boe_text_cleaned
stringlengths 240
1.34M
| tweet_text_cleaned
stringlengths 20
382
| text
stringlengths 365
6.53k
|
|---|---|---|
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación 14YMEDIO, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Reinaldo Marcial Escobar Casas, doña Yoani María Sánchez Cordero, don Carlos Francisco Abad Rico, don Rafael Mira Prieto-Moreno, don José María González-Garilleti Fernández y la entidad Vídeo Line, S.L., según consta en la escritura pública número 3.202, otorgada el 9 de octubre de 2015, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Manuel Richi Alberti, que ha sido subsanada por diligencia otorgada el 24 de noviembre de 2015, ante el mismo notario.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Torpedero Tucumán, número 17, bajos, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: en la escritura pública de constitución, se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos euros (32.400 euros).
La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por el fundador.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
– El fomento, la promoción y la defensa de los principios y valores democráticos y la contribución al desarrollo de las libertades políticas e individuales y de los derechos humanos en Cuba, así como del bienestar social, cultural y político de los cubanos y la difusión internacional de sus principios inspiradores, a través de cualesquiera medios.
– La promoción y el impulso del emprendimiento empresarial y la creación y desarrollo de una ética y cultura empresarial democrática y moderna, principalmente en Cuba y en España, así como su difusión por cualesquiera medios.
– La consolidación de los vínculos existentes entre las naciones cubana y española, así como el fomento, la promoción y protección recíprocas de las culturas de ambas naciones y su difusión en el exterior.
Quinto. Patronato.
Presidente: Doña Yoani María Sánchez Cordero.
Vicepresidente: Don Rafael Mira Prieto-Moreno.
Secretario: Don Alberto Castañeda González.
Vocales: Don Reinaldo Marcial Escobar Casas; don Carlos Francisco Abad Rico; don Bertrand de la Grange y don José María González-Garilleti Fernández.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación 14YMEDIO y su Patronato.
Madrid, 27 de noviembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. | Inscripción oficial de la fundación de Yoani Sánchez, cuyos fines son el fomento, la promoción y la defensa de los principios y valores democráticos y la contribución al desarrollo de las libertades políticas e individuales y de los derechos humanos en Cuba. | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación 14YMEDIO, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Reinaldo Marcial Escobar Casas, doña Yoani María Sánchez Cordero, don Carlos Francisco Abad Rico, don Rafael Mira Prieto-Moreno, don José María González-Garilleti Fernández y la entidad Vídeo Line, S.L., según consta en la escritura pública número 3.202, otorgada el 9 de octubre de 2015, ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Manuel Richi Alberti, que ha sido subsanada por diligencia otorgada el 24 de noviembre de 2015, ante el mismo notario.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Torpedero Tucumán, número 17, bajos, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: en la escritura pública de constitución, se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos euros (32.400 euros).
La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por el fundador.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes:
– El fomento, la promoción y la defensa de los principios y valores democráticos y la contribución al desarrollo de las libertades políticas e individuales y de los derechos humanos en Cuba, así como del bienestar social, cultural y político de los cubanos y la difusión internacional de sus principios inspiradores, a través de cualesquiera medios.
– La promoción y el impulso del emprendimiento empresarial y la creación y desarrollo de una ética y cultura empresarial democrática y moderna, principalmente en Cuba y en España, así como su difusión por cualesquiera medios.
– La consolidación de los vínculos existentes entre las naciones cubana y española, así como el fomento, la promoción y protección recíprocas de las culturas de ambas naciones y su difusión en el exterior.
Quinto. Patronato.
Presidente: Doña Yoani María Sánchez Cordero.
Vicepresidente: Don Rafael Mira Prieto-Moreno.
Secretario: Don Alberto Castañeda González.
Vocales: Don Reinaldo Marcial Escobar Casas; don Carlos Francisco Abad Rico; don Bertrand de la Grange y don José María González-Garilleti Fernández.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación 14YMEDIO y su Patronato.
Madrid, 27 de noviembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
### RESUMEN: Inscripción oficial de la fundación de Yoani Sánchez, cuyos fines son el fomento, la promoción y la defensa de los principios y valores democráticos y la contribución al desarrollo de las libertades políticas e individuales y de los derechos humanos en Cuba. |
El artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, creó, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión de Propiedad Intelectual, actualmente adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el citado texto refundido y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha dado una nueva redacción al referido artículo 158, estableciendo su composición y funciones, y según la cual la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección.
El artículo 3 del Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, dispone que los vocales serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta, respectivamente, de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Justicia, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez y que en el mismo real decreto de designación quedará igualmente previsto, y por el mismo sistema, el nombramiento de dos suplentes por cada titular, que reunirán los mismos requisitos de nombramiento previstos para los vocales titulares y actuarán como sustitutos en los supuestos de delegación de funciones, vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Ministro de Justicia, el Ministro de Industria, Energía y Turismo y el Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 2015,
Vengo en nombrar, por un periodo de cinco años, renovable por una sola vez, a los siguientes vocales de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual:
A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a don José Luis Cádiz Deleito, como vocal titular y a doña Rosa de Couto Gálvez y doña Raquel Xalabarder Plantada, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Justicia, a don Domingo Bello Janeiro, como vocal titular y a don José María García Atienza y don Mariano Yzquierdo Tolsada, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a don Borja Adsuara Varela, como vocal titular y a don Jorge Pérez Martínez y don Eugenio Fontán Oñate, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, a don Julio Costas Comesaña, como vocal titular y a don Diego Castro-Villacañas Pérez y doña María Aurora Álvarez San José, como vocales suplentes en dicho orden.
Dado en Madrid, el 18 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO | 4 vocales de Sección 1ª Comisión Propiedad Intelectual. | El artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, creó, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión de Propiedad Intelectual, actualmente adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el citado texto refundido y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha dado una nueva redacción al referido artículo 158, estableciendo su composición y funciones, y según la cual la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección.
El artículo 3 del Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, dispone que los vocales serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta, respectivamente, de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Justicia, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez y que en el mismo real decreto de designación quedará igualmente previsto, y por el mismo sistema, el nombramiento de dos suplentes por cada titular, que reunirán los mismos requisitos de nombramiento previstos para los vocales titulares y actuarán como sustitutos en los supuestos de delegación de funciones, vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Ministro de Justicia, el Ministro de Industria, Energía y Turismo y el Ministro de Economía y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 2015,
Vengo en nombrar, por un periodo de cinco años, renovable por una sola vez, a los siguientes vocales de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual:
A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a don José Luis Cádiz Deleito, como vocal titular y a doña Rosa de Couto Gálvez y doña Raquel Xalabarder Plantada, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Justicia, a don Domingo Bello Janeiro, como vocal titular y a don José María García Atienza y don Mariano Yzquierdo Tolsada, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a don Borja Adsuara Varela, como vocal titular y a don Jorge Pérez Martínez y don Eugenio Fontán Oñate, como vocales suplentes en dicho orden.
A propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, a don Julio Costas Comesaña, como vocal titular y a don Diego Castro-Villacañas Pérez y doña María Aurora Álvarez San José, como vocales suplentes en dicho orden.
Dado en Madrid, el 18 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
### RESUMEN: 4 vocales de Sección 1ª Comisión Propiedad Intelectual. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
4) Teléfono:
Información Administrativa: 915831186, Técnica: 915838977.
5) Telefax:
915831352
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http:// www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
4/2/2014.
d) Número de expediente:
13600194400 - AV 2/14.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Contratación del servicio de creatividad y producción de las campañas de publicidad de sensibilización contra el fraude fiscal y de información y asistencia tributaria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Sí, 2 Lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cláusula IV del Pliego.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinario.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 661.157,02 euros. Importe total: 800.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lotes independientes Grupo T, subg.1, categ. C. Licitación a los dos lotes la categoría deberá ser D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
4 /2/2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 17:30 h. y los sábados de 9:00 a 14:00 h.).
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de sobre D o comunicación de defectos.
b) Dirección:
Calle Lérica, 32-34- Salón de Actos.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
d) Fecha y hora:
6 de febrero de 2014, doce horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
8/01/2014.
Madrid, 9 de enero de 2014.- La Directora del Servicio de Gestión Económica. | Habrá campaña de Hacienda contra el fraude fiscal por importe total de 800.000 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
4) Teléfono:
Información Administrativa: 915831186, Técnica: 915838977.
5) Telefax:
915831352
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http:// www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
4/2/2014.
d) Número de expediente:
13600194400 - AV 2/14.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Contratación del servicio de creatividad y producción de las campañas de publicidad de sensibilización contra el fraude fiscal y de información y asistencia tributaria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Sí, 2 Lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Cláusula IV del Pliego.
f) Admisión de prórroga:
Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinario.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 661.157,02 euros. Importe total: 800.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lotes independientes Grupo T, subg.1, categ. C. Licitación a los dos lotes la categoría deberá ser D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
4 /2/2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Registro General (de lunes a viernes en horario de 9:00 h. a 17:30 h. y los sábados de 9:00 a 14:00 h.).
2) Domicilio:
Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de sobre D o comunicación de defectos.
b) Dirección:
Calle Lérica, 32-34- Salón de Actos.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28020.
d) Fecha y hora:
6 de febrero de 2014, doce horas.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
8/01/2014.
Madrid, 9 de enero de 2014.- La Directora del Servicio de Gestión Económica.
### RESUMEN: Habrá campaña de Hacienda contra el fraude fiscal por importe total de 800.000 euros. |
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 21 de julio de 2017, ha aprobado, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Economía, Industria y Competitividad, un Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
En su virtud, en aplicación de lo previsto en el artículo 24.1.e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dispone la publicación de dicho Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos que figuran en el anexo de la presente Orden.
Madrid, 21 de julio de 2017.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
ANEXO
Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerda:
1.º Adoptar nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, en los términos que a continuación se recogen, y garantizar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
2.º Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el contenido del presente Acuerdo.
Exposición
La Constitución garantiza expresamente el principio de responsabilidad de los Poderes Públicos, en el artículo 9.3.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge en su artículo 8 el citado principio de responsabilidad, y lo desarrolla, afirmando que el Estado no asumirá, ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
El principio de responsabilidad no exonera al Estado de ejercer sus competencias. Así, el Estado ocupa una posición de último garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas, en particular, en la función que tienen de prestación de los servicios a los ciudadanos. El ejercicio del principio de responsabilidad, por lo tanto, debe englobarse en la función superior del Estado de actuar en defensa del interés general, y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.
En desarrollo de la función del Estado en garantía del interés general, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril introdujo en su disposición adicional primera los mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Según esta disposición, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, con la obligación de acordar un plan de ajuste, que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pública.
Los mecanismos adicionales de financiación, el primero de ellos fue el Fondo de Pago a Proveedores, quedaron regulados en sucesivos Reales Decretos-ley. Tras diferentes modificaciones, los mecanismos extraordinarios han quedado organizados en dos fondos, el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulados en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. El sistema inicial de pago directo por parte del Estado de vencimientos al acreedor y de facturas al proveedor de las Administraciones territoriales se ha mantenido e incluso perfeccionado a través de instrumentos adicionales de liquidez, dando preferencia a la atención al pago de las deudas con proveedores de servicios públicos fundamentales. Conviene destacar que los mecanismos extraordinarios han atendido necesidades de liquidez incluso derivadas de deudas entre administraciones territoriales, a través de la creación de un nuevo Fondo Social, que proporciona financiación para convenios de servicios públicos fundamentales firmados por entidades locales con Comunidades Autónomas, y que estaban pendientes de pago.
Estos mecanismos extraordinarios de liquidez surgieron en un momento de restricción en el acceso de las Administraciones territoriales a la financiación de mercado. Proporcionando financiación a los proveedores y prestamistas de las Administraciones se han consolidado como decisivos para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y en particular en el acceso a los servicios públicos. Pero a su vez, los mecanismos han contribuido de forma decisiva a la consolidación fiscal de las Administraciones Públicas. De nada hubiera servido la simple provisión de liquidez, si las Administraciones territoriales no hubiesen avanzado en la consolidación fiscal. Los mecanismos han supuesto un éxito de política económica, en el sentido de que han atendido el fallo de mercado, la falta de acceso a la financiación, a la vez que han puesto en marcha un sistema de disciplina presupuestaria, que se ha exigido como condición para el acceso a la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. La provisión de liquidez ha facilitado e incentivado la consolidación fiscal a través de los planes de ajuste. A su vez, sólo exigiendo responsabilidad presupuestaria a las Administraciones territoriales, evitando que la situación presupuestaria de una de ellas pueda repercutir de forma negativa en el resto, puede el Estado garantizar la defensa del interés general.
La magnitud de la inyección total de liquidez proporcionada por los mecanismos extraordinarios y la subvención de tipos de interés han permitido contribuir de forma decisiva a acelerar la refinanciación de los sectores público y privado, para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales en los peores años de la crisis económica, y ha activado la palanca del canal de crédito, para impulsar de forma decisiva la recuperación económica y la creación de empleo. Resultado de la disciplina presupuestaria y de las reformas aplicadas. La economía española avanza a un ritmo del 3 % anual, en contraste con el resto de economías avanzadas, cuya estimación de crecimiento está en el 1,9 % para la zona euro.
Ante el acaecimiento de diferentes acontecimientos que pusieron en riesgo la estabilidad económica y financiera de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la adecuada prestación de determinados servicios públicos fundamentales, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos, adoptó un acuerdo, el 20 de noviembre de 2015, con un conjunto de medidas que permitieran garantizar a los ciudadanos y empresas de la Comunidad Autónoma de Cataluña recibir adecuadamente la prestación de dichos servicios públicos, a los que tiene derecho, y defender el interés general, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales.
No obstante lo anterior, en las últimas semanas, se ha producido una sucesión de nuevos acontecimientos que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el control de la información económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Acuerdo del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2017, por el que se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, acordó la suspensión de la vigencia de la disposición adicional 40, apartados uno y dos, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de Cataluña de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017, y diversas partidas presupuestarias, en la medida en que se destinen a dar cobertura financiera a los gastos de convocatoria del referéndum a que se refiere la citada disposición adicional. Dicho Acuerdo ha sido objeto de notificación personal a los cargos que se citan en el apartado cuarto del mismo, entre los que incluye al Interventor General de la Generalitat de Cataluña.
Posteriormente, con fecha 5 de julio ha recaído sentencia del Tribunal Constitucional por el que se decide declarar la inconstitucional y nulidad de la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017, con el alcance que se determina en su fundamento jurídico 12. Así mismo, declara que las partidas presupuestarias GO 01 D/227.0004/132, DD 01 D/227.004/132 y DD 01/22700157/132 del programa 132 son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiación del proceso refrendario al que se refiere la disposición adicional 40 de la citada Ley.
A este respecto, en la última certificación remitida el pasado jueves 13 de julio de 2017 por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se certifica que a finales del mes de junio de 2017 se han reconocido obligaciones en el programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» por importe de 19,37 miles de euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25,52 miles de euros (6,15 miles de euros adicionales sobre los datos del mes precedente).
En este sentido, el apartado IV.6 del programa del Fondo de Liquidez Autonómico aplicable para el ejercicio 2017, relativo al control reforzado, prevé la remisión adicional de determinada información, entre la que se encuentra el «Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAFP determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.»
A la vista de las nuevas circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, el pasado 18 de julio de 207 se ha requerido a la Comunidad Autónoma de Cataluña la remisión de un informe específico de la Intervención General de la Comunidad pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por dicha Intervención general o sus órganos dependientes en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017, así como sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas así como los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017.
A estos signos de riesgo se añaden las recientes manifestaciones de alguno de los representantes de sus instituciones declarando su voluntad de continuar con el procedimiento referendario, lo que ha puesto en nuevo riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña y ha generado una nueva situación de incertidumbre económica en la misma que está perjudicando a ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera. Prueba de ello es la desconfianza que ello ha generado en los inversores en los últimos días, tal y como refleja su prima de riesgo y su imposibilidad de financiarse en los mercados.
En atención a la situación descrita, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con el objetivo de seguir garantizando el normal funcionamiento de los servicios públicos fundamentales, en defensa del interés general, considerando la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017, adopta nuevas medidas adicionales para la Comunidad Autónoma de Cataluña relativas al desarrollo y ejecución de los mecanismos adicionales de financiación, que se aplicarán además de las ya previstas en el Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015 sobre medidas para garantizar en la comunidad autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, que seguirá surtiendo plenos efectos, y que implica que a los certificados iniciales y mensuales mencionados en dicho Acuerdo se adiciona el nuevo certificado semanal previsto en este Acuerdo.
A estos efectos, cabe recordar que, como consecuencia de estar adherida al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, a través del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el artículo 22 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha asumido el compromiso de cumplir lo dispuesto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.
En su virtud, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de día 21 de julio de 2017, establece lo siguiente:
Información adicional a comunicar semanalmente
A. Certificado semanal. Semanalmente, y referido al mismo ámbito subjetivo que el certificado mensual recogido en el Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la comunidad autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, se exigirá la remisión de un certificado individual, a los siguientes responsables:
a) Los interventores de las respectivas consejerías y entidades (para entidades sometidas a función interventora), con el soporte a su vez de certificados de los máximos responsables de los órganos gestores que estén en su ámbito;
b) los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas que realicen función interventora integradas o no en los Presupuestos de la Generalitat,
c) el Director General de Presupuestos y
d) el Director General de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Cada uno de los citados responsables certificarán, en los modelos y con las particularidades que, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos, determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum referido en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017.
El interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña remitirá todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública por medios electrónicos, con firma electrónica y siguiendo los modelos, sistemas y canales facilitados por la Secretaría general de financiación autonómica y local. En este certificado se anexarán los certificados individuales anteriormente señalados indicando si se hubiese detectado alguna falsedad en los mismos. El certificado final se referirá a los datos acumulados relativos a la semana natural anterior.
Asimismo, el interventor general de la Comunidad Autónoma remitirá el 26 de julio de 2017 un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como los nombres de los máximos responsables de las mismas, y el listado de los responsables enumerados en las letras a) a la d) de este apartado.
El Interventor General de la Comunidad Autónoma informará al Ministerio de Hacienda y Función Pública de las consultas dirigidas a esa Intervención, o a cualquier órgano consultivo o de asesoramiento de la que se tenga conocimiento, con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.
En particular, en el certificado semanal del Interventor General se hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios así como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad.
La primera certificación semanal, será remitida el 28 de julio y se referirá al periodo comprendido entre el 17 de julio y el 23 de julio de 2017.
Adicionalmente, se remitirá una certificación que se referirá al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.
En el caso de que de la información obtenida o conocida se tuviera certeza o indicio de que se vaya a proceder o se hayan ejecutado actuaciones dirigidas a la financiación del procedimiento refrendario, deberá remitirse junto con el certificado semanal, el expediente completo de gasto correspondiente con independencia del programa presupuestario afectado.
B. Verificación de cumplimiento. En caso de incumplimiento de la remisión de información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado directa o indirectamente el procedimiento refrendario, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dará traslado de esta información a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a los efectos de que la misma adopte las medidas procedentes que impidan la ejecución, continuación o reiteración en esta actividad y cuantas otras se consideren precisas con la finalidad de restablecer la actuación financiera de la Comunidad Autónoma a la legalidad incluyendo la posible suspensión de la financiación correspondiente.
Lo anterior no impedirá que la información recabada se traslade a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales.
A estos efectos, se entenderá, al menos, por incumplimiento de las obligaciones previstas en este Acuerdo, el incumplimiento de los plazos establecidos, que no resulte correcto el contenido de la información, la falta de idoneidad de los datos requeridos o que no se cumpla con el modo de envío de la información previsto en el presente Acuerdo.
Vigencia de las medidas
Se mantendrá la aplicación de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo. Esta circunstancia deberá ser apreciada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, en su reunión de 21 de julio de 2017. | El marcaje semanal de Hacienda a Catalunya, en el BOE. | La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 21 de julio de 2017, ha aprobado, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Economía, Industria y Competitividad, un Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
En su virtud, en aplicación de lo previsto en el artículo 24.1.e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dispone la publicación de dicho Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos que figuran en el anexo de la presente Orden.
Madrid, 21 de julio de 2017.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
ANEXO
Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerda:
1.º Adoptar nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general, en los términos que a continuación se recogen, y garantizar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes.
2.º Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el contenido del presente Acuerdo.
Exposición
La Constitución garantiza expresamente el principio de responsabilidad de los Poderes Públicos, en el artículo 9.3.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge en su artículo 8 el citado principio de responsabilidad, y lo desarrolla, afirmando que el Estado no asumirá, ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
El principio de responsabilidad no exonera al Estado de ejercer sus competencias. Así, el Estado ocupa una posición de último garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas, en particular, en la función que tienen de prestación de los servicios a los ciudadanos. El ejercicio del principio de responsabilidad, por lo tanto, debe englobarse en la función superior del Estado de actuar en defensa del interés general, y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.
En desarrollo de la función del Estado en garantía del interés general, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril introdujo en su disposición adicional primera los mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Según esta disposición, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, con la obligación de acordar un plan de ajuste, que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pública.
Los mecanismos adicionales de financiación, el primero de ellos fue el Fondo de Pago a Proveedores, quedaron regulados en sucesivos Reales Decretos-ley. Tras diferentes modificaciones, los mecanismos extraordinarios han quedado organizados en dos fondos, el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulados en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. El sistema inicial de pago directo por parte del Estado de vencimientos al acreedor y de facturas al proveedor de las Administraciones territoriales se ha mantenido e incluso perfeccionado a través de instrumentos adicionales de liquidez, dando preferencia a la atención al pago de las deudas con proveedores de servicios públicos fundamentales. Conviene destacar que los mecanismos extraordinarios han atendido necesidades de liquidez incluso derivadas de deudas entre administraciones territoriales, a través de la creación de un nuevo Fondo Social, que proporciona financiación para convenios de servicios públicos fundamentales firmados por entidades locales con Comunidades Autónomas, y que estaban pendientes de pago.
Estos mecanismos extraordinarios de liquidez surgieron en un momento de restricción en el acceso de las Administraciones territoriales a la financiación de mercado. Proporcionando financiación a los proveedores y prestamistas de las Administraciones se han consolidado como decisivos para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y en particular en el acceso a los servicios públicos. Pero a su vez, los mecanismos han contribuido de forma decisiva a la consolidación fiscal de las Administraciones Públicas. De nada hubiera servido la simple provisión de liquidez, si las Administraciones territoriales no hubiesen avanzado en la consolidación fiscal. Los mecanismos han supuesto un éxito de política económica, en el sentido de que han atendido el fallo de mercado, la falta de acceso a la financiación, a la vez que han puesto en marcha un sistema de disciplina presupuestaria, que se ha exigido como condición para el acceso a la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. La provisión de liquidez ha facilitado e incentivado la consolidación fiscal a través de los planes de ajuste. A su vez, sólo exigiendo responsabilidad presupuestaria a las Administraciones territoriales, evitando que la situación presupuestaria de una de ellas pueda repercutir de forma negativa en el resto, puede el Estado garantizar la defensa del interés general.
La magnitud de la inyección total de liquidez proporcionada por los mecanismos extraordinarios y la subvención de tipos de interés han permitido contribuir de forma decisiva a acelerar la refinanciación de los sectores público y privado, para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales en los peores años
### RESUMEN: El marcaje semanal de Hacienda a Catalunya, en el BOE. |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de febrero de 2022, a propuesta de la Ministra de Justicia, ha aprobado el Acuerdo por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 26 de febrero de 2022.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.
ANEXO
Acuerdo por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 48 que la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos, así como que previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia.
En cumplimiento de dicho precepto legal y a fin de que el Congreso de los Diputados pueda disponer su comparecencia ante la correspondiente Comisión de la Cámara, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Justicia, en su reunión del día 22 de febrero de 2022,
ACUERDA
1. Comunicar al Congreso de los Diputados, a los efectos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la propuesta como candidatos a ocupar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos de las siguientes personas, enumeradas por el orden alfabético de sus apellidos:
Doña María Belén Cardona Rubert.
Don Leonardo Cervera Navas.
Don Ricard Josep Martínez Martínez.
2. Comunicar al Congreso de los Diputados, a los efectos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la propuesta como candidatos a ocupar la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos de las siguientes personas, enumeradas por el orden alfabético de sus apellidos:
Don Francisco de Borja Adsuara Varela.
Don José Ignacio González González.
Doña Pilar Aránzazu Herráez López. | Propuesta del Gobierno para presidencia y adjuntía de la AEPD. 3 nombres para cada. Se supone que es parte de un proceso de concurso público, pero en octubre PP y PSOE ya habían anunciado acuerdo, así que es poco más que un paripé | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de febrero de 2022, a propuesta de la Ministra de Justicia, ha aprobado el Acuerdo por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 26 de febrero de 2022.–La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca.
ANEXO
Acuerdo por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de candidatos a ocupar la Presidencia y la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 48 que la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos, así como que previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia.
En cumplimiento de dicho precepto legal y a fin de que el Congreso de los Diputados pueda disponer su comparecencia ante la correspondiente Comisión de la Cámara, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Justicia, en su reunión del día 22 de febrero de 2022,
ACUERDA
1. Comunicar al Congreso de los Diputados, a los efectos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la propuesta como candidatos a ocupar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos de las siguientes personas, enumeradas por el orden alfabético de sus apellidos:
Doña María Belén Cardona Rubert.
Don Leonardo Cervera Navas.
Don Ricard Josep Martínez Martínez.
2. Comunicar al Congreso de los Diputados, a los efectos previstos en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la propuesta como candidatos a ocupar la Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos de las siguientes personas, enumeradas por el orden alfabético de sus apellidos:
Don Francisco de Borja Adsuara Varela.
Don José Ignacio González González.
Doña Pilar Aránzazu Herráez López.
### RESUMEN: Propuesta del Gobierno para presidencia y adjuntía de la AEPD. 3 nombres para cada. Se supone que es parte de un proceso de concurso público, pero en octubre PP y PSOE ya habían anunciado acuerdo, así que es poco más que un paripé |
BDNS(Identif.): 361065.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias las asociaciones profesionales de guardias civiles debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles, que acrediten un grado de implantación efectiva de asociación que alcance el 1 de marzo de 2017 las siguientes cifras: 815 guardias civiles de cualquier Escala, ó 66 oficiales de las Escalas Superior y Facultativa Superior, ó 117 oficiales de las Escalas de Oficiales y Facultativa Técnica, ó 400 suboficiales de la Escala de Suboficiales ó 2.097 efectivos de la Escala de Cabos y Guardias.
Segundo. Objeto y finalidad:
El objeto de las subvenciones es facilitar la organización y el funcionamiento general de las asociaciones profesionales de guardias civiles, fomentar el mayor dinamismo de cada asociación en el desarrollo de su actividad principal, promover la realización de actividades de formación y el estudio profesional sobre cuestiones de interés para la Guardia Civil y la publicación de contenidos de interés profesional.
Las subvenciones se destinarán, por una parte, a cubrir los gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones profesionales derivados de su implantación efectiva entre los miembros de la Guardia Civil, y por otra, a financiar actividades de interés para el ejercicio de las funciones de la Institución y la vida asociativa.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre), por la que se regula la concesión de subvenciones a la asociaciones profesionales de guardias civiles..
Cuarto. Importe total a conceder:
Cuantía máxima de 120.000 euros, a distribuir entre las asociaciones solicitantes, correspondiendo 72.000 euros a la modalidad de coadyuvar a los gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones, 24.000 euros a la modalidad que tiene por objeto la realización de actividades de interes para el ejercidio de las funciones de la Guardia Civil y la vida asociativa, y 24.000 euros a la modalidad derivada del grado de representatividad en el Consejo de la Guardia Civil.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Sexto. Otros datos:
La solicitud de subvención deberá formalizarse empleando el modelo de solicitud que figura como Anexo A de la Orden de convocatoria, debiendo ir acompañada de la documentación que en la misma se indica.
Madrid, 31 de agosto de 2017.- El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez. | Interior da ayudas a asociaciones de guardias civiles por importe total de 120.000 euros. | BDNS(Identif.): 361065.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias las asociaciones profesionales de guardias civiles debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles, que acrediten un grado de implantación efectiva de asociación que alcance el 1 de marzo de 2017 las siguientes cifras: 815 guardias civiles de cualquier Escala, ó 66 oficiales de las Escalas Superior y Facultativa Superior, ó 117 oficiales de las Escalas de Oficiales y Facultativa Técnica, ó 400 suboficiales de la Escala de Suboficiales ó 2.097 efectivos de la Escala de Cabos y Guardias.
Segundo. Objeto y finalidad:
El objeto de las subvenciones es facilitar la organización y el funcionamiento general de las asociaciones profesionales de guardias civiles, fomentar el mayor dinamismo de cada asociación en el desarrollo de su actividad principal, promover la realización de actividades de formación y el estudio profesional sobre cuestiones de interés para la Guardia Civil y la publicación de contenidos de interés profesional.
Las subvenciones se destinarán, por una parte, a cubrir los gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones profesionales derivados de su implantación efectiva entre los miembros de la Guardia Civil, y por otra, a financiar actividades de interés para el ejercicio de las funciones de la Institución y la vida asociativa.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre), por la que se regula la concesión de subvenciones a la asociaciones profesionales de guardias civiles..
Cuarto. Importe total a conceder:
Cuantía máxima de 120.000 euros, a distribuir entre las asociaciones solicitantes, correspondiendo 72.000 euros a la modalidad de coadyuvar a los gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones, 24.000 euros a la modalidad que tiene por objeto la realización de actividades de interes para el ejercidio de las funciones de la Guardia Civil y la vida asociativa, y 24.000 euros a la modalidad derivada del grado de representatividad en el Consejo de la Guardia Civil.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Sexto. Otros datos:
La solicitud de subvención deberá formalizarse empleando el modelo de solicitud que figura como Anexo A de la Orden de convocatoria, debiendo ir acompañada de la documentación que en la misma se indica.
Madrid, 31 de agosto de 2017.- El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Álvarez.
### RESUMEN: Interior da ayudas a asociaciones de guardias civiles por importe total de 120.000 euros. |
A propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2012,
Vengo en nombrar Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don César Nombela Cano.
Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA | Nombramiento de César Nombela como nuevo Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo | A propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aprobado por el Real Decreto 331/2002, de 5 de abril, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2012,
Vengo en nombrar Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don César Nombela Cano.
Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
### RESUMEN: Nombramiento de César Nombela como nuevo Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo |
En el año 1999 se cumplió el Primer Centenario del nacimiento del Ingeniero Eduardo Torroja Miret, que a lo largo de su trayectoria profesional simultaneó las labores propias de un proyectista prestigioso, con la docencia en la Cátedra de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Dirección del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, antecedente del actual CEDEX, y la creación del Instituto de la Construcción, que más tarde se unió al Instituto del Cemento, para crear, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de la Construcción y del Cemento, que, a su muerte y como homenaje a su figura, fue rebautizado como Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
De su fructífera colaboración con tan notables arquitectos como Arniches, Domínguez, Sánchez-Arcas, Zuazo o López Otero surgieron obras, que hoy ya pertenecen a la Historia de la Arquitectura y de la Edificación.
El Ministerio de Fomento, tras la celebración de aquel primer Centenario, convocó en mayo de 2002 el Premio Bienal Eduardo Torroja para fomentar y destacar la obra conjunta de arquitectos e ingenieros bajo el lema «Tecnicae Plures, Opera Unica» que inspiró su obra y hoy inspira la de la Fundación Eduardo Torroja, entidad colaboradora del Ministerio de Fomento en esta iniciativa.
Habiendo transcurrido varios años desde su primera edición, se ha decidido retomar su concesión, por su especificidad dentro del panorama de galardones existentes, y para fomentar la colaboración interdisciplinar de arquitectos e ingenieros.
El premio se refiere al bienio anterior a su concesión, si bien, en esta convocatoria, de manera excepcional, se abarcará el ámbito temporal transcurrido desde la anterior edición.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.
Se aprueban las bases de la convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que figuran en el anexo de esta Orden.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de noviembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
ANEXO
Bases reguladoras
Primera. Objeto.
Se convoca el Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que tiene por objeto reconocer la integración de los valores arquitectónicos, constructivos y estructurales de una obra, tratados como una unidad y resultado de una concepción única de la misma, realizada por un equipo interdisciplinar de Ingenieros y Arquitectos españoles, de manera equilibrada y armónica entre ambas profesiones, tanto en el proyecto como en la dirección de la obra.
Se otorgará a una obra construida que haya finalizado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012.
El Premio Eduardo Torroja es un premio de honor que no comporta dotación en metálico.
Segunda. Presentación de propuestas.
Las obras propuestas vendrán presentadas por escrito, por alguna de las siguientes Instituciones o grupos de personas:
La Real Academia de Ingeniería.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Las Administraciones Públicas de carácter nacional, autonómico o local.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros y de Arquitectura.
Un mínimo de quince ingenieros y arquitectos.
Tercera. Aceptación de las bases.
Los participantes, por el mero hecho de su presentación a este concurso, se obligan a aceptar todas las condiciones establecidas en las bases del mismo.
Cuarta. Documentación.
Memoria en la que se hará constar los méritos y circunstancias especiales que concurren en la candidatura propuesta y todo el material documental que se estime oportuno, incluyendo al menos:
Datos técnicos (autores, titulaciones, promotor, constructor-contratista, consultores, presupuesto total, etc.).
Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.
Breve reportaje fotográfico.
Certificado del Colegio Oficial que corresponda para cada uno de los miembros del equipo, estableciendo la colegiación del mismo.
Autorización expresa y firmada por parte del promotor o institución promotora de la obra, así como de sus autores.
La carencia de alguno de estos documentos o datos significará la desestimación de la propuesta por el Jurado.
Quinta. Forma y plazo de presentación.
Las solicitudes para concurrir al Premio Eduardo Torroja deberán presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria y se dirigirán, junto con la documentación que corresponda, al Subdirector General de Arquitectura y Edificación, debiendo tener entrada, en tiempo hábil, en el Registro General del Ministerio de Fomento, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
También podrán presentarse las candidaturas por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Sexta. Jurado.
Estará compuesto como sigue:
El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que actuará como Presidente del Jurado, o persona en quien delegue.
Vicepresidente: Don José Antonio Torroja Cavanillas, en representación de la Fundación Eduardo Torroja.
Un miembro de la Real Academia de Ingeniería.
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El ingeniero premiado en la edición anterior.
El arquitecto premiado en la edición anterior.
Tres ingenieros de reconocido prestigio designados por:
El Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX.
El Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Tres arquitectos de reconocido prestigio designados por:
La Directora General de Arquitectura, Vivienda, y Suelo.
El Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Con objeto de poder formar un jurado paritario, cada una de las entidades deberá proponer necesariamente a dos miembros o representantes, hombre y mujer, entre los que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo designará al que corresponda para mantener dicha paridad.
Actuará como Secretario del Jurado, con voz y voto, el Subdirector General de Arquitectura y Edificación, del Ministerio de Fomento, o persona en quien delegue.
El Jurado, teniendo en cuenta los criterios señalados en la base Primera, valorará las propuestas, la Memoria y la documentación presentadas y, mediante informe motivado propondrá una obra para el premio. El premio no podrá declararse desierto.
El jurado emitirá su informe sobre las solicitudes presentadas en el plazo máximo de dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En lo no previsto en la presente Orden, será de aplicación lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las correspondientes dietas y gastos de viaje, de acuerdo con la legislación vigente.
Séptima. Premio.
El Premio quedará acreditado por la entrega de un objeto conmemorativo y un Diploma, que se entregarán a cada uno de los Ingenieros y Arquitectos autores de la obra que conformen el equipo.
Igualmente se entregará una placa alusiva para su colocación en la obra premiada, tras obtener las oportunas autorizaciones.
Octava. Incompatibilidades.
No podrán optar al Premio las obras de las que sean autores los miembros del Jurado, así como los familiares, asociados o colaboradores con carácter permanente de todos ellos.
Novena. Concesión.
El fallo del Jurado se elevará a la Ministra de Fomento, quien concederá el Premio mediante Resolución.
Esta resolución será notificada a las personas premiadas dentro de los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo será publicada en la página web del Ministerio de Fomento.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y con carácter previo y potestativo, ante el mismo órgano que dicte la resolución, recurso de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo máximo para dictar la correspondiente resolución será de cinco meses desde el día siguiente a la entrada en vigor de la presente Orden.
Décima. Recogida de documentación.
Toda la documentación presentada por los proponentes sobre los candidatos que no hayan sido premiados podrá ser retirada en el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución.
Undécima. Entrega del Premio.
La entrega del Premio Eduardo Torroja se efectuará en un acto público convocado al efecto, al que se dotará de la trascendencia y solemnidad adecuadas. | Convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura | En el año 1999 se cumplió el Primer Centenario del nacimiento del Ingeniero Eduardo Torroja Miret, que a lo largo de su trayectoria profesional simultaneó las labores propias de un proyectista prestigioso, con la docencia en la Cátedra de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Dirección del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, antecedente del actual CEDEX, y la creación del Instituto de la Construcción, que más tarde se unió al Instituto del Cemento, para crear, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de la Construcción y del Cemento, que, a su muerte y como homenaje a su figura, fue rebautizado como Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
De su fructífera colaboración con tan notables arquitectos como Arniches, Domínguez, Sánchez-Arcas, Zuazo o López Otero surgieron obras, que hoy ya pertenecen a la Historia de la Arquitectura y de la Edificación.
El Ministerio de Fomento, tras la celebración de aquel primer Centenario, convocó en mayo de 2002 el Premio Bienal Eduardo Torroja para fomentar y destacar la obra conjunta de arquitectos e ingenieros bajo el lema «Tecnicae Plures, Opera Unica» que inspiró su obra y hoy inspira la de la Fundación Eduardo Torroja, entidad colaboradora del Ministerio de Fomento en esta iniciativa.
Habiendo transcurrido varios años desde su primera edición, se ha decidido retomar su concesión, por su especificidad dentro del panorama de galardones existentes, y para fomentar la colaboración interdisciplinar de arquitectos e ingenieros.
El premio se refiere al bienio anterior a su concesión, si bien, en esta convocatoria, de manera excepcional, se abarcará el ámbito temporal transcurrido desde la anterior edición.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.
Se aprueban las bases de la convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que figuran en el anexo de esta Orden.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de noviembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.
ANEXO
Bases reguladoras
Primera. Objeto.
Se convoca el Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, que tiene por objeto reconocer la integración de los valores arquitectónicos, constructivos y estructurales de una obra, tratados como una unidad y resultado de una concepción única de la misma, realizada por un equipo interdisciplinar de Ingenieros y Arquitectos españoles, de manera equilibrada y armónica entre ambas profesiones, tanto en el proyecto como en la dirección de la obra.
Se otorgará a una obra construida que haya finalizado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012.
El Premio Eduardo Torroja es un premio de honor que no comporta dotación en metálico.
Segunda. Presentación de propuestas.
Las obras propuestas vendrán presentadas por escrito, por alguna de las siguientes Instituciones o grupos de personas:
La Real Academia de Ingeniería.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Las Administraciones Públicas de carácter nacional, autonómico o local.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros y de Arquitectura.
Un mínimo de quince ingenieros y arquitectos.
Tercera. Aceptación de las bases.
Los participantes, por el mero hecho de su presentación a este concurso, se obligan a aceptar todas las condiciones establecidas en las bases del mismo.
Cuarta. Documentación.
Memoria en la que se hará constar los méritos y circunstancias especiales que concurren en la candidatura propuesta y todo el material documental que se estime oportuno, incluyendo al menos:
Datos técnicos (autores, titulaciones, promotor, constructor-contratista, consultores, presupuesto total, etc.).
Plantas, alzados, secciones y detalles constructivos.
Breve reportaje fotográfico.
Certificado del Colegio Oficial que corresponda para cada uno de los miembros del equipo, estableciendo la colegiación del mismo.
Autorización expresa y firmada por parte del promotor o institución promotora de la obra, así como de sus autores.
La carencia de alguno de estos documentos o datos significará la desestimación de la propuesta por el Jurado.
Quinta. Forma y plazo de presentación.
Las solicitudes para concurrir al Premio Eduardo Torroja deberán presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta convocatoria y se dirigirán, junto con la documentación que corresponda, al Subdirector General de Arquitectura y Edificación, debiendo tener entrada, en tiempo hábil, en el Registro General del Ministerio de Fomento, o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
También podrán presentarse las candidaturas por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Sexta. Jurado.
Estará compuesto como sigue:
El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que actuará como Presidente del Jurado, o persona en quien delegue.
Vicepresidente: Don José Antonio Torroja Cavanillas, en representación de la Fundación Eduardo Torroja.
Un miembro de la Real Academia de Ingeniería.
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El ingeniero premiado en la edición anterior.
El arquitecto premiado en la edición anterior.
Tres ingenieros de reconocido prestigio designados por:
El Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX.
### RESUMEN: Convocatoria del Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura |
Visto el expediente de indulto de don Juan Andrés Vidal Gallardo, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, condenado por la Audiencia Provincial de Almería, sección segunda, en sentencia de 2 de febrero de 2012, como autor de un delito de lesiones dolosas constitutivo de deformidad, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicha condena, por hechos cometidos en el año 2010, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de junio de 2013,
Vengo en conmutar a don Juan Andrés Vidal Gallardo la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo de dos años y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 14 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | Concedido indulto a Juan Andrés Vidal Gallardo | Visto el expediente de indulto de don Juan Andrés Vidal Gallardo, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, condenado por la Audiencia Provincial de Almería, sección segunda, en sentencia de 2 de febrero de 2012, como autor de un delito de lesiones dolosas constitutivo de deformidad, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicha condena, por hechos cometidos en el año 2010, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de junio de 2013,
Vengo en conmutar a don Juan Andrés Vidal Gallardo la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo de dos años y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 14 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: Concedido indulto a Juan Andrés Vidal Gallardo |
Siendo firme en vía administrativa la sanción impuesta a Housers Global Properties, PFP, SL, por la comisión de una infracción muy grave de la letra d) del artículo 92, apartado uno, de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, en concurso con una infracción muy grave de la letra h) del artículo 92, apartado uno, de la misma ley, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 313 quater de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, la sanción impuesta mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 26 de enero de 2021 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo:
Imponer a Housers Global Properties, PFP, SL, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la letra d) del artículo 92, apartado uno, de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, por la realización de actividades para las que no está autorizada, en concurso con una infracción muy grave tipificada en la letra h) del artículo 92, apartado uno, de la misma Ley, por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60, 62 y 63 del mismo texto legal, en relación con la vulneración del principio de neutralidad y de las reglas para minimizar los conflictos de interés, multa por importe de 130.000 euros (ciento treinta mil euros).
