religiosas que pudiera afectar a la obligación de neutralidad del Estado. Y ello porque, como ya se ha expuesto, el principio de «aconfesionalidad o laicidad positiva» que caracteriza nuestro sistema constitucional en este aspecto (SSTC 46/2001, de 15 de febrero, FJ, 4 y 38/2007, de 15 de febrero, FJ 5) implica una garantía prestacional respecto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, del que gozan tanto los individuos como las iglesias y confesiones. A ello hay que añadir que el contenido nuclear de la libertad religiosa en su dimensión comunitaria o colectiva es precisamente «la divulgación y expresión públicas de su credo religioso» (STC 38/2007, FJ 5). Por último, ese sistema es también un cauce adecuado para el ejercicio por los progenitores del derecho a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.
Por último, con la introducción de una asignatura de religión se da también cumplimiento a lo establecido en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, firmado el 3 de enero de 1979, y ratificado por instrumento de 4 de diciembre de 1979, cuyo artículo II contiene la siguiente previsión: «Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Los recurrentes no han cuestionado ese precepto de índole convencional.
En la misma línea, se garantiza el derecho de los alumnos a recibir enseñanza religiosa evangélica, judía e islámica en los términos del artículo 10.1 de las leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de diciembre por las que se aprueban, respectivamente, los acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España.
Por lo tanto, tal y como se desprende de nuestra doctrina, la existencia de una asignatura evaluable de religión de carácter voluntario para los alumnos no implica vulneración constitucional alguna.
b) La segunda tacha de inconstitucionalidad que los recurrentes imputan a la regulación cuestionada se centra en la discriminación que se produce para los alumnos que hayan elegido cursar la materia de religión, puesto que no pueden acceder a las enseñanzas de valores sociales y cívicos y éticos. De este modo, arguyen los recurrentes, «si es necesario estudiar los valores que constituyen el fundamento de la convivencia tendrán que hacerlo todos los alumnos, sin que la perspectiva confesional pueda sustituir a la perspectiva constitucional convirtiéndose en modalidades didácticas de la misma disciplina.»
La LOMCE recuerda, en su preámbulo, la recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática, en la que se señala que la educación es esencial para la promoción de una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de libertad, pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, como fundamentos de la democracia. Por ello, el sistema educativo español tiene como principio la transmisión y puesta en práctica de los valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, y que ayudan a la superación de cualquier tipo de discriminación. La LOMCE opta por abordar esa transmisión de valores de manera transversal, incorporando la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica (primaria y secundaria). De esta forma, se garantiza suficientemente, en el plano general que es propio de la naturaleza de esa disposición normativa, que todos los alumnos, opten o no por la asignatura de religión, recibirán formación en los valores que constituyen el fundamento de una sociedad democrática. En el caso de que esa exigencia impuesta por la ley no se plasmara en el contenido de los curricula de las distintas asignaturas, cuya regulación se defiere a las correspondientes normas reglamentarias, ello supondría, no sólo el incumplimiento de la LOMCE en este aspecto puntual, sino la vulneración del mandato impuesto por el artículo 27.2 CE, a tenor del cual el respeto a los principios fundamentales de la convivencia y los derechos fundamentales no son un mero límite externo respecto a los contenidos académicos, sino un parámetro de adecuación de la enseñanzas a nuestra Constitución.
En resoluciones anteriores hemos considerado que la existencia de una relación de alternatividad entre religión y otra asignatura no vulnera el derecho a la igualdad, ni implica discriminación alguna. En particular, en nuestro ATC 44/1999, de 22 de febrero, hemos analizado la posible vulneración del derecho a la igualdad derivado de la existencia de una asignatura alternativa a la religión cuyo contenido era el estudio de manifestaciones escritas, plásticas y musicales de las diferentes confesiones religiosas, que permitieran conocer los hechos, personajes y símbolos más relevantes, así como su influencia en las concepciones filosóficas y en la cultura de las distintas épocas. Y la conclusión a la que llegamos fue la de que «con estas actividades paralelas y complementarias se trata de asegurar que los alumnos reciban una formación adecuada para el pleno desarrollo de su personalidad [artículo 6.1 a) L.O.D.E.], proporcionándoles el bagaje cultural necesario para su legítimo y pleno ejercicio de la libertad ideológica, comprensiva de todas las opciones que suscita la vida personal y social, entre las que se incluyen las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y del destino último del ser humano (STC 292/1993, fundamento jurídico 5), y que está reconocida en el artículo 16.1 C.E. por ser fundamento, justamente con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el artículo 10.1 C.E., de otras libertades y de derechos fundamentales (STC 20/1990, fundamento Jurídico 4)… Estos objetivos pueden alcanzarse bien mediante la impartición de unas enseñanzas que respondan a las convicciones religiosas sentidas por los alumnos, bien a través de esas otras actividades paralelas, no pudiendo apreciarse en los preceptos del Real Decreto 2438/1994 viso alguno de tratamiento desigual carente de razonabilidad o de objetividad. A este respecto conviene recordar que lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, siendo asimismo necesario para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos [por todas, SSTC 176/1993, fundamento jurídico 2, y 90/1995, fundamento jurídico 4 b)]. Pues bien, resulta razonable que se establezcan cauces alternativos para el aprendizaje de las materias aquí contempladas, tanto más cuanto que esa alternatividad se articula sobre el respeto a la libertad ideológica y de conciencia».
Por último, pero no menos importante, también ha de tenerse en cuenta que la relación que se establece entre las asignaturas de religión y valores sociales y cívicos (primaria) o éticos (secundaria) no es necesariamente excluyente. Los nuevos artículos 18.3 c), 24.4.c) y 25.6 c) LOE prevén la posibilidad de que, en función de la regulación y la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración Educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, el alumnado puede cursar simultáneamente ambas opciones.
En definitiva, ni la existencia de una asignatura de religión en los niveles de educación primaria y secundaria, ni la implantación de una fórmula de opción entre la asignatura de religión y valores sociales y cívicos/valores éticos son contrarias al texto constitucional.
7. Los recurrentes consideran también inconstitucional el modelo de separación del alumnado por itinerarios en la educación secundaria obligatoria (ESO). Consecuentemente, impugnan las disposiciones décimo octava, décimo novena, vigésimo primera, trigésimo cuarta y trigésimo quinta del artículo único LOMCE, que da nueva redacción a los artículos 27, 28, 30, 41 y 42, respectivamente, de la LOE. Los recurrentes consideran que la existencia de los itinerarios de formación profesional básica y del programa de mejora del rendimiento y del aprendizaje, en la ESO, exigen determinados condicionantes que no se reflejan en la norma de manera adecuada.
La razón de ser de los cambios introducidos por la LOMCE en este ámbito concreto se explicitan en el preámbulo de la propia ley, a tenor del cual «las rigideces del sistema conducen a la exclusión de los alumnos y alumnas cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo».
Expuesta la justificación de la modificación normativa operada en esta materia concreta por la LOMCE, podemos analizar ya el concreto contenido de las vulneraciones constitucionales imputadas en el recurso, siguiendo el orden en que las expone el recurso.
a) En primer lugar, se cuestionan los apartados primero del artículo 41 y cuarto del artículo 42, ambos de la LOE en su nueva redacción. Se basa la impugnación en que no respetan la reserva de ley orgánica, exigible en este caso por tratarse de preceptos que definen el ámbito del derecho a la educación en cuanto determinan las condiciones subjetivas para acceder a la formación profesional básica y en cuanto establecen el curriculum de la misma.
En concreto, los aspectos impugnados son los siguientes:
«Artículo 41. Condiciones de acceso y admisión.
1. El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica, de conformidad con lo indicado en el artículo 30.»
«Artículo 42. Contenido y organización de la oferta.
…
4. Los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas organizadas en los siguientes bloques comunes:
a) Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias:
1.º Lengua Castellana.
2.º Lengua extranjera.
3.º Ciencias Sociales.
4.º En su caso, Lengua Cooficial.
b) Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:
1.º Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional.
2.º Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional.
Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración.
Además, las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Los ciclos tendrán dos años de duración, y serán implantados en los centros que determinen las Administraciones educativas.
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de cuatro años.»
En relación con la exigencia de Ley Orgánica en el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 81.1 CE), hemos recordado recientemente que «no todo lo que 'afecte' a los derechos fundamentales… es un desarrollo directo de esos derechos fundamentales, esto es, una regulación de sus aspectos esenciales que requiera de una disposición de las Cortes emanada con forma de Ley Orgánica. La Constitución veda al Decreto-ley afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y, correlativamente, reserva a la Ley ordinaria regular el ejercicio de tales derechos y libertades respetando su contenido esencial (art. 53.1); pero no obliga —por obvio que sea el recordarlo— a regular por Ley Orgánica las modalidades de su ejercicio ni los presupuestos o condiciones que los hagan efectivos, extremos que restan en los cometidos que la Constitución señala a la Ley ordinaria» [STC 127/1994, de 5 de mayo, FJ 3 b]. La Ley Orgánica sólo será precisa cuando se acometa un desarrollo directo —global o de sus aspectos esenciales— del ámbito subjetivo u objetivo de los derechos fundamentales del artículo 20.1 de la Constitución, lo que acontece, señalamos, «cuando el legislador incide en la 'regulación de determinados aspectos esenciales para la definición del derecho, la previsión de su ámbito y la fijación de sus límites en relación con otras libertades constitucionalmente protegidas'» (STC 86/2017, de 4 de julio, FJ 7).
También en relación con el alcance de la Ley Orgánica, nuestra STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 11, aludiendo a la STC 5/1981, de 13 de febrero, ha llegado a conclusiones relevantes a los efectos de la presente impugnación: «Cuando en la Constitución se contiene una reserva de Ley ha de entenderse que tal reserva lo es en favor de la Ley Orgánica —y no una reserva de Ley ordinaria— sólo en los supuestos que de modo expreso se contienen en la Norma fundamental (art. 81.1 y conexos). La reserva de Ley Orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar incluida en una Ley Orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior modificación (art. 81.2 CE), pues tal efecto puede y aún debe ser excluido por la misma Ley Orgánica o por Sentencia del Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de aquélla no participan de tal naturaleza. Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría producir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria suficiente y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que nuestra Constitución ha instaurado una democracia basada en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados y excepcionales una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas. Por ello hay que afirmar que, si es cierto que existen materias reservadas a Leyes Orgánicas (art. 81.1 CE), también lo es que las Leyes Orgánicas están reservadas a estas materias y que, por tanto, sería disconforme con la Constitución la Ley Orgánica que invadiera materias reservadas a la Ley ordinaria (FJ 21).»
El último parámetro jurisprudencial al que hemos de atender para resolver la presente impugnación es el que figura en el fundamento jurídico 21 de la STC 5/1981, que resolvía la denuncia de vulneración del artículo 27 CE, seguido también por la STC 76/1983, FJ 51 y, más recientemente, por las SSTC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 9 y 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 11. Dicho criterio se resume en la afirmación de que «es claro que nuestra doctrina ha destacado, en primer lugar y de forma ininterrumpida desde la citada STC 5/1981, la necesidad de aplicar un criterio estricto o restrictivo» para determinar el alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar» como a la «materia objeto de reserva.»
Sentadas las consideraciones precedentes, es necesario determinar si los preceptos cuestionados constituyen, en razón a su contenido, desarrollo directo del conjunto de derechos reconocidos en el artículo 27 CE, pues en ese caso sería exigible que su regulación se efectuara mediante una ley orgánica.
En nuestra STC 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 5, hemos expresado que quedaban excluidos de la reserva de ley orgánica la determinación de los concretos itinerarios de la ESO y la habilitación al Gobierno para establecer otros nuevos (STC 212/2012, de 14 de noviembre, FJ 11). La razón para ello fue que «teniendo presente la ya mencionada necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la reserva de ley orgánica del artículo 81 CE, es claro que esa regulación no constituye desarrollo del derecho fundamental a la educación del artículo 27 CE, pues no cabe encuadrar en la citada reserva la regulación de la organización o estructura concretas de las enseñanzas que conforman el contenido de algunas de las etapas que integran el sistema educativo.»
A la misma conclusión ha de llegarse en el caso ahora enjuiciado. Ni las condiciones subjetivas para acceder a la formación profesional básica ni la concreción de algunos de los items que integran el curriculum de la misma son desarrollo directo del derecho a la educación. La formación profesional básica forma parte del sistema educativo (artículos 3.2 e), 39.2 y 40 LOE), cuya organización o estructura concretas no están encuadradas, como ya hemos expresado, en el ámbito reservado a la Ley Orgánica. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones subjetivas para cursar formación profesional no supone per se la exclusión del alumno del ámbito escolar, sino que se permite el seguimiento de las enseñanzas correspondientes o, en su caso, del programa para la mejora del rendimiento, también dentro de las enseñanzas regladas. Por otro lado, partiendo de la configuración de la formación profesional como un itinerario, como sostienen los recurrentes, hemos expresado en nuestra STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 6, que «es posible apreciar que la posibilidad de que el Gobierno pueda modificar los itinerarios o, con la previa intervención autonómica, establecer otros nuevos se encuentra justificada, pues con ello se permite una más rápida adaptación a las necesidades del sistema educativo y a la atención de los alumnos de este ciclo educativo». De esta forma, resulta claro que no están reservadas a la ley orgánica ni la regulación de las condiciones de acceso a la formación profesional básica (art. 41.1 LOE) ni tampoco la regulación del contenido y organización de la oferta de ese tipo de enseñanzas en lo referido, concretamente, a los ciclos y bloques de materias en que se articula dicha oferta (art. 42.4 LOE).
b) También resulta cuestionado en el recurso el nuevo artículo 27, apartados primero, segundo y tercero. Afirman los impugnantes que no se regula con la densidad normativa necesaria el itinerario correspondiente al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, ya que reenvían al Gobierno para establecer las condiciones básicas de los requisitos de tales programas. Ello implica, afirman los recurrentes, la vulneración del principio de reserva de ley en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Los apartados impugnados son los siguientes:
«Artículo 27. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. El Gobierno definirá las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán a partir de segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
En este supuesto, se utilizará una metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
3. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo…»
En cuanto al sentido y alcance de la reserva de ley ordinaria del artículo 53.1 CE, hemos precisado en nuestra STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 3, que «sobre este principio ha tenido ocasión el Tribunal Constitucional de pronunciarse con cierta frecuencia, desde que en la STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4, dejara sentado que el mismo 'entraña una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho', siendo su significado último 'el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes', suponiendo que toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que limite y condicione su ejercicio, precisa una habilitación legal [por todas, SSTC 49/1999, de 5 de abril; FJ 4 y 184/2003, de 23 de octubre FJ 6 a)], y desempeñando una doble función: de una parte, asegurar 'que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes'; y, de otra, 'en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos únicamente al imperio de la Ley… garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas.'»
Ahora bien, la reserva de ley no excluye la posible colaboración normativa del reglamento, aunque condicionada a estrictas condiciones: «[L]a fijación de los límites de un derecho fundamental, como hemos venido a decir en otras ocasiones, no es un ámbito idóneo para la colaboración entre la ley y las normas infralegales, pues esta posibilidad de colaboración debe quedar reducida a los casos en los que, por exigencias prácticas, las regulaciones infralegales sean las idóneas para fijar aspectos de carácter secundario y auxiliares de la regulación legal del ejercicio de los derechos fundamentales, siempre con sujeción, claro está, a la ley pertinente» (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 4). En otros términos, «las habilitaciones o remisiones legales a la potestad reglamentaria deben restringir el ejercicio de dicha potestad 'a un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia Ley', criterio 'contradicho con evidencia mediante cláusulas legales… en virtud de las que se produce una verdadera deslegalización de la materia reservada, esto es, una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la reglamentación ha de perseguir'»( STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 3).
Sentado el alcance constitucional de la reserva de ley ordinaria en el ejercicio de los derechos fundamentales, podemos ya adentrarnos en el análisis de la vulneración imputada a los apartados primero, segundo y tercero del artículo 27 LOE.
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tiene como finalidad que determinado alumnado —el que no esté en condiciones de promocionar al segundo, tercer o, excepcionalmente, cuarto curso de la ESO y haya repetido previamente al menos un curso en cualquier etapa— pueda acabar cursando el cuarto curso de la ESO por la vía ordinaria y obtenga tras su superación el correspondiente título de Graduado. Dicho programa irá dirigido preferentemente a alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
En este sentido, el preámbulo de la LOMCE indica que la instauración del programa tiene por objetivo la flexibilización de las distintas trayectorias docentes del alumnado, lo que «garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.»
Las previsiones normativas de la LOMCE respecto a este tipo de programas son escuetas, especialmente en cuanto a los aspectos del currículo que se refieren a las condiciones básicas para establecer sus requisitos, que quedan deferidos a la acción reglamentaria del Gobierno. El marco legal que deberá desarrollar el reglamento está constituido exclusivamente por la obligación de utilizar «una metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general» (art. 27.1 LOE en la modificación operada por la LOMCE). Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el artículo 6 LOE, no modificado por la LOMCE, atribuye al Gobierno la competencia para «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a las que se refiere esta Ley Orgánica.» En este punto concreto ha de recordarse que la finalidad del programa es garantizar que quienes lo cursen obtengan el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Además de la competencia de diseño del currículo básico, la LOE atribuye al Gobierno las funciones de determinación de contenidos comunes, de los estándares de aprendizaje evaluables y del horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales, y la determinación de los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas específicas, todo ello referido a las etapas educativas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Es decir, se reconoce al Gobierno de la Nación una amplia potestad reglamentaria en este campo, tanto en cuanto a los contenidos ordinarios de la ESO, no cuestionados por los recurrentes, como de los específicos de los programas de mejora. La innovación que suponen estos últimos radica en que la organización de los contenidos, actividades y materias será diferente, pero dentro del modelo establecido con carácter general para la ESO, que tienen un suficiente grado de concreción en el plano de la ley ordinaria (arts. 22 a 32 LOE). Ello hace innecesaria desde el punto de vista constitucional la mayor densidad normativa que los recurrentes reclaman a la regulación de los programas de mejora del rendimiento y aprendizaje. Por ello, el precepto cuestionado no resulta inconstitucional.
c) Los nuevos artículos 30 y 41 serían también inconstitucionales, según el escrito de recurso, por no regular los motivos y causas que deben concurrir para que los alumnos puedan ser derivados hacia la formación profesional básica. Se afirma que dado que el diseño del régimen jurídico de los itinerarios forma parte de la regulación del ejercicio de un derecho fundamental, la omisión en la LOMCE de esos motivos y causas vulnera el mandato constitucional de reserva de ley (art. 53.1 CE), ya que no se dispone de criterio alguno sobre los motivos que justificarían el traslado de un alumno desde el régimen común al itinerario de formación profesional básica.
El contenido del artículo 30 es el que sigue:
«Artículo 30. Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica.
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales, en su caso a través del consejo orientador, la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta Ley Orgánica.»
El artículo 41 es del siguiente tenor:
«Artículo 41. Condiciones de acceso y admisión.
1. El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
c) Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica, de conformidad con lo indicado en el artículo 30.
2. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:
1.º Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o alumna haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas.
2.º Título Profesional Básico.
3.º Título de Bachiller.
4.º Un título universitario.
5.º Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.
b) Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
c) Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso. Las materias del curso y sus características básicas serán reguladas por el Gobierno.
d) Haber superado una prueba de acceso de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y tener 17 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.
Las pruebas y cursos indicados en los párrafos anteriores deberán permitir acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación de grado medio, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno.
Además, siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado medio supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
3. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión del título de Bachiller, de un título universitario, o de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato, o haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno, y tener 19 años cumplidos en el año de realización de dicha prueba.
La prueba deberá permitir acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento los ciclos de formación de grado superior, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno.
b) Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
4. Los alumnos y alumnas que no hayan superado las pruebas de acceso o las pruebas que puedan formar parte de los procedimientos de admisión, o que deseen elevar las calificaciones obtenidas, podrán repetirlas en convocatorias sucesivas, previa solicitud.
5. El Gobierno establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas, los criterios básicos relativos a la exención de alguna parte o del total de las pruebas de acceso o las pruebas que puedan formar parte de los procedimientos de admisión a los que se refieren los apartados anteriores, en función de la formación o de la experiencia profesional acreditada por el aspirante.
6. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las pruebas de evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales.»
Para decidir sobre la tacha de inconstitucionalidad imputada a los preceptos transcritos es pertinente indicar que la formación profesional es uno de los ámbitos de la LOE en los que la LOMCE ha introducido importantes reformas, coherentemente con la vocación de esta última norma, según se expresa en su preámbulo, de garantizar una más fácil permanencia del alumnado en el sistema educativo mediante el incremento de las posibilidades de elección entre las distintas trayectorias. Por esa razón, se facilita el acceso a la formación profesional en sus tres grados. Al grado básico se puede acceder cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 41.1 LOE, que se concretan en tener una edad mínima (de quince a diecisiete años), haber cursado el primer ciclo de ESO (hasta tercero) o excepcionalmente cuarto, y que el equipo docente haya propuesto la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de formación profesional básica, lo que se producirá cuando «el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje». El acceso al grado medio, por su parte, exigirá cumplir, al menos, uno de los requisitos siguientes: a) estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: graduado en ESO en enseñanzas aplicadas, profesional básico, bachiller, universitario o técnico o técnico superior de formación profesional; b) estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las enseñanzas de bachillerato; c) haber superado un curso específico a tal fin y tener 17 años cumplidos y d) haber superado una prueba de acceso y tener 17 años cumplidos. Por último, el acceso a los ciclos formativos de grado superior exigirá estar en posesión del título bachiller, universitario o técnico o técnico superior de formación profesional o del certificado acreditativo de haber superado todas las materias del bachillerato o haber superado una prueba de acceso, y tener cumplidos los 19 años en el año de realización de esa prueba.
La LOE no menciona ningún dato o circunstancia cuya concurrencia obligue a cursar formación profesional básica. El sistema no deriva al alumnado de manera obligatoria hacia la formación profesional, como parece deducir el recurso planteado. Por el contrario, sí que establece un sistema reforzado para poder optar por la trayectoria de formación profesional básica: es necesario que medie una propuesta en tal sentido por parte del equipo docente, en su caso a través del consejo orientador (art. 30 LOE). Esa propuesta, que no es obligado formular, como se deduce de la expresión «podrá proponer» que contiene el artículo 30 LOE, deberá fundarse en que el grado de adquisición de las competencias aconseje la incorporación a la formación profesional básica. Se trata de una mera propuesta y, como tal, no vinculante. La decisión última corresponde a los padres, tutores o, en su caso, al alumno o alumna. Desde el punto de vista de la legalidad constitucional, esa fórmula es perfectamente aceptable en el marco de la concreta configuración de los distintos derechos en presencia, cuya articulación y relaciones mutuas el artículo 27 CE ha deferido a la acción del legislador.
No se da, pues, la premisa de la que parten los recurrentes, consistente en que el nuevo sistema deriva necesariamente al alumnado hacia la formación profesional sin fijar la causas para ello. Es la voluntad de los padres o tutores y en su caso, la del alumnado, la razón última del tránsito hacia ese modelo formativo. Por ello, no vulneran los preceptos controvertidos el principio de reserva de ley por no concretar las causas y motivos de ese cambio de itinerario, que era la imputación que el recurso efectuaba a esos preceptos.
d) Finalmente, los recurrentes afirman que los nuevos artículos 27 —en su apartado segundo—, trigésimo, cuadragésimo primero —en su apartado primero c)— y el 28 —en su apartado séptimo— vulneran el derecho fundamental del alumnado a participar en las decisiones clave que afectan a su curriculum; también vulneran el mandato de reserva de ley.
Ya se han transcrito los dos últimos preceptos cuestionados con base en el motivo impugnatorio expresado. La literalidad del artículo 28.7 LOE es la que sigue:
«Artículo 28. Evaluación y promoción.
…
7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento a un ciclo de Formación Profesional Básica.»
Los recurrentes consideran que la participación del alumnado en la toma de las decisiones curriculares clave forma parte del derecho a la educación. Entienden que este último derecho se ha lesionado porque cuando el artículo 28.7 LOE detalla el proceso para elegir itinerario en la ESO sólo prevé esa participación de los alumnos «en su caso», sin mayores precisiones. Y también resultaría vulnerado el derecho porque no se contempla participación alguna del alumno o alumna ni en el artículo 27.2 LOE, referido a los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, ni en el artículo 30 LOE, que regula la propuesta de acceso a la formación profesional básica, ni el 41.1 c) LOE, que determina las condiciones de acceso y admisión a la formación profesional básica.
El análisis del motivo impugnatorio que se acaba de exponer exige tener en cuenta, como punto de partida, que todos los preceptos cuestionados se refieren a la educación secundaria obligatoria o a la formación profesional básica. La primera se seguirá ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad (art. 22.1 LOE) y la segunda exige, para poder ser cursada, no superar los diecisiete. Es decir, que las decisiones curriculares a que se refieren los recurrentes (acceso a un programa de mejora del aprendizaje o un ciclo de formación profesional básica) se habrán de adoptar, salvo excepciones, durante la minoría de edad de los alumnos afectados.
Hemos distinguido desde la STC 197/1991, FJ 4, entre titularidad y ejercicio en la medida en que nuestra jurisprudencia constitucional considera a los menores como titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas, teniendo en cuenta que éstos no pueden ejercitar por sí solos todo su contenido durante el amplio período de la minoría de edad. Por ello es posible y en ocasiones imprescindible modular el ejercicio por el menor del derecho fundamental, dando entrada a distintas modalidades de heteroejecución, de ordinario a través de los padres o tutores. Esa modulación habrá de efectuarse atendiendo, entre otros factores, a la naturaleza del derecho fundamental de que se trate, y a la edad y grado de madurez del menor. Estos dos últimos son los criterios empleados por el Código civil en sus artículos 154 y siguientes e irradian todo nuestro ordenamiento jurídico. También figuran en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, a tenor del cual «los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño», indicándose también que «con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional». En sentido similar al expresado, el artículo 9.1 la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor indica que «el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez». Por su parte, el artículo 9.2 de la misma ley dispone que «[s]e considera, en todo caso, que [el menor] tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos». La exposición de esos preceptos es una muestra de que la participación del menor en el ejercicio de sus propios derechos puede ser de diferente alcance en función de las circunstancias de edad y madurez que concurran en él. En su caso, la heteroejecución asegura la máxima efectividad posible del concreto derecho fundamental del que es titular el menor, y permite a la par el cumplimiento del mandato tuitivo a que se refiere el artículo 39 CE.
La segunda consideración a efectuar se refiere a la premisa de la que parten los recurrentes para fundar su razonamiento, que se concreta en que la participación del alumno en las decisiones curriculares que le afecten forma parte del derecho a la educación. El artículo 27 CE, que recoge las distintas vertientes del derecho a la educación, no reconoce expresamente un ámbito propio constitucionalmente protegido a la participación del alumno en las decisiones que le afecten en materia de itinerarios o trayectorias curriculares, como tampoco menciona la intervención del alumno menor de edad en la decisión sobre el centro en el que debe cursar sus estudios ni en otros aspectos igualmente importantes del proceso educativo. La Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación (LODE) tampoco integra entre los derechos de los alumnos, mencionados en su artículo 6, la posibilidad de adoptar decisiones curriculares.
Ello no significa que el alumnado no tenga intervención alguna en la toma de las decisiones que le afecten, sino que su pertinencia en el caso concreto y el grado de participación en ese proceso se regulará por las normas generales, ya sean las correspondientes a quienes disponen de la plena capacidad de obrar, en el caso de la mayoría de edad, ya sean las relativas a la forma de hacer efectivos los derechos de los menores, en concordancia con lo establecido en las normas nacionales e internacionales aplicables. De este modo, la falta de referencia en la ley recurrida a la participación de los alumnos en las decisiones curriculares no implica la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, ya que dicha participación de los alumnos en el proceso educativo queda garantizada por aquellas otras disposiciones.
En el mismo sentido, tampoco se vulnera el mandato de reserva de ley por no regularse con la densidad necesaria ni la participación del alumnado, ni los casos en los que ha de participar, ni los posibles conflictos con los padres o tutores. Como ya se ha expuesto, la preexistencia de un marco normativo que regula con carácter general los derechos de los alumnos, de un lado, y de los menores en su conjunto, de otro, así como la forma de ejercitar esos derechos, hace innecesaria una previsión expresa y detallada en tal sentido en la LOE.
8. El último aspecto recurrido por los diputados impugnantes es el párrafo introducido por la LOMCE en el artículo 84.2 LOE, referido a la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados. Dicho párrafo es del siguiente tenor:
«No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el art. 122 bis, podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias. Dicho porcentaje podrá reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesión del sistema.»
El párrafo transcrito permite, por tanto, introducir el factor «rendimiento escolar» ponderándolo hasta en un 20 por 100 de la puntuación asignada a la admisión de enseñanzas postobligatorias, en los centros que tengan reconocida la especialización curricular o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes. Más allá de las consideraciones generales que se formulan en el recurso sobre la pertinencia de introducir en la norma los distintos criterios de selección del alumnado, la tacha concreta de inconstitucionalidad se refiere, en primer lugar, a la vulneración de la reserva de ley orgánica y ordinaria, concretada en la indefinición de los conceptos de «rendimiento académico» y «modulación del porcentaje» y, en segundo lugar, a la infracción del artículo 27.5 CE, que atribuye a los poderes públicos la potestad de programación general de la enseñanza, que resultaría violentado por el hecho de atribuir a los centros docentes la facultad de ponderar ese factor de «rendimiento académico».
El establecimiento de unos criterios generales de admisión del alumnado ha sido analizado por este Tribunal desde la perspectiva del derecho de los padres a la elección de centro docente, como vertiente específica del derecho a la educación, aunque ello no significa que no esté vinculado también con la libertad de creación de centros docentes reconocida en el artículo 27.6 CE. Desde aquel punto de vista, hemos indicado en nuestra STC 77/1985, FJ 5 que el establecimiento de criterios de selección refuerza el derecho a la elección de centro, «al establecer criterios objetivos que impiden, en caso de insuficiencia de plazas, una selección arbitraria por parte de los Centros públicos y concertados». En ese sentido, con carácter general, la introducción de un criterio adicional de selección de alumnos limita las facultades de los centros docentes en el proceso de admisión. Por otro lado, no parece desproporcionado, ni desconectado teleológicamente de la finalidad de la norma, que el criterio de rendimiento académico sea tenido en cuenta precisamente en los centros que tengan reconocida la especialización curricular o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes. Una vez aceptada la existencia de ese tipo de centros, que los recurrentes no cuestionan, no resulta inaceptable en el plano constitucional que en tales centros se añada el rendimiento académico del solicitante a los criterios generales de selección del alumnado. Con ello se posibilita lograr un mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de esos establecimientos educativos, protegiendo simultáneamente a los alumnos con menor rendimiento frente a un posible fracaso escolar.
La LOE no incurre en indeterminación normativa al referirse al «rendimiento académico» o a la «modulación del porcentaje». Se trata de conceptos suficientemente claros, al menos al mismo nivel que el resto de criterios reflejados en la LOE a estos efectos, cuya ponderación exacta no se contiene en la ley (presencia de otros hermanos en el colegio, padres, madres o tutores que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del centro de trabajo, renta per cápita de la unidad familiar, condición legal de familia numerosa y concurrencia de discapacidades en el ámbito familiar). En suma, el carácter relativamente abierto de esos criterios permite la entrada a la regulación de las Comunidades Autónomas, que sin ese margen de interpretación no podrían introducir ninguna variante propia en la planificación educativa. Por ello, la simple referencia al «rendimiento académico» o a una modulación del porcentaje de hasta el 20 por 100 es lo suficientemente concreta, desde una perspectiva de análisis constitucional como la que nos corresponde aplicar.
Por esas razones no cabe imputar a los preceptos cuestionados la falta de la necesaria densidad normativa en la que los recurrentes basan la acusación de vulneración del mandato de reserva de ley ordinaria.
b) Tampoco se vulnera la competencia pública de programación general de la enseñanza por la atribución a los centros docentes de la posibilidad de valorar el rendimiento académico de los alumnos que soliciten la admisión en ellos. En primer lugar, la titularidad de los centros públicos corresponde a las Administraciones educativas, de modo que también pueden participar en cierto grado en la programación general de la enseñanza, aunque sea de manera limitada. Por lo tanto, la imputación de vulnerar esa competencia pública de programación habría que circunscribirla a la acción de selección realizada por los centros concertados, a los que también se posibilita la aplicación del criterio «rendimiento académico», como prueba el hecho de que el precepto cuestionado se encuadre en el capítulo dedicado únicamente a la «escolarización en centros públicos y privados concertados». Pero tampoco en este caso se aprecia una vulneración de esa competencia pública. Y ello por tres razones: la primera, el carácter autodescriptivo del concepto de rendimiento académico, que no es ni un concepto abierto ni inasequible jurídicamente, sino perfectamente mensurable; la segunda, los limitados efectos de la ponderación del factor «rendimiento académico», que sólo podrá alcanzar el 20 por 100 de la puntuación total. Por último, la aplicación de ese criterio, suficientemente concreto, ha de tener por fuerza una incidencia muy escasa en cuanto al ejercicio de una competencia tan amplia como la planificación «general» de la enseñanza.
Todo ello conduce a desestimar la imputación de inconstitucionalidad del apartado segundo del artículo 84.2 LOE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Inadmitir la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra.
2.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de abril de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular concurrente que formula la Vicepresidenta de este Tribunal doña Encarnación Roca Trías a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1406-2014
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con pleno respeto a la opinión de mis compañeros, formulo Voto particular concurrente en los términos que expongo a continuación.
Manifiesto mi discrepancia únicamente con la fundamentación jurídica referida a la desestimación de la impugnación del último párrafo del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), en la redacción del mismo dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Advierto ya que esa discrepancia no me ha impedido compartir la conclusión desestimatoria a la que llega la Sentencia en esta y en las restantes cuestiones que se planteaban en el recurso.
Respecto a dicho precepto, los recurrentes planteaban, sucesivamente, dos cuestiones. En primer lugar, discutían el modelo educativo consistente en la aplicación de un sistema que diferencia por sexos, por entenderlo inconstitucional al incurrir en una discriminación proscrita por el artículo 14 CE. Añaden después, específicamente en relación con el último párrafo del artículo 84.3, que, aunque fuera constitucional, las administraciones educativas deberían poder denegar el concierto a quienes desarrollaran ese tipo de educación, so pena de vulnerar los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE.
La razón de mi disenso con el fundamento jurídico 4 b) de la Sentencia, que aborda esta última cuestión, estriba en que, en mi opinión, asume una posición que me parece discutible, pues, a partir de la premisa, que comparto, de que la educación diferenciada no puede considerarse un supuesto de discriminación por razón de sexo, no creo que pueda concluirse, como parece sugerir la Sentencia, que existe una obligación constitucional derivada del artículo 27.9 CE, del que surge un derecho al concierto de los centros en los que esa educación se imparte.
De hecho, conforme a la propia forma de razonar de la Sentencia, gran parte de la argumentación que se emplea es innecesaria para la resolución del problema planteado. En el inicio del fundamento del que discrepo se afirma que «sólo en el caso de que el régimen de educación diferenciada fuera inconstitucional, podría objetarse la opción del legislador de tratar de manera igualitaria ambos modelos pedagógicos en el ámbito de los conciertos educativos». Si esto fuera así, como se reitera varias veces en ese mismo fundamento, la conclusión es que carece de sentido continuar con el debate exclusivamente en relación con la financiación mediante concierto de este tipo de centros, una vez resuelto que no es inconstitucional dicho régimen de educación diferenciada y afirmado, como se hace, que el legislador dispone de opciones en esta materia.
Sin embargo, en su razonamiento la Sentencia da varios pasos más que la hacen caer, en mi criterio, en el claro defecto de superar la queja planteada por los recurrentes. Así, produce el efecto de limitar, en cierta medida, las legítimas opciones del legislador democrático en esta materia. Opciones que son, en definitiva, expresión del pluralismo político como valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE). No cabe olvidar que el Tribunal Constitucional es intérprete supremo de la Constitución, no legislador, y sólo se debe esperar de él pronunciamientos sobre adecuación o inadecuación de los preceptos a la Constitución, sin que sea posible que, directa o indirectamente, se impongan determinados contenidos a las decisiones de ese legislador.
La Sentencia bordea, en mi opinión, ese riesgo. Aborda el problema relacionando el artículo 27.9 CE con la garantía de gratuidad de la enseñanza del artículo 27.4 CE, lo que, en principio, no plantea problema alguno en cuanto se ajusta a la doctrina constitucional. Pero, a renglón seguido, lo que sugiere es que existe un derecho de los padres a la elección de centro educativo, que ese centro puede utilizar como método pedagógico la educación diferenciada y que tiene derecho a acceder al concierto educativo para así garantizar la gratuidad de las enseñanzas que presta. Todas esas afirmaciones me parecen muy discutibles y ajenas al objeto del recurso, pues, en todo caso, el concierto no se negaría, en la tesis de los recurrentes, a todos los centros privados sino solo a algunos en razón del método pedagógico utilizado, que no coincide con la coeducación promovida por las Administraciones educativas. Por lo mismo, no se impediría la posibilidad de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado, sino, todo lo más, en aquellos que no se ajusten a las opciones de política educativa adoptadas por los poderes públicos y, señaladamente, el legislador. Finalmente, ni el derecho de los padres a elegir centro docente es absoluto, ni implica el derecho a elegir un centro concertado, ni tampoco vulnera la libertad de educación ni la libertad de creación de centros docentes reconocidas por los artículos 27.1 y 6 CE, ya que, al margen de la financiación pública, el modelo de educación diferenciada puede seguirse aplicando.