La resolución que impone la sanción citada únicamente es firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Madrid, 3 de noviembre de 2021.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura Canino. | Multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Housers por no evitar conflictos de interés por importe de 130.000 euros. | Siendo firme en vía administrativa la sanción impuesta a Housers Global Properties, PFP, SL, por la comisión de una infracción muy grave de la letra d) del artículo 92, apartado uno, de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, en concurso con una infracción muy grave de la letra h) del artículo 92, apartado uno, de la misma ley, se procede a publicar, conforme a lo establecido en el artículo 313 quater de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, la sanción impuesta mediante Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 26 de enero de 2021 que, tras la exposición de hechos y fundamentos jurídicos, concluye con el siguiente Acuerdo:
Imponer a Housers Global Properties, PFP, SL, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en la letra d) del artículo 92, apartado uno, de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de financiación empresarial, por la realización de actividades para las que no está autorizada, en concurso con una infracción muy grave tipificada en la letra h) del artículo 92, apartado uno, de la misma Ley, por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60, 62 y 63 del mismo texto legal, en relación con la vulneración del principio de neutralidad y de las reglas para minimizar los conflictos de interés, multa por importe de 130.000 euros (ciento treinta mil euros).
La resolución que impone la sanción citada únicamente es firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Madrid, 3 de noviembre de 2021.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura Canino.
### RESUMEN: Multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Housers por no evitar conflictos de interés por importe de 130.000 euros. |
De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales por la Universidad Rey Juan Carlos,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales como Anexo a la presente Resolución.
Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas.
Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
Carácter de materia
Créditos
Obligatorias
45
Optativas
–
Prácticas externas
3
Trabajo Fin de Máster
12
Créditos totales
60
Estructura de la enseñanza por módulos y materias.
Materia
Semestre
Carácter
N.º de ECTS
Métodos digitales avanzados para la investigación social (1).
Primero.
Obligatorio.
6
Esfera pública digital.
Primero.
Obligatorio.
6
Teoría social de las nuevas tecnologías e internet.
Primero.
Obligatorio.
6
Comunidades en red: creación cooperativa en internet.
Primero.
Obligatorio.
6
Métodos digitales avanzados para la investigación social (2).
Segundo.
Obligatorio.
3
Tecnociudadanos y procomún.
Segundo.
Obligatorio.
6
Periodismo y medios digitales.
Segundo.
Obligatorio.
6
Net-Artivismo (o de los procesos artístico y políticos en la red).
Segundo.
Obligatorio.
6
Prácticas externas.
Segundo.
Obligatorio.
3
Trabajo fin de máster.
Primero y Segundo.
TFM.
12 | Publicación del plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos. | De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales por la Universidad Rey Juan Carlos,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales como Anexo a la presente Resolución.
Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas.
Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
Carácter de materia
Créditos
Obligatorias
45
Optativas
–
Prácticas externas
3
Trabajo Fin de Máster
12
Créditos totales
60
Estructura de la enseñanza por módulos y materias.
Materia
Semestre
Carácter
N.º de ECTS
Métodos digitales avanzados para la investigación social (1).
Primero.
Obligatorio.
6
Esfera pública digital.
Primero.
Obligatorio.
6
Teoría social de las nuevas tecnologías e internet.
Primero.
Obligatorio.
6
Comunidades en red: creación cooperativa en internet.
Primero.
Obligatorio.
6
Métodos digitales avanzados para la investigación social (2).
Segundo.
Obligatorio.
3
Tecnociudadanos y procomún.
Segundo.
Obligatorio.
6
Periodismo y medios digitales.
Segundo.
Obligatorio.
6
Net-Artivismo (o de los procesos artístico y políticos en la red).
Segundo.
Obligatorio.
6
Prácticas externas.
Segundo.
Obligatorio.
3
Trabajo fin de máster.
Primero y Segundo.
TFM.
12
### RESUMEN: Publicación del plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos. |
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo electoral 2823-2013, promovido por Foro Asturias Ciudadanos, don José Luis Valdés Pérez, don Juan Carragal Martínez, don Antonio Landeta Álvarez-Valdez y don Francisco Javier Pérez Menéndez, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado y asistidos por el Abogado don Jorge Álvarez González, contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013, dictada en recurso contencioso-electoral número 236-2013, desestimatoria del recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013. Han intervenido como parte codemandada el Partido Socialista Obrero Español y don Ignacio Fernández Diez, representados por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y asistidos del Letrado don Javier Nuñez Seoane y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de mayo de 2013, el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de Foro Asturias Ciudadanos, de don José Luis Valdés Pérez, de don Juan Carragal Martínez, de don Antonio Landeta Álvarez-Valdez y de don Francisco Javier Pérez Menéndez, y bajo la dirección del Abogado don Jorge Álvarez González, interpuso recurso de amparo electoral contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) El día 11 de enero de 2013, don Gabriel López Fernández, alcalde de Cudillero, presentó su renuncia al cargo de alcalde así como a su acta de concejal ante el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de la misma fecha.
b) Al mismo tiempo, los siguientes candidatos y suplentes de la misma lista por la que se había presentado el alcalde, formularon su renuncia anticipada a cubrir la vacante de concejal, por lo que la ejecutiva local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propuso la designación de don Ignacio Fernández Díez.
Según consta del examen de las actuaciones, las renuncias fueron efectuadas del modo siguiente:
En el caso del anterior alcalde don Gabriel López Fernández, con fecha 28 de diciembre de 2012 consta la renuncia «por motivos de índole personal y familiar»; en el supuesto de don Pablo Fernández Fernández la renuncia como número tres de los suplentes se produce el 9 de enero de 2013 «dado que está incurso en una causa de incompatibilidad al ser empleado municipal en el Departamento de Obras y Servicios»; en el caso de doña Isabel María Suarez Álvarez, en fecha 9 de enero de 2013, la renuncia en el puesto número dos de los suplentes «por motivos personales»; en el supuesto de don Ignacio Garay Fernández en escrito de 8 de enero de 2013, al ocupar el puesto número uno de los suplentes por «motivos personales»; doña María Yolanda Nova Sanmartín en el puesto número trece, con fecha 8 de enero de 2013, por «incompatibilidad» al estar «contratada en el servicio de limpieza del Ayuntamiento». También consta con fecha 10 de enero de 2013 la declaración jurada de don Ignacio Fernández Díez de «no haber sido candidato o suplente en la lista electoral presentada por el PSOE en el municipio de Cudillero y haber renunciado al cargo» y constan en un modelo sin justificación de fecha 10 de enero de 2013 las renuncias de doña Verónica Vior Martínez, doña Victoria López San Román, doña Olga Fernández Aguiar, doña Nuria Álvarez García, don Luis Fernández Garay y doña Vanesa Menéndez Riesgo.
c) El 15 de enero de 2013 la Junta Electoral Central dictó resolución anunciando la propuesta de designación como concejal del señor Fernández Díez, frente a la cual se formularon alegaciones por los representantes de Foro Asturias Ciudadanos, que fueron desestimadas por acuerdo de la Junta Electoral Central de fecha 6 de febrero de 2013.
d) Frente a dicho acuerdo de la Junta Electoral Central se interpuso recurso contencioso-electoral por los ahora demandantes de amparo que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 18 de marzo de 2013.
e) En fecha 27 de marzo de 2013 se celebró Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cudillero para elección del alcalde. Tras haber renunciado anticipadamente a la candidatura a la Alcaldía todos los demás miembros de la lista del PSOE anteriores al señor Fernández Díez, fue elegido éste y proclamado alcalde por ocho votos, habiendo obtenido tres votos el representante del Partido Popular y dos votos el representante de Foro Asturias Ciudadanos.
f) Frente a esta resolución los demandantes de amparo interpusieron recurso contencioso-electoral ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que fue desestimado por Sentencia de fecha 6 de mayo de 2013.
3. En la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE). A tal efecto, se alega la vulneración en su vertiente de derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, en tanto que no se realiza una correcta interpretación de los requisitos establecidos en los artículos 196 y 198 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) para poder ser candidato a la alcaldía, con infracción de los principios más elementales del sistema democrático que han sido recogidos reiteradamente por la doctrina constitucional en materia de participación política como derecho fundamental emanado del artículo 23.1 CE. La vulneración alcanza a los dos concejales recurrentes del Ayuntamiento de Cudillero y al partido Foro Asturias Ciudadanos.
En el escrito de demanda, también se aduce que tanto el artículo 196 como el artículo 198 LOREG hacen una expresa referencia a la lista electoral, concepto distinto al de grupo municipal, de manera que va contra la lógica de nuestro sistema democrático que un concejal que no ha concurrido a las elecciones en el seno de una lista de candidatos pueda ser proclamado alcalde, lo cual constituye una interpretación contraria al artículo 23.2 CE.
Para los recurrentes, el acuerdo del Pleno y la Sentencia impugnada lesionan el citado derecho fundamental, puesto que el señor Fernández Díez no formó parte de la lista de candidatos del partido político al que pertenece, ni por tanto puede ser considerado como cabeza de una lista a la cual no pertenecía, habiendo accedido al cargo de concejal por designación de su partido, conforme a lo previsto en el artículo 182.2 LOREG.
En apoyo de su argumentación, los demandantes citan las SSTC 10/1983, de 21 de febrero; 167/1991, de 19 de julio; 31/1992, de 26 de enero, y 185/1993, de 31 de mayo, de acuerdo a las cuales el señor Fernández Díez tendría las funciones y atribuciones que legalmente le corresponderían, excepto la de encabezar una lista electoral a la que no pertenece, sin perjuicio de su derecho a incorporarse al grupo político.
Finalmente, por los recurrentes se aduce que la STC 103/2013, de 25 de abril, y el Auto de fecha 8 de mayo de 2013, aclaratorio de la citada Sentencia, expresan que los gobiernos municipales sólo podrán estar conformados por personas que hayan concurrido a unas elecciones en una lista electoral, de manera que admitir que un concejal no electo pueda ser elegido y nombrado alcalde pugna con esta doctrina y vulnera el artículo 23.2 CE.
Concluye el escrito de demanda solicitando de este Tribunal que, tras los trámites oportunos, dicte Sentencia en la que se otorgue el amparo y se declare la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013.
4. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de mayo de 2013, acordó admitir la demanda de amparo y recabar de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el envío de las actuaciones correspondientes, incluidos el expediente electoral y de conformidad con el acuerdo del Pleno de este Tribunal de 20 de enero de 2000, el previo emplazamiento a las partes, excepto al demandante de amparo, para que en el plazo de tres días pudieran personarse ante este Tribunal, formulando las alegaciones que estimasen pertinentes.
También se dio traslado para formular alegaciones por el Ministerio Fiscal en plazo de cinco días.
5. Mediante escrito registrado en fecha 17 de mayo de 2013 se personó en el proceso el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación del Partido Socialista Obrero Español y de don Ignacio Fernández Díez, formulando las alegaciones que, a continuación, se extractan:
En primer lugar, se alega la inadmisibilidad del recurso por carencia de contenido propio de amparo en materia electoral y por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria. El artículo 109 LOREG sólo admite el procedimiento electoral para impugnaciones fundadas en la infracción de la normativa electoral aplicable siendo que, en este caso, no se alega ninguna vulneración del régimen electoral, más allá de una retórica invocación del artículo 196 LOREG. Asimismo, se aduce la manifiesta carencia de contenido o trascendencia constitucional del recurso.
En cuanto al fondo, el acuerdo municipal en modo alguno vulnera el artículo 23.2 CE. En este caso, se trata del derecho de acceso a un cargo representativo de segundo grado, alcalde de una corporación local, que es elegido por los propios concejales, concurriendo en el elegido todos los requisitos y condiciones legalmente previstos para ello, al haber renunciado los concejales de la lista, por lo que hubo de considerarse al Sr. Fernández Díez como cabeza de lista al que se refieren los artículos 196 y 198 LOREG, y siendo proclamado alcalde electo por el pleno de la corporación, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos.
El artículo 196 LOREG no impide que los concejales que han pasado a integrar las listas conforme al artículo 182.2 sean candidatos a alcalde, y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de marzo de 2013 ya decidió esta cuestión, por resolución firme, no pudiendo cuestionarse en este proceso de amparo la constitucionalidad del procedimiento seguido por el elegido para acceder al cargo de concejal.
La doctrina del Tribunal Constitucional expresa que corresponde a los grupos políticos municipales proponer candidatos a alcalde, según se recoge en la STC 185/1993, de 31 de mayo, precisamente como trasunto o traducción orgánica de las listas electorales.
Finalmente, en el escrito de oposición al recurso, se alega que no se ha vulnerado el artículo 23.2 CE puesto que el concejal recurrente se postuló como candidato a la alcaldía sin que obtuviera la mayoría necesaria para salir elegido y que no es de aplicación la doctrina de la STC 103/2013, de 25 de abril, al caso de autos.
La representación procesal del PSOE y del Sr. Fernández Díez concluye su escrito suplicando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso de amparo o, subsidiariamente, denegando el amparo solicitado.
6. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado en fecha 17 de mayo de 2013, con base en la argumentación que a continuación se resume, interesó la estimación de la demanda de amparo y, en consecuencia, la anulación de la Sentencia recurrida.
Alega el Fiscal que el recurso de amparo electoral se configura como proceso en que se garantizan los derechos subjetivos de los recurrentes, fundamentalmente el de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) y su finalidad última es determinar con un razonable margen de seguridad el verdadero resultado electoral, preservando la pureza del procedimiento, con respeto a la integridad del contenido de los derechos fundamentales del artículo 23, sufragio activo y pasivo (STC 168/1991, FJ 2).
Las claves de resolución del tema planteado, a juicio del Ministerio Fiscal, deben partir del hecho incontrovertido que el Sr. Fernández Díez no integró ni como titular ni como suplente las listas de la candidatura del PSOE al municipio de Cudillero ni, por consiguiente, participó en el proceso electoral de elecciones municipales de 2011 y que su acceso al cargo de concejal se produjo por el juego de una serie de renuncias por parte de integrantes titulares y suplentes de la citada candidatura por aplicación del artículo 182.2 LOREG, lo cual fue objeto de discusión en su momento, pero no afecta a la cuestión crucial de este recurso que es si un concejal que no ha integrado en ningún momento ni en ninguna condición la lista electoral está habilitado para ser proclamado alcalde.
Según el Ministerio Fiscal, el artículo 198 LOREG en relación con el artículo 196 y con el concepto de lista del artículo 44.1 LOREG no permiten mantener la proclamación como alcalde de personas que no se hayan presentado a las elecciones.
Finalmente alega que la voluntad del legislador y la letra y el espíritu de la norma van en la dirección de presuponer la participación en el proceso electoral del candidato proclamable alcalde y lo mismo se concluye de una interpretación sistemática de dichos preceptos, puesto que aparece claro que no existe una norma expresa que autorice a ser alcalde sin haber integrado previamente la lista electoral. Una interpretación constitucional del artículo 23.2 CE es proclive al entendimiento de la base de acceso a la alcaldía previa integración en listas de candidatos sometidas a un proceso electoral en concreto, citando las SSTC 31/1993, de 26 de enero, y la reciente STC 103/2013, de 25 de abril, así como el Auto aclaratorio de 8 de mayo de 2013, en apoyo de sus argumentos.
El Ministerio Fiscal concluye interesando el otorgamiento del amparo solicitado por vulneración del derecho fundamental al sufragio pasivo en su vertiente de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de acuerdo con lo establecido en las leyes, según el artículo 23.2 CE, declarando la nulidad de la Sentencia y acuerdo del Pleno impugnados, y reestableciendo en su derecho a los recurrentes mediante la celebración de un nuevo Pleno en el que se proclamen como candidatos a quienes lo puedan ser de conformidad con las previsiones legales de la LOREG.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de amparo electoral se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias número 518/2013, de 6 de mayo, que desestimó el recurso contencioso-electoral interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero (Asturias) de 27 de marzo de 2013, por el que se procedió a la elección y proclamación como alcalde de don Ignacio Fernández Díez.
En la demanda de amparo electoral se alega la vulneración del contenido constitucional del artículo 23 CE fundada, en síntesis, en que el alcalde elegido, Sr. Fernández Díez, no había concurrido en las elecciones municipales de 2011 en la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que entró a formar parte del Ayuntamiento por propuesta del grupo municipal en sustitución del anterior alcalde y concejal, por renuncia de éste y por la vía del artículo 182.2 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG). Según se aduce, ello constituye una vulneración del contenido constitucional del artículo 23.1 en cuanto al derecho a la participación política en las elecciones y del artículo 23.2 CE, relativo al derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en la medida que se designa alcalde a una persona que no cumple con los requisitos legalmente establecidos.
El Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo, al entender que se ha producido la vulneración alegada por los demandantes. La parte codemandada opone, con carácter previo, la inadmisibilidad por inadecuación del procedimiento contencioso-electoral y por carencia de contenido constitucional del recurso; en cuanto al fondo, se alega que no se ha producido la vulneración alegada.
2. Con carácter previo al examen del fondo de la cuestión planteada, procede examinar los óbices de inadmisibilidad alegados por la parte oponente sobre la inadecuación del procedimiento contencioso-electoral para la resolución de esta controversia y sobre la falta de trascendencia constitucional del recurso.
Al examinar el primero de los motivos alegados, debemos partir de lo dispuesto en el artículo 109 LOREG que incide en la delimitación del ámbito objetivo del recurso de amparo electoral por la prescripción recogida en el artículo 114.2 LOREG y que establece que pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los presidentes de las corporaciones locales.
De acuerdo con el tenor literal del precepto es indudable que la elección del alcalde-presidente de un Ayuntamiento entra en el ámbito del recurso contencioso-electoral, puesto que se trata de elección de un presidente de una corporación, en este caso mediante un procedimiento electoral de segundo grado, que se sujeta a las reglas imperativas establecidas en la Ley Orgánica del régimen electoral general, singularmente en los artículos 196 y 198 para el caso de la elección de alcalde por vacante derivada de la renuncia del anterior, al margen que no quepa pronunciamiento alguno de la Junta Electoral Central en relación a este concreto supuesto, precisamente por tratarse de un acuerdo municipal sobre proclamación de Alcalde, fuera del período electoral y como consecuencia de la obtención de la credencial de concejal otorgada al amparo del artículo 182.2 LOREG, debidamente expedida por la Junta Electoral Central.
En el ámbito de este recurso de amparo electoral, el Tribunal debe verificar si se ha respetado el contenido de los derechos fundamentales del artículo 23 CE, en este caso examinando si la persona que es proclamada como alcalde reúne los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el cargo público para el cual ha sido elegido y ello por medio de una interpretación de las normas electorales aplicables a la vista del contenido constitucional del artículo 23.1 y 2 CE, que tienen como cauce específico el proceso contencioso-electoral aquí utilizado, lo que nos lleva a desestimar el primero de los óbices alegados.
3. Respecto del segundo de los óbices alegados por la parte oponente en cuanto al contenido y especial trascendencia constitucional del recurso, debe subrayarse que los demandantes han cumplido la carga procesal establecida en el artículo 49.1, in fine, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al justificar la especial trascendencia constitucional del recurso en el hecho de que se trata de una cuestión constitucional novedosa, citando la reciente STC 103/2013, de 25 de abril, que resulta de aplicación a juicio de los recurrentes, si bien esta resolución no se pronunció sobre la cuestión esencial de este amparo, consistente en determinar si puede ser nombrado alcalde un concejal que no ha concurrido a las elecciones y en el hecho de que la cuestión trasciende del caso concreto, puesto que esta situación puede repetirse en cualquier ciudad, y que la controversia se refiere directamente a la presentación y proclamación de candidatos a alcalde.
Por tanto, cabe entender que los demandantes de amparo conectan materialmente en su demanda la alegada lesión del contenido constitucional del artículo 23 CE con diversos criterios que, conforme a lo ya expuesto en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, dotarían de trascendencia al recurso, como son que el mismo plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, lo cual pone de manifiesto asimismo el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, y que trasciende del caso en el ámbito del amparo electoral, teniendo ambos supuestos un claro encaje en los apartados a) y g) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, respectivamente.
Estas razones fundamentan la especial trascendencia constitucional del recurso impuesta por el artículo 49.1, in fine, LOTC, en los términos en que dicha exigencia ha venido concretándose por este Tribunal en reiterados pronunciamientos (SSTC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, y 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2, y, en el ámbito del amparo electoral, SSTC 168/2011, de 3 de noviembre, FJ 2, y 105/2012, de 11 de mayo, FJ 3).
4. Desestimadas las excepciones de inadmisibilidad opuestas y entrando en el análisis del fondo, en la demanda se plantea como cuestión nuclear la posible vulneración del contenido constitucional del artículo 23 CE por haberse elegido y proclamado alcalde al Sr. Fernández Díaz, quien no concurrió a las elecciones municipales de 2011 como integrante de la lista del PSOE en la localidad de Cudillero, accediendo al puesto de concejal tras la renuncia del anterior alcalde por la vía prevenida en el artículo 182.2 LOREG.
El derecho reconocido en el artículo 23.2 CE de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos es un derecho de configuración legal, del que son titulares los ciudadanos, primero como candidatos y posteriormente en el ejercicio del cargo (SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 36/1990, de 1 de marzo) y para que la infracción de la legalidad pueda reputarse como lesión de tal precepto de la CE, a los efectos de la sustanciación de un recurso de amparo electoral, debe ser aquélla de carácter sustantivo que regule cuestiones que afecten directamente al contenido constitucional del mismo. Sobre este punto, la Ley Orgánica del régimen electoral general establece la necesaria capacidad jurídica para ser elector y elegible y el derecho de sufragio activo y pasivo, que son expresión capital de los derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE) y del acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE). En todo caso, el examen de la interpretación y aplicación de esa legalidad, a la que no es ajena la jurisdicción de este Tribunal, cuando regula el acceso a cargos públicos de naturaleza representativa, es decir cuando configura el derecho de sufragio pasivo (que no debe confundirse con un presunto derecho a ser candidato), no se debe ceñir únicamente a la salvaguardia de que esa interpretación o aplicación no sea discriminatoria, sino que también ha de velar por su eficacia real, tal como subraya la STC 144/1999, de 22 de julio, en su fundamento jurídico 4.
5. La configuración legal de los requisitos de sufragio pasivo para ser elegido alcalde en aquellos municipios de población superior a 250 habitantes se encuentra recogida en el artículo 196 a) LOREG cuando establece que «pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas».
Este requisito legal permite identificar la exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a alcalde, lo cual conecta con el marco constitucional de la autonomía local, profundamente enraizada en el principio democrático, que se plasma, de forma expresa, en el artículo 140 CE con la regulación de la elección de concejales y alcalde, y en este sentido hemos afirmado que el carácter representativo de los órganos a los que corresponde la dirección política de los entes locales constituye un concepto inherente a la autonomía local (por todas, STC 132/2012, de 19 de junio, FJ 3).
Este plus de legitimidad democrática está ínsito en los requisitos y los términos que fija la Ley Orgánica del régimen electoral general para la elección de alcalde, vinculando la voluntad del cuerpo electoral expresada en las urnas con la candidatura a la alcaldía al exigir que debe postularse como candidato el concejal que encabece la lista electoral.
Esta misma exigencia se mantiene en los casos que se produzca la vacante en la alcaldía, estableciendo el artículo 198 LOREG que, en supuestos distintos a los de moción de censura o cuestión de confianza, la vacante en la alcaldía se debe resolver conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a su candidatura. En consecuencia, la elección sucesiva de alcalde en el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la voluntad de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada escalonadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con la única excepción del caso de renuncia.
6. La relevancia constitucional de la conexión entre voluntad de los electores y elegido por intermediación del sistema de prelación en la lista electoral para el caso de elecciones de alcaldes ha sido puesta de manifiesto reiteradamente en nuestra doctrina, y así, como ya se indicara en la STC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 3, de acuerdo con la Constitución (arts. 6, 23, 68, 69, 70 y 140) es inequívoco que la elección de los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas determinadas y no sobre los partidos o asociaciones que los proponen al electorado, lo cual crea una vinculación inmediata entre electores y elegidos, que no puede ser condicionada en sus elementos esenciales por la mediación de los partidos políticos por tratarse de un mandato libre, pues la concepción de que es del partido y no de los electores de quien se recibe el mandato representativo es inaceptable desde el punto de vista constitucional.
En el caso de la elección a alcalde, como se indicara en la STC 31/1993, de 26 de enero, FJ 3, la exigencia legal del requisito de que los concejales que sean proclamados candidatos a alcalde «encabecen sus correspondientes listas electorales» [art. 196 a) LOREG] es clara y supone una opción legislativa en favor de quienes concurren y ostenten la condición de cabeza de lista en perjuicio de los demás concejales que no pueden concurrir por esta vía a la elección, entre ellos, del alcalde, añadiendo que esta condición de cabeza de lista ha de conectarse a una determinada lista de candidatos en un determinado proceso electoral abierto, lista a la que se refiere el artículo 44.1 LOREG.
En los supuestos de vacantes producidas a lo largo del mandato municipal, este Tribunal ha afirmado que el protagonismo corresponde a los grupos municipales en los que orgánicamente se han traducido las listas, de tal modo que cada grupo municipal de los así formados debe tener la posibilidad de presentar un candidato a alcalde, si bien ello no puede desvirtuar la conexión entre electores y elegidos, que no puede ser interferida en sus elementos esenciales por la mediación o interposición de un grupo político (STC 185/1993, de 31 de mayo, FJ 5), máxime cuando en el caso allí contemplado se trataba de un supuesto de abandono, por propia voluntad, del grupo municipal y de quienes no formaron parte de la lista de un grupo político de un Ayuntamiento, que no podía ser considerado cabeza de lista a los efectos del artículo 196 LOREG.
Desde la estricta perspectiva constitucional, no puede entenderse que un concejal que no ha concurrido a la elección cumpla los requisitos establecidos en el artículo 198 LOREG, que exige expresamente la inclusión en la lista electoral de quien se propone como candidato a alcalde, lo cual excluye a personas que no hubieren concurrido a las elecciones en las correspondientes candidaturas presentadas en su momento. Dicha interpretación resulta del tenor de los preceptos orgánicos rectores de la elección a alcalde (v. gr., arts. 196 y 198 LOREG), así como de nuestra doctrina, anteriormente expuesta, sobre la conexión entre la elección por sufragio universal de los concejales y, por derivación, del alcalde, con el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, que en este caso ha sido desvirtuado por la interferencia del grupo municipal que materialmente ha posibilitado, mediante una sucesión de renuncias individuales, que el candidato a alcalde lo haya sido quien no había integrado la lista que concurrió al proceso electoral.
No cabe duda, como subraya el Fiscal, que en el concepto de lista (arts. 44, 182, 196 y 198 LOREG) se integren personas que no concurran a las elecciones en las correspondientes candidaturas aunque pertenezcan a un grupo municipal al que hayan accedido por la vía del artículo 182.2 LOREG, pero esta vía singular que, para el cargo de concejal, permite su acceso a un ciudadano que no se integró en la lista para participar en la elección, no es reconocida en el caso de la elección de alcalde, al ser insuficiente desde el punto de vista constitucional y al amparo del artículo 23.1 CE la mera integración en el grupo municipal, pues la condición de cabeza de lista lo ha de ser en el proceso electoral y en directa conexión con la voluntad popular, asegurando la plena representación democrática a quien ha de detentar el gobierno y la administración municipal.
7. En el caso objeto de este amparo electoral, el Sr. Fernández Díez accedió al cargo de concejal por la vía prevista en el artículo 182.2 LOREG que establece que, si no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad designado por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. Esta designación como concejal fue estimada conforme a Derecho por Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 18 de marzo de 2013. Por tanto, es incontrovertido que el Sr. Fernández Díez no integraba la lista de candidatos a la que se refiere el artículo 44.1 LOREG y que no concurrió a las elecciones municipales celebradas en el año 2011, pues el acceso a la condición de candidato a alcalde sólo se produce tras sucesivas renuncias, en un primer momento, de los diferentes integrantes de la lista electoral del PSOE y sus suplentes, y, posteriormente, de los siete concejales del grupo municipal que habían concurrido a la lista electoral en el año 2011. En todo caso, no puede aceptarse la declaración de renuncia con efectos automáticos como establece la sentencia recurrida, pues ésta, en los términos de la STC 214/1998, de 11 de noviembre, sólo reconoce su efectividad en el momento en que el Pleno de la corporación toma conocimiento.
La interpretación del alcance y contenido del derecho fundamental a acceder a los cargos públicos ha de hacerse considerando la Constitución como un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás; es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática. El plus de representatividad que se infiere del artículo 140 CE para el gobierno municipal se traduce en una conexión recíproca, electores y elegible cabeza de lista, en relación a los requisitos para ser candidato a alcalde, conforme al artículo 196 LOREG.
En el caso de la vacante en la alcaldía, el artículo 198 LOREG matiza los requisitos personales del candidato, desde el momento en que admite la renuncia de quienes le precedían en la lista, mas tal posibilidad encuentra un límite expreso en la previa integración en la lista, de manera que no pueden presentar su candidatura quienes no integraron la lista electoral y han accedido al cargo público de concejal por la vía del artículo 182.2 LOREG. En otro caso, se estaría alterando gravemente la voluntad del cuerpo electoral y, en consecuencia, viciando la relación representativa entre el conjunto de los ciudadanos y los órganos representativos; relación ésta, cuyo correcto establecimiento es capital para la existencia y funcionamiento del Estado democrático que consagra el artículo 1.1 CE (SSTC 24/1990, de 15 de febrero; 225/1998, de 25 de noviembre, y Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Matthews, de 18 de febrero de 1999).
Ello no supone cuestionar la vía de acceso al cargo de concejal prevenida en el artículo 182.2 LOREG, puesto que tal cuestión excede del ámbito de este amparo y ha sido decidida por Sentencia firme, si bien hay que matizar que tal solución fue introducida por la reforma operada por Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, que reformó el artículo 182.2 LOREG con una finalidad determinada cual es la de garantizar la continuidad del gobierno municipal hasta el siguiente proceso electoral.
En este caso, lo que se dirime es si los concejales que acceden por la vía del artículo 182.2 LOREG tienen capacidad, como el resto de concejales, para llegar a ser cabeza de lista por la renuncia del resto y una visión limitada de su capacidad está justificada por la prevalencia del artículo 23.1 CE que da respaldo a limitaciones de este tipo, como la que se infiere del artículo 196 al no permitir la condición de candidato a la elección de alcalde a quien no ostenta la condición de cabeza de lista.
En ningún caso, esta vía excepcional es idónea para introducir un candidato que no formó parte de las listas y cuya elección no se había sometido a sufragio universal, para el desempeño de un cargo de máxima representatividad como el de alcalde, conectado con especial intensidad con la voluntad del conjunto de electores del municipio expresada en las urnas según se desprende de una lectura sistemática de los artículos 44.1, 196 y 198 LOREG en relación con los artículos 23.1 y 2 y 140 CE, pues el alcalde designado en el acuerdo recurrido no formó parte de la correspondiente lista electoral propuesta en el proceso electoral y, en consecuencia, carecía del respaldo que los ciudadanos le podían otorgar con sus votos, por lo que la interpretación efectuada por la sentencia recurrida al aplicar el artículo 198 LOREG y, por remisión, el artículo 196 de la misma ley orgánica, vulnera el contenido de dichos preceptos al no haber obtenido el designado, como cabeza de lista, votos populares en el municipio, pues no participó en las elecciones municipales de 2011, en la localidad de Cudillero.
8. La correcta interpretación del artículo 196 LOREG a la luz del contenido constitucional del artículo 23.1 CE exige determinar que sólo los concejales que formaban parte de la lista electoral podrán llegar a ser cabeza de lista, por renuncia de los demás, no pudiendo adquirir nunca esta condición los concejales que, como en el caso cuestionado, han accedido por la vía excepcional del artículo 182.2 LOREG.
Las anteriores consideraciones nos llevan al otorgamiento del amparo, puesto que la interpretación constitucional de los requisitos que el legislador orgánico ha establecido para la elección del alcalde en un supuesto como el presente nos llevan a la conclusión que sólo puede serlo quien obtuvo la legitimación de las urnas por su integración en alguna de las listas electorales concurrentes a las elecciones municipales, con la consecuente estimación de la vulneración del contenido constitucional del derecho reconocido en el artículo 23 CE, en la doble perspectiva del derecho de participación en las elecciones (art. 23.1 CE) y del de acceso a los cargos y funciones públicas (art. 23.2 CE).
La estimación del recurso de amparo electoral anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 27 de marzo de 2013, de elección de alcalde, así como de la Sentencia que lo confirma, dictados por la Sección Única de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por Foro Asturias Ciudadanos, don José Luis Valdés Pérez, don Juan Carragal Martínez, don Antonio Landeta Álvarez-Valdéz y don Francisco Javier Pérez Menéndez, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado y asistidos por el Abogado don Jorge Álvarez González y, en consecuencia:
1.º Reconocer el derecho de los recurrentes a la participación política y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas (art. 23.1 y 2 CE).
2.º Anular el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013 y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara respecto a la Sentencia de la Sala Primera de fecha 23 de mayo de 2013 dictada en el recurso de amparo electoral núm. 2823-2013
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría de la Sala, dejo constancia de mi opinión discrepante puesta ya de manifiesto durante la deliberación de la Sentencia que ha resuelto el recurso de amparo electoral interpuesto por Foro Asturias Ciudadanos contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013, dictada en recurso contencioso-electoral número 518-2013.
1. Resulta sin duda innecesario recordar que la función de este Tribunal no es inmiscuirse en cuestiones de legalidad, como la más o menos literal aplicación de una norma o la calificación de supuestos en los que cupiera apreciar fraude de ley. Tampoco le compete pronunciarse sobre la valoración ética o estética que merezcan determinados comportamientos políticos. Hemos de ocuparnos sólo de si se han respetado o no las siempre mínimas exigencias constitucionales.
2. Apenas un mes después de que el Pleno del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 103/2013, de 25 de abril, resolviera sobre la constitucionalidad de que un tercio de la junta de gobierno local de un Ayuntamiento pudiera estar integrado por quienes no tuvieran la condición de concejal, su Sala Primera ha de abordar un problema no menos novedoso: «si puede ser nombrado alcalde un concejal que no ha concurrido a las elecciones». Se enfrentan con ello a «una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional».
En la aludida anterior oportunidad la opinión mayoritaria entre los Magistrados, plasmada en la citada Sentencia, consideró inconstitucional la circunstancia impugnada, considerando que la exigencia de que sus protagonistas fueran concejales dotaba de especial legitimidad democrática al gobierno municipal. Dado que suscribí un discrepante Voto particular, a nadie extrañará que también ahora me vea obligado a discrepar, aunque con diferentes matices.
3. La Sentencia que ahora nos ocupa ha optado por responder negativamente a la cuestión planteada, considerando que «la exigencia de un plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a alcalde» descarta que pueda asumirla quien no se presentó a las elecciones. Suscribo, como es obvio, la importancia de la representatividad en aquellos cargos públicos sometidos a refrendo electoral, pero –como ya tuve ocasión de apuntar– no veo que ello sea inconciliable con otras exigencias de gobierno democrático, como la división de poderes, o con meras razones de coherencia.
Estas segundas son las que me llevan a discrepar en este caso. Como la propia Sentencia recoge repetidamente, sin hacer notar problema alguno de constitucionalidad, el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del régimen electoral general «establece que, si no quedan posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad»; así ocurrió en este caso con el concejal cuya posible candidatura a alcalde ahora se cuestiona. Al no considerarse discutible su condición de concejal parece coherente que pueda, como cualquier otro de sus compañeros, convertirse en candidato a la alcaldía. La propia Sentencia entiende, respecto a las «vacantes producidas a lo largo del mandato municipal», que «el protagonismo corresponde a los grupos municipales en los que orgánicamente se han traducido las listas, de tal modo que cada grupo municipal de los así formados debe tener la posibilidad de presentar un candidato a alcalde». Al añadirse, sin embargo, que «ello no puede desvirtuar la conexión entre electores y elegidos, que no puede ser interferida en sus elementos esenciales por la mediación o interposición de un grupo político», surge la novedosa figura del concejal no alcaldable.
Nos encontramos pues ante un cuadro, no muy coherente a mi modesto juicio, que contempla grupos municipales compuestos por concejales de los que, en según qué circunstancias, unos resultan ser más concejales que otros. Entendería con más facilidad que –dando a la representatividad un valor más absoluto del que personalmente le he reconocido– se considerara inconstitucional que llegue a concejal quien no se ha presentado a las elecciones. Si esto se ha considerado constitucional es sin duda por entender que no hay mayor falta de representatividad que la ausencia de quien –con refrendo electoral o sin él– sea considerado por quienes han acreditado la confianza de los ciudadanos capaz de ejercer dicha representación. Por idéntica razón, sin necesidad de entusiasmo alguno por tan curiosa figura, no veo razón para tachar de inconstitucional que a quién ya se admitió como concejal se le pueda admitir también como alcalde; con mayor razón en un sistema en que es una lista cerrada –sin grandes posibilidades de gradación representativa– la que, como expresión de la adhesión de los ciudadanos a quien la promueve, acaba resultando decisiva una vez puesto en marcha el mandato de sus componentes.
Partiendo de estas reflexiones, me veo obligado a emitir mi Voto particular
Madrid a veintitrés de mayo de dos mil trece.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y rubricado. | La sentencia del TC en la que anula el nombramiento del alcalde de Cudillero (PSOE). No estaba ni en las listas. | La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo electoral 2823-2013, promovido por Foro Asturias Ciudadanos, don José Luis Valdés Pérez, don Juan Carragal Martínez, don Antonio Landeta Álvarez-Valdez y don Francisco Javier Pérez Menéndez, representados por el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado y asistidos por el Abogado don Jorge Álvarez González, contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013, dictada en recurso contencioso-electoral número 236-2013, desestimatoria del recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013. Han intervenido como parte codemandada el Partido Socialista Obrero Español y don Ignacio Fernández Diez, representados por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y asistidos del Letrado don Javier Nuñez Seoane y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de mayo de 2013, el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de Foro Asturias Ciudadanos, de don José Luis Valdés Pérez, de don Juan Carragal Martínez, de don Antonio Landeta Álvarez-Valdez y de don Francisco Javier Pérez Menéndez, y bajo la dirección del Abogado don Jorge Álvarez González, interpuso recurso de amparo electoral contra las resoluciones referidas en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) El día 11 de enero de 2013, don Gabriel López Fernández, alcalde de Cudillero, presentó su renuncia al cargo de alcalde así como a su acta de concejal ante el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de la misma fecha.
b) Al mismo tiempo, los siguientes candidatos y suplentes de la misma lista por la que se había presentado el alcalde, formularon su renuncia anticipada a cubrir la vacante de concejal, por lo que la ejecutiva local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propuso la designación de don Ignacio Fernández Díez.
Según consta del examen de las actuaciones, las renuncias fueron efectuadas del modo siguiente:
En el caso del anterior alcalde don Gabriel López Fernández, con fecha 28 de diciembre de 2012 consta la renuncia «por motivos de índole personal y familiar»; en el supuesto de don Pablo Fernández Fernández la renuncia como número tres de los suplentes se produce el 9 de enero de 2013 «dado que está incurso en una causa de incompatibilidad al ser empleado municipal en el Departamento de Obras y Servicios»; en el caso de doña Isabel María Suarez Álvarez, en fecha 9 de enero de 2013, la renuncia en el puesto número dos de los suplentes «por motivos personales»; en el supuesto de don Ignacio Garay Fernández en escrito de 8 de enero de 2013, al ocupar el puesto número uno de los suplentes por «motivos personales»; doña María Yolanda Nova Sanmartín en el puesto número trece, con fecha 8 de enero de 2013, por «incompatibilidad» al estar «contratada en el servicio de limpieza del Ayuntamiento». También consta con fecha 10 de enero de 2013 la declaración jurada de don Ignacio Fernández Díez de «no haber sido candidato o suplente en la lista electoral presentada por el PSOE en el municipio de Cudillero y haber renunciado al cargo» y constan en un modelo sin justificación de fecha 10 de enero de 2013 las renuncias de doña Verónica Vior Martínez, doña Victoria López San Román, doña Olga Fernández Aguiar, doña Nuria Álvarez García, don Luis Fernández Garay y doña Vanesa Menéndez Riesgo.
c) El 15 de enero de 2013 la Junta Electoral Central dictó resolución anunciando la propuesta de designación como concejal del señor Fernández Díez, frente a la cual se formularon alegaciones por los representantes de Foro Asturias Ciudadanos, que fueron desestimadas por acuerdo de la Junta Electoral Central de fecha 6 de febrero de 2013.
d) Frente a dicho acuerdo de la Junta Electoral Central se interpuso recurso contencioso-electoral por los ahora demandantes de amparo que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 18 de marzo de 2013.
e) En fecha 27 de marzo de 2013 se celebró Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cudillero para elección del alcalde. Tras haber renunciado anticipadamente a la candidatura a la Alcaldía todos los demás miembros de la lista del PSOE anteriores al señor Fernández Díez, fue elegido éste y proclamado alcalde por ocho votos, habiendo obtenido tres votos el representante del Partido Popular y dos votos el representante de Foro Asturias Ciudadanos.
f) Frente a esta resolución los demandantes de amparo interpusieron recurso contencioso-electoral ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que fue desestimado por Sentencia de fecha 6 de mayo de 2013.
3. En la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE). A tal efecto, se alega la vulneración en su vertiente de derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, en tanto que no se realiza una correcta interpretación de los requisitos establecidos en los artículos 196 y 198 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG) para poder ser candidato a la alcaldía, con infracción de los principios más elementales del sistema democrático que han sido recogidos reiteradamente por la doctrina constitucional en materia de participación política como derecho fundamental emanado del artículo 23.1 CE. La vulneración alcanza a los dos concejales
### RESUMEN: La sentencia del TC en la que anula el nombramiento del alcalde de Cudillero (PSOE). No estaba ni en las listas. |
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de octubre de 2015
Madrid, 26 de noviembre de 2015.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. | Operaciones de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de octubre de 2015. | En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de octubre de 2015
Madrid, 26 de noviembre de 2015.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.
### RESUMEN: Operaciones de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de octubre de 2015. |
Habiendo sido suscrito el 12 de diciembre de 2018, el Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la gestión y financiación de la rehabilitación, conservación y mantenimiento del Monumento de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, procede, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 9 de enero de 2019.–La Presidenta de ADIF,.Isabel Pardo de Vera Posada.
ANEXO
Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la gestión y financiación de la rehabilitación, conservación y mantenimiento del Monumento de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004
En Madrid, 12 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Isaías Táboas Suárez, actuando en su condición de Presidente de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. (en adelante Renfe Viajeros) N.I.F.: A-86868189, cuyos poderes ostenta, con domicilio social en Madrid avda. Pío XII, n.º 110.
De otra parte, doña Isabel Pardo de Vera Posada, actuando en su condición de Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en adelante ADIF, N.I.F.: Q-2801660-H, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, con domicilio social en Madrid, Calle Sor Ángela de la Cruz, n.º 3.
Y de otra parte, doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, (C.I.F. P-2807900-B), según nombramiento realizado por acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2015, con domicilio a efectos del presente Convenio, en la calle Montalbán, n.º 1, 28014 Madrid.
INTERVIENEN
Don Isaías Táboas Suarez, en nombre y representación de la entidad Renfe, debidamente autorizado por dicha Sociedad, cuyos poderes ostenta, con domicilio social en Madrid, Avenida de Pío XII, 110, con N.I.F.: A-86868189, constituida el día 11 de diciembre de 2013, ante el ilustre Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero bajo el número de su Protocolo 3.553, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 31997, folio 1, sección 8 y hoja M-575733.
Doña Isabel Pardo de Vera Posada, en nombre y representación de la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en función de facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Doña Manuela Carmena Castrillo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, en ejercicio de las competencias correspondientes al titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, según Decreto de la Alcaldesa de 30 de marzo de 2017, y en virtud de lo establecido en el apartado 3.º1.8 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
Todas las partes se reconocen plena capacidad y competencias para la firma del presente Convenio y a tal efecto,
MANIFIESTAN
I. Que, tras el atentado ocurrido el 11 de marzo de 2004, el Ministerio de Fomento, RENFE y el Ayuntamiento de Madrid suscribieron, con fecha 5 de julio de 2004, un protocolo para la colaboración en el diseño y construcción de un Monumento conmemorativo en recuerdo de las víctimas, siendo el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, la encargada de la tramitación del expediente del concurso internacional de ideas, de la contratación del proyecto de ejecución y dirección de obra al equipo de arquitectos FAN como ganador del concurso, y de la ejecución de la obra del Monumento, habiendo abonado en su totalidad los gastos derivados de tales actuaciones.
II. Que con fecha 20 de julio de 2012, se aprobó el Real Decreto Ley 22/2012, por el que se adoptaron medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, en su articulado 1 se estableció que Renfe-Operadora, debe proceder a su restructuración, mediante la creación de cuatro sociedades mercantiles previstas en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En la que la unidad de transporte ferroviario de viajeros de Renfe-Operadora, constituye una rama de actividad y se crea Renfe Viajeros, S.A., que adquirirá por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones integrados en dicha rama de actividad.
III. Que el 7 de junio de 2005 se suscribió un Convenio entre Renfe y Adif para la prestación de servicios en estaciones de Cercanías, al igual que la adenda de 9 de diciembre de 2005, por el que se acordaba la gestión integral y la administración de las estaciones de cercanías. Asimismo, por razones de interés general y con la finalidad de otorgar plena validez a los documentos a anteriormente citados, con fecha 12 de diciembre de 2005, publicado en el «BOE» de 1 de febrero de 2006, se formalizó el Convenio de Encomienda por Adif y Renfe para la gestión integral y administración de las estaciones de Cercanías.
Como consecuencia de lo anterior ambas empresas, Adif y Renfe, manifiestan su voluntad de intervenir participando cada una de ellas de forma paritaria en las obligaciones que para Renfe se recogen en el texto del protocolo mencionado en el Exponen I.
IV. Que la Entidad Pública Empresarial Adif es un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento y goza de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus normas de desarrollo, en su Estatuto y en la legislación presupuestaria y otras normas de aplicación.
En el ejercicio de sus funciones, Adif actúa con autonomía de gestión, teniendo en cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales con la máxima calidad, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario.
Que Adif, está legitimado para proceder a la suscripción del presente Convenio, al amparo de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, ya citado, que faculta expresamente a esta entidad pública empresarial para poder celebrar convenios con la Administración General del Estado, con otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra entidad pública o privada.
V. Que con el fin de concretar la financiación de los gastos efectuados y el posterior mantenimiento del Monumento, en fecha 13 de diciembre de 2007 se suscribe un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe-Operadora y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias cuyo objeto es, por un lado, definir las condiciones de financiación de los gastos derivados del diseño y construcción del Monumento; y por otro, determinar la forma de gestión y financiación de la conservación y mantenimiento de dicho monumento.
En base a lo establecido en las cláusulas segunda y tercera del mencionado Convenio, los gastos relativos al diseño y construcción del Monumento (inicialmente abonados en su totalidad por el Ayuntamiento) fueron financiados conforme al reparto señalado, esto es, Ayuntamiento un 50%, Renfe-Operadora un 25% y Adif un 25%. Una vez recepcionada la obra por parte del Ayuntamiento de Madrid, Renfe-Operadora y Adif procedieron a ingresar la parte que les correspondía financiar, quedando regularizados todos los gastos de la construcción.
VI. Que según la cláusula cuarta del citado Convenio, la gestión, conservación y mantenimiento del Monumento se lleva a cabo de forma conjunta por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área competente, y por Renfe-Operadora, siendo financiados la totalidad de los gastos de mantenimiento con arreglo al mismo reparto establecido en la cláusula tercera para financiar la construcción del monumento. A estos efectos, la Comisión de Seguimiento, una vez al año, aprueba la previsión de dichos gastos de mantenimiento, los cuales son repercutidos con arreglo a los porcentajes anteriormente citados. (Ayuntamiento de Madrid el 50%, Renfe el 25% y Adif el otro 25%).
VII. Que a tenor del apartado 4.1 de la cláusula cuarta del mismo convenio, los trabajos de conservación y mantenimiento exterior del monumento y los materiales no convencionales corresponderán al Ayuntamiento de Madrid, siendo competencia exclusiva de éste las instalaciones específicas de este monumento (puertas de acceso, elementos de control, membrana, etc.).
Por otra parte, la conservación y mantenimiento de las instalaciones básicas y la limpieza y vigilancia de la sala subterránea con accesos desde la estación de Atocha Cercanías corresponderán a Renfe-Operadora, ejerciéndose la gestión diaria de la actividad y coordinación de los trabajos relacionados con la explotación del monumento por parte de la Dirección de Cercanías de Madrid de Renfe Viajeros en la zona del monumento que está en el interior de la estación, con el fin de garantizar la correcta operatividad de la instalación.
VIII. El monumento construido por el equipo ganador del concurso internacional de ideas, consta de una piel exterior o membrana exclusivamente de vidrio, sin ningún otro material estructural, donde se apoya levemente una membrana interior de un novedoso material denominado ETFE, similar a la silicona en lámina, con los mensajes de condolencia hacia las víctimas impresos en ella. Esta membrana, se mantiene erguida mediante un sistema de presurización de una sala visitable en la planta -1 de la estación de cercanías de Atocha, lo que hace imprescindible unas puertas-exclusas, que también soportan sobrepresión y que funcionalmente tienen que ser utilizadas mediante alternancia, nunca a la vez, ya que esto provocaría descompresión de la sala y desplome de la membrana interna.
Tanto las máquinas de sobrepresión como las que prestan servicio al sistema de climatización del local están ubicadas en un espacio que es accesible únicamente a través de las instalaciones de la estación de Metro de Madrid contigua.
La situación actual del Monumento, a pesar del mantenimiento que se viene realizando por las partes, es de gran deterioro de la membrana interior que se encuentra rota por varias partes y aunque se ha reparado puntualmente, su geometría no se mantiene según los límites proyectados. Por otra parte, la lámina de ETFE tiene contacto con los focos de iluminación, lo que ha provocado el deterioro de los dos sistemas: la lámina soporte de los mensajes de condolencia y la iluminación.
Tanto la maquinaria que produce la sobrepresión como la que produce la climatización del recinto, aunque han sido mantenidas correctamente, están obsoletas. Las puertas-exclusas de acceso exigen la presencia de personal de apoyo para ayudar a abrir/cerrar las puestas al público visitante, para mantener la presurización necesaria para que la membrana permanezca hinchada.
Estas condiciones han desembocado en que ambas máquinas se estropearan, y la falta de sobrepresión de la sala y el peso de la membrana arrastrara el soporte del cable auxiliar, deslizándose ésta de la cúpula hacia el interior de la sala.
IX. La situación de progresivo deterioro del Monumento viene siendo analizada por la Comisión de Seguimiento del Convenio, constituida al amparo de su Cláusula Sexta, y en cuyas reuniones se ha venido planteando la necesidad de sustituir tanto el sistema de cuelgue actual por elementos que en sí mismos sean capaces de mantener erguida la membrana, sin depender de sistemas de sobrepresión de la sala que resultan inasumibles e inoperativos.
Además, por motivos de prevención de riesgos laborales de cara al mantenimiento, se deben ubicar las nuevas máquinas de climatización en locales ubicados en el recinto de la estación de cercanías de Atocha.
Concretamente, en la sesión de 23 de febrero de 2016 se acordó por todas las partes representadas en la Comisión, que era imprescindible proceder a la rehabilitación del Monumento mediante la sustitución de la membrana, acordándose que el Ayuntamiento de Madrid procedería a la contratación del correspondiente proyecto de ejecución y financiándose el gasto conforme al reparto establecido en la cláusula cuarta del convenio.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado el expediente n.º 191/2016/00499 relativo a la «Redacción del proyecto de ejecución de las obras de reforma consistentes en la sustitución de la membrana y mejoras de los materiales no convencionales del Monumento a las víctimas del atentado del 11M de Atocha», por un importe de 20.945,10 euros IVA incluido, adjudicándose a Estudio SIC Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. NIF B-85681724. Dicho importe fue abonado íntegramente por el Ayuntamiento, si bien posteriormente ha sido objeto de repercusión a cada una de las partes firmantes del Convenio, conforme al reparto establecido en su cláusula cuarta, apartado séptimo, del mismo, aprobándose dicho reparto de financiación por la Comisión de Seguimiento en su sesión de 19 de diciembre de 2016, por los siguientes importes:
– Ayuntamiento de Madrid 50%: 10.472,55 €.
– Renfe Viajeros 25%: 5.236,27 €.
– Adif 25%: 5.236,27 €.
X. Que el mencionado proyecto incluye la retirada de la membrana actual de ETFE y la sustitución de la misma por otra que incorpora un sistema estructural auto portante, sin depender de ningún sistema de sobrepresión, llevando incorporado para la efectividad de su mantenimiento, su propio sistema de estabilidad estructural.
Entre las actuaciones previstas en la rehabilitación del monumento se deberá valorar por los servicios técnicos la inclusión de una auditoría acerca del estado de conservación de la estructura de cristal y las acciones susceptibles de mejorar su estabilidad.
Sin embargo, la ejecución material de la rehabilitación del Monumento no se encuentra amparada por el señalado Convenio de colaboración de 13 de diciembre de 2007, toda vez que las obras de sustitución de la membrana exceden del objeto del Convenio al referirse éste a los gastos de conservación y manteniendo del Monumento, pero no a los gastos derivados de nuevas inversiones.
XI. Que, como consecuencia de lo anterior, tanto el Ayuntamiento de Madrid, como Renfe y Adif, manifiestan su voluntad de suscribir un nuevo Convenio que, por un lado, se adapte a las previsiones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y por otro lado, defina las condiciones de colaboración para gestión y financiación de los gastos derivados de la rehabilitación del Monumento, así como de la gestión y financiación de la conservación y mantenimiento del mismo, para lo que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
Es objeto del presente Convenio es la definición de las condiciones de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe Viajeros y Adif, para la gestión y financiación de la restauración y rehabilitación del Monumento de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004; así como de la gestión y financiación de la conservación y mantenimiento de dicho monumento.
Segunda. Compromisos de las instituciones.
1. Actuaciones relativas a gestión y financiación de la restauración y rehabilitación del Monumento.
• Compromisos del Ayuntamiento de Madrid.
– Supervisar y aprobar el proyecto de ejecución de las obras de reforma consistentes en la sustitución de la membrana y mejoras de los materiales no convencionales del Monumento a las víctimas del atentado del 11M de Atocha, y a tal efecto, designará el personal técnico necesario para la supervisión de dicho cometido.
– Gestionar todas las actuaciones relativas a la restauración, reforma y rehabilitación, tales como la contratación de la ejecución material de la obra y la dirección facultativa.
– Los gastos de estas actuaciones serán abonados por el Ayuntamiento, sin perjuicio de su posterior repercusión a las demás entidades firmantes del Convenio en los términos que se expresarán más adelante.
La estimación de los gastos directos de este compromiso se estiman que ascienden a la cantidad de 350.000 € correspondientes a la ejecución material de la obra y a la dirección facultativa y se imputarán a la aplicación presupuestaria G/001/098/336.01/619.00 «Patrimonio histórico, artístico y cultural (Reforma)» del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, conforme a la siguiente distribución de anualidades:
– 2018/001/098/336.01/619.00, por importe de 20.000 €.
– 2019/001/098/336.01/619.00, por importe de 330.000 €.
• Compromisos de las tres Instituciones.
− Financiar los gastos derivados de todas las actuaciones relativas a la restauración, reforma y rehabilitación del Monumento conforme al reparto siguiente:
· Ayuntamiento de Madrid: 50%: 175.000 €.
· Renfe: 25%: 87.500 €.
· ADIF: 25%: 87.500 €.
Una vez recepcionada la obra por parte del Ayuntamiento, éste comunicará a dichas entidades la cantidad neta a pagar, debiendo Renfe Viajeros y Adif proceder al ingreso de la parte que les corresponde financiar de las arcas municipales dentro del plazo máximo de 90 días desde la fecha en que el Ayuntamiento de Madrid efectúe dicha comunicación.
− Promover otros proyectos de rehabilitación y mejora del monumento para su adecuado estado y mantenimiento, que se concretarán mediante convenios posteriores.
2. Actuaciones relativas a la gestión y financiación de la conservación y mantenimiento del Monumento.
La gestión y financiación de la conservación y mantenimiento del monumento se llevará a cabo de forma conjunta por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área competente, por Renfe y por Adif, con arreglo a lo siguiente:
2.1 Ámbito y contratación: el ámbito comprende todos aquellos elementos constructivos e instalaciones ejecutadas como parte de las obras contratadas por el Ayuntamiento de Madrid, diferenciándose, a los efectos de conservación, rehabilitación, restauración y mantenimiento, dos zonas:
• Zona 1: Sala Subterránea con accesos desde la estación de Atocha Cercanías.
Los trabajos básicos de conservación y mantenimiento de toda la sala visitable corresponderán a Renfe Viajeros a través de la Dirección de Cercanías Madrid, que realizará las gestiones de contratación necesarias para ello. Se deberán incluir en el mantenimiento habitual todas las instalaciones básicas, cerramientos (cancela, puertas, cristaleras, etc.), climatización (maquinaria, conductos, control, etc.), instalación de iluminación, pintura, extintores, así como los trabajos de limpieza tanto de la sala visitable como del recinto de maquinaria y la aportación de recursos humanos para control y supervisión de accesos y vigilancia, en el caso de ser necesarios.
• Zona 2: Parte exterior de Monumento y materiales no convencionales (membrana).
Los trabajos de conservación y mantenimiento exterior del monumento y de la membrana, incluyendo la limpieza periódica de la misma, corresponderán al Ayuntamiento de Madrid, al ostentar la competencia de la conservación de los Monumentos el Área de Gobierno de Cultura y Deportes que será la interlocutora y responsable municipal.
El Ayuntamiento de Madrid, asume también todos los consumos de electricidad tanto de iluminación como de climatización según medidas de contadores existentes, a través del Área de Economía y Hacienda.
2.2 Gestión operativa: El aforo máximo de la sala queda determinado en 200 personas, indicando esta circunstancia en el exterior. Los gestores de sala garantizarán permanentemente esta limitación.
Asimismo, se informará mediante un cartel exterior de la prohibición de acceder a la sala con velas o cualquier otro objeto que desprenda humo, como incienso, cigarrillo, etc.
La permanencia en la sala en los casos de afluencia masiva, estará condicionada por la realización de un circuito señalizado que garantice la fluidez en su interior, y evite tiempos de espera prolongados.
La ejecución material y la gestión operativa de estas actuaciones corresponderán a Renfe Viajeros, sin perjuicio de su posterior liquidación en los términos previstos en el convenio.
2.3 Recursos humanos: En el caso de ser necesarios, tendrán como misión el control y supervisión del accesos, asistencia y atención a los visitantes en la sala subterránea del monumento (nivel-1), durante el horario de visitas comprendido entre las 9 y las 20 horas. Se actuará en coordinación con el equipo responsable de la explotación de la estación.
Se establecerán, si son necesarios, servicios específicos de atención en la zona central de la sala, en cada uno de los accesos, y para la seguridad global. Asimismo, se establecerán controles para la gestión de posibles esperas en el exterior siendo indicado a través de extensibles.
La ejecución material de estas actuaciones corresponderá a Renfe Viajeros, sin perjuicio de su posterior liquidación en los términos previstos en el convenio.
2.4 Limpieza: De mantenimiento en primer nivel de manera continuada, y con consistencia más profunda durante el período en que permanecerá cerrado.
La ejecución material de estas actuaciones corresponderá a Renfe Viajeros, sin perjuicio de su posterior liquidación en los términos previstos en el convenio.
2.5 Instalaciones: Reposición de luminarias, cableado, sistemas de climatización de la sala, interruptores, pequeña albañilería, extintores, cerrajería, y en general elementos estandarizados.
La ejecución material de estas actuaciones corresponderá a Renfe Viajeros, sin perjuicio de su posterior liquidación en los términos previstos en el convenio.
2.6 Protocolo: Las partes se comunicarán con la suficiente antelación las posibles visitas o actos institucionales que puedan llevarse a cabo en este ámbito.
2.7 Financiación: La totalidad de los gastos de mantenimiento serán financiados con arreglo al siguiente reparto:
• Ayuntamiento de Madrid: 50%.
• Renfe Viajeros: 25%.
• ADIF: 25%.
A estos efectos, la Comisión de Seguimiento, una vez al año, aprobará la liquidación real de dichos gastos de mantenimiento los cuales serán repercutidos con arreglo a los porcentajes anteriormente citados, previa justificación de los gastos adoptados por cada parte.
Cualquier desviación que se produzca sobre el importe previsto será objeto de regulación al formular las facturaciones correspondientes a la siguiente anualidad.
La estimación de los gastos totales de mantenimiento a financiar por parte del Ayuntamiento de Madrid es de 39.000 € anuales, y corresponden a la conservación del mencionado monumento. Este gasto se recoge en el contrato denominado «Contrato de servicios de conservación de los monumentos, placas, y limpieza de determinadas fachadas competencia del Área de Gobierno de Cultura y Deportes» y se imputarán a la aplicación presupuestaria G/001/098/336.01/210.00 «Reparación, mantenimiento y conservación de Bienes destinados al Uso General» del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid garantizará la existencia de crédito en tal aplicación presupuestaria para ejercicios futuros.
La estimación de los gastos totales de mantenimiento a financiar por parte de Adif y Renfe Viajeros es de 19.500 € anuales para cada uno, de forma que las obligaciones adquiridas por cada uno de ellos en la ejecución del presente Convenio deberán ser garantizadas con la existencia de crédito adecuado y suficiente en su presupuesto de gastos.
En el caso de que se supere el importe previsto en el Convenio, si el incremento es inferior al 20%, será asumido por cada una de las partes firmantes en los porcentajes del Convenio. En caso de superarse el 20%, será necesario firmar una Modificación al Convenio que se tramitará de forma similar a la del mismo.
Tercera. Comisión de Seguimiento.
Con el fin de facilitar la coordinación y seguimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará constituida por dos representantes de Renfe Viajeros, dos representantes de Adif y cuatro representantes del Ayuntamiento de Madrid. La Presidencia de esta Comisión la ostentará anualmente un representante de las Entidades firmantes siguiendo un orden de rotación. Ejercerá como Secretario uno de los cuatro representantes del Ayuntamiento de Madrid.
En su funcionamiento se regirá por lo previsto en el presente Convenio y, supletoriamente, por lo dispuesto en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
La Comisión de Seguimiento conocerá y adoptará decisiones sobre las siguientes materias:
− Vigilancia del cumplimiento de los fines del presente Convenio y de los compromisos recogidos en el mismo.
− Análisis y evaluación de las medidas de conservación y mantenimiento del Monumento.
− Aprobación de proyectos de restauración o conservación y demás intervenciones de reforma o mejoras que se propongan realizar en el Monumento. Para la realización de estos proyectos deberá contarse, en todo caso, con el acuerdo unánime de todas las partes.
− Liquidación de los gastos de mantenimiento del Monumento para su posterior repercusión con arreglo a los porcentajes anteriormente establecidos.
− Tratar los incrementos de los costes estimados de las actuaciones reflejadas en la Cláusula Segunda y, si procede, elaborar una propuesta de Modificación del presente Convenio en la que se acuerde la financiación de las variaciones en los costes que superen el porcentaje previsto en dicha cláusula.
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, pudiendo asistir a estas reuniones los técnicos que se consideren oportunos por las partes, según los asuntos recogidos en el orden del día. La Comisión se reunirá también a instancia de cualquiera de las Entidades firmantes.
Cuarta. Vigencia y duración.
El presente Convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena validez y eficacia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
En todo caso, el presente Convenio tendrá, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vigencia máxima de 4 años, si bien, en el caso de que la ejecución de las actuaciones que se recogen en el presente Convenio requieran de un periodo superior de tiempo, las partes se comprometen a tramitar de forma expresa y por escrito, con suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga hasta un plazo adicional de 4 años, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.º del artículo 49.h) de dicha Ley, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorización.
La modificación de los términos del presente Convenio y/o la prórroga de su vigencia requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de la correspondiente modificación.
Quinta. Resolución del convenio de colaboración suscrito el 13 de diciembre de 2007 entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe-Operadora y el Adif para la financiación del diseño, construcción y gestión del Monumento en recuerdo de las victimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.
Se acuerda resolver el convenio de colaboración suscrito el 13 de diciembre de 2007 entre el ayuntamiento de Madrid, Renfe-Operadora y ADIF para la financiación del diseño, construcción y gestión del monumento en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, dando lugar a su liquidación y extinción desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa inscripción en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación.
Desde la fecha en que el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por las partes en fecha 13 de diciembre de 2007, convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto.
Sexta. Causas de extinción.
De conformidad con el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causa de resolución las siguientes:
• El transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• El acuerdo unánime de todos los firmantes, del que quede la debida constancia en documento elaborado al efecto.
• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo, que será fijado en la Comisión de Seguimiento, con las obligaciones y compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento y a las demás partes firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles indemnizaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento.
• Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio.
• Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en el presente Convenio o en otras leyes.
En caso de extinción por causa distinta a las consignadas en los apartados anteriores, la parte que proponga su extinción deberá comunicar su decisión de no concluir el Convenio al resto de las partes por escrito, así como los motivos a los que obedece dicha decisión.
En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto del Convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Resuelto el presente Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por todas las partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente Convenio.
Séptima. Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente Convenio tiene carácter administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá con lo establecido en el Capítulo VI del Título preliminar de la referida ley.
Las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio serán dirimidas de mutuo acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento.
En caso de que no fueran posible solventarlas en la citada Comisión de Seguimiento, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo los juzgados y tribunales del el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de Madrid, los competentes para decidir y resolver, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por triplicado ejemplar y en la fecha señalada en el encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.–Por el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena Castrillo.–Por Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal. S.A., Isaías Táboas Suárez.–Por EPE Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera Posada. | Rehabilitación monumento víctimas 11M en Madrid: 50% a cargo del ayuntamiento, 25% Adif y 25% Renfe. | Habiendo sido suscrito el 12 de diciembre de 2018, el Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la gestión y financiación de la rehabilitación, conservación y mantenimiento del Monumento de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, procede, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 9 de enero de 2019.–La Presidenta de ADIF,.Isabel Pardo de Vera Posada.
ANEXO
Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la gestión y financiación de la rehabilitación, conservación y mantenimiento del Monumento de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid el 11 de marzo de 2004
En Madrid, 12 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Isaías Táboas Suárez, actuando en su condición de Presidente de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. (en adelante Renfe Viajeros) N.I.F.: A-86868189, cuyos poderes ostenta, con domicilio social en Madrid avda. Pío XII, n.º 110.
De otra parte, doña Isabel Pardo de Vera Posada, actuando en su condición de Presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en adelante ADIF, N.I.F.: Q-2801660-H, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, con domicilio social en Madrid, Calle Sor Ángela de la Cruz, n.º 3.
Y de otra parte, doña Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, (C.I.F. P-2807900-B), según nombramiento realizado por acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2015, con domicilio a efectos del presente Convenio, en la calle Montalbán, n.º 1, 28014 Madrid.
INTERVIENEN
Don Isaías Táboas Suarez, en nombre y representación de la entidad Renfe, debidamente autorizado por dicha Sociedad, cuyos poderes ostenta, con domicilio social en Madrid, Avenida de Pío XII, 110, con N.I.F.: A-86868189, constituida el día 11 de diciembre de 2013, ante el ilustre Notario de Madrid D. José Manuel Senante Romero bajo el número de su Protocolo 3.553, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 31997, folio 1, sección 8 y hoja M-575733.
Doña Isabel Pardo de Vera Posada, en nombre y representación de la entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en función de facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Doña Manuela Carmena Castrillo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, en ejercicio de las competencias correspondientes al titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, según Decreto de la Alcaldesa de 30 de marzo de 2017, y en virtud de lo establecido en el apartado 3.º1.8 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.
Todas las partes se reconocen plena capacidad y competencias para la firma del presente Convenio y a tal efecto,
MANIFIESTAN
I. Que, tras el atentado ocurrido el 11 de marzo de 2004, el Ministerio de Fomento, RENFE y el Ayuntamiento de Madrid suscribieron, con fecha 5 de julio de 2004, un protocolo para la colaboración en el diseño y construcción de un Monumento conmemorativo en recuerdo de las víctimas, siendo el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, la encargada de la tramitación del expediente del concurso internacional de ideas, de la contratación del proyecto de ejecución y dirección de obra al equipo de arquitectos FAN como ganador del concurso, y de la ejecución de la obra del Monumento, habiendo abonado en su totalidad los gastos derivados de tales actuaciones.
II. Que con fecha 20 de julio de 2012, se aprobó el Real Decreto Ley 22/2012, por el que se adoptaron medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, en su articulado 1 se estableció que Renfe-Operadora, debe proceder a su restructuración, mediante la creación de cuatro sociedades mercantiles previstas en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En la que la unidad de transporte ferroviario de viajeros de Renfe-Operadora, constituye una rama de actividad y se crea Renfe Viajeros, S.A., que adquirirá por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones integrados en dicha rama de actividad.
III. Que el 7 de junio de 2005 se suscribió un Convenio entre Renfe y Adif para la prestación de servicios en estaciones de Cercanías, al igual que la adenda de 9 de diciembre de 2005, por el que se acordaba la gestión integral y la administración de las estaciones de cercanías. Asimismo, por razones de interés general y con la finalidad de otorgar plena validez a los documentos a anteriormente citados, con fecha 12 de diciembre de 2005, publicado en el «BOE» de 1 de febrero de 2006, se formalizó el Convenio de Encomienda por Adif y Renfe para la gestión integral y administración de las estaciones de Cercanías.
Como consecuencia de lo anterior ambas empresas, Adif y Renfe, manifiestan su voluntad de intervenir participando cada una de ellas de forma paritaria en las oblig
### RESUMEN: Rehabilitación monumento víctimas 11M en Madrid: 50% a cargo del ayuntamiento, 25% Adif y 25% Renfe. |
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6472-2011 promovido por don José María Claros Claver, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Rodríguez y asistido por el Letrado don Pedro Claros Alegría, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de casación núm. 4168-2010 interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 29 de abril de 2010, que declaró extemporáneo el recurso contencioso núm. 673-2008 formulado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, dictada en el expediente de regulación de empleo núm. 65-2000. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 28 de noviembre de 2011, doña María José Bueno Rodríguez, Procuradora de los Tribunales y de don José María Claros Claver, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son resumidamente los siguientes:
a) El demandante fue objeto de despido colectivo en virtud de expediente de regulación de empleo núm. 65-2000, de carácter forzoso, de las empresas Altadis, S.A. (antigua Tabacalera, S.A.), y Logista, S.A., autorizado por resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, que preveía la extinción de más de un millar y medio de contratos de trabajo con un período de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2002, y la prejubilación forzosa de los trabajadores que antes de esa fecha alcanzaran la edad de cincuenta y cinco años.
b) Con fecha 23 de marzo de 2001, el demandante interpuso recurso de alzada contra la citada resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000, cuestionado la existencia de meritorias causas que justificaran el despido colectivo, con paralela denuncia de fraude y abuso de derecho. Mediante resolución de 22 de mayo de 2001, el Ministerio de Trabajo acordó inadmitir el recurso por extemporáneo habida cuenta del plazo transcurrido entre la fecha de notificación de la citada resolución a los representantes sindicales de los trabajadores, el 5 de enero de 2001, y el de la fecha de interposición del recurso.
Contra esta resolución, en julio de 2001, el recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue tramitado con el núm. 943-2001. En el escrito de interposición, el recurrente solicitó la suspensión cautelar de la autorización administrativa del expediente de regulación de empleo y, en particular, el aplazamiento de la fecha de su despido, con mantenimiento de su relación laboral en los términos hasta entonces vigentes, incluido el derecho de vivienda. La Sala, mediante Auto de 5 de diciembre de 2001, luego confirmado en súplica por nuevo Auto de 4 de febrero de 2002, rechazó la suspensión interesada, no sin antes observar que «como sostiene reiterada jurisprudencia, cualquier incidencia sobre las relaciones de trabajo resultantes de un expediente de regulación de empleo son de la competencia del orden social de la jurisdicción, atendido que la que nos corresponde agota su eficacia con la revisión de los actos administrativos relativos al propio expediente de regulación de empleo».
Bastante tiempo después, en noviembre de 2003, el órgano judicial, con traslado del expediente administrativo recibido, emplazó al recurrente para que formalizara su demanda contenciosa. Este emplazamiento sin embargo no fue atendido por el recurrente y, en consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por Auto de 8 de marzo de 2004, acordó declarar caducado el citado recurso 943-2001, interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000.
c) Entretanto, y ya bastante tiempo antes, el 31 de octubre de 2001, el recurrente recibió la carta de despido por prejubilación forzosa al haber cumplido en esa fecha los cincuenta y cinco años y, más tarde, el siguiente 9 de noviembre de 2001, las condiciones económicas definitivas que habían de regir su proceso de prejubilación. No estando conforme con el despido ni, en particular, con las prestaciones económicas anunciadas por la empresa, y que en su caso consideraba además discriminatorias en relación con las previstas para otros grupos de trabajadores, el 12 de noviembre de 2011, el recurrente presentó papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación por el concepto «tutela de derechos fundamentales» denunciado desigualdad en el sistema indemnizatorio contemplado en el plan de prejubilación autorizado por la Dirección General de Trabajo en el expediente de regulación de empleo considerado. El acto de conciliación se tuvo por intentado sin efecto, por incomparecencia de la empresa.
d) Ante el fracaso del intento de conciliación, el recurrente acudió a la jurisdicción social y formuló demanda de tutela de derechos fundamentales por vulneración del principio de igualdad, que fue turnada con el núm. 124-2002 al Juzgado de lo Social Único de Algeciras. Mediante Sentencia de 28 de octubre de 2002, el Juzgado, previa desestimación de todas las excepciones opuestas por la empresa, incluida la relativa a la falta de jurisdicción del orden social, con remisión en este caso a su Auto anterior de 27 de mayo de 2002, estimó íntegramente la demanda del recurrente y, en consecuencia, declaró su derecho a percibir la indemnización prevista para el plan de prejubilación forzosa hasta la edad de sesenta y cinco y no, simplemente, hasta los sesenta que preveía el expediente de regulación de empleo, «por ser esta previsión contraria al principio de igualdad».
e) A la vista de esta Sentencia y de la existencia de otros procesos semejantes tramitados ante otros Juzgados de lo Social a instancia de otros trabajadores en situación similar, en marzo de 2003, la empresa Altadis, S.A., presentó demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional interesando la declaración de que el plan de prejubilación forzosa contenido en el expediente de regulación de empleo y autorizado en su día por la Dirección General del Trabajo no contenía ninguna previsión contraria al principio de igualdad y no discriminación. La Sala de la Audiencia Nacional, por Sentencia de 9 de octubre de 2003, se declaró incompetente para conocer materialmente de la demanda de conflicto colectivo presentada por considerar que la pretensión formulada planteaba una cuestión relativa a un extremo del plan de prejubilaciones contenido en el expediente de regulación de empleo previamente autorizado por la autoridad administrativa laboral y, en esa condición, de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
f) Contra esta Sentencia, Altadis, S.A., interpuso recurso de casación. Por Sentencia de 23 de enero de 2006, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestimó el recurso, confirmando la falta de competencia del orden jurisdiccional social, no sin antes notar el carácter ciertamente singular del caso considerado, que califica de acción contraria a la impugnación singular del plan de prejubilación formulada por trabajadores afectados en las respectivas demandas individuales que presentaron ante el orden jurisdiccional social, y subrayar también la confusa línea que en asuntos de ese tipo deslinda la competencia entre los órganos judiciales de los órdenes social y contencioso-administrativo. La Sentencia cuenta con el Voto particular discrepante de dos Magistrados, que defienden la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de este tipo de asuntos.
g) Mientras todo esto sucedía, la empresa Altadis y los sindicatos CC.OO. y UGT interpusieron recurso de suplicación contra la Sentencia del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, de 28 de octubre de 2002, cuestionando la competencia de ese Juzgado para conocer de la demanda formulada en su día por el recurrente, con fundamento precisamente en la falta de competencia de la jurisdicción social para conocer de ese tipo de reclamaciones, según por entonces lo certificaba, entre otras, la citada Sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional, de 9 de octubre de 2003.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, mediante Sentencia de 19 de enero de 2005, estimó el recurso y, en consecuencia, con revocación de la Sentencia dictada en la instancia, declaró la falta de competencia material de la jurisdicción social por considerar, en síntesis, que la demanda formulada en su día por el recurrente ante el Juzgado de lo Social Único de Algeciras traducía en realidad una impugnación de la autorización administrativa del expediente de regulación de empleo considerado en el presente asunto y, por tanto, de competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Contra esta decisión, el recurrente en amparo interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por Sentencia de 19 de diciembre de 2007, desestimó el recurso notando que la declaración de incompetencia combatida es plenamente «coincidente con la reciente doctrina jurisprudencial de [esta] Sala contenida en sus Sentencias de 23 de enero y de 15 junio de 2006, y, en consecuencia, totalmente correct[a] y conforme a Derecho». Esta Sentencia fue notificada al trabajador recurrente el siguiente 29 de mayo de 2008.
h) El siguiente 20 de junio de 2008, el recurrente intentó reabrir la vía contenciosa interponiendo potestativamente, con arreglo al art. 115.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, que autorizó el expediente de regulación de empleo, denunciando nuevamente el carácter discriminatorio del plan de prejubilación entonces aprobado. Mediante resolución de 23 de septiembre de 2008, la Administración acordó inadmitir el recurso por considerar firme la resolución recurrida, aunque ya antes, con fecha de 21 de julio de 2008 y de conformidad con el plazo que previene para hacerlo el citado art. 115.1 LJCA, el recurrente había formulado el correspondiente recurso contencioso-administrativo (núm. 673-2008) por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona insistiendo en su denuncia de infracción del principio de igualdad del art. 14 CE.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por Sentencia de 29 de abril de 2010, acordó inadmitir el recurso por extemporáneo al considerar que la vía judicial contenciosa había quedado definitivamente agotada con el recurso contencioso ordinario núm. 943-2001 que el recurrente interpuso en su día contra la citada resolución de 30 de diciembre de 2000, sin que su voluntaria decisión de acudir luego a la jurisdicción social para combatir el plan de prejubilación con fundamento en el art. 14 CE permitiera reabrir la vía contencioso-administrativa, una vez fracasada la vía del orden social por falta de competencia. Y además, en todo caso, porque, como había defendido la Administración demandada en su resolución de 23 de septiembre de 2008, frente a la citada resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000, el recurrente ya interpuso en su día recurso de alzada, de modo que el formulado ahora nuevamente «resultaba manifiestamente improcedente» pues «nuestro ordenamiento jurídico no establece una doble vía de recursos de alzada para impugnar un [mismo] acto administrativo por cuestiones de legalidad ordinaria o por violación de derechos fundamentales, sino un único recurso de alzada (art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)». En consecuencia, ese segundo recurso de alzada no sirve para interrumpir el cómputo del plazo previsto en el art. 115.1 LJCA.
i) Contra esta última Sentencia, el recurrente interpuso recurso de casación (núm. 4168-2010) denunciando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. Con fecha de 26 de septiembre de 2011, en una larga resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó la decisión de inadmisión del recurso, con fundamento en los siguientes razonamientos.
En primer lugar, la Sala razonó que, aunque la pretensión impugnatoria formulada por el cauce especial de la protección de derechos fundamentales es distinta a la que el propio recurrente formuló en el citado recurso contencioso núm. 943-2001, esa circunstancia carece de consecuencias jurídicas pues, para determinar la extemporaneidad de un recurso, lo decisivo «no es la índole de la pretensión impugnatoria, sino la identidad del acto recurrido», de modo que si el recurrente, pudiendo haberlo hecho, no opuso frente a la resolución administrativa la infracción del principio de igualdad, esa opción no puede significar que «quede abierta hacia el futuro la posibilidad de interposición del recurso contencioso-administrativo por la vía, antes no utilizada, del proceso de tutela de derechos fundamentales». Pues, aunque ciertamente es posible la impugnación simultánea del mismo acto administrativo por la vía del recurso contencioso ordinario y por el cauce especial de protección de los derechos fundamentales, lo que no cabe en ningún caso es que el «mismo acto administrativo se impugne ante dos órdenes distintos por distintos motivos». De modo que «el error del recurrente al impugnar ante el orden social el acto administrativo que de nuevo recurre ante este orden jurisdiccional contencioso-administrativo no puede ahora operar en su beneficio para reabrir plazos para recurrir el mismo acto que en el pasado ya se recurrió y quedo firme, al caducar el recurso contencioso-administrativo intentado». Si entonces el recurrente no formuló contra el acto administrativo la pretensión que ahora formula, «fundada en la vulneración de derechos fundamentales, fue exclusivamente por una decisión libre, quizás fundada en un error de estrategia procesal, cuya consecuencias está obligado a soportar». En consecuencia, «el recurrente abandonó en su día la vía impugnatoria que había iniciado ante el orden contencioso-administrativo en una opción, se insiste, no forzada por nada ni por nadie … para volver a impugnar en él el mismo acto que ya había recurrido en 2001, aunque ahora lo haga bajo una diferente modalidad procesal», pero que no sirve para «excusar la demora en la impugnación del mismo acto por el tiempo perdido en la frustrada impugnación ante el orden social». De modo que, «aunque sea cierto que ningún órgano administrativo o judicial se ha pronunciado sobre el fondo de la tutela pretendida, ni se vulnera la doctrina constitucional que el recurrente invoca, ni se vulnera el art. 24 CE, pues [el cierre del proceso] se ha debido, no a obstáculos derivados de [una] incorrecta interpretación de la legalidad procesal por los órganos jurisdiccionales, sino al incorrecto planteamiento del recurrente».
De otra parte, pero sin abandonar esta misma perspectiva, el Tribunal Supremo precisó también que el recurso contencioso considerado es, en cualquier caso, extemporáneo por haberse interpuesto fuera del plazo de diez días que previene el art. 115.1 LJCA para hacerlo. Pues, cuando el recurrente acudió el 6 de febrero de 2002 a la vía laboral para defender la misma pretensión que ahora ha intentado hacer valer, «había transcurrido ya entonces con muy notorio exceso el [citado] plazo para impugnar la resolución de 30 de diciembre de 2000, ahora de nuevo impugnada». Esta comprobación «no desaparece por el hecho de que el recurrente […interpusiese] el día 20 de junio de 2008 lo que califica como recurso de alzada potestativo». Sencillamente porque ese recurso «no puede calificarse en modo alguno de potestativo, ni cabe por ello con tan inconsistente recurso dialéctico trasladar el dies a quo para el cómputo del plazo para recurrir la resolución de 30 de diciembre de 2000 de esa fecha, a la de la resolución del recurso de alzada interpuesto, en todo caso, con notabilísima extralimitación temporal». De modo que, «los plazos para recurrir no pueden quedar al arbitrio de las partes mediante pretendidas interrupciones por recursos intermedios legalmente inaceptables. La referencia del art. 115 LJCA al recurso potestativo evidentemente no puede operar cuando para la impugnación de un acto se interpone previamente (sin que nada lo exija, sino por una opción libre del recurrente) un recurso que no puede calificarse de potestativo en modo alguno … El potestativo, con arreglo al art. 116 de la Ley 3071992, es el recurso de reposición, no el de alzada».
Finalmente, en su citada Sentencia de 26 de septiembre de 2011, el Tribunal Supremo rechazó igualmente que la interpretación y aplicación de la legalidad procesal realizada por la Sala de instancia para declarar extemporáneo el recurso contencioso del recurrente no superara el test constitucional de razonabilidad, proporcionalidad y del principio pro actione, so pena de extender tales criterios y principio más allá de lo razonable «y hacer irreconocibles en su aplicación judicial las exigencias de los preceptos legales» considerados en el presente asunto, e ignorar simplemente «las consecuencias desfavorables para los litigantes derivadas de sus posibles errores en la elección de sus estrategias procesales». De hecho, «constituiría un puro desconocimiento de los plazos legales para recurrir que el Tribunal, varios años después de que hubiese declarado caducado el precedente recurso contencioso-administrativo contra el mismo acto interpuesto por el recurrente, hubiese admitido un nuevo recurso contra el mismo acto por el hecho de que ahora se impugne por un cauce procesal diferente, en el que el plazo del recurso (art. 115.1 LJCA) es inferior al establecido para el recurso ordinario (art. 46.1 LJCA)». En estas condiciones, la declaración de inadmisibilidad del recurso intentado por el recurrente «no supone sino la aplicación de una causa legal inequívoca, que fue apreciada razonablemente por el órgano jurisdiccional».