Comparto con la Sentencia la conclusión de que no existe en la Constitución una prohibición de ayuda a los centros docentes que utilicen como método pedagógico la educación diferenciada, pero considero que ese razonamiento, que, como ya he avanzado, hubiera bastado para desestimar esta segunda queja, se desarrolla mucho más en el sentido de pretender reconocerles, siquiera de modo indirecto, un derecho al concierto. Me parece que la Sentencia da por supuesto que el derecho existe, aunque luego lo limite («De este modo, una vez justificada la inexistencia de recursos públicos para financiar en cada caso el centro privado de que se trate, los poderes públicos podrán aplicar los criterios establecidos en la norma legal dictada en desarrollo del artículo 27.9 CE, para priorizar el alcance de esa financiación»). La Sentencia deduce esta conclusión de la previa cita de la STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 4, donde se describe en negativo, uno de los contenidos del derecho a la educación («el derecho a la educación —a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales»). Sin embargo, no creo que haya fundamento suficiente para llegar a la conclusión anterior, que parece imponer una carga consistente en una valoración caso por caso para poder excluir del concierto a los centros de educación diferenciada («una vez justificada la inexistencia de recursos públicos para financiar en cada caso el centro privado de que se trate»). Antes al contrario, del razonamiento de la propia STC 86/1985, FJ 3, y el énfasis que pone en que el derecho a la subvención no nace para los centros de la Constitución, sino de la ley, se deduce claramente que no hay necesidad de justificación en cada caso concreto para no financiar el centro privado, como ahora parece exigirse.
Además, a mi parecer, el modo en que se cierra el razonamiento («los centros de educación diferenciada podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos; dicho acceso vendrá condicionado por el cumplimiento de los criterios o requisitos que se establezcan en la legislación ordinaria, pero sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso»), supera los criterios de la doctrina constitucional (por ejemplo, STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 12). Una cosa es que con el concierto educativo se favorezca el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes y otra muy diferente es que se limite al legislador en su tarea de establecer criterios de preferencia en la asignación de recursos escasos, ponderando las diversas vertientes del artículo 27 CE.
Este Tribunal ha señalado que «el citado art. 27.9, en su condición de mandato al legislador, no encierra, sin embargo, un derecho subjetivo a la prestación pública», ya que «ésta, materializada en la técnica subvencional o de otro modo, habrá de ser dispuesta por la Ley». Ahora bien, «el que en el art. 27.9 no se enuncie como tal un derecho fundamental a la prestación pública y el que, consiguientemente, haya de ser sólo en la ley donde se articulen sus condiciones y límites, no significa obviamente que el legislador sea enteramente libre para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo», pues, «la Ley que reclama el art. 27.9 no podrá, en particular, contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo y deberá asimismo configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad» (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 5, citando la STC 86/1985, FJ 3).
No obstante, el propio Tribunal también ha sostenido, en la STC 77/1985, FJ 11, que «la remisión a la Ley que se efectúa en el art. 27.9 de la C.E. puede significar que esa ayuda se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales. Ejemplos de éstos podrían ser el mandato de gratuidad de la enseñanza básica (art. 27.4 de la C.E.), la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (arts. 1 y 9 de la C.E.) o la distribución más equitativa de la renta regional y personal (art. 40.1 de la C.E.). El legislador se encuentra ante la necesidad de conjugar no sólo diversos valores y mandatos constitucionales entre sí, sino también tales mandatos con la insoslayable limitación de los recursos disponibles. Todo ello, desde luego, dentro de los límites que la Constitución establece».
Creo, por tanto, que una decisión del legislador que, hipotéticamente, limitase la financiación pública a los centros privados mixtos no vulneraría la libertad de educación ni la libertad de creación de centros docentes (arts. 27.1 y 6 CE) de los titulares de los centros privados de educación diferenciada. Y, por la misma razón, tampoco lo hacen las previsiones del artículo 84.3 LOE, en la redacción dada por la LOMCE, según las cuales «en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto».
Esas decisiones no vienen impuestas por los principios constitucionales y obedecen exclusivamente a una legítima opción del legislador dentro del marco concedido por la norma constitucional, aspecto que creo que debió reflejarse mucho más claramente en la Sentencia.
Y en ese sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a diez de abril de dos mil dieciocho.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014 al que se adhiere el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón
Como tuve oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disiento de la decisión adoptada por la mayoría. Dentro del máximo respeto hacia el parecer de mis compañeros de Pleno, entiendo, por las razones que de inmediato expondré, que el fallo debió estimar parcialmente el recurso y declarar en consecuencia la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
I. Educación segregada por razón de sexo.
1. Desde el mismo pórtico de este Voto particular, ya deseo destacar que, a mi juicio, los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE vulneran, de manera frontal, el artículo 27.2 de la Constitución española (CE), en relación con los artículos 1, 9.2 y 14 del texto constitucional. La notable transcendencia que, para la progresiva y definitiva eliminación de las intensas y extensas desigualdades por razón de género de muy variada índole (económicas, sociales o profesionales, por mencionar algunas de las más relevantes) aún presentes en la sociedad española, despliega y desplegará la decisión adoptada por la presente Sentencia al validar constitucionalmente la implantación de un sistema de educación segregada, justifica que me extienda en el contenido de los razonamientos que fundamentan mi discrepancia en derredor de este aspecto.
A diferencia de las opciones normativas enunciadas en algunas constituciones de otros países de la Unión Europea, el artículo 27 CE configura la educación como un derecho fundamental, al tiempo que define de manera ensamblada el ideario educativo – por apropiarme de la noción acuñada por Tomás y Valiente -, a cuya satisfacción se encuentran enderezados tanto ese derecho como las restantes libertades educativas. La principal fuente de restricción de la libertad de enseñanza (art. 27.1), en su condición de contenido del derecho a la educación, procede de este límite constitucional expreso, de naturaleza interna, instituido en el enunciado normativo del artículo 27.2, a tenor del cual «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
Por enunciar la idea con otras palabras, las diferentes facultades a través de las cuales el artículo 27 garantiza un derecho a la educación en libertad se encuentran delimitadas y limitadas por la necesidad de observar sin reserva alguna en ese ideario educativo y orientarse a su consecución. Entre éste, el ideario, y aquellas otras, las manifestaciones de ese derecho de contenido complejo que es el derecho a la educación, concurre una doble y estrecha vinculación. La primera tiene un alcance negativo, proscribiendo cualquier acción o acto que menoscabe, perjudique o agravie el ideario. La segunda, en cambio, posee un significado positivo, pues obliga a que los diversos actores del sistema educativo (padres, alumnos, instituciones representativas de unos y otros, centros escolares y, desde luego, poderes públicos) adopten todas aquellas medidas que garanticen la consecución de ese ideario.
Desde una perspectiva constitucional, que es la única en la que importa aquí reparar, el debido test al que ha de someterse y, por consiguiente, superar el ideario de todo centro escolar, incluida la técnica pedagógica adoptada, no consiste en discernir si con dicho ideario se obtienen buenos, mediocres o malos rendimientos académicos sino, y ello es bien diferente, si el resultado educativo se mantiene en o se separa del marco del ideario constitucional. Solo orientando el contenido sustantivo del derecho a la educación hacia el logro de esos valores, bienes y derechos constitutivos del ideario educativo constitucional se protegen adecuadamente los intereses de los menores, al tiempo que se les asegura el progresivo descubrimiento y ejercicio por ellos mismos de sus derechos.
Las observaciones que acabo de exponer delimitan la metodología obligada que ha de utilizarse para tratar el problema de fondo planteado desde una dimensión estrictamente constitucional; esto es, desde una dimensión alejada de las motivaciones espurias de variado carácter (religioso, político, social, biológico o sicológico, por ejemplo) que a menudo tienden a sustentar, bien que de manera oculta, el propio juicio de constitucionalidad. Esta metodología puede formularse de forma sencilla con la ayuda del siguiente interrogante: ¿la educación diferenciada por sexo es acorde con el ideario constitucional o, por el contrario, pugna con él?
El problema aquí suscitado ni puede ni debe resolverse, conforme hace la Sentencia de mi disensión con insistente monotonía argumentativa, verificando si las condiciones y los medios en los centros que opten por dicha técnica pedagógica son equivalentes a los que utilicen aquellos otros que se organizan de acuerdo a criterios de educación mixta. Muy antes al contrario, la cuestión suscitada reside en examinar si una pedagogía como la que propone la educación diferenciada permite garantizar el derecho a la educación conforme al ideario educativo constitucional; si se aleja o no de una formación educativa respetuosa con los derechos y libertades consagrados en nuestra Carta Magna, de manera especial, con el principio de igualdad y con los valores de la tolerancia y convivencia democráticas.
En este sentido y como razonaré de inmediato, la educación segregada por sexo priva a los alumnos y a los profesores del escenario o contexto necesarios para educar a partir de una percepción democrática de los acusados conflictos de género que en nuestra sociedad aún se mantienen, sin que, lamentablemente, los poderes públicos adopten las medidas necesarias para su prevención y consiguiente solución. Los modelos pedagógicos de la educación diferenciada, al confrontar con ese ideario educativo, se sitúan fuera del contenido esencial del derecho a la educación; o, si se prefiere, de la libertad de enseñanza y de creación de centros escolares.
2. Como ya he hecho constar, el artículo 27.2 CE enuncia el objetivo primario y esencial del derecho a la educación, calificando como tal el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Se considere o no un atisbo excepcional de la democracia militante —como han apuntado algunos autores—, el precepto prescribe el ideario educativo de la Constitución: «la primera finalidad que este precepto constitucional asigna a la educación es 'el pleno desarrollo de la personalidad humana' del alumno. Plenitud que es imposible sin libertad, por lo cual los términos del art. 27.2 son completivos de aquellos otros del art. 10.1 de la C.E. en los que se afirma que 'el libre desarrollo de la personalidad' es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Por ello, todo ideario educativo que coarte o ponga en peligro el desarrollo pleno y libre de la personalidad de los alumnos será nulo por opuesto a la Constitución. Por imperativo del mismo precepto (art. 27.2 de la C.E.) el alumno debe ser educado en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Si, como escribió Kelsen, 'la educación para la democracia es una de las principales exigencias de la democracia misma', es evidente que el Estado no podría permitir, en aras de un pluralismo educativo mal entendido, la existencia de centros docentes privados inspirados por idearios educativos totalitarios o antidemocráticos. El citado art. 27.2 es garantía de que esto no podrá ocurrir en nuestro ordenamiento» (Voto particular de Tomás y Valiente a la STC 5/1981, de 13 de diciembre).
El artículo 27.2 CE no ampara el adoctrinamiento ideológico, por contrario a los valores superiores de la libertad y el pluralismo. Pero tampoco es neutral, en cuanto impulsa decididamente la difusión de los valores constitucionales: juridifica así la médula de la educación democrática, que si no es paritaria no es democrática, y como tal expresa la finalidad que ha de presidir la entera configuración normativa del sistema educativo (STC 133/2010, de 2 de diciembre, FJ 9). Es evidente que tal finalidad no concierne solo a los contenidos de la formación, sino que se proyecta sobre todas las facetas del sistema educativo. Así, a propósito del homeschooling, el Tribunal ya advirtió en la citada Sentencia que la finalidad de garantizar una adecuada transmisión de conocimientos a los alumnos no es la única «que deben perseguir los poderes públicos a la hora de configurar el sistema educativo en general y la enseñanza básica en particular, que han de servir también a la garantía del libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales, una finalidad ésta que se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización» [FJ 8 b)].
En línea con lo afirmado por la STC 133/2010, la educación diferenciada por razón de sexo niega el papel de la escuela como espacio por excelencia de socialización y convivencia en la igualdad desde la infancia más temprana («el respeto a los principios democráticos de convivencia», en términos del art. 27.2 CE). Contribuye de esta manera tanto a perpetuar los caducos patrones de pensamiento y estereotipos sexistas, como a dificultar la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, en línea opuesta a la necesidad de avanzar en la protección de los derechos de las personas LGTBI, puesta de relieve en diversos trabajos de la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea, entre otros organismos. Por ello, lejos de cumplir con el ideario educativo constitucional, lo lesiona en uno de sus pilares: el de la igualdad, en las dimensiones complementarias que le confieren los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE.
En este escenario conceptual, me parece obligado recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, «el art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias [art. 14 CE] con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material. La incorporación de esa perspectiva es propia de la caracterización del Estado como social y democrático de Derecho con la que se abre el articulado de nuestra Constitución y que trasciende a todo el orden jurídico (STC 23/1984, de 20 de febrero, FJ 4). Una caracterización a la que se debe reconocer pleno sentido y virtualidad en la interpretación del alcance de los diversos preceptos constitucionales, habida cuenta de que, como hemos afirmado, 'la Constitución no es la suma y el agregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación de su art. 1, en su apartado 1, a partir de la cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles' (STC 206/1992, de 27 de noviembre, FJ 3). De modo que la caracterización de nuestro modelo de Estado como social y democrático de Derecho, con los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que dotan de sentido a esta caracterización, representa el fundamento axiológico para la comprensión del entero orden constitucional» (STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4).
Desde la perspectiva del artículo 9.2 CE, la Sentencia de mi discrepancia resulta especialmente perturbadora cuando, de forma insólita, extiende su juicio al legislador futuro (e igualmente al legislador de la LOE 2006), al que veta la adopción de una política de financiación pública de centros educativos privados que excluya a los que imparten la educación diferenciada. Me limito a recordar que, según la STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11, del artículo 27.9 CE no se desprende un deber de ayudar a todos y cada uno de los centros docentes sólo por el hecho de serlo, pues la remisión a la ley puede significar que esa ayuda se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales, entre ellos, la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (arts. 1 y 9 CE). La Sentencia de la que me aparto invoca la STC 86/1985, de 10 de julio, según la cual las ayudas públicas deben ser configuradas con respeto al principio de igualdad. Obviamente no cuestiono esta aseveración, pero no es el Tribunal el que prima facie está llamado a fijar las orientaciones de política educativa en orden a la financiación de los centros privados. Merece ser recordado que la misma STC 86/1985 añade que «el legislador puede, en el respeto al canon de razonabilidad que le impone el art. 14, diferenciar entre supuestos y hasta debe hacerlo, en obediencia a otros preceptos constitucionales, cuando su acción se orienta a la adjudicación de prestaciones a particulares» (FJ 3).
3. Siendo la igualdad sustantiva un elemento definidor de la misma noción de ciudadanía (STC 12/2008, FJ 5), solo la educación mixta proporciona los cimientos de convivencia entre iguales que posibilita el cumplimiento del ideario educativo de la Constitución, como condición necesaria aunque desde luego no suficiente para garantizar una educación que responda al valor constitucional de la igualdad. El presupuesto sobre el que ha de enjuiciarse cualquier decisión política es la igualdad radical del hombre y la mujer. Si este presupuesto implica que una representación integradora de ambos sexos es irrenunciable para el gobierno de una sociedad, necesariamente así compuesta (STC 12/2008, FJ 7), esa igualdad radical exige también de modo irrenunciable, para observar y cumplir con la primera finalidad de la educación consagrada por el artículo 27.2 CE, una escuela que no segregue por razón de género.
Toda diferenciación por razón de sexo debe superar un escrutinio particularmente riguroso: el artículo 14 CE contiene «una explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los Poderes Públicos, como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 de la CE. En este sentido, no debe ciertamente olvidarse que la expresada exclusión de la discriminación por razón del sexo halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes parlamentarios del art. 14 CE, y es unánimemente admitido por la doctrina científica, en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina» (STC 166/1988, de 26 de septiembre, FJ 2). Por este motivo, la presencia de ese elemento diferenciador debe llevar a un cuidadoso análisis de las causas subyacentes en la diferenciación (STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 7). La doctrina del Tribunal es constante: «El canon de control aplicable cuando se alega que una norma jurídica conculca el artículo 14 CE, por cualquiera de las circunstancias personales que merecen protección, se define por la STC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8, a partir de su diferencia con el canon de ponderación aplicable al apartado primero del mismo precepto constitucional: si el principio de igualdad 'no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato', las prohibiciones de discriminación, en cambio, imponen como fin y generalmente como medio la parificación de trato legal, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica… Lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto y que implica un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad» (STC 3/2018, de 22 de enero, FJ 4). La carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de la misma, y se torna aún más rigurosa cuando el factor diferencial es uno de los típicos que el artículo 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con el sexo, la raza, la religión, el nacimiento y las opiniones [entre otras, SSTC 81/1982, de 21 de diciembre, FJ 2, 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4.b), y 66/2015, de 13 de abril, FJ 3].
La resolución adoptada por la mayoría, pese a citar ampliamente la doctrina previa, no aborda el riguroso análisis que demanda la jurisprudencia constitucional; y tampoco traslada debidamente la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación a quien asume su defensa. De forma un tanto contradictoria, primero distancia el análisis constitucional del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE), afirmando que responde a «un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos», sin presencia de «otro tipo de motivaciones ajenas a las educativas». Pero posteriormente se afirma que es fruto de «determinadas concepciones de diversa índole» (concepciones que quedan en penumbra), para señalar más adelante que «se presenta por sus promotores como un determinado tipo o modelo pedagógico, sobre el que este Tribunal —obvio es decirlo— no puede ofrecer criterio valorativo alguno». Su caracterización, se añade, «implica su consideración como una parte del ideario o carácter propio del centro que escoge esa fórmula educativa», ideario que previamente se ha «conectado con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, aunque entre ambos no existe relación de instrumentalidad necesaria, que no excluye, empero, la existencia de 'una indudable interacción' entre ellos»: es decir, en conexión, ahora sí, con el artículo 27.3 CE. Con estas erráticas oscilaciones argumentales no acabo de entender cuál es el hilo conductor o la tesis que sostiene la sentencia y, lo que es más importante: en mi opinión se renuncia a valorar lo que constituye el verdadero núcleo de este debate constitucional.
Los centros educativos que segregan por razón de sexo se presentan con un discurso centrado en su ventaja pedagógica, presuntamente basada en las diferencias psicobiológicas entre alumnos y alumnas: un postulado en el mejor de los casos científicamente controvertido, al no tomar en consideración los perfiles individuales del alumnado con independencia de su sexo, las raíces culturales, el contexto socioeconómico o, ni tan siquiera, los hallazgos de la neurociencia (por citar algunos trabajos, Should the sexes be separated for secondary education ‐‐ comparisons of single‐sex and co‐educational schools?, Research Papers in Education, 2006; Equally prepared for life? OCDE 2009; The pseudoscience of single-sex schooling, Science 333, 2011; Single-sex education and the brain, Sex Roles 2013).
4. Al menos en nuestro país, la llamada educación diferenciada más parece un eufemismo de cariz pseudomoderno, pero apenas distante de la idea que sostuvo la segregación tradicional, de manifiesto y grueso trazo discriminatorio. Algunas decisiones legislativas ilustran de manera ejemplar este juicio. Así, la Ley Moyano, además de imponer la segregación física en la enseñanza elemental y superior de las niñas, sustituyó los estudios de geometría, dibujo lineal, física o historia natural por «labores propias del sexo», «elementos de dibujo aplicado a las mismas labores» o «ligeras nociones de higiene doméstica». En épocas ya más próximas, la Ley de educación primaria de 1945 —que dijo consagrar «el principio cristiano de la separación de sexos en la enseñanza», apelando a razones de orden moral y, nótese bien, de eficacia pedagógica— prescribió tanto la separación física como la diferenciación de contenidos educativos, preparando a las niñas desde la educación primaria «para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas». En fin, incluso la Ley de Educación de 1970, aunque abre tímida y paulatinamente el paso a la educación mixta, advierte que los programas y orientaciones pedagógicas serán matizados de acuerdo con el sexo, manteniendo la asignatura obligatoria de «enseñanzas del hogar» para las alumnas.
Con los antecedentes históricos de la segregación por sexos en la escuela española tan sumariamente recordados, no es aceptable perpetuar el estigma de este legado con el «nuevo ropaje» de una opción pedagógica, sin entrar a contrastar su pretendido fundamento objetivo, su razonabilidad y proporcionalidad que, al no quedar debidamente acreditados por sus defensores, no supera el canon de ponderación exigido por la jurisprudencia del Tribunal.
A lo largo del fundamento jurídico 4 de la resolución, la mayoría insiste en que el artículo 84.3 LOE acoge una educación diferenciada por sexos pero «equivalente» o «equiparable», precepto del que se destaca además que estos proyectos educativos deben desarrollar medidas académicas para favorecer la igualdad: estamos ante un oxímoron que no resiste contraste ni con el ideario educativo constitucional ni con los fines y principios de la educación, proclamados en las propias leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 CE. Estas parten del ideario enunciado en el artículo 27.2 CE, y enfatizan el valor de la igualdad; el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género es uno de los principios que inspiran el sistema educativo [art. 1.l) LOE]; la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los fines de la educación [art. 2 b) LODE]. No se comprende cómo se pueden desarrollar estos fines y principios en una escuela que, al segregar físicamente por razón de sexo, introduce una inherente desigualdad en el corazón mismo del sistema educativo.
Incluso admitiendo como mera hipótesis que, por sí misma, la segregación por sexos no conduce a una educación diferenciada también en contenidos, en detrimento de la superación de los roles y estereotipos tradicionales, y debido al arraigo histórico del sexismo en la educación española, no puedo dejar de evocar el inquietante paralelismo de la noción de educación equivalente o equiparable con el principio «separados pero iguales» que en Estados Unidos justificó la segregación racial en la sentencia Plessy vs. Ferguson (1896), y que no quedó arrumbada hasta la capital sentencia Brown vs. Board of Education of Topeka (1954). En esta última, el Tribunal Supremo descarta entrar en una comparación entre escuelas, sin tomar en consideración el criterio de la equivalencia a fin de examinar los efectos de la segregación, en sí misma considerada, en la escuela pública. Considerando la educación el fundamento básico de una auténtica ciudadanía, como instrumento principal para despertar los valores culturales, para prepararles para el aprendizaje profesional y para ayudarles a adaptarse con normalidad a su medio, concluye que un «sistema con escuelas separadas es intrínsecamente desigualitario».
En la España del siglo XXI, sin duda habría unanimidad en opinar que el principio «separados pero iguales» es inconstitucional si comporta segregación racial, atentando al fundamento mismo del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE). ¿Cuál puede ser el fundamento para sostener lo contrario cuando se trata de segregación por razón de sexo?
En nuestro sistema constitucional, la desigualdad (la segregación) se encuentra vedada en las escuelas, tanto públicas como privadas, por imperativo de los arts. 1, 9.2, 14 y 27.2 CE.
II. Enseñanza de religión versus enseñanza de valores culturales y cívicos/valores éticos.
Según consolidada doctrina constitucional, «el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener 'las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones', introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que 'veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales' (STC 177/1996)» (STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4; en el mismo sentido, entre otras, SSTC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9; 154/2002, de 18 de julio, FJ 6; 101/2004, de 2 de junio, FJ 3, y 34/2011, de 28 de marzo, FJ 3).
Es exactamente la confusión entre fines religiosos y estatales, vedada por el artículo 16.3 CE como advirtió la temprana STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1, la que aprecio en los arts. 18, 24 y 25 LOE, en la medida en que contemplan la asignatura de religión y las asignaturas de valores sociales y cívicos (en educación primaria) y valores éticos (en educación secundaria obligatoria) con carácter alternativo. Este diseño alternativo (que, tanto por el contenido de las enseñanzas como por el carácter evaluable de las asignaturas, es por completo diferente del que fue objeto del ATC 40/1999, de 22 de febrero), no respeta el principio de aconfesionalidad del Estado, que exige la neutralidad de todas las instituciones públicas y, muy especialmente, de los centros docentes (STC 5/1981, FJ 9).
Dicha neutralidad, según la misma STC 5/1981, no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE). Desde este momento me interesa dejar claro que lo que está aquí en entredicho no es la organización de estas enseñanzas religiosas, pues el deber de cooperación establecido en el artículo 16.3 CE «encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales» (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 5). La cuestión constitucional a examen, en la STC 38/2007 y en este proceso, no versa por tanto sobre la enseñanza religiosa en los centros escolares.
Lo que, a mi juicio, afecta negativamente a la neutralidad religiosa del Estado es diseñar estas enseñanzas religiosas como alternativa a las asignaturas que, con diferente —y no precisamente afortunada— denominación, han de integrar el contenido del ideario educativo constitucional recogido en el artículo 27.2 CE, a cuya trascendencia y posición central en la ordenación del sistema educativo ya he dedicado buena parte del apartado precedente de este voto particular. En el contexto ahora de mi posición crítica al tratamiento de la enseñanza de los «valores sociales y cívicos» o los «valores éticos», como documento de referencia me remito a la Carta del Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía democrática (orientada a los derechos y las responsabilidades democráticas y la participación activa, en relación con los aspectos cívicos políticos, sociales, económicos, jurídicos y culturales de la sociedad) y la educación en derechos humanos (que abarca una gama más amplia de derechos y libertades fundamentales en todos los ámbitos de la vida). Adoptada en el marco de la recomendación CM/Rec(2010)7 del Comité de Ministros de los Estados Miembros, la Carta llama a los Estados a «incluir la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos en los programas de educación formal en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la enseñanza y la formación general y profesional» y a «seguir apoyando, revisando y actualizando la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos en estos programas con el fin de garantizar su pertinencia y asegurar la continuidad de esta materia» (#6).
Llevan razón los recurrentes cuando señalan que, en este ámbito formativo tan estrechamente conectado con el ideario educativo recogido en el artículo 27.2 CE, la perspectiva confesional no puede sustituir a la perspectiva constitucional, convirtiéndose las asignaturas alternativas en modalidades didácticas de la misma disciplina, pues esta alteridad diluye la naturaleza de los valores constitucionales, al tiempo que vulnera el deber de neutralidad religiosa que, ex artículo 16.3 CE, forzosamente ha de presidir la actividad del Estado, y que con esta reforma educativa adquiere un tinte neoconfesional.
La cuestión no queda despejada por la circunstancia de que el carácter alternativo de estas enseñanzas no sea «necesariamente excluyente», como apunta sucintamente la Sentencia de mi discrepancia. Subsiste en su diseño conceptual esa condición alternativa, que constituye la raíz del problema constitucional, y de todos modos la ley da todas las facilidades para que en la práctica se consagre ese carácter excluyente, al deferir la posibilidad de cursar ambas opciones a la programación y la oferta de las Administraciones educativas y de los centros docentes [arts. 18.3 c), 24.4 c) y 25.6 c) LOE].
III. Derecho de los menores a participar en las decisiones relativas a sus itinerarios educativos.
La incorporación de los alumnos de ESO a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (art. 27.2 LOE), o el acceso a la formación profesional básica [arts. 30 y 41.1 c) LOE], en los citados preceptos se propone solo a los padres, madres o tutores legales, pero el artículo 28.7, párrafo segundo, LOE, matiza la omisión al extender también la propuesta, «en su caso», al alumno o alumna.
Se trata de alumnos menores de edad, en el tramo comprendido entre los 12 y los 17 años. Su derecho a la participación directa en decisiones curriculares de tanta trascendencia queda minimizado en la resolución mayoritaria, que argumenta a favor de la heteroejecución del ejercicio del derecho del menor a través de padres y tutores, al entender que «la participación del menor en el ejercicio de sus propios derechos puede ser de diferente alcance en función de las circunstancias de edad y madurez que concurran en él».
No se extraen las debidas consecuencias de lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, que al regular el derecho del menor a ser oído y escuchado, proporciona un criterio claro sobre la madurez a efectos del ejercicio directo del derecho: a partir de los doce años cumplidos. Esta reforma se introdujo por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que según su exposición de motivos desarrolla el derecho fundamental del menor a ser oído y escuchado de acuerdo con los criterios recogidos en la Observación núm. 12, de 12 de junio de 2009, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, que alude específicamente al derecho del niño a ser escuchado en las cuestiones relativas al rendimiento escolar. En el mismo sentido, el artículo 6.3 d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE), reconoce a los alumnos el «derecho básico» a recibir orientación educativa y profesional. De este derecho es titular el propio alumno, pues a los padres y tutores se reconoce en el artículo 4.1 e) LODE el derecho diferenciado a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
Pese a la omisión apreciable en los artículos 27.2, 30 y 41.1 c), la ambigua expresión del artículo 28.7 hubiera permitido una interpretación integradora de esta parte de la LOE con las otras normas que he citado. Me aparto sin embargo de la fundamentación porque no afirma de forma inequívoca el derecho de los alumnos a esta participación directa, como derecho no susceptible de heteroejecución y ajeno al mandato tuitivo del artículo 39 CE que se invoca en la Sentencia.
Y en este sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a diez de abril de dos mil dieciocho.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con parte de su fundamentación jurídica y su fallo, que considero debería haber sido estimatorio en relación con las impugnaciones de (i) la segregación sexual en los centros docentes privados concertados (art. 84.3 de la Ley Orgánica de educación: LOE) y (ii) la regulación de las asignaturas de religión y valores culturales y cívicos (arts. 18, 24 y 25 LOE) y, por tanto, haber sido declarados inconstitucionales y nulos.
I. La segregación sexual binaria en los centros docentes privados concertados vulnera la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo e identidad sexual.
1. La cuestión se plantea exclusivamente en relación con los centros privados concertados.
La opinión mayoritaria, aunque no de forma expresa, no ha controvertido que los párrafos II y III del artículo 84.3 LOE, introducidos por la disposición sexagésimo primera del artículo único de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), al excluir que la segregación sexual en los centros docentes constituya una medida discriminatoria, se refieren única y exclusivamente a los centros privados concertados.
Comparto ese punto de partida. El artículo 84, bajo el epígrafe «[a]dmisión de alumnos», abre el capítulo III LOE, titulado «[e]scolarización en centros públicos y privados concertados». El artículo 84.1 LOE establece que «[l]as Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados…». En este contexto normativo podría parecer que el artículo 84.3 LOE se refiere de manera indistinta tanto a los centros públicos como a los privados concertados. Una interpretación integradora de los párrafos II y III del artículo 84.3 LOE pone de manifiesto, sin embargo, que la «permisión» de la segregación sexual en los centros docentes aparece exclusivamente referida a los centros privados concertados.
Así lo demuestra (i) el hecho de que en el párrafo III se regulan los efectos de esta opción educativa solo respecto de los centros privados en el marco de la regulación de sus conciertos educativos y (ii) la exigencia de que para la adopción de esa medida los centros deban exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad, que solo tiene sentido respecto de los citados centros privados. A esta misma conclusión conduce el recurso de inconstitucionalidad y la contestación de la Abogacía del Estado, que tampoco controvierten que esta previsión queda limitada en su aplicación a los centros privados concertados.
Hubiera sido deseable, a mi juicio, que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia hubiera puesto de manifiesto de forma expresa esa consideración para alejar cualquier tipo de duda respecto de la imposibilidad de que la segregación sexual sea implantada en los centros docentes públicos. Además, esa circunstancia hubiera clarificado que el análisis diferenciado propugnado por los diputados recurrentes —que hace suya la opinión mayoritaria— relativo, por un lado, a la eventual vulneración del derecho a la no discriminación por parte de la segregación sexual y, por otro, a la posibilidad de que estos centros segregados puedan acceder a los conciertos educativos para conformar el servicio público de la educación, se integran en el mismo debate.
2. La no discriminación por razón de sexo como parámetro de control de constitucionalidad se aplica de manera ritual y descontextualizada.
Este recurso constituye un caso líder en nuestra jurisprudencia constitucional. No es uno de esos supuestos en que, como viene siendo habitual en una jurisprudencia tan apegada a los postulados positivistas como la española, pueda resolverse apelando a precedentes más o menos lejanos o discutibles. La determinación del parámetro de control de constitucionalidad y su concreta aplicación al caso son determinantes. A mi juicio, el resultado que obtiene la opinión mayoritaria en este punto no puede ser definido como satisfactorio.
La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, como no podía ser de otra manera, constata que el Tribunal ha venido declarando, en relación con el listado de los motivos o razones de discriminación expresamente prohibidos por el artículo 14 CE, (i) la ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados en que estos motivos operan como factores determinantes o cuando no aparecen fundados más que en los concretos motivos o razones de discriminación que dicho precepto prohíbe y (ii) que los motivos de discriminación que prohíbe el artículo 14 CE pueden ser utilizados excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, si bien en tales supuestos el estándar de control, al enjuiciar la legitimidad de la diferencia y las exigencias de proporcionalidad, resulta mucho más estricto, así como más rigurosa la carga de acreditar el carácter justificado de la diferenciación (en relación con el sexo, entre otras, SSTC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4; o 59/2008, de 14 de mayo, FJ 5; con la edad, SSTC 63/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 117/2011, de 4 de julio, FJ 4; o 66/2015, de 13 de abril, FJ 3; y, por razón de nacimiento, SSTC 9/2010, de 27 de abril, FJ 3, o 171/2012, de 4 de octubre, FJ 4).
Comparto, en esencia, esta constatación, pero creo que la prohibición de la discriminación merece algo más que una ritual mención de su interdicción. La comprensión de esta prohibición hace preciso profundizar en el significado que tiene en los Estados democráticos avanzados. El derecho antidiscriminatorio no es una medida de la calidad democrática. Es una condición esencial de la democracia misma. La prohibición de determinados motivos de discriminación está íntimamente vinculada con la dignidad humana (art. 10.1 CE), los valores superiores de la igualdad y del pluralismo político como fundamento del ordenamiento jurídico de un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.2 CE) y el mandato dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE). La selección de esos motivos no resulta azarosa. Es el producto fenomenológico —iba a decir trágico— del devenir histórico y la lucha contra la prevalencia en determinados momentos históricos de ideologías y paradigmas que han justificado un tratamiento diferenciado de grupos sociales con fundamento en esos motivos. La raza o grupo étnico, la religión, la opinión política, el origen nacional, el sexo —incluyendo sus modalidades de identidad y orientación sexual— o las capacidades físicas e intelectivas diferenciadas, solo por citar alguno de ellos, han sido —y son todavía hoy en muchos ámbitos— elementos frecuentemente utilizados para implantar visiones excluyentes, supremacistas, segregadoras o justificadoras de situaciones de violencia o acoso discriminatorio. El carácter especialmente odioso de cualquiera de estas formas de discriminación basadas en esos y otros motivos es lo determinante para su proscripción. A partir de ello, el derecho antidiscriminatorio ha evolucionado hasta establecer que (i) la utilización de estos motivos por el legislador resulta tan intrínsecamente sospechosa que solo muy poderosas razones vinculadas a superiores intereses pueden permitir su utilización para implantar tratos diferenciados y (ii) debe posibilitarse, con el fin de compensar situaciones históricas de prolongada discriminación, actuaciones afirmativas o positivas de carácter temporal en favor de esos grupos en desventaja tendentes a superar esa situación de postergación y alcanzar los objetivos de una real igualdad de oportunidad y trato. Por tanto, a mi juicio debe extremarse la sensibilidad para compaginar la jurisprudencia antidiscriminatoria con las exigencias de una democracia moderna europea del siglo XXI como es la española.
Por otra parte, el encaje del objeto del presente recurso en la jurisprudencia constitucional antidiscriminatoria es solo un punto de partida que necesita —exige— ser debidamente complementado, actualizado y contextualizado de acuerdo con las singulares circunstancias de la situación de discriminación que se impugna: el sexo como motivo, la segregación como forma y el mundo educativo como ámbito.
Volveré sobre ello con posterioridad. Ahora solo mencionaré que el carácter de caso líder de este recurso queda más evidenciado si se toma en consideración que el Tribunal ha tenido la posibilidad de proyectar esta jurisprudencia general antidiscriminatoria en el ámbito educativo solo de manera muy aislada. La STC 10/2014, de 27 de enero, abordó la cuestión de la segregación educativa de las personas con capacidades intelectivas diferenciadas, con un resultado para cuya valoración me remito al voto particular que entonces suscribí. Desde la perspectiva del derecho a la educación (art. 27 CE), también fueron objeto de análisis las normativas en que, con motivo de la situación de regularidad o irregularidad migratoria de los alumnos, se establecía un tratamiento diferenciado respecto de la posibilidad de acceso a este derecho en relación con la enseñanza no obligatoria tanto cuando afectaba a menores de edad (STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8) como cuando afectaba a mayores de edad (STC 155/2015, de 9 de julio).
Del mismo modo, más allá de la confirmación de que la jurisprudencia antidiscriminatoria resulta plenamente aplicable en el contexto educativo, tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido una amplia posibilidad de desarrollar dicha jurisprudencia. A pesar de todo, no pueden dejar de recordarse, la Sentencia de 21 de junio de 2011, asunto Ponomaryovi c. Bulgaria, —en relación con el cobro de tasas superiores de matriculación con la justificación de que se carecía de la nacionalidad del país—; y, especialmente, por abordar también el fenómeno de la segregación escolar y considerarlas contrarias a la prohibición de discriminación, las Sentencias de 13 de noviembre de 2007, asunto D.H. y otros c. República Checa —en relación con la derivación desproporcionada de menores de origen romaní hacia escuelas especiales destinadas a niños provenientes de entornos sociales desfavorecidos— y de 16 de marzo de 2010, asunto Orsus y otros c. Croacia, —en relación con la segregación por aulas de menores de origen romaní con la justificación de su deficiente uso de la lengua vehicular—.
3. El carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación por razón de sexo e identidad sexual de la segregación sexual en los centros docentes privados concertados.
La opinión mayoritaria, en aplicación de la jurisprudencia constitucional antidiscriminatoria antes citada, ha concluido que la segregación sexual en los centros docentes privados concertados no es en sí misma discriminatoria y, por tanto, ni siquiera hace falta que sea sometida al análisis de si se trata de una discriminación justificada y proporcionada.
No comparto esa afirmación. La normativa controvertida cuenta con cuatro elementos esenciales demostrativos de que la segregación sexual en los centros docentes privados concertados implica una situación intrínsecamente sospechosa de discriminación por razón de sexo y de identidad sexual, que no han sido debidamente ponderados: (a) el motivo de discriminación es el sexo, (b) la segregación sexual toma como presupuesto la falacia del «separados pero iguales», (c) la segregación sexual binaria excluye con carácter absoluto a las personas intersexuales, y (d) la segregación sexual se proyecta en el ámbito del servicio público de la educación, que es un espacio de socialización de valores democráticos.
(a) La singularidad de la discriminación sexual.
Todos y cada uno de los motivos de discriminación prohibidos en el artículo 14 CE tienen su singularidad. Su nexo común es el carácter odioso de su uso como elemento de diferenciación de trato. El sexo como motivo de discriminación se singulariza a partir de diferentes condicionantes como son su carácter no minoritario, su ubicuidad espacial y temporal y su fundamento en la pervivencia de estereotipos sobre roles sociales sexuales alentados por las más diversas creencias. Con diferencia, este tipo de discriminación es uno de los más invisibilizados, persistentes, extendidos y trivializados. La normativa antidiscriminatoria en esta materia, además, se ha incorporado al ámbito del derecho internacional y regional de los derechos humanos y en las normativas estatales con bastante retraso respecto a otros motivos de discriminación y con significativas limitaciones. No obstante, una vez que la condición sexual ha pasado a formar parte de los motivos de discriminación prohibidos es preciso extremar su control y colocarlo al mismo nivel que, por ejemplo, la prohibición por motivos de discriminación racial, religiosa o política, aplicando todas las experiencias y avances aportados en la lucha jurídica contra otras formas de discriminación. A ese respecto, como se expone a continuación, no puedo admitir que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia persista en utilizar un argumento desterrado desde hace mucho tiempo del razonamiento antidiscriminatorio racial —el principio «separados pero iguales»— para afirmar ya desde un inicio el carácter no discriminatorio de la segregación sexual escolar.
(b) La falacia «separados pero iguales».
El argumento fuerte de la opinión mayoritaria para negar el carácter intrínsecamente discriminatorio de la segregación sexual es la remisión que en el artículo 84.3 LOE se hace al artículo 2 a) de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960, que establece que no serán consideradas como constitutivas de discriminación «[l]a creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes». Insiste, además, en que su vigencia es confirmada por la Observación general núm. 13 del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, relativa al derecho a la educación, aprobada en 1999. Esto sirve a la opinión mayoritaria para minimizar el impacto de lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, cuyo artículo 10 c) dispone que entre las medidas que deben adoptarse para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, está «[l]a eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza».
Lamento no haber podido llevar al convencimiento de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia la necesidad de que se analizara más contextualizadamente la posible aplicación al caso del principio «separados pero iguales», atendiendo, por un lado, a su abandono en el ámbito de la jurisprudencia antidiscriminatoria y, por otro, a la necesidad de hacer una lectura transicional de su enunciado en el marco de la Convención de la UNESCO de 1960, que impide su aplicación a una democracia europea avanzada del siglo XXI como la española.
El principio «separados pero iguales», conforme al cual no puede afirmarse que la segregación implique un trato discriminatorio siempre que se cumpla la condición de la equivalencia de prestaciones, era ampliamente utilizado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para abordar el cuestionamiento de políticas discriminatorias por motivo de raza tras la introducción en 1868 en la Constitución de Estados Unidos de la exigencia de la igual protección de las leyes en la sección 1 de la Enmienda XIV. Su exponente más conocido es la Sentencia asunto Plessy v. Ferguson (1896) 163 US 53 que confirmó que no era racialmente discriminatoria la normativa del Estado de Loussiana que establecía que en los trenes habría vagones segregados para la raza blanca y la raza negra con el argumento de que, aun prestándose de manera separada, el poder público garantizaba un tratamiento igualitario ante la ley en la prestación del servicio ferroviario. De esta Sentencia me interesa destacar el voto particular discrepante del Juez Harlan, quien afirma, tajante, que «… cuando están en juego los derechos civiles de los ciudadanos, niego categóricamente a los legisladores o a los jueces la posibilidad de fijarse en su raza». Es especialmente destacable porque resulta demostrativo de que ya a fines del siglo XIX se defendía que la segregación representa una forma de discriminación y porque permite reivindicar el valor prospectivo de los votos discrepantes. Esta disidencia se acabó convirtiendo en opinión ya no solo mayoritaria sino unánime en la Sentencia asunto Brown v. Board of Education of Topeka (1954) 347 US 483, dictada casi sesenta años después, y que supuso la proscripción del principio «separados pero iguales» y la consideración de la segregación como una forma de discriminación prohibida. La Sentencia Brown es de especial relevancia para el caso ahora analizado porque, aun tratándose de un supuesto de discriminación racial, se refiere a una cuestión de segregación en el ámbito educativo en que se incluye una mención a la necesidad de que la circunstancia de que se desarrolla en el ámbito escolar se analice «… a la luz de toda su evolución y del lugar que ocupa en todos los rincones de nuestro país, en el conjunto de la vida americana. Solo de este modo se puede determinar si la segregación en las escuelas públicas priva a los demandantes de la protección equitativa de las leyes». Con esa lectura actualizada de la importancia de la educación para las sociedades democráticas, la Sentencia establece que «[c]oncluimos que en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina 'separados pero iguales'. Un sistema con escuelas segregadas es intrínsecamente desigualitario». Hubo que esperar todavía algunos años más para que se abordara la segregación sexual en el ámbito educativo, concluyéndose en la Sentencia asunto Mississippi University for Women v. Hogan (1982) 458 US 718 y en la Sentencia United States v. Virginia (1996) 518 US 515, la inconstitucionalidad, en el primer caso, del carácter solo femenino de una escuela de enfermería subvencionada por el Estado y, en el segundo, el carácter solo masculino de una academia educativa militar financiada con fondos públicos. Con estos precedentes, me resulta decepcionante la resurrección de la idea de que la segregación en la prestación de un servicio público, si no es presupuesto de un distinto nivel de prestación, no resulta, al menos, una forma intrínsecamente sospechosa de discriminación.
No desconozco que el parámetro de control en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación con la discriminación sexual —incluyendo el fenómeno de la segregación— no es coincidente con la racial, que es donde ha alcanzado su máxima expresión. Sin embargo, entiendo que, en una interpretación histórica y sistemática del artículo 14 CE, es necesario y responde a un imperativo de lógica jurídica cada vez más perentorio, a la vista de la evolución social, defender que, si el sexo y la raza aparecen ambos proscritos como motivos de discriminación, no existe ninguna justificación jurídica que permita concluir que el parámetro de control constitucional pueda ser más estricto en un caso que en el otro. Me inclino a pensar que son todavía los predominantes prejuicios sexistas que imperan en la sociedad de hoy los que, como ocurría en siglos pasados respecto de la raza o la religión, llevan a defender un parámetro de control menos estricto para las situaciones en que se usa el sexo como criterio de diferenciación. Sin embargo, es precisamente esa conciencia de que todavía la sociedad actual, incluso en las democracias más avanzadas, está imbuida de prejuicios sexistas, la que nos debe llevar a quienes ostentamos la responsabilidad constitucional de garantizar en última instancia la proscripción de la discriminación en cualquiera de sus formas a hacer un supremo esfuerzo de racionalización en identificar dentro de nuestras más acendradas convicciones los motivos que razonablemente podrían justificar un eventual tratamiento diferenciado de aquellos otros que responden a estereotipos sexistas ancestrales que arrastramos individualmente como tributo a nuestra educación en los valores de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Sinceramente, no percibo que la opinión mayoritaria haya realizado ese esfuerzo de racionalización para situar el análisis de la segregación sexual escolar a la altura de los tiempos y de la alta dignidad que nos debemos como sociedad que ha tomado conciencia de que debe ser superado cualquier paradigma sexista.
De haberse hecho así, estoy persuadido de que el argumento basado en la supuesta consagración del principio «separados pero iguales» en la Convención de la UNESCO de 1960 se hubiera diluido como un azucarillo. El analfabetismo y la pérdida de oportunidades educativas han tenido y tienen rostro de mujer. Peor aún, han tenido y tienen cara de niña. Todavía hoy el objetivo 4 de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, dedicado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, hace una expresa apelación a redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances, entre otros, con relación a la mejora del acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. De ese modo, se evidencia que la asunción por parte de la citada Convención de 1960 del principio «separados pero iguales» para justificar la segregación sexual en las escuelas solo puede ser interpretada fenomenológicamente como la aceptación de un mal menor justificado por la necesidad de transitar desde situaciones de negación radical de la necesidad de escolarización de las mujeres, o contemplada solo para el cumplimiento de los roles sociales que tenían reservados, hasta su pleno acceso en unos sistemas educativos normalizados que, dando ejemplo de integración sexual, evidencien que las mujeres forman parte igualitaria de la sociedad.
Más allá de esa lectura estratégica, no creo que haya dudas respecto de que las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas, abogan por un horizonte inmediato de implantación de la educación mixta como óptimo de igualdad sexual en cuyo marco pueda, además, desarrollarse un modelo coeducativo que, a través de la transmisión de los valores democráticos y dando ejemplo de ello mediante la integración indiferenciada en las aulas de personas con independencia de su religión, origen nacional, raza, sexo, capacidades, etc., libere de cualquier tipo de prejuicios, también los sexistas, a las generaciones venideras. Así lo pone de manifiesto no solo el ya citado artículo 10 a) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, cuando incide en la necesidad del estímulo de la educación mixta; sino mucho más tempranamente la propia UNESCO, que en la Resolución 1152 aprobada en el decimoquinto periodo de sesiones celebrados en 1969, referida a la igualdad de acceso de las jóvenes y mujeres a la educación, invita a los Estados miembros a «a reconocer el principio de la enseñanza mixta en los establecimiento de enseñanza primaria y secundaria como forma de asegurar la igualdad de acceso a la educación».
Una lectura evolutiva y adaptada a la realidad de la sociedad española de la actualidad y de su sistema educativo también hubiera permitido, con un mínimo esfuerzo de lógica argumentativa, superar la necesidad de mantener la falacia del principio «separados pero iguales» impuesto en la normativa controvertida. No cabe negar que en el marco de la tradición histórica española y de otros países de nuestro entorno, la educación diferenciada por sexos ha tenido un sesgo de segregación contrario a la prohibición de discriminación. En España, con puntuales excepciones, desde la Ley de instrucción pública de 9 de diciembre de 1857 y hasta la Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y financiamiento de la reforma educativa, la obligatoria separación por sexos en la enseñanza venía acompañada y condicionada por la existencia de programas educativos también diversificados en función de la imputación de roles sociales esperados para cada uno de los sexos. A partir de ese momento y durante las sucesivas normas dictadas en el actual periodo constitucional, desapareció la dualidad de programas educativos por motivos de sexo. Además, la prestación del servicio público de la educación mediante colegios públicos y privados concertados se desarrolló mediante un modelo pedagógico de coeducación e integración sexual en los centros y las aulas, que solo muy marginalmente y por concretas decisiones de las autoridades educativas competentes en materia de conciertos permitía el acceso a dar esta prestación mediante centros que adoptaban el modelo de educación segregada por sexos. Cuando entra en vigor la reforma del artículo 84.3 LOE que se analiza en esta resolución, lo hace incidiendo en una situación previa en que, con base en la redacción originaria del artículo 84.3 LOE, las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de julio y 9 de octubre de 2012 habían confirmado la proscripción de la segregación sexual en los centros docentes privados concertados. En estas condiciones carece de todo sentido que el legislador reintrodujera el principio de «separados pero iguales» y, aún más, que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia lo convalidara constitucionalmente volviendo a momentos históricos de la jurisprudencia antidiscriminatoria ya hace largo tiempo superados.
(c) La segregación sexual binaria excluye con carácter absoluto a las personas intersexuales del ámbito educativo.
La segregación sexual no solo implica una discriminación por razón de sexo. Al tomar como presupuesto el sexo desde una perspectiva binaria hombre-mujer, incide en un nuevo motivo de discriminación vinculado a la identidad sexual. Si hablaba anteriormente de los prejuicios sexistas contra la mujer, ahora hay que añadir un segundo prejuicio: la percepción de que solo existen dos únicos sexos y de que todo individuo ha de tener encaje en uno de ellos. Cualquier normativa basada en el prejuicio de la dualidad sexual provoca un inmediato efecto de exclusión total de aquellas personas, como los intersexuales, que no pueden ser identificadas con ninguno de estos dos sexos, provocando con ello una nueva forma de discriminación, en este caso no por segregación, sino por exclusión.
La intersexualidad —definida como aquella condición en que se nace con características biológicas de sexo (anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos) que no se ajustan a las normas sociales, definiciones médicas o estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino y que puede ser detectada al nacer o volverse aparente más adelante en la vida, especialmente durante la pubertad— ha entrado recientemente a formar parte de la preocupación de las leyes, la jurisprudencia y el soft law antidiscriminatorios. En el ámbito regional europeo, es necesario citar tanto la Recomendación CM/Re (2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, como la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 2191 (2017), de 12 de octubre, para promover los derechos humanos y eliminar la discriminación contra las personas intersexuales. Por su parte, en el ámbito jurisprudencial más cercano, la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 8 de noviembre de 2017 ha instado al Estado alemán a que antes del 31 de diciembre de 2018 dé reconocimiento jurídico general en el Registro civil a la existencia de un tercer sexo. Pero sobre todo, hay que destacar que en España son ya numerosas las normativas autonómicas que han desarrollado medidas antidiscriminatorias respecto del trato dispensado a los intersexuales, entre otros, en el ámbito de la educación [arts. 22 a 26 de la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia; art. 12 de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia; arts. 20 a 24 de la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura; arts. 23 a 25 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid; arts. 25 a 28 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; art. 12 de la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; arts. 21 a 24 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana; arts. 26 a 29 de Ley Foral Navarra 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+; y los arts. 13 a 16 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía].
En atención a la grave situación de discriminación que supone para los intersexuales su absoluta exclusión provocada por las políticas o normativas de segregación sexual estrictamente binarias, como la que ahora se debate, planteé en las deliberaciones sin éxito la necesidad de que se abordara esta cuestión y se le diera una respuesta en términos constitucionales. La vigencia del principio «separados pero iguales» podía solventar, a los ojos de la opinión mayoritaria, los reproches de discriminación basados en el paradigma de una sexualidad binaria porque, en definitiva, conforme a sus postulados, tanto hombres como mujeres pueden recibir, aunque sea de manera segregada, la prestación pública educativa en condiciones equivalentes. Sin embargo, ningún razonamiento se hace, quizá porque es simplemente imposible en términos jurídicos, sobre la manera de solventar el hecho de que dicha segregación excluya de las posibilidades de prestación educativa a quienes no son ni se consideran hombres ni mujeres. No puedo imaginar la violencia institucional y el sentido de desolación y abandono que para estas personas implica ser radicalmente negados por el ordenamiento jurídico y que se les imponga una identidad sexual que ni tienen ni sienten necesariamente como propia a modo de ficción legal para que puedan ser integrados socialmente. Esta consideración y mi profundo convencimiento de la necesidad de respetar la diversidad como fundamento de una sociedad democrática es otro de los elementos que me lleva a afirmar ya no solo el carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación por razón de sexo de la segregación sexual binaria sino, directamente, su carácter discriminatorio por razón de identidad sexual respecto de los intersexuales por representar su forma más extrema y por ello nunca justificable: su negación y exclusión radical.
(d) La segregación sexual se proyecta en el ámbito del servicio público de la educación, que se constituye como un espacio de socialización de valores democráticos.
La última circunstancia, y no la menor, que me ha llevado a sostener el carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación de la segregación sexual es que se proyecta en el ámbito del servicio público educativo del que forman parte los centros docentes privados concertados (art. 108.4 LOE). Citaba anteriormente la sentencia del asunto Brown poniendo de manifiesto la importancia que también dio el Tribunal Supremo de Estados Unidos a que en aquel caso el principio «separados pero iguales» estuviera enmarcado en el ámbito docente. No me resisto a transcribir el párrafo que creo que es demostrativo de que lo determinante para conseguir la unanimidad en aquel caso fue la conciencia de todos los magistrados de aquel Tribunal, con independencia de su ideología, del fundamental papel que juega la educación en una sociedad democrática: «posiblemente la educación sea hoy la función más importante de las Administraciones federales y locales. Las leyes que declaran obligatoria la escolarización y el gran presupuesto que se dedica a la educación demuestran la importancia que se da a la educación en la sociedad democrática. Está incluida entre los requisitos para poder cumplir los deberes públicos más elementales, incluso para servir en las fuerzas armadas. Es el fundamento básico de una auténtica ciudadanía. Representa el principal instrumento para despertar los valores culturales en los niños, para prepararles en el aprendizaje profesional y para ayudarles a adaptarse con normalidad a su medio. En estos días, no es razonable afirmar que un niño pueda tener expectativas de éxito en la vida si se le niega la oportunidad de una educación. Tal oportunidad, allí donde el Estado ha asumido tal prestación, es un derecho que debe ser facilitado a todos en igualdad de condiciones».
La jurisprudencia constitucional española, también en la ya citada STC 236/2007, ponía de relieve la importancia de la educación, afirmando «… la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascendencia que aquélla adquiere para el pleno y libre desarrollo de la personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para 'establecer una sociedad democrática avanzada', como reza el preámbulo de nuestra Constitución» (FJ 8).
No obstante, creo que el pronunciamiento jurisprudencial que mejor sintetiza el carácter nuclear de la educación en la sociedad democrática tanto como sistema de transmisión de valores, como, especialmente, el ámbito donde esos valores pueden ser vividos y compartidos es la STC 133/2010, de 2 de diciembre, dictada en relación con el deber de escolarización de los menores de entre seis y dieciséis años. En ella se señalaba que la finalidad que ha sido constitucionalmente atribuida a la educación en el artículo 27.2 CE de que «tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», implica no solo un proceso de mera transmisión de conocimientos, sino la aspiración a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [FJ 7 a)].
Con este marco constitucional sobre la función encomendada al sistema educativo, permitir la implantación de un sistema de segregación sexual en la prestación de este servicio público es un acicate más en favor de su carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación. Difícilmente puede cumplirse el mandato de formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad a través de un sistema de segregación sexual. Un sistema que estructuralmente introduce al alumnado en un microcosmos social de unisexualidad, que nada tiene que ver con la pluralidad y normalidad de la interacción sexual propia de las sociedades democráticas avanzadas y que se constituye, además, con frecuencia en el único o principal núcleo generador de imputaciones sociales, no puede entenderse como un sistema propicio para dar cumplimiento a ese mandato constitucional.
El sometimiento de la implantación de la segregación sexual a un específico sistema de control administrativo tendente a garantizar la efectividad del cumplimiento de esos fines trascendentes al mero carácter instrumental de transmisión de conocimiento mediante la exigencia de que estos centros deban también justificar las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad no resulta suficiente. En última instancia, la formación de personas responsables llamadas a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia no es una cuestión de aprendizaje teórico que dependa de medidas académicas, sino vivencial. De esa vivencia, esencial para el desarrollo personal preparatorio para una vida en una sociedad en que es prevalente el valor de la convivencia entre sexos y la superación de paradigmas y estereotipos sexistas, es de la que también se priva al alumnado en los modelos de segregación sexual.
En conclusión, creo haber aportado razones suficientes para enervar la posición de partida de la opinión mayoritaria de que la segregación sexual binaria en los centros docentes privados concertados no es en sí misma discriminatoria y sustituirla por la afirmación de su carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación. A partir de ello, me resta por analizar si, en todo caso, se trata de una discriminación justificada y proporcionada.
4. El carácter injustificado y desproporcionado de la segregación sexual educativa.
La opinión mayoritaria comienza el análisis de la constitucionalidad del artículo 84.3 CE negando que la segregación sexual escolar se fundamente en una determinada concepción de la vida o cosmovisión con un contenido filosófico, moral o ideológico. Afirma que la segregación sexual escolar responde a un modelo pedagógico concreto para el mejor logro de los objetivos pedagógicos perseguidos comunes a cualquier tipo de enseñanza y que, por tanto, se trata de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.
Este comienzo argumental pone de manifiesto la petición de principio en que está inmerso todo el razonamiento de la opinión mayoritaria. En última instancia, sería precisamente ese supuesto carácter de mero modelo pedagógico neutral a efectos valorativos pero exitosos en términos de cumplimiento de los objetivos educativos lo que debería haber sido debatido como eventual elemento justificativo para despejar las dudas sobre el carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación que tiene un modelo de segregación sexual. ¿Por qué no se ha hecho así? Como argumentaré a continuación, porque tampoco creo que ese estricto test de justificación y proporcionalidad hubiera sido superado por la normativa controvertida, ya que (a) no se ha dado debido cumplimiento a la carga de la prueba; (b) la justificación utilizada no responde a los parámetros de calidad exigidos; y (c) son insuficientes las cautelas previstas en la ley para garantizar el cumplimiento de los supuestos fines pedagógicos de la segregación sexual escolar.
(a) El incumplimiento de la carga de la prueba del carácter justificado del trato discriminatorio.
Expuse anteriormente que en el ámbito internacional, regional y nacional de los derechos humanos antidiscriminatorios la carga de la prueba del carácter justificado y proporcionado de cualquier situación de hecho o jurídica que utilice uno de los motivos proscritos de discriminación corresponde al Estado. En el presente caso, el legislador no ha desarrollado ningún esfuerzo argumental en la exposición de motivos de la LOMCE para dar a conocer las razones justificativas de la decisión de permitir la segregación sexual en los centros privados concertados. Esta circunstancia es especialmente reprochable habida cuenta de que se venía a modificar una situación normativa y jurisprudencial de protección a la universalización de la prestación del servicio público de la educación por parte de los centros públicos y privados concertados mediante el modelo de integración sexual. Cualquier situación regresiva en el estándar normativo de protección de los derechos fundamentales exige una motivación especialmente reforzada. La jurisprudencia constitucional está siendo severamente estricta en el control del cumplimiento de la exigencia formal de que se justifique debidamente la situación de urgencia y extraordinaria necesidad cuando se recurre al decreto-ley en el convencimiento de que es un presupuesto constitucional habilitante por tratarse de una norma excepcional dentro del sistema de fuentes que altera las reglas de la división de poderes propias de un sistema democrático. Ese mismo nivel de control debe ser reivindicado respecto del cumplimiento de la exigencia formal de que se justifique debidamente el excepcional interés que puede permitir el uso de alguno de los motivos discriminatorios en el convencimiento de que es un presupuesto constitucional habilitante por tratarse de una situación excepcional que altera la prohibición de discriminación como elemento esencial de un sistema democrático. Una jurisprudencia constitucional que se toma en serio su función de control constitucional en relación con el sistema de fuentes no debe ser menos seria cuando esa función de control se proyecta en relación con la prohibición de la discriminación.
La Abogacía del Estado ha intentado suplir en este procedimiento constitucional el déficit de explicación antes denunciado aportando en su contestación al recurso diversos argumentos y pruebas documentales para fundamentar el carácter justificado de la segregación sexual escolar y su proporcionalidad. La existencia de un amplio debate nacional e internacional en el ámbito educativo y jurídico sobre la cuestión de la segregación sexual escolar también hubiera permitido suplir el incumplimiento de la carga de justificación en la medida al aportar un conocimiento general y público de las posiciones científicas, técnicas e ideológicas que sustentan los presupuestos teóricos y los fines perseguidos por los defensores de este modelo. No creo que eso hubiera sido suficiente.
(b) La persistencia de las dudas sobre el carácter justificado de la discriminación.
En el ámbito del derecho antidiscriminatorio, junto con las consideraciones sobre la carga probatoria, también se han desarrollado determinadas exigencias respecto de la calidad y suficiencia de la prueba. Vuelvo a la ya citada Sentencia asunto United States v. Virginia (1996) 518 US 515, en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad de la segregación sexual en una academia educativa militar exclusivamente masculina financiada con fondos públicos. En esa Sentencia se muestra un buen ejemplo sobre el significado de la calidad de la prueba en este tipo de procedimientos de segregación sexual docente al señalar, recordando jurisprudencia previa, que la prueba «[t]iene que acreditar `como mínimo que la diferencia de trato atiende a objetivos e intereses relevantes de los poderes públicos y que las concretas medidas discriminatorias encaminadas a su consecución permiten real y sustancialmente alcanzarlos´(Mississippi University For Women v. Hogan, 1982, citando Wengler v. Druggists Mut. Ins. Co., 1982). Debe tratarse de un objetivo real, nunca hipotético o inventado a posteriori una vez entablado el pleito. Tampoco es suficiente una justificación que consista en los consabidos y vagos argumentos tópicos sobre las diferencias de talento, capacidad y aptitudes entre los hombres y las mujeres (Weinberger v. Wiesenfeld, 1975, y voto particular de Stevens en Califano v. Goldfarh, 1977)».
La aplicación de estos criterios sobre la calidad de la prueba de la justificación de una medida discriminatoria, aun siendo consciente de que no es función del Tribunal intermediar en debates técnicos y de que este es uno de los supuestos en que resultaba pertinente la práctica de prueba —fatalmente proscrita en la práctica diaria del Tribunal—, me llevan a considerar que en el presente caso se está ante una justificación fundamentada en el tópico sobre las diferencias de aptitudes entre los hombres y las mujeres, que proviene de un estereotipo sexista y en sí mismo es insuficiente para enervar el carácter intrínsecamente sospechoso de discriminación de este tipo de segregaciones. Además, concurren ciertas circunstancias en el caso español que me permiten mantener las dudas de que ese argumento tópico, bajo a la apariencia de una neutralidad metodológica, encubre prejuicios ideológicos. Son hechos no controvertidos que (i) muchos de los colegios privados, ahora concertados, que tiene implantada la segregación sexual siguen ese modelo desde los años 60 y, por tanto, están fundados en un contexto normativo en que, como ya se ha señalado, la segregación sexual se fundamentaba en la necesidad de aportar una educación diferenciada por sexos para adaptar los programas educativos al cumplimiento de roles sociales sexistas; y (ii) un número de estos centros están vinculados con idearios que sostienen posiciones particularistas sobre distribución de roles sociales entre los sexos. Al no despejarse estas dudas, las reglas sobre presunción probatoria inclinan la balanza en favor de confirmar que no se puede excluir que la segregación sexual escolar implique una medida discriminatoria injustificada y, por ello, contraria al artículo 14 CE.
(c) Las cautelas previstas en la ley para garantizar el cumplimiento de los supuestos fines pedagógicos de la segregación sexual escolar resultan insuficientes desde la perspectiva de la proporcionalidad.
La opinión mayoritaria hace especial hincapié en el hecho de que en el párrafo III del artículo 84.3 LOE se establece un específico sistema de control administrativo tendente a garantizar la proporcionalidad de la segregación sexual escolar mediante la exigencia de que los centros privados que opten por la fórmula de la segregación y pretendan acceder a los conciertos educativos deban justificar en su proyecto educativo, además de las razones educativas de la elección de dicho sistema, las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad.
No comparto que ni siquiera en abstracto esta garantía legal sea suficiente para solventar los problemas de desproporcionalidad intrínsecos a la segregación sexual binaria escolar. Redundando en aspectos ya extensamente abordados en esta opinión disidente, no alcanzo a imaginar de qué manera y a través de qué medidas académicas se pueden solventar dos de los problemas estructurales de la segregación sexual como son (i) que la formación de personas responsables llamadas a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, como función encomendada al sistema educativo, no es una cuestión de aprendizaje teórico que dependa de medidas académicas, sino vivencial; y (ii) que excluye, por su carácter binario, cualquier posibilidad de integrar a las personas intersexuales.
Me sirve de consuelo pensar que estos problemas estructurales de desproporcionalidad que descubro en el análisis abstracto de la normativa controvertida se van a convertir en insalvables para que las administraciones educativas competentes otorguen los conciertos. La necesidad de que cualquier decisión administrativa para acceder a los conciertos quede condicionada a la efectividad de que esos centros acrediten las medidas académicas que deben desarrollarse para favorecer la igualdad —con su correspondiente posibilidad de control jurisdiccional— dificulta seriamente la viabilidad e implantación del sistema. No se trata solo de la imposibilidad estructural ya señalada de que ninguna medida educativa que intenten los centros introducir en su memoria educativa puede sustituir la función vivencial de la igualdad que como fin constitucional tiene encomendado el sistema educativo o posibilite integrar a las personas intersexuales, sino también de que la concreta decisión de autorizar el concierto de estos centros y que pasen a ser prestadores del servicio público de la educación se haría en condiciones tales que contravendrían, allí donde se hayan aprobado, las respectivas normativas autonómicas de protección contra la discriminación de los intersexuales. Por tanto, incluso asumiendo que la segregación sexual escolar se inspirara en un carácter exclusivamente técnico y por ello fuera capaz de justificar la diferencia de trato sexual que implica, considero que tampoco es capaz de superar en abstracto un test de proporcionalidad. Más allá de ello, estos problemas de inconstitucionalidad de la norma que yo señalo, todavía pueden solventarse mediante la ulterior intervención de las autoridades administrativas competentes, que también deben garantizar el carácter proporcionado en concreto de la decisión de concertar estos centros mediante una verificación de la suficiencia de las medidas educativas propuestas, que, desde la perspectiva del artículo 14 CE, es controlable en la vía jurisdiccional ordinaria y, en su caso, de amparo.
II. La regulación de la asignatura de religión vulnera el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado
1. La discutible equiparación material entre la enseñanza confesional y no confesional de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia.
Los diputados recurrentes también han controvertido la constitucionalidad del diseño de la enseñanza religiosa al considerar que la alternatividad de la asignatura de «Religión» con las asignaturas de «Valores Culturales y Sociales —en primaria— o «Valores Éticos» —en secundaria—, conjuntamente con la desaparición de la asignatura obligatoria de «Educación para la Ciudadanía», implica una equiparación material entre la enseñanzas confesional y no confesional de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia, que vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado y resulta discriminatoria para quienes opten por la asignatura de «Religión», al verse privados de la posibilidad de cursar la de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos».
La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia ha rechazado esta impugnación afirmando que (i) el nuevo diseño educativo ha optado por abordar la transmisión de los valores y principios fundamentales de la democracia, conformadores de la desaparecida asignatura de «Educación para la Ciudadanía», de manera transversal en las asignaturas troncales, garantizando de ese modo su acceso universal a todos los alumnos; y (ii) la asignatura de «Religión» y las de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos» no son excluyentes en la medida en que se prevé legalmente que, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, el alumnado pueda cursar simultáneamente ambas opciones.
No puedo compartir una argumentación que, más allá de su aparente corrección formal, considero que no ha tenido la intención de afrontar el fondo de la cuestión planteada por los recurrentes de la postergación de la educación en valores democráticos en favor —y siendo sustituida por— la educación en valores religiosos. Una lectura omnicomprensiva del diseño educativo implantado por la LOMCE pone de manifiesto su inconstitucionalidad, ya que (i) la asignatura obligatoria de «Educación para la ciudadanía» ha desaparecido y ha sido sustituida por las de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos»; (ii) estas últimas se han configurado como asignaturas alternativas a la de «Religión·; y (iii) todo ello ha provocado la doble inconstitucionalidad del diseño normativo (a) por la equiparación axiológica entre el contenido de las asignaturas de «Religión» y «Valores Culturales y Sociales» y «Valores Éticos», contraria a la aconfesionalidad del estado; y (b) por la imposibilidad del alumnado que opte por la asignatura de «Religión» a acceder a una enseñanza en valores democráticos y derechos humanos, lo que implica su discriminación.
2. La desaparición de la asignatura de «Educación para la ciudadanía» y su sustitución por las de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos».
El análisis del nuevo diseño de la enseñanza religiosa implantado por la LOMCE no puede valorarse de espaldas al hecho de la desaparición de la asignatura de «Educación para la ciudadanía». El establecimiento de un asignatura de estas características venía avalada, en el marco del Consejo de Europa, por la Recomendación CM/Rec (2002)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la educación para la ciudadanía democrática y la Recomendación CM/Rec (2010)7 del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre la Carta del Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía democrática y educación en derechos humanos. El Consejo de Estado en su dictamen 172/2013, de 19 de abril, sobre el anteproyecto de ley que después se convertiría en la LOMCE, ya apuntó que la desaparición de esta asignatura y la previsión de las asignaturas de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos» como específicas obligatorias pero alternativas a la de «Religión» implicaría «… que a lo largo de toda su formación obligatoria y posobligatoria los alumnos pueden no haber cursado esa asignatura», señalando que «[a]caso procedería imponerla como obligatoria en algún momento» e incidiendo en que la mayoría de los países europeos incluyen en sus currículos educativos contenidos de formación en ciudadanía democrática y derechos humanos.
En ese contexto, por más que la opinión mayoritaria pretenda defender el mantenimiento del contenido propio de la educación de la ciudadanía democrática y en derechos humanos para su transmisión transversal en el resto de asignaturas troncales, no puede obviarse el hecho objetivo de que la desaparición de la asignatura de «Educación para la Ciudadanía» se produce con la coincidencia de que aparecen las asignaturas de «Valores Culturales y Sociales» —en la primaria— y «Valores Éticos» —en la secundaria—. Por tanto, más allá de la apelación de la existencia de una difusa transmisión transversal de los valores constitucionales, la lógica normativa lleva a pensar que en el nuevo diseño de las enseñanzas establecido por la LOMCE las asignaturas en las que se residencia el contenido de la educación de la ciudadanía democrática y en derechos humanos son las de «Valores Culturales y Sociales» y «Valores Éticos». A esa misma conclusión, como se expuso anteriormente, llegó el Consejo de Estado y viene reforzada si se comparan estas asignaturas con el contenido de las otras asignaturas alternativas que se han establecido en los diversos modelos implantados durante el actual periodo constitucional.
3. El carácter alternativo y excluyente de la asignatura de «Religión» y las asignaturas de «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos».
La opinión mayoritaria, aun reconociendo el carácter alternativo de estas asignaturas, niega la premisa de que sean excluyentes. Se argumenta que si bien aparecen en los artículos 18.3 b); 24.4 b) y 25.6 b) LOE, entre las materias del bloque de asignaturas específicas, como alternativas a elección de los padres y alumnos, sin embargo, esto no implica que indefectiblemente no puedan cursarse conjuntamente, ya que en los artículos 18.3 c); 24.4 c) y 25.6 c) LOE cabe nuevamente optar por cualquiera de ellas.
No es un argumento convincente. Hay dos elementos que permiten avalar que se trata de una mera posibilidad legal formal con la intención de evitar ese carácter excluyente pero de una viabilidad material inexistente o, al menos, muy alejada de una posibilidad real de implementación y, sobre todo, y eso es lo determinante para que defienda su inconstitucionalidad, que, en ningún caso depende de la sola voluntad de los progenitores o alumnos sino que queda en manos de la programación educativa de cada Administración educativa y colegios.
El primer elemento es la propia génesis normativa de estos preceptos. En el anteproyecto de ley que el Gobierno remitió al Consejo de Estado para informe, la regulación proyectaba solo la posibilidad de opción entre «Religión» o «Valores Culturales y Sociales» —en primaria— o «Valores Éticos» —en secundaria—. Esto es, en el anteproyecto sí se verificaba el presupuesto fáctico de que quien elegía la asignatura de «Religión» quedaba excluido en todo caso de la posibilidad de cursar «Valores Culturales y Sociales» o «Valores Éticos». En relación con ese anteproyecto, el ya citado dictamen del Consejo de Estado 172/2013, de 19 de abril, afirmó que «[h]ay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores Éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación». El Gobierno, asumiendo esa objeción, modificó la redacción del anteproyecto y ya en el proyecto de ley incluyó entre las asignaturas específicas, además de la opción entre «Religión» o «Valores Sociales y Cívicos» y «Valores Éticos», la posibilidad de que «[e]n función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes» se cursara también «Religión» o «Valores Sociales y Cívicos» y «Valores Éticos« en cada uno de los cursos. Posteriormente, durante la tramitación parlamentaria, se incluyó en la ley la mención a que esa nueva elección se haría solo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no han escogido la asignatura en la elección indicada en el apartado anterior.