3. En su demanda de amparo, el recurrente denuncia, en primer lugar, la vulneración del principio de igualdad del art. 14 CE. Al igual que ya hiciera antes en la vía judicial, el recurrente afirma que el plan de prejubilación forzosa autorizado por la autoridad laboral en su resolución de 30 de diciembre de 2000 traduce una injustificada desigualdad de trato en la medida que incorpora un doble, diferenciado y desfavorable sistema de prestaciones económicas en función simplemente del hecho de que el trabajador afectado por el expediente de regulación de empleo tuviera o no, según fuera en cada caso, la condición de mutualista antes del 1 de enero de 1967. De esta forma, mientras que la empresa garantizaba a los trabajadores que no fueran mutualistas a la indicada fecha determinadas prestaciones económicas hasta que alcancen la edad de jubilación ordinaria de sesenta y cinco años, no hacía lo mismo respecto de los trabajadores que fueran mutualistas antes del 1 de enero de 1967, a los que imponía la jubilación anticipada a los sesenta años. A juicio del recurrente este doble régimen indemnizatorio discrimina gravemente y sin ninguna justificación razonable a los trabajadores que, como él, tenían la efectivamente condición de mutualista a 1 de enero de 1967, en relación con los trabajadores que comenzaron a cotizar a la Seguridad Social después de esa fecha.
En segundo lugar, el recurrente denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la justicia (art. 24.1 CE). También ahora, el recurrente insiste, al igual que ya antes defendió en la vía judicial, en que la declaración de extemporaneidad de su recurso contencioso-administrativo es una decisión judicial que se funda en una interpretación y aplicación rigurosa y desproporcionada de las normas procesales claramente contraria al principio pro actione, de forzosa observancia en este tipo de casos en los que se ventila la obtención de una primera respuesta judicial. Más aún cuando, como también es el caso, el cierre del proceso judicial impide cualquier pronunciamiento sobre la lesión del derecho fundamental del art. 14 CE que formuló en su recurso. Y vista también la confusión jurisprudencial por entonces dominante a la hora de determinar la jurisdicción competente para conocer de las demandas sobre expedientes de regulación de empleo, con pronunciamientos para todos los gustos, según lo testimonian, entre otras resoluciones, las propias Sentencias dictadas en el presente asunto, primero por el Juzgado de lo Social de Algeciras, que admitió su propia competencia; y, más tarde, por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con fecha 23 de enero de 2006, y que, si bien afirma la competencia del orden contencioso-administrativo, se cuida muy bien de advertir que esa remisión no puede concluir en la exigencia de requisitos procesales que conviertan en ilusoria el ejercicio de la acción intentada.
En estas condiciones, a juicio del recurrente, afirmar, como sin embargo hizo la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2011, recurrida en amparo, que el cierre del proceso contencioso se debió exclusivamente al error del propio recurrente, que equivocó su estrategia procesal, y que, por tanto, él únicamente debe soportar las consecuencias desfavorables de su equivocado planteamiento, es una conclusión claramente desproporcionada y contraria a las más elementales exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
Como lo es también, y finalmente, en el criterio de la demanda, la conclusión de extemporaneidad del recurso contencioso fundada en el carácter manifiestamente improcedente del recurso administrativo de alzada que, con arreglo al art. 115.1 LJCA y carácter potestativo, el recurrente decidió interponer con fecha 20 de junio de 2008 contra la resolución de 30 de diciembre de 2000, una vez que recibió la notificación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2007, y que confirmó definitivamente la incompetencia de ese jurisdiccional para conocer de la pretensión formulada por el recurrente con fundamento en la lesión del derecho fundamental del art. 14 CE. En este caso porque, lejos de resultar improcedente a la vista, la interposición del citado recurso de alzada bien parecía razonable, principalmente porque, además de que la Administración no sabía del «calvario procesal» padecido, nunca antes tampoco el recurrente había formulado ante la propia autoridad laboral la tacha de desigualdad que ahora le reprochaba.
4. Por providencia de 24 de mayo de 2012, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Dirección General de Trabajo y a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a fin de que oportuna y respectivamente remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente de regulación de empleo 65-2000 y del recurso de casación 4168-2010. La misma atenta comunicación se acordó igualmente dirigir a la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que asimismo remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso 673-2008 y emplazase a quienes hubieran sido parte en este procedimiento, con excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecen en este proceso constitucional de amparo. Lo que efectivamente hicieron el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Goñi Toledo, en nombre y representación de Altadis, S.A., y Logista, S.A., interesando en ambos casos se les tuviera respectivamente por personados y parte en el presente recurso de amparo.
5. Por diligencia de ordenación de la Sala, de 10 de septiembre de 2012, se acordó tener por personados y parte en el procedimiento al Abogado del Estado y a la Procuradora doña María Teresa Goñi Toledo en sus respectivas representaciones y, con arreglo a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, conceder a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal plazo común por veinte días para que, con vista de las actuaciones recibidas, formulasen alegaciones.
6. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el siguiente 15 de octubre de 2012, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones, oponiéndose al otorgamiento del amparo solicitado. En contra del orden propuesto por el recurrente, el Abogado del Estado niega, en primer lugar, que en el presente asunto se haya producido la lesión del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción denunciada en la demanda de amparo. Y para probarlo comienza recordando las principales circunstancias del caso, con especial hincapié en las tres siguientes: primero, que el recurrente, cuando en marzo de 2001 interpuso recurso de alzada contra la resolución de la autoridad laboral de 30 de diciembre de 2000, ya conocía las condiciones económicas previstas en el expediente de regulación de empleo; segundo, que en diciembre de 2003, cuando el recurrente optó libremente por no formular demanda en el recurso contencioso 943-2001, forzando su caducidad, contaba con la Sentencia favorable dictada en octubre de 2002 por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras en el procedimiento para la tutela de los derechos fundamentales; y tercero, que, en este último procedimiento judicial, el citado Juzgado de lo Social planteó de oficio a las partes la posibilidad de suspender el procedimiento hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara sobre el citado recurso 943-2001, y a la que se opuso el recurrente.
Con estos antecedentes y advertido, según su criterio, que la verdadera cuestión a decidir consiste en comprobar si el recurrente pudo o no efectivamente plantear en su recurso contencioso 943-2001 la infracción del art. 14 CE, el Abogado del Estado concluye que nada impidió al recurrente hacerlo y que, por tanto, si no lo hizo entonces fue exclusivamente por su propia voluntad y el resultado de su decisión de cerrar la vía contenciosa. Una opción legítima pero cuyas consecuencias desfavorables el recurrente debe naturalmente soportar ahora. Tanto más cuanto que la incertidumbre por entonces dominante acerca del reparto de competencias entre las jurisdicciones contenciosa y social, antes que justificar o disculpar esa estrategia, aconsejaba justo el mantenimiento de la dos vías de tutela jurisdiccional, supuesto el riesgo, luego confirmado, de que una de ellas pudiera terminar con un pronunciamiento declarativo de falta de jurisdicción.
Para el Abogado del Estado, además, no hay duda de que el segundo recurso de alzada, formulado con carácter potestativo por el recurrente al amparo del art. 115.1 LJCA, no sirve para renovar el plazo de interposición del recurso contencioso ni, en consecuencia, para cuestionar la declaración de extemporaneidad combatida. En forma concluyente porque ni el art. 24.1 CE ni ningún otro precepto constitucional o legal o principio jurídico general autoriza la interposición de un segundo recurso de alzada contra una resolución administrativa firme, so pretexto de hacer uso de un nuevo fundamento jurídico que no se quiso invocar en el primer recurso de alzada.
Con la eliminación de este motivo del recurso de amparo decae naturalmente el formulado con fundamento en el art. 14 CE, sobre el que, en cualquier caso, el Abogado del Estado advierte que poco tiene que decir al haber comparecido en el presente proceso constitucional las empresas firmantes, junto con los representantes sindicales de los trabajadores, del plan de prejubilación considerado, y a las que corresponde lógicamente su defensa en primer lugar.
7. El 16 de octubre de 2012, la representación procesal de las empresas Altadis, S.A., y Logista, S.A., presentó su escrito de alegaciones, oponiéndose igualmente al amparo solicitado. Con especial vigor, la citada representación niega, en primer término, que el recurrente haya sufrido el trato discriminatorio que ha denunciado. Principalmente, según razona por extenso, porque, además de que la previsión en el expediente de regulación de empleo de un régimen económico singular para los trabajadores que fueran mutualistas antes del 1 de enero de 1967 descansa en justificadas razones objetivas, sucede también que esas condiciones económicas específicas, si se contemplan en su conjunto, lejos de resultar desfavorables, arrojan un saldo claramente positivo para ese colectivo de trabajadores.
También, en segundo lugar, la citada representación procesal rechaza que en el presente caso haya existido infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. En particular, subraya que, conforme prueban las actuaciones remitidas, el recurrente no solo pudo sino que efectivamente y desde el primer momento combatió la resolución administrativa de 30 de diciembre de 2000 con fundamento precisamente en la discriminación de los mutualistas. Y que si el recurrente decidió luego no formalizar la oportuna demanda en su recurso contencioso 943-2001 y, en cambio, apurar la vía jurisdiccional social que casi simultáneamente había emprendido por ese mismo motivo fue, no porque considerara competente para conocer de esa infracción constitucional del art. 14 CE a los órganos de la jurisdicción social, sino simplemente como intento de forzar un pronunciamiento judicial, supuesto el más que probable fracaso de la vía contenciosa inicialmente promovida como consecuencia entonces de la extemporánea interposición del recurso de alzada en marzo de 2001 contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000; defecto que ya le fue advertido al recurrente por la resolución administrativa de 22 de mayo de 2001.
Además, nota también que la decisión judicial de extemporaneidad del posterior recurso contencioso promovido por el recurrente por la vía especial de protección de los derechos fundamentales resulta constitucionalmente irreprochable ex art. 24.1 CE. En forma concluyente porque, cuando el 20 de julio de 2008, el recurrente interpuso el citado recurso contencioso había transcurrido ya con creces el plazo de diez días previsto en el art. 115.1 LJCA para hacerlo, y contado desde la notificación el 23 de mayo anterior de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2007, que confirmó definitivamente la falta de competencia de la jurisdiccional social. Y sin que la previa formulación, el 20 de junio de 2008, de un nuevo recurso de alzada contra la resolución administrativa de 30 de diciembre de 2000 sirva para rehabilitar el citado plazo de diez días, pues no es jurídicamente posible la interposición de un doble recurso de alzada contra un mismo acto administrativo.
8. El 18 de octubre de 2012, el recurrente presentó su escrito de alegaciones, reiterando en esencia las ya formuladas en su escrito de demanda de amparo constitucional, y que antes se han resumido.
9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de noviembre de 2012 el Ministerio Fiscal se pronunció a favor del otorgamiento del amparo solicitado. Luego de anotar con detalle los antecedentes del caso y de precisar el orden de su análisis, que advierte ha de comenzar por la tacha del art. 24.1 CE, el Fiscal recuerda lo principal de la doctrina constitucional en materia de derecho de acceso a la jurisdicción para seguidamente y por separado desmentir cada uno de los distintos motivos razonados por las resoluciones judiciales recurridas en amparo para justificar su decisión de inadmisión del recurso contencioso del recurrente.
Siguiendo este planteamiento, el Fiscal se opone, en primer término, al hecho, repetidamente subrayado por las resoluciones judiciales recurridas, acerca de que nada impidió al recurrente alegar tempestivamente en la vía administrativa la infracción del art. 14 CE puesto que, cuando en marzo de 2001 interpuso recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000, «desconocía las condiciones económicas definitivas de su despido», que no conoció hasta octubre de 2001, y, en consecuencia, frente a lo defendido por las Sentencias recurridas, no hay duda de que el recurrente difícilmente pudo en esa primera ocasión fundar su recurso en la infracción de derechos fundamentales.
Como tampoco, en segundo lugar, puede a su juicio reprocharse al recurrente que no formalizara demanda en el recurso contencioso-administrativo 943-2001, forzando la declaración judicial de caducidad del recurso. En este caso, porque, para entonces, el recurrente contaba a su favor con la Sentencia de 28 de octubre de 2002 del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, que expresamente además había confirmado su propia competencia para conocer de la tacha de desigualdad considerada, convirtiendo en razonable la decisión del recurrente de abandonar la vía contenciosa previamente abierta para discutir la legalidad del expediente de regulación de empleo aprobado por la Administración.
En tercer lugar, el Fiscal considera que el hecho de que el recurrente defendiera sus pretensiones ante dos órdenes jurisdiccionales distintos no es tampoco motivo constitucionalmente suficiente para justificar la decisión judicial de inadmisión ahora recurrida en amparo, toda vez que, vista la confusión legal y jurisprudencial que dominaba por entonces el reparto de competencias entre los órdenes jurisdiccionales contencioso y social, esa opción procesal resultaba comprensible y, en todo caso, fruto de un error disculpable del recurrente.
Por último, el Fiscal rechaza igualmente que el hecho de que el recurrente decidiera, una vez cerrada definitivamente la vía jurisdiccional social, interponer contra la resolución administrativa, de 30 de diciembre de 2000, recurso de alzada con arreglo al art. 115.1 LJCA, sirva para justificar la declaración judicial de extemporaneidad del posterior recurso contencioso ahora combatida. En resumidas cuentas ahora porque la decisión de interponer ese nuevo recurso administrativo potestativo debe considerarse efectivamente razonable, toda vez que la Administración no fue parte en el proceso judicial tramitado en el orden social, ni nunca antes tuvo oportunidad de reparar la tacha de desigualdad ahora denunciada.
Por estas razones, el Fiscal solicita la estimación de este primer motivo del recurso y la retroacción de las actuaciones judiciales al momento procesal oportuno para que, teniendo en cuenta que no ha existido ningún examen judicial previo sobre el fondo de la tacha de desigualdad del art. 14 CE denunciada, y vista también la necesidad de respetar la subsidiariedad del recurso amparo, sea la jurisdicción ordinaria la encargada de dictar el pronunciamiento que corresponda.
10. Por Auto de fecha de 14 de noviembre de 2013, la Sala acordó estimar la causa de abstención formulada por don Juan José González Rivas en el presente recurso de amparo, apartándole definitivamente del conocimiento del mismo.
11. Por providencia de día 29 de noviembre de 2013, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de diciembre de 2013.
II. Fundamentos jurídicos
1. El demandante de amparo impugna, de un lado, la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, que autorizó el expediente de regulación de empleo núm. 65-2000, a la que reprocha la infracción del principio de igualdad del art. 14 CE. Y, de otra, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de abril de 2010, y la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 4168-2010, de 26 de septiembre de 2011, porque considera que las citadas resoluciones judiciales, que acordaron la inadmisión de su recurso contencioso que promovió contra la citada resolución administrativa, son contrarias a su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
El Ministerio Fiscal considera que efectivamente, como se denuncia en la demanda, la decisión judicial de inadmisión recurrida resulta excesivamente rigorista y desproporcionada, y, por tanto, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. En consecuencia, solicita el otorgamiento del amparo solicitado por ese motivo y la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno para que el órgano judicial dicte la resolución que corresponda con respeto al citado derecho fundamental y, en su caso, se pronuncie sobre el fondo de la infracción del principio de igualdad denunciada.
El Abogado del Estado, que tampoco se pronuncia, aunque por otras razones, sobre la lesión del art. 14 CE, defiende por el contrario que en el presente asunto no es posible apreciar la infracción del art. 24.1 CE que se denuncia, toda vez que la declaración judicial de inadmisión es consecuencia del comportamiento procesal del propio recurrente, que con su estrategia equivocada forzó voluntariamente la caducidad de su recurso contencioso núm. 943-2001, sin formular entonces, pudiendo haberlo hecho, la pretensión que luego, una vez fracasada la vía del orden social que intentó, ha formulado en sede contenciosa con fundamento en el art. 14 CE. Esta es igualmente, en síntesis, la conclusión que defienden las empresas demandadas en proceso judicial a quo, que rechazan además la existencia de la desigualdad denunciada por el recurrente.
2. Con carácter previo a comenzar nuestro análisis, algunas precisiones previas son oportunas.
Según prueba su contenido y reconoce además la propia demanda, el presente recurso de amparo es del tipo que en expresión normalizada hemos denominado «mixto», porque el recurrente imputa a la Administración, de un lado, y a los órganos judiciales, de otro, sendas y respectivas infracciones constitucionales independientes. La infracción del principio de igualdad, en el primer caso, y la lesión del derecho a la tutela judicial, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, en el segundo.
En este tipo de procesos es también común, conforme precisan entre otras las SSTC 5/2008, de 21 de enero, FJ 3; 216/2009, de 14 de diciembre, FJ 2; 35/2010, de 19 de julio, FJ 2; 44/2011, de 11 de abril, FJ 3; y 118/2012, de 4 de junio, FJ 3, que nuestro análisis comience precisamente por las lesiones constitucionales que se imputan a la Administración para examinar luego, en un segundo momento, y si fuera preciso, las infracciones que se reprochan a las resoluciones judiciales. Razonablemente porque, como hemos venido explicando, la infracción constitucional producida en el transcurso del proceso judicial, con frecuencia, no modifica el carácter preferente de la vulneración formulada por el cauce procesal del art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), de modo que el acto administrativo sigue «siendo el verdadero objeto del recurso de amparo que finalmente deviene mixto». Cuando eso sucede efectivamente, la citada regla de ordenación resulta desde luego oportuna para impedir, entre otras consecuencias no deseables, que se produzca una demora en la protección del derecho sustantivo realmente en juego y no hacer de peor condición a quien, además de haber padecido una lesión constitucional causada por la Administración, hubiera sufrido también una infracción con origen en la actividad de los órganos judiciales, pues, mientras que en este último caso el recurrente obtendría una reparación inmediata en sede de amparo, en el primero conseguiría simplemente la retroacción de las actuaciones a la jurisdicción ordinaria.
Esta regla, si válida en línea de principio, naturalmente tiene también sus propias excepciones, según testimonian las SSTC 124/2007, de 21 de mayo; 61/2008, de 26 de mayo; y 37/2009, de 9 de febrero, y en el presente supuesto fuerzan en todo caso las singulares circunstancias ahora concurrentes, y a las que usualmente hemos apelado como guía a observar para determinar el orden de nuestro análisis (SSTC 97/2003, de 2 de junio, FJ 2, y 221/2004, de 29 de noviembre, FJ 1). Unas circunstancias imposibles de pasar por alto y que ahora determinan que el análisis de la infracción del derecho de acceso a la jurisdicción resulte prioritario. En forma incontrovertible, en efecto, porque, como bien ha notado el Abogado del Estado, si después del correspondiente análisis nuestra conclusión fuera la de que la decisión judicial de inadmisión del recurso contencioso-administrativo del recurrente resulta irreprochable ex art. 24.1 CE, no habría lugar ya a examinar la tacha de desigualdad que el recurrente ha reprochado a la Administración por el cauce del art. 43 LOTC. Pues, como también hemos advertido repetidamente, la vía judicial previa sólo puede entenderse efectivamente agotada y, en consecuencia, abierta la del proceso constitucional de amparo, si los recursos jurisdiccionales que en cada caso resulten procedentes para obtener la reparación de la lesión constitucional pretendidamente sufrida se han interpuesto en tiempo y forma, de manera que si el oportuno recurso se interpone extemporáneamente o sin cumplir los correspondientes requisitos procesales, su fracaso equivale a su no utilización y determina, en consecuencia, la inadmisión de la demanda de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa en aplicación del art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC (SSTC 329/2006, de 20 de noviembre, FJ 2; 114/2009, de 14 de mayo, FJ 3; y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 2). Por estas razones, como hemos advertido, nuestro examen debe comenzar efectivamente por la infracción del art. 24.1 CE que el recurrente ha imputado por la vía del art. 44 LOTC a las resoluciones judiciales recurridas.
3. Con arreglo a este planteamiento, debemos pues determinar si, como denuncia el demandante de amparo y es el criterio también del Ministerio Fiscal, las Sentencias recurridas, que declararon la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por extemporáneo, han lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), o si, por el contrario, como opinan el Abogado del Estado y la representación procesal de las empresas demandadas en el proceso judicial a quo, la citada decisión judicial de inadmisión es irreprochable constitucionalmente.
Sobre el derecho de acceso a la jurisdicción existe ya una consolidada doctrina constitucional que arranca de la temprana STC 19/1981, de 8 de junio, y está resumida, entre otras muchas, en las más modernas SSTC 148/2007, de 18 de junio; 75/2008, de 23 de junio; 133/2009, de 1 de junio; 23/2011, de 14 de marzo; 141/2011, de 26 de septiembre; y 220/2012, de 26 de noviembre.
Conforme a esta doctrina, la decisión judicial limitativa de ese derecho no puede estar fundada, en primer lugar, en una interpretación de la causa legal aplicada que resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, o en cuya aplicación se aprecie que el órgano judicial ha incurrido en error patente sobre los hechos concurrentes. En segundo lugar, debemos comprobar, asimismo, si la causa esgrimida por el órgano judicial resulta, además, ajustada al principio pro actione, que es de obligada observancia por los Jueces y Tribunales y que impide que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión formulada. Hemos precisado que el control constitucional de las decisiones judiciales de inadmisión ha de verificarse en consecuencia de forma especialmente intensa.
En particular, sobre la decisión judicial de inadmisión por extemporaneidad, hemos declarado también que, si bien la aplicación de los plazos de prescripción y de caducidad es una cuestión de mera legalidad ordinaria, adquiere no obstante dimensión constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que, por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida. Por esta razón, corresponde a este Tribunal examinar los motivos y argumentos en los que se funda la decisión judicial de inadmisión, con la sola finalidad de comprobar si resultan o no constitucionalmente justificados.
4. Tal y como se ha dejado anotado con más detalle en los antecedentes, dos son principalmente los motivos que justifican, en el criterio de las resoluciones judiciales recurridas, la declaración de extemporaneidad del recurso contencioso promovido en el proceso judicial a quo.
De un lado, la equivocada estrategia procesal del recurrente, que libre y voluntariamente decidió, sin que nada ni nadie le obligara a ello, formular su tacha de desigualdad del art. 14 CE ante los órganos de la jurisdicción social, cuando bien pudo haberlo hecho antes con ocasión del recurso contencioso-administrativo núm. 943-2001 que previamente había interpuesto contra la resolución administrativa, de 30 de diciembre de 2000, y que, sin embargo, dejó luego caducar sin formular demanda. En estas circunstancias, el fracaso posterior de la vía jurisdiccional social por falta de competencia material para conocer de la infracción del art. 14 CE no permite, so pena de ignorar los plazos procesales, volver sobre la citada resolución administrativa para formular esa misma pretensión nuevamente en la vía contenciosa.
Y, de otro, pero en todo caso, el que, cuando el 21 de julio de 2008 el recurrente interpuso su recurso contencioso por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, había transcurrido de sobra el plazo de diez días previsto en el art. 115.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), sin que el hecho de que el recurrente hubiera interpuesto previamente recurso alzada sirva para interrumpir el cómputo del citado plazo, dado su carácter manifiestamente improcedente.
Ninguno de estos dos motivos, como ha de verse, supera el canon de constitucionalidad que antes hemos recordado, pues, aun cuando ciertamente esa interpretación judicial no puede calificarse de irrazonable o arbitraria, resulta rigorista y excesivamente formal, sin embargo.
5. Lo es ya, en efecto y destacadamente, el primer razonamiento judicial, que, según se ha recordado, se resume en la idea de que en el caso que consideramos la vía de la jurisdicción contenciosa quedó agotada con la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 943-2001, luego voluntariamente abandonada por el recurrente, sin que el fracaso posterior de la vía jurisdiccional social por falta de competencia permita promover un nuevo recurso contra el mismo acto administrativo.
Desde esta perspectiva, conviene subrayar sin embargo que, conforme se ha expuesto en los antecedentes, al tiempo de la aprobación administrativa del expediente de regulación de empleo que consideramos, el reparto de competencias entre los órdenes jurisdiccionales contencioso y social era una cuestión confusa, según lo testimonian muy bien las propias actuaciones judiciales remitidas, en las que no faltan, de hecho, los pronunciamientos que apuntan precisamente a la competencia del orden social.
Significativamente es el caso del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de febrero de 2002, que confirmó en grado de súplica la denegación de la medida cautelar interesada por el recurrente de amparo en el recurso contencioso núm. 943-2001, en el que el órgano judicial declaró que, «como sostiene reiterada jurisprudencia, cualquier incidencia sobre las relaciones de trabajo resultantes de un expediente de regulación de empleo es de la competencia del orden social de la jurisdicción».
El mismo criterio, pero formulado ahora con mayor vigor, consta igualmente en el Auto del Juzgado de lo Social único de Algeciras, de 27 de mayo de 2002, cuando al hilo de rechazar la falta de competencia opuesta de contrario, el órgano judicial afirmó que, en este tipo de asuntos en los que se cuestiona la aprobación administrativa de un expediente de regulación de empleo, el conocimiento de los órganos del orden jurisdiccional contencioso «es muy limitado y referido solo a examinar si se ajusta a los dispuesto en el art. 51 del ET … mientras que cualquier otra cuestión esencialmente laboral y relativa al contenido del ERE y su aplicación es materia, como no podría ser de otro modo, sometida al conocimiento del orden social».
Y sea como fuere, de la confusión jurisprudencial hablan muy bien las propias Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2006, y de 19 de diciembre de 2007, dictada ésta segunda en el proceso judicial a quo, y en las que el Alto Tribunal, pese a declarar la falta de competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda del recurrente en amparo, se cuida no obstante de advertir muy bien que «el deslinde entre el ámbito de competencia de los Tribunales del orden social y contencioso-administrativo viene fijado por una línea que puede parecer confusa».
Nada de todo esto, sin embargo, parece contar para las resoluciones judiciales recurridas que declaran la extemporaneidad del recurso contencioso intentado por el recurrente simplemente, como se ha observado, porque en su criterio esa vía jurisdiccional quedó definitivamente cerrada con el recurso contencioso núm. 943-2001, toda vez que, como luego confirmó la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con su declaración de incompetencia del orden social, nada impidió entonces que el recurrente hubiera combatido la resolución administrativa, de 30 de diciembre de 2000, con fundamento también en que el régimen indemnizatorio previsto en el plan de jubilación autorizado por la Administración pugnaba con el principio de igualdad.
6. Tal y como hemos anticipado, esta forma de razonar traduce un rigorismo exagerado, incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial, en su vertiente de derecho de acceso a la justicia.
Ya por lo pronto, importa notar que, aunque fuera verdad, como afirman las Sentencias recurridas, que no existía ningún obstáculo jurídico cierto a que el recurrente hubiera impugnado la citada resolución administrativa con fundamento asimismo en la infracción del art. 14 CE, esa comprobación resulta inocua y no sirve, en cualquier caso, para calificar su conducta procesal de negligente o poco atenta ni, en consecuencia, de justificación a la decisión de inadmisión del recurso. Pues, además de que, como se ha señalado, no faltan los pronunciamientos que advertían de que el conocimiento de ese tipo de reclamaciones correspondían al orden social, con arreglo al derecho fundamental del art. 24.1 CE que ahora consideramos, lo decisivo no es tanto ni principalmente examinar la bondad o el éxito de su estrategia procesal, sino comprobar si la interpretación judicial que consideramos resulta o no desproporcionada, por excesivamente formal y rigorista. En el marco de este proceso constitucional, entonces, debemos comprobar si la decisión judicial de inadmitir el recurso contencioso del recurrente es o no una decisión proporcionada, atendidas naturalmente las circunstancias concurrentes. Si se prefiere, desde otra perspectiva, la severidad del escrutinio constitucional que antes hemos recordado, y que cualifica el canon a seguir en este tipo de asuntos en los que se ventila el derecho de acceso a la justicia, se predica no obviamente de la estrategia procesal seguida por el recurrente, sino de la decisión judicial adoptada.
Con arreglo a lo dicho hasta ahora y, de modo particular, vista la existencia de fundadas dudas acerca de la jurisdicción competente en este tipo de asuntos, no hay duda de que, al igual que hemos afirmado en la STC 194/2009, de 28 de septiembre, reprochar al recurrente que decidiera acudir a la jurisdicción social para concluir de ese modo en la inadmisión por extemporáneo del recurso contencioso interpuesto una vez cerrada la vía del orden social por falta de competencia, resulta una decisión judicial excesivamente rigorista y contraria al principio pro actione y, en consecuencia, que vulnera el derecho fundamental del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a la justicia.
7. No se ignora que, a diferencia del caso resuelto en la citada Sentencia 194/2009, en el presente asunto el recurrente ya impugnó antes la misma resolución administrativa que luego años después, una vez clausurada definitivamente la vía jurisdiccional social, ha intentado nuevamente recurrir mediante la interposición del recurso contencioso que consideramos. Esta circunstancia, que apunta a la doble impugnación jurisdiccional de un mismo acto administrativo en sede contenciosa, es precisamente la que utilizan las Sentencias recurridas y, singularmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre de 2011, para justificar su decisión de inadmisión. Al menos en media docena de ocasiones, en efecto, el Alto Tribunal alude a que no es jurídicamente posible, sin ignorar los plazos procesales, que un mismo acto administrativo pueda ser impugnado años después de haberlo sido previamente en otro proceso contencioso, por más que en cada caso el correspondiente recurso se funde en motivos distintos, de legalidad ordinaria, el primero, y de naturaleza constitucional, el segundo. Por esta razón, el Tribunal Supremo advierte, también por dos veces, que para determinar la extemporaneidad del recurso lo decisivo «no es la índole de la pretensión impugnatoria, sino la identidad del acto recurrido».
Este razonamiento no puede compartirse tampoco en términos de proporcionalidad, dado que confirma el carácter excesivamente formal y rigorista de la decisión judicial que consideramos. Pues esa explicación, al hacer hincapié, como se ha comprobado, en la identificación del acto formalmente recurrido, aun posible en una interpretación de legalidad ordinaria, desenfoca las circunstancias del caso y prescinde sin ninguna justificación de su verdadero contenido material. Ciertamente el acto administrativo recurrido es siempre el mismo, la resolución administrativa de 30 de diciembre de 2000, que autorizó el expediente de regulación de empleo 65-2000. Sin embargo, esa identidad es únicamente formal, toda vez que no tiene en cuenta que en esa época la impugnación del acto administrativo de aprobación del expediente de regulación de empleo tenía, según testimonian las propias resoluciones dictadas en el presente proceso judicial y que antes hemos visto, muy concertado su ámbito: se limitaba poco más que a comprobar si el correspondiente despido colectivo acordado entre las partes era conforme al art. 51 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores.
En estas condiciones, nada tiene de extraño ni de reprochable que el recurrente considerara, al tiempo de recurrir por primera vez en sede contencioso-administrativa el acto administrativo de aprobación del expediente de regulación de empleo, que su contenido resultaba novedoso, pues no se limitaba ahora a la comprobación de la regularidad del expediente tramitado y al acuerdo alcanzado entre el empresario y los representantes de los trabajadores, ya que también perseguía combatir las condiciones económicas del plan de prejubilación previsto en el expediente de regulación de empleo ante los órganos de la jurisdicción social, queja ésta que no quedó expresada en la anterior impugnación en sede administrativa. Y en atención a las vicisitudes litigiosas del presente caso, tampoco resulta extraño que el recurrente decidiera abandonar en su día el recurso contencioso núm. 943-2001.
Desde esta perspectiva, importa subrayar que no es hasta su Sentencia de 23 de enero de 2006 cuando la Sala de lo Social del Tribunal Supremo despeja definitivamente las dudas existentes y declara la falta de competencia del orden social por considerar que la discusión sobre el régimen de indemnización previsto en el controvertido plan de prejubilación acordado entre las partes «supone una impugnación del acuerdo asumido por la resolución del expediente administrativo [de modo que] la acción ejercitada implica una revisión de lo acordado entre las partes e incorporado a la resolución administrativa que puso fin al expediente de regulación de empleo». Un razonamiento bien significativo y que permite ver que con esa declaración la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sienta una solución que determina, por efecto, la atribución al acto administrativo de aprobación del expediente de regulación de empleo de un contenido hasta entonces cuando menos discutido. Por esta razón, la afirmación de las Sentencias recurridas acerca de que el recurrente en amparo ha pretendido impugnar en 2008 el mismo acto administrativo que ya antes había impugnado en 2001 es en realidad un criterio excesivamente formalista, que mira exclusivamente a la identificación del acto administrativo recurrido, y, por tanto, contrario al principio pro actione. Como se ha señalado, materialmente el contenido del acto administrativo recurrido en uno y otra ocasión podría considerarse distinto.
8. Naturalmente, con la comprobación anterior decae igualmente la posibilidad de compartir el criterio judicial sobre que el recurso contencioso resulta en todo caso extemporáneo porque el recurso de alzada previamente interpuesto por el recurrente no interrumpe el cómputo del plazo previsto en el art. 115.1 LJCA, y que es, como más arriba hemos recordado, el segundo motivo razonado por las Sentencias recurridas para justificar su decisión de inadmisión.
El argumento esgrimido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, relativo a la interpretación del artículo 115 LJCA, antes que desproporcionado, es, en este caso, manifiestamente irrazonable, por contrario a la literalidad del precepto y a su origen y sentido; falta de razonabilidad manifiesta que, como se dijo, puede determinar al igual que el rigorismo enervante la lesión del derecho de acceso a la jurisdicción.
Dice el artículo 115.1 LJCA, en relación con el plazo para interponer el recurso para la tutela de libertades y derechos fundamentales, que «será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de la notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites», y que «cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio del actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente». La literalidad de la norma hace referencia, con claridad, a la interposición potestativa de recurso administrativo. La interpretación que realiza la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no atiende, entonces, a los términos de la previsión normativa. Debe tenerse presente que la misma tiene su origen en la regulación que estableció, en su día, la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de derechos fundamentales de la persona, para los recursos contencioso-administrativos de tutela de libertades y derechos fundamentales, conforme a la cual, para la interposición de este tipo especial de recursos, se elimina la obligación de agotar previamente la vía administrativa.
En consecuencia, la interposición de recurso de alzada por el ahora demandante de amparo fue plenamente acorde con nuestra legislación. No tenía obligación de interponerlo, pero consideró que era conveniente debido a que la Administración no había tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema de la posible vulneración por el contenido económico del acuerdo del principio de igualdad, lo que no merece reproche alguno ni puede constituir, en consecuencia, causa legal determinante de la inadmisión de su recurso por extemporaneidad.
El restablecimiento del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y la necesidad de garantizar la subsidiariedad del recurso de amparo determinan la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y, tal y como ha interesado el Ministerio Fiscal, la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte nueva resolución respetuosa con el derecho constitucional vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por don José María Claros Claver y, en consecuencia:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º Restablecer al recurrente en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de 29 de abril de 2010, y la Sentencia de 26 de septiembre de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación núm. 4168-2010, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas Sentencias para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de diciembre de dos mil trece.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado.
Voto particular que suscribe el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, en relación con la Sentencia recaída en el recurso de amparo número 6472-2011
1. Vaya por delante que mi respetuoso disentimiento respecto de la Sentencia aprobada por la mayoría, no empece, en modo alguno, mi reconocimiento al plausible esfuerzo desplegado para la resolución del presente recurso de amparo.
2. Creo que el amparo impetrado por el recurrente no debió otorgarse, pues los órganos jurisdiccionales concernidos en el presente caso no vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente (artículo 24.1 CE), en su vertiente del acceso a la jurisdicción.
3. Considera la Sentencia de amparo que los órganos judiciales no sustentaron un criterio interpretativo de la legalidad susceptible de ser calificado como absurdo o irrazonable, a la hora de inadmitir el recurso contencioso-administrativo que, por segunda vez, entabló el recurrente. No obstante, se achaca a dichos órganos un excesivo rigorismo formal que, a la postre, impidió que el recurrente obtuviera una resolución de fondo sobre la pretensión que en su día esgrimió. Tal rigorismo se concreta, según se afirma en la Sentencia de amparo, en la indebida valoración de lo que, por parte del Tribunal Supremo, se calificó como una «equivocada estrategia procesal», pues durante la sustanciación judicial de la pretensión del demandante no estaba delimitado, con la nitidez deseable, el ámbito de conocimiento de los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social en materia de expedientes de regulación de empleo.
Por otra parte, la Sentencia también considera que fue excesivamente formalista el criterio seguido por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, al entender que la resolución aprobatoria del expediente de regulación de empleo es un acto único, frente al cual no cabe deducir impugnaciones dilatadas en el tiempo –en este caso, separadas por el transcurso de más de seis años–, pues tal criterio sólo tiene en cuenta la unidad formal de la actuación administrativa, pero ignora que, desde una perspectiva material, el acto impugnado por el recurrente en la primera y segunda ocasión podría considerarse distinto.
4. Ciertamente, no ignora este Magistrado los inconvenientes que acarreó la falta de un criterio interpretativo unificado respecto de las impugnaciones deducidas con motivo de la aprobación de los expedientes de regulación de empleo, con la consiguiente incertidumbre que tal circunstancia supuso para los interesados, amén de la demoras que originó, por el denominado «peregrinaje de jurisdicciones», en la resolución de las cuestiones de fondo. Sin embargo, debo dejar patente mi discrepancia respecto del rigorismo que se atribuye a los órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo pues, como más adelante se indica, la principal razón por el que el motivo de fondo quedó imprejuzgado trae causa, en esencia, de la actuación procesal del recurrente.
5. Resulta sumamente ilustrativo, en relación con lo apuntado en el apartado anterior, el dato que se recoge en el fundamento jurídico 5 la STSJ de Madrid, de fecha 29 de abril del 2010, en relación con la actuación procesal del recurrente:
«Conocida la resolución de fecha 30-12-2000 de la Dirección General de Trabajo autorizatoria del ERE 65/2000 el actor interpone frente a la misma recurso de alzada e inadmitido el mismo por resolución de fecha 22-5-01 por extemporaneidad acude ante esta jurisdicción, conforme le era indicado, interponiendo recurso contencioso administrativo ordinario seguido con el núm. 943/01 ante la Sección Tercera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo solicitando en fecha 22-12-03 sin formular demanda que se declare la caducidad del mismo, como así tuvo lugar, poniendo de manifiesto en su escrito entre otras consideraciones los motivos por los que había impugnado la actuación administrativa tanto por cuestiones de legalidad ordinaria como por infracción del principio de igualdad discriminándose a los trabajadores mutualistas anteriores a 1967.»
Como se observa, la pretensión del recurrente no se anudaba, exclusivamente, a aspectos de estricta legalidad ordinaria, pues también pretendía someter a la consideración del órgano del orden contencioso-administrativo la eventual lesión del principio de igualdad. Siendo ello así, la solicitud de caducidad del recurso interpuesto, que expresamente interesó por escrito de fecha 22 de diciembre de 2003, supuso un verdadero abandono de la vía contencioso-administrativa de cara a la impugnación de la resolución aprobatoria del expediente de regulación de empleo, cualquiera que fueran los motivos por los que, eventualmente, dicha resolución pudiera ser contraria a Derecho.
Por otra parte, el cierre de la vía procesal inicialmente abierta por el recurrente se produjo cuando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Algeciras, de fecha 28 de octubre del 2002, todavía no era firme. Por tanto, el criterio mantenido por el referido Juzgado –que resolvió a favor de la competencia del orden jurisdiccional social– estaba pendiente de confirmación o refutación, en función de lo que acordara la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) al resolver el recurso de suplicación entablado por las contrapartes. En fin, aun cuando –como ya se ha apuntado–, la línea divisoria entre el ámbito competencial de los órdenes social y contencioso-administrativo no estaba fijada con la suficiente claridad, lo cierto es que el demandante optó voluntariamente por abandonar la vía impugnatoria inicialmente escogida, en un momento en que, al menos, la competencia de los órganos del orden jurisdiccional social estaba en entredicho.
6. Por último, debe señalarse que en el fundamento jurídico séptimo de la Sentencia 26 de septiembre del 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ofrece un extenso razonamiento, a cuyo través finalmente colige que no es dable cuestionar un mismo acto ante dos órdenes jurisdiccionales distintos, incluso cuando los motivos de impugnación sean diferentes, como tampoco es admisible la impugnación de un mismo acto, de manera sucesiva y diferida en el tiempo, ante el mismo orden jurisdiccional, aunque los procedimientos mediante los cuales se canaliza la impugnación sean diferentes.
Dicho criterio es el resultado de la interpretación de la legalidad ordinaria que, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, llevó a cabo la Sala Tercera del Tribunal Supremo ad casum. Como así lo reconoce la Sentencia de amparo, el razonamiento empleado para fundamentar la inadmisión no es censurable por arbitrariedad o falta de razonabilidad. Desde mi punto de vista, las consideraciones recogidas en el último párrafo del fundamento jurídico 8 de la Sentencia de amparo alumbran, bajo la férula del rigorismo formal que se achaca a los órganos jurisdiccionales, una interpretación alternativa de la legalidad, que no comparte la proclamada identidad del acto administrativo asumida por dichos órganos, lo cual no se compadece con la función atribuida al Tribunal Constitucional.
En fin, el recurso de amparo debió desestimarse, al no existir vulneración del artículo 24.1 CE.
Y para que conste mi discrepancia, suscribo el presente Voto particular en Madrid, a tres de diciembre de dos mil trece.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Enrique López y López a la Sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 6472-2011
1. Con el respeto que siempre profeso al parecer de la mayoría, considero necesario hacer uso de la facultad establecida en el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) de formular Voto particular a la Sentencia que ha estimado el recurso de amparo núm. 6472-2011.
2. La remisión a los abundantes y acertados razonamientos de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo –cuya reiteración resulta innecesaria, por quedar adecuado reflejo en los antecedentes de hecho de la Sentencia constitucional– resultaría suficiente para explicar mi Voto contrario a la estimación de la demanda de amparo. No obstante, me parece necesario resaltar que, a mi juicio, la Sentencia aprobada contiene un entendimiento del derecho de acceso a la jurisdicción que, por incompleto, se aparta de nuestra doctrina.
Como tenemos reiterado en múltiples ocasiones en relación con el mencionado derecho de acceso a la jurisdicción, como manifestación o vertiente del más amplio derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), los órganos judiciales están compelidos a interpretar las normas procesales que regulan el acceso al proceso no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo o por su formalismo excesivo, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso.