El segundo elemento relevante es que, tal como quedó configurado el sistema en la normativa impugnada, la posibilidad real de cursar simultáneamente ambas opciones en el mismo año académico no queda absolutamente garantizada para los progenitores o alumnos. Esa posibilidad está condicionada a que, «en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes», resulte posible compatibilizar ambas asignaturas. Esto es, si bien la norma controvertida garantiza el derecho a la opción entre las asignaturas de «Religión» o «Valores Sociales y Cívicos» y «Valores Éticos« y, además, obliga a cursar alguna de ellas; sin embargo, no garantiza el derecho a que se pueda optar por cursarlas simultáneamente, al hacer depender esa posibilidad de la doble condición de, por un lado, la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, por otro, la oferta de cada centro docente.
Por tanto, se pone de manifiesto que (i) la intención primigenia, en atención al tradicional tratamiento de la asignatura de «Religión» cuyo estudio no puede ser impuesto, era establecer su alternatividad con las de «Valores Sociales y Cívicos» y «Valores Éticos«; (ii) la inclusión de una «posibilidad» de cursarla simultáneamente en el mismo año académico se introdujo con el fin, precisamente, de solventar uno de los problemas de constitucionalidad ahora alegados por los diputados recurrentes; y (iii), en todo caso, esa «posibilidad» no queda garantizada a la libre decisión de los progenitores y alumnos al estar condicionada por decisiones de oferta tanto de la Administración educativa como de los centros escolares. En estas condiciones, se comprenderá mi discrepancia con un argumento, como el utilizado por la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, que no solo es meramente formal, sino que, además, omite ponderar el relevante aspecto de que en, ningún caso, se garantiza a progenitores y alumnos la posibilidad real de cursar simultáneamente ambas asignaturas.
4. La doble inconstitucionalidad del diseño normativo.
La conclusión de todo lo expuesto es que considero que los diputados recurrentes tienen razón al señalar que el diseño normativo establecido en los preceptos impugnados incurre en el doble motivo de inconstitucionalidad de (i) ser contrario al principio de aconfesionalidad del Estado por establecer una equiparación material entre el contenido de las asignaturas de «Religión» y «Valores Culturales y Sociales» y «Valores Éticos», pretendiendo hacer equivalentes la enseñanza confesional y no confesional de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia; y (ii) ser discriminatorio por no garantizar al alumnado que opte por la asignatura de «Religión» a acceder a la enseñanza en valores democráticos y derechos humanos.
El carácter discriminatorio de la norma impugnada no creo que necesite mayor desarrollo. Baste recordar la ya mencionada posición del Consejo de Estado sobre este particular. Me parece más necesario concentrarme en la vulneración del carácter aconfesional del Estado. Esta radica no solo en el hecho de la equiparación material entre las enseñanzas confesional y no confesional de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia, sino en algo mucho más relevante: que esa equiparación conlleva que la enseñanza en valores democráticos y derechos humanos se residencie en unos programas docentes y en un profesorado cuyo contenido y selección corresponde a las confesiones religiosas. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia incide en que uno de los contenidos esenciales del carácter aconfesional del Estado destacado por la STC 38/2007, de 15 de febrero, era que «son únicamente las iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirla» (FJ 9). Es más, en esa misma Sentencia se afirma que «si el Estado, en ejecución de la obligación de cooperación establecida en el artículo 16.3 CE, acuerda con las correspondientes comunidades religiosas impartir dicha enseñanza en los centros educativos, deberá hacerlo con los contenidos que las autoridades religiosas determinen y de entre las personas habilitadas por ellas al efecto dentro del necesario respeto a la Constitución que venimos señalando» (FJ 9).
Como corolario de estos razonamientos, que tomo de la opinión mayoritaria, creo que el principio de la aconfesionalidad del Estado no permite hacer residenciar en programas educativos y profesorados elegidos por las confesiones religiosas la transmisión del contenido propio de los valores de la ciudadanía democrática y los derechos humanos: esto es lo que hace la ley sobre la que versa mi voto.
Finalizo. Nunca es agradable formular una opinión disidente. Representa la confesión pública de un fracaso en la capacidad de persuasión para conformar una opinión mayoritaria. La pesadumbre por la obligación —quizá debiera decir necesidad— de formular este voto particular en este caso ha llegado a su máxima expresión. La discrepancia no se produce en un asunto en que se haya perdido la oportunidad de haber convencido a un número suficiente de magistrados sobre la necesidad de que la jurisprudencia constitucional hubiera establecido un avance en la interpretación de un derecho fundamental. El fracaso de quienes pensamos así ha consistido en que ni siquiera hemos sido capaces de convencer a la mayoría de que no se consagrara lo que considero —y espero que así sea percibido por cualquier espectador objetivo— una regresión en la lucha por una sociedad democrática libre de la lacra del sexismo. Lamento que haya sido así, pero soy consciente de que solo formo parte de una inmensa minoría en la defensa de la erradicación de cualquier tipo de discriminación sexual. Me es mucho más difícil de sobrellevar la carga de que, además, esta opinión mayoritaria supone un lastre en el progreso hacia una sociedad más igualitaria sexualmente y libre de cualquier prejuicio de binarismo sexual. Algún día, espero no muy lejano, sueño tener la posibilidad de celebrar que la sociedad se ha elevado y trascendido a cualquier tipo de segregación sexual. Mientras tanto, parafraseando al Juez Harlan en su voto particular a la Sentencia asunto Plessy v. Ferguson (1896) 163 US 53 hace más de 120 años —demasiado tiempo para lo poco que parece que se ha avanzado en algunos temas— solo me resta decir: cuando están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos, niego categóricamente a los legisladores o a los jueces la posibilidad de fijarse en su sexo o identidad sexual.
Y en este sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a diez de abril de dos mil dieciocho.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014
Con el mayor respeto al criterio mayoritario reflejado en la Sentencia a que se refiere el encabezamiento, formulo el presente Voto particular, ejerciendo para ello la facultad prevista en el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Entiendo que la Sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, debiera haber estimado la impugnación de los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de educación (LOE) en la redacción que les da la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), declarando inconstitucional el precepto y, por conexión con este, la disposición transitoria de la misma ley. Junto a ello, discrepo de la argumentación utilizada por la mayoría del Tribunal, para desestimar la impugnación de las disposiciones novena, décimo quinta y décimo sexta del artículo único de la LOMCE, que dan nueva redacción a los artículos 18, 24 y 25 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y que establecen que los alumnos y alumnas deben cursar religión, o valores sociales y cívicos o éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales, estableciendo un sistema de alternatividad relativa entre la asignatura de religión y la de valores, que viene matizada por la posibilidad de cursar ambas si así lo prevé la regulación y la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y cada centro docente.
Las razones de mi discrepancia parcial con el fallo, y con la argumentación contenida en los fundamentos jurídicos cuarto y sexto de la Sentencia, son las siguientes.
1. La educación diferenciada por sexos, que segrega a niños y niñas en el acceso al sistema educativo y en la organización de las enseñanzas, no tiene cabida en el marco de la Constitución de 1978, por lo que el artículo 84.3 LOE y la disposición transitoria segunda LOMCE, debieron ser declarados inconstitucionales, y que, por lo tanto, debió estimarse el recurso en relación con estos preceptos.
1.1 La Sentencia parte de un presupuesto argumentativo que no puede ser compartido de ningún modo, y que condiciona el resto de los razonamientos, con los que tampoco es posible estar de acuerdo. Sostiene la mayoría del Tribunal que la educación diferenciada por sexos no se sustenta en una determinada concepción de la vida, o en una cosmovisión con un contenido filosófico, moral o ideológico, y que, por esa razón «la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos perseguidos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trata de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos». Este argumento se contradice con la afirmación que sigue en la Sentencia, por la que, integrando esta «opción pedagógica» en el ideario del centro educativo, se asocia al ejercicio del derecho de creación de centros y al derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. De este modo se elude que este derecho de los padres sólo actúa respecto de la elección de la formación religiosa y moral como se afirmó en la STC 133/2010, de 2 de diciembre.
Este argumento contiene otro, que está implícito, no sólo en la Sentencia, sino en la propia segregación educativa, entendida como método, como modelo, o como sistema pedagógico, ideológico o religioso. Ese razonamiento oculta la afirmación de que existen diferencias cognitivas y/o biológicas, «potencialidades propias de cada uno de los sexos» las llama la Sentencia, que justificarían que las enseñanzas de los niños, niñas y adolescentes, se impartiesen en establecimientos escolares o en aulas separadas, en todas o en algunas materias. Con ello se quiere transformar en verdad jurídica una falsedad científica manifiesta, si atendemos a las últimas investigaciones que encuentran reflejo, por lo demás, en documentos públicos tan relevantes como los informes PISA de la OCDE, a los que insiste en referirse la exposición de motivos de la LOMCE, para justificar buena aparte de sus medidas de mejora de la excelencia educativa.
Con estas afirmaciones la Sentencia da un paso atrás en la historia, desconociendo que las diferencias de género son meramente culturales, y que no existe base científica alguna en la consideración de una diferencia biológica, capaz de sustentar las diferencias entre las mujeres y los hombres en relación con sus capacidades intelectuales.
El Tribunal Constitucional no hubiera debido considerar la razón que sustenta la segregación escolar por sexos, porque no se trata de una cuestión jurídica, sino de una cuestión científica. Y, ya que la Sentencia de la que discrepo, incurre en el error de hablar, de modo más o menos velado, de pedagogía, y no de derecho, y basa en tal reflexión, que no siempre hace explícita, el eje central de la solución del recurso en este punto, es necesario poner de manifiesto que tal razón no tiene la base irrefutable que pretende. Una base que se sustenta —es preciso decirlo llegados a este punto— en un planteamiento ideológico categórico, que predetermina la selección de unos datos científicos que son, cuando menos, inconsistentes y, en la mayor parte de los supuestos, fruto de una identificación inapropiada o de una inadecuada interpretación, como viene poniendo de relieve, sin excepción, la doctrina científica mayoritaria.
Puede afirmarse que, en el estado actual de la investigación pedagógica, no existen estudios —ni en Europa, ni en América del Norte, ni en Oceanía, que es donde se han desarrollado— que demuestren que la educación segregada por sexos mejora el rendimiento académico en términos generales. Ni que certifiquen, sin género de duda, que las supuestas diferencias cognitivas en que se basa el modelo no son, en realidad, el resultado de un cierto modelo de socialización o de aprendizaje de roles que, al ser reforzados con la segregación, no hacen sino potenciar los estereotipos, que sustentan la discriminación por razón de género de que somos objeto las mujeres. Y es que, en la mayor parte de los casos, cuando se habla de diferencias cognitivas, se está haciendo referencia, en el fondo, y aunque no se explicite, a la menor capacidad de las mujeres respecto de las disciplinas científico tecnológicas.
Ahora bien, muy al contrario, mientras que no existen pruebas de que las diferencias biológicas se traduzcan en diferencias a la hora de adquirir y desarrollar conocimientos o enseñanzas institucionalizadas, sí existen suficientes pruebas para defender que la segregación por sexos potencia los estereotipos de género que atentan directamente contra la igualdad material, erigida esta en principio constitucional reconocido en el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978. Las diferencias de rendimiento académico entre los sexos, que conocen y ponen de manifiesto algunos estudios, han de ser vinculadas a condicionantes culturales y sociales, al modo en que se elaboran las pruebas en que se basan tales estudios y, sobre todo, a la autopercepción que los niños y las niñas tienen de sí mismos, y que procede de su socialización, y no a diferencias biológicas o «naturales» que tengan consecuencias cognitivas indefectibles. Es la socialización, con su sesgo predominantemente patriarcal, la que determina las diferencias de rendimiento; lo que debería llevarnos a la consideración de que no es posible sostener un modelo educativo que refuerza los estereotipos, e incide en que las «diferencias cognitivas», no sean superadas.
La diferencia en la forma de enseñar, resulta así un procedimiento pedagógico que no es inocuo, sino que producirá resultados de perpetuación de roles y estereotipos que tenderán a ahondar en la desigualdad en lugar de reducirla. No en vano la cuestión del acceso a la educación de las mujeres, de los contenidos de dicha educación, y del método de enseñanza de las niñas, es un tema de referencia constante en la literatura constitucionalista desde sus orígenes, y, obvio es decirlo, también en la literatura feminista desde que fuera necesario contestar las tesis segregacionistas de Rousseau plasmadas en Emilio, lo que, en la primera hora, hicieron Condorcet o Mary Wollstonecraft, siguiendo a Locke.
Sobre una base tan poco justificada y tan limitadamente argumentada como la que contiene la Sentencia, no puede sustentarse la constitucionalidad de los preceptos objeto del recurso. El Tribunal estaba llamado a valorar, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, si este modelo de escolarización tiene cabida en un sistema educativo que ha de respetar el artículo 14 CE, en relación con los artículos 27 y 9.2 CE. Este último obliga a los poderes públicos, por tanto, también a la administración educativa, y al legislador que diseña el sistema educativo, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Y, a mi juicio, la respuesta debiera haber sido totalmente negativa, sin necesidad de entrar a valorar si la segregación por sexo en la escuela es un sistema pedagógico, o el decantado de una cosmovisión más amplia.
Al no hacerlo así, la Sentencia retrocede en el tiempo, para dar carta de naturaleza constitucional, como nunca antes se había hecho, a normas que, en materia de igualdad, vuelven a un momento anterior al año 1970, en que se implantó en el Estado la educación mixta preconstitucional. Y no sólo eso sino que obvia que los debates en las Cortes Constituyentes en torno al artículo 27 CE, tremendamente complejo en su elaboración, concluyeron con la exclusión de la gratuidad obligatoria del acceso a cualquier ideario educativo. Así, la Sentencia formula una interpretación que, no sólo desatiende el contexto contemporáneo en que debe ser interpretada la Constitución como «árbol vivo» que es (STC 198/2012), sino que rompe desde la exégesis uno de los pactos fundamentales que permitieron dar redacción final al artículo 27 CE.
Tampoco puede obviarse, y la Sentencia lo hace, que desde aquel momento y hasta hoy, ha habido una extraordinaria producción legislativa en los ordenamientos jurídicos internacional, europeo, estatal y autonómicos, para establecer medidas de acción positiva, en favor del desarrollo de la igualdad real entre hombres y mujeres, siendo la coeducación una idea repetida, persistente y constante en las normas de las últimas dos décadas. Una coeducación que, como modelo pedagógico, es tan poco neutro como la segregación escolar, pero encuentra un mejor encaje, ya no en la normativa nacional e internacional de referencia, sino en el propio artículo 9.2 CE. El informe del Consejo de Estado al anteproyecto de la LOMCE lo expresa con contundencia: «la regla general es la de la coeducación. 'Quien quiera exceptuarlo, sea un particular (centro educativo privado al seleccionar a su alumnado), sea el legislador (admitiendo estos centros o fomentándolos), deberá justificar cual es el fin perseguido, cuales las mejoras educativas que excepcionalmente se persiguen, así como la clase de centro y el tiempo en que se admite esa segregación'». A mi juicio, en la medida en que el legislador no satisface esas exigencias del informe del Consejo de Estado, el Tribunal no debería haber sostenido la constitucionalidad de la norma recurrida en este punto, y mucho menos debería haber justificado, amparándose en el refuerzo de unas supuestas potencialidades propias de cada sexo, las medidas adoptadas por el legislador.
1.2 El artículo 84.3 LOE establece que no constituye discriminación la segregación por sexo en la admisión de alumnos o en la organización de las enseñanzas en los centros escolares, de modo que estos —se sobreentiende que los centros privados, porque en los públicos la educación es mixta— no pueden ser excluidos del sistema de concierto por esta razón. Son dos, por tanto, los contenidos normativos del precepto. Y dos los pronunciamientos demandados. De un lado es preciso establecer si, efectivamente, la ley puede afirmar que la separación por sexos en la admisión o en la organización de la enseñanza no es discriminatoria, sin resultar por ello abiertamente contraria a los artículos 9.2 y 14 CE. Y de otro, cumple definir si cabe o no, dentro del marco constitucional, una regulación que impida la exclusión de la financiación pública concertada de los centros privados que asumen este modelo educativo.
Resulta evidente que los centros educativos privados que establecen un sistema de admisión o de organización de las enseñanzas diferenciadas por sexo, recurren para ello a una categoría sospechosa de ser discriminatoria, de las que contempla el artículo 14 CE. Y, para justificar que ese criterio no puede ser considerado como discriminatorio, no es posible aceptar los argumentos que contiene la Sentencia.
Como ha dicho este Tribunal en la STC 2/2017, de 16 de enero, «para hacer efectiva la cláusula de no discriminación por razón de sexo del artículo 14 CE, este Tribunal ha establecido un canon mucho más estricto y riguroso que el de la mera razonabilidad que, desde la perspectiva genérica del principio de igualdad, se exige para la justificación de la diferencia normativa de trato. En efecto, como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal (SSTC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5; 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2, y 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4), 'a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el artículo 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad'». Y si los anteriores argumentos sirven para controlar el ajuste constitucional de medidas adoptadas en el ámbito laboral, con más razón deben servir para asegurar que niños y niñas disfruten del derecho a la educación obligatoria, de que son titulares, sin que exista sombra de duda sobre el respeto, en el seno del sistema educativo, y concretamente en los centros escolares que imparten la enseñanza que reciben, al principio de no discriminación por razón de sexo.
Lamentablemente, la Sentencia aprobada por la mayoría del Tribunal no sigue su propia jurisprudencia previa, y, por eso, llega a la conclusión de no estimar la inconstitucionalidad de estos preceptos.
Así, acude como primer argumento, al parámetro exegético que ofrecen los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, en una interpretación forzada del artículo 10.2 CE, para interpretar regresivamente el alcance del derecho a la educación, y para contextualizarlo en un tiempo histórico del que han pasado ya más de 40 años. Cuando la Sentencia se refiere, al dictado del propio precepto cuestionado, al sustento que ofrece a la educación diferenciada el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones de la UNESCO, obvia que España ratifica este Convenio en 1969, cuando aún no existía en nuestro país la educación mixta, a la que se abre el modelo español con la Ley general de educación de 1970. La ratificación del convenio no hubiera sido posible, por tanto, de no existir la salvedad que prevé el citado artículo 2, y que no se puede leer ignorando que las líneas iniciales del precepto dicen que, «en el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención». Por tanto, el ordenamiento español, bien podría establecer la prohibición de la educación diferenciada y ello sería perfectamente acorde con la Convención, del mismo modo que resulta conforme a ella la existencia de la educación diferenciada. No se puede deducir de la ausencia de prohibición en un tratado internacional, la Constitucionalidad de la inclusión de la educación diferenciada en nuestro sistema educativo estatal. No puede obviarse que nuestro país ratificó, a partir de 1969, varios tratados internacionales más, que también tienen relieve en lo que hace a la interpretación del principio de no discriminación en el seno de las comunidades escolares, muy particularmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW), la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 (CDN), y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
El artículo 29 CDN establece que la educación del niño deberá estar encaminada a «inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas»; así como «preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena»; a lo que añade que «nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las Entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo —entre ellos los citados— y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado». Por su parte el artículo 14 del Convenio de Estambul, establece que «1. Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos». Por último, el artículo 10 CEDAW, establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Y, en este prolijo precepto se dice, entre otras cosas, que se procurará «la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza».
La conclusión de la lectura combinada de los textos expuestos, no puede ser la que alcanza la Sentencia, que deduce de ella la constitucionalidad de la norma. Los textos internacionales ofrecen una base mínima y común para que sean aceptables para el mayor número de Estados posibles, sea cual sea la cultura predominante en dichos Estados y el grado de desarrollo en materia de igualdad de género hayan logrado alcanzar al momento de la firma del tratado. Se trata, por tanto, de un acuerdo de mínimos, y no de máximos. De unas reglas para evitar ciertos comportamientos invasivos del ejercicio de determinados derechos humanos parte de los Estados, pero no de una pauta de comportamiento completo para esos mismos Estados. Los objetivos a cumplir, las obligaciones positivas de los Estados firmanes de los convenios citados, no pueden ser los mismos para todos, sin tener en cuenta el grado de consecución de los derechos existente en cada momento histórico y en cada país concreto. Resulta paradójico que, de un tratado que busca lograr, ante todo, la integración escolar de las niñas excluidas del sistema educativo, sea posible deducir, casi medio siglo después de su ratificación, que nuestra Constitución, interpretada a la luz de ese convenio, admite la segregación escolar por sexos. Una lectura histórica, no puede ser una lectura descontextualizada de los textos normativos, porque las conclusiones extraídas de tal lectura no pueden más que ser tachadas de falta de rigor.
Del mismo modo que puede recibir esta crítica el llamamiento al Derecho comparado que hace la Sentencia: no dan noticia completa del modelo educativo de un país, ni sus leyes de igualdad aisladamente citadas, ni una Sentencia concreta, ni las exiguas referencias que la Sentencia propone como criterio interpretativo incompleto.
La cuestión a dilucidar, en cualquier caso, no es si los países de nuestro entorno aceptan o no la educación diferenciada, sino si esta, tal y como se identifica en España, en el año 2018, tiene cabida en la Constitución española interpretada a día de hoy, y teniendo en cuenta el alcance que nuestra jurisprudencia ha dado ya al principio de igualdad material (art. 9.2 CE), a la interdicción de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y al derecho a la educación (art. 27.1 CE). Habrá que admitir en este sentido, que el nivel de desarrollo del derecho de igualdad de género en nuestro ordenamiento estatal está a la vanguardia de los países de nuestro entorno: la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género es precursora del Convenio de Estambul; y ya en el año 2001 la Ley 4/2001, de 9 de abril, de modificación del apartado segundo del artículo 63 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Cataluña, se considera norma pionera en lo que hace a las normas de igualdad y al mainstreaming de género o la transversalidad de las políticas de género, y a esta norma se unen las de otras comunidades autónomas como Navarra, Castilla-León, Valencia, Galicia, País Vasco e Illes Balears, dando paso a la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a la que seguirán las leyes de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura. Y a esta evolución legislativa no ha permanecido ajena la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, mientras ha considerado desde su inicio, que cualquier medida de diferenciación entre los dos sexos, ha de estar plenamente justificada, ha respaldado también un concepto amplio de igualdad, con contadas excepciones (STC 126/1997), asumiendo plenamente la noción de igualdad material, e incorporando a su lenguaje jurisprudencial nociones como acción positiva (STC 216/1991, FJ 5), medidas con finalidad protectora (STC 128/1987), democracia paritaria (STC 12/2008) o medidas tendentes a erradicar un «arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja» (STC 59/2008).
Este recurso daba al Tribunal la ocasión de proyectar esa línea jurisprudencial a un nuevo ámbito, el educativo, y sin embargo se ha perdido esa ocasión, que lo era también para desarrollar una noción de modelo educativo constitucional sobre la base de lo esbozado en la STC 133/2010. En esta Sentencia se descarta el homeschooling como modelo educativo válido en nuestro sistema constitucional, y se produce la aproximación a una definición del modelo constitucional de educación, al afirmar que «la educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos [cfr. art. 2.1 h) LOE], sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos [cfr. art. 2.1 a) LOE] y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural [cfr. art. 2.1 d) y k) LOE] en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE]». Y, parece razonable pensar que, si la sociedad no funciona, en España, en espacios segregados por sexo, hay determinadas habilidades sociales, valores, capacidades y dimensiones del desarrollo de la personalidad que no pueden «aprenderse» y «entrenarse» más que si el segundo espacio de socialización, que es la escuela, reproduce esos mismos espacios mixtos, como premisa de una coeducación efectiva.
No sirve al análisis de constitucionalidad, en este caso, valorar si la norma que permite diferenciar entre niños y niñas en el acceso o en la organización de las enseñanzas es o no es discriminatoria sobre la base de si el «modelo pedagógico», en que se sustenta esa opción diferenciadora es o no discriminatorio, acudiendo para ello a unos datos científicos que ya hemos puesto en cuestión. Esta argumentación es absolutamente circular, y evita el examen que sería propio de esta jurisdicción, y que hubiera exigido valorar si la causa de diferenciación en cuestión, es decir si la concurrencia de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano (art. 10.1 CE), es admisible en este caso, porque busca como fin la parificación, y porque supera un estricto juicio de proporcionalidad.
Y si ese análisis no ha sido efectuado, es porque no resulta posible concluir del mismo la constitucionalidad de la medida impugnada. No existe argumento lógico alguno que permita sostener que la diferenciación del alumnado por sexo, en el acceso o en la organización de la enseñanza a la que tiene derecho, busca la parificación social y resulta proporcionada al fin pretendido. Incluso si se diera por bueno el falaz argumento de que se pretenden potenciar, con este tipo de educación, las capacidades cognitivas de las niñas, para asegurar su éxito académico como medio para lograr mejores logros profesionales y superar la desigualdad imperante en el mercado laboral al calor del mandato del artículo 9.2 CE, lo cierto sería que la medida no superaría un mínimo test de proporcionalidad. Como ya ha declarado este Tribunal, la educación como derecho constitucionalmente reconocido, no puede aspirar solo a garantizar la transmisión de conocimientos, y el consecuente éxito académico, sino que busca formar ciudadanos y ciudadanas responsables, llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad igualitaria, a la que llaman con insistencia los artículos 14 y 9.2 CE. Como ya se ha expuesto, la educación diferenciada tiende a consolidar estereotipos basados en la diferenciación de los sexos por roles, por capacidades, y por posiciones en la sociedad, porque son esos mismos estereotipos, sin base científica, los que dan sustento a la teoría pedagógica segregacionista. No es este un modelo capaz de superar los estereotipos, y las dificultades de igualación entre hombres y mujeres, que demanda el artículo 9.2 CE, porque se basa precisamente en dichos estereotipos. El equilibrio entre la formación de la ciudadanía, y la educación del alumnado, quiebra con esta medida, que por ello no puede considerarse proporcional a la hora de asegurar la garantía del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y a la educación, con el objeto que a ella asocia el artículo 27.2 CE. Frente a lo que enuncia la Sentencia, sí existen elementos que conducen a imputar a la educación diferenciada una incapacidad estructural, u ontológica, para el logro de los objetivos educativos marcados constitucionalmente. Porque la igualdad, derecho relacional por naturaleza, tal y como se ha establecido además por este Tribunal (por todas, SSTC 112/2017 o 27/2004), no se puede transmitir adecuadamente en contextos donde la relación de género no existe.
Por si lo anterior no bastara, tampoco puede olvidarse las dificultades que un sistema educativo binario, y ciego a otras realidades sociales, provoca en el libre desarrollo de la personalidad de algunos niños, niñas y adolescentes. En lo que se refiere a la identidad de género, es trascendental a los efectos educativos, la superación de un modelo educativo binario. El reconocimiento de una identidad sexual separada del sexo, tiene una regulación autonómica solo ausente en Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla León y Castilla La Mancha, que pese a ello cuentas con protocolos de actuación, y está pendiente la tramitación de la ley estatal integral. En dichas normas, el reconocimiento de la identidad de género, va indefectiblemente unido al derecho a las personas a la escolarización en un sistema necesariamente mixto, siendo esta una exigencia que se desprende de la superación de la consideración binaria de la identidad de género, de la afirmación de que cada persona, también los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a una identidad propia de género y al desarrollo de la misma en el entorno escolar, y del reconocimiento contenido en el artículo 2 d) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de que conforma el interés superior del menor la preservación de la orientación e identidad sexual del menor, así como su no discriminación por esta o cualesquiera otras condiciones, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad. Por tanto la escolarización ha de tener en cuenta esta importantísima variable, en un mundo cambiante y global, en el que el pluralismo axiológico exige una considerable amplitud valorativa en las identidades y comportamientos cívicos.
1.3 Por lo que hace a la cuestión de la financiación pública, a través del sistema de concierto educativo, y en pura coherencia con los argumentos desarrollados, entiendo que esta Sentencia debiera haber declarado inconstitucional la regulación contenida en el artículo 84.3 LOE, apartados segundo y tercero, en la redacción que les da la LOMCE, así como disposición transitoria de la Ley Orgánica 8/2013.
La ley, en este punto, no se limita a contemplar la posibilidad de financiar vía concierto a los colegios que recurran al sexo como criterio determinante de la admisión de alumnos o de la organización de las enseñanzas, sino que establece, expresamente, que no se podrá excluir de la financiación, por esta razón, a estos establecimientos mercantiles. Y lo hace estableciendo literalmente que «en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto». Dicho en otros términos, la ley estatal limita la potestad de las Comunidades Autónomas para establecer, entre los criterios de adjudicación del concierto o de acceso al mismo, la cuestión de la segregación educativa como elemento determinante para la exclusión, o como criterio de desventaja comparativa.
Pero el artículo 84.3 LOE no puede establecer esta prohibición sin resultar contrario al propio artículo 14 CE, desde el momento en que se entiende que el modelo educativo cuya financiación se blinda en este precepto, es también contrario a dicho precepto, leído conjuntamente con el artículo 9.2 CE, en los términos que acaban de ser expuestos. Ahora bien, como el argumento principal de la Sentencia es que la educación diferenciada por sexo no puede ser considerada per se discriminatoria, tampoco considera inconstitucional la obligación de financiar este tipo de educación que cabe, siempre según el argumentario de la Sentencia, el marco del texto constitucional. Y el argumento desestimatorio de este motivo del recurso podría haberse quedado ahí, en el espacio que niega que desde la Constitución se prohíba financiar ningún modelo educativo. En cambio, en un exceso de jurisdicción que olvida el principio de justicia rogada que debe inspirar la acción del Tribunal Constitucional, la Sentencia no se limita a negar la prohibición de financiación, sino que se aventura a afirmar que existe una obligación de financiar siempre que existan recursos suficientes o, dicho en otros términos, que el legislador no puede excluir de la financiación a las escuelas que segregan a los estudiantes por razón de su sexo precisamente porque optan por este modelo educativo, porque, paradójicamente, sería contrario al principio de igualdad, el trato desigual, en el acceso al concierto, de estos centros. En suma, la Sentencia sostiene que el legislador es libre para optar por financiar las escuelas segregadas, pero que excede del margen de apreciación que la Constitución le atribuye, la posibilidad de excluirlas de la financiación pública.
Este argumento no puede ser compartido. Frente a lo que se deduce de la Sentencia, no existe ninguna obligación constitucional de financiar cualquier tipo de modelo educativo o de sistema «pedagógico», ni esa obligación puede deducirse del apartado noveno del artículo 27 CE. Como no puede, en absoluto, deducirse de este precepto que, existiendo recursos suficientes, el Estado está obligado a financiar a los centros educativos privados. Precisamente, en la discusión parlamentaria que concluye con la redacción del artículo 27 CE, se rechazaron las enmiendas que preveían que la enseñanza obligatoria fuese gratuita con independencia del centro en que los menores fueran escolarizados.
La previsión constitucional del artículo 27.9 CE se agota en un mandato general, dirigido a los poderes públicos, de ayudar a los centros docentes, y en un mandato específico al legislador para la configuración del marco normativo de la ayuda que debe establecerse a tal efecto. No predetermina la naturaleza de la ayuda, ni su alcance, cuestiones que deben ser decididas por el legislador. Pero tampoco consagra un derecho subjetivo, de rango constitucional, a recibir ayuda pública, ya que la posibilidad de instar dichas ayudas, y el deber correlativo de las Administraciones públicas de dispensarlas, nacen estrictamente de la ley, con los requisitos y condiciones que en ella se establezcan (STC 86/1985, FJ 3).
Como ha declarado este Tribunal no existe «un deber de ayudar a todos y cada uno de los Centros docentes, sólo por el hecho de serlo, pues la Ley puede y debe condicionar tal ayuda, de conformidad con la Constitución, en la que se enuncia, según se recordó en el mismo fundamento jurídico, la tarea que corresponde a los poderes públicos para promover las condiciones necesarias, a fin de que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas» (STC 86/1985, FJ 3). Asimismo se ha señalado que «no puede, en modo alguno, reputarse inconstitucional el que el legislador, del modo que considere más oportuno en uso de su libertad de configuración, atienda, entre otras posibles circunstancias, a las condiciones sociales y económicas de los destinatarios finales de la educación a la hora de señalar a la Administración las pautas y criterios con arreglo a los cuales habrán de dispensarse las ayudas en cuestión» (STC 86/1985, FJ 3).
En definitiva, el artículo 27.9 CE no encierra un derecho fundamental de los titulares de los centros docentes de titularidad privada al establecimiento de un sistema subvencional, u otro modelo de ayuda, o a su sostenimiento económico por parte de la Administración educativa. Y la interpretación formulada por la Sentencia de la que discrepo, parece crear ese derecho fundamental, conde la Constitución no lo prevé.
Hasta ahora, la jurisprudencia de este Tribunal había venido estableciendo que el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica y obligatoria (art. 27.4 CE) «no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales» (STC 86/1985, FJ 4). Pero esta afirmación muta en la Sentencia frente a la que se opone este Voto particular, cuando afirma expresamente que la gratuidad «garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, negándola a todos los centros privados, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública, al menos en el nivel básico, impidiendo la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado». Pero el derecho de todos a la educación no incluye un derecho incondicionado a la financiación pública de los centros privados, ni el derecho a recibir una ayuda individualizada para acudir al centro que ofrezca la educación de preferencia de cada uno, con independencia de que existan o no recursos públicos para hacerlo posible.
El artículo 27.5 CE determina que «los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza», pero, como ha señalado este Tribunal, dicha «garantía se configura como una obligación que la Constitución impone a los poderes públicos, sin predeterminación de las prestaciones o medidas que se hayan de emplear a tal fin, puesto que las becas o ayudas no vienen directamente exigidas por aquel precepto constitucional», sin perjuicio de que el legislador orgánico pueda disponer, como obligación de los poderes públicos, el establecimiento de un sistema de becas para garantizar el derecho de todos a la educación (SSTC 188/2001, FFJJ 4 y 5; y 212/2005, FJ 5). Así pues, ni la libertad de creación de centros docentes ni el derecho de todos a la educación incluyen un derecho incondicionado a la financiación pública de los centros privados.
Es cierto, no obstante, que el artículo 27.9 CE «no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda» (STC 77/1985, FJ 11). En efecto, la libertad del legislador para configurar el marco normativo de ayuda pública a los centros docentes no es absoluta, pues debe sujetarse a los principios, valores o mandatos constitucionales. En la STC 77/1985, que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, se afirmaba lo siguiente: «(…) la remisión a la Ley que se efectúa en el artículo 27.9 de la C.E. puede significar que esa ayuda se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales. Ejemplos de éstos podrían ser el mandato de gratuidad de la enseñanza básica (art. 27.4 de la C.E.), la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (arts. 1 y 9 de la C.E.) o la distribución más equitativa de la renta regional y personal (art. 40.1 de la C.E.). El legislador se encuentra ante la necesidad de conjugar no sólo diversos valores y mandatos constitucionales entre sí, sino también tales mandatos con la insoslayable limitación de los recursos disponibles. Todo ello, desde luego, dentro de los límites que la Constitución establece» (FJ 11; en términos similares, STC 86/1985, FJ 3).
Por tanto, cuando el legislador se impone la obligación de financiar determinados centros privados, puede excluir de la financiación determinadas opciones, porque las mismas no respondan a principios, valores o mandatos constitucionales que el legislador asuma como prioritarios a la hora de fijar su política educativa. Como también está llamado a excluir aquellas que sean abiertamente contrarias a esos mismos valores, principios o mandatos.
2. La alternatividad entre la enseñanza de la religión y la enseñanza de valores sociales y cívicos que se imparte en educación primaria, o en valores sociales y éticos de la educación secundaria, cuyo ajuste constitucional al principio de neutralidad religiosa del Estado es puesto en duda por los recurrentes, es resuelta por la Sentencia con una argumentación que no comparto y que, como en el caso de la educación diferenciada, parte de unos presupuestos argumentales innecesarios que confunden el planteamiento de lo solicitado al Tribunal.
El recurso no impugnaba la enseñanza de la asignatura de religión, por lo que, a mi juicio, no era preciso desarrollar argumento alguno para justificar la constitucionalidad de esa enseñanza sobre la base del artículo 16 CE. Lo que la demanda plantea es que la eventual alternatividad entre la enseñanza del dogma religioso, y la enseñanza de los valores sociales y éticos o cívicos, podría afectar a la neutralidad religiosa del Estado, al colocar en plano de igualdad la ética de una determinada religión, y la ética pública y constitucional común a toda la ciudadanía, con el agravante de que los alumnos que cursaran la primera, quedarían al margen del aprendizaje de la segunda.