Ahora bien, en los procesos de amparo nuestro juicio de constitucionalidad no recae exclusivamente sobre la interpretación normativa que en cada caso realicen los órganos judiciales, sino que se proyecta también sobre la conducta procesal de los demandantes de amparo. Por ello son constantes nuestros pronunciamientos afirmando que «no existe vulneración del art. 24.1 CE cuando la situación a que se achaca tal vulneración sea debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que les representen o defiendan» (STC 18/1996, de 12 de febrero, FJ 3, entre otras muchas). Sin embargo, la Sentencia (FJ 6) niega en este caso virtualidad efectiva a la conducta procesal del demandante.
3. La demanda de amparo tiene su origen en el despido del recurrente como consecuencia de un expediente de regulación de empleo, autorizado por resolución de la entonces Dirección General de Trabajo, tras el acuerdo alcanzado por la empresa y los representantes sindicales. Después de haber presentado fuera de plazo un recurso de alzada contra la mencionada resolución administrativa y haber intentado sin efecto un acto de conciliación contra la empresa, el demandante emprendió la defensa de sus intereses a través de dos vías jurisdiccionales: la contencioso-administrativa (de la que desistió, al no llegar a formular escrito de demanda después de la interposición) y la social (que se declaró incompetente para conocer de la posible vulneración del principio de igualdad en las condiciones económicas de prejubilación fijadas).
Ante la falta de competencia apreciada por la jurisdicción social –que el demandante no cuestiona– presentó un nuevo –segundo ya– recurso administrativo de alzada contra la inicial resolución de la Dirección General de Trabajo, que fue rechazado por la Administración al considerar firme dicha resolución, criterio compartido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, lo que conllevó la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, por extemporáneo.
La Sentencia de la que disiento justifica el proceder del demandante en atención a la indefinición entonces existente acerca de cuál era el orden jurisdiccional competente para conocer de la pretensión imprejuzgada. Pero lo cierto es que la existencia de controversias entre órdenes jurisdiccionales es una situación prevista y regulada por nuestro ordenamiento, de cuya definitiva resolución no se derivan consecuencias adversas para los litigantes. Por ello, la circunstancia de que la jurisdicción social se declare incompetente para conocer de una pretensión no cierra el posterior acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, ni a la inversa [arts. 5.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y 5.5 de la Ley reguladora de la jurisdicción social].
Lo que la Sentencia aprobada no toma en consideración es que cuando el demandante desistió de la vía contencioso-administrativa ya había sido alegada ante el Juzgado de lo Social la excepción de incompetencia de la jurisdicción social, tanto por la empresa como por los sindicatos personados, siendo posteriormente reiterada por las partes demandadas en su recurso de suplicación. Por tanto, más allá de cualquier abstracta controversia doctrinal o jurisprudencial, lo cierto era que cuando el demandante abandona la vía contencioso-administrativa (escrito de 22 de diciembre de 2003) ya formaba parte de la litis la excepción de incompetencia de la jurisdicción social (antecedente 2 del Auto de 27 de mayo de 2002 del Juzgado de lo Social). De otra parte, nada impedía que se solicitara la suspensión del proceso hasta tanto se dilucidara el orden jurisdiccional competente. Puesto que el demandante se apartó inopinadamente de la vía contencioso-administrativa (en la que conforme al art. 56 LJCA podía alegar cualesquiera motivos de impugnación, aunque no se hubieran aducido ante la Administración), no parece que deba calificarse de «rigorismo exagerado» que el Tribunal Supremo tome en consideración que voluntariamente dejó caducar el trámite de presentación de la demanda contencioso-administrativa en un momento en que las demás partes negaban la competencia del orden jurisdiccional social.
El segundo aspecto que la Sentencia tampoco considera es que la resolución de la Dirección General de Trabajo cuya anulación ahora se pretende ya había devenido firme a causa de que el primer recurso de alzada contra la misma fue presentado fuera de plazo, según apreció la resolución del Ministro de Trabajo dictada el 22 de mayo de 2001. Tanto una como otra quedaron firmes por consentidas, al no llegar a ser finalmente combatidas en la vía judicial.
La Sentencia no aporta un razonamiento que permita obviar el aquietamiento del demandante con la resolución que declaró extemporáneo el primer recurso de alzada. Sin embargo, este hecho es una realidad procesal vinculante tanto para los órganos judiciales como para este mismo Tribunal [art. 44.1 b) LOTC], pese a lo cual la Sentencia aprobada niega la firmeza de la resolución de la Dirección General de Trabajo, considerando factible que años después pueda presentarse un nuevo recurso de alzada con base en el art. 115.1 LJCA, precepto de legalidad ordinaria del que considero que pueden derivarse las consecuencias que en el fundamento jurídico 8 se extraen. En definitiva, el principio pro actione debe conciliarse con el principio de seguridad jurídica, puesto que la quiebra de este último sin razón suficiente, como es el caso, terminará también quebrando el primero.
Madrid, a tres de diciembre de dos mil trece.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. | TC da razón a un trabajador despedido en el ERE de Altadis al que Empleo no le dejó presentar recurso fuera de plazo. | La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6472-2011 promovido por don José María Claros Claver, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Bueno Rodríguez y asistido por el Letrado don Pedro Claros Alegría, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de casación núm. 4168-2010 interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 29 de abril de 2010, que declaró extemporáneo el recurso contencioso núm. 673-2008 formulado por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, dictada en el expediente de regulación de empleo núm. 65-2000. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 28 de noviembre de 2011, doña María José Bueno Rodríguez, Procuradora de los Tribunales y de don José María Claros Claver, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son resumidamente los siguientes:
a) El demandante fue objeto de despido colectivo en virtud de expediente de regulación de empleo núm. 65-2000, de carácter forzoso, de las empresas Altadis, S.A. (antigua Tabacalera, S.A.), y Logista, S.A., autorizado por resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de diciembre de 2000, que preveía la extinción de más de un millar y medio de contratos de trabajo con un período de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2002, y la prejubilación forzosa de los trabajadores que antes de esa fecha alcanzaran la edad de cincuenta y cinco años.
b) Con fecha 23 de marzo de 2001, el demandante interpuso recurso de alzada contra la citada resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000, cuestionado la existencia de meritorias causas que justificaran el despido colectivo, con paralela denuncia de fraude y abuso de derecho. Mediante resolución de 22 de mayo de 2001, el Ministerio de Trabajo acordó inadmitir el recurso por extemporáneo habida cuenta del plazo transcurrido entre la fecha de notificación de la citada resolución a los representantes sindicales de los trabajadores, el 5 de enero de 2001, y el de la fecha de interposición del recurso.
Contra esta resolución, en julio de 2001, el recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue tramitado con el núm. 943-2001. En el escrito de interposición, el recurrente solicitó la suspensión cautelar de la autorización administrativa del expediente de regulación de empleo y, en particular, el aplazamiento de la fecha de su despido, con mantenimiento de su relación laboral en los términos hasta entonces vigentes, incluido el derecho de vivienda. La Sala, mediante Auto de 5 de diciembre de 2001, luego confirmado en súplica por nuevo Auto de 4 de febrero de 2002, rechazó la suspensión interesada, no sin antes observar que «como sostiene reiterada jurisprudencia, cualquier incidencia sobre las relaciones de trabajo resultantes de un expediente de regulación de empleo son de la competencia del orden social de la jurisdicción, atendido que la que nos corresponde agota su eficacia con la revisión de los actos administrativos relativos al propio expediente de regulación de empleo».
Bastante tiempo después, en noviembre de 2003, el órgano judicial, con traslado del expediente administrativo recibido, emplazó al recurrente para que formalizara su demanda contenciosa. Este emplazamiento sin embargo no fue atendido por el recurrente y, en consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por Auto de 8 de marzo de 2004, acordó declarar caducado el citado recurso 943-2001, interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de diciembre de 2000.
c) Entretanto, y ya bastante tiempo antes, el 31 de octubre de 2001, el recurrente recibió la carta de despido por prejubilación forzosa al haber cumplido en esa fecha los cincuenta y cinco años y, más tarde, el siguiente 9 de noviembre de 2001, las condiciones económicas definitivas que habían de regir su proceso de prejubilación. No estando conforme con el despido ni, en particular, con las prestaciones económicas anunciadas por la empresa, y que en su caso consideraba además discriminatorias en relación con las previstas para otros grupos de trabajadores, el 12 de noviembre de 2011, el recurrente presentó papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación por el concepto «tutela de derechos fundamentales» denunciado desigualdad en el sistema indemnizatorio contemplado en el plan de prejubilación autorizado por la Dirección General de Trabajo en el expediente de regulación de empleo considerado. El acto de conciliación se tuvo por intentado sin efecto, por incomparecencia de la empresa.
d) Ante el fracaso del intento de conciliación, el recurrente acudió a la jurisdicción social y formuló demanda de tutela de derechos fundamentales por vulneración del principio de igualdad, que fue turnada con el núm. 124-2002 al Juzgado de lo Social Único de Algeciras. Mediante Sentencia de 28 de octubre de 2002, el Juzgado, previa desestimación de todas las excepciones opuestas por la empresa, incluida la relativa a la falta de jurisdicción del orden social, con remisión en este caso a su Auto anterior de 27 de mayo de 2002, estimó
### RESUMEN: TC da razón a un trabajador despedido en el ERE de Altadis al que Empleo no le dejó presentar recurso fuera de plazo. |
Por Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 10 de abril de 2018, se suprime la prescripción 10.5 del Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la prestación de servicios de restauración colectiva (autoservicios), cafeterías, restaurante, y máquinas expendedoras (vending) del Congreso de los Diputados.
El Pliego modificado se puede consultar en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados (www.congreso.es) y en la publicación correspondiente del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 26 de abril de 2018.
La licitación del procedimiento de contratación que se modifica fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado núm. 59, de 8 de marzo de 2018, sec. V-A. Pág. 18403-18404.
Madrid, 13 de abril de 2018.- Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario General del Congreso de los Diputados. | Acuerdo de la Mesa del Congreso que elimina la cláusula del contrato de la cafetería que hablaba de servicios mínimos en caso de huelga. | Por Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 10 de abril de 2018, se suprime la prescripción 10.5 del Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la prestación de servicios de restauración colectiva (autoservicios), cafeterías, restaurante, y máquinas expendedoras (vending) del Congreso de los Diputados.
El Pliego modificado se puede consultar en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados (www.congreso.es) y en la publicación correspondiente del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 26 de abril de 2018.
La licitación del procedimiento de contratación que se modifica fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado núm. 59, de 8 de marzo de 2018, sec. V-A. Pág. 18403-18404.
Madrid, 13 de abril de 2018.- Carlos Gutiérrez Vicén, Secretario General del Congreso de los Diputados.
### RESUMEN: Acuerdo de la Mesa del Congreso que elimina la cláusula del contrato de la cafetería que hablaba de servicios mínimos en caso de huelga. |
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en relación con los artículos 2.2 y 3.2.k) de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, cumplido el trámite de comunicación al Congreso de los Diputados, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013,
Vengo en nombrar Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Luisa Rodríguez López.
Dado en Madrid, el 12 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ | Nombramiento como secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Luisa Rodríguez López. | En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en relación con los artículos 2.2 y 3.2.k) de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, cumplido el trámite de comunicación al Congreso de los Diputados, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 2013,
Vengo en nombrar Secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Luisa Rodríguez López.
Dado en Madrid, el 12 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
### RESUMEN: Nombramiento como secretaria General del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Luisa Rodríguez López. |
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, vengo en disponer el cese, con efectos de 5 de mayo de 2014, de don Enrique Lizalde Gil, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, con NRP 7306663813 A0506, en el puesto de Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 5 de mayo de 2014.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sainz. | Cesan al subdirector general de promoción deportiva y deporte paralímpico, Enrique Lizalde Gil. | En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, vengo en disponer el cese, con efectos de 5 de mayo de 2014, de don Enrique Lizalde Gil, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, con NRP 7306663813 A0506, en el puesto de Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico, agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 5 de mayo de 2014.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo Sainz.
### RESUMEN: Cesan al subdirector general de promoción deportiva y deporte paralímpico, Enrique Lizalde Gil. |
El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año.
De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
Primero.
Desde las cero horas del día 17 de marzo de 2015, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
– Término fijo: 1,58 euros/mes.
– Término variable: 75,9375 céntimos/kg.
2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 61,2910 céntimos/kg.
Segundo.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
– Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
– Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Tercero.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional materia prima ($/Tm): Propano = 405,4, butano = 463,7.
Media del flete bajo y alto ($/Tm): 35.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,134965.
Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
Cuarto.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 17 de marzo de 2015, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 17 de marzo de 2015.
Quinto.
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 17 de marzo de 2015, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u ordenes aplicables.
Sexto.
Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución.
Séptimo.
Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
Madrid, 11 de marzo de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, Maria Teresa Baquedano Martín. | Nuevas tarifas del precio del gas. Nuevos precios de bombona butano y variable del Gas Natural. | El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas.
Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicaran en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes.
Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año.
De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve:
Primero.
Desde las cero horas del día 17 de marzo de 2015, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación:
1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
– Término fijo: 1,58 euros/mes.
– Término variable: 75,9375 céntimos/kg.
2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 61,2910 céntimos/kg.
Segundo.
Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes:
– Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario.
– Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Tercero.
En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios:
Cotización internacional materia prima ($/Tm): Propano = 405,4, butano = 463,7.
Media del flete bajo y alto ($/Tm): 35.
Media mensual del cambio dólar/euro: 1,134965.
Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
Cuarto.
Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 17 de marzo de 2015, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 17 de marzo de 2015.
Quinto.
Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 17 de marzo de 2015, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u ordenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de
### RESUMEN: Nuevas tarifas del precio del gas. Nuevos precios de bombona butano y variable del Gas Natural. |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don José Ignacio Wert Ortega como Ministro de Educación, Cultura y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Girona, el 25 de junio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | El cese de José Ignacio Wert Ortega como Ministro de Educación, Cultura y Deporte. | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don José Ignacio Wert Ortega como Ministro de Educación, Cultura y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Girona, el 25 de junio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: El cese de José Ignacio Wert Ortega como Ministro de Educación, Cultura y Deporte. |
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria determina la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a personas a las que se hubiera reconocido esta protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta obligación, ha desarrollado un sistema de acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional que cuenta con una red nacional de centros de acogida y de un conjunto de programas dirigidos a la integración social. El desarrollo de este sistema corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en virtud de lo indicado en el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de este Departamento.
En los años 2014 y 2015 se ha producido un fuerte incremento del número de solicitantes de protección internacional llegados a España que ha tenido un gran impacto en el sistema. Se prevé que en los próximos meses continúe esta tendencia alcista debido a la inestabilidad en la zona de Oriente Medio, en especial de Siria, que genera un número importante de llegadas a nuestro país. Además, España se ha comprometido decididamente con las propuestas de la Unión Europea para la acogida de los solicitantes de asilo que llegan, huyendo de conflictos bélicos, a países de la Unión.
Por ello, es necesario adoptar una medida extraordinaria que permita reforzar el sistema incrementando con carácter urgente los servicios para la integración con el fin de poder atender a todas las personas que soliciten asilo y a aquellas que, una vez reconocida la protección internacional, precisen continuar apoyo para su plena incorporación en la sociedad de acogida.
A la vista de estas circunstancias, se han reforzado las partidas presupuestarias destinadas a la financiación del sistema de acogida e integración, realizando las oportunas modificaciones presupuestarias a través de los instrumentos previstos para ello en la normativa sobre la materia.
Realizadas dichas actuaciones de refuerzo de las partidas presupuestarias aplicables a financiar el sistema, y ante la necesidad sobrevenida y urgente de atender este importante volumen de solicitantes de asilo y refugiados, es necesario incrementar también la dotación económica, mediante subvención, a las organizaciones no gubernamentales y no lucrativas especializadas. Esta necesidad de refuerzo importante de forma inmediata de los servicios de atención e integración no puede ser atendida en el marco de las convocatorias periódicas de subvenciones mediante concurrencia competitiva, al no poder responder a una situación apremiante como la actual.
Asimismo, la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, requiere de un refuerzo suplementario con el fin de ofrecer a sus residentes una asistencia social y sanitaria adecuada. De esta forma, con carácter complementario a los servicios que se prestan en estos centros, resulta imprescindible un incremento de recursos tanto humanos como materiales que garanticen la atención adecuada a sus residentes, especialmente a aquellos que presentan factores de especial vulnerabilidad como menores, familias, personas con discapacidad o posibles víctimas de trata de seres humanos.
Por todo ello, la vía más adecuada para reforzar el sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y cumplir las obligaciones legales e internacionales de asistencia es la subvención directa prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Esta opción permite conceder subvenciones de forma directa y con carácter excepcional siempre que concurran razones de interés público, social, económico o humanitario. Por su parte, el artículo 28.2 de esa norma legal señala que la aprobación de las bases reguladoras de estas subvenciones de concesión directa por circunstancias excepcionales y humanitarias se realizará mediante real decreto. Además, dado que el importe máximo de la subvención supera los doce millones de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es precisa la autorización del Consejo de Ministros.
Las organizaciones que cuentan con una larga trayectoria de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo del sistema de acogida e integración y con estructura suficiente para atender esta situación urgente y excepcional son Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM).
Dado que los objetivos que persigue esta subvención se enmarcan dentro del Sistema Europeo Común de Asilo, está previsto que los programas subvencionados puedan ser cofinanciados por fondos europeos y, en particular, por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).
Así, el marco normativo comunitario de estos fondos está compuesto, en primer lugar, por el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo, que establece un periodo de vigencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), entre 2014 y 2020, con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, basándose en la solidaridad entre los estados miembros.
Además, han de tenerse en cuenta la Directiva 2011/95/EU del Parlamento Europeo y el Consejo de 13 de diciembre 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.
El recurso a esta vía de subvención directa para reforzar económicamente a las organizaciones no gubernamentales y no lucrativas especializadas es un primer refuerzo del sistema de acogida e integración, en respuesta a las circunstancias anteriormente descritas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias, de una subvención a las entidades Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) para financiar una primera ampliación de los recursos destinados a la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y para la asistencia socio-sanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
2. Las actuaciones que sean cofinanciadas por el Fondo de Asilo, Migración e Integración se regirán, además de por lo dispuesto en la normativa nacional, por la normativa siguiente y aquella que la desarrolle:
a) Reglamento (UE) número 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones número 573/2007/CE y número 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo.
b) Reglamento (UE) número 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el Instrumento de Apoyo Financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.
c) Reglamento Delegado (UE) número 1042/2014 de la Comisión de 25 de julio de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) número 514/2014 por lo que se refiere a la designación y a las responsabilidades en materia de gestión y control de las autoridades responsables y al estatus y a las obligaciones de las autoridades de auditoría.
d) Reglamento Delegado (UE) número 1048/2014 de la Comisión de 30 de julio de 2014 por el que se establecen medidas de información y publicidad dirigidas al público y de información dirigidas a los beneficiarios, de conformidad con el Reglamento (UE) número 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
1. Esta subvención será concedida de forma directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones humanitarias y de interés social. Las bases reguladoras de esta subvención se determinan en este real decreto, en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de esta norma legal y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo.
2. La subvención será concedida mediante resolución del titular de la Dirección General de Migraciones por delegación de la Ministra de Empleo y Seguridad Social.
Artículo 4. Beneficiarios y actuaciones a financiar.
1. Serán beneficiarias de esta subvención las entidades Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), con el importe indicado en el anexo para cada anualidad y aplicación presupuestaria.
2. Las actuaciones prioritarias a financiar con esta subvención serán:
a) Acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España. El objetivo de esta prioridad es aumentar la red de plazas de acogida, complementaria a los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como un conjunto de servicios que favorezcan la integración de los beneficiarios en la sociedad española. Para ello, los programas subvencionados incluirán el diseño de un itinerario de inserción por fases destinado a la adquisición gradual de autonomía de los beneficiarios. En el marco de esta prioridad se podrán desarrollar los siguientes servicios:
1.º Información y orientación.
2.º Intervención social.
3.º Acogida temporal.
4.º Ayudas económicas.
5.º Empleo.
6.º Atención psicológica.
7.º Asistencia jurídica.
8.º Traducción e interpretación.
9.º Primera acogida en territorio nacional y puestos fronterizos.
b) Equipamiento y adaptación de inmuebles. Con esta prioridad se pretende apoyar la adquisición de recursos materiales adecuados para el funcionamiento o la adaptación de los dispositivos de acogida de las entidades.
c) Asistencia socio-sanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Su objetivo es complementar la atención y servicios prestados por los CETI a sus residentes. Dentro de esta prioridad se podrán desarrollar los siguientes servicios:
1.º Información, orientación e intervención social.
2.º Atención psicológica.
3.º Asistencia jurídica.
4.º Traducción e interpretación.
5.º Formación, ocio y tiempo libre.
6.º Actividades de asistencia sanitaria.
3. La Dirección General de Migraciones determinará los términos y condiciones para la gestión y justificación de los programas subvencionados.
4. El periodo de ejecución de los programas subvencionados se extenderá desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.
Artículo 5. Cuantía y financiación.
1. Las subvenciones tendrán carácter plurianual y se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
a) 19.07.231H.484.62 para los programas a subvencionar dentro de las actuaciones prioritarias establecidas en las letras a) y c) del artículo 4.2, siendo el importe total para 12 meses de 12.800.000 euros, de los cuales la dotación para 2015 asciende a 6.400.000 euros y la de 2016 a 6.400.000 euros.
b) 19.07.231H.780 para los programas a subvencionar dentro de la actuación prioritaria establecida en el artículo 4.2.b) por un importe total de 200.000 euros, de los cuales la dotación para 2015 asciende a 100.000 euros y la de 2016 a 100.000 euros.
Esta distribución tendrá carácter estimado y su modificación requerirá la tramitación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades.
La distribución del importe total de la subvención entre las distintas prioridades y entidades beneficiarias, atendiendo a la aplicación presupuestaria, es la que figura en el anexo de este real decreto.
2. Los programas subvencionados podrán ser cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, a excepción del servicio relativo al empleo incluido en el apartado 2.a) del artículo 4 que no será cofinanciado por fondos comunitarios.
Artículo 6. Forma de pago de la subvención.
1. La resolución de concesión detallará la cuantía concedida para cada ejercicio presupuestario según la prioridad del programa subvencionado y el importe máximo para cada uno de los pagos.
2. El pago de la subvención se efectuará en tres plazos, el primero de los cuales tendrá carácter de anticipado tras la resolución de concesión y supondrá entregas de fondos con carácter previo a la justificación por un total del 50 por ciento de la cuantía total concedida.
El segundo pago se efectuará en el primer trimestre de 2016, tras la revisión de la memoria intermedia presentada por el beneficiario y supondrá el 30 por ciento de la cuantía total concedida.
Al finalizar la ejecución del programa, se abonará el remanente de la cuantía concedida correspondiente a 2016 en función del gasto justificado en la memoria final. En el caso de que el gasto justificado sea inferior a la cuantía concedida se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.3 segundo párrafo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 7. Justificación.
1. Cada entidad beneficiaria elaborará una memoria intermedia y otra final que justifique el cumplimiento de la finalidad de la subvención. La resolución de concesión determinará el plazo de presentación de las memorias intermedia y final y los requisitos que ha de cumplir la documentación acreditativa de las actividades realizadas y los gastos efectuados.
2. La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Podrán justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos que, en su caso, hubieran efectuado las entidades beneficiarias con anterioridad a su concesión, siempre que el gasto haya sido efectivamente pagado y se refiera a la actividad subvencionada.
Artículo 8. Incumplimientos y reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados por los programas e intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos artículo 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la Dirección General de Migraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho de asilo, reconocida en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
ANEXO
Importe máximo de la subvención por anualidades y aplicación presupuestaria
Aplicación
19.07.231H.484.62
–
Euros
Aplicación
19.07.231H.780
–
Euros
Total
–
Euros
2015
2016
2015
2016
2015
2016
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
2.280.861,45
2.280.861,45
34.000,00
34.000,00
2.314.861,45
2.314.861,45
CEAR
2.087.410,39
2.087.410,39
33.500,00
33.500,00
2.120.910,39
2.120.910,39
ACCEM
2.031.728,16
2.031.728,16
32.500,00
32.500,00
2.064.228,16
2.064.228,16
Total
6.400.000,00
6.400.000,00
100.000,00
100.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00 | Decreto para conceder de forma directa 12.800.000 euros de ayuda a Cruz Roja, CEAR y ACCEM para atender a los refugiados para los años 2015 y 2016. | La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria determina la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a personas a las que se hubiera reconocido esta protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria). El Gobierno, en cumplimiento de esta obligación, ha desarrollado un sistema de acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional que cuenta con una red nacional de centros de acogida y de un conjunto de programas dirigidos a la integración social. El desarrollo de este sistema corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, en virtud de lo indicado en el Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de este Departamento.
En los años 2014 y 2015 se ha producido un fuerte incremento del número de solicitantes de protección internacional llegados a España que ha tenido un gran impacto en el sistema. Se prevé que en los próximos meses continúe esta tendencia alcista debido a la inestabilidad en la zona de Oriente Medio, en especial de Siria, que genera un número importante de llegadas a nuestro país. Además, España se ha comprometido decididamente con las propuestas de la Unión Europea para la acogida de los solicitantes de asilo que llegan, huyendo de conflictos bélicos, a países de la Unión.
Por ello, es necesario adoptar una medida extraordinaria que permita reforzar el sistema incrementando con carácter urgente los servicios para la integración con el fin de poder atender a todas las personas que soliciten asilo y a aquellas que, una vez reconocida la protección internacional, precisen continuar apoyo para su plena incorporación en la sociedad de acogida.
A la vista de estas circunstancias, se han reforzado las partidas presupuestarias destinadas a la financiación del sistema de acogida e integración, realizando las oportunas modificaciones presupuestarias a través de los instrumentos previstos para ello en la normativa sobre la materia.
Realizadas dichas actuaciones de refuerzo de las partidas presupuestarias aplicables a financiar el sistema, y ante la necesidad sobrevenida y urgente de atender este importante volumen de solicitantes de asilo y refugiados, es necesario incrementar también la dotación económica, mediante subvención, a las organizaciones no gubernamentales y no lucrativas especializadas. Esta necesidad de refuerzo importante de forma inmediata de los servicios de atención e integración no puede ser atendida en el marco de las convocatorias periódicas de subvenciones mediante concurrencia competitiva, al no poder responder a una situación apremiante como la actual.
Asimismo, la situación de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla, requiere de un refuerzo suplementario con el fin de ofrecer a sus residentes una asistencia social y sanitaria adecuada. De esta forma, con carácter complementario a los servicios que se prestan en estos centros, resulta imprescindible un incremento de recursos tanto humanos como materiales que garanticen la atención adecuada a sus residentes, especialmente a aquellos que presentan factores de especial vulnerabilidad como menores, familias, personas con discapacidad o posibles víctimas de trata de seres humanos.
Por todo ello, la vía más adecuada para reforzar el sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y cumplir las obligaciones legales e internacionales de asistencia es la subvención directa prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Esta opción permite conceder subvenciones de forma directa y con carácter excepcional siempre que concurran razones de interés público, social, económico o humanitario. Por su parte, el artículo 28.2 de esa norma legal señala que la aprobación de las bases reguladoras de estas subvenciones de concesión directa por circunstancias excepcionales y humanitarias se realizará mediante real decreto. Además, dado que el importe máximo de la subvención supera los doce millones de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es precisa la autorización del Consejo de Ministros.
Las organizaciones que cuentan con una larga trayectoria de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo del sistema de acogida e integración y con estructura suficiente para atender esta situación urgente y excepcional son Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM).
Dado que los objetivos que persigue esta subvención se enmarcan dentro del Sistema Europeo Común de Asilo, está previsto que los programas subvencionados puedan ser cofinanciados por fondos europeos y, en particular, por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).
Así, el marco normativo comunitario de estos fondos está compuesto, en primer lugar, por el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo, que establece un periodo de vigencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), entre 2014 y 2020, con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, basándose en la solidaridad entre
### RESUMEN: Decreto para conceder de forma directa 12.800.000 euros de ayuda a Cruz Roja, CEAR y ACCEM para atender a los refugiados para los años 2015 y 2016. |
En uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 62.2.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo el cese del General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Felipe de la Plaza Bringas, como Subdirector General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material (Madrid), agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 13 de abril de 2020.–El Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares Ramírez. | Cesado Felipe de la Plaza Bringas como General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra. | En uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 62.2.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo el cese del General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Felipe de la Plaza Bringas, como Subdirector General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material (Madrid), agradeciéndole los servicios prestados.
Madrid, 13 de abril de 2020.–El Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares Ramírez.
### RESUMEN: Cesado Felipe de la Plaza Bringas como General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra. |
Mediante resolución de la Gerente de Gestión Integrada de Ourense, Varin y O Barco de Valdeorras, de fecha 6 de junio de 2013, se acoerdó la declaración de desierta en la licitación del servicio arriba señalado, publicado en el 'Diario Oficial de la Unión Europea' el 5 de marzo de 2013, en el 'Boletín Oficial del Estado' el 21 de marzo de 2013 y en el 'Diario Oficial de Galicia' el 27 de febrero de 2013, por falta de licitadores, al no haberse presentado ninguna oferta.
Ourense, 6 de junio de 2013.- La Gerente de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Eloína Núñez Masid. | La privatización de la gestión del Hospital de Ourense queda desierta. | Mediante resolución de la Gerente de Gestión Integrada de Ourense, Varin y O Barco de Valdeorras, de fecha 6 de junio de 2013, se acoerdó la declaración de desierta en la licitación del servicio arriba señalado, publicado en el 'Diario Oficial de la Unión Europea' el 5 de marzo de 2013, en el 'Boletín Oficial del Estado' el 21 de marzo de 2013 y en el 'Diario Oficial de Galicia' el 27 de febrero de 2013, por falta de licitadores, al no haberse presentado ninguna oferta.
Ourense, 6 de junio de 2013.- La Gerente de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Eloína Núñez Masid.
### RESUMEN: La privatización de la gestión del Hospital de Ourense queda desierta. |
El artículo 324 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece las autorizaciones para contratar, y en su apartado 5, concretamente, dispone que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritas las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley, podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización para la celebración de contratos por dichas entidades.
Por su parte, la disposición transitoria segunda de este mismo cuerpo legal establece que, hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales fijen la referida cuantía, operará en su defecto el importe de 900.000 euros, a partir del cual las entidades deberán recabar la citada autorización para contratar.
La Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se delegan determinadas competencias y se fija la cuantía a los efectos de la letra d) del apartado 1 del artículo 8 de los Estatutos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, no vino a determinar un importe del valor estimado de contratación aplicable a Corporación Radio Televisión Española, SA, SME.
Mediante la presente orden se establece el citado importe, a partir del cual será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda para la celebración de contratos de acuerdo con el apartado 5 del artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación del artículo 1 de la Orden HAC/834/2018, de 31 de julio.
Se modifica el apartado a) del artículo 1 de la Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
«a) Cinco millones de euros, para los contratos a celebrar por la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y por la sociedad mercantil estatal Corporación Radio Televisión Española, SA, SME».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de febrero de 2019.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado. | RTVE y la Fábrica de Moneda deberán pedir autorización para contratar solo en contratos que superen los 5 millones de euros. | El artículo 324 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece las autorizaciones para contratar, y en su apartado 5, concretamente, dispone que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritas las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 3 de la presente Ley, podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización para la celebración de contratos por dichas entidades.
Por su parte, la disposición transitoria segunda de este mismo cuerpo legal establece que, hasta el momento en que los Secretarios de Estado, o en su defecto, los titulares de los departamentos ministeriales fijen la referida cuantía, operará en su defecto el importe de 900.000 euros, a partir del cual las entidades deberán recabar la citada autorización para contratar.
La Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se delegan determinadas competencias y se fija la cuantía a los efectos de la letra d) del apartado 1 del artículo 8 de los Estatutos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, no vino a determinar un importe del valor estimado de contratación aplicable a Corporación Radio Televisión Española, SA, SME.
Mediante la presente orden se establece el citado importe, a partir del cual será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda para la celebración de contratos de acuerdo con el apartado 5 del artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación del artículo 1 de la Orden HAC/834/2018, de 31 de julio.
Se modifica el apartado a) del artículo 1 de la Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
«a) Cinco millones de euros, para los contratos a celebrar por la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y por la sociedad mercantil estatal Corporación Radio Televisión Española, SA, SME».
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de febrero de 2019.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
### RESUMEN: RTVE y la Fábrica de Moneda deberán pedir autorización para contratar solo en contratos que superen los 5 millones de euros. |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Constitución y 586.3 y 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
Vengo en nombrar Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Carlos Lesmes Serrano.
Dado en Madrid, el 10 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Real decreto para designar a Carlos Lesmes Serrano presidente del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Constitución y 586.3 y 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
Vengo en nombrar Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Carlos Lesmes Serrano.
Dado en Madrid, el 10 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
### RESUMEN: Real decreto para designar a Carlos Lesmes Serrano presidente del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). |
El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015 («Boletín Oficial del Estado» del día 24).
Este calendario de días inhábiles se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.
Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, órgano superior del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 12 del mencionado Real Decreto, ha resuelto:
Primero.
Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2015, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.
Segundo.
Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: Los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: Aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: Los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero.
Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2014.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
ANEXO | Días hábiles para 2015. | El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que la Administración General del Estado fijará, en su ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, con sujeción al calendario laboral oficial, que ha sido fijado en la Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015 («Boletín Oficial del Estado» del día 24).
Este calendario de días inhábiles se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.
Por todo ello, esta Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, órgano superior del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 12 del mencionado Real Decreto, ha resuelto:
Primero.
Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2015, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.
Segundo.
Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: Los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: Aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: Los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero.
Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) de la Administración General del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2014.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
ANEXO
### RESUMEN: Días hábiles para 2015. |
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la misma, preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 regula únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Al no haber sido presentado ante el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 por parte del Gobierno al menos tres meses antes de la expiración de los correspondientes al ejercicio 2017, tal y como establece el artículo 134.3 CE, ha resultado de aplicación en toda su extensión el artículo 134.4 de la Constitución, que señala que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio hasta la aprobación de los nuevos».
Con estos Presupuestos Generales del Estado para 2018, elaborados en el marco de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se persiste en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario.
Teniendo presente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y a dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea, en los presentes Presupuestos Generales del Estado se persigue continuar con el mismo objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos permite consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.
En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico, de incremento de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en España, gracias a este mismo compromiso y a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años.
En este contexto de crecimiento económico, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos de déficit, de tal manera que en 2020 todas las Administraciones Públicas, salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario. Estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 2017, revisado en lo que se refiere al objetivo de estabilidad de las Comunidades Autónomas y Seguridad Social por Acuerdo de 7 de julio de 2017, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 11 de julio de 2017 y por el Pleno del Senado el 12 de julio. Este Acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,2 por ciento del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 0,7 por ciento; la Seguridad Social del 1,1 por ciento; las Comunidades Autónomas del 0,4 por ciento; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central y Seguridad Social en un 70,8 por ciento del PIB en 2018. El límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018 se fija en 119.834 millones de euros, un 1,3 por 100 más respecto al Presupuesto de 2017, incrementándose el nivel de gasto respecto al presupuesto de 2017 en 1.497 millones de euros.
II
La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, «De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbrica «Créditos iniciales y financiación de los mismos» se aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado.
En este Capítulo I se define el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta la clasificación que realiza la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, clasificación que se hace presente en el resto de la Ley.
El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se completa con el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación específica, no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal.
El Capítulo II contiene las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios, las limitaciones presupuestarias, las competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias y los créditos vinculantes que han de operar durante la vigencia de la Ley, así como las ampliaciones e incorporaciones de crédito que se relacionan en los Anexos de la Ley.
El Capítulo III, «De la Seguridad Social» regula la financiación de la asistencia sanitaria.
III
El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la «Gestión Presupuestaria», se estructura en tres capítulos.
El Capítulo I regula la gestión de los presupuestos docentes. En él se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados y la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el Capítulo II relativo a la «Gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales», se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se incluyen normas sobre la aplicación de remanentes de tesorería en el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
El Capítulo III recoge «Otras normas de gestión presupuestaria» y en él se establece el porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación bruta obtenida en 2018 derivada de su actividad propia, fijándose dicho porcentaje en un 5 por ciento.
IV
El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los gastos de personal», y se estructura en tres capítulos.
El Capítulo I, tras definir lo que constituye el «sector público» a estos efectos, trata de los gastos del personal. Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público en un único artículo sin perjuicio de lo establecido como norma especial en la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.
En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», regula la actualización para el año 2018 de las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos; de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, así como a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados cargos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos Órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Este capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 en los términos de la 7 cuarta del EBEP, personal laboral del sector público estatal, personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social.
Mención específica merecen las normas relativas a la regulación de las retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
El Capítulo III de este Título bajo la rúbrica «Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo», recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, las relativas a la prohibición de ingresos atípicos y la actualización de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. Asimismo, se establecen los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario que exigirán del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se regula la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones y la competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes del personal al servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.
V
El Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en seis capítulos.
El Capítulo I establece el índice de revalorización de las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas.
El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra.
El Capítulo III contiene las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas.
El Capítulo IV regula la «Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas», abordando la revalorización de las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas. Asimismo se determinan las pensiones que no se revalorizan y la limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas.
El Capítulo V recoge el sistema de complementos por mínimos, que regula en dos artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema de la Seguridad Social.
El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
VI
El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial.
El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública».
VII
En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se profundiza en la consecución de objetivos inspiradores de la reciente reforma del Impuesto, en particular, la reducción de la tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad.
A tal efecto, con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores rentas se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. De esta forma se mejora la renta disponible de este colectivo y se amplía el umbral de tributación, esto es, la cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto.
La mejora de la fiscalidad familiar se lleva a cabo con la ampliación de las deducciones por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
En cuanto a la deducción por maternidad, se incrementa el incentivo fiscal cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados, lo que no solo estimulará la incorporación de la mujer al mercado laboral sino que, al tenerse en cuenta tales gastos, facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la educación infantil.
En relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las modificaciones que se introducen suponen la extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente.
Asimismo, con el objetivo de fomentar la natalidad, se amplía la cuantía de los límites establecidos para las deducciones por familia numerosa, por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo de este Impuesto en que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría ordinaria general o especial, según corresponda.
Por último, en aras de adecuar la normativa al Derecho de la Unión Europea, se establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración conjunta. De esta forma se equipara la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.
Por otra parte, se eleva el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas tengan una menor tributación, lo que les permitirá disponer de una mayor renta disponible que impulsará la actividad económica de aquellas.
Esta modificación se acompaña de las necesarias en el sistema de pagos a cuenta con el fin de anticipar el impacto económico de la medida sobre las citadas Ciudades Autónomas.
También se modifica la obligación de declarar por este Impuesto, estableciendo, por una parte, un límite cuantitativo que exima de la obligación de presentar declaración cuando se obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, a fin de evitar que la percepción de tales ayudas obligue al contribuyente a presentar declaración por el Impuesto, con los efectos económicos que dicha obligación acarrea, y, por otra, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo anteriormente comentada.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes conocidos como «patent box», en particular para observar lo establecido en el informe relativo a la acción 5 del conocido como Plan BEPS de la OCDE, informe que recoge el llamado «nexus approach» (criterio del nexo) como criterio para configurar un régimen preferencial de intangibles que no resulte perjudicial conforme a este estándar internacional.
Además, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades con baja tributación.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, con el objeto de contribuir a la reducción del déficit público, se prorroga durante el año 2018 la exigencia de su gravamen.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido destaca la rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 10 por ciento.
En materia de exenciones se modifica la exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, para ajustar su regulación al Derecho de la Unión Europea.
La reciente aprobación de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes, ha modificado la Directiva armonizada del IVA en lo referente a las reglas de tributación de los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal.
De esta forma, con efectos desde el 1 de enero de 2019, para reducir las cargas administrativas y tributarias que supone para las microempresas establecidas en un único Estado miembro que prestan estos servicios de forma ocasional a consumidores finales de otros Estados miembros tributar por estas prestaciones en el Estado miembro donde esté establecido el consumidor destinatario del servicio, se establece un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que de no ser rebasado implicará que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido en su Estado miembro de establecimiento.
Por otra parte, para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los sistemas simplificados de ventanilla única, se suprime desde el 1 de enero de 2019 la limitación actualmente existente de que los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro, por ejemplo porque realizan ocasionalmente operaciones sujetas al IVA en dicho Estado miembro, no pueden utilizar ni el régimen especial aplicable a los empresarios no establecidos en la Comunidad ni el régimen especial aplicable para los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad.
En consecuencia, procede modificar la normativa interna en lo referente a las reglas que determinan la localización en el territorio de aplicación del Impuesto de estos servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión y la regulación del Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1 por ciento.
Con la doble excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas del Estado y las combinaciones aleatorias, en todos los demás supuestos de juegos la base queda constituida por los ingresos netos de premios, sobre los que se aplica un tipo de gravamen único, con lo que se logrará una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector. Además, eliminará cualquier discriminación fiscal entre los diversos tipos de juego en línea con el criterio de no discriminación entre estos que sostiene la Comisión Europea.
Adicionalmente, con el objetivo de contribuir a atenuar los efectos de su singularidad territorial, se establecen los tipos a exigir en la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con una bonificación del 50 por ciento, de forma similar a lo exigido en el resto de España para los demás tributos del sistema fiscal español.
En materia de Impuestos Especiales se procede a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario.
Además, la aplicación de determinados beneficios fiscales tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos como en el Impuesto Especial sobre el Carbón se sujeta al cumplimiento de las condiciones que reglamentariamente se establezcan, con el objeto de asegurar que dichos beneficios fiscales han sido correctamente aplicados, certeza que solo existe cuando se verifica su consumo en un uso autorizado.
Por otra parte, se introduce una exención en la fabricación e importación de biogás que se destine a la producción de electricidad en instalaciones de producción de energía eléctrica o la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado, lo que facilita el cumplimiento de objetivos de naturaleza medioambiental.
En el Impuesto Especial sobre la Electricidad se adoptan diversas medidas, entre las que cabe destacar la introducción de un incentivo económico para que se utilice la electricidad de la red terrestre y se disminuya así la contaminación atmosférica de las ciudades portuarias derivada del transporte, medida que, por mor del ordenamiento comunitario, hace preciso condicionar su entrada en vigor a la concesión de la autorización del Consejo Europeo.