A mi juicio la causa de impugnación podría haber sido desestimada reputándose como preventiva, en el sentido en que se pronuncian, por ejemplo, las STC 36/2013 o la STC 91/2017, porque los preceptos impugnados no excluyen absolutamente que cualquier estudiante pueda cursar ambas materias en el mismo curso, sino que deja abierta la posibilidad de simultanear el estudio de ambas materias a una futura regulación y programación de la oferta educativa, que establezcan cada Administración educativa y en función de la oferta articulada por cada centro docente. Si esa posibilidad no llegara a materializarse, efectivamente, se estaría produciendo una exclusión de facto de la enseñanza de una disciplina que podría ser considerada como imprescindible dentro del cursus académico de una determinada persona. Cuestión esta que los llevaría al otro argumento planteado en el recurso, cual es la equivalencia entre la enseñanza del dogma religioso y la enseñanza de lo que podríamos denominar el «dogma constitucional», por tratarse de la transmisión de los valores contenidos en la parte dogmática de nuestra norma fundamental. Si se concluyera que ambas materias son equivalentes en términos académicos, sería indiferente cursar una o la otra. Y no sería imprescindible que los niños, niñas y adolescentes que cursan la asignatura de dogma religioso, en ejercicio del derecho de sus progenitores a elegir para ellos las enseñanzas religiosas y morales conformes con las creencias que les son propias (art. 27.3 CE), tuvieran que matricularse, además, de la materia de educación en valores sociales y cívicos o éticos.
A mi juicio, la respuesta a este interrogante es sencilla. La formación en valores democráticos, y la necesidad de una formación para la ciudadanía democrática, se deducen, sin género de duda, de las finalidades de la educación que refleja el artículo 27.2 CE y que se contienen en distintos documentos internacionales, como la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros a los Estados Miembros del Consejo de Europa y la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
El artículo 27.2 CE no debe olvidarse, establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Como tampoco debe olvidarse que no existe una jerarquía, ni orgánica, ni material, entre los distintos apartados de este precepto, y que el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que consideren pertinente, ni puede, ni debe, preterir la obligación de que la educación desarrolle el objeto al que está constitucionalmente llamada, de modo que los alumnos, al ejercer ese derecho, sean partícipes plenos y sin limitaciones del desarrollo de dicho objeto.
Si bien es cierto que el artículo 27.2 CE no exige la existencia de una asignatura concreta, de una materia académicamente computable, en la que se materialice el desarrollo del precitado objeto, sí debiéramos interpretar que exige que, una vez tal materia está prevista como asignatura en el curriculum académico, y más allá de la transversalidad en la formación en valores cívicos y constitucionales deba ser una constante del sistema educativo, dicha asignatura debe ser cursada por la totalidad del alumnado, para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes, titulares del derecho a la educción que contempla el apartado primero del artículo 27 CE, participan de la esencia que la Constitución reserva y vincula a la educación: el pleno desarrollo de su personalidad, en sintonía o no con las convicciones de sus progenitores, y en el respeto a los principios democráticos de convivencia, que son, cuando menos, los que proclaman los artículos 1 y 10.1 CE, esto es la igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo político, el respeto a la dignidad humana, así como los derechos y libertades fundamentales, entre los que no sólo se encuentra el de la libertad religiosa que recoge el artículo 16 CE. Por otra parte, las referencias a la religión, en una sociedad plural, plantea la difícil cuestión, que la Sentencia no aborda, de si existe un sustrato común, capaz de integrar principios y valores susceptibles de constituir un contenido compatible con el derecho de igualdad de género. No cabe ignorar en este sentido, la posición de supeditación de las mujeres a algunas religiones, de cuya posición no cabe establecer esos contenidos mínimos, por lo que no parece posible esa pretendida unificación de los valores, sino que para muchas personas, la laicidad representa precisamente los valores contrarios a las religiones.
La Constitución no es un texto neutro. Está cargada de contenido axiológico, en el bien entendido de que es la base sobre la que se asienta nuestro sistema democrático. Y la escuela, el sistema educativo, el lugar donde los niños, niñas y adolescentes aprenden de modo innegable a socializar, debe actuar de correa de transmisión de ese sistema de valores, que estructura nuestra sociedad. Ningún sentido tiene afirmar que la Constitución debe ser defendida frente a las injerencias de particulares o de poderes públicos, en este caso el legislador, y justificar por ello la existencia de un sistema de justicia constitucional del que este Tribunal es eje fundamental, y, al tiempo, negar que dicha Constitución ha de ser «enseñada» y debe ser «aprendida» en la institución constitucional que, por excelencia, está llamada a hacerlo, esto es, en la escuela. Y defender la enseñanza del dogma religioso, no puede suponer la exclusión de la enseñanza de los valores constitucionales comunes, uno de los cuales es, precisamente, el ejercicio de la libertad religiosa, y el respeto por el pluralismo religioso. Por tanto, los argumentos de la Sentencia no pueden ser compartidos. La alternatividad entre la asignatura de religión y una asignatura en valores constitucionales, reciba ésta el nombre que reciba, en caso de constatarse, sería contraria, no ya al principio de neutralidad religiosa del Estado, sino al mandato contenido en el artículo 27.2 CE, en los términos que acaban de ser expuestos.
En suma, esta Sentencia desatiende, a mi juicio, cuales son los valores y condiciones en las que una sociedad moderna y globalizada se desenvuelve, y se mantiene en un tiempo histórico en el que no se reconoce la sociedad española.
En este sentido emito mi Voto particular.
Madrid, a diez de abril de dos mil dieciocho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. | Formulario de localización de deportistas para control antidopaje. Deben indicar lugar de entreno y competiciones | ECLI:ES:TC:2018:31
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1406-2014, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra los siguientes preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE): el apartado noveno del artículo único, que da nueva redacción al artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, (en adelante, LOE); el apartado décimo quinto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 24 LOE; el apartado décimo sexto de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 25 LOE; el apartado décimo octavo de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 27 LOE; el apartado décimo noveno de su artículo único, que da nueva redacción al artículo 28 LOE; el apartado vigésimo primero del artículo único, que da nueva redacción al artículo 30 LOE; el apartado trigésimo cuarto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 41 LOE; el apartado trigésimo quinto del artículo único, que da nueva redacción al artículo 42 LOE; el apartado sexagésimo, que da nueva redacción al apartado segundo del artículo 84 LOE; el apartado sexagésimo primero de su artículo único, que da nueva redacción a los párrafos segundo y tercero del apartado tercero del artículo 84 LOE; el apartado octogésimo del artículo único, que da nueva redacción a las letras a), b), e), h), i) del artículo 127 LOE; el apartado octogésimo primero del artículo único, que da nueva redacción a las letras de l), m), n), ñ) y o) del artículo 132 LOE; la disposición transitoria segunda y la disposición final segunda, en cuanto a la nueva redacción de las letras a), b), f), h), j), l) y m) del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (en adelante, LODE), en relación, respectivamente, con lo dispuesto en el apartado cuarto por el que se da nueva redacción a los apartados primero y segundo del artículo 59 LODE y con el apartado quinto, por el que se da nueva redacción al artículo 60 LODE. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 7 de marzo de 2014, la representación procesal de más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que se señalan en el preámbulo de esta Sentencia. Se fundamenta la impugnación en los siguientes extremos.
a) Se comienza con la exposición de los argumentos en virtud de los cuales los recurrentes consideran que los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE, en la nueva redacción operada por la LOMCE, vulneran los artículos 14, 9.2 y 27.2 CE. Así, consideran que vulnera el artículo 14 CE y, por tanto, es nulo, el aserto que afirma que «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos»; por conexión, entienden que son nulos también los párrafos segundo y tercero del citado artículo 84.3 LOE en su nueva redacción. El segundo párrafo determina que no constituye discriminación la educación diferenciada por sexos si la enseñanza impartida se desarrolla de acuerdo a lo previsto en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960, y que la elección de ese modelo educativo no puede implicar un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos o en cualquier otro aspecto. También impugnan la disposición transitoria segunda LOMCE, que establece la aplicación temporal del artículo 84.3 LOE en relación con los conciertos educativos. En exposición de su tesis, aducen la dudosa legitimidad constitucional de un sistema educativo que separa a los estudiantes por razón de su sexo, intensamente discutida por la doctrina, un sector de la cual considera que la diferencia entre grupos sociales conlleva un riesgo muy alto de considerar a uno de ellos como inferior. Por esta razón el Tribunal Constitucional ha exigido que cualquier diferencia que se realice en estos ámbitos debe tener una especial justificación para que no sea considerada sospechosa (STC 147/1995, de 16 de octubre, FFJJ 2 y 6). Para los recurrentes la separación en las aulas sería discriminatoria por no existir en este caso esa justificación reforzada que reputan exigible.
Se postula en el recurso que este Tribunal se valga del artículo 10.2 CE para delimitar el contenido y alcance de la igualdad de género, teniendo en cuenta que la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, de 1979, interesa en su artículo 10 c) «la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta». También tienen en cuenta el contenido del artículo 2.
### RESUMEN: Formulario de localización de deportistas para control antidopaje. Deben indicar lugar de entreno y competiciones |
Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Danone, S. A., Código de Convenio n.º 90010192011996, que fue suscrito, con fecha 24 de julio de 2012, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de octubre de 2012.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO DE DANONE, S. A.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Convenio general para la empresa Danone, S. A., tiene por objeto regular las condiciones de trabajo y empleo, y mantener un marco de relaciones armónicas y estables entre la empresa y sus trabajadores.
El presente Convenio general se fundamenta en la igualdad de derechos y obligaciones, sin discriminación por razón de sexo, religión, raza, ideología política o sindical.
Artículo 2. Ámbito funcional y territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio colectivo regularán los derechos y obligaciones que presidan las relaciones laborales de todos los centros de trabajo de Danone, S. A., cualquiera que sea la actividad que en ellos se desarrolle, y los que pueda tener en el futuro.
Artículo 3. Ámbito personal.
El presente Convenio es de aplicación a la totalidad de los trabajadores de la empresa Danone, S. A., con la excepción, en general, de los afectados por el artículo 1.3 c) y 2.1 a) de la Ley 1/1995, de 24 de marzo, y, en particular, con las excepciones que figuran en el articulado de este Convenio.
No obstante lo anterior, todas aquellas cláusulas que tengan contenido económico o que de ellas se deriven consecuencias de orden económico, solamente afectarán a aquellos trabajadores comprendidos en las categorías recogidas en las tablas salariales.
Artículo 4. Ámbito temporal y denuncia.
El Convenio, que entrará en vigor a partir de la fecha de su formal aprobación, sea cual fuere la fecha de su publicación en el «B.O.E.» tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Las condiciones económicas en él contenidas surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2012.
El Convenio se prorrogará tácita y automáticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes dentro de los dos últimos meses de vigencia del mismo y siempre con una antelación de, al menos, 30 días a su terminación.
Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrán en vigor todas sus cláusulas, excepto aquéllas cuya vigencia se haya acordado concretamente. Transcurrido un año desde la denuncia del Convenio sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, el Convenio perderá su vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.
Artículo 5. Efectos.
El presente Convenio y sus anexos obligan a todos los trabajadores y centros acogidos a sus ámbitos de aplicación, prevaleciendo frente a cualquier otra norma que no lo sea de derecho necesario.
No obstante lo anterior, se reconoce el carácter dinámico de las normas aquí pactadas y por tanto la necesidad de su articulación en niveles inferiores en aquellas materias en las que así se determine y, siempre y cuando no se contrapongan a lo dispuesto con carácter general.
Artículo 6. Absorción y compensación.
Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en el presente Convenio, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen la totalidad de las aplicables en la empresa, cualesquiera sean su naturaleza u origen de su existencia.
Las disposiciones legales o resoluciones futuras –generales, convencionales o individuales, administrativas o sentencias judiciales– que lleven consigo una variación económica en todos o en alguno de los conceptos retributivos que en este Convenio se establecen, o supongan la creación de otros nuevos, únicamente tendrán repercusión en la empresa si, en su conjunto global anual, superan el nivel total anual del presente Convenio por todos los conceptos, quedando en caso contrario absorbidas dentro de éste.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, manifestando formalmente ambas partes que sus respectivas vinculaciones a lo convenido tienen el carácter de compromiso para la totalidad de las cláusulas pactadas. Así pues, en el supuesto de ser declarado nulo algún artículo de los que consta el presente Convenio, las partes se obligan a renegociar este artículo declarado nulo y los con él relacionados pudiendo, de estimarlo necesario ambas partes, renegociar la integridad del presente Convenio colectivo.
Artículo 8. Procedimiento de solución de conflictos.
El presente acuerdo vincula a la totalidad de los trabajadores de Danone, S. A., con excepción de aquellos cuyos niveles salariales no se encuentran contemplados en las tablas anexas, y tiene por objeto dar solución a los conflictos que puedan originarse entre la Dirección de la empresa y sus trabajadores cualquiera que sea su lugar de trabajo y una vez agotada la vía de solución en el centro de trabajo.
Se seguirá igualmente este procedimiento en aquellos conflictos que, no obstante promoverse por un trabajador individual, su solución sea extensible o generalizable a un grupo de trabajadores.
Para ello, y por medio del presente Convenio colectivo, ambas partes se adhieren expresamente y en su totalidad al acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (ASACL) suscrito en fecha 7 de febrero de 2012, con las siguientes particularidades, dado el ámbito territorial de carácter nacional de la empresa:
– Para los conflictos de carácter colectivo que afecten a centros de trabajo ubicados en más de una Comunidad Autónoma, se recurrirá al servicio interconfederal de mediación y arbitraje (SIMA).
– Para los conflictos de carácter colectivo que afecten a un centro/s ubicados en el ámbito de una Comunidad Autónoma, se recurrirá al organismo correspondiente de solución extrajudicial de conflictos.
Cuando haya que acudir a este procedimiento según lo dispuesto en el artículo 82.3 E.T., el plazo máximo para instar la intervención del organismo correspondiente será de cinco días.
Para la solución de conflictos individuales, las partes acuerdan que se negociará y solucionará en cada centro de trabajo entre el Comité de empresa o Delegados de personal y la Dirección.
Artículo 9. Comisión Paritaria.
Composición:
La Comisión Paritaria estará compuesta por 7 miembros de cada una de las partes firmantes.
Se requerirá la intervención de la Comisión Paritaria con carácter preceptivo, en todos los conflictos derivados de la interpretación del Convenio colectivo.
Funciones:
Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:
a) La interpretación del Convenio colectivo.
b) La vigilancia del cumplimiento del Convenio.
c) Intervención en caso de desacuerdo durante el período de consultas para la modificación de condiciones de trabajo establecidas en el Convenio colectivo, según lo previsto en el artículo 82.3 ET.
d) El resto de atribuciones que le vienen conferidas por la ley.
En los casos en los que la actuación de la Comisión Paritaria implique competencias negociadoras, la composición de la misma guardará la proporcionalidad de la Comisión Negociadora.
Reglamento de funcionamiento:
La Comisión Paritaria se reunirá a petición de una de las partes, para tratar de asuntos de su competencia, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a su convocatoria escrita, que deberá contener el orden del día de los temas a tratar. Si cumplido el plazo de 30 días naturales desde que se recibe la petición, la reunión no se hubiera celebrado, se entenderá agotada la intervención de dicha Comisión, pudiendo la parte interesada ejercitar las acciones que considere pertinentes.
Para el supuesto de la función c) el plazo para pronunciarse será de dos días a contar desde el planteamiento de la discrepancia.
Se entenderá válidamente constituida la Comisión Paritaria cuando asistan a la reunión la mitad más uno de los representantes de cada parte. Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.
De cada sesión se levantará acta, en el día de la reunión.
A efectos de notificaciones y convocatorias, se fija la sede de la Comisión Paritaria en el domicilio de las oficinas centrales de Danone, c/ Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 10. Principios generales.
La organización del trabajo en cada uno de los centros, con arreglo a lo previsto en este Convenio y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección de la empresa.
Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, corresponde a los representantes de los trabajadores las funciones de orientar, proponer y asesorar en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo.
Artículo 11. Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la empresa se sujetará en todo momento a los principios de respeto de la dignidad del trabajador, de las titulaciones académicas y profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, de la salvaguarda de la formación y la promoción profesional del trabajador y al respeto a los derechos económicos.
El ejercicio de la movilidad funcional por parte de la Dirección de la empresa, supone que ningún trabajador podrá ser destinado a realizar funciones de nivel inferior en un perfil diferente y por un período de tiempo superior a 3 meses en un año. En todo caso, deberán existir razones técnicas u organizativas que lo motiven y se dará información a los representantes del personal, estableciéndose rotaciones para cubrir esas necesidades.
Cuando un puesto de trabajo fuese ocupado durante más de 6 meses consecutivos en un año u 8 meses alternos en un período de dos años por un trabajador procedente de un nivel inferior y de un perfil diferente, deberá aplicarse el procedimiento de cobertura de vacantes señalado en este Convenio. Se exceptúan de estos supuestos los casos debidos a sustituciones con derecho a reserva de puesto.
En todos los casos de movilidad funcional se respetarán los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Se mantendrá la retribución salarial y el nivel del puesto de origen o se percibirá, desde el primer día, la retribución del nivel del puesto de destino, si fuera superior.
A efectos de la movilidad funcional se entenderá como nivel de destino mínimo en cualquier perfil el definido como de entrada en el sistema de clasificación.
Se definen los siguientes grupos profesionales y/o categorías, de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del presente Convenio y el acuerdo Nacional de clasificación profesional firmado el día 19 de julio de 1999.
Fábricas: Producción, mantenimiento, explotación y administración.
Comercial y logística: Vendedores y administración.
Centros de recogida de leche.
Para logística y comercial, se entenderá por nivel/perfil la correspondiente categoría profesional.
Artículo 12. Movilidad geográfica.
Cuando por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la empresa tenga la necesidad de trasladar a un trabajador a un centro de trabajo distinto de aquél en que efectivamente preste sus servicios, que requiera cambio permanente de residencia, se estará a lo establecido en general en el artículo 40 del E.T. y en particular a lo acordado en el presente artículo en los supuestos siguientes:
A) Traslado voluntario.
Cuando existan vacantes a cubrir en un centro de trabajo, que no hayan sido cubiertas de acuerdo con lo previsto en el capítulo IV, sección segunda, del presente Convenio relativo a las normas de ascenso, la empresa publicará en todos los centros de trabajo en los que pueda existir personal disponible, una convocatoria de traslado, especificando los requerimientos del puesto y las condiciones del mismo.
En los casos en que las vacantes convocadas sean cubiertas de mutuo acuerdo entre la empresa y el personal que deba trasladarse, la dirección de la empresa contratará el servicio de traslado, corriendo con los gastos que se originen, que incluyen el viaje para toda la familia y el transporte de muebles y enseres.
B) Traslado forzoso.
La tramitación del traslado forzoso se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 y .2 del Estatuto de los Trabajadores y con las siguientes condiciones:
– Preaviso: Los trabajadores que sean trasladados de su centro de origen a otro centro de la empresa serán preavisados como mínimo con 30 días de antelación.
– Puesto de trabajo: Equivalente si existe vacante, sin perjuicio de que se modifiquen las funciones, jornada y horario a realizar en aras a la adaptación al puesto de destino. En todo caso, se garantiza como mínimo el nivel salarial anual de origen.
– El traslado producido entre dos centros de una misma provincia será tratado de acuerdo con los pactos que se llevan a cabo en cada caso concreto.
– El traslado de centro de trabajo entre dos provincias distintas se compensará con una ayuda a fondo perdido de:
Años 2012, 2013 y 2014: 23.000 euros brutos.
Aquel trabajador que opte por cambiar de residencia percibirá años 2012, 2013 y 2014: 3.500 euros brutos, como compensación por todos los gastos derivados de dicho traslado. Esta opción la podrá ejercitar en el periodo de dos años.
• Se abonará al trabajador el coste de la mudanza de la unidad familiar, en las mismas condiciones que el traslado voluntario.
• El trabajador tendrá derecho a un viaje inicial de ida al centro de trabajo de destino elegido, a la estancia de un día y una noche y al regreso a su domicilio cuyos gastos correrán a cargo de la empresa.
• Si fuere preciso, dispondrá de otro viaje en condiciones similares durante dos días para que la familia tome contacto con la población de destino
• Un día de permiso en base al artículo 55 de nuestro Convenio colectivo «permiso retribuido por traslado del domicilio habitual» siempre y cuando este se produzca.
– Aquellos trabajadores que acrediten la voluntad de vender su vivienda para la compra de una nueva en la ciudad de destino, podrán solicitar de la empresa un préstamo puente de hasta años 2012, 2013 y 2014: 14.500 euros brutos, durante el plazo máximo de un año. Dicha petición deberá ser atendida si no han transcurrido más de dos años entre el momento del traslado y la efectividad de la compra de la nueva vivienda.
– Familia: La empresa ayudará a la búsqueda de colocación del cónyuge en el lugar de destino si estaba trabajando en el de origen.
– Preferencia: Si existiera la posibilidad de recolocación y retorno al lugar de origen por haber una vacante de igual o similar categoría, el trabajador que haya sido trasladado tendrá la prioridad para el puesto, considerándose que la vuelta al lugar de origen no dará derecho a una nueva indemnización por traslado. Si el regreso se produce dentro de los cuatro años inmediatamente siguientes al traslado, se considerará que de la cantidad percibida el 50 % lo es a fondo perdido, y el 50 % restante tendrá la consideración de deuda contraída que se devolverá proporcionalmente a los meses que falten hasta alcanzar esos cuatro años.
– No aceptación del traslado: En el caso de que el trabajador no acepte el traslado forzoso en las condiciones más arriba expresadas, se dará comunicación a los representantes de los trabajadores y se le abonará una indemnización por la rescisión del contrato igual a la establecida en el artículo 56. 1 a) del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 13. Efectos de la facultad de Dirección.
Las modificaciones de las condiciones de trabajo definidas en el artículo 41 del Estatuto de los trabajadores se ajustarán a lo dispuesto en el indicado precepto. La empresa se compromete a que la modificación de condiciones no podrá ir en perjuicio de la dignidad del trabajador.
No obstante, reconociendo la función y la responsabilidad de la representación social, la dirección planteará a dicha representación las decisiones organizativas que afecten a las condiciones laborales de los trabajadores, en el nivel que corresponda, según el ámbito y extensión de aquéllas, al objeto de que, sin perjuicio de la ejecutividad de las mismas, entre ambas partes se estudien las medidas que, respetando los objetivos perseguidos por la nueva organización, permitan que ésta se lleve a cabo con el máximo respeto de los derechos individuales de los trabajadores implicados.
En el caso de afectar a un colectivo de trabajadores, el período de consultas tendrá una duración no superior a 15 días naturales. Durante el expresado período ambas partes negociarán de buena fe las condiciones de la nueva organización en los términos fijados más arriba. Si no se alcanza un acuerdo, en el plazo de 7 días naturales cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento de solución de conflictos contemplado en el cap. 1º de este Convenio colectivo. Agotado este plazo sin que se haya presentado la solicitud de procedimiento de solución de conflictos o el mismo termine sin acuerdo, comenzará a contar el plazo de efectividad de la decisión previsto legalmente.
Si de la decisión empresarial se derivan cambios en las condiciones de trabajo que implican modificación salarial, las personas afectadas por tal modificación mantendrán su nivel anual de ingresos aunque su salario y categoría serán los de la nueva situación. Por ello, si ha lugar, tendrán un complemento personal de situación anterior que comprenderá la diferencia entre su salario anual anterior y el correspondiente al nuevo puesto, todo ello de acuerdo con lo estipulado en el artículo n.º 29. Dicho complemento podrá sustituirse por una cantidad a tanto alzado a negociar entre la empresa y el trabajador afectado.
Si el cambio en las condiciones de trabajo es por voluntad del trabajador, se le asignará la retribución y la categoría correspondientes a su nueva situación.
CAPÍTULO III
Clasificación del personal
Artículo 14. Definición del sistema.
Para las fábricas de Danone, S. A., existe un sistema de clasificación profesional basado en las competencias individuales que se recoge en un documento específico ratificado en fecha 19-7-99 por el Comité Intercentros. Dicho documento forma parte integrante del presente Convenio Colectivo a todos los efectos.
El sistema cumple el propósito de favorecer la evolución, el progreso y la formación de las personas que trabajan en Danone S. A., y proporcionar a la empresa una mejora global de su competitividad.
Durante la vigencia del presente Convenio la Comisión del Sistema de Desarrollo de Fábricas formado por 8 miembros de cada una de las partes firmantes, estudiará y debatirá la reforma del sistema. Las conclusiones que se alcancen serán ratificadas por el Comité Intercentros.
Para el ámbito comercial, será la comisión Midas el órgano de debate y negociación en los temas propios de esta función (4 miembros de cada una de las partes firmantes)
Para el Grupo Profesional de Administración de Danone, S. A., existe un Sistema de Desarrollo Profesional que se recoge en un documento específico ratificado en fecha 20-12-11 por el Comité Intercentros. Dicho documento forma parte integrante del presente Convenio Colectivo a todos los efectos.
Artículo 15. Definiciones de puestos de fábrica.
El sistema de clasificación profesional de fábricas recoge los siguientes perfiles:
– Procesista-Preparador.
Interviene en todas etapas de proceso (desde la descarga de leche hasta la alimentación a envasadoras), asegurando en cada una de ellas el flujo de materias/productos semielaborados en las condiciones de productividad establecidas.
– Acondicionador.
Interviene en todas etapas de envasado, asegurando en cada una de ellas el flujo de materias/producto en las condiciones de productividad establecidas.
– Manutención.
Interviene en las etapas de manutención, asegurando en cada una de ellas el flujo de materias/producto en las condiciones de productividad establecidas.
– Energías-base taller.
Asegura la producción de energías y el mantenimiento de sus instalaciones, así como el servicio de apoyo en mantenimiento diverso a todas las zonas de fábrica.
– Instrumentista.
Asegura el mantenimiento de las instalaciones de equipos eléctricos y electrónicos de la planta así como la programación y estado de los autómatas, cumpliendo los criterios de productividad establecidos.
– Analista.
Realiza los análisis definidos, asegurando su fiabilidad y proporcionando la información a las funciones implicadas, cumpliendo las condiciones de productividad establecidas.
– Operario de planta.
Interviene en el almacenaje, movimiento, suministro, expedición y control de las materias primas, ingredientes, embalajes y producto terminado, y en la conducción de máquinas auxiliares asegurando las condiciones de productividad establecidas.
– Depuradora.
Interviene en todas las etapas de la depuración de aguas residuales, asegurando en cada una de ellas las condiciones de productividad establecidas.
Otras categorías:
– Servicios auxiliares.
Categoría profesional que recoge las funciones o trabajos que se realizan en las fábricas y que no están contempladas en el sistema de clasificación, a excepción de las funciones administrativas.
Artículo 16. Definición de puestos de comercial y logística.
– Vendedor.
Es el trabajador que tiene como funciones:
– Determinar el pedido en cantidad y variedad para conseguir el stock ideal que cubra las posibilidades de venta utilizando para ello las nuevas tecnologías puestas a disposición, así como los sistemas de información que contribuyan a la mejora y fiabilidad de la toma de pedido previa adecuada formación;
– Responsabilizarse de que no existan productos no comercializable en el mural frigorífico, proceder a la colocación y el mantenimiento del material de animación de ventas y señalización de murales, aplicando en su gestión los criterios establecidos en el sistema de incentivos comerciales;
– Proceder a la recogida de datos que se especifique;
– Será el conductor del vehículo que se le asigne, y cuidará de su conservación, limpieza y buena presentación todo ello en los puntos de venta asignados, que permita conseguir los objetivos comerciales establecidos manteniendo una óptima imagen de la empresa.
En cuanto a sus tareas y forma de actuación en lo tocante a ausencias, utilización de los medios y sistema de comunicación con mandos y soporte al pedido, se estará a lo que dispone el «Manual del vendedor». Dicho documento forma parte integrante del presente Convenio colectivo a todos los efectos.
La actividad laboral del personal de este servicio, aunque con sujeción a las normas dictadas por la empresa, se desarrollará con relativa independencia, por lo cual el ritmo e intensidad de su trabajo depende en gran manera del carácter específico y particular de su labor, y, por consiguiente, además de los emolumentos que perciban con carácter general los demás productores, este personal tendrá asignada una prima de terminación de ruta, la cual está calculada de modo que cubra la posible prolongación de su jornada, debido a las especiales incidencias de su trabajo.
– Rotador.
Es el vendedor que cubre los días de libranza de los vendedores.
– Suplente.
Es el vendedor que cubre las ausencias de los vendedores no atendidas por el rotador y apoya las actividades comerciales relacionadas con la venta. Cualquier cambio en la dinámica de trabajo actual se debatirá en el seno de la Comisión MIDAS.
Artículo 17. Definición de puestos de Administración.
– Sisdes Convenio.
Incluye funciones de carácter administrativo desarrolladas en los siguientes puestos:
1. Calidad.
2. Control de Gestión.
3. Administración de Almacén de Materias Primas/Mantenimiento.
4. Servicios Generales/Recepción.
5. Visitas a fábrica.
6. Administración en Bases Logísticas.
Durante la vigencia del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento SISDES de Staff & Supervisors que velará por el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Dicha comisión estará formada por:
– Siete miembros de cada una de las partes firmantes (años 2012 y 2013).
– Tres miembros de cada una de las partes firmantes (año 2014).
CAPÍTULO IV
Contratación, vacantes y ceses de personal
Sección primera. Contratación
Artículo 18. Modalidades de contratación.
La empresa declara su voluntad de recurrir al empleo eventual de la forma más limitada posible, cumpliendo estrictamente la legislación vigente en esa materia y dando conocimiento a los representantes de los trabajadores de la evolución general de la empresa y evolución general del empleo. En todo caso, la contratación eventual no podrá exceder del 8 % de la plantilla media de la empresa en cómputo anual. No formarán parte de este cómputo los contratos de interinidad, cualquiera que sea el motivo de la sustitución.
Contratación social de jóvenes.
La empresa como medida estrictamente social en favor de la integración social de los jóvenes, y siguiendo criterios del grupo, manifiesta su voluntad de contratar un determinado número de personas en régimen de «prácticas en alternancia» u otra modalidad análoga que les permita obtener o completar un aprendizaje laboral en colaboración con instituciones sociales o educativas.
Las condiciones de compensación o beca se adaptarán en cada supuesto.
En ningún caso podrán sustituir o cubrir un puesto operativo de la plantilla de la organización.
El Comité de empresa estará informado puntualmente de la acción, en aras al cumplimiento del objetivo social planteado.
Contrato para la formación y el aprendizaje.
El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida con actividad formativa recibida en el marco del Sistema de Formación Profesional para el Empleo o del Sistema Educativo. El contrato se regirá por las siguientes reglas:
– Se podrán celebrar contratos para la formación, con los trabajadores mayores de 16 y menores de 25 años (30 años disposición transitoria novena Ley 3/2012), que carezcan de la cualificación profesional requerida para realizar un contrato en prácticas (formación profesional, Licenciatura, Diplomatura, Técnicos Medios y Superiores) artículo 11.2 a) ET. No se aplicará este límite de edad cuando el contrato se concierte con un trabajador discapacitado.
– Ocupar aquellos puestos que se definan por la Dirección del centro con la participación de los representantes del personal y teniendo en cuenta el sistema de clasificación profesional aplicable. Asimismo, se acordará el plan de formación con la determinación de los centros donde se impartirá la misma.
– Ser retribuidos con el 90 % del salario correspondiente al puesto ocupado durante toda la vigencia del contrato en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
– Tutor/a: Cada dos contratados en formación como máximo, tendrán un tutor que, como mínimo, deberá poseer el nivel de cualificación a adquirir por el contratado.
– Para el resto de condiciones, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.
Contrato en prácticas.
El contrato de trabajo en prácticas podrá celebrarse con quienes estuvieran en posesión del título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años o de los siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador discapacitado inmediatamente siguientes a la terminación de los correspondientes estudios de acuerdo con las siguientes reglas:
– La retribución corresponderá al 95 % y 100 % para el primero y segundo año de contrato, respectivamente, del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
– Para el resto de condiciones, se estará en lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.
Contratación de duración determinada.
(Artículo 15.1.b del Estatuto de los Trabajadores).
En cuanto a la duración de estos contratos se entiende aplicable lo dispuesto en el artículo 49 del Convenio colectivo Estatal de Industrias Lácteas y sus derivados publicado en el «B.O.E.» de fecha 22/01/09:
«De manera expresa se conviene que para el supuesto previsto en el artículo 15.1.b) de la disposición legal citada, dichos contratos podrán ser prorrogados hasta doce meses dentro de un período máximo de 18 meses.»
En todos los casos de contratación, ya sea indefinida o temporal, al amparo de cualquier modalidad contractual, la Dirección deberá entregar copia del contrato al trabajador en el plazo de 48 horas una vez que sea presentado telemáticamente en el SEPE. En todos los contratos, se especificará la jornada anual, el horario de trabajo, el perfil/nivel o categoría profesional y el salario que correspondan.
(Artículo 15.5 párrafo 2 del Estatuto de los Trabajadores).
Los puestos de trabajo, relacionados con los perfiles/categorías definidos en los artículos 15 y 16 del presente Convenio, a cubrir con contrataciones de carácter temporal tendrán la siguiente limitación:
• Por circunstancias de la producción e incremento de pedidos: los puestos afectados por esas concretas circunstancias, mientras dure tal situación y con un máximo de tres años con contratos continuados.
• Por lanzamiento de una nueva línea de producción o un nuevo producto. Cualquiera de los puestos intervinientes, mientras dure esta circunstancia con un máximo de tres años.
• En los casos anteriormente señalados, superados los plazos indicados, el puesto será considerado de carácter estable y se procederá a su cobertura mediante el proceso de cobertura de vacantes del artículo 20.
Para el cálculo de los plazos mencionados, computarán los contratos eventuales por circunstancias de la producción e incremento de pedidos y los de obra o servicio. No computarán los referidos a interinidad, los ocupados durante el proceso de selección, los contratos de formación, los contratos en prácticas y los de relevo.
Se entenderán cubiertos los puestos tanto por las modalidades de contratación señalados como por los contratos de puesta a disposición de empresas de trabajo temporal.
Contrato a tiempo parcial.
El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo establecida en este Convenio.
Se acuerda expresamente que el número de horas complementarias no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias objeto del contrato.
La distribución y forma de realización de dichas horas complementarias se ajustará a lo establecido en el artículo 52 del presente Convenio.
El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas complementarias con un preaviso de 72 horas.
La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites en materia de jornada y descansos legalmente establecidos.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no podrá exceder de la jornada de trabajo anual establecida en este Convenio (art. 52).
La contratación a tiempo parcial no podrá exceder del 8 % de la plantilla media de la Empresa en cómputo anual.
Para el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.
Contratación de puesta a disposición (ETT's).
Cuando la empresa vaya a contratar personal para los puestos de trabajo Operario de planta, Laboratorio, SISDES Convenio y Servicios auxiliares y los realice a través de ETT's será en base a los siguientes supuestos:
– Promociones/retráctiles.
– Sustitución absentismo y ausencias imprevistas menores a 30 días.
– Revisión y desencartonado de producto.
– Puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones y pruebas industriales.
– Apoyo a un proyecto o inversión.
– Incremento de producción respecto al presupuesto por un período inferior a 30 días.
– Trabajos de descarga puntual.
Cuando los trabajos con riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores se realice por personal de ETT, la empresa comprobará que disponen de la cualificación y formación necesaria. La definición de estos trabajos con riesgos especiales competerá a la comisión nacional de seguridad y salud.
En los casos en los que por dificultades de mercado laboral no se pueda realizar la contratación directamente por Danone se realizara por ETT.
La empresa informará a la representación de los trabajadores, en el plazo de 10 días laborables, los aspectos básicos de los contratos de puesta a disposición.
Contrato de relevo.
Con el objeto de facilitar por una parte, la progresiva jubilación de los trabajadores en activo y por otra, el acceso al trabajo de jóvenes, la empresa podrá realizar contratos de relevo con trabajadores en situación de desempleo o con trabajadores con contratos de duración determinada en vigor en la empresa, para sustituir a los trabajadores que accedan a la jubilación parcial.
El trabajador informará a la empresa de su intención de poder acceder a una jubilación parcial con tres meses de antelación. Recibida la solicitud la empresa comprobará que la petición del trabajador/a reúne los requisitos exigidos por la Ley y podrá aplicar la jubilación parcial y posterior contrato de relevo siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador y la organización del trabajo de los centros lo permita.
El trabajador sustituto lo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial siendo la duración de la jornada, como mínimo, igual a la reducción de jornada del sustituido y podrá ser tanto en el mismo puesto de trabajo como en otro del mismo grupo profesional.
La jornada del trabajador jubilado parcialmente, podrá fijarse de común acuerdo, pudiendo realizarse durante unas horas al día o días a la semana e incluso acumularse a lo largo del año.
La duración del contrato de relevo será hasta que el trabajador sustituido se jubile o alcance la edad de jubilación ordinaria.
Esta modalidad se mantendrá durante toda la vigencia del Convenio y mientras lo permita la Legislación vigente en cada momento. Así mismo, en lo no previsto en el presente artículo se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores y en la legislación social.
Durante la vigencia del Convenio, la empresa informará al Comité Intercentros sobre la aplicación concreta de este contrato.
Copia básica.
A efectos del cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de los trabajadores, se acepta por ambas partes el modelo de copia básica que se adjunta como anexo I.
En el caso de que existieran cláusulas adicionales en el contrato de trabajo, éstas se adjuntarán como anexo a dicha copia básica.
Artículo 19. Período de prueba.
Se establece un período de prueba de seis meses para los técnicos titulados, y de un mes para el resto de trabajadores.
El empresario y trabajador están respectivamente obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.
Los períodos de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento interrumpen el período de prueba.
Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá los efectos propios de la modalidad bajo la que haya sido concertado, computándose, en su caso, a efectos de antigüedad el tiempo de servicios prestados a la empresa.
Sección segunda. Vacantes
Artículo 20. Cobertura de vacantes.
Cuando existan vacantes en la empresa, estas se cubrirán con personal interno antes de recurrir al exterior, siempre que se encuentre el perfil requerido. El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. Procedimiento.
Cuando haya que cubrir una vacante, la Dirección del centro lo comunicará al C. Empresa o Delegado de personal y ambos se encargarán de hacer pública la convocatoria con el fin de que todo el personal de todos los centros de trabajo del ámbito geográfico correspondiente, tenga conocimiento de esta, mediando un mínimo de tiempo de un mes entre la publicación del anuncio y la realización de las pruebas.
En la convocatoria se harán constar los siguientes aspectos:
– Categoría, departamento y sección o perfil y rama del puesto a cubrir y grupo profesional al que se adscribe.
– Número de plazas a cubrir.
– Lugar y plazo límite de la presentación de solicitudes.
– Condiciones mínimas exigidas a los aspirantes.
– Fecha en la que se hará pública la relación de aspirantes admitidos a las pruebas de aptitud.
– Programa de pruebas teóricas prácticas y psicotécnicas a realizar en cada caso y puntuación de las mismas.
– Temario o texto de referencia.
– Lugar y fecha de las pruebas.
Se establece que si un puesto de trabajo de un determinado perfil, es cubierto por un mismo o distintos trabajadores de otro perfil distinto y de un nivel inferior (o por un mismo o distintos trabajadores de una categoría inferior), por más de seis meses consecutivos en un año u ocho meses alternos en un período de dos años, la plaza deberá sacarse a convocatoria. Se exceptúan los casos debidos a sustituciones con derecho a reserva de puesto en los que no se consolida tampoco la diferencia económica.
2. Criterios y baremos de evaluación.
Los criterios que fundamentan la evaluación están basados en los ejes de competencias (técnicas, organizativas, relacionales, etc...), del personal, evaluándose mediante:
– Pruebas de capacidad (tests psicotécnicos): 30 %.
– Pruebas de conocimientos teóricos: 20 %.
– Pruebas prácticas: 50 %.
En este sentido se constituirá una Comisión mixta formada por dos miembros de la Dirección y dos miembros del Comité de empresa cuya misión consistirá en establecer el número de preguntas, puntuación global, sistema de verificación de los resultados e información conjunta al personal.
Todas las pruebas y su contenido serán establecidos en cada caso por la Dirección, quien trasladará esta información a la comisión mixta para el seguimiento, verificación, control y publicación de los resultados juntamente con la Dirección.
3. Incorporación a la nueva categoría.
– En el plazo de un mes, a contar desde la realización de las pruebas, la Dirección informará a la comisión mixta de los resultados obtenidos por los candidatos, previamente a hacer públicos los mismos.
– En caso de empate ocupará la plaza el género menos representado en el perfil/categoría.
– En caso que el candidato aprobado no supere el periodo de prueba/formación el puesto vacante será ocupado por el siguiente candidato que haya superado la convocatoria, si lo hubiere, dentro de los 12 meses siguientes a la realización de las pruebas.
– Los puestos de trabajo cubiertos por este procedimiento, no entrarán de nuevo en concurso hasta que se haya consolidado la promoción anterior.
Particularidades para comercial:
– Los candidatos seleccionados realizarán la formación que sea necesaria para ocupar el puesto y que se establecerá en cada caso. Esta formación se realizará dentro y fuera de horas de trabajo.
– Realizada la formación se fija un período de prueba de seis meses para convalidar los conocimientos adquiridos, mediante una prueba práctica. En el supuesto de que el trabajador no supere el período de prueba quedará con su antigua categoría y remuneración, volviendo a su antiguo puesto de trabajo o si no lo hubiere a otro equivalente.
– La persona que ocupe el puesto por convocatoria pasará a la categoría para la que se examino en el instante en que supere el período de prueba o convalidación de la formación, si bien recibirá la remuneración del nuevo puesto mientras lo desempeñe en el referido período de prueba.
Particularidades para industrial:
(Regla 1.6 del sistema clasificación profesional).
– Se podrán presentar quienes cumplan los requisitos estipulados y no pertenezcan al perfil donde hay que cubrir la vacante.
– Si la vacante se produce en un perfil que incluya niveles del grupo profesional de explotación, con carácter previo a la publicación de la convocatoria se dará información al Comité de empresa de las causas que motivan la decisión de que la vacante corresponda a la rama de producción o de mantenimiento.
– Quien por este procedimiento acceda a la plaza vacante, lo hará por el nivel especificado como nivel de entrada al perfil.
– Habrá un período de formación de seis meses. Durante este tiempo se percibirá el salario del nivel en formación (un nivel inferior al de entrada), ya que no se poseen las competencias. En el caso de que el aspirante proceda de un nivel igual o superior al especificado como de entrada, percibirá la diferencia salarial que corresponda hasta un máximo igual al nivel de entrada.
– Una vez cumplido el período de formación, se realizará una prueba de evaluación de todas las competencias, correspondientes al nivel de entrada, aplicadas a la zona donde se ha recibido la formación.
– Si se superan todas las competencias, se consolidará el nivel definido como de entrada, con su salario correspondiente.
– Si se superan más de un 70 % de las competencias, sin llegar al 100 % se podrá optar por:
– Permanecer en el perfil al que se está optando, con el nivel salarial inmediatamente inferior al nivel de entrada.
– Regresar al perfil de origen, con el nivel y salario que se poseía.
– Si no se superan el 70 % de las competencias, se regresará al perfil de origen, con el nivel y salario que se poseía.
4. Excepciones.
No es aplicable este procedimiento de ascensos a todos los puestos de trabajo no incluidos en las categorías/niveles recogidos en las tablas salariales, ni a los puestos administrativos que impliquen el manejo de información calificada como confidencial por la Dirección y a los que por sus características sean considerados de especial confianza.
Sección tercera. Ceses
Artículo 21. Ceses y despidos.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio a la empresa deberán comunicarlo a la misma en los siguientes plazos:
– Dos meses para técnicos titulados.
– Un mes cuando se trate de profesionales de oficio.
– Quince días para el resto de trabajadores.
Artículo 22. Liquidación.
Con ocasión de la extinción del contrato, la empresa al comunicar al trabajador la finalización del contrato o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.
El trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los trabajadores, o bien, que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad.
Se acuerda el pago de atrasos para todo el personal que cese en la empresa desde el 1 de enero de 2012 hasta la firma del Convenio, salvo en aquellos casos en que exista un acuerdo específico.
CAPÍTULO V
Régimen de retribuciones
Sección primera. Principios generales
Artículo 23. Salario.
a) Carácter general:
Para el año 2012, los salarios tendrán un incremento general del 0,5 %.
Para el año 2013, los salarios tendrán un incremento general del 0,6 %.
Para el año 2014, los salarios tendrán un incremento general del 1,0 %.
Los salarios que figuran en el anexo II corresponden a los salarios tipo del año 2012, 2013 y 2014 para los distintos niveles/categorías/grupos profesionales.
Aquellos trabajadores que tengan un salario superior (incluida situación anterior) al salario tipo del nivel/categoría/grupo profesional que ocupan, mantendrán su actual nivel salarial. La diferencia entre su salario actual y el nuevo salario tipo se incluirá en el concepto de Prima personal.
En cada zona con tabla salarial propia, se confeccionará una tabla debidamente actualizada entre la dirección de la empresa y los representantes legales de los trabajadores, teniendo en cuenta la estructura salarial del Convenio Nacional, con los incrementos correspondientes entre los diferentes conceptos salariales o no salariales que figuran en su tabla salarial.
b) Cláusula de actualización:
1. En el año 2012 la cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio se concretará en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2 %). Si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la zona euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10 % al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles.
2. En el año 2013, la cláusula de actualización aplicable lo será en los mismos términos que para 2012.
3. Para el año 2014 y teniendo en cuenta que en este Convenio colectivo se ha introducido un indicador de negocio (salario variable), al incremento pactado (1 %) se añadirá, si procede, el 50 % del resultado de aplicar la cláusula de actualización acordada para 2012 y 2013.
Artículo 24. Estructura de las retribuciones.
La estructura salarial para todo el personal afectado por el presente Convenio, quedará conformada por los conceptos generales y específicos que se indican en el presente capítulo.
Por tanto, todas las retribuciones a percibir por el personal afectado por el ámbito personal, quedan encuadradas en el presente Convenio dentro de los epígrafes y apartados señalados a continuación:
a) Salario base.
b) Complementos salariales:
1. Personales:
1.1 Antigüedad.
1.2 Plus ex antigüedad.
1.3 Plus de situación anterior/Prima personal.
2. De puesto de trabajo:
2.1 Prima suplente.
2.2 Plus de nocturnidad.
3. Variables y de cantidad o calidad de trabajo:
3.1 Complemento salarial.
3.2 Incentivos:
3.2.1 A la venta.
3.2.2 A la producción.
3.2.3 Sisdes Convenio.
3.3 Indicador de negocio.
3.4 Horas extraordinarias.
3.5 Prima de terminación de ruta.
3.6 Compensación de festivos.
4. De vencimiento periódico superior al mes:
4.1 Pagas y gratificaciones extraordinarias.
4.2 Gratificación por fecha de disfrute de vacaciones.
5. De residencia:
5.1 Plus de residencia.
Por el presente Convenio se establece un sistema de retribución flexible por el cual, mediante acuerdo individual con el trabajador, se podrá sustituir parte de los conceptos salariales dinerarios por retribuciones en especie (a definir anualmente) sin alteración de la cuantía anual del salario bruto ni de la naturaleza jurídica del concepto sustituido y dentro de los límites legalmente establecidos en cada momento para la percepción del salario en especie. En estos supuestos las ofertas de retribución flexible propuestas por la empresa irán dirigidas a la totalidad de la plantilla. De las mismas se informará previamente al comité intercentros y los conceptos figurarán en nómina de forma detallada y separada del resto de conceptos del Convenio.
Artículo 25. Percepciones económicas no salariales.
Todos los conceptos enumerados a continuación y aquellos otros, cualquiera que sea su denominación, y que no estén relacionados en el artículo precedente, tendrán la consideración a los efectos del presente Convenio de percepciones económicas no salariales:
1. Suplidos.
1.1 Plus de transporte.
1.2 Quebranto de moneda.
1.3 Dietas.
1.4 Kilometraje en vehículo particular.
2. Mejora voluntaria de las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social.
2.1 Retribución en caso de enfermedad común o accidente no laboral.
2.2 Retribución en caso de accidente laboral.
2.3 Ayuda por hijos o cónyuge discapacitados físicos o psíquicos.
Artículo 25 bis. Percepciones dinerarias y en especie de carácter social.
1. Ayuda escolar.
2. Ayuda estudios para empleados.
3. Ayuda estudios para hijos de empleados.
Sección segunda. Salario base
Artículo 26. Concepto de salario base.
Se considerará como salario base, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente, la parte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo.
Dicho salario base quedará expresado por niveles/categorías profesionales/grupos profesionales, y formando parte integrante del salario fijo anual que figura en las tablas anexas (anexo II).
Sección tercera. Complementos salariales
Subsección primera. Personales
Artículo 27. Antigüedad.
El personal afectado por el presente Convenio, en alta en la empresa el día 31 de diciembre de 2002 y que no se haya adherido al Plan de Pensiones de Empleo, disfrutará del cobro de quinquenios del 5 % calculado sobre el salario base de su nivel/categoría/grupo profesional y en número ilimitado que empezarán a contarse desde el día que haya empezado a prestar sus servicios en función de la fecha de su último contrato de trabajo con la empresa. Este complemento se abonará en el mes en el que cumpla la mencionada antigüedad.
Durante la vigencia del presente Convenio los no participes en el Plan de Pensiones Empleo podrán adherirse en cualquier momento al Plan consolidando este complemento de antigüedad hasta la fecha de adhesión. A partir de este momento pasara a percibirse y a denominarse Plus ex-antigüedad.
Artículo 28. Plus ex-antigüedad.
Para el personal afectado por el presente Convenio, en alta en la empresa el día 31 de diciembre de 2002 y que sea partícipe del Plan de Pensiones de Empleo, percibirá por este concepto salarial los importes de los quinquenios ya devengados, que se consolidarán «ad personam» en este complemento. Dicho complemento personal no será compensable ni absorbible y tendrá los incrementos que se pacten en el Convenio colectivo.
Artículo 29. Situación anterior/Prima personal.
En el concepto de situación anterior se incluirán los importes correspondientes a diferencias salariales de aquellos trabajadores que, por diversas razones, pasen a ejercer de un modo definitivo funciones distintas a las que ejercían anteriormente y que tienen asignados salarios distintos. Dicho importe, como complemento personal que es, no figurará en las tablas salariales y será absorbible en caso de que el trabajador fuere destinado a un nuevo puesto de nivel salarial más alto.
En el concepto de prima personal se incluirán los importes correspondientes a diferencias salariales de aquellos trabajadores que, por diversas razones, tengan salarios superiores a los correspondientes a su nivel/categoría/grupo profesional establecidos en Convenio. Dicho importe, como complemento personal que es, no figurará en las tablas salariales y será absorbible en caso de que el trabajador fuere destinado a un nuevo puesto de nivel salarial más alto.
Subsección segunda. De puesto de trabajo
Artículo 30. Prima suplente.
En favor de los suplentes y por cada día de trabajo efectivo, se establece una prima, no consolidable en la persona de:
Año 2012: 5,99 euros brutos.
Año 2013: 6,03 euros brutos.
Año 2014: 6,09 euros brutos.
Artículo 31. Plus de nocturnidad.
Se establece un plus de nocturnidad para todo trabajador, sin distinción de categorías, y por hora de trabajo entre las 22,00 y las 6,00 horas, de:
Año 2012: 3,75 euros brutos.
Año 2013: 3,85 euros brutos.
Año 2014: 3,95 euros brutos.
Cuando un trabajador tenga asignado el turno de noche y la empresa por necesidades organizativas, productivas o de distribución irregular de la jornada realice un cambio de su turno, se le abonará el plus de nocturnidad que le hubiese correspondido.
Subsección tercera. Variables y de cantidad o calidad de trabajo
Artículo 32. Complemento salarial.
Dicho complemento será retribuido al personal afectado por el presente Convenio, según su distribución por importes a las diferentes niveles/categorías/grupos profesionales, y formando parte integrante del salario fijo anual que figura en las tablas anexas (anexo II).
Artículo 33. Incentivos a la venta.
El Sistema de incentivos para el personal de ventas está regulado en un acuerdo de la Comisión MIDAS, el cual forma parte integrante del presente Convenio a todos los efectos.
1. Vendedor.
Percibirá mensualmente la cantidad correspondiente a los puntos conseguidos según el sistema establecido.
2. Rotador.
Percibirá el promedio de incentivos de las rutas que conforman el área comercial a la que pertenece incrementado en un 10 %.
3. Suplente.
Percibirá el promedio de incentivos de las rutas que conforman el área comercial a la que pertenece incrementado en un 20 %. Además percibirá una prima adicional según consta en el artículo 30.
Artículo 34. Incentivos a la producción.
Todas las fábricas disponen de un sistema de retribución variable de incentivos a la producción para todas las personas que forman parte de los grupos profesionales de producción-mantenimiento-explotación.
Por dicho sistema se podrá percibir un incentivo de hasta un 2 % anual del salario tipo durante los años 2012, 2013 y 2014.
Los ejes, indicadores y ponderación de los mismos se comunicarán anualmente en el Comité Intercentros en función de los objetivos de la Empresa.
Artículo 35. Incentivos Sisdes Convenio.
El Sistema de incentivos para el personal del grupo profesional de administración está regulado en un acuerdo de la Comisión Sisdes de Staff & Supervisors ratificado por el Comité Intercentros en fecha 20 de diciembre de 2011, el cual forma parte integrante del presente Convenio a todos los efectos.
Se podrá percibir hasta un 2 % anual del salario tipo durante los años 2012, 2013 y 2014.
Los ejes, indicadores y ponderación de los mismos se comunicarán anualmente a cada interesado.
Artículo 36. Indicador de negocio.
Con este Convenio colectivo se acuerda incluir un componente adicional a la retribución total actualmente existente basado en la evolución de indicadores económicos asociados a la marcha de la Empresa, con carácter de compensación económica, anual y variable.
Este sistema pretende potenciar la vinculación de los trabajadores al rendimiento de la compañía.
Para los años 2013 y 2014 se establece como indicador de negocio el CANN (Cifra de Negocios Neta Neta).
Se fijan tres grados de consecución del indicador con su retribución correspondiente: Mínimo (0 %), Estándar (1 %) y Máximo (2 %), porcentajes a aplicar sobre el Salario Tipo.
El objetivo a alcanzar de este indicador y sus distintos grados se acuerda con el Grupo en el marco de la fijación de los presupuestos anuales de la compañía y se presentará al Comité Intercentros en el mes de marzo de cada año.
Los tramos comprendidos entre los tres grados de consecución se retribuirán de forma lineal respecto a los valores de cada uno de ellos.
El importe dinerario resultante de la consecución del indicador se abonará en la nómina del mes de febrero del año siguiente.
Artículo 37. Prima de terminación de ruta.
El vendedor percibirá una prima de terminación de ruta, según lo previsto en las respectivas definiciones de dichos puestos. Dicha prima forma parte integrante del salario fijo anual que figura en las tablas anexas (anexo II).
Artículo 38. Compensación festivos.
Con carácter general, en el caso de que por circunstancias imprevistas se tuvieran que atender eventuales necesidades organizativas o técnicas no contempladas en pactos o calendario laboral y que impliquen ocasionalmente trabajar días de fiestas o domingos, se negociarán entre la representación social y la dirección del centro, las condiciones y particularidades de la prestación, compensándose el día o la parte proporcional de la forma fijada en este Convenio colectivo:
Personal de horario estricto (fábrica, administrativos):
Año 2012: 124,21 euros brutos + 1 día libranza o 2 días de libranza.
Año 2013: 124,96 euros brutos + 1 día libranza o 2 días de libranza.
Año 2014: 126,20 euros brutos + 1 día libranza o 2 días de libranza.
Personal de ventas:
Año 2012: 151,39 euros brutos (incluye prima).
Año 2013: 152,30 euros brutos (incluye prima).
Año 2014: 153,82 euros brutos (incluye prima).
Esta prestación del trabajo en festivos o domingos y para estas circunstancias se realizará con carácter voluntario.
Los días de libranza se fijarán de mutuo acuerdo entre el interesado y el responsable correspondiente, acordándose preferentemente en lunes o viernes o bien acumularlos y disfrutarlos correlativamente.
Subsección cuarta. De vencimiento periódico superior al mes
Artículo 39. Pagas y gratificaciones extraordinarias.
Por este concepto se mantendrá lo acordado en el Convenio de 1994 para la zona centro. Para el resto de zonas, se establecen tres pagas extraordinarias en los meses de julio, septiembre y diciembre. El importe de dichas pagas forman parte integrante del salario fijo anual que figura en las tablas anexas (anexo II).
Artículo 40. Gratificación por fecha de disfrute de vacaciones.
1.º Quienes por turno y período completo disfruten las vacaciones en alguno de los meses que a continuación se relacionan, recibirán la siguiente compensación económica:
Mes
Importe 2012
Importe 2013
Importe 2014
Enero.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
Febrero.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
Marzo.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
259,81 € brutos (*)
261,37 € brutos (*)
263,98 € brutos (*)
Abril.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
259,81 € brutos (*)
261,37 € brutos (*)
263,98 € brutos (*)
Mayo.
259,81 € brutos
261,37 € brutos
263,98 € brutos
Junio.
102,95 € brutos
103,57 € brutos
104,60 € brutos
Septiembre.
102,95 € brutos
103,57 € brutos
104,60 € brutos
Octubre.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
Noviembre.
465,66 € brutos
468,45 € brutos
473,14 € brutos
Diciembre.
259,81 € brutos
261,37 € brutos
263,98 € brutos
(*) El mes en el que coincida la Semana Santa se pagará la compensación menor.
En caso de disfrute parcial, como mínimo de una semana natural, se prorrateará la cantidad correspondiente, no pudiéndose superar en cómputo anual y en ningún caso las cantidades arriba mencionadas.
Aquel trabajador a quien por turno le corresponda el disfrute de vacaciones en los meses de julio o agosto, que no tienen gratificación y opte por disfrutarlas en alguno de los meses con compensación, sin permutar con ningún trabajador, percibirá la gratificación del mes en que disfrute las vacaciones, previo acuerdo con el responsable correspondiente.
2.º Los trabajadores de la zona de Madrid, si optan voluntariamente por cambiar el disfrute de las vacaciones de verano a invierno, de mutuo acuerdo con su mando, percibirán la gratificación correspondiente al mes en que se disfrute.
Igualmente para esta zona se mantienen, durante la vigencia del Convenio, las compensaciones establecidas en el Convenio de 1994.
Subsección quinta. De residencia
Artículo 41. Plus de residencia.
El plus de residencia será abonado a los trabajadores de los centros de trabajo ubicados en las provincias de Barcelona y Madrid, que forma parte integrante del salario fijo, no consolidable en la persona, con los importes que se indican en el anexo II para cada nivel/categoría en cómputo anual y cuya fórmula de cálculo figura asimismo en dicho anexo.
Sección cuarta. Percepciones económicas no salariales
Subsección primera. Suplidos
Artículo 42. Plus de transporte.
Por este concepto se mantendrá lo acordado en el Convenio de 1994 en cada zona.
Artículo 43. Quebranto de moneda.
Todos los trabajadores que de forma habitual, por orden de la empresa y por jornada completa, efectúen liquidaciones y cobros o pagos, percibirán la cantidad de:
Año 2012: 39,09 € brutos/mes o su parte proporcional.
Año 2013: 39,32 € brutos/mes o su parte proporcional.
Año 2014: 39,72 € brutos/mes o su parte proporcional.
Dicha cantidad no es consolidable en la persona.
Artículo 44. Dietas.
Los gastos que deban compensarse por desplazamientos en comisión de servicio, se establecen con los siguientes importes unitarios:
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Desayuno
4,59 € brutos
4,62 € brutos
4,67 € brutos
Comida
13,30 € brutos
13,38 € brutos
13,51 € brutos
Cena
13,30 € brutos
13,38 € brutos
13,51 € brutos
Total día
31,19 € brutos
31,38 € brutos
31,69 € brutos
Artículo 45. Kilometraje en vehículo particular.
En el caso de desplazamientos en los que el empleado ponga a disposición de la empresa su vehículo particular para la comisión de servicios profesionales por cuenta de la misma, se abonará durante la vigencia del presente Convenio 0,24 euros brutos por kilómetro recorrido y por tal concepto.
Subsección segunda. Mejora voluntaria de las prestaciones reglamentarias de la Seguridad Social
Artículo 46. Retribución en caso de enfermedad común o accidente no laboral.
En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa abonará el complemento necesario para que, juntamente con las prestaciones económicas de la Seguridad Social., el trabajador perciba a partir del primer día de la baja el 100 % de sus percepciones salariales fijas correspondientes a esa fecha, más incentivos a la venta y nocturnidad en su caso, promediados en los seis últimos meses efectivamente trabajados anteriores al mes en que se inicia el proceso de incapacidad temporal.
Este beneficio se obtendrá siempre que se den estas circunstancias:
a) El índice de absentismo de cada centro y/o sección considerando la plantilla afectada por el presente Convenio, no deberá sobrepasar el 4 % mensual del mes anterior.
b) En caso de superar dicho índice el 4 % a nivel de centro y/o sección, se realizará el cálculo a nivel individual, dejando de percibir los complementos establecidos en el párrafo primero de este artículo aquel trabajador que individualmente sobrepase el 5 % mensual acumulado en los doce meses anteriores a la fecha de la baja.
c) Las bajas por descanso maternal, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia se beneficiarán de la prestación económica expresada en el párrafo primero de este artículo, con independencia del índice de absentismo tanto a nivel de centro y/o sección, como a nivel individual.
d) El cálculo de los índices de absentismo se realizará mensualmente, dependiendo de la situación de cada mes el abono de los complementos más arriba establecidos.
e) La empresa se reserva la facultad de solicitar al personal médico cuantos reconocimientos de cualquier trabajador en situación de baja considere necesarios. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos supondrá la pérdida del complemento.
f) La empresa se reserva el derecho a retirar esta mejora en los casos de fraude.
Los casos de enfermedad que precisen intervención quirúrgica o internamiento en clínica o sanatorio, se asimilarán en cuanto a su tratamiento a lo establecido en el párrafo primero de este artículo. Este beneficio se hace extensivo al tiempo de duración de la convalecencia en ambos supuestos.
A los efectos establecidos en el presente artículo, se excluye del cómputo del índice de absentismo el motivado por accidente laboral, licencias con retribución, huelgas legales y uso de horas sindicales.
Cualquier modificación que por Ley afecte a la prestación de la Seguridad Social por IT, y por consiguiente a la cuantía del complemento, daría lugar a una renegociación del presente artículo.
Artículo 47. Retribución en caso de accidente laboral
a) En caso de incapacidad temporal (IT) derivada de accidente laboral, la empresa abonará el complemento necesario para que, juntamente con las prestaciones económicas de la entidad aseguradora, el accidentado perciba desde el primer día de la baja el 100 % de sus percepciones salariales fijas correspondientes a esa fecha, más incentivos a la venta y nocturnidad, en su caso, calculados según el promedio de lo percibido por estos conceptos en los seis meses efectivamente trabajados inmediatamente anteriores al mes en que se inicia el proceso de incapacidad temporal.
b) En lo referente al control médico y a la eliminación del complemento en situación de fraude, se estará a lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 48. Ayuda por hijos o cónyuge discapacitados físicos o psíquicos.
Conscientes del problema socioeconómico con el que deben enfrentarse los empleados con hijos o cónyuge de capacidad física o psíquica disminuidas y, al objeto de colaborar en las cargas que estas situaciones representan para la familia, se establece una ayuda económica mensual de:
Año 2012: 199,44 € brutos/mes.
Año 2013: 200,64 € brutos/mes.
Año 2014: 202,65 € brutos/mes.
A este fin, se entenderá que existe capacidad física o mental disminuida, cuando, el afectado se encuentre en su conjunto con unas reducciones anatómicas o psíquicas que representen como mínimo un 33 % según lo acreditado por el organismo oficial competente para estos casos.
Dicha ayuda se condiciona a la existencia de los siguientes supuestos:
• Que el disminuido –cónyuge o hijo– no realice un trabajo remunerado, ni perciba pensión o subsidio por una causa ajena a su condición física o psíquica de cuantía superior al IPREM
• Que exista dependencia económica del disminuido a cargo del beneficiario.
Para hacer efectiva esta ayuda el trabajador deberá presentar el certificado acreditativo del grado de minusvalía emitido por el organismo oficial antes mencionado y se ajustará en cuanto a su duración a los plazos que indique el propio certificado.
En el supuesto de que ambos cónyuges pertenecieran a la plantilla de la empresa, percibirá esta ayuda uno de ellos, a su elección.
Subsección tercera. Percepciones dinerarias y en especie de carácter social
Artículo 49. Ayuda escolar.
Con el fin de colaborar al sostenimiento de las cargas que suponen a los empleados de la empresa los estudios de sus hijos en edad escolar, se establece una cuantía mensual de:
Año 2012: 43,89 € brutos/mes.
Año 2013: 44,15 € brutos/mes.
Año 2014: 44,59 € brutos/mes.
En concepto de ayuda escolar que será abonada por la empresa en diez pagos anuales, desde el mes de septiembre al de junio de cada curso, para todo empleado y por hijo.
Dicha ayuda se empezará a devengar en el curso escolar que se inicia en el año natural en que el hijo del empleado cumpla 3 años de edad, y cesará con el fin del curso escolar, que acaba en el año natural en que cumpla 18 años de edad (como máximo 15 cursos).
Para tener derecho a esta ayuda, los beneficiarios en favor de hijos en edades de 3 a 5 y de 16 a 18 años deberán presentar al inicio de cada curso escolar el correspondiente justificante o certificación de matrícula o escolarización del curso académico completo.
Esta ayuda se extenderá a los hijos de empleados hasta 3 años, que se encuentren inscritos en escuelas infantiles; para lo cual se exigirá justificación documental trimestral. En este caso la ayuda se percibirá igualmente en 10 pagos anuales.
En el supuesto de que ambos cónyuges con hijos comunes pertenecieran a la plantilla de la empresa, percibirá estas ayudas uno sólo de ellos, a su elección.
Artículo 50. Ayuda al estudio para empleados.
Los criterios y procedimiento para la concesión de una ayuda de estudios para los empleados serán competencia de la Comisión Nacional de Formación y objeto de un acuerdo específico sobre la materia.
El valor de la ayuda cubrirá los gastos de matriculación, libros y material escolar o medios de transporte público, en función del porcentaje de asignaturas/créditos del curso completo aprobado. Esta ayuda vendrá condicionada a la acreditación documental de haber aprobado como mínimo el 50 % de las asignaturas-crédito del curso subvencionado entre las convocatorias de junio y septiembre y como premio al esfuerzo se establece un escalado económico según el cuadro siguiente:
Aprobado
2012
2013
2014
Límite compensación
Límite compensación
Límite compensación
50 %
438,90 € brutos.
441,50 € brutos.
445,90 € brutos.
75 %
548,62 € brutos (125 %).
551,87 € brutos (125 %).
557,37 € brutos (125 %).
100 %
659,85 € brutos (150 %).
662,25 € brutos (150 %).
668,85 € brutos (150 %).
Aquellos empleados que no paguen matrícula por la calificación académica del curso anterior tendrán la cantidad que les corresponda por el resultado obtenido, según el cuadro anterior, independientemente del importe que justifiquen.
Artículo 51. Ayuda al estudio para hijos de empleados.
Los hijos de empleados que durante el año natural cumplan 19 años y cursen estudios, podrán percibir la ayuda económica señalada en el artículo anterior, con el alcance y los requisitos en él establecidos, entendiéndose subvencionado el curso académico que finalice ese mismo año. Esta ayuda continuará percibiéndose como máximo durante los siguientes cursos académicos establecidos en los planes de estudios para la obtención de los títulos correspondientes y hasta los 23 años.
CAPÍTULO VI
Jornadas, horas extraordinarias y vacaciones
Artículo 52. Jornada de trabajo.
Con carácter general.
A tenor de lo prevenido en el artículo 34 del E.T., se establece que la jornada máxima ordinaria de trabajo efectivo para los empleados con horario estricto será de 1.694 horas anuales en el año 2012, 2013 y 2014. Si durante la vigencia del Convenio se produjera alguna norma de derecho necesario que redujera la cuantía de la jornada legal, sería de aplicación en lo que disminuyera la cuantía anual convenida.
El tiempo de descanso no tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
Para el colectivo de ventas, dada la imposibilidad de establecer un control estricto de la duración de la jornada asignada, por las peculiaridades de este tipo de trabajo, por la influencia de factores externos en el mismo, y por la dependencia del ritmo e intensidad de cada persona en el desempeño de su labor, ambas partes, reconociendo la existencia de estas dificultades, pero teniendo en su ánimo evitar la posibilidad de abusos tanto por exceso como por defecto, acuerdan establecer una jornada anual de 1.694 horas en el año 2012, 2013 y 2014 con un margen de 80 horas anuales por cada año, descontados descansos, como módulo de referencia en cómputo anual.
Cuando se reestructuren las rutas, servirán de referencia las 1.694 horas efectivas aludidas, quedando las 80 restantes como margen de posibles prolongaciones o incidencias en los mismos.
Reestructuración de rutas a petición individual.
A propuesta de cada vendedor interesado y con la participación de un miembro del Comité de empresa de su centro en las mediciones, controles y análisis que se practiquen, se estudiarán aquellas rutas que tuvieran una duración excesiva, utilizándose como tiempos de referencia los de la jornada media fijada en el apartado anterior de este mismo artículo, debiendo adoptarse la resolución pertinente en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la petición individual. Durante el posible control, realizará la ruta el propio titular del mismo.
Contra la citada resolución, el trabajador afectado podrá recurrir ante la Dirección Provincial de trabajo, sin perjuicio de continuar observando las normas establecidas, hasta que se decida definitivamente lo que proceda.
Cuando por necesidades del mercado o apertura en domingo o festivo de los PDV exista la necesidad de realizar la función del vendedor (ruta), el personal de Danone podrá utilizar el «pedido sugerido» o en su lugar las herramientas tecnológicas de apoyo al pedido, para que la presencia física del vendedor sea la última opción a considerar.
En el caso de que esta situación se generalizara, se tratará en el seno de la Comisión Midas.
Distribución de la jornada.
La aplicación de la distribución regular de la jornada se acordará en cada centro de trabajo y se distribuirá a lo largo del año en función de las necesidades organizativas en general.
Cuando por efecto de la flexibilidad regulada a continuación a petición del interesado y con carácter voluntario se supere la jornada anual en este artículo establecida para cada uno de los años de vigencia del Convenio, el exceso hasta el límite de la jornada máxima legal en cómputo anual, tendrá la consideración de jornada ordinaria de trabajo.
Al margen de los acuerdos específicos de cada centro de trabajo existentes o que pudieren existir y de conformidad con el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, se acuerdan como criterios mínimos de distribución irregular de la jornada y de flexibilidad los siguientes:
A. La empresa podrá distribuir de manera irregular 3 jornadas por trabajador en el año 2013 y 3 jornadas por trabajador en el año 2014 con arreglo a los siguientes criterios:
– Cada jornada será como máximo de 7 horas y 40 minutos y se realizará en días laborables (de lunes a sábado).
– La empresa comunicará la jornada a realizar, así como el tiempo de descanso compensatorio, con un plazo de preaviso mínimo de 5 días.
– Preferentemente se programará el descanso compensatorio con carácter previo a la realización de la jornada.
– Se programarán no más del 50 % ±1 de las jornadas en un semestre.
– Las jornadas serán compensadas con el valor de la hora ordinaria de trabajo.
B. Flexibilidad de las fábricas que poseen una organización del trabajo a 7 días se aplicará la siguiente regulación:
Año 2012:
7 SDF´s (jornadas en sábados, domingos y festivos de 11 h. 30 min. de mañana-tarde y de tarde-noche).
Compensación: 24,38 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
Año 2013:
5 SDF´s.
Compensación: 24,53 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
Año 2014:
5 SDF's.
Compensación: 24,78 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
• Causas de utilización de los SDF en la Organización lunes-viernes:
– Causas técnicas (avería general de fábrica y corte de suministro de energía imprevisto), puntas de producción, vacaciones y absentismo.
– 72 horas de preaviso salvo los que se puedan planificar.
• Compensaciones en la organización 7D:
– Plus O7D: (Año 2012, 97,58 euros brutos/mes, año 2013, 98,17 euros brutos/mes, año 2014, 99,15 euros brutos/mes), por 12 meses.
– 1.659,41 euros brutos (valor 2012); 1.669,37 euros brutos (valor 2013); 1.686,06 euros brutos (valor 2014) con rotación anual o parte proporcional en rotación menor.
– Reducción bolsa flexible 3 días en función del índice de absentismo, si existe rotación anual o parte proporcional en rotación menor.
– Bautizos y comuniones de hijos. Ese día se computará como horas de bolsa flexible y siempre y cuando se preavise con 15 días de antelación.
• Los pactos locales se mantienen adaptándose al Convenio valorándose en su conjunto (comisiones locales de seguimiento).
C. Flexibilidad de las fábricas sin una organización del trabajo a 7 días, se aplicará la siguiente regulación:
Año 2012:
5 SF's (jornadas en sábados y festivos de 7 horas y 40 minutos de mañana, tarde y noche).
Compensación: 24,38 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
Año 2013:
3 SF's.
Compensación: 24,53 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
Año 2014:
3 SF's.
Compensación: 24,78 euros brutos/h + 1 hora y 20 minutos de libranza por hora trabajada.
• Causas de utilización de los SF:
– Causas técnicas (Avería general de fábrica y corte de suministro de energía imprevisto), puntas de producción.
– 72 horas de preaviso.
SDF's o SF's: Sistemática de funcionamiento:
• A finales de año (mes de noviembre) por colectivos se apuntarán a realizar SDF's voluntarios. Una vez apuntados a principios de año están obligados a venir por los motivos ya señalados.