También se llevan a cabo una serie de ajustes técnicos, tanto para adecuar la normativa del Impuesto a la modificación anterior, como para aclarar la aplicación de los tipos impositivos mínimos y para que la exención que en la redacción del derogado Impuesto sobre la Electricidad recaía sobre los titulares de instalaciones acogidas al régimen especial siga recayendo sobre los mismos sujetos.
En el ámbito del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se rebajan los tipos impositivos situándolos en un valor que refleja las últimas previsiones de precio para el periodo 2020-2030 de las emisiones de CO2.
Al mismo tiempo se procede a actualizar los potenciales de calentamiento atmosférico de los gases objeto del impuesto tomando como referencia la última actualización recogida en la normativa comunitaria.
Finalmente, para fomentar la regeneración y reciclado de los gases, se reduce el tipo impositivo que le resulta de aplicación a estos gases.
En materia de tributos locales se introducen varias modificaciones en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En primer lugar, para adaptar su contenido a la situación actual de la fabricación de los productos que clasifican y, con ello, otorgar una mayor seguridad jurídica. En segundo término, para suprimir la reducción del 50 por ciento de la cuota en favor de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., por ser incompatible con la situación actual de liberalización del sector de servicios postales y la normativa comunitaria. Y, por último, para incluir dentro de las facultades que se reconocen en la regla 4.ª de la Instrucción la de prestar a los clientes, por cuenta de las entidades financieras cuya actividad esté clasificada en los grupos 811 y 812 de la sección primera de las Tarifas, el servicio combinado de retirada de efectivo y pago por los bienes o servicios adquiridos (servicio de «cashback»).
Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2017.
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.
Se minoran en un 50 por ciento los importes de las tasas sobre el juego, recogidas en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, minoración cuya finalidad es trasladar a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos para ellas.
No se modifica la cuantía de la tasa de regularización catastral.
Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
También se mantienen para 2018 las cuantías básicas de las tasas portuarias. Se establecen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
VIII
El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas.
Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las Entidades Locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales.
El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, como en la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento la participación, mediante cesión, en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA y los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco; la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el Impuesto sobre Actividades Económicas, así como a la participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y Consejos y Cabildos insulares.
Asimismo, se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.
No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
El sistema de financiación vigente en el año 2018 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 15 de julio de 2009 e incorporado al ordenamiento jurídico mediante la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CC.AA. y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Los recursos financieros que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma están constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la Aportación del Estado al Fondo de Garantía. La recaudación de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autónomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cápita, la Ley 22/2009 regula dos Fondos de Convergencia Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.
Por otra parte, en el año 2018 se practicará la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2016, regulándose en el indicado capítulo los aspectos necesarios para su cuantificación.
Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2018 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias.
Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas. No obstante, el Fondo Complementario puede destinarse a la financiación de gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado.
IX
La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización.
El Titulo consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2018» y «Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2018».
X
El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, en las que se recogen preceptos de índole muy variada. No obstante, para una mejor sistematización, se han agrupado por materias y por referencia a los Títulos de la Ley correspondientes. Entre otras disposiciones que contempla la Ley podemos señalar las que siguen.
Como normas complementarias en relación con la gestión presupuestaria, se mantiene la previsión de que la suscripción de convenios por parte del sector público estatal con Comunidades Autónomas que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto en los términos que se indican exigirá informe favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública siempre que supongan transferencia de recursos estatales o conlleven un compromiso de realización de gasto o se den ambas circunstancias simultáneamente.
Se incluyen disposiciones en materia de gestión presupuestaria relativas a los préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Así como se contempla la imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Se prevé que el Gobierno previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Tesorería General de la Seguridad Social conceda un préstamo hasta el importe máximo anual que se indica a la Tesorería de la Seguridad Social al objeto de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma, cuya cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de 2019.
Se contempla una disposición para asegurar la correcta absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020.
Se autoriza al Instituto Nacional de Administración Pública a traspasar de la parte afectada del remanente de tesorería a su componente no afectado en los importes no utilizados a final del ejercicio 2017, hasta un límite máximo de 302.410,00 euros, en los términos que se fijan.
Se amplía el plazo para la cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social. Se regula además la financiación de las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a través del oportuno convenio de colaboración para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. Se regula el pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro, que podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida en los términos que se establecen. Además se incluyen normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, así como los préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política de investigación, desarrollo e innovación que no requerirán autorización cuando el tipo de interés sea igual o superior al Euríbor a un año.
Se establece el porcentaje de afectación a fines de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que será del 50 por ciento.
Se prevé que los ingresos que se produzcan durante el ejercicio presupuestario, derivados de las devoluciones y reintegros de becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores, así como los derivados de los reintegros y devoluciones de becas y ayudas al estudio personalizadas podrán generar crédito.
Se contempla un régimen de pagos de la última convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes y, en apoyo a la movilidad eficiente energéticamente y sostenible, se habilita al Gobierno para establecer un sistema de ayudas.
Como es habitual, se establece también la subvención estatal anual para gastos de funcionamiento y seguridad de partidos políticos para 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.
Por lo que se refiere al ámbito de los gastos de personal, se fijan en las adicionales de la Ley el límite máximo para la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como las plantillas máximas de militares profesionales de tropa y marinería a alcanzar a 31 de diciembre de cada ejercicio.
Además, se prevé una oferta extraordinaria en el año 2018 para la entidad pública empresarial Enaire que será de 70 plazas adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de esta Ley y para el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que será de 183 plazas, también adicionales a las que corresponden conforme a esta Ley. Se prevé también, una oferta extraordinaria para la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Se prevé que la Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. (SENASA) pueda celebrar en 2018, con carácter extraordinario, 109 contratos laborales indefinidos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública. De igual modo, la Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España S.A. M.P. podrá celebrar, con carácter extraordinario, setenta contratos laborales indefinidos, en un plan a tres años, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Se establece que las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado serán aprobadas previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Se regula la posibilidad, con las limitaciones y requisitos que se contemplan, que las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales a que se refiere el artículo 18 apartado Uno de la Ley de Presupuestos, y las fundaciones del sector público y consorcios puedan proceder a la contratación de nuevo personal. Se incluye el establecimiento para las sociedades y entidades públicas empresariales que gestionen servicios públicos o realicen actividades integradas en los sectores declarados prioritarios tendrán como máximo la misma tasa de reposición que corresponda al sector prioritario de que se trate.
El número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal no podrá incrementarse respecto al año anterior, si bien se prevé que las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales que presenten beneficios en dos de los últimos tres ejercicios y se encuentren en un proceso de expansión como las fundaciones del sector público estatal que presenten resultado presupuestario positivo en dos de los últimos tres ejercicios, podrán incrementar el número de directivos previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
También se actualizan las retribuciones a los cargos directivos y demás personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados, así como los módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz.
Se mantiene en materia de régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales.
Asimismo, se mantiene suspendida durante este ejercicio lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, relativas al personal destinado en el extranjero.
Se prevén una serie de normas dirigidas a lograr un mayor control en la gestión de los gastos de personal, en relación con los incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales.
Se introduce la posibilidad, en los términos que se contemplan, para el personal militar de solicitar la modificación de su situación administrativa por la de servicios en la Administración Civil regulada en el artículo 113 bis de la Ley de la carrera militar.
Se habilita a las Administraciones y el resto de entidades que integran el sector público que no hubieran abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, a aprobar dicha devolución, teniendo en cuenta su situación económico-financiera.
Se regula el restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en las normas básicas del Estado así como se mantiene la exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.
Finalmente, por lo que se refiere a esta materia, se establece como norma de cierre que cualquier actuación que propongan los departamentos ministeriales durante el ejercicio no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración en los términos que se contemplan.
En relación con las pensiones públicas y prestaciones asistenciales, se establecen las cuantías de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, de los subsidios económicos contemplados en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y las pensiones asistenciales y se fija la actualización de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a las personas de origen español desplazadas al extranjero durante la guerra civil. Asimismo se introducen normas relativas al incremento de las prestaciones por gran invalidez del Régimen especial de las Fuerzas Armadas y se fija la cuantía para el año 2018 de las ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Se mantiene el aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social.
Las normas de índole económica se refieren, en primer lugar, al interés legal del dinero, al interés de demora y, al interés de demora al que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se recogen los preceptos relativos a la Garantía del Estado para obras de interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos adscritos.
En relación con la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, se establece el límite máximo de cobertura para nueva contratación que puede asegurar y distribuir CESCE durante la vigencia de esta Ley en 9.000.000,00 miles de euros, excluidas las Pólizas Abiertas de Corto Plazo, salvo las de Créditos Documentarios. Se contempla la dotación de los fondos de fomento a la inversión española con interés español en el exterior.
Se autoriza al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a prestar avales en el ejercicio 2018 hasta 50.000,00 miles de euros, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), para cubrir el 50 % del riesgo de los préstamos concedidos con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se autoriza a la Secretaría de Estado de Turismo a prestar avales en el ejercicio 2018 hasta 15.000,00 miles de euros, con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para la cobertura del 50 % del riesgo de los préstamos concedidos a empresas del sector de la hostelería con cargo a fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Con el objeto de redistribuir los recursos del conjunto de los Consorcios de Zona Franca, se crea el Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca.
De otra parte, tiene su oportuno reflejo en las disposiciones adicionales de la Ley el apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Así, se fija el importe máximo de la línea de apoyo a proyectos empresariales de empresas de base tecnológica creada por la el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, que se fija en 20.500,00 miles de euros. Se reglamenta el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas con una dotación de 57.500,00 miles de euros a la línea de financiación prevista en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2005. Además, se regula también el apoyo a los jóvenes emprendedores, donde se prevé una aportación de 20.500,00 miles de euros a la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Se prevé la dotación del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Se prevé la necesaria autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública por parte de la Entidad Pública ADIF-Alta Velocidad para llevar a cabo las operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que estas se formalicen, con el fin de garantizar la adecuación a la nueva normativa reguladora del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales así como el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En el ámbito tributario, se establecen las actividades prioritarias de mecenazgo y se regulan los beneficios fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público. Además, en aras de la observancia de la normativa aduanera comunitaria y de la actualización y entrada en funcionamiento de diferentes zonas francas en España, procede dotar a los Consorcios de estas de recursos que mejoren su suficiencia financiera, y en particular de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, correspondiente a los sujetos pasivos de dicho tributo establecidos en las zonas francas, con exclusión de las retenciones e ingresos a cuenta.
Se establecen los porcentajes de afectación de la recaudación de las tasas de expedición del Documento Nacional de Identidad y Pasaportes a la financiación de las actividades desarrolladas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en cumplimiento de las encomiendas de gestión realizadas por los centros del Ministerio del Interior para la expedición de los indicados documentos.
Se prevé la Transferencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del Peaje 6.1.b).
Se mantiene la suspensión de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Por otro lado, se suspende durante el ejercicio 2018 la aplicación de lo previsto en el artículo 2 ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Se recogen las disposiciones relativas a la asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social. Se autorizan los pagos a cuenta por los servicios de cercanías y regionales traspasados a la Generalitat de Cataluña.
Con la finalidad de garantizar el desarrollo económico de las comarcas mineras, se prevé la promoción de convenios marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las Comunidades Autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón.
Por lo que se refiere a la financiación de los Entes Territoriales, quedan fijados los criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado a que se refiere el Capítulo I del Título VII de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como los criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2016.
Se regula igualmente la concesión de subvenciones nominativas destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. También en este ejercicio se mantiene una disposición adicional que establece los criterios para la práctica de deducciones o retenciones de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía efectuadas de conformidad con la normativa vigente. Y se contempla una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para Lorca, Murcia.
Se regula la instrumentación operativa de los pagos por compensación del cupo vasco que se efectuará por importes brutos.
Se determina el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018. Se regula en una adicional la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje y se prevé la bonificación por conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento.
Por otro lado, se mantiene la bonificación del 50 por ciento en la cotización empresarial en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.
Siendo necesario acompañar la expansión del sector del turismo y sectores vinculados a él con medidas de apoyo a la contratación, se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal, se contemplan las reglas relativas a la gestión por parte de éste de los servicios y programas previstos en la letra h) del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
De otra parte, se prevé la aplicación de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional a la financiación de la formación profesional para el desempleo, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Por otro lado, se declara aplicable para el 2018 la prorroga en un año el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia reconocida en la disposición adicional nonagésima quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Se regula las aportaciones para la financiación del sector eléctrico en el ejercicio 2018.
Se declaran de interés general las obras de infraestructuras rurales, consistentes en la realización de los caminos naturales que se indican así como de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego y de obras de abastecimiento que se indica.
Se contempla la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera.
Se declara la extinción del organismo autónomo Consejo Superior de la Juventud de España a partir de 1 de enero de 2018.
Se introduce como novedad la comunicación del inicio de actuaciones mediante régimen de tramitación de emergencia por parte del órgano de contratación a la Intervención Delegada cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que haya de aprobar el gasto necesario para hacer frente a dicha actuación.
También como novedad se prevé que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en función de sus respectivas competencias, emita una certificación de la determinación del daño en procedimientos de responsabilidad patrimonial por encuadramientos indebidos en el sector público.
Se contempla la posibilidad de convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico, con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente Ley, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con Fondos FEDER con una cuantía máxima con cargo al sistema eléctrico será de 60 millones de euros.
Se prevé de forma excepcional para el año 2018 que los superávits de ingresos del sistema eléctrico puedan destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios derivados de normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico. Además, se contempla la posibilidad de que los superávits de ingresos del sistema eléctrico puedan destinarse a la amortización de deuda del sistema, o alternativamente, se puedan integrar como ingreso periodificado en varios años en el sistema eléctrico con efectos equivalentes a los de amortización de la deuda referida.
Al objeto de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas, se crea la Tarjeta Social Universal como sistema de información. Por último, resaltar la disposición dedicada a la jornada de trabajo en el Sector Público.
La Ley contiene una disposición adicional, la quincuagésima primera, relativa al incremento adicional de las pensiones. La citada disposición adicional prevé un incremento excepcional para las pensiones públicas para los años 2018 y 2019, sin olvidar, que la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo es la encargada de analizar la situación del sistema de Seguridad Social y establecer las recomendaciones que permitan garantizar su sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.
Los incrementos de las pensiones se hacen posibles en un contexto de crecimiento económico y por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En tanto en cuanto no se alcancen los acuerdos en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo que garanticen la eliminación del déficit del sistema de la Seguridad Social se establece un régimen transitorio de incremento de las pensiones para los años 2018 y, en su caso, 2019.
Se contienen diversas disposiciones transitorias, relativas, por un lado a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal, a los complementos personales y transitorios; al Registro de Prestaciones Sociales Públicas; a las reclamaciones económico-administrativas en materia de Clases Pasivas; a la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Tasa general de operadores de telecomunicaciones y a la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.
Además, el régimen de matrícula turística regula determinados beneficios fiscales que no encuentran actualmente amparo legal alguno ni en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido ni en la normativa aduanera, es de difícil control, puesto que los titulares de dicho régimen son no residentes, y no cumple los objetivos para los que fue creado, fomentar la venta de vehículos nacionales, ya que actualmente el número de vehículos y embarcaciones acogidos al régimen es muy escaso y la mayoría de los beneficiarios del régimen son titulares de medios de transporte no fabricados en España.
Por las razones expuestas se procede a derogar el citado régimen si bien se considera preciso establecer un periodo transitorio para aquellos vehículos y embarcaciones que a la entrada en vigor de esta Ley estuviesen amparados en matrícula turística.
Por lo demás y respecto a las disposiciones derogatorias, se recoge la derogación de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, del Impuesto General Indirecto Canario, del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias y de la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías; del Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la Reglamentación de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado interior; del artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; la supresión del apartado 1.c) de la disposición adicional undécima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la derogación de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones finales, en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias normas legales. En particular la Ley acomete la modificación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado; del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo; de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público; de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; del Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, por el que se adecua la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.ª del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente; del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la administración de justicia aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio; de la disposición adicional 10.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio; de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea; de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, General del Patrimonio de las Administraciones Públicas; de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo; de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería; de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar; del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre; de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición; de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones; de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015; del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario; de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016; del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
La Ley finaliza con la tradicional disposición relativa a la habilitación al Gobierno para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que requiera la presente Ley.
TÍTULO I
De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones
CAPÍTULO I
Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2018 se integran:
a) Los presupuestos con carácter limitativo de las siguientes entidades:
1. Del Estado.
2. De los organismos autónomos.
3. De las integrantes del Sistema de la Seguridad Social.
4. Del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.
b) Los presupuestos con carácter estimativo de las siguientes entidades:
1. De las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del sector público estatal que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan.
2. De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo.
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de las entidades referidas en la letra a) del artículo 1 de la presente Ley con presupuesto limitativo.
Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de las entidades mencionadas en la letra a) del artículo anterior se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 368.369.027,86 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:
Miles de euros
Justicia.
1.780.744,41
Defensa.
8.400.561,54
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias.
8.418.138,71
Política exterior.
1.581.443,50
Pensiones.
144.834.305,66
Otras prestaciones económicas.
14.388.365,95
Servicios sociales y promoción social.
2.630.336,56
Fomento del empleo.
5.716.143,35
Desempleo.
17.702.180,62
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación.
481.242,38
Gestión y administración de la Seguridad Social.
17.296.740,17
Sanidad.
4.253.251,86
Educación.
2.581.904,73
Cultura.
856.152,14
Agricultura, pesca y alimentación.
7.500.180,83
Industria y energía.
5.768.827,92
Comercio, turismo y PYMES.
896.202,75
Subvenciones al transporte.
2.148.762,09
Infraestructuras.
5.656.508,44
Investigación, desarrollo e innovación.
7.050.074,76
Otras actuaciones de carácter económico.
639.474,99
Órganos constitucionales, Gobierno y otros.
681.462,60
Servicios de carácter general.
24.658.607,36
Administración financiera y tributaria.
1.389.528,85
Transferencias a otras Administraciones Públicas.
49.510.401,92
Deuda Pública.
31.547.483,77
Dos. En los estados de ingresos de las entidades a que se refiere el apartado anterior, se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, se recoge a continuación:
Entes
Capítulos económicos
Capítulos I a VII
Ingresos no financieros
Capítulo VIII
Activos financieros
Total ingresos
Estado
140.710.012,71
1.779.223,76
142.489.236,47
Organismos autónomos
35.665.187,72
664.307,09
36.329.494,81
Seguridad Social
116.178.366,43
5.066.813,95
121.245.180,38
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo
644.692,62
194.606,88
839.299,50
Total
293.198.259,48
7.704.951,68
300.903.211,16
Tres. Para las transferencias internas entre las entidades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 28.752.569,12 miles de euros con el siguiente desglose por entidades:
Miles de euros
Transferencias según origen
Transferencias según destino
Estado
Organismos Autónomos
Seguridad Social
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo
Total
Estado
–
2.351.731,84
14.893.811,13
6.639.811,07
23.885.354,04
Organismos autónomos
319.370,56
70.659,71
–
1.918,46
391.948,73
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo
104.502,72
1.183,14
105.685,86
Seguridad Social
172.890,96
16.332,50
4.180.357,03
4.369.580,49
Total
596.764,24
2.439.907,19
19.074.168,16
6.641.729,53
28.752.569,12
Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de euros, según se indica a continuación:
Entes
Capítulos económicos
Capítulos I a VII
Gastos no financieros
Capítulo VIII
Activos financieros
Total gastos
Estado
157.934.519,22
38.819.694,57
196.754.213,79
Organismos autónomos
38.739.251,05
7.698,07
38.746.949,12
Seguridad Social
152.564.538,64
1.584.866,40
154.149.405,04
Resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo
7.469.073,02
1.956,01
7.471.029,03
Total
356.707.381,93
40.414.215,05
397.121.596,98
Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de las entidades a que se refiere el apartado uno, por importe de 81.416.056,11 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el anexo I de esta Ley.
Artículo 3. De los beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 34.825.110,00 miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora como anexo al estado de ingresos del Estado.
Artículo 4. De la financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley.
Los créditos aprobados en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden a 368.369.027,86 miles de euros se financiarán:
a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 300.903.211,16 miles de euros; y
b) con el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el Capítulo I del Título V de esta Ley.
Artículo 5. De los presupuestos de las entidades referidos en la letra b) del artículo 1 de esta Ley con presupuesto estimativo.
Uno. Se aprueban los presupuestos de las entidades de derecho público que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, que se especifican en el anexo IX, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.
Dos. Se aprueban los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, presentado de forma individualizada o consolidados con el grupo de empresas al que pertenecen, relacionándose en este último caso las sociedades objeto de presentación consolidada. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier caso, de forma separada los de las sociedades mercantiles estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Tres. Se aprueban los presupuestos de las fundaciones del sector público estatal que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos que se relacionan en el anexo X.
Cuatro. Se aprueban los presupuestos de los fondos sin personalidad jurídica, que se relacionan en el anexo XI, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.
Cinco. Se aprueban los presupuestos de los Consorcios y de las restantes entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo, que se relacionan en el anexo VIII, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a las mismas y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.
Artículo 6. Presupuesto del Banco de España.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones de Banco de España, que se une a esta Ley.
CAPÍTULO II
Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios
Artículo 7. Principios generales.
Durante la vigencia de estos presupuestos, las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas:
Primera. Las modificaciones de créditos presupuestarios se ajustaran a lo dispuesto en esta Ley, y a lo que al efecto se dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados por aquella.
Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en los artículo 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u órgano público a que se refiera así como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
Tercera. Las transferencias de crédito y los libramientos que se realicen entre o con cargo a los artículos 40 a 43 y 70 a 73 de la clasificación económica del gasto deberán de efectuarse a través el programa presupuestario 000X «Transferencias internas».
Cuarta. Los gastos que proceda efectuar en el marco de las convocatorias públicas realizadas en el ámbito de la política 46 «Investigación, desarrollo e innovación», cuando los destinatarios sean organismos autónomos u otras entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, habrán de imputarse desde el momento de la resolución de concesión de las correspondientes convocatorias, en todas sus fases de ejecución, tanto las relativas al presupuesto en vigor como las que afecten a presupuestos de ejercicios posteriores, al programa «000X Transferencias internas».
Artículo 8. Créditos vinculantes.
Uno. Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo:
1. Los créditos consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos.
2. Los créditos 162.00 «Formación y perfeccionamiento del personal» y 162.04 «Acción Social».
3. El crédito 221.09 «Labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre».
Dos. Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos:
1. En el presupuesto de la Sección 13 «Ministerio de Justicia», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 13.02.112A.227.11 «Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» y el crédito 13.02.112A.227.12 «Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)».
2. En el presupuesto de la Sección 16 «Ministerio del Interior», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 16.03.132A.221.10 «A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes».
3. En el presupuesto de la Sección 19 «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», vincularán a nivel de concepto, los créditos 19.01.291M.207 «Arrendamientos de edificios PSA», 19.01.291M.628 y 19.01.291M.638 «Patrimonio Sindical Acumulado».
4. En el Presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital», vincularán a nivel de capítulo, con excepción de las dotaciones que identifiquen perceptor o beneficiario, y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital», para el Servicio 12 «Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital», programa 467G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467I «Innovación tecnológica de las telecomunicaciones».
5. En el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente», vincularán a nivel de concepto el crédito 23.05.452A.615 «Inversiones en actuaciones medioambientales y PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión», el crédito 23.06.456D.614 «PIMA ADAPTA Costas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión» y el crédito 23.17.415A.641 «PIMA ADAPTA Reservas Marinas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión».
En el presupuesto del organismo 23.101 «Parques Nacionales», vinculará a nivel de concepto el crédito 23.101.456C.603 «Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión».
6. En el presupuesto de la Sección 26 «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad», vinculará a nivel de subconcepto el crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo».
7. En el presupuesto del organismo 27.107 «Instituto de Salud Carlos III», vinculará a nivel de capítulo, con excepción de las dotaciones que identifiquen perceptor o beneficiario y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital» para el programa 465A «Investigación Sanitaria».
8. En el Presupuesto del organismo 27.303 «Agencia Estatal de Investigación», vincularán a nivel de capítulo los créditos consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de Capital» para el programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica».
Artículo 9. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
Uno. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponden al Ministro de Hacienda y Función Pública las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:
1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 8 apartados uno.3, dos.2 y dos.5 de la presente Ley.
2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231A.227.11 «Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo», cuando se destinen a otros Departamentos ministeriales.
3. Autorizar las generaciones de crédito en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1.º, 2.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley, que impliquen la creación de conceptos nuevos en los capítulos 4 «Transferencias corrientes» y 7 «Transferencias de capital» o para el resto de capítulos cuando no se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica.
4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica.
5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamento ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el Capítulo IV del Título III del Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
6. Autorizar las modificaciones de crédito a realizar en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal que afecten a los créditos que se especifican para este organismo autónomo en el anexo II. Segundo. Nueve.
7. Autorizar en el presupuesto de los organismos autónomos las generaciones de crédito por ingresos del Estado legalmente afectados a financiar actuaciones del organismo autónomo de que se trate.
8. Autorizar las transferencias que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1.º, 2.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley, desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
9. Autorizar las variaciones o modificaciones presupuestarias que se realicen con cargo a remanentes de tesorería de las entidades referidas en el apartado 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley cuando las mismas superen la cuantía de 500.000 euros.
Dicho límite se referirá al conjunto de variaciones o modificaciones efectuadas en el ejercicio presupuestario.
10. Autorizar las variaciones o modificaciones presupuestarias que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1.º, 2.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley, cuando las mismas afecten a créditos del Capítulo 4 «Transferencias corrientes», del Capítulo 7 «Transferencias de capital» o del Capítulo 8 «Activos financieros».
Dos. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a la Ministra de Defensa autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN y los procedentes de las prestaciones de servicios y ventas efectuadas por el Área de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
Tres. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponden a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que se refiere la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Al objeto de reflejar las repercusiones que en el Presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de la recaudación efectiva de ingresos a que se refiere la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el Presupuesto de gastos de dicha Entidad.
En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dirección General de Presupuestos, para su conocimiento.
Cuatro. Durante la vigencia de estos presupuestos corresponde a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias de crédito o las variaciones presupuestarias que afecten a las transferencias corrientes y de capital entre subsectores, cuanto estas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas y se financien con cargo a la política 46 «Investigación, desarrollo e innovación».
Cinco. Durante la vigencia de estos presupuestos, en el caso de modificaciones de crédito en el presupuesto de las entidades del apartado 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado.
Seis. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, información trimestral de todas las transferencias a que se refiere este artículo, identificando las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones Parlamentarias.
Artículo 10. De las limitaciones presupuestarias.
Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a corrientes a que se refiere el artículo 52.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no será de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en el apartado 8 del artículo 9.uno de la presente Ley y, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, cuando se efectúen en uso de la autorización contenida en el apartado 1 del artículo 15.
Dos. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 9.uno de la presente Ley.
Tres. Durante la vigencia de estos presupuestos, las generaciones de crédito que supongan incrementos de los créditos para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, requerirán informe favorable previo de dicho Departamento.
Cuatro. Durante la vigencia de estos presupuestos, no serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que se realicen en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores» y en la aplicación presupuestaria 27.04.923O.355 «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público», cuando sean consecuencia de las medidas financieras contenidas en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito; en el artículo único del Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco del mecanismo europeo de estabilización financiera; en el apartado dos.b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011; en el apartado dos.e) del artículo 52 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, y en el apartado dos.b) del artículo 54 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y respecto de la financiación de las ampliaciones de crédito que se realicen en la aplicación presupuestaria recogida en el anexo II.segundo.siete.b) de la presente Ley, que serán financiadas con endeudamiento, quedando autorizada la Administración General del Estado a realizar las operaciones requeridas.
Cinco. Las entidades referidas en los apartados 2.º y 4.º de la letra a) del artículo 1 de la presente Ley que prevean que sus ingresos, incluidos los derivados del endeudamiento financiero, puedan ser inferiores a los establecidos en sus respectivos presupuestos iniciales, deberán comunicar a su Oficina de Contabilidad las retenciones de crédito que se deben efectuar por el importe de los créditos de su presupuesto de gastos que no puedan ser financiados como consecuencia de la disminución de los ingresos. Las certificaciones de retención de crédito expedidas por la Oficina de Contabilidad, deberán ser remitidas a la respectiva Intervención Delegada y a la Dirección General de Presupuestos.
Seis. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, las modificaciones de crédito realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento de lo previsto en este artículo. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Artículo 11. De las ampliaciones e incorporaciones de crédito.
Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacionan en el anexo II de esta Ley.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2018 los remanentes que se recogen en el anexo VII de esta Ley.
CAPÍTULO III
De la Seguridad Social
Artículo 12. De la Seguridad Social.
Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una para operaciones corrientes, por un importe de 232.687,65 miles de euros, y otra para operaciones de capital, por un importe de 10.141,18 miles de euros, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella Entidad, por importe estimado de 1.097,46 miles de euros.
Dos. El Estado aporta al Sistema de la Seguridad Social 7.329.116,20 miles de euros para atender a la financiación de los complementos por mínimos de las pensiones de dicho sistema.
El ritmo de ejecución de este crédito para financiar los complementos por mínimos de las pensiones se adecuará a las necesidades financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social y a las necesidades derivadas de la ejecución del Presupuesto del Estado y se librará trimestralmente, siendo preceptivo el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública para cada libramiento.
Además, el Estado aporta a la Seguridad Social una transferencia corriente por importe de 1.333.910,00 miles de euros, para apoyar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en el ejercicio del año 2018 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe de 4.127.639,99 miles de euros y para operaciones de capital por un importe de 6.125,00 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 36.730,68 miles de euros.
Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se financiará con dos aportaciones del Estado, una para operaciones corrientes por un importe de 2.855,00 miles de euros, y otra para operaciones de capital por un importe de 20,00 miles de euros. Asimismo, se financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de una transferencia corriente por un importe de 14.277,20 miles de euros y de una transferencia para operaciones de capital por importe de 1.225,00 miles de euros.
TÍTULO II
De la gestión presupuestaria
CAPÍTULO I
De la gestión de los presupuestos docentes
Artículo 13. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.
Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 117 y de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2018 es el fijado en el Anexo IV de esta Ley.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 en relación con el 15.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en el anexo IV.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos en el anexo IV. En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.
La financiación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) correspondiente a los ciclos formativos de grado medio y superior, en lo relativo a la participación de las empresas en el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en términos análogos a los establecidos para los centros públicos.
Los Ciclos de Formación Profesional Básica se financiarán conforme al módulo económico establecido en el anexo IV. Los conciertos de los Ciclos de Formación Profesional Básica, tendrán carácter general, conforme establece el artículo 116.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificado por el apartado Setenta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa.
Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato, se financiarán conforme al módulo económico establecido en el anexo IV.
Las Comunidades Autónomas podrán adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias derivadas del currículo establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos en ninguna de las cantidades en que se diferencian, fijadas en la presente Ley.
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2018, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios colectivos de empresas de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados. La Administración podrá aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados Convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2018. El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2018.
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los «Gastos Variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
La cuantía correspondiente a «Otros gastos» se abonará mensualmente; los centros podrán justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. En los ciclos formativos de grado medio y superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400 horas, las Administraciones educativas podrán establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el anexo IV, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso; sin que ello suponga en ningún caso un incremento de la cuantía global resultante.
Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones educativas podrán incrementar la financiación de los servicios de orientación educativa.
Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.
La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV.
Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio Colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza salvo que, en aras a la consecución de la equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se produzca su reconocimiento expreso por la Administración y la consiguiente consignación presupuestaria.
Cuatro. Las Administraciones educativas podrán, en el ámbito de sus competencias, incrementar las relaciones profesor/unidad de los centros concertados, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
Cinco. A los centros concertados se les dotará de las compensaciones económicas y profesionales para el ejercicio de la función directiva a que hace referencia el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:
a) Ciclos formativos de grado superior: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
b) Bachillerato: entre 18 y 36 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros gastos».
Los centros que en el año 2017 estuvieran autorizados para percibir cuotas superiores a las señaladas podrán mantenerlas para el ejercicio 2018.
La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «Otros gastos» de los módulos económicos establecidos en el anexo IV, pudiendo las Administraciones educativas competentes establecer la regulación necesaria al respecto.
Siete. Financiación de la enseñanza concertada en las Ciudades de Ceuta y Melilla: al objeto de dotar a los centros de los equipos directivos en los términos establecidos en el artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de proceder al aumento de la dotación de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria, y por cada 24 unidades en Educación Primaria, el importe del módulo económico por unidad escolar para el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el que se establece en el anexo V.
Artículo 14. Autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con sujeción a lo establecido en el Título III de esta Ley, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2018, por los importes consignados en el anexo VI de esta Ley.
CAPÍTULO II
De la gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales
Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Durante la vigencia de esta Ley, corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública autorizar respecto de los presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes modificaciones presupuestarias:
Uno. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos presupuestarios que enumera el apartado Dos del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria, así como las transferencias que se realicen desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
Dos. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 16. Aplicación de remanentes de Tesorería en el Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año se podrán destinar a financiar el presupuesto de gasto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Así mismo, podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejercicio siguiente al que se produzcan.
No obstante, el remanente de Tesorería que se pudiera generar como consecuencia de los excedentes de financiación por parte del Estado de las Pensiones no Contributivas por Invalidez y Jubilación del año 2017, que se certifiquen por la Intervención General de la Seguridad Social, únicamente podrá ser aplicado a la financiación de insuficiencias que pudieran producirse en los créditos para atender pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.
CAPÍTULO III
Otras normas de gestión presupuestaria
Artículo 17. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida en el 2018 derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del 5 por 100.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto cinco.b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través de una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, cuya cuantía será la resultante de aplicar el porcentaje señalado en el punto anterior.
Tres. La recaudación derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aplicada al Presupuesto de Ingresos del Estado en el mes de diciembre de 2017 podrá generar crédito en el mismo concepto, o equivalente, del Presupuesto del Estado para 2018, en el porcentaje establecido en el apartado uno de este artículo, según el procedimiento previsto en la Orden de 4 de marzo de 1993, que desarrolla el artículo 97 de la Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.
TÍTULO III
De los gastos de personal
CAPÍTULO I
De los gastos del personal al servicio del sector público
Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia.
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 de la Constitución.
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se considerarán como tales las reguladas en el artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local.
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público.
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado Dos anterior.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores.
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2018 respecto a los del año 2017.
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2018, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo (euros)
Trienios (euros)
A1
13.780,08
530,16
A2
11.915,28
432,24
B
10.415,52
379,32
C1
8.946,36
327,12
C2
7.445,76
222,60
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)
6.814,80
167,52
2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2018, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP
Sueldo (euros)
Trienios (euros)
A1
708,61
27,26
A2
724,16
26,26
B
750,16
27,33
C1
644,35
23,54
C2
614,82
18,37
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)
567,90
13,96
Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP.
Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales vigésima séptima, vigésima octava y vigésima novena respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la disposición adicional décima novena.
En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos.
2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. Para las entidades locales, los límites de deuda serán los que fijen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, además de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.
3. Las Administraciones Públicas que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y de regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100 por ciento, en los siguientes sectores y ámbitos de actuación:
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar.
D) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
F) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
G) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
H) Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
I) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.
L) Administración Penitenciaria.
M) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.
N) Acción Exterior del Estado.
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
O) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
P) Plazas de seguridad y emergencias.
Q) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.
R) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
S) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
4. En los sectores no recogidos en el apartado uno.3, la tasa de reposición de las Administraciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto será del 75 por ciento.
Adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas en los números 3 y 4 anteriores podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.
5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la tasa de reposición será del 115 por ciento.
6. Se autoriza una tasa de reposición adicional del 5 por ciento para todos los municipios que, en alguno de los ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como consecuencia del incremento de la población de derecho según el padrón municipal de habitantes actualizado a 1 de enero de los citados años.
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.
8. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.
9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y servicios.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, deberá situarse al final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados. Igualmente, las Administraciones Públicas deberán proporcionar información estadística de los resultados de cualquier proceso de estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración (ISPA).
10. Las Administraciones Públicas podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa de reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, siempre y cuando vayan destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las mismas categorías profesionales. Esta posibilidad también será de aplicación a las entidades del sector público de la Administración respectiva. El desarrollo de estos procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal.
Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así como los correspondientes al personal laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado.
No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la correspondiente Oferta de Empleo Público, en los términos previstos en la autorización de nombramiento otorgada por las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Las plazas que estando ocupadas por funcionarios interinos no sean provistas con carácter definitivo por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la Oferta de Empleo Público, podrán ser objeto de cobertura mediante procedimientos de provisión, movilidad y reingreso al servicio activo.
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 a 6 de este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.
La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP.
Seis. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. A estos efectos se consideran prioritarios, para todas las Administraciones Públicas, los sectores y colectivos enumerados en el artículo 19, apartados uno.3 y uno.5. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios.
Las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto y que, a 31 de diciembre de 2017, tengan amortizada su deuda financiera podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector o colectivo.
2. El sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las fundaciones públicas y consorcios adscritos que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o que realicen proyectos de investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se dedique a los citados proyectos. En la aprobación de la oferta de empleo público de la Administración u organismo que cede tasa, así como en la de la fundación o consorcio en los que se acumule, deberá reflejarse el número de plazas cedidas a cada fundación o consorcio.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
CAPÍTULO II
De los regímenes retributivos
Artículo 20. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo.
Uno. En el año 2018 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos consultivos quedan establecidas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:
Euros
Presidente del Gobierno
80.953,08
Vicepresidente del Gobierno
76.088,04
Ministro del Gobierno
71.424,12
Presidente del Consejo de Estado
80.563,68
Presidente del Consejo Económico y Social
88.013,76
Dos. En el año 2018 las retribuciones de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados quedan establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008.
Secretario de Estado y asimilados
–
(Euros)
Subsecretario y asimilados
–
(Euros)
Director General y asimilados
–
(Euros)
Sueldo
13.450,80
13.516,92
13.582,08
Complemento de destino
21.863,64
17.685,24
14.304,00
Complemento específico
34.115,34
30.354,28
24.746,42
Las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:
Secretario de Estado y asimilados
–
(Euros)
Subsecretario y asimilados
–
(Euros)
Director General y asimilados
–
(Euros)
Sueldo
679,07
728,30
778,06
Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad que, en su caso, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.uno.E) de la presente Ley, les asigne el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía destinada a los Altos Cargos experimentará el incremento previsto en el artículo 18.dos en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2017, y sin perjuicio de que las cantidades individuales que se abonen puedan ser diferentes de acuerdo con la normativa reguladora de este complemento.
Tres. En 2018 las retribuciones de los Presidentes de las Agencias estatales, los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, se incrementarán, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos. Corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública la fijación de dichas retribuciones, sin que puedan superarse los límites máximos previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo. Las cuantías de dichos límites vigentes a 31 de diciembre de 2017 se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos.
Las retribuciones de los máximos responsables de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos se fijarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo, atendiendo a los límites sobre incrementos retributivos determinados en el artículo 18.dos.
Cuatro. Lo dispuesto en los apartados dos y tres de este artículo no afectará a la percepción, en catorce mensualidades, de la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente.
Cinco. 1. En el año 2018 las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del Consejo de Estado quedan establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino referidas a doce mensualidades y de complemento específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.cuatro.1 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre.
Euros
Sueldo
13.516,92
Complemento de destino
23.625,24
Complemento específico
36.779,34
Las pagas extraordinarias de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, la cuantía en concepto de sueldo que se recoge a continuación:
Euros
Sueldo
728,30
2. El Presidente del Consejo de Estado podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.uno.E) de la presente Ley. La cuantía destinada a los citados cargos experimentará el incremento previsto en el artículo 18.dos, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 31 de diciembre de 2017.
3. Además, dichos Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.
Artículo 21. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
Uno. En el año 2018 las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas serán las siguientes:
1. Consejo General del Poder Judicial.
1.1 Aquellos que desempeñen su cargo con carácter exclusivo:
1.1.1 Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
27.384,98
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
107.375,76
Total
134.760,74
1.1.2 Vocal del Consejo General del Poder Judicial:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
28.995,82
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
87.228,00
Total
116.223,82
1.1.3 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
27.775,30
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
85.769,40
Total
113.544,70
1.2 Aquellos vocales que no desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencias al Pleno o las Comisiones sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón de servicio les puedan corresponder.
La cuantía global máxima de que dispondrá el Consejo General del Poder Judicial para el abono de tales dietas por asistencias será de 364.368 euros.
2. Tribunal Constitucional.
2.1 Presidente del Tribunal Constitucional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
42.894,88
Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades)
106.112,30
Total
149.007,18
2.2 Vicepresidente del Tribunal Constitucional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
42.894,88
Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades)
97.166,44
Total
140.061,32
2.3 Presidente de Sección del Tribunal Constitucional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
42.894,88
Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades)
90.313,72
Total
133.208,60
2.4 Magistrado del Tribunal Constitucional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
42.894,88
Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades)
83.461,14
Total
126.356,02
2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
35.845,74
Otras remuneraciones (a percibir en 14 mensualidades)
74.922,68
Total
110.768,42
3. Tribunal de Cuentas.
3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas:
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 116.564,00 €.
3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas:
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 116.564,00 €.
3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas:
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 116.564,00 €.
3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas:
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades): 100.353,12 €.
Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior dichos cargos, excepto los incluidos en el punto 1.2 del mismo, percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP.
Uno. En el año 2018 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 18.cinco.1 de esta Ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel
Importe
–
Euros
30
12.036,72
29
10.796,40
28
10.342,56
27
9.888,36
26
8.675,28
25
7.696,92
24
7.242,72
23
6.789,24
22
6.334,80
21
5.881,56
20
5.463,36
19
5.184,48
18
4.905,36
17
4.626,36
16
4.347,96
15
4.068,60
14
3.789,96
13
3.510,60
12
3.231,48
11
2.952,48
10
2.673,96
9
2.534,52
8
2.394,48
7
2.255,28
6
2.115,72
5
1.976,28
4
1.767,12
3
1.558,44
2
1.349,16
1
1.140,12
En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo.
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete de la presente Ley.
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo.
Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2017, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa.
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, en términos anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2017.
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/agrupaciones profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la Ley 26/2009, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
Dos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías asignadas en concepto de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de concesión aplicados.
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo.
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Función Pública asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo.
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.
Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, estos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.
Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa vigente.
Artículo 23. Personal laboral del sector público estatal.
Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 18.cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Dos. La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un crecimiento superior al establecido en el artículo 18.dos de esta Ley, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado en el apartado anterior.
Tampoco experimentarán incremento superior al establecido en el artículo 18.dos, las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector público.
Tres. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como la de las fundaciones del sector público estatal y la de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal.
La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.
En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales, para la determinación de los conceptos de retribución variable o productividad, con independencia de su concreta denominación, operará como límite máximo la cuantía autorizada, por esos mismos conceptos, en la masa salarial de 2013 incrementada en un máximo del porcentaje previsto en el artículo 18.dos, actualizada en los correspondientes porcentajes de incremento establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
En los supuestos de Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y consorcios que hayan obtenido en el último ejercicio cerrado, respecto del año inmediatamente anterior, una mejora en su cuenta de resultados o equivalente, consistente en un incremento de los beneficios o una reducción de las pérdidas, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos podrá autorizar un incremento adicional de la masa salarial, en concepto de retribución variable que podrá ser destinado a todo el personal de las mismas.
Para los máximos responsables y el personal de alta dirección, este incremento de retribución variable no podrá suponer en ningún caso que sus retribuciones totales superen el límite establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en la respectiva Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública de clasificación de la entidad.
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la determinación de la forma, alcance, y los efectos del procedimiento de autorización, regulado en este apartado.
Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones anualizadas, satisfechas y devengadas durante el año anterior.
Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, no podrán experimentar un crecimiento superior al que se establezca para el personal no laboral de la Administración General del Estado.
Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, para su autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha aprobación para su aplicación.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización regulado en este apartado.
Artículo 24. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.
Uno. En el año 2018 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos públicos se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2017 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos.
Dos. En el año 2018 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios, excluidos éstos en los casos en que la normativa así lo prevea, que correspondan al grupo o subgrupo de equivalencia a efectos retributivos en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 18.cinco.1.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo que corresponda al empleo y el complemento de empleo mensual que se perciba.
La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos del EBEP.
C) El complemento de empleo, el complemento específico y restantes retribuciones que pudieran corresponder, que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.Dos, respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete de esta Ley.
D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el Ministro de Defensa dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades; estos créditos experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, respecto a los establecidos a 31 de diciembre de 2017 en términos anuales.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Función Pública autorizará las cuantías asignadas en concepto de incentivos al rendimiento. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
E) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos, para su percepción, serán fijados por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el personal militar médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo en dichos centros, con la condición de plazas vinculadas, percibirá las retribuciones básicas que le correspondan y, en concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.ocho, 4, 5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto.
Dicho personal podrá percibir, asimismo, la ayuda para vestuario, y el complemento de dedicación especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el apartado D) del número anterior, así como las pensiones por recompensas y las prestaciones familiares que pudieran corresponderles.
Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar y las complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP, sin perjuicio de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de recompensas militares así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del personal de las Fuerzas Armadas.
Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la normativa vigente.
Artículo 25. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Uno. En el año 2018 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado experimentarán el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para este fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado experimentará el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2017 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos.
Dos. En el año 2018 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil no incluido en el apartado anterior serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, a efectos retributivos, en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 18.cinco.1 de esta Ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda al empleo que se ostente y el complemento de destino mensual que se perciba.
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos del EBEP.
C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley.
D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 22 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, respecto al asignado a 31 de diciembre de 2017, en términos anuales.
Artículo 26. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía.
Uno. En el año 2018 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía cuyas retribuciones básicas se imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos experimentarán el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada a este personal experimentará el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2017 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos.
Dos. En el año 2018 las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no incluidos en el apartado anterior serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, en que se halle clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 18.cinco.1 de esta Ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda a la categoría que se ostente, y el complemento de destino mensual que se perciba.
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos del EBEP.
C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley.
D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en el artículo 22 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, respecto al asignado a 31 de diciembre de 2017, en términos anuales.
Artículo 27. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Uno. En el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal serán las siguientes:
1. El sueldo, a que se refieren los anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda establecido para el año 2018, en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
Euros
Carrera Judicial
Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo)
24.784,80
Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo)
23.479,80
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
23.926,92
Magistrado
21.269,16
Juez
18.609,96
Carrera Fiscal
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma
23.926,92
Fiscal
21.269,16
Abogado Fiscal
18.609,96
2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda.
3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía que se señala en el anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en los valores vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos.
4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y fiscal que se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de las carreras judicial y fiscal, respectivamente.
5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 15/2003.
Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial.
Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico correspondiente a un destino de Teniente Fiscal de Fiscalía Provincial.
Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que hubieran correspondido a los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente.
El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado.
Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado percibirán en concepto de complemento específico el correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en concepto de complemento específico, el correspondiente a los Fiscales Coordinadores.
Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones complementarias y paga extraordinaria correspondientes a los Fiscales Decanos de secciones territoriales.
Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, incluidos los de las secciones territoriales de dichas fiscalías, percibirán el complemento de destino y la cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a los Tenientes Fiscales de Fiscalía de Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada orgánicamente en Fiscalía de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga su sede.
Tres. En el año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes:
1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda.
a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia queda establecido para el año 2018 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
Euros
Letrados de la Administración de Justicia de primera categoría
18.609,96
Letrados de la Administración de Justicia de segunda categoría
17.688,36
Letrados de la Administración de Justicia de tercera categoría
16.434,12
b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda establecido para el año 2018 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
Euros
Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
15.951,72
Gestión Procesal y Administrativa
13.774,44
Tramitación Procesal y Administrativa
11.321,52
Auxilio Judicial
10.269,12
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
13.774,44
Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
11.321,52
c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2018, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Euros
Cuerpo de Oficiales.
551,52
Cuerpo de Auxiliares.
425,28
Cuerpo de Agentes Judiciales.
367,20
Cuerpo de Técnicos Especialistas.
551,52
Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio.
425,28
Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir.
367,20
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con más de 7.000 habitantes, a extinguir.
620,52
Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y Técnicos Facultativos, quedan establecidos para el año 2018 en 665,04 euros anuales, referidos a doce mensualidades.
2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que se señala en el anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en los valores vigentes a 31 de diciembre de 2017, incrementados como máximo en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos.
3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, cuando les resulte de aplicación el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2018 en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
Euros
Puestos de tipo I
16.677,84
Puestos de tipo II
14.245,56
Puestos de tipo III
13.601,40
Puestos de tipo IV
13.498,68
Puestos de tipo V
9.761,16
Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo anterior, se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley.
Los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que ocupen puestos distintos de los señalados en el primer párrafo de este número 3.a) percibirán las retribuciones complementarias, variables y especiales establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado tres.1.b) de este mismo artículo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, queda establecido para el año 2018 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades:
Tipo
Subtipo
Euros
Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
I
A
4.124,04
I
B
4.926,36
II
A
3.797,16
II
B
4.599,48
III
A
3.633,84
III
B
4.436,16
IV
C
3.470,52
IV
D
3.634,20
Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
I
A
3.579,48
I
B
4.381,92
II
A
3.252,84
II
B
4.055,16
III
A
3.089,40
III
B
3.891,72
IV
C
2.926,08
Auxilio judicial
I
A
2.811,84
I
B
3.614,16
II
A
2.484,72
II
B
3.287,28
III
A
2.321,40
III
B
3.123,84
IV
C
2.158,08
Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
I
19.474,44
II
19.223,16
III
18.971,76
Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Municipios de más de 7.000 habitantes
5.266,20
Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.Dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete de esta Ley.
4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) anteriores, se entenderán incluidas las cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional complementaria en el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
Cuatro. En el año 2018 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios a que se refiere el artículo 624 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se incrementarán en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley.
Cinco. En el año 2018 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal serán las siguientes:
1. Vicepresidente del Tribunal Supremo:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
30.856,56
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
89.727,96
Total
120.584,52
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo):
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
28.492,52
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
85.173,84
Total
113.666,36
Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo):
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
26.993,12
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
83.715,48
Total
110.708,60
2. Fiscal General del Estado: 117.869,16 euros a percibir en doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias.
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
28.492,52
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
85.173,84
Total
113.666,36
Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
26.993,12
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
85.173,84
Total
112.166,96
Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo:
Euros
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)
26.993,12
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)
83.715,48
Total
110.708,60
3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a excepción del Fiscal General del Estado que se regula en el número siguiente, a que se refieren los números anteriores de este apartado, percibirán catorce mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corresponda. Asimismo, percibirán dos pagas al año, en junio y diciembre, por la cuantía, cada una de las mismas, que se detalla a continuación:
Determinados Miembros del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal
Cuantía en euros
Vicepresidente del Tribunal Supremo
7.477,33
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo)
7.097,82
Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo)
6.976,29
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo
7.097,82
Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
7.097,82
Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
6.976,29
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
4. El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 32.cuatro, número 3, párrafo segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18. Dos.
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 32.cuatro, número 3, párrafo segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos.
5. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 y 4, respectivamente, del mismo apartado, quedando excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al devengo de las retribuciones especiales que les pudieran corresponder en las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017 incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.dos.
Seis. Cuando el personal comprendido en este artículo tenga reconocidos trienios en Cuerpos o Escalas a los que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 18, apartado Cinco de esta Ley, con objeto de posibilitar, si procede, la percepción de las pagas extraordinarias de trienios o antigüedad en la cuantía de una mensualidad ordinaria de dichos conceptos, se podrá distribuir en catorce pagos de igual cuantía el importe anual total por los trienios (y/o antigüedad) reconocidos en los citados Cuerpos o Escalas, constituido por los trienios (y/o antigüedad) referidos a doce mensualidades más las pagas extraordinarias por trienios (y/o antigüedad). En este caso, las cuantías anuales referidas a doce mensualidades ordinarias más dos extraordinarias se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP
Trienios
–
Euros
A1
584,68
A2
484,76
B
433,98
C1
374,20
C2
259,34
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP).
195,44
Artículo 28. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no estatutario.
Uno. En el año 2018 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 22 de esta Ley.
Dos. En el año 2018 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 22.uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado artículo 22.uno se satisfaga en catorce mensualidades.
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 22.uno.B) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una dozava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 22.uno.C).
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentará el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.siete de esta Ley.
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.
Tres. En el año 2018 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de aplicación de este artículo experimentarán el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo
Artículo 29. Prohibición de ingresos atípicos.
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquéllos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Artículo 30. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación.
Uno. En el año 2018 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación experimentarán el incremento previsto en el artículo 18.dos, respecto de las reconocidas a 31 de diciembre de 2017.
Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por su legislación especial.
Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Artículo 31. Otras normas comunes.
Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2017 no correspondieran a las establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en el mismo título de la presente Ley, continuarán percibiendo, durante el año 2018, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, con el incremento previsto en el artículo 18.dos.
Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los casos de adscripción de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que se autorice por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, a propuesta de los Departamentos ministeriales interesados.
A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de origen del funcionario.
Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes en 2017.
Artículo 32. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.
Uno. Será preciso informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de:
a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos.
b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica.
d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas.
Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de Convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado y de los Convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que se atendrá a lo dispuesto en dicha norma.
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior.
Tres. El informe citado en el apartado uno de este artículo afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados en las letras a), b), c) y, para los del apartado d) en los términos en que se determine por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes:
1. Los organismos afectados remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos.
2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, será evacuado en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año corriente como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley.
Cuatro. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.
Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Seis. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, y otras entidades estatales de derecho público, será preceptivo informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, presidida por el titular de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas.
Igualmente, el Banco de España informará a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, con carácter previo, tanto del inicio de la negociación de un convenio o acuerdo colectivo, como de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a ser remitida a la representación de los trabajadores, así como de los convenios o acuerdos alcanzados.
Artículo 33. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.
Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social podrán formalizar, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los requisitos señalados en el artículo 19.dos y de los siguientes:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado.
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.
Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad, o en su caso por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad.
En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora, esta contratación requerirá informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el Organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para su resolución.
Artículo 34. Competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes del personal al servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.
Todos los acuerdos, convenios, pactos o cualesquiera otros instrumentos de negociación colectiva similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través del titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado en el artículo 18.dos de esta Ley.
TÍTULO IV
De las pensiones públicas
CAPÍTULO I
Revalorización de pensiones
Artículo 35. Índice de revalorización de pensiones.
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2018 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley.
CAPÍTULO II
Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las especiales de guerra
Artículo 36. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Uno. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las pensiones ordinarias y extraordinarias que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se relaciona a continuación agrupado de acuerdo con su legislación reguladora:
1. Personal al que se aplica el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril:
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha.
b) El personal que, a partir de 1 de enero de 1986, se encontrara como funcionario en prácticas y el que, a partir de 1 de enero 1985, fuera alumno de alguna Escuela o Academia Militar y hubiera sido promovido a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
c) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985.
2. Personal al que se aplica la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales cuya legislación reguladora así lo prevea, los transferidos a las Comunidades Autónomas, así como el personal militar de carrera, el personal militar de complemento y el de las Escalas de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, que, con anterioridad a 1 de enero de 1985, haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado.
b) Los funcionarios interinos nombrados antes de 1 de enero de 1965 y que hayan percibido sueldo detallado en los Presupuestos Generales del Estado con cargo a personal, cuando el hecho causante de los derechos pasivos se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986.
Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.1 de este artículo, se tendrán en cuenta para 2018 los haberes reguladores que se indican a continuación:
a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:
Grupo/Subgrupo EBEP
Haber regulador
Euros/año
A1
41.108,90
A2
32.353,74
B
28.330,94
C1
24.848,22
C2
19.659,06
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)
16.760,92
b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero de 1985:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Haber regulador
Euros/año
10
41.108,90
8
32.353,74
6
24.848,22
4
19.659,06
3
16.760,92
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice
multiplicador
Haber regulador
Euros/año
4,75
41.108,90
4,50
41.108,90
4,00
41.108,90
3,50
41.108,90
3,25
41.108,90
3,00
41.108,90
2,50
41.108,90
2,25
32.353,74
2,00
28.330,94
1,50
19.659,06
1,25
16.760,92
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Haber regulador
Euros/año
Secretario General
41.108,90
De Letrados
41.108,90
Gerente
41.108,90
CORTES GENERALES
Cuerpo
Haber regulador
Euros/año
De Letrados
41.108,90
De Archiveros-Bibliotecarios
41.108,90
De Asesores Facultativos
41.108,90
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
41.108,90
Técnico-Administrativo
41.108,90
Administrativo
24.848,22
De Ujieres
19.659,06
Tres. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal mencionado en el apartado Uno.2 de este artículo, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero de 2018, se tendrán en cuenta las bases reguladoras que resulten de aplicar las siguientes reglas:
a) Se tomará el importe que corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en función del cuerpo o de los índices multiplicador o de proporcionalidad y grado de carrera administrativa que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél, y que se recogen a continuación:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Grado
Grado especial
Importe por concepto
de sueldo y grado en cómputo anual
–
Euros
10 (5,5)
8
27.558,38
10 (5,5)
7
26.800,98
10 (5,5)
6
26.043,62
10 (5,5)
3
23.771,43
10
5
23.384,71
10
4
22.627,36
10
3
21.869,98
10
2
21.112,54
10
1
20.355,15
8
6
19.664,72
8
5
19.058,94
8
4
18.453,11
8
3
17.847,29
8
2
17.241,50
8
1
16.635,67
6
5
14.980,91
6
4
14.526,69
6
3
14.072,54
6
2
13.618,28
6
1
(12 por 100)
14.689,24
6
1
13.164,05
4
3
11.085,15
4
2
(24 por 100)
13.227,32
4
2
10.782,26
4
1
(12 por 100)
11.703,00
4
1
10.479,35
3
3
9.571,26
3
2
9.344,12
3
1
9.117,02
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice
multiplicador
Importe por concepto
de sueldo en cómputo anual
–
Euros
4,75
45.003,62
4,50
42.635,00
4,00
37.897,75
3,50
33.160,53
3,25
30.791,95
3,00
28.423,32
2,50
23.686,10
2,25
21.317,48
2,00
18.948,89
1,50
14.211,66
1,25
11.843,06
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Importe por concepto
de sueldo en cómputo anual
–
Euros
Secretario General
42.635,00
De Letrados
37.897,75
Gerente
37.897,75
CORTES GENERALES
Cuerpo
Importe por concepto
de sueldo en cómputo anual
–
Euros
De Letrados
24.801,76
De Archiveros-Bibliotecarios
24.801,76
De Asesores Facultativos
24.801,76
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
22.775,79
Técnico-Administrativo
22.775,79
Administrativo
13.716,39
De Ujieres
10.849,82
b) A la cantidad resultante de lo establecido en la letra anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios acreditados por el valor unitario de cada trienio en función del cuerpo, carrera, escala, plaza, empleo o categoría en los que hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los mismos en los cuadros siguientes:
ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
Índice de proporcionalidad
Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros
10
890,27
8
712,23
6
534,12
4
356,13
3
267,09
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Índice multiplicador
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros
3,50
1.658,02
3,25
1.539,61
3,00
1.421,17
2,50
1.184,28
2,25
1.067,34
2,00
947,46
1,50
710,59
1,25
592,17
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuerpo
Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros
Secretario General
1.658,02
De Letrados
1.658,02
Gerente
1.658,02
CORTES GENERALES
Cuerpo
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros
De Letrados
1.014,10
De Archiveros-Bibliotecarios
1.014,10
De Asesores Facultativos
1.014,10
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas
1.014,10
Técnico-Administrativo
1.014,10
Administrativo
608,47
De Ujieres
405,62
Cuatro. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 14 la cuantía anual calculada según lo dispuesto en las reglas contenidas en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.
Artículo 37. Determinación inicial de las pensiones especiales de guerra.
Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no podrá ser inferior, para 2018, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones causadas por el personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.867,56 euros anuales.
Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para 2018 en las siguientes cuantías:
a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 5.079,78 euros anuales.
b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas será de 13.700,05 euros anuales.
c) Las pensiones en favor de familiares serán iguales a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social, excepto para las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados, cuya cuantía será de 1.867,56 euros anuales.
2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes que tuvieran la condición de militar profesional, reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para 2018, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.
Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribución básica a mutilados civiles de guerra, se fijan, para 2018, en las siguientes cuantías:
a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, tercero o cuarto grado, en 9.590,03 euros anuales.
b) Las pensiones en favor de familiares, en la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.
Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, se establecerán, para 2018, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 6.086,22 euros anuales.
Cinco. La cuantía para 2018 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará aplicando el importe por los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el precedente artículo 36.Tres.a).
Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes:
a) En las pensiones en favor de causantes, a la cuantía mínima de las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.
b) En las pensiones de viudedad, a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.
Seis. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este artículo se obtendrá dividiendo por 12 la cuantía anual establecida según lo dispuesto en los apartados precedentes y de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.
Junto a las doce mensualidades ordinarias se abonarán dos mensualidades extraordinarias del mismo importe, excepto en las pensiones de mutilación reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio.
No obstante lo establecido en el último inciso del párrafo anterior, cuando el mutilado fuera clasificado como útil conforme a lo dispuesto en la citada Ley, tendrá derecho a las referidas mensualidades extraordinarias.
CAPÍTULO III
Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas
Artículo 38. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.
Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas enumeradas en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, no podrá superar, durante el año 2018, la cuantía íntegra de 2.580,13 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular, cuya cuantía también estará afectada por el citado límite.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de catorce pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a efectos de que se alcance o no supere la cuantía íntegra anual de 36.121,82 euros.
Dos. Cuando un mismo titular cause simultáneamente derecho a dos o más pensiones públicas, el importe conjunto a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el apartado anterior.
A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.580,13 euros mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso.
No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, la minoración o supresión se efectuará preferentemente sobre el importe íntegro de esta pensión y, de ser posible, en el momento de su reconocimiento, procediéndose con posterioridad, si fuera necesario, a reducir proporcionalmente las restantes pensiones para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo.
Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este artículo, se minorará o suprimirá del importe íntegro de la nueva pensión la cuantía que exceda del referido límite.
No obstante, si la nueva pensión, en el presente o en anteriores ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, se minorará o suprimirá la pensión o pensiones públicas que el interesado hubiera causado anteriormente. En tales supuestos, los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva pensión, si ésta fuese posterior.
Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento inicial se realizará con carácter provisional hasta que se practiquen las oportunas comprobaciones.
La regularización definitiva de los señalamientos provisionales supondrá, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.
Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento inicial a que se refieren los apartados dos y tres de este artículo, se modificase, por cualquier circunstancia, la cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del primer día del mes siguiente al de la variación.
En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica.
Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará merma o perjuicio de otros derechos anejos al reconocimiento de la pensión.
Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2018:
a) Pensiones extraordinarias del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado originadas por actos terroristas.
b) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
c) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.
Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado anterior, o de las reconocidas por actos terroristas en favor de quienes no tengan derecho a pensión en cualquier régimen público de Seguridad Social al amparo del Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.
CAPÍTULO IV
Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas
Artículo 39. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas.
Uno. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en el año 2018 un incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de esta Ley, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 37, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil.
La cuantía inicial de las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad de Clases Pasivas del Estado causadas durante 2018 al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, calculada de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el presente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del porcentaje del 1 y 2 por ciento según corresponda, establecido para los años 2004, 2006, 2007 y 2008 en el apartado Cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como en la disposición adicional décima de las Leyes 61/2003, de 30 de diciembre; 30/2005, de 29 de diciembre; 42/2006, de 28 de diciembre; y 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006, 2007 y 2008, respectivamente.
Dos. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2012, experimentarán el 1 de enero del año 2018 una reducción, respecto de los importes percibidos a 31 de diciembre de 2017, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 –o de 1977, si se tratase del Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical– y la de 31 de diciembre de 1973.
Tres. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y no indicadas en los apartados anteriores de este artículo, experimentarán en el año 2018 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2017, salvo las excepciones contenidas en los siguientes artículos de este capítulo.
Artículo 40. Pensiones no revalorizables.
Uno. En el año 2018 no se revalorizarán las pensiones públicas siguientes:
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.580,13 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo 38.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular sólo percibiera esta pensión como tal caminero.
c) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2017, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.
Dos. En el caso de Mutualidades, montepíos o entidades de previsión social de cualquier tipo que integren a personal de empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales u Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o entidades públicas, o en el caso de que éstos estén abonando directamente al personal incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las revalorizaciones a que se refiere el artículo 39 serán consideradas como límite máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e, incluso, inferiores a la unidad, a dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan.
Artículo 41. Limitación del importe de la revalorización de las pensiones públicas.
Uno. Para el año 2018 el importe de la revalorización de las pensiones públicas no podrá suponer un valor íntegro anual superior a 36.121,82 euros.
Dos. Cuando un mismo titular perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo señalado. Si lo superase, se minorará proporcionalmente la cuantía de la revalorización hasta absorber el exceso sobre dicho límite.
A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar las pensiones determinará el límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá en una cifra que guarde con la cuantía íntegra de 36.121,82 euros anuales la misma proporción que mantenga la pensión o pensiones con la suma de todas las pensiones públicas percibidas por el titular.
El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
L = P/T * 36.121,82 euros anuales
siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2017 por la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular en la misma fecha.
No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones públicas que percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en el artículo 42.1.c) de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, o se tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de alguna de las Entidades a que se refiere el artículo 40.Dos de esta Ley, la aplicación de las reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente para alcanzar el límite máximo de percepción.
Tres. Lo dispuesto en los apartados Cuatro a Ocho, ambos inclusive, del precedente artículo 38 será aplicable cuando así proceda a los supuestos de revalorización de pensiones concurrentes.
CAPÍTULO V
Complementos por mínimos
Artículo 42. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases Pasivas.
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que no perciban, durante 2018, ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 7.151,80 euros al año. A tal efecto, se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales.
Para acreditar los ingresos de trabajo o de capital, se podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
No obstante, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.151,80 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales.
Se presumirá que concurren los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando el interesado hubiera percibido durante 2017 ingresos por cuantía igual o inferior a 7.133,97 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.
A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.
Cuando, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos se aplicará, en su caso, en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión.
Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de inicio de la pensión, si ésta fuese posterior al 1 de enero.
No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el derecho al cobro de una pensión cuyo hecho causante se produjo en el ejercicio anterior, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de inicio de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde la solicitud.
Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en 2018 por declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo declarado.
La Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo suponer, en su caso, la exigencia del reintegro de lo percibido indebidamente por el titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.
Tres. Para tener derecho al complemento para mínimos en los supuestos de pensiones causadas a partir de enero de 2013, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía fijada para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Cuatro. Durante 2018 las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas experimentarán un incremento del 0,25 por ciento.
Cinco. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes de este artículo no se aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la guerra civil, cuyas cuantías se fijan en el artículo 37 de esta Ley, excepto a las pensiones de orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, así como a las reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años, causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio.
Artículo 43. Reconocimiento de los complementos por mínimos en las pensiones de la Seguridad Social.
Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban durante 2018 rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y computados conforme al artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o que, percibiéndolos, no excedan de 7.151,80 euros al año. Estos complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y son absorbibles con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
Para acreditar las rentas e ingresos, la entidad gestora podrá exigir al pensionista una declaración de los mismos y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
No obstante, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el párrafo primero de este apartado, tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.151,80 euros más el importe, en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento por mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales. A los solos efectos de garantía de complementos por mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.
Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones.
Dos. Se entenderá que concurren los requisitos indicados en el apartado anterior cuando el interesado manifieste que va a percibir durante 2018 rendimientos computados en la forma señalada en el apartado Uno, por cuantía igual o inferior a 7.151,80 euros.
Los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que a lo largo del ejercicio 2018 perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el párrafo anterior, están obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el plazo de un mes desde que se produzca.
Para acreditar las rentas e ingresos las entidades gestoras de la Seguridad Social podrán en todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una declaración de éstos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y dependa económicamente de él.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias siguientes:
a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado así como los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, ambos previstos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro.
b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores a 8.342,65 euros anuales.
Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte inferior a la suma de 8.342,65 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda.
Cuatro. Con respecto a las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 2013, para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, será necesario residir en territorio español. Para las pensiones causadas a partir de la indicada fecha, el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Cinco. Durante el año 2018 las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, experimentarán un incremento del 0,25 por ciento.
CAPÍTULO VI
Otras disposiciones en materia de pensiones públicas
Artículo 44. Determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
Uno. Para el año 2018, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 5.178,60 euros íntegros anuales.
Dos. Para el año 2018, se establece un complemento de pensión, fijado en 525 euros anuales, para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no tenga con él relación de parentesco hasta tercer grado, ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos.
Las normas para el reconocimiento de este complemento serán las establecidas en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, entendiéndose que las referencias hechas al año 2012, deben considerarse realizadas al año 2018.
Artículo 45. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
Uno. A partir del 1 de enero del año 2018, la cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda fijada en cómputo anual en 5.728,80 euros.
A dichos efectos no se considerarán pensiones concurrentes la prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será, en cómputo anual, de 5.560,80 euros cuando concurran con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, salvo que los interesados tuvieran reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.
Tres. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no experimentarán revalorización en 2018 cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas diferentes a las mencionadas en el precedente apartado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma en cómputo anual de todas las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del referido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal seguro en el apartado Uno de este artículo, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorización o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
Cuatro. Cuando, para el reconocimiento de una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan totalizado períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización, el importe de la pensión prorrateada a cargo de España no podrá ser inferior al 50 por 100 de la cuantía de la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que en cada momento corresponda.
Esta misma garantía se aplicará en relación con los titulares de otras pensiones distintas de las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que opten por alguna de estas pensiones, siempre que en la fecha del hecho causante de la pensión que se venga percibiendo hubieran reunido todos los requisitos exigidos por dicho seguro.
TÍTULO V
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Deuda Pública
Artículo 46. Deuda Pública.
Uno. Se autoriza al Ministro de Economía, Industria y Competitividad un incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado en 53.668.213,08 miles de euros. El cómputo se realizará mediante comparación del saldo vivo de la Deuda del Estado, en términos efectivos, entre inicio y fin del ejercicio presupuestario.
Dos. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará automáticamente revisado:
a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos presupuestarios correspondientes a los Capítulos I a VIII.
b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los mismos.
c) Por la diferencia entre los créditos presupuestarios totales de los Capítulos I a VIII y el importe global de las obligaciones reconocidas de los citados capítulos en el ejercicio.
d) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las operaciones no presupuestarias con impacto en la tesorería del Estado, previstas legalmente.
e) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones del Estado reconocidos y pendientes de ingreso y pago en el ejercicio, así como los derechos recaudados y las obligaciones pagadas correspondientes a ejercicios anteriores.
f) Por el importe neto imputado a los conceptos englobados en el Capítulo IX que no forman parte de la emisión y amortización de Deuda Pública.
Las citadas revisiones incrementaran o reducirán el limite señalado en el apartado anterior según supongan un aumento o una disminución, respectivamente, de la necesidad de financiación del Estado.
Artículo 47. Operaciones de crédito autorizadas a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal.
Uno. Se autoriza a los organismos autónomos que figuran en el Anexo III de esta Ley a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario por los importes que, para cada uno, figuran en el anexo citado.
Asimismo, se autoriza a los demás organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal que figuran en ese mismo Anexo III a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario por los importes que, para cada una, figuran en dicho anexo. La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.2 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones de crédito que no se concierten y cancelen dentro del año.
Dos. Los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto Geológico y Minero de España; Instituto de Salud Carlos III; Instituto de Astrofísica de Canarias; Instituto Español de Oceanografía; y Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, dependiente del Ministerio de Defensa, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrán concertar operaciones de crédito como consecuencia de los anticipos reembolsables que se les conceden con cargo a capítulo 8 del presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos que se concedan con el fin de facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de la parte de los gastos que, una vez justificados, se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo.
Tres. Los organismos dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que figuran en el citado anexo III, con carácter previo a la concertación de las operaciones correspondientes y a fin de verificar el destino del endeudamiento, deberán solicitar autorización de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, aportando un plan económico financiero justificativo de la operación, incluidos los supuestos en que el endeudamiento se solicite para cubrir déficits de tesorería que se produzcan por desfase entre los pagos que realice el organismo en actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos y los retornos comunitarios correspondientes a dichos pagos.
Artículo 48. Información de la evolución de la Deuda del Estado al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras al Congreso de los Diputados y al Senado.
Los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de Deuda del Estado o asumida por éste, aun cuando lo asumido sea únicamente la carga financiera, remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad la siguiente información: trimestralmente, sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para el ejercicio.
El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el Estado y los Organismos Autónomos y el número de cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la evolución de los saldos. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Artículo 49. Recursos ajenos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.5 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, durante el ejercicio presupuestario de 2018 los recursos ajenos del FROB no superarán el importe de 15.439.260 miles de euros.
CAPÍTULO II
Avales públicos y otras garantías
Artículo 50. Importe de los avales del Estado.
Uno. El importe máximo de los avales a otorgar por la Administración General del Estado durante el ejercicio del año 2018 no podrá exceder de 500.000 miles de euros.
Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos de otorgamiento de aval:
a) 460.000 miles de euros para los avales que podrá autorizar el Consejo de Ministros según lo establecido en los artículos 114.2 y 115 de la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria. Se aplicará este mismo límite a los avales otorgados a las operaciones concertadas por los sujetos recogidos en la letra b) del artículo 114.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
b) 40.000 miles de euros para garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas por empresas navieras domiciliadas en España, destinadas a la modernización de la flota mercante de las empresas armadoras españolas mediante la transformación de buques registrados y abanderados en España o en otro Estado miembro de la Unión Europea, no superiores a 15 años de antigüedad, para utilizar gas natural licuado como combustible, instalar depuradores de los gases de exhaustación de sus motores o instalar sistemas de tratamiento de agua de lastre a bordo.
La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la transformación del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del aval.
El importe avalado no podrá superar el 70% del precio total de las transformaciones financiadas en el buque.
En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo.
Las solicitudes, otorgamiento y condiciones de estos avales se regirán conforme a lo establecido en la presente Ley y en la Orden PRE/2986/2008, de 14 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establece el procedimiento para la concesión de avales del Estado para la financiación de operaciones de crédito destinadas a la renovación y modernización de la flota mercante española, o en las disposiciones posteriores que la modifiquen. Durante todo el período de vigencia del aval los buques deberán registrarse y abanderarse en un Estado miembro de la Unión Europea.
Tres. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refieren el apartado Dos.e) del artículo 52 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, el apartado Dos.b) del artículo 54 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto específico establecido a tal fin.
Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre de cada año, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente.
Artículo 51. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.
Uno. Las Sociedades Gestoras de fondos de titulización de activos deberán remitir a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales, en particular la referente al volumen total del principal pendiente de amortización de los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos y a la tasa de activos impagados o fallidos de la cartera titulizada.
Dos. Se autoriza a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para que, en la ejecución de los avales del Estado a los que se refiere el presente artículo y otorgados en ejercicios anteriores, pueda efectuar los pagos correspondientes a las obligaciones garantizadas mediante operaciones no presupuestarias con cargo al concepto específico habilitado a tal fin.
Con posterioridad a su realización, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados al final del ejercicio, que se aplicarán al presupuesto en el año siguiente.
Artículo 52. Avales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales.
Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar avales en el ejercicio del año 2018, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, hasta un límite máximo de 1.210.000 miles de euros.
Artículo 53. Información sobre avales públicos otorgados.
El Gobierno comunicará trimestralmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, el saldo vivo y características principales de los avales públicos otorgados. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
CAPÍTULO III
Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial
Artículo 54. Fondo de Cooperación para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
Uno. La dotación al Fondo para la Promoción del Desarrollo ascenderá en el año 2018 a 199.230,00 miles de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.143A.874 «Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)», que se destinarán a los fines previstos en el artículo 2 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
Dos. El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al FONPRODE por un importe anual de hasta 375.000,00 miles de euros.
Tres. Sólo se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el Fondo.
Podrán autorizarse igualmente las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, de los que España sea parte.
Cuatro. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 14 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, será efectuada con cargo a los recursos del propio FONPRODE, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda.
Artículo 55. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).
La dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a que se refiere la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, ascenderá, en el año 2018 a 15.000,00 miles de euros y se destinará a los fines previstos en el apartado tres de dicha disposición adicional.
Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FCAS los retornos procedentes de reintegros de programas del FCAS aprobados a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Serán igualmente recursos del FCAS los importes depositados en sus cuentas corrientes.
El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe anual de hasta 42.000,00 miles de euros, teniendo en cuenta los recursos adicionales contemplados en el párrafo anterior.
Sólo se podrán autorizar con cargo al FCAS operaciones de carácter reembolsable con las siguientes excepciones:
– Las operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo, esto es, los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica o de otros gastos asociados a las operaciones formalizadas por el fondo.
– Las operaciones de carácter no reembolsable que se financien con los recursos extraordinarios procedentes de reintegros de programas bilaterales que no hayan podido llevarse a cabo total o parcialmente, así como de excedentes de programas ya finalizados, siempre que dichas operaciones se realicen en el mismo ejercicio en que se produzca el reintegro. Excepcionalmente en 2018, podrán utilizarse fondos procedentes de reintegros rendidos en 2017.
El Gobierno informará a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, durante el primer semestre del año, de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo a este Fondo del año anterior. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Artículo 56. Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).
Uno. Durante la vigencia de esta Ley la dotación al Fondo para la Internacionalización de la Empresa ascenderá a 218.087,60 miles de euros con cargo a la aplicación presupuestaria 27.09.431A.871 «Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)», que se destinarán a los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española.
Dos. Se podrán autorizar operaciones con cargo al FIEM por un importe anual de hasta 500.000,00 miles de euros.
Quedan expresamente excluidas de esta limitación las operaciones de refinanciación de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo que se lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales de renegociación de la deuda exterior de los países prestatarios, en los que España sea parte.
El Consejo de Ministros podrá autorizar proyectos individuales de especial relevancia para la internacionalización atendiendo a su importe, acordando en su caso la imputación de parte del proyecto dentro del límite previsto en el párrafo primero de este apartado, quedando los sucesivos importes del proyecto para imputación en ejercicios posteriores, dentro de los límites previstos en las correspondientes leyes de presupuestos anuales.
No se podrán autorizar con cargo al FIEM operaciones de carácter no reembolsable, quedando excluidas de esta limitación las operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del Fondo, que en cualquier caso ajustará su actividad de forma que no presente necesidad de financiación medida según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales.
Tres. Serán recursos adicionales a la dotación prevista para el FIEM, los retornos que tengan lugar durante el ejercicio económico en curso y que tengan su origen en operaciones del FIEM o en operaciones aprobadas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Cuatro. La compensación anual al ICO establecida en el artículo 11.4 de la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española, será efectuada con cargo a los recursos del propio FIEM, previa autorización por acuerdo del Consejo de Ministros, por los gastos en los que incurra en el desarrollo y ejecución de la función que se le encomienda.
Cinco. El Gobierno informará anualmente a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, y al Consejo Económico y Social, de las operaciones, proyectos y actividades autorizadas con cargo al FIEM, de sus objetivos y beneficiarios de la financiación, condiciones financieras y evaluaciones, así como sobre el desarrollo de las operaciones en curso a lo largo del período contemplado. La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales pondrá dicha documentación a disposición de los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
Artículo 57. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial.
Uno. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de la gestión de sistema Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI).
Durante la vigencia de esta Ley el Estado reembolsará al Instituto de Crédito Oficial tanto las cantidades que éste hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago de las operaciones de ajuste de intereses previstas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, como los costes de gestión de dichas operaciones en que aquél haya incurrido.
Para este propósito, la dotación para el ejercicio económico en curso al sistema CARI, será la que figure en la partida presupuestaria 27.09.431A.444.
En el caso de que existan saldos positivos del sistema a favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre del año en curso, una vez deducidos los costes de gestión en los que haya incurrido el ICO, éstos se ingresarán en Tesoro.
Dentro del conjunto de operaciones de ajuste de intereses aprobadas a lo largo del ejercicio económico en curso, el importe de los créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses, que podrán ser aprobados durante dicho ejercicio, asciende a 480.000,00 miles de euros.
Con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las operaciones de ajuste recíproco de intereses, el Instituto de Crédito Oficial podrá, con cargo a los mismos ingresos y dotaciones señaladas en el párrafo anterior y conforme a sus Estatutos y normas de actuación, concertar por sí o a través de agentes financieros de intermediación, operaciones de intercambio financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el Tesoro pueda suponer la evolución de los tipos de interés, previo informe favorable de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y autorización de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Dos. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial como consecuencia de otras actividades.
En los supuestos de intereses subvencionados por el Estado, en operaciones financieras instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial, los acuerdos del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos incluirán información acerca de la reserva de créditos o de la forma de financiar el gasto que de ellos se derive.
Artículo 58. Adquisición de acciones y participaciones de Instituciones Financieras Multilaterales.
Uno. No se podrán realizar operaciones de adquisición de acciones y participaciones de Instituciones Financieras Multilaterales o de aportaciones a fondos constituidos en las mismas con impacto en déficit público y financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 27.06.923P.895 «Instituciones Financieras Multilaterales».
Dos. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional acompañará a las propuestas de financiación con cargo a dicha aplicación presupuestaria un informe sobre su impacto en el déficit público, que será elaborado previa la correspondiente solicitud por la Intervención General de la Administración del Estado.
TÍTULO VI
Normas Tributarias
CAPÍTULO I
Impuestos Directos
Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 59. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:
a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales.
A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de esta Ley.
Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo.»
Dos. Se añade una disposición adicional cuadragésima séptima, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional cuadragésima séptima. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo y determinación del tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo durante el período impositivo 2018.
1. En el período impositivo 2018, cuando el impuesto se hubiera devengado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley será la prevista en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.
Cuando el impuesto correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley será la resultante de incrementar la cuantía derivada de la aplicación de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 en la mitad de la diferencia positiva resultante de minorar el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicando la normativa vigente a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción calculada con arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.
2. En el período impositivo 2018, para determinar el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de dicha fecha, se aplicará la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017, con las siguientes especialidades:
1) El cuadro con los límites cuantitativos excluyentes de la obligación de retener a que se refiere el artículo 81.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración, salvo cuando se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas o prestaciones o subsidios por desempleo, será el siguiente:
Situación del contribuyente
N.º de hijos y otros descendientes
0
–
Euros
1
–
Euros
2 o más
–
Euros
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente
–
15.168
16.730
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas
14.641
15.845
17.492
3.ª Otras situaciones
12.643
13.455
14.251
En el caso de pensiones o haberes pasivos de Seguridad Social o prestaciones o subsidios por desempleo, el cuadro será el siguiente:
Situación del contribuyente
N.º de hijos y otros descendientes
0
–
Euros
1
–
Euros
2 o más
–
Euros
1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente
–
15.106,5
16.451,5
2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas
14.576
15.733
17.386
3.ª Otras situaciones
13.000
13.561,5
14.184
2) La reducción por obtención de rendimientos del trabajo a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 83 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a tomar en consideración será la prevista en el segundo párrafo del apartado 1 de esta disposición adicional.
El tipo de retención o ingreso a cuenta se regularizará de acuerdo con lo indicado, si procede, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No obstante, la regularización a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en cuyo caso, el tipo de retención o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a esta fecha se determinará tomando en consideración la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.
Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías previstas en este apartado.»
Artículo 60. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.
Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifican los números 1.º y 2.º del apartado 4 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1.º Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla.
a) Los contribuyentes que tengan su residencia habitual y efectiva en Ceuta o Melilla se deducirán el 60 por ciento de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.
b) También aplicarán esta deducción los contribuyentes que mantengan su residencia habitual y efectiva en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años, en los períodos impositivos iniciados con posterioridad al final de ese plazo, por las rentas obtenidas fuera de dichas ciudades cuando, al menos, una tercera parte del patrimonio neto del contribuyente, determinado conforme a la normativa reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio, esté situado en dichas ciudades.
La cuantía máxima de las rentas, obtenidas fuera de dichas ciudades, que puede acogerse a esta deducción será el importe neto de los rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos en dichas ciudades.
2.º Los contribuyentes que no tengan su residencia habitual y efectiva en Ceuta o Melilla, se deducirán el 60 por ciento de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables positivas que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.
En ningún caso se aplicará esta deducción a las rentas siguientes:
– Las procedentes de Instituciones de Inversión Colectiva, salvo cuando la totalidad de sus activos esté invertida en Ceuta o Melilla, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
– Las rentas a las que se refieren los párrafos a), e) e i) del apartado siguiente.»
Artículo 61. Deducción por maternidad.
Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 81. Deducción por maternidad.
1. Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil.