• Se programará a todo el personal los SDF's (no SF's) a realizar para vacaciones o absentismo de larga duración. Para el resto de causas se convocará siempre en primer lugar a los voluntarios.
• Se asignarán no más del 50 % + - 1 de los SDF's disponibles en un semestre.
• No se convocará SDF el fin de semana anterior al período vacacional (mínimo una semana)
• No se utilizarán SDF:
– Desde: Las 22/23h del 24.XII a 22/23h del 25.XII. Las 22/23h del 31.XII a 22/23h del 01.I. Las 22/23h del 05.I a 22/23h del 06.I.
– En la comisión local o en la negociación del calendario laboral se acordará una fiesta local.
Concesión de descansos por aplicación de horas flexibles:
• Disfrute en jornadas completas.
• Los días de libranza se fijarán de mutuo acuerdo, entre el interesado y el responsable correspondiente, acordándose preferentemente en lunes o viernes, o bien acumularlos y disfrutarlos correlativamente.
• Solicitud por escrito con 7 días de preaviso antes del disfrute.
• Contestación motivada por escrito antes de las 72 h antes del disfrute.
• Período máximo de disfrute dentro de los 3 meses siguientes a la jornada completa devengada salvo solicitud del interesado en otra fecha.
Reglas generales:
• Este sistema de trabajo flexible se llevará a cabo mediante la adscripción voluntaria de trabajadores de las secciones implicadas. En ausencia de voluntarios se designarán los trabajadores por la Dirección del centro de acuerdo a un sistema de rotación establecido.
• Si existen circunstancias que afecten sustancialmente al contenido de lo aquí acordado o se detecte un mal funcionamiento del mismo, ambas partes podrán revisar su regulación en el seno de la Comisión Nacional de seguimiento.
• Previa petición del interesado, los 20 minutos de libranza por hora flexible trabajada podrán compensarse económicamente con el importe proporcional correspondiente a hora ordinaria.
• Comisión Nacional de seguimiento:
– Siete miembros de cada una de las partes firmantes (años 2012 y 2013).
– Tres miembros de cada una de las partes firmantes (año 2014).
– Dirimirá las diferencias en la adaptación al Convenio de los pactos locales.
– Todas las particularidades que se deriven de la aplicación de la flexibilidad pactada en este Convenio se tratarán en el seno de la presente Comisión.
Artículo 53. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias, para los trabajadores con horario estricto, todas aquellas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.
Se consideran horas extraordinarias festivas las realizadas en días de libranza y días de descanso individual.
Se estipula como importe unitario el que figura en el anexo III de acuerdo con el nivel salarial que ostente en el momento de su devengo.
Así mismo, las horas extraordinarias también podrán compensarse con tiempo de descanso o en forma mixta (descanso y percepción dineraria) a elección del trabajador. La compensación en tiempo de descanso se realizará acumulando día/s completo/s de libranza, a razón de un día completo de libranza por cada cuatro horas extraordinarias realizadas, este tiempo de descanso se disfrutará cuando las necesidades organizativas lo permitan de mutuo acuerdo entre el trabajador y el mando correspondiente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, entendiéndose que aquellas horas extraordinarias que no hayan sido compensadas por descanso tendrán el abono fijado en la tabla de horas extraordinarias.
Queda excluido de la percepción de horas extraordinarias el personal que percibe complementos especiales: primas, pluses e incentivos a la venta, que cubren posibles prolongaciones de jornada, en atención a las peculiaridades de su puesto de trabajo.
Con carácter general, la realización de horas extraordinarias será voluntaria, a excepción de las que deban realizarse para prevenir o reparar siniestros, averías o daños graves, evitar pérdidas de materias primas y/o alteraciones de productos en curso de fabricación por causas no previstas.
En este sentido, se seguirán los siguientes criterios:
a) Obtención de voluntarios entre aquellos trabajadores que desarrollen la actividad que se precisa.
b) En ausencia de voluntarios, la realización de horas extras citadas será obligatoria para los ocupantes de los puestos de trabajo a que se refieran las mismas.
Se procurará mantener el carácter rotativo en la realización de las horas extraordinarias entre los componentes de cada sección o centro de trabajo siempre que la organización lo permita.
Artículo 54. Vacaciones.
Normas generales.
Todos los empleados con una antigüedad mínima de un año, disfrutarán de unas vacaciones anuales consistentes en 26 días laborables –entendiendo por tales todos los días naturales del año excepto domingos y festivos– o la parte proporcional que corresponda por períodos inferiores a un año.
La retribución durante el período vacacional comprenderá el salario fijo más el promedio de incentivos a la venta y nocturnidad de los seis meses enteros últimos trabajados, anteriores a la fecha de inicio de las vacaciones, con exclusión de cualquier otro concepto retributivo.
En el caso de que coincidan en el tiempo las vacaciones fijadas en la empresa con los supuestos de incapacidad temporal derivada del embarazo, parto, lactancia natural, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o con la suspensión por maternidad o paternidad, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de su periodo vacacional al finalizar el periodo de suspensión aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
Cuando coincidan con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior se estará a lo dispuesto en el artículo 38 ET.
Las vacaciones no son sustituibles por compensación económica, salvo en liquidaciones por saldo y finiquito.
Distribución.
Durante la vigencia del Convenio y a los solos efectos de la distribución de las vacaciones, se aplicarán los criterios y condiciones establecidas en el Convenio de 1994 de cada zona.
CAPÍTULO VII
Conciliación de la vida personal y profesional
Este capítulo pretende garantizar la igualdad de trato y oportunidades como principio integrador del presente Convenio. Así mismo aborda las medidas de conciliación entre la vida laboral, necesidades personales y responsabilidades familiares con el objetivo común de compatibilizar las necesidades organizativas de la empresa con la vida personal de los empleados de Danone.
Con el objetivo de dar efectivo cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es de aplicación el Plan de Igualdad de Danone, S. A., y que forma parte integrante de este Convenio Colectivo («B.O.E.» de 9 de septiembre de 2009).
Artículo 55. Permisos retribuidos.
Los trabajadores acogidos al presente Convenio, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
A) Matrimonio del trabajador: 15 días naturales.
B) Nacimiento o alumbramiento de hijos: 4 días naturales. En caso de nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados el trabajador podrá ausentarse del trabajo 2 horas sin reducción del salario. El momento del disfrute se establecerá de mutuo acuerdo. Podrán optar a dicha reducción de jornada el padre o la madre.
C) Acogimiento preadoptivo y adopción legal nacional: 4 días naturales.
Adopción legal internacional: 6 días.
D) Fallecimiento o enfermedad grave de cónyuges o hijos: 5 días naturales.
Intervención quirúrgica menor de los citados familiares: 1 día natural.
E) Fallecimiento o enfermedad grave de padres, padres políticos: 3 días naturales.
F) Fallecimiento o enfermedad grave de hermanos, hermanos políticos: 2 días naturales.
G) Fallecimiento o enfermedad grave de abuelos o nietos propios o políticos: 2 días naturales.
H) Accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta segundo grado: 2 días naturales.
I ) Matrimonio de hijos, hermanos o padres: 1 día natural. (Día de la celebración).
J) Por cambio de domicilio habitual: 1 día natural.
K) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter publico y personal, siempre que no pueda solventarse fuera de la jornada de trabajo, se preavise al menos con un día de antelación y se justifique documentalmente.
L) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales de la trabajadora embarazada y técnicas de preparación al parto para ambos, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
M) Por el tiempo necesario para asistir a exámenes cuando el trabajador curse con regularidad estudios para la obtención de un titulo académico o profesional, siempre que su turno de trabajo coincida con el horario de la prueba.
N) Asistencia a consulta de médico especialista de la seguridad social por el tiempo imprescindible, previo aviso y con aportación de justificante.
En los supuestos D), E) y H) de enfermedad grave e intervención quirúrgica del cónyuge, hijos, padres y padres políticos, se podrá disponer de mutuo acuerdo con flexibilidad de los días, manteniendo en todo caso el número de días laborables y no laborables originales y mientras persista la causa.
En el supuesto de que sea necesario desplazamiento de más de 300 km (600 ida y vuelta) en los casos de enfermedad grave, fallecimiento, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización y que precise reposo domiciliario de parientes hasta segundo grado, se podrán ampliar en 2 días naturales.
Cuando encontrándose el trabajador en situación de permiso por enfermedad grave de un familiar, sobreviniese el fallecimiento de éste, finalizará la licencia obtenida por esta causa y se iniciará la establecida para el caso de fallecimiento.
Todas las licencias aquí reflejadas serán extensivas a las parejas de hecho debidamente acreditadas por los medios públicos pertinentes.
Los trabajadores que disfruten de cualquier licencia o permiso contemplado en el presente artículo, tendrán la obligación de presentar los justificantes necesarios y en los casos en que la licencia sea debida a una situación de enfermedad grave, deberá aportar el justificante médico.
La retribución de los mencionados días de licencia comprenderá el salario fijo de tablas.
El permiso comenzará a contar desde el día del hecho causante. No podrán acumularse permisos derivados de un mismo hecho.
La solicitud de los permisos contemplados en este artículo deberán realizarse, con al menos 48 horas de antelación al inicio de su disfrute, excepto para casos de urgencias justificadas.
Artículo 56. Permisos de maternidad y paternidad.
– Permiso de maternidad:
Las trabajadoras que disfruten del permiso de maternidad podrán disponer de 2 semanas más de permiso en el caso de parto simple y de 4 semanas más en el caso de parto múltiple a las establecidas en la legislación vigente, artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el momento del hecho causante o del disfrute de dicho permiso.
El padre disfrutará igualmente de esta ampliación si hace uso del permiso de maternidad al menos dos semanas antes de su finalización.
La citada ampliación podrá disfrutarse a tiempo parcial en los términos previstos en la legislación vigente sobre este tema.
– Permiso de paternidad:
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de Ley de igualdad, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. La regulación de este permiso se concreta en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores.
El trabajador deberá comunicar a la empresa, con siete días antelación, el ejercicio de este derecho.
Artículo 57. Permiso de lactancia.
Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de reducción al inicio o final de su jornada hasta que el hijo cumpla 9 meses. Se podrán acumular 30 minutos por día y jornada y disfrutarlos en tiempo completo a continuación del permiso de maternidad con un incremento del 50 % hasta un máximo de 10 días en total. El padre podrá disfrutar de este permiso siempre que se acredite que la madre no lo disfruta.
La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
Cualquier mejora legal no compensa o absorbe este derecho.
Artículo 58. Permisos sin retribución.
Cuando concurran circunstancias familiares y personales no contempladas en la Ley y en el presente Convenio, la Dirección podrá conceder permisos sin sueldo ni otra percepción económica de 3 a 6 meses de duración con suspensión del contrato de trabajo y reserva del puesto.
En caso de nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados, el trabajador podrá acogerse a una reducción de una hora de jornada diaria con reducción proporcional del salario a partir de la 3.ª hora.
Artículo 59. Excedencias.
1. Los trabajadores con una antigüedad de al menos tres años, tendrán derecho a que se les reconozca la situación de excedencia de un año por cualquier motivo distinto a la actividad laboral por cuenta ajena. Deberá presentar la solicitud con un preaviso de tres meses. Una vez solicitada la reincorporación, hecho que deberá producirse antes de que expire el plazo convenido, aquélla deberá efectuarse en el mismo o equivalente puesto de trabajo en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de dicha solicitud.
Este acuerdo se mantendrá mientras la legislación vigente en cada momento permita la contratación eventual por un tiempo equivalente al de la excedencia.
Independientemente de lo expuesto, los trabajadores podrán acogerse a una excedencia voluntaria en los términos del artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Excedencias por cuidado de familiares y voluntariado:
A) Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida.
El disfrute de este derecho podrá hacerse de forma fraccionada.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores se amplía al segundo año la reserva del puesto de trabajo para el cuidado de familiares y para el cuidado de hijos. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
Si en el segundo año o tercer año del periodo de excedencia, según el caso, el trabajador suscribe un Convenio especial con la seguridad social, la empresa asumirá el 50 % de la cuota.
El trabajador tendrá un plazo de preaviso de 15 días para su reincorporación si desapareciese el hecho causante.
B) Los trabajadores tendrán derecho, con acreditación documental, a un periodo de excedencia de 3 a 6 meses continuados de duración en un período de tres años para realizar actividades de voluntariado social.
C) Durante los períodos de excedencia regulados en este punto 2 la empresa continuará realizando las aportaciones ordinarias y de prestación definida al Plan de Pensiones de Empleo.
CAPÍTULO VIII
Salud laboral
Artículo 60. Salud laboral.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo está compuesta por representantes del personal (8 miembros) y de la Dirección de la empresa. Tiene como misión principal la implantación de medidas y acciones de carácter preventivo, divulgativo y formativo que favorezcan la cultura de la seguridad.
La creación de esta Comisión es el reflejo de la política de prevención de riesgos de la compañía, emanada de la Dirección y compartida por los trabajadores, que define el compromiso de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, asegurar el bienestar físico, psíquico y social a través de la participación e implicación de todos en la seguridad.
Las funciones y reglas de funcionamiento de la citada Comisión se concretan en el reglamento firmado por ambas representaciones de fecha 23 de octubre de 2007.
Artículo 61. Vigilancia de la salud/asistencia sanitaria.
Siguiendo las directrices de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa realizará a partir de la evaluación de riesgos de los diferentes puestos de trabajo, la vigilancia de la salud de todo su personal.
La frecuencia, exploración y pruebas complementarias de los reconocimientos médicos están recogidos en los protocolos y procedimientos de salud laboral acordados en fecha 30 de noviembre de 2004 y ratificados por el Comité Intercentros en fecha 2 de febrero de 2005. Dichos protocolos forman parte integrante del presente Convenio Colectivo a todos los efectos.
Artículo 62. Ropa de trabajo.
La empresa entregará ropa de trabajo según las necesidades de cada centro de trabajo y atendiendo a los usos y costumbres del lugar.
Para el personal de comercial se acuerda como ropa de trabajo más adecuada desde el punto de vista de seguridad y de la mayor comodidad la siguiente:
Vendedor.
Prendas de trabajo con periodicidad anual:
– Camisas: 4.
– Pantalón: 4.
– Jersey: 1.
– Calzado: 2.
– Anorak: 1 cada 2 años.
Las siguientes prendas se realizarán en 2 entregas:
Primera entrega:
– Camisas: 2.
– Pantalón: 2.
– Zapatos: 1.
– Jersey: 1.
Segunda entrega:
– Camisas: 2.
– Pantalón: 2.
– Zapatos: 1.
Notas generales:
1. La entrega de las prendas con periodicidad anual se realizará en el mes de mayo.
2. Las dos entregas anuales se corresponderán a los meses de mayo y octubre.
Personal de fábrica.
Se compondrá de:
– Pantalón.
– Camisola.
– Camiseta.
– Gorro.
– Calzado.
Dichas prendas se reemplazarán por deterioro en su uso normal.
Todo el vestuario del personal se adecuará en todo momento a las normas de seguridad e higiene, de conformidad con la legislación vigente sobre la materia.
CAPÍTULO IX
Derechos sindicales
Artículo 63. Comité Intercentros.
Principios.
El Comité Intercentros es el órgano colegiado y unitario de representación de los trabajadores de la empresa. Actuará con absoluta independencia y se regirá en todo momento respetando los principios democráticos y de libre expresión.
El Comité Intercentros asume las funciones, derechos y deberes pactados y legalmente establecidos, para los cuales ha sido elegido, teniendo capacidad de decisión en todos y cada uno de los asuntos, que en el ámbito de funciones y competencias se establecen en el presente Convenio.
Mantendrá relaciones de estrecha colaboración con las secciones sindicales estatales en la empresa, y potenciará la unidad y la solidaridad entre todos sus miembros.
Composición.
Estará compuesto por 13 miembros titulares. En su constitución se guardará la debida proporcionalidad obtenida por los sindicatos, según los resultados electorales considerados en el conjunto de la empresa, correspondiendo a estos la designación, tanto de los miembros titulares, como de los suplentes de entre los componentes de los distintos Comités de centro y, en su caso, delegados de personal.
Se elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario.
El Comité Intercentros estará asistido por asesores de las centrales sindicales para el desarrollo normal de su trabajo.
Funciones y competencias.
Son funciones y competencias del Comité Intercentros:
a) Estar legitimado para la negociación colectiva en el marco global de la empresa y cualquier otro tipo de pactos de carácter nacional.
Todo ello sin perjuicio de las competencias y cometidos que en sus respectivos ámbitos puedan tener los Comités de centro de trabajo, delegados de personal y secciones sindicales, así como los derivados de la articulación de la negociación colectiva, en aquellas materias previstas para los niveles inferiores en el Convenio de ámbito estatal, o los que subsistan derivados de acuerdos o pactos recogidos o no en los anteriores Convenios.
b) Elegir los miembros que formarán parte de las distintas comisiones de trabajo de ámbito estatal que se creen.
c) Recibir información periódica según el artículo 64 del E.T. y entre otras:
1. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y los documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a estos.
2. Situación de Danone en el mercado. Evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, situación de la producción y ventas de la entidad y evolución probable del empleo en la empresa, así como acerca de las previsiones del empresario sobre la previsión de nuevos contratos, con indicación del número de estos y de las modalidades y tipos de contratos que serán utilizados y de los supuestos de subcontratación.
3. Salud laboral:
Estadística sobre el índice de absentismo y sus causas.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los índices de siniestralidad
Los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.
4. Informar de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
5. Número de contratos realizados con ETT’s y motivos de utilización.
6. Del acuerdo de participación en beneficios, número de personas beneficiadas y el sumatorio de los salarios anuales de las personas beneficiadas.
7. Información anual sobre la plantilla de la empresa y sus variaciones:
– Plantilla efectiva.
– Plantilla media.
– Número de empleados fijos y eventuales (no fijos).
– Traslados.
– Prejubilaciones y jubilaciones anticipadas.
– Empleos puente.
– Proyectos personales.
– Varios.
d) Ser informado, semestralmente, sobre el número de horas extraordinarias realizadas en el período anterior, causa de las mismas y medidas adoptadas para su disminución o supresión.
e) El comité Intercentros deberá observar el debido sigilo profesional en la forma que regula el artículo 65.2 del estatuto de los trabajadores.
Procedimiento.
Para el desarrollo de dichas funciones y competencias, el Comité Intercentros se reunirá con la empresa semestralmente con carácter ordinario, y con carácter extraordinario cuando el caso así lo requiera de común acuerdo por ambas partes. En cualquier caso, deberá comunicarse a la otra parte la celebración de dichas reuniones con una antelación mínima de quince días hábiles para las ordinarias y con toda la antelación que sea posible para las extraordinarias una vez acordada su celebración.
Una vez convocadas en tiempo y forma las reuniones, los gastos de los miembros del Comité Intercentros provocados por desplazamiento, alojamiento y dietas, serán abonados por la empresa.
Para todas las reuniones se elaborará por el Secretario un orden del día que incluirá todos los asuntos a tratar. Se confeccionará un acta recogiendo todos los acuerdos que se hayan adoptado en la reunión. Se comunicará a los centros de trabajo, para conocimiento de todos los trabajadores, los acuerdos a los que se lleguen, mediante escritos en los tablones de anuncios.
Los coordinadores nacionales de las secciones sindicales de carácter estatal de los sindicatos más representativos, según lo que se establece en el artículo siguiente, podrán asistir a las reuniones del Comité Intercentros.
Artículo 64. Secciones sindicales.
1.– Podrán constituirse secciones sindicales en el ámbito de la empresa Danone, S. A., por los sindicatos de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Estas secciones sindicales, en general, dispondrán de los derechos, funciones y competencias que les atribuye el artículo 8 de la mencionada Ley.
2. De carácter estatal.
Se reconoce el derecho a constituir secciones sindicales de carácter estatal a los sindicatos más representativos en el seno de la empresa, que reúnan los dos requisitos siguientes:
a) Tener el 10 % de los Delegados de personal y miembros de los Comités de empresa de la totalidad de la empresa.
b) Que alcancen, además, el 10 % de Delegados o miembros de los Comités de empresa en más de dos Comunidades Autónomas.
Funciones y competencias.
Son funciones y competencias de las secciones sindicales estatales:
a) Las generales que les otorgue la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
b) Designar los miembros del Comité Intercentros de entre los componentes de los distintos Comités de empresa o delegados de personal.
Artículo 65. Delegados sindicales.
1. Las secciones sindicales legalmente constituidas en el seno de la empresa, tendrán el número de delegados sindicales que, en función de sus resultados electorales y número de trabajadores del centro de trabajo, determina el artículo 10 de la L.O.L.S. Estos delegados sindicales dispondrán de las garantías y funciones que a su vez determina la mencionada Ley.
2. No obstante lo anterior, se acuerda expresamente que las secciones sindicales Estatales definidas en el artículo precedente tendrán 5 Delegados sindicales en total, uno por cada una de las zonas históricas en las que está organizada la empresa.
Garantías y funciones.
Los Delegados sindicales de las secciones sindicales estatales tendrán las garantías y funciones establecidas en la L.O.L.S. con el siguiente alcance y delimitación:
a) Cada Delegado sindical podrá acceder a los centros de trabajo de su zona para realizar sus funciones, previa comunicación a la Dirección del centro, debiendo de preavisar con la mayor antelación posible, siempre y cuando se acredite que en el centro de trabajo se cumple una de las siguientes condiciones:
– Existir una cantidad de afiliados a su sindicato superior al 10 % de la plantilla total del centro.
– Haber obtenido, al menos, el 8 % de los votos válidos la candidatura presentada por su sindicato a las elecciones a representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
– En los centros en los que no se den ninguno de los anteriores requisitos, la sección sindical podrá disponer de un tablón de anuncios, bajo la responsabilidad del delegado sindical correspondiente.
b) En relación con cada uno de los centros de trabajo de su zona, en los que se de una de las dos primeras condiciones anteriormente citadas, el delegado sindical, tendrá acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa. Podrá asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de la empresa con el Comité de empresa y con los órganos internos en materia de seguridad e higiene, y será oído por la empresa antes de la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular.
Se entenderá cumplido el requerimiento por parte de la empresa, si uno de los trámites se evacua directamente con el Comité de empresa integrado por uno o varios miembros pertenecientes al sindicato correspondiente.
Acumulación de horas sindicales.
Se acuerda expresamente la acumulación de horas de crédito sindical para los Delegados sindicales de las secciones sindicales estatales, miembros de Comités de empresa o Delegados de personal pertenecientes a una misma representación sindical. Todo ello con carácter anual y con el alcance y las condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos entre la Dirección de la empresa y las Organizaciones Sindicales.
3. Cada Sección Sindical Estatal elegirá un coordinador a nivel nacional, que tendrá como función principal la de coordinación de dicha sección, y será el interlocutor ante la Dirección de la empresa, ostentando para ello la representación del sindicato.
Los coordinadores nacionales podrán tener acceso a todos los centros de trabajo de la empresa, cuando sea necesario, y previa comunicación a la Dirección de la empresa. Gozarán de las garantías que la L.O.L.S. establece para los delegados sindicales.
CAPÍTULO X
Formación
Artículo 66. Formación profesional y continua.
A) La empresa procurará fomentar la formación profesional y continua de todos los trabajadores. En la organización de los cursos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Formación obligatoria: es la formación indispensable para la ejecución de las funciones del puesto de trabajo. Esta formación deberá impartirse dentro de horas de trabajo, debiendo concurrir razones técnicas y/u organizativas que justifiquen realizarla fuera, de las que se informará a los representantes de los trabajadores. Se acuerda que el conjunto de la formación obligatoria pueda realizarse un 80 % dentro de horas de trabajo y un 20 % fuera de ellas. Esta distribución se computará a nivel individual y con carácter anual. De efectuarse fuera de la jornada de trabajo, las horas de formación serán retribuidas según la tabla que figura en el anexo IV.
En cualquier caso las horas de formación obligatoria impartidas dentro de horas de trabajo y con una duración mínima de treinta minutos ininterrumpidos organizadas por la empresa, computarán a efectos de las 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo establecidas en el artículo 23.3 ET.
La Comisión Nacional de Formación velará por el cumplimiento del acuerdo establecido.
2. Formación voluntaria: es la formación que se convoca con carácter voluntario y que contribuye al desarrollo de las capacidades individuales en el seno de la empresa o fuera de ella. En el caso de que la asistencia a una acción de formación le impida al trabajador comer en su domicilio, se le abonará, previa presentación de recibo, la cantidad justificada, con el importe máximo que se establece en el artículo 41 para la comida.
Las discrepancias que puedan surgir de la aplicación de este artículo serán dirimidas en el seno de la Comisión Nacional de Formación.
Se evaluarán los cursos realizados de duración igual o superior a 30 minutos mediante hoja de valoración.
B) Comisión Nacional de Formación de Danone, S. A.
La Comisión Nacional de Formación tendrá carácter paritario, estará compuesta por los representantes del personal y la Dirección de la empresa.
Las funciones de la Comisión de Formación serán:
1. Ayudar a detectar las necesidades de formación de todo el personal incluido en Convenio. Estas necesidades pueden responder a las variaciones entre las funciones que se están desarrollando actualmente en cada puesto de trabajo y las que se requieran por la introducción de nuevas tecnologías, por la evolución propia de cada puesto de trabajo, por las necesidades de cualificación profesional, así como las que se deriven de acciones de promoción.
2. Proponer planes de formación a la Dirección General de Danone en base a las necesidades detectadas por ambas partes. Contemplando en estos planes:
• Programas y acciones de formación.
• Participantes en las acciones, por categorías profesionales y centros de trabajo, concretando los criterios de propuesta y selección.
• Calendario de ejecución de los planes (lugar, fecha y horario) de acuerdo con la Dirección y las necesidades de cada centro.
• Determinar recursos y medios necesarios para la realización de las acciones formativas (instalaciones, materiales, presupuesto estimado, medios pedagógicos, etc.).
3. Informar a todos los trabajadores del plan de formación de Danone, S. A., en los términos especificados en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión.
4. Solicitar subvenciones al Acuerdo Nacional de formación continuada para financiar parte del plan de formación.
5. Colaborar en el seguimiento y resultado de los planes de formación de acuerdo a los objetivos establecidos y valorar la adecuación del contenido, resultados e incidencias de su realización.
En su funcionamiento interno, la Comisión se regirá por lo especificado en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Formación de Danone, S. A., elaborado al efecto, y que se transcribe a continuación:
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Formación de Danone, S. A.
Artículo 1.
Esta Comisión Nacional Paritaria se crea al amparo del artículo de formación del Convenio Colectivo de empresa, donde quedan recogidos sus funciones y cometidos.
Artículo 2.
La Comisión estará compuesta por 7 miembros de cada una de las partes firmantes del Convenio. Cada una de las representaciones podrá contar con asesores.
Artículo 3.
La Comisión nombrará de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario por un período anual.
La función del presidente será la de convocar, presidir y moderar las reuniones.
La función del Secretario será la de levantar acta de las reuniones, ser el depositario de la documentación que se genere y difundir los acuerdos entre sus componentes.
Artículo 4.
Respecto a la toma de decisiones, se contempla un voto por cada parte (Social y Dirección), considerándose el acuerdo válido con los dos votos.
Artículo 5.
Las reuniones serán trimestrales. Si fuese necesario, el Presidente por propia iniciativa o a propuesta de una de las partes de la Comisión, convocaría una en cualquier otro momento con carácter extraordinario. Se considerará constituida válidamente la Comisión con la presencia de, al menos, un representante de cada parte: Dirección y representantes del personal.
Artículo 6.
Esta Comisión nombrará, si lo considerase oportuno, a uno de sus miembros como observador durante el desarrollo de cualquier curso.
Artículo 7.
Ninguna parte, ni miembro alguno de esta Comisión, podrá aceptar o negociar unilateralmente curso alguno. Salvo en casos puntuales en los que, por necesidad o urgencia no contempladas en el plan de formación, se deba realizar una acción formativa. En estos casos, se deberá informar a la Comisión a la mayor brevedad posible.
Artículo 8.
La información al personal sobre los cursos comprenderá los siguientes extremos:
1. Tema y contenido.
2. Fechas y horarios.
3. Centro donde se imparte.
4. Personal o sección al que va dirigido.
5. Condiciones.
6. Número de plazas.
7. Otros.
Artículo 9.
Esta Comisión informará al personal de los cursos de formación fuera de la jornada, así como de las condiciones, con una antelación mínima de 7 días naturales.
Artículo 10.
La Comisión informará sobre los planes de formación presentados al Acuerdo Nacional de formación continua, para su financiación.
Artículo 11.
Evaluación de los cursos por parte de la Comisión:
En las reuniones de la Comisión, se evaluarán los cursos impartidos en cuanto a su contenido, funcionamiento y resultados.
Artículo 12.
La Comisión será soberana para decidir los medios necesarios para realizar su función.
Artículo 13.
Este estatuto queda abierto, en su articulado, a una posible ampliación o modificación del mismo.
CAPÍTULO XI
Previsión social complementaria
Sección primera. Plan de pensiones y seguro de vida
Artículo 67. Plan de pensiones de empleo.
Danone, S. A., en virtud de lo establecido en el Convenio colectivo suscrito con la representación de los trabajadores en fecha 19 de diciembre de 2002, promueve e implanta un plan de pensiones con el objeto de articular un sistema de prestaciones independientes y complementarias a las otorgadas por la Seguridad Social en los términos y condiciones que a continuación se detallan.
El plan de pensiones se regula y queda instrumentado en el reglamento del plan de pensiones de empleo. El funcionamiento y ejecución del plan será supervisado por la Comisión de control del plan.
Régimen de aportaciones.
El régimen de aportaciones se fija en función de un porcentaje sobre el salario regulador tal y como se detalla en el anexo V, manteniendo los criterios del régimen de aportaciones según la regulación establecida en el 4.º y 5.º Convenio colectivo. Por salario regulador se entiende el denominado salario tipo anual según la categoría/nivel/grupo profesional del participe. El salario tipo es el establecido como tal en las tablas salariales (anexo II) Las aportaciones se realizarán con carácter mensual (total anual dividido por 12).
Para el año 2012 y siguientes, el salario regulador lo constituye el 110 % del salario tipo.
Régimen de prestaciones.
El plan de pensiones de Danone, S. A., es un sistema mixto que contempla unas prestaciones consistentes en el reconocimiento de un derecho económico a favor de los beneficiarios del plan una vez acaecida la contingencia cubierta por el mismo. Son las siguientes: jubilación, fallecimiento e invalidez permanente en sus grados de total, absoluta o gran invalidez. Las condiciones, requisitos y cuantías de las prestaciones están recogidas en el reglamento del plan de pensiones de empleo.
Artículo 68. Seguro de vida e invalidez.
Para aquellos trabajadores que no son partícipes del plan de pensiones, menores de 65 años, excepto aquellos cuyos niveles salariales no se encuentren contemplados en las tablas anexas, se concierta un seguro colectivo, que cubrirá exclusivamente los riesgos señalados a continuación y bajo las condiciones que se establezcan en las pólizas correspondientes, por los importes asimismo indicados:
Causa
Importe asegurado
Fallecimiento derivado de enfermedad.
1 anualidad de salario fijo.
Fallecimiento derivado de accidente no laboral.
1,5 anualidad de salario fijo.
Fallecimiento derivado de accidente de trabajo.
2 anualidades de salario fijo.
Invalidez:
* Gran invalidez o absoluta.
1 anualidad de salario fijo.
* Permanente total.
15.000,00 € brutos.
* Parcial (según % de baremo).
Hasta 6.010,12 € brutos.
A los efectos del cálculo de los importes asegurados, en el supuesto de fallecimiento, se considerará el salario que tuviera el empleado en el momento del hecho causante. Para los supuestos de Invalidez, se iniciará el trámite oportuno ante la compañía aseguradora en el momento que la declaración legal de incapacidad sea firme, y el salario de referencia será el que tuviera el empleado en el momento de causar baja en la empresa por pase a invalidez provisional o informe-propuesta de incapacidad. En ambos casos el salario fijo incluirá la prima personal y situación anterior.
La responsabilidad de la empresa alcanza exclusivamente al pago de las primas correspondientes. En el caso de que un empleado causara baja definitiva en el servicio de la empresa, automáticamente dejará de ser beneficiario del seguro, salvo que por acuerdo privado entre él y la compañía aseguradora pudiera seguir gozando de sus beneficios, corriendo a su cargo el importe de las primas sucesivas a la baja.
Sección segunda. Seguro médico
Artículo 69. Seguro médico.
Por el presente Convenio se establece un sistema de asistencia sanitaria complementaria a los servicios públicos, a través de una póliza de seguro médico para todos los trabajadores de la empresa con una antigüedad mínima de 2 años.
CAPÍTULO XII
Otras disposiciones
Artículo 70. Retirada del permiso de conducir.
En el supuesto de la retirada temporal del permiso de conducir, la empresa se compromete mientras dure tal situación, a buscar un puesto de trabajo al productor afectado, garantizando su sueldo fijo en su centro de trabajo siempre que se den los requisitos siguientes:
1.º Que el motivo de la retirada del permiso de conducir no se deba a alteración voluntaria de las condiciones físicas normales.
2.º Que el motivo de la retirada del permiso de conducir se produzca durante la realización del trabajo, y en un vehículo propiedad de la empresa o «in itinere».
3.º Que esta persona no reincida en la retirada en un año natural.
En cualquier caso se estudiará por el Comité de empresa y la Dirección, cuando la retirada del permiso de conducir se produzca por hecho acaecido fuera de la jornada laboral.
Para los supuestos de retirada definitiva del carnet de conducir o, en su caso, del tipo de carnet necesario para llevar a cabo los cometidos habituales del trabajador afectado, las partes interesadas estudiarán la adaptación del mismo a otro puesto de trabajo.
CAPÍTULO XIII
Régimen de faltas y sanciones
Artículo 71. Derecho disciplinario.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se determinan en este Convenio y las que se establezcan en las disposiciones legales aplicables.
Con el fin de concretar y tipificar las faltas laborales de más común frecuencia, se establecen las siguientes normas, sin que ello implique, que conductas sancionables no recogidas en las presentes, no puedan ser sancionadas de acuerdo con el marco legal general al comienzo referido.
A) Procedimiento.
Primero.–Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecidas en las disposiciones legales y en las presentes normas.
Segundo.–La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la Dirección de la empresa, serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.
Tercero.–La sanción de las faltas graves y muy graves requieren comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
Cuarto.–La imposición de sanciones muy graves, precisará de una información escrita o expediente contradictorio, en el que será oído el trabajador previamente a la imposición de la sanción que pudiera corresponderle, quién podrá alegar por escrito ante la Dirección lo que a su defensa convenga.
Quinto.–Deberá darse traslado a los representantes del personal, de los hechos que motivan la apertura de expediente, con el fin de que estos puedan igualmente ser oídos.
Sexto.–La tramitación del expediente contradictorio interrumpirá los plazos de prescripción.
Séptimo.–Una vez adoptada la resolución procedente por la dirección de la empresa, ésta podrá optar por que la sanción sea de cumplimiento en plazo determinado, o que su ejecutividad quede supeditada a que la misma adquiera carácter de firmeza tras sentencia de la jurisdicción competente o allanamiento a la misma por el interesado.
B) Faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores, se clasificarán gradualmente atendiendo su importancia, trascendencia e intención en leves, graves o muy graves.
1. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Tres faltas de puntualidad no justificadas en la asistencia al trabajo, inferior a treinta minutos, o una superior a treinta minutos, en el período de treinta días.
b) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aún por breve tiempo.
c) Pequeños descuidos en la conservación del material.
d) Falta de aseo o limpieza personal.
e) No notificar a la empresa en tiempo y forma temas como: cambio de domicilio, ausencias, bajas por enfermedad o accidente en un plazo de 48 horas de haberse producido.
2. Faltas graves.
Serán faltas graves:
a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad inferior a treinta minutos o más de dos superior a treinta minutos, en la asistencia al trabajo, cometidas en el período de treinta días.
b) Falta de 1 a 3 días al trabajo durante un período de 30 días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la mismas se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa.
c) La desobediencia a sus mandos en materia de trabajo.
d) Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él.
e) La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
f) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros, o peligros de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave. En todo caso se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.
g) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo de herramientas de la empresa para usos propios sin ánimo de lucro.
h) Pedir permisos alegando causas no existentes.
i) La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, excluidas las de puntualidad, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.
3. Faltas muy graves.
a) Más de 15 faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de 6 meses, o 25 en un año.
b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
d) La simulación de enfermedad o accidente. Así mismo, se incluye toda manipulación hecha para prolongar la situación de I.T.
e) La simulación de enfermedad o accidente. Así mismo, se incluye toda manipulación hecha para prolongar la situación de I.T.
f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo o de sus superiores.
f) La embriaguez o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
g) Revelar datos o documentos reservados de la empresa, a extraños a la misma.
h) Realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
i) El abuso de autoridad, los malos tratos de palabra u obra, falta grave de respeto y consideración a sus jefes, así como a sus compañeros y subordinados o familiares de estos.
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, sin previo aviso.
k) La disminución no justificada en el rendimiento normal del trabajo.
l) Realizar trabajos de cualquier índole por cuenta ajena o propia en situación de I.T.
m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometan en el período del trimestre y hayan sido sancionadas.
C) Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse a los que incurran en las faltas serán las siguientes:
A. Por faltas leves:
– Amonestación verbal.
– Amonestación escrita.
B. Por faltas graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.
C. Por faltas muy graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días.
– Despido.
D) Prescripción.
Con respecto a la interrupción de la prescripción establecida en el punto 6.º del procedimiento, las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Disposición adicional primera.
El sistema de organización del trabajo a 7 días de la fábrica de Aldaya denominado Pacto Casanova se mantendrá en sus propios términos actuales excepto en lo referente a las compensaciones económicas y de tiempo de descanso que se aplicarán las establecidas en el presente Convenio. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la comisión local de seguimiento del Pacto Casanova podrá realizar otras adaptaciones del Pacto al Convenio valorándose en su conjunto.
Disposición transitoria primera.
Durante el año 2012 los trabajadores que cumplan 64 años podrán acogerse a la jubilación anticipada regulada por el R.D. 1194/85, de 17 de julio, quedando obligada la empresa a sustituirlos por otro trabajador conforme a lo dispuesto en dicha norma. Si el trabajador no tuviera derecho al 100 % de la prestación de jubilación (por no tener suficiente período de cotización), la empresa le abonará una compensación de cuatro mensualidades de salario fijo más antigüedad.
Disposición transitoria segunda.
Se establece como indicador de negocio del artículo 36 para el año 2012 el OFCF (Generación Libre de Caja).
Se fijan tres grados de consecución del indicador con su retribución correspondiente: Mínimo (0 %), estándar (1 %) y máximo (2 %), porcentajes a aplicar sobre el Salario Tipo.
Los tramos comprendidos entre los tres grados de consecución se retribuirán de forma lineal respecto a los valores de cada uno de ellos.
El importe dinerario resultante de la consecución del indicador se abonará en la nómina del mes de febrero del 2013, percibiéndose de forma proporcional al tiempo transcurrido (medio año).
Disposición transitoria tercera.
Para el año 2012 la distribución de horas de formación obligatoria dentro y fuera de horas de trabajo acordada en este Convenio será de aplicación únicamente a la formación que se realice durante el segundo semestre.
Disposición transitoria cuarta.
El fondo de previsión de Madrid se regirá por las condiciones establecidas en el acta de la Comisión del fondo de 13/03/2003.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales o administrativas que lo complementen con remisión expresa al estatuto de los trabajadores en todo aquello que resulte aplicable, en defecto de pacto individual y colectivo.
Disposición final segunda. Actas de acuerdos de los distintos centros de trabajo.
La Comisión Paritaria del Convenio confeccionará una relación de pactos y actas de acuerdos de los distintos centros de trabajo, con el fin de que una comisión decida sobre su homogeneización. De ser ello posible se incorporarán al texto del Convenio después de su posterior registro, con la misma fuerza obligacional. De no ser posible, las partes decidirán en el seno de la comisión acerca de la eficacia de los pactos no homogeneizados. En ambos supuestos se requerirá la ratificación del Comité Intercentros.
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS
PREÁMBULO
Danone, S. A., considera que, cuando en la empresa se crea prosperidad y riqueza, es justo y deseable que el conjunto del personal, que con su esfuerzo ha contribuido a ella, reciba anualmente parte del incremento de la riqueza generada.
Para ello, con este acuerdo se implanta un sistema de participación en los beneficios de la empresa, con vocación de futuro y con carácter de compensación económica, anual y variable, en función de los resultados de la misma.
Además, con este sistema se pretende la implicación y sensibilización del personal con los resultados de la compañía, incrementando, a su vez, el sentimiento de pertenencia a la misma.
ACUERDO
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El sistema de participación en beneficios se aplicará en todos los centros de trabajo de la empresa Danone, S. A., cualquiera que sea la actividad que en ellos se desarrolle.
Artículo 2. Beneficiarios.
Se considerarán beneficiarios del presente sistema todo el personal de la empresa Danone, S. A., con una antigüedad de al menos 9 meses en el ejercicio de referencia.
Esta regla tienen una sola excepción:
– Se podrá abonar la parte de participación de beneficios proporcional al tiempo de presencia en Danone, S. A., a cualquier empleado que, durante el ejercicio anual que corresponda y de común acuerdo con la Dirección, procediera de una empresa del grupo, o dejara Danone, S. A., por una empresa de ese mismo grupo.
Artículo 3. Características del sistema.
El montante total de la participación en beneficios se calcula en base al Resultado Operacional (en adelante ROP), y CANN (Cifra de Negocios Neta Neta), referido al ejercicio anual considerado.
Artículo 4. Cálculo de la cantidad total a distribuir.
El importe total de la participación en beneficios se calculará en función del porcentaje resultante de dividir el ROP entre la CANN, estableciéndose el siguiente escalado:
* Hasta el 5 % del ROP/CANN: Exento de participación.
* Entre el 5 % y 6 % del ROP/CANN: Se percibirá un 5 % de participación de la parte comprendida entre el 5 % y 6 % de la CANN.
* Entre el 6 % y 8 % del ROP/CANN: Se percibirá un 6 % de participación de la parte comprendida entre el 6 % y 8 % de la CANN.
* Entre el 8 % y 10 % del ROP/CANN: Se percibirá un 8 % de participación de la parte comprendida entre el 8 % y 10 % de la CANN.
* Entre el 10 % y 12 % del ROP/CANN: Se percibirá un 10 % de participación de la parte comprendida entre el 10 % y 12 % de la CANN.
* Superior al 12 % del ROP/CANN: Se percibirá un 12 % de participación de la parte que exceda del 12 % de la CANN.
De este importe total así calculado, la cantidad total a distribuir no podrá exceder del 15 % de la masa salarial fija del personal afectado calculada de la forma indicada en el artículo 5.
Cláusula de garantía:
Si el porcentaje resultante de dividir el ROP entre la CANN, está comprendido entre el 0 % y el 5%, se percibirá un 2 % de participación de la parte comprendida entre el 0 % y el 5 % de la CANN.
Artículo 5. Modalidades de distribución individual de la participación.
La cantidad total a distribuir de la participación en beneficios, calculada de la forma anteriormente indicada, se repartirá de la siguiente forma:
* Participación lineal: El 35 % del importe total se distribuirá en partes iguales a cada empleado de Danone, S. A., según la fórmula siguiente:
P.L. =
Participación total * 35
N.º personas afectadas * 100
* Participación proporcional: El 65 % del importe total se distribuirá proporcionalmente al salario individual respecto a la masa salarial del personal afectado, teniendo en cuenta los días de ausencia, de acuerdo a la siguiente fórmula:
P.P. =
Sal. indiv. * 65 * Particip. total
Σ Sal. anuales pers. afectadas * 100
El sumatorio (Σ) de los salarios anuales de las personas afectadas no incluirá el de aquellas personas con un período de permanencia continuada en la empresa inferior a 9 meses, ni el de aquéllas que no consten de alta en la misma, a fecha 31 de diciembre en el ejercicio de referencia.
Por salario se entenderá exclusivamente los conceptos siguientes: Salario base, complemento salarial, situación anterior, término de ruta, puesto de trabajo, valoración mérito, quebranto de moneda, plus de residencia, prima personal, pagas y gratificaciones extraordinarias.
No se considerarán ausencias:
– Las horas sindicales remuneradas.
– Las horas de formación remuneradas por la empresa.
– Las horas derivadas de accidente de trabajo.
– Los permisos por maternidad, paternidad y lactancia regulados en este Convenio
– Las bajas legales por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia.
– Las licencias con retribución reguladas en el Convenio Colectivo.
– Las vacaciones anuales establecidas en el Convenio Colectivo.
– Los días de IT por hospitalización y/o intervención quirúrgica por enfermedades muy graves. Tampoco los días de IT por hospitalización y/o intervención quirúrgica por enfermedad grave cuando la duración total no supere los 45 días. En ambos casos, queda incluido el tiempo de duración de la convalecencia y será el servicio medico de empresa quien dictaminará sobre la calificación de la gravedad.
Las ausencias debidas a cualquier otro motivo de los enunciados anteriormente, se tendrán en cuenta a efectos de cálculo de los días de ausencia.
Las personas que, durante el ejercicio anual alcancen o sobrepasen un total de 45 días laborables de ausencia, no percibirán la participación en beneficios proporcional. Para el descuento de la parte proporcional de la participación en beneficios existirán dos tramos:
a) Primer tramo hasta el día 30 de ausencia, se descontará aplicando el siguiente factor:
299 (*) – Número de días de ausencia
299 (*)
b) Segundo tramo desde el día 31 al 45, se descontará según la siguiente fórmula:
Resto de la parte proporcional
x número de días de ausencia en este periodo.
15 días
El montante de participación proporcional no repartido, por causa del absentismo, se acumulará al posible importe total a distribuir, por participación en beneficios, en el siguiente ejercicio.
Artículo 6. Limitación de cuantía.
El importe máximo individual a percibir por la participación en beneficios, no podrá, en ningún caso, superar el 10 % del salario. Dicho salario se compone de los siguientes conceptos: salario fijo de tablas, antigüedad, situación anterior, prima personal, incentivos, indicador de negocio y nocturnidad, todo ello en cómputo anual.
En el caso que entrase en vigor esta limitación:
• Un 40 % del exceso individual resultante se retribuirá dinerariamente y el restante 60 % se incluirá como aportación individual a cada uno de los partícipes del plan de pensiones en ese ejercicio. Este sistema se aplicará al personal que haya percibido participación proporcional.
• Para el resto de personal, el exceso se incluirá en su totalidad como aportación individual al plan de pensiones.
Esta distribución del exceso en cualquiera de los dos supuestos se efectuará en el mes de julio.
El exceso correspondiente a aquellas personas que habiendo percibido participación en beneficios en el ejercicio no sean partícipes del plan de pensiones, se destinará como aportación lineal al resto de partícipes del mencionado ejercicio. Esta aportación se realizará en el mes de diciembre.
Artículo 7. Forma de liquidación y pago.
El pago de la participación en beneficios no podrá efectuarse antes de que el Consejo de Administración de la empresa Danone, S. A., apruebe los resultados del ejercicio transcurrido.
No obstante, un pago a cuenta del 90 % del importe estimado de la participación individual, se abonará durante el primer trimestre del siguiente ejercicio al que se refiera. Se establece como fecha tope de abono del 10 % restante, el 31 de julio de dicho ejercicio.
(*) 300 en caso de año bisiesto.
La cantidad percibida como participación en beneficios, no se considerará en ningún caso como salario fijo. Asimismo, tendrá carácter de retribución bruta, y consiguientemente, la empresa deducirá de este importe las cargas sociales y fiscales correspondientes, según lo previsto en la legislación vigente.
Artículo 8. Ceses en la empresa.
Cualquier baja en la empresa y en el grupo durante el transcurso del ejercicio, implicará la renuncia individual a este sistema de participación en beneficios. Quedarán exceptuadas las bajas que se produzcan como consecuencia de fallecimiento, jubilación, declaración de invalidez permanente en sus grados de total, absoluta o gran invalidez y terminación de contrato.
Artículo 9. Modificaciones.
Si una disposición legal crease una obligación para la empresa de la misma naturaleza que el sistema de participación en beneficios aquí establecido, únicamente tendrá repercusión en la empresa si, en cómputo global y anual, supera las condiciones acordadas.
Artículo 10. Información y seguimiento.
La empresa facilitará información al Comité intercentros sobre los principales indicadores económicos y sociales de la misma, así como sobre los resultados provisionales y su impacto sobre la participación en beneficios, principalmente los indicadores ROP,CANN, y los que se inscriben en el Registro Mercantil REN, CNN, teniendo en cuenta que las percepciones individualizadas, tanto salariales como de participación de cada empleado, son confidenciales, salvo autorización expresa del propio interesado dirigida a la Dirección de la empresa.
ANEXOS
Anexo I
Copia básica del contrato de trabajo suscrito entre la empresa Danone, S. A., y don .......................................................................................................................................
Estipulaciones
– Duración del contrato (2) ............................................................................................
– Objeto del contrato (3) ................................................................................................
– Grupo profesional/categoría prof. (4) ..........................................................................
– Periodo de prueba.(5) .................................................................................................
– Salario (5) ...................................................................................................................
– Jornada (5) .................................................................................................................
– Distribución de la jornada ...........................................................................................
– Vacaciones (5) ............................................................................................................
– Fecha de formalización del contrato ...........................................................................
– Indemnización por rescisión de contrato (7) ...............................................................
– Normativa específica de aplicación (6) .......................................................................
– Cláusulas adicionales .................................................................................................
Firma de la empresa,
Recibí:
Rpte. legal de los trabajadores
En ............................ a ......... de ............................... de 20 ......
Notas:
(1) Deben excluirse en cualquier caso los datos relativos al D.N.I. domicilio y estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal.
(2) En aquellos supuestos de contratos de duración determinada.
(3) Sólo procederá en los supuestos en que así venga exigida su especificación por la normativa aplicable.
(4) Sólo en los casos en que hubiera de acreditarse una titulación académica o profesional en el contrato, se especificará la misma.
(5) Sobre estos extremos debería consignarse la manifestación: «Se respeta lo establecido al respecto en el Convenio Colectivo vigente de fecha...».
(6) Indíquese la norma reguladora de la modalidad de contratación.
(7) Podrá utilizarse la expresión «De conformidad con la legislación vigente» en aquellos casos en que se consignen adicionales, en función de la modalidad de contratación. Hay que hacer notar que en los supuestos en que venga exigido por la normativa de aplicación, habrá que especificar la edad del trabajador, así como la situación de desempleo previo.
ANEXO II
Tablas salariales
Fábricas:
Niveles
Año 2012
Salario tipo
Plus de residencia **
(Barcelona y Madrid)
VIII
38.870,69 € brutos
1.202,19 € brutos
VII
35.988,65 € brutos
1.113,05 € brutos
VI
33.327,60 € brutos
1.030,75 € brutos
V
30.869,14 € brutos
954,72 € brutos
IV
28.484,33 € brutos
880,96 € brutos
III
26.550,67 € brutos
821,15 € brutos
II
24.018,54 € brutos
742,84 € brutos
I
21.928,38 € brutos
678,20 € brutos
Servicios Auxiliares
20.304,05 € brutos
627,96 € brutos
Niveles
Año 2013
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
VIII
39.103,91 € brutos
1.209,40 € brutos
VII
36.204,58 € brutos
1.119,73 € brutos
VI
33.527,57 € brutos
1.036,94 € brutos
V
31.054,35 € brutos
960,44 € brutos
IV
28.655,24 € brutos
886,24 € brutos
III
26.709,97 € brutos
826,08 € brutos
II
24.162,65 € brutos
747,30 € brutos
I
22.059,95 € brutos
682,27 € brutos
Servicios Auxiliares
20.425,87 € brutos
631,73 € brutos
Niveles
Año 2014***
Salario tipo
Plus de residencia*
(Barcelona y Madrid)
VIII
39.494,95 € brutos
1.221,49 € brutos
VII
36.566,63 € brutos
1.130,93 € brutos
VI
33.862,84 € brutos
1.047,30 € brutos
V
31.364,90 € brutos
970,05 € brutos
IV
28.941,79 € brutos
895,11 € brutos
III
26.977,07 € brutos
834,34 € brutos
II
24.404,28 € brutos
754,77 € brutos
I
22.280,55 € brutos
689,09 € brutos
Servicios Auxiliares
20.630,13 € brutos
638,05 € brutos
Comercial:
Categoría
Año 2012
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Vendedor
23.854,94 € brutos
737,78 € brutos
Categoría
Año 2013
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Vendedor
23.998,07 € brutos
742,21 € brutos
Categoría
Año 2014***
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Vendedor
24.238,05 € brutos
749,63 € brutos
Administración:
Categoría
Año 2012
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Sisdes Convenio
26.846,94 € brutos
830,32 € brutos
Nivel entrada *
21.539,11 € brutos
666,16 € brutos
Categoría
Año 2013
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Sisdes Convenio
27.008,02 € brutos
835,30 € brutos
Nivel entrada *
21.668,34 € brutos
670,15 € brutos
Categoría
Año 2014***
Salario tipo
Plus de residencia**
(Barcelona y Madrid)
Sisdes Convenio
27.278,10 € brutos
843,65 € brutos
Nivel entrada *
21.885,03 € brutos
676,86 € brutos
* De aplicación para el personal de nuevo ingreso y por un período máximo de seis meses.
** Fórmula de cálculo:
{
Salario tipo
– Salario tipo
}
0,97
*** Sujeto a cláusula de actualización, si procede.
ANEXO III
Horas extraordinarias
Fábricas:
Niveles
Normales
Año 2012
Normales
Año 2013
Normales
Año 2014
VIII
35,08 € brutos
35,29 € brutos
35,64 € brutos
VII
32,50 € brutos
32,69 € brutos
33,02 € brutos
VI
30,10 € brutos
30,28 € brutos
30,58 € brutos
V
27,85 € brutos
28,01 € brutos
28,29 € brutos
IV
25,81 € brutos
25,96 € brutos
26,22 € brutos
III
23,88 € brutos
24,02 € brutos
24,26 € brutos
II
22,12 € brutos
22,25 € brutos
22,47 € brutos
I
20,48 € brutos
20,60 € brutos
20,81 € brutos
Servicios Auxiliares
18,96 € brutos
19,07 € brutos
19,26 € brutos
Niveles
Festivas
Año 2012
Festivas
Año 2013
Festivas
Año 2014
VIII
43,85 € brutos
44,11 € brutos
44,56 € brutos
VII
40,62 € brutos
40,87 € brutos
41,28 € brutos
VI
37,62 € brutos
37,84 € brutos
38,22 € brutos
V
34,81 € brutos
35,02 € brutos
35,37 € brutos
IV
32,26 € brutos
32,45 € brutos
32,78 € brutos
III
29,85 € brutos
30,03 € brutos
30,33 € brutos
II
27,65 € brutos
27,81 € brutos
28,09 € brutos
I
25,60 € brutos
25,75 € brutos
26,01 € brutos
Servicios Auxiliares
23,70 € brutos
23,84 € brutos
24,08 € brutos
Administración:
Categoría
Normales
Año 2012
Normales
Año 2013
Normales
Año 2014
Sisdes Convenio
23,88 € brutos
24,02 € brutos
24,26 € brutos
Nivel entrada *
19,82 € brutos
19,94 € brutos
20,14 € brutos
Categoría
Festivas
Año 2012
Festivas
Año 2013
Festivas
Año 2014
Sisdes Convenio
29,85 € brutos
30,03 € brutos
30,33 € brutos
Nivel entrada *
24,77 € brutos
24,92 € brutos
25,17 € brutos
* De aplicación para el personal de nuevo ingreso y por un período máximo de seis meses.
ANEXO IV
Horas formación 2012
Fábricas:
Niveles
Año 2012
Año 2013
Año 2014
VIII
29,57 € brutos
29,75 € brutos
30,04 € brutos
VII
27,38 € brutos
27,54 € brutos
27,82 € brutos
VI
25,35 € brutos
25,51 € brutos
25,76 € brutos
V
23,48 € brutos
23,62 € brutos
23,86 € brutos
IV
21,67 € brutos
21,80 € brutos
22,02 € brutos
III
20,20 € brutos
20,32 € brutos
20,52 € brutos
II
18,27 € brutos
18,38 € brutos
18,56 € brutos
I
16,68 € brutos
16,78 € brutos
16,95 € brutos
Servicios Auxiliares
15,45 € brutos
15,54 € brutos
15,69 € brutos
Comercial:
Categoría
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Vendedor
18,15 € brutos
18,26 € brutos
18,44 € brutos
Administración:
Categoría
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Sisdes Convenio
20,42 € brutos
20,55 € brutos
20,75 € brutos
Nivel entrada *
16,39 € brutos
16,48 € brutos
16,65 € brutos
* De aplicación para el personal de nuevo ingreso y por un período máximo de seis meses.
ANEXO V
Aportación Plan de Pensiones de Empleo
Nivel
A
B
C
VIII
0,34%
0,40%
0,58%
VII
0,36%
0,42%
0,61%
VI
0,38%
0,45%
0,65%
V
0,40%
0,47%
0,68%
IV
0,44%
0,51%
0,74%
III
0,46%
0,54%
0,78%
II
0,49%
0,58%
0,84%
I
0,54%
0,64%
0,93%
Vendedor
0,51%
0,60%
0,87%
Sisdes Convenio
0,46%
0,54%
0,78%
Nivel L
0,11%
0,13%
0,19%
Nivel H
0,14%
0,16%
0,23%
Nivel G
0,17%
0,20%
0,29%
Nivel F
0,19%
0,22%
0,32%
Nivel E
0,22%
0,26%
0,38%
Nivel D
0,30%
0,36%
0,52%
Nivel C
0,39%
0,46%
0,67%
Nivel B
0,42%
0,50%
0,73%
Nivel A
0,46%
0,54%
0,78%
A* Anterior 0,85 %.
B: Anterior 1%.
C: Anterior 1,45 % ( > 50 años).
Cálculo aportaciones: (Salario regulador × A* (B o C según corresponsal)/12.
(*) Incremento adicional cada año hasta un máximo de 35 años. | El Gobierno aprueba un trasvase Tajo-Segura para octubre de 13 hm3. | Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Danone, S. A., Código de Convenio n.º 90010192011996, que fue suscrito, con fecha 24 de julio de 2012, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de octubre de 2012.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO COLECTIVO DE DANONE, S. A.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Convenio general para la empresa Danone, S. A., tiene por objeto regular las condiciones de trabajo y empleo, y mantener un marco de relaciones armónicas y estables entre la empresa y sus trabajadores.
El presente Convenio general se fundamenta en la igualdad de derechos y obligaciones, sin discriminación por razón de sexo, religión, raza, ideología política o sindical.
Artículo 2. Ámbito funcional y territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio colectivo regularán los derechos y obligaciones que presidan las relaciones laborales de todos los centros de trabajo de Danone, S. A., cualquiera que sea la actividad que en ellos se desarrolle, y los que pueda tener en el futuro.
Artículo 3. Ámbito personal.
El presente Convenio es de aplicación a la totalidad de los trabajadores de la empresa Danone, S. A., con la excepción, en general, de los afectados por el artículo 1.3 c) y 2.1 a) de la Ley 1/1995, de 24 de marzo, y, en particular, con las excepciones que figuran en el articulado de este Convenio.
No obstante lo anterior, todas aquellas cláusulas que tengan contenido económico o que de ellas se deriven consecuencias de orden económico, solamente afectarán a aquellos trabajadores comprendidos en las categorías recogidas en las tablas salariales.
Artículo 4. Ámbito temporal y denuncia.
El Convenio, que entrará en vigor a partir de la fecha de su formal aprobación, sea cual fuere la fecha de su publicación en el «B.O.E.» tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Las condiciones económicas en él contenidas surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2012.
El Convenio se prorrogará tácita y automáticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes dentro de los dos últimos meses de vigencia del mismo y siempre con una antelación de, al menos, 30 días a su terminación.
Denunciado el Convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrán en vigor todas sus cláusulas, excepto aquéllas cuya vigencia se haya acordado concretamente. Transcurrido un año desde la denuncia del Convenio sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, el Convenio perderá su vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.
Artículo 5. Efectos.
El presente Convenio y sus anexos obligan a todos los trabajadores y centros acogidos a sus ámbitos de aplicación, prevaleciendo frente a cualquier otra norma que no lo sea de derecho necesario.
No obstante lo anterior, se reconoce el carácter dinámico de las normas aquí pactadas y por tanto la necesidad de su articulación en niveles inferiores en aquellas materias en las que así se determine y, siempre y cuando no se contrapongan a lo dispuesto con carácter general.
Artículo 6. Absorción y compensación.
Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en el presente Convenio, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen la totalidad de las aplicables en la empresa, cualesquiera sean su naturaleza u origen de su existencia.
Las disposiciones legales o resoluciones futuras –generales, convencionales o individuales, administrativas o sentencias judiciales– que lleven consigo una variación económica en todos o en alguno de los conceptos retributivos que en este Convenio se establecen, o supongan la creación de otros nuevos, únicamente tendrán repercusión en la empresa si, en su conjunto global anual, superan el nivel total anual del presente Convenio por todos los conceptos, quedando en caso contrario absorbidas dentro de éste.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, manifestando formalmente ambas partes que sus respectivas vinculaciones a lo convenido tienen el carácter de compromiso para la totalidad de las cláusulas pactadas. Así pues, en el supuesto de ser declarado nulo algún artículo de los que consta el presente Convenio, las partes se obligan a renegociar este artículo declarado nulo y los con él relacionados pudiendo, de estimarlo necesario ambas partes, renegociar la integridad del presente Convenio colectivo.
Artículo 8. Procedimiento de solución de conflictos.
El presente acuerdo vincula a la totalidad de los trabajadores de Danone, S. A., con excepción de aquellos cuyos niveles salariales no se encuentran contemplados en las tablas anexas, y tiene por objeto dar solución a los conflictos que puedan originarse entre la Dirección de la empresa y sus trabajadores cualquiera que sea su lugar de trabajo y una vez agotada la vía de solución en el centro de trabajo.
Se seguirá igualmente este procedimiento en aquellos conflictos que, no obstante promoverse por un traba
### RESUMEN: El Gobierno aprueba un trasvase Tajo-Segura para octubre de 13 hm3. |
La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, que indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite máximo de 20 hm3/mes.
El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3.
Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 27 de octubre del 2020, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación.
Según se recoge en el informe realizado por el CEDEX para este mes de octubre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de octubre de 2020 ascienden a 594,0 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 613 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de octubre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3.
De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de octubre podría llegar a un máximo de 20 hm3. Asimismo, y partiendo de la situación registrada a comienzos de octubre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. Adicionalmente, en dicho informe se ha procedido a aplicar la regla semestralmente con el único propósito de disponer de una ventana de pronóstico algo mayor que permita anticipar la posible tendencia en su evolución y tener algo más de perspectiva, concluyendo que si se confirmaran las aportaciones de cálculo supuestas, correspondientes al percentil del 20%, se mantendría el nivel 3 durante todo el semestre.
El citado informe recoge también la información enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca al final del año hidrológico para abastecimiento y regadíos, respectivamente, que suponen un volumen total de 104,4 hm3. Estos volúmenes de agua, acumulada dentro de los embalses de la propia cuenca del Segura, constituyen una reserva de agua ya trasvasada cuyo objetivo es atender las necesidades de suministro que surjan en el futuro de forma simultánea con los sucesivos trasvases posteriores.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 27 de octubre del 2020 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3. para el mes de octubre de 2020. Por otra parte, la Comisión ha tomado razón de la situación actual de las obras de reparación y de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por estar ejecutándose estos trabajos en el embalse de la Bujeda.
Dada la situación hidrológica excepcional existente en los embalses de cabecera, es razonable tomar en consideración las reservas existentes procedentes del trasvase en la cuenca receptora. El análisis histórico de estos volúmenes en el periodo 1997-2012 presenta una media de alrededor de 70 hm3, con máximos de hasta 160 hm3, si bien en el periodo 2012-2018 los valores almacenados han sido muy inferiores a los del periodo anterior, con máximos que no alcanzan los 60 hm3 y numerosos valores nulos. Por tanto, puede concluirse que el volumen actual de reservas en la cuenca del Segura procedente del trasvase de 104,4 hm3 supone un valor apreciablemente superior a la media histórica.
Considerando todo lo expuesto anteriormente:
1. Se constata que a fecha 1 de octubre de 2020 la situación del sistema es la correspondiente al Nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales.
2. Se toma nota de la previsión para el trimestre, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional, previsión que se mantendría también para todo el semestre.
3. Se toma nota de que, a fecha de 1 de octubre de 2020 existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 104,4 hm3, valor apreciablemente superior a la media histórica de estas reservas en la cuenca.
4. Se toma nota de la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura celebrada el 27 de octubre del 2020 que, a la vista del informe del CEDEX, concluye que se podría autorizar hasta un volumen máximo de 20,0 hm3 para el mes de octubre de 2020.
5. Se toma en consideración la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura debido a las reparaciones que se llevan a cabo en el embalse de La Bujeda.
6. Se toma en consideración que de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica le Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos, asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.
Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, y considerando la conveniencia, dada la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, de ir aprovechando parte de las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de octubre para abastecimiento y regadíos, autorizo un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 13 hm3 para el mes de octubre de 2020. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 5,5 hm3 para regadío.
Madrid, 27 de octubre de 2020.–La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, P.D. (Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre), el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández. | Multa de 150.000 euros a un exdirectivo de Banco Popular, Alberto Muñoz Fernández, por vender acciones de la entidad antes de la intervención usando información privilegiada. | La disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura establece un volumen máximo anual total a trasvasar de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
Dicha Ley establece cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se fijan los potenciales envíos. Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, que indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y establece que, al tratarse de una situación hidrológica excepcional, el órgano competente habrá de motivar los volúmenes que discrecionalmente decida autorizar hasta el límite máximo de 20 hm3/mes.
El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro o Ministra que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta y ejecución de la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3.
Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del Nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 27 de octubre del 2020, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación.
Según se recoge en el informe realizado por el CEDEX para este mes de octubre, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de octubre de 2020 ascienden a 594,0 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 613 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el RD 773/2014 para el mes de octubre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata la situación hidrológica excepcional, nivel 3.
De acuerdo con el método previsto para situaciones hidrológicas excepcionales, el trasvase resultante para el mes de octubre podría llegar a un máximo de 20 hm3. Asimismo, y partiendo de la situación registrada a comienzos de octubre, la aplicación trimestral de la regla de explotación realizada en el informe del CEDEX indica que el sistema se encontraría en situación hidrológica excepcional (nivel 3) durante todo el trimestre. Adicionalmente, en dicho informe se ha procedido a aplicar la regla semestralmente con el único propósito de disponer de una ventana de pronóstico algo mayor que permita anticipar la posible tendencia en su evolución y tener algo más de perspectiva, concluyendo que si se confirmaran las aportaciones de cálculo supuestas, correspondientes al percentil del 20%, se mantendría el nivel 3 durante todo el semestre.
El citado informe recoge también la información enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca al final del año hidrológico para abastecimiento y regadíos, respectivamente, que suponen un volumen total de 104,4 hm3. Estos volúmenes de agua, acumulada dentro de los embalses de la propia cuenca del Segura, constituyen una reserva de agua ya trasvasada cuyo objetivo es atender las necesidades de suministro que surjan en el futuro de forma simultánea con los sucesivos trasvases posteriores.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 27 de octubre del 2020 y a la vista del informe del CEDEX, decide informar, conforme a lo previsto legalmente para este caso, que se podría autorizar un volumen máximo de 20,0 hm3. para el mes de octubre de 2020. Por otra parte, la Comisión ha tomado razón de la situación actual de las obras de reparación y de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por estar ejecutándose estos trabajos en el embalse de la Bujeda.
Dada la situación hidrológica excepcional existente en los embalses de cabecera, es razonable tomar en consideración las reservas existentes procedentes del trasvase en la
### RESUMEN: Multa de 150.000 euros a un exdirectivo de Banco Popular, Alberto Muñoz Fernández, por vender acciones de la entidad antes de la intervención usando información privilegiada. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente:
2013/311 CAR.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Restauración de la Portada de la Basílica de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45000000 (Trabajos de construcción) y 45454100 (Trabajos de restauración).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
17 de mayo de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
237.062,27 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 237.062,27 euros. Importe total: 286.845,35 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
18 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
13 de agosto de 2013.
c) Contratista:
Construcciones Javier Herrán, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 177.559,64 euros. Importe total: 214.847,16 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa.
Madrid, 14 de agosto de 2013.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. | Nadie quiere el contrato de restauración del Palacio de Congresos de Madrid. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente:
2013/311 CAR.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Restauración de la Portada de la Basílica de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45000000 (Trabajos de construcción) y 45454100 (Trabajos de restauración).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
17 de mayo de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
237.062,27 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 237.062,27 euros. Importe total: 286.845,35 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
18 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
13 de agosto de 2013.
c) Contratista:
Construcciones Javier Herrán, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 177.559,64 euros. Importe total: 214.847,16 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa.
Madrid, 14 de agosto de 2013.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
### RESUMEN: Nadie quiere el contrato de restauración del Palacio de Congresos de Madrid. |
Mediante Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Turismo de España (Turespaña) de fecha 22 de enero de 2013, se acordó la declaración de desierto de la licitación del contrato para la contratación del Servicio de Restauración del Palacio de Congresos de Madrid, expediente número 020012C0053/2012, por no haber concurrido, una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, ningún licitador. El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 289, de 1 de diciembre de 2012.
Madrid, 31 de enero de 2013.- El Secretario General del Instituto de Turismo de España, Presidente de la Mesa de Contratación, Ignacio Valle Muñoz. | Sentencia del Supremo que dice que jueces y fiscales sustitutos también tienen derecho a trienios. | Mediante Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Turismo de España (Turespaña) de fecha 22 de enero de 2013, se acordó la declaración de desierto de la licitación del contrato para la contratación del Servicio de Restauración del Palacio de Congresos de Madrid, expediente número 020012C0053/2012, por no haber concurrido, una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, ningún licitador. El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 289, de 1 de diciembre de 2012.
Madrid, 31 de enero de 2013.- El Secretario General del Instituto de Turismo de España, Presidente de la Mesa de Contratación, Ignacio Valle Muñoz.
### RESUMEN: Sentencia del Supremo que dice que jueces y fiscales sustitutos también tienen derecho a trienios. |
En la cuestión de ilegalidad n.º 1/2012, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimamos totalmente la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y sin afectar a la situación jurídica concreta derivada de la Sentencia del expresado tribunal de 4 de mayo de 2012, dictada en el rollo de apelación n.º 27/2012, se declara la ilegalidad de los artículos 5.4.a) y 6.a) del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, por su oposición a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria Europea 1999/70/CE, de 28 de junio, anulándolos exclusivamente en la medida en que al regular las retribuciones básicas correspondientes a los Magistrados suplentes, Jueces sustitutos y Fiscales sustitutos excluyen el componente de la antigüedad; sin imposición de costas.
A los efectos previstos en el artículo 126.3 de la Ley Jurisdiccional comuníquese esta sentencia al órgano jurisdiccional que promovió la cuestión de ilegalidad.
Publíquese la parte dispositiva de esta sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 72-2 de la Ley 29/98 en el «BOE».
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Presidente: D. José Manuel Sieira Míguez; Magistrados: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez; D. Nicolás Maurandi Guillén; D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva; D. José Díaz Delgado, y D. Vicente Conde Martín de Hijas. | Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en Viso del Marqués. | En la cuestión de ilegalidad n.º 1/2012, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimamos totalmente la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y sin afectar a la situación jurídica concreta derivada de la Sentencia del expresado tribunal de 4 de mayo de 2012, dictada en el rollo de apelación n.º 27/2012, se declara la ilegalidad de los artículos 5.4.a) y 6.a) del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, por su oposición a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria Europea 1999/70/CE, de 28 de junio, anulándolos exclusivamente en la medida en que al regular las retribuciones básicas correspondientes a los Magistrados suplentes, Jueces sustitutos y Fiscales sustitutos excluyen el componente de la antigüedad; sin imposición de costas.
A los efectos previstos en el artículo 126.3 de la Ley Jurisdiccional comuníquese esta sentencia al órgano jurisdiccional que promovió la cuestión de ilegalidad.
Publíquese la parte dispositiva de esta sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 72-2 de la Ley 29/98 en el «BOE».
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Presidente: D. José Manuel Sieira Míguez; Magistrados: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez; D. Nicolás Maurandi Guillén; D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva; D. José Díaz Delgado, y D. Vicente Conde Martín de Hijas.
### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en Viso del Marqués. |
El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/14, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 16 de julio de 2014, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/14, del ramo de EELL (Ayto. de Viso del Marqués), como consecuencia de un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Viso del Marqués en relación a determinadas irregularidades en la gestión económico-financiera que pudieran afectar a determinadas cantidades derivadas de la suscripción de un contrato administrativo especial para la explotación, en régimen de arrendamiento, de un hotel restaurante, propiedad de dicho Ayuntamiento.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 17 de julio de 2014.- El Director Técnico, Secretario del Procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo. | Inicio del expediente para declarar bien de interés cultural el nudo español. | El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/14, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 16 de julio de 2014, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
HACE SABER: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-147/14, del ramo de EELL (Ayto. de Viso del Marqués), como consecuencia de un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Viso del Marqués en relación a determinadas irregularidades en la gestión económico-financiera que pudieran afectar a determinadas cantidades derivadas de la suscripción de un contrato administrativo especial para la explotación, en régimen de arrendamiento, de un hotel restaurante, propiedad de dicho Ayuntamiento.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 17 de julio de 2014.- El Director Técnico, Secretario del Procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo.
### RESUMEN: Inicio del expediente para declarar bien de interés cultural el nudo español. |