Cuando la inscripción no sea necesaria, la deducción se podrá practicar durante los tres años posteriores a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la declare.
En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, siempre que cumpla los requisitos previstos en este artículo, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente.
2. El importe de la deducción a que se refiere el apartado 1 anterior se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento previsto en este apartado podrá resultar de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.
A estos efectos se entenderán por gastos de custodia las cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos por aplicación de lo dispuesto en las letras b) o d) del apartado 3 del artículo 42 de esta Ley.
3. La deducción prevista en el apartado 1 anterior se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos previstos en dicho apartado y tendrá como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción.
El incremento de la deducción previsto en el apartado 2 anterior se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos de los apartados 1 y 2 anteriores, salvo el relativo a que sea menor de tres años en los meses a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 anterior, y tendrá como límite para cada hijo tanto las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción, como el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.
A efectos del cálculo de estos límites se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.
4. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono del importe de la deducción previsto en el apartado 1 anterior de forma anticipada. En estos supuestos, no se minorará la cuota diferencial del impuesto.
5. Reglamentariamente se regularán el procedimiento y las condiciones para tener derecho a la práctica de esta deducción, los supuestos en que se pueda solicitar de forma anticipada su abono y las obligaciones de información a cumplir por las guarderías o centros infantiles.»
Artículo 62. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 81 bis, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:
a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
La cuantía de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
d) Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b) anteriores, hasta 1.200 euros anuales.
Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas anteriormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.»
Dos. Se modifica el apartado 3 y se añade un apartado 4 en la disposición adicional cuadragésima segunda, que quedan redactados de la siguiente forma:
«3. En relación con la deducción establecida en el artículo 81 bis de esta Ley por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y el incremento de la deducción previsto por cada uno de los hijos que excedan del número mínimo de hijos exigido para la adquisición de la condición de familia numerosa de categoría general o especial, se tendrán en cuenta las siguientes reglas especiales:
a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el estado civil del contribuyente y el número de hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido para que la familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, se determinarán de acuerdo con la situación existente el último día de cada mes.
b) El importe del abono mensual de la deducción de forma anticipada por cónyuge no separado legalmente con discapacidad será de 100 euros.
En el caso de familias numerosas, las cuantías establecidas en la letra c) del numero 1.º del apartado 4 del referido artículo 60 bis se incrementarán en 50 euros mensuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa, que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda.
c) Para el abono anticipado de la deducción por cónyuge no separado legalmente, la cuantía de las rentas anuales a tomar en consideración serán las correspondientes al último período impositivo cuyo plazo de presentación de autoliquidación hubiera finalizado al inicio del ejercicio en el que se solicita su abono anticipado.
4. Lo establecido en los apartados 1 y 3 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y formato de la declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional, podrán ser modificados reglamentariamente.»
Tres. Se añade una disposición transitoria trigésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima tercera. Aplicación en el ejercicio 2018 de la deducción establecida en el artículo 81 bis.
En el período impositivo 2018, la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y el incremento de la deducción previsto por cada uno de los hijos que excedan del número mínimo de hijos exigido para la adquisición de la condición de familia numerosa de categoría general o especial, se determinará tomando en consideración exclusivamente los meses iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.»
Artículo 63. Obligación de declarar.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.
c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.»
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el apartado 3 del artículo 96, y se añade una disposición transitoria, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 14.000 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes supuestos:
a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.
b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley.
c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.»
«Disposición transitoria trigésima cuarta. Obligación de declarar en el período impositivo 2018.
Cuando el impuesto correspondiente al período impositivo 2018 se hubiera devengado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el límite de 14.000 euros establecido en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 96 de esta Ley será de 12.643 euros.»
Artículo 64. Importe de los pagos a cuenta en Ceuta y Melilla.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 11 del artículo 101 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedan redactados de la siguiente forma:
«1. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y haberes pasivos se determinará con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para determinar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta se podrán tener en consideración las circunstancias personales y familiares y, en su caso, las rentas del cónyuge y las reducciones y deducciones, así como las retribuciones variables previsibles, en los términos que reglamentariamente se establezcan, y se aplicará la siguiente escala:
Base para calcular el tipo de retención
–
Hasta euros
Cuota de retención
–
Euros
Resto base para calcular el tipo de retención
–
Hasta euros
Tipo aplicable
–
Porcentaje
0,00
0,00
12.450,00
19,00
12.450,00
2.365,50
7.750,00
24,00
20.200,00
4.225,50
15.000,00
30,00
35.200,00
8.725,50
24.800,00
37,00
60.000,00
17.901,50
En adelante
45,00
A estos efectos, se presumirán retribuciones variables previsibles, como mínimo, las obtenidas en el año anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan acreditar de manera objetiva un importe inferior.
Tratándose de atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 15 por ciento, salvo que resulte de aplicación los porcentajes previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo.
Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será del 35 por ciento.
No obstante, en los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del 19 por ciento.
Los porcentajes de retención e ingreso a cuenta previstos en este apartado se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por ciento. Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 19 por ciento.
Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley procedentes de las sociedades a que se refiere la letra h) del número 3.º del citado artículo.
5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económicas serán:
a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria.
No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.
c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales.
d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.»
«8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 19 por ciento.
Este porcentaje se reducirá en un 60 por ciento cuando el inmueble esté situado en Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo 68.4 de esta Ley.»
«11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban practicar los contribuyentes que ejerzan actividades económicas serán los siguientes:
a) El 20 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.
b) El 4 por ciento, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva. El porcentaje será el 3 por ciento cuando se trate de actividades que tengan sólo una persona asalariada, y el 2 por ciento cuando no se disponga de personal asalariado.
c) El 2 por ciento, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto.
Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento para las actividades económicas que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»
Artículo 65. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se añade una disposición adicional cuadragésima octava en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional cuadragésima octava. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
1. Cuando la unidad familiar a que se refiere el artículo 82.1 de esta Ley esté formada por contribuyentes de este Impuesto y por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, los contribuyentes por este Impuesto podrán deducir de la cuota íntegra que corresponde a su declaración individual, en su caso, el resultado de las siguientes operaciones:
1.º Se sumarán las cuotas íntegras estatal y autonómica minoradas en las deducciones previstas en los artículos 67 y 77 de esta Ley, de los miembros de la unidad familiar contribuyentes por este Impuesto junto con las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a las rentas obtenidas en territorio español en ese mismo período impositivo por el resto de miembros de la unidad familiar.
2.º Se determinará la cuota líquida total de este Impuesto que hubiera resultado de haber podido optar por tributar conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar, entendiéndose, a estos exclusivos efectos, que todos los miembros de la unidad familiar son contribuyentes por este Impuesto. Para dicho cálculo solamente se tendrán en cuenta, para cada fuente de renta, la parte de las rentas positivas de los miembros no residentes integrados en la unidad familiar que excedan de las rentas negativas obtenidas por estos últimos.
3.º Se restará a la cuantía prevista en el número 1.º anterior, la cuota a la que se refiere el número 2.º anterior. Cuando dicha diferencia sea negativa, la cantidad a computar será cero.
4.º Se deducirá de la cuota íntegra estatal y autonómica, una vez efectuadas las deducciones previstas en los artículos 67 y 77 de esta Ley, la cuantía prevista en el número 3.º anterior. A estos efectos, se minorará la cuota íntegra estatal del Impuesto en la proporción que representen las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes respecto de la cuantía total prevista en el número 1.º del apartado 1 anterior, y el resto minorará la cuota íntegra estatal y autonómica por partes iguales.
Cuando sean varios los contribuyentes de este Impuesto integrados en la unidad familiar, esta minoración se efectuará de forma proporcional a las respectivas cuotas íntegras, una vez efectuadas las deducciones previstas en los artículos 67 y 77 de esta Ley, de cada uno de ellos.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 anterior no resultará de aplicación cuando alguno de los miembros integrados en la unidad familiar hubiera optado por tributar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 93 de esta Ley o en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o no disponga del número de identificación fiscal.
3. La Administración podrá requerir del contribuyente cuantos documentos justificativos juzgue necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones que determinan la aplicación de esta deducción.
Cuando la documentación que se aporte para justificar la aplicación del régimen o las circunstancias personales o familiares que deban ser tenidas en cuenta, esté redactada en una lengua no oficial en territorio español, se presentará acompañada de su correspondiente traducción.»
Artículo 66. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el número 1.º del apartado 1 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:
«1.º Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad.
La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.
No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.»
Artículo 67. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional trigésima tercera, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional.
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.»
Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima quinta, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria trigésima quinta. Cuantía exenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas en los ejercicios 2018 y 2019.
Los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estarán exentos del gravamen especial en la cuantía prevista en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2017.
Dicha cuantía será de 10.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados en el período impositivo 2018 a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, y de 20.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados en el período impositivo 2019.»
Sección 2.ª Impuesto sobre Sociedades
Artículo 68. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 23. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.
1. Las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente protegidos, que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y software avanzado registrado que derive de actividades de investigación y desarrollo, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:
a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.
b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas o entidades vinculadas con aquella y de la adquisición del activo.
En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo.
La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación a las rentas positivas procedentes de la transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de vinculadas.
A efectos de determinar el régimen de protección legal de los activos intangibles a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se estará a lo dispuesto en la normativa española, de la Unión Europea e internacional en materia de propiedad industrial e intelectual que resulte aplicable en territorio español.
2. A efectos de aplicar esta reducción, tendrán la consideración de rentas positivas susceptibles de reducción, los ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las rentas positivas procedentes de su transmisión, que superen la suma de los gastos incurridos por la entidad directamente relacionados con la creación de los activos que no hubieran sido incorporados al valor de los activos, de las cantidades deducidas por aplicación del artículo 12.2 de esta Ley en relación con los activos, y de aquellos gastos directamente relacionados con los activos, que se hubieran integrado en la base imponible.
En caso de que en un período impositivo se obtengan rentas negativas y en períodos impositivos anteriores la entidad hubiera obtenido rentas positivas a las que hubiera aplicado la reducción prevista en este artículo, la renta negativa de ese período impositivo se reducirá en el porcentaje que resulte de la aplicación del apartado 1.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará en tanto las rentas negativas no superen el importe de las rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores aplicando la reducción prevista en este artículo. El exceso se integrará en su totalidad en la base imponible y, en tal caso, las rentas positivas obtenidas en un periodo impositivo posterior se integrarán en su totalidad hasta dicho importe, pudiendo aplicar al exceso el porcentaje que resulte de la aplicación del apartado 1.
3. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado 1 deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.
b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que realice actividades económicas.
c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de bienes o servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.
d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar cada uno de los ingresos y de los gastos directos a que se refiere este artículo, correspondientes a los activos objeto de cesión.
4. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 31.1.b) de esta Ley.
5. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos distintos de los referidos en el apartado 1, equipos industriales, comerciales o científicos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el apartado 1.
6. A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las operaciones, el contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado.
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de valoración a que se refiere este apartado.
7. Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado.
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución.
La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección General de Tributos, en relación con la calificación de los activos. En caso de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante al respecto, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de calificación y valoración a que se refiere este apartado.»
Artículo 69. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho una deducción del 20 por ciento de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros.
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados en territorio español directamente relacionados con la producción:
1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 100.000 euros por persona.
2.º Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores.
El importe de esta deducción no podrá ser superior a 3 millones de euros, por cada producción realizada.
La deducción prevista en este apartado queda excluida del límite a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del artículo 39 de esta Ley. A efectos del cálculo de dicho límite no se computará esta deducción.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción.
Los productores que se acojan a este incentivo fiscal asumirán las siguientes obligaciones:
1.º Incorporar en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción una referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal e indicar de forma expresa los lugares específicos de rodaje en España y la colaboración del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas, de la Spain Film Commission y de las Film Commissions/Film Offices que hayan intervenido.
2.º Remitir al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para su archivo, clasificación y gestión los siguientes materiales:
– Una copia de la producción audiovisual en formato digital de alta calidad en versión original y en las versiones comercializadas en España.
– Sinopsis y una ficha técnica y artística actualizada.
– Material gráfico de promoción de la producción (carteles, fotografías, etc.).
– Una cantidad suficiente de fotogramas de la obra incentivada con la autorización implícita para ser utilizados en la promoción del territorio en donde se haya rodado.
3.º Las empresas beneficiarias se comprometen a ceder los derechos de reproducción parcial de las obras audiovisuales y materiales gráficos entregados para la realización de actividades y elaboración de materiales de promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos, que podrán realizarse por las Entidades Estatales, Regionales, Provinciales o Locales con competencias en Cultura, Turismo y/o Economía, así como por la Spain Film Commission y por las Film Commissions/Film Offices que hayan intervenido.
4.º Informar al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a efectos estadísticos:
– de la fecha de inicio y finalización de la producción,
– del importe del gasto total de la producción realizado en España, sea o no objeto finalmente del incentivo.»
Artículo 70. Facultades de la Administración para determinar la base imponible y otros elementos tributarios.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el artículo 131 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 131. Facultades de la Administración para determinar la base imponible y otros elementos tributarios.
A los efectos de determinar la base imponible, la Administración tributaria aplicará las normas a que se refiere el artículo 10.3 de esta Ley.
En el caso del derecho a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria al que se refiere el artículo 130 de esta Ley, la Administración tributaria podrá comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de dicha conversión, en particular las pérdidas contables.»
Artículo 71. Régimen legal de los pagos fraccionados.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional decimocuarta. Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados.
1. Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea al menos 10 millones de euros, deberán tener en cuenta, en relación con los pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley, las siguientes especialidades:
a) La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural o, para contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo. En el caso de contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de gravamen previsto en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley, el porcentaje establecido en este párrafo será del 25 por ciento.
Quedará excluido del resultado positivo referido, el importe del mismo que se corresponda con rentas derivadas de operaciones de quita o espera consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente, incluyéndose en dicho resultado aquella parte de su importe que se integre en la base imponible del período impositivo. También quedará excluido, a estos efectos, el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integre en la base imponible por aplicación del apartado 2 del artículo 17 de esta Ley.
En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo XIV del Título VII de esta Ley, se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no exentas. En el caso de entidades a las que resulte de aplicación la bonificación establecida en el artículo 34 de esta Ley, se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no bonificadas.
Lo dispuesto en esta letra no resultará de aplicación a las entidades a las que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta Ley ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, ni a las entidades de capital-riesgo reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
b) El porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 40 de esta Ley será el resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen redondeado por exceso.
2. Lo previsto en esta disposición no resultará de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.
La excepción prevista en esta disposición para las entidades de capital-riesgo reguladas en la Ley 22/2014 no resultará de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.»
Artículo 72. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la disposición transitoria vigésima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria vigésima. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles del contribuyente disponibles con anterioridad a 1 de julio de 2016.
1. Lo establecido en esta disposición resultará de aplicación para los activos intangibles del contribuyente disponibles con anterioridad a 1 de julio de 2016.
2. Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, según redacción dada al mismo por la disposición adicional octava.1.ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021.
A partir de 1 de julio de 2021, las cesiones que se hayan realizado de acuerdo con lo señalado en este apartado deberán aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
3. Las cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado o se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 hasta 30 de junio de 2016, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015.
Lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021, excepto en el caso de que los activos intangibles se hubieran adquirido entre 1 de enero y 30 de junio de 2016 directa o indirectamente a una entidad vinculada con el cedente y en el momento de la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso lo dispuesto en este apartado resultará de aplicación hasta 31 de diciembre de 2017.
A partir de 1 de julio de 2021, o de 1 de enero de 2018, respectivamente, las cesiones que se hayan realizado de acuerdo con lo señalado en este apartado deberán aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
4. Las opciones a que se refieren los dos apartados anteriores se ejercitarán a través de la declaración del período impositivo 2016.
5. Las transmisiones de activos intangibles que previamente hubieran sido objeto de cesiones para las que el contribuyente hubiera ejercitado la opción establecida en los apartados 2 o 3, que se realicen desde 1 de julio de 2016 hasta 30 de junio de 2021 podrán optar por aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015, excepto en el caso de que los activos intangibles se hubieran adquirido entre 1 de enero y 30 de junio de 2016 directa o indirectamente a una entidad vinculada con el transmitente y en el momento de la adquisición no hubieran estado acogidos a un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en cuyo caso, únicamente podrán aplicar dicho régimen las que se realicen hasta 31 de diciembre de 2017.
Esta opción se ejercitará en la declaración correspondiente al período impositivo en que se realizó la transmisión.»
Sección 3.ª Impuesto sobre el Patrimonio
Artículo 73. Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2018.
Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que queda redactado de la siguiente forma:
«Segundo. Con efectos desde 1 de enero de 2019, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra.
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir.”
Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.»
Sección 4.ª Impuestos locales
Artículo 74. Impuesto sobre Actividades Económicas.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley y con vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Uno. Modificación del epígrafe 251.3 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
A) Se modifica el título del epígrafe, que queda redactado de la siguiente forma:
«Epígrafe 251.3. Fabricación de productos químicos inorgánicos (incluye la fabricación de gases industriales, excepto gases comprimidos).»
B) Se modifica la Nota del epígrafe, que queda redactada de la siguiente forma:
«Nota: Este epígrafe comprende la obtención de ácido sulfúrico y productos derivados (anhídrido sulfuroso y sus derivados, sulfato de cobre, sulfato de aluminio, sulfuro de carbono, sulfato de sodio y sulfuro de sodio, azufres sublimados, refinados y precipitados, etc.); fabricación de gases industriales, en estado líquido o gaseoso (excepto gases comprimidos; se consideran gases comprimidos los gases industriales que, tras ser fabricados en estado líquido o gaseoso, son envasados a una presión superior a 150 bares); electroquímica; obtención de carburo de calcio; obtención de fósforo, calcio, arsénico, cianuro, bromo, yodo; ácidos inorgánicos; bases, hidróxidos y peróxidos; haluros no metálicos; sales y otros productos químicos inorgánicos de base y la obtención de isótopos radioactivos.»
Dos. Modificación del epígrafe 253.1 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
A) Se modifica el título del epígrafe, que queda redactado de la siguiente forma:
«Epígrafe 253.1. Fabricación de gases comprimidos y de anhídrido carbónico solidificado (hielo seco).»
B) Se modifica la Nota del epígrafe, que queda redactada de la siguiente forma:
«Nota: Se considera gas comprimido cualquier gas industrial de los fabricados bajo el epígrafe 251.3 envasado a una presión superior a 150 bares.»
Tres. Modificación del grupo 847, «Servicios integrales de correos y telecomunicaciones», de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Se suprime la nota 3.ª
Cuatro. Modificación de la regla 4.ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Se añade una nueva letra J) en el apartado 2 de la regla 4.ª de la Instrucción, que queda redactada de la siguiente manera:
«J) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de esta regla, cualquiera de las rúbricas de las Tarifas faculta a los sujetos pasivos para prestar a sus clientes, por cuenta de las entidades financieras cuya actividad esté clasificada en los grupos 811 y 812 de la sección primera de las Tarifas, el servicio combinado de retirada de efectivo y pago por los bienes o servicios adquiridos (servicio de “cashback”)».
CAPÍTULO II
Impuestos Indirectos
Sección 1.ª Impuestos sobre el Valor Añadido
Artículo 75. Exenciones interiores.
Con efectos desde 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, se modifica el número 6.º del apartado Uno del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:
«6.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto que no origine el derecho a la deducción, cuando concurran las siguientes condiciones:
a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.
b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común.
c) Que la actividad exenta ejercida sea distinta de las señaladas en los números 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 26.º y 28.º del apartado Uno de este artículo.
La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda del 10 por ciento y el servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que originen el derecho a la deducción.
La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.»
Artículo 76. Exenciones en las exportaciones de bienes.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra a) del número 2º, letra A), del artículo 21 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactada como sigue:
«a) La exención se hará efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado en las adquisiciones.»
Artículo 77. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, el apartado Trece del artículo 22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, queda redactado de la siguiente forma:
«Trece. Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea procedentes de o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto.
Se entenderán incluidos en este apartado los transportes por vía aérea amparados por un único título de transporte que incluya vuelos de conexión aérea.»
Artículo 78. Tipos impositivos reducidos.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican el número 6.º del apartado Uno.2 y el número 3.º del apartado Dos.2, ambos del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan redactados de la siguiente forma:
«6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo.»
«3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 10 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la Ley.»
Artículo 79. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica.
Con efectos desde el 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:
Uno. Se modifican los números 4.º y 8.º del apartado uno del artículo 70, que quedan redactados de la siguiente forma:
«4.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes casos:
a) Cuando concurran los siguientes requisitos:
a’) que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal establecido únicamente en otro Estado miembro por tener en el mismo la sede de su actividad económica, o su único establecimiento o establecimientos permanentes en la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y
b’) que el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios a destinatarios que no sean un empresario o profesional actuando como tal, que se encuentren establecidos o tengan su residencia o domicilio habitual en el territorio de la Comunidad excluido el Estado miembro señalado en la letra a’), haya excedido durante el año natural precedente la cantidad de 10.000 euros o su equivalente en su moneda nacional.
Lo previsto en esta letra a) será de aplicación, en todo caso, a las prestaciones de servicios efectuadas durante el año en curso una vez superado el límite cuantitativo indicado en el párrafo anterior.
También se considerarán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto las mencionadas prestaciones de servicios efectuadas en las condiciones señaladas en esta letra a), aunque no se haya superado el citado límite, cuando los empresarios o profesionales hubieran optado por dicho lugar de tributación en el Estado miembro donde estén establecidos.
b) Que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal distinto de los referidos en la letra a’) de la letra a) anterior.»
«8.º Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) que el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en otro Estado miembro;
b) que sean efectuados por un empresario o profesional que actúe como tal establecido únicamente en el territorio de aplicación del Impuesto por tener en el mismo la sede de su actividad económica, o su único establecimiento permanente en el territorio de la Comunidad, o, en su defecto, el lugar de su domicilio permanente o residencia habitual; y
c) que el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios, a los destinatarios citados en la letra a), no haya excedido durante el año natural precedente la cantidad de 10.000 euros o su equivalente en su moneda nacional.
Lo previsto en este número será de aplicación, a las prestaciones de servicios efectuadas durante el año en curso hasta que haya superado el límite cuantitativo indicado en el párrafo anterior.
Dichos empresarios o profesionales podrán optar por no aplicar lo dispuesto en este número, en la forma que reglamentariamente se establezca aunque no hayan superado el límite de 10.000 euros. La opción comprenderá, como mínimo, dos años naturales.»
Dos. Se modifica la letra a) del apartado dos del artículo 163 octiesdecies, que queda redactada de la siguiente forma:
«a) “Empresario o profesional no establecido en la Comunidad”: todo empresario o profesional que tenga la sede de su actividad económica fuera de la Comunidad y no posea un establecimiento permanente en el territorio de la Comunidad;»
Tres. Se modifica la letra a) del apartado uno del artículo 163 noniesdecies, que queda redactada de la siguiente forma:
«a) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica.
La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la Comunidad al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes datos de identificación: nombre, direcciones postal y de correo electrónico, direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere en su caso, el número mediante el que esté identificado ante la Administración fiscal del territorio tercero en el que tenga su sede de actividad y una declaración en la que manifieste que no ha situado la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que no posee en él un establecimiento permanente. Igualmente, el empresario o profesional no establecido en la Comunidad comunicará toda posible modificación de la citada información.
En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, la información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá nombre, direcciones postal y de correo electrónico y las direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y número de identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española.
A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario o profesional no establecido en la Comunidad mediante un número individual.
La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o profesional no establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya asignado.»
Sección 2.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 80. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, la escala a que hace referencia el párrafo primero del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente:
Escala
Transmisiones directas
–
Euros
Transmisiones transversales
–
Euros
Rehabilitaciones y reconocimiento de títulos extranjeros
–
Euros
1.º Por cada título con grandeza
2.781
6.971
16.713
2.º Por cada grandeza sin título
1.988
4.983
11.932
3.º Por cada título sin grandeza
793
1.988
4.783
Sección 3.ª Impuesto sobre Actividades de Juego
Artículo 81. Tipos de gravamen.
Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 7 del artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactado de la siguiente forma:
«7. Tipo de gravamen.
1. Los tipos aplicables serán:
1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 5 por ciento de la misma base imponible.
4.º Concursos y otros juegos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.
2. Los tipos relativos a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y realmente radicadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla serán:
1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas mutuas y de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
3.º Rifas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 2,5 por ciento de la misma base imponible.
4.º Concursos y otros juegos: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 5 por ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.
3. Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este impuesto con residencia fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio de la Comunidad Autónoma que eleve los tipos.»
Sección 4.ª Impuestos Especiales
Artículo 82. Impuesto sobre Hidrocarburos.
Primero. Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:
Uno. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 50, que quedan redactados de la siguiente forma:
«3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 8, la aplicación de los tipos impositivos fijados en este artículo quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos que se hayan previsto reglamentariamente, incluidos, en su caso, la adición de trazadores y marcadores, la utilización realmente dada a los productos o el empleo de medios de pago específicos.
4. En los suministros de gas natural destinado a ser utilizado en una planta de cogeneración de energía eléctrica y energía térmica útil, sujeta a las condiciones de eficiencia energética a que se refiere la normativa de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, o que cumpla los requisitos que se establezcan reglamentariamente, se aplicarán los tipos impositivos regulados en los epígrafes 1.10.1 y 1.10.2 del apartado 1 de este artículo en función del porcentaje de gas natural que corresponda imputar a la producción de electricidad medida en bornes de alternador y a la energía térmica útil.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 51, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. La fabricación e importación de los productos clasificados en el código NC 2705 y del biogás, que se destinen a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado.
A los efectos de la aplicación de esta exención, la producción de electricidad o la cogeneración de electricidad y calor, deben realizarse en una instalación cuya actividad de producción de energía eléctrica o de cogeneración de energía eléctrica y calor útil para su posterior aprovechamiento energético queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con arreglo a lo establecido en el Título IV de dicha Ley.»
Segundo. Con efectos desde el 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Uno. Se derogan el apartado 13 del artículo 7, la letra f) del apartado 2 del artículo 8 y el artículo 50 ter.
Dos. Se modifican el primer párrafo y la Tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 50. Tipos impositivos.
1. El tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma del tipo general y del tipo especial. Para los epígrafes en los que no se determinen un tipo general y un tipo especial, el tipo de gravamen será el establecido en el epígrafe. Dichos tipos son los que se indican en las tarifas y epígrafes que figuran a continuación:
Tarifa 1.ª:
Epígrafe 1.1 Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.4 Gasóleos utilizables como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.5 Fuelóleos: 14 euros por tonelada de tipo general y 3 euros por tonelada de tipo especial.
Epígrafe 1.6 GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.
Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros por tonelada.
Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 euros por gigajulio.
Epígrafe 1.10.1 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.
Epígrafe 1.10.2 Gas natural destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de cogeneración y generación directa o indirecta de energía eléctrica: 0,15 euros por gigajulio.
A efectos de lo previsto en este Epígrafe se considera gas natural destinado a usos con fines profesionales los suministros de gas natural efectuados para su consumo en plantas e instalaciones industriales, con exclusión del que se utilice para producir energía térmica útil cuyo aprovechamiento final se produzca en establecimientos o locales que no tengan la condición de plantas o instalaciones industriales. Asimismo, tendrá la consideración de gas natural destinado a usos con fines profesionales el gas natural utilizado en cultivos agrícolas.
Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante: 78,71 euros por 1.000 litros.
Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:
a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.14 Biodiésel para uso como carburante: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.15 Biodiésel para uso como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 18 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.16 Gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: 29,15 euros por 1.000 litros.
Epígrafe 1.17 Fuelóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: 12,00 euros por tonelada.»
Tres. Se modifican los apartados 4 y 6 del artículo 52 bis, que quedan redactados de la siguiente forma:
«4. La base de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo que haya sido adquirido por el interesado y destinado a su utilización como carburante en los vehículos mencionados en el apartado 2 anterior. La base así determinada se expresará en miles de litros.»
«6.a) El tipo estatal de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo general del epígrafe 1.3 y la cantidad de 48 euros del tipo especial, vigentes en el momento de generarse el derecho a la devolución.
b) El tipo estatal de la devolución podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) La cuantía máxima de la devolución a percibir no excederá de la que correspondería a 50.000 litros por vehículo y año, salvo que se trate de taxis, en cuyo caso la cuantía máxima de la devolución no excederá de la que correspondería a 5.000 litros por taxi y año. Por el Ministro de Hacienda y Función Pública se podrá disponer el fraccionamiento de estos límites para su aplicación en relación con períodos de tiempo inferiores al año.»
Artículo 83. Exenciones en el Impuesto Especial sobre el Carbón.
Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se añade un apartado 4 al artículo 79 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, la aplicación de las exenciones recogidas en este artículo estará sujeta al cumplimiento de las condiciones que reglamentariamente se establezcan.»
Artículo 84. Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:
Uno. Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 94, que quedan redactados de la siguiente forma:
«5. La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios (MW).»
«6. La energía eléctrica consumida que haya sido generada por pilas de combustibles.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. En los supuestos de irregularidades en relación con la justificación del uso o destino dado a la electricidad que se ha beneficiado de una exención o de una reducción en razón de su destino, los suministradores estarán obligados al pago de la deuda tributaria del impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse, en tanto no justifiquen que el suministro se efectuó a un consumidor autorizado por la oficina gestora o, en su caso, facultado para gozar de dichos beneficios fiscales.»
Tres. Se modifica el artículo 98, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 98. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible una reducción del 85 por ciento que será aplicable, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, sobre la cantidad de energía eléctrica que se destine a alguno de los siguientes usos:
a) Reducción química y procesos electrolíticos.
b) Procesos mineralógicos. Se consideran procesos mineralógicos los clasificados en la división 23 del Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos.
c) Procesos metalúrgicos. Se consideran procesos metalúrgicos los relativos a la producción de metal y su preparación, así como, dentro de la producción de productos metálicos, la producción de piezas de forjado, prensa, troquelado y estiramiento, anillos laminados y productos de mineral en polvo, y tratamiento de superficies y termotratamiento de fundición, calentamiento, conservación, distensión u otros termotratamientos.
d) Actividades industriales cuyo coste de electricidad represente más del 50 por ciento del coste de un producto.
A estos efectos, el coste de un producto se define como la suma de las compras totales de bienes y servicios más los costes de mano de obra más el consumo del capital fijo. El coste se calcula por unidad en promedio.
El coste de la electricidad se define como el valor de compra real de la electricidad o el coste de producción de electricidad, si se genera en la propia empresa, incluidos todos los impuestos, con la excepción del IVA deducible.
e) Riegos agrícolas.
f) Actividades industriales cuyas compras o consumo de electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor de la producción.
A estos efectos se entiende por:
– ‘‘Compras o consumo de electricidad’’: el coste real de la energía eléctrica adquirida o consumida incluidos todos los impuestos, con la excepción del IVA deducible.
– “Valor de la producción”: estará constituido por el importe de la cifra de negocios, al que se adicionará la variación de existencias, de productos en curso y de productos terminados.
2. La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible una reducción del 100 por ciento que será aplicable, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, sobre la cantidad de energía eléctrica suministrada a las embarcaciones atracadas en puerto que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo.
A estos efectos se entenderá por «embarcaciones privadas de recreo», las embarcaciones utilizadas por su propietario o por la persona física o jurídica que las pueda utilizar en virtud de arrendamiento o por cualquier otro medio, para fines no comerciales y, en particular, para fines distintos del transporte de pasajeros o mercancías o de la prestación de servicios a título oneroso, o que no se destinen a necesidades determinadas por las autoridades públicas.»
Cuatro. Se modifica el artículo 99, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 99. Tipo impositivo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo, el impuesto se exigirá al tipo del 5,11269632 por ciento.
2. Las cuotas íntegras resultantes de la aplicación del tipo impositivo fijado en el apartado 1 no podrán ser inferiores a las cuantías siguientes:
a) 0,5 euros por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada o consumida se utilice en usos industriales o en embarcaciones atracadas en puerto que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo.
b) 1 euro por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada o consumida se destine a otros usos.
Cuando se incumpla la condición prevista en este apartado, las cuantías indicadas en las letras a) y b) tendrán la consideración de tipos impositivos aplicables en lugar del establecido en el apartado 1 y se aplicarán sobre el suministro o consumo total del periodo expresado en megavatio-hora (MWh).
3. A efectos de lo previsto en el apartado 2, se consideran destinados a usos industriales:
a) Los efectuados en alta tensión o en plantas e instalaciones industriales.
b) Los efectuados en baja tensión con destino a riegos agrícolas.
4. Lo dispuesto en el apartado 2 no será de aplicación para los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 98.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 102, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los obligados a presentar autoliquidaciones por este impuesto, los representantes a los que hace referencia el apartado 4 de este artículo, así como los beneficiarios de las exenciones reguladas en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 94 de esta Ley y de las reducciones a las que hace referencia el apartado 1 del artículo 98, deberán solicitar la inscripción en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora de impuestos especiales del lugar donde radique el establecimiento donde ejerzan su actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal.
Por el Ministro de Hacienda y Función Pública se establecerá la estructura del censo de obligados tributarios por este impuesto, así como el procedimiento y plazo para la inscripción de estos en el registro territorial.»
Seis. Se da redacción a la disposición adicional tercera, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional tercera.
La aplicación efectiva de lo establecido en el apartado 2 del artículo 98 quedará condicionada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.»
Sección 5.ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Artículo 85. Tipo Impositivo.
Con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que queda redactado de la siguiente forma:
«Once. Tipo impositivo.
1. Tarifa 1.ª:
El Impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico.
El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 euros por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes:
Epígrafe
Gas fluorado de efecto invernadero
Potencial de calentamiento atmosférico (PCA)
Tipo €/Kg
1.1.
Hexafluoruro de azufre
22.800
100
1.2.
HFC - 23
14.800
100
1.3.
HFC - 32
675
10,13
1.4.
HFC - 41
92
–
1.5.
HFC - 43-10mee
1.640
24,6
1.6.
HFC - 125
3.500
52,5
1.7.
HFC - 134
1.100
16,5
1.8.
HFC - 134a
1.430
21,45
1.9.
HFC - 152a
124
–
1.10.
HFC - 143
353
5,3
1.11.
HFC - 143a
4.470
67,05
1.12.
HFC - 227ea
3.220
48,3
1.13.
HFC - 236cb
1.340
20,1
1.14.
HFC - 236ea
1.370
20,55
1.15.
HFC - 236fa
9.810
100
1.16.
HFC - 245ca
693
10,4
1.17.
HFC - 245fa
1.030
15,45
1.18.
HFC - 365mfc
794
11,91
1.19.
Perfluorometano
7.390
100
1.20.
Perfluoroetano
12.200
100
1.21.
Perfluoropropano
8.830
100
1.22.
Perfluorobutano
8.860
100
1.23.
Perfluoropentano
9.160
100
1.24.
Perfluorohexano
9.300
100
1.25.
Perfluorociclobutano
10.300
100
2. Tarifa 2.ª:
Epígrafe 2.1 Preparados: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del preparado en virtud de lo dispuesto en el número 2 del apartado cinco con el máximo de 100 euros por kilogramo.
3. Tarifa 3.ª:
Epígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la Tarifa 1.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la Tarifa 1.ª
Epígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la Tarifa 2.ª: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,50 al tipo establecido en la Tarifa 2.ª»
CAPÍTULO III
Otros tributos
Artículo 86. Tasas.
Uno. Se elevan, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2017, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2017.
Se exceptúa de lo previsto en el primer párrafo la cuantía de la tasa de regularización catastral prevista en la disposición adicional tercera, apartado Ocho, letra d) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.
Dos. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no se valores en unidades monetarias.
Tres. Desde la entrada en vigor de esta Ley el apartado cuarto del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, tendrá la siguiente redacción:
«Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, regirán los siguientes tipos y cuotas fijas:
Tipos tributarios y cuotas fijas.
Uno. Tipos tributarios.
a) El tipo tributario general será del 10 por 100.
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
Porción de la base imponible comprendida entre en euros
Tipo aplicable
–
Porcentaje
Entre 0 y 1.322.226,63.
10
Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06.
17,5
Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88.
22,5
Más de 4.363.347,88.
27,555
Dos. Cuotas fijas.
En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, según las normas siguientes:
A) Máquinas tipo ‘‘B’’ o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 1.765,5 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo ‘‘B’’ en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: La cuota se incrementará en un 50 % por cada jugador adicional a partir del tercero.
B) Máquinas tipo ‘‘C’’ o de azar:
a) Cuota anual: 2.010,38 euros.»
Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y de vigencia indefinida, el importe de las tasas del Documento Nacional de Identidad y de Pasaportes, previstas en la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad (BOE de 12 de enero de 1979) y en el Decreto 466/1960, de 10 de marzo, por el que se convalida la tasa por «Expedición de pasaportes» (BOE de 16 de marzo), será el siguiente:
Tasas
Importe de la tasa en euros
Tasa 013 de Expedición del Pasaporte.
30,00
Tasa 014 de Expedición del DNI.
12,00
Artículo 87. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el apartado 3 del anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión:
T = [N × V] / 166,386 = [S (km2) × B (kHz) × F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386
En donde:
T = importe de la tasa anual en euros.
N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto de S × B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de banda reservado expresado en kHz.
V = valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes Ci, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados anteriormente.
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990 kilómetros cuadrados.
En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar podrá incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo jurisdicción española.
El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público radioeléctrico se mantiene en 100 euros.
Para fijar el valor de los coeficientes C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber:
1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:
Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:
Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.
3.º Coeficiente C3: Banda o subbanda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos:
Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.
4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes conceptos:
Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.
5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:
Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.
Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna un código identificativo.
A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos coeficientes, así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. El valor de referencia se toma por defecto, y se aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio o de la reserva efectuada, el coeficiente correspondiente no es de aplicación.
Coeficiente C1: Mediante este coeficiente se tiene en cuenta el grado de ocupación de las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferiores y superior comprenden las bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este coeficiente la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a los grandes municipios y zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan ser los pequeños municipios y los entornos rurales. Se parte de un valor unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1 a 2
–
Zona alta/baja utilización.
+ 25 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Demanda de la banda.
Hasta + 20 %
Concesiones y usuarios.
Hasta + 30 %
Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de radiocomunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido en cuenta, en su caso, la consideración de servicio público, tomándose en consideración en el valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones, que queda incluida en el valor que se establece para este parámetro.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1 a 2
–
Prestación a terceros/ autoprestación.
Hasta + 10 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia o sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración de este coeficiente.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1 a 2
–
Frecuencia exclusiva/compartida.
Hasta + 75 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Idoneidad de la banda de frecuencia.
Hasta + 60 %
Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas de radiodifusión sonora, además de los clásicos analógicos.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
2
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1 a 2
–
Tecnología utilizada / tecnología de referencia.
Hasta + 50 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico, ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de vista de relevancia social.
En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada.
Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo limitado y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 % del valor general.
Concepto
Escala de valores
Observaciones
Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
> 0
–
Rentabilidad económica.
Hasta + 30 %
De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Interés social servicio.
Hasta – 20 %
Población.
Hasta + 100 %
Experiencias no comerciales.
– 85 %
Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:
1. Servicios Móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.
1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.
1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
2. Servicio Fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
2.4 Servicio fijo en la banda de frecuencias de 57 a 64 GHz.
3. Servicio de Radiodifusión.
3.1 Radiodifusión sonora.
3.2 Televisión.
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
4. Otros servicios.
4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.
Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a continuación.
1. Servicios móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de movimiento de barcos y los enlaces monocanales del servicio fijo de banda estrecha.
Los cinco coeficientes establecidos en el apartado 3.1 del anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a distinguir, en redes del servicio móvil terrestre, diversas modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva.
En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias para el servicio considerado.
Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio considerado.
Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red comprenda, total o parcialmente, municipios con más de 50.000 habitantes. Para redes con frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma independiente para cada una de ellas.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1.9, para las modalidades incluidas en este epígrafe, el ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.
1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,2
1,25
1
1,3
0,4707
1111
100-200 MHz
1,7
1,25
1
1,3
0,5395
1112
200-400 MHz
1,6
1,25
1,1
1,3
0,4937
1113
400-1.000 MHz
1,5
1,25
1,2
1,3
0,5049
1114
1.000-3.000 MHz
1,1
1,25
1,1
1,3
0,4590
1115
> 3.000 MHz
1
1,25
1,2
1,3
0,4590
1116
1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,4
1,25
1
1,3
0,4707
1121
100-200 MHz
2
1,25
1
1,3
0,5395
1122
200-400 MHz
1,8
1,25
1,1
1,3
0,4937
1123
400-1.000 MHz
1,7
1,25
1,2
1,3
0,5049
1124
1.000-3.000 MHz
1,25
1,25
1,1
1,3
0,4590
1125
> 3.000 MHz
1,15
1,25
1,2
1,3
0,4590
1126
1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,2
1,25
1,5
1,3
0,4707
1131
100-200 MHz
1,7
1,25
1,5
1,3
0,5395
1132
200-400 MHz
1,6
1,25
1,65
1,3
0,4937
1133
400-1.000 MHz
1,5
1,25
1,8
1,3
0,5049
1134
1.000-3.000 MHz
1,1
1,25
1,65
1,3
0,4590
1135
> 3.000 MHz
1
1,25
1,8
1,3
0,4590
1136
1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,4
1,25
1,5
1,3
0,4707
1141
100-200 MHz
2
1,25
1,5
1,3
0,5395
1142
200-400 MHz
1,8
1,25
1,65
1,3
0,4937
1143
400-1.000 MHz
1,7
1,25
1,8
1,3
0,5049
1144
1.000-3.000 MHz
1,25
1,25
1,65
1,3
0,4590
1145
> 3.000 MHz
1,15
1,25
1,8
1,3
0,4590
1146
1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,4
1,375
1,5
1,3
0,4707
1151
100-200 MHz
2
1,375
1,5
1,3
0,5395
1152
200-400 MHz
1,8
1,375
1,65
1,3
0,4937
1153
400-1.000 MHz
1,7
1,375
1,8
1,3
0,5049
1154
1.000-3.000 MHz
1,25
1,375
1,65
1,3
0,4590
1155
> 3.000 MHz
1,15
1,375
1,8
1,3
0,4590
1156
1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,1
1,25
2
1
0,1491
1161
100-200 MHz
1,6
1,25
2
1
0,21468
1162
200-400 MHz
1,7
1,25
2
1
0,1491
1163
400-1.000 MHz
1,4
1,25
2
1
0,1640
1164
1.000-3.000 MHz
1,1
1,25
2
1
0,1491
1165
> 3.000 MHz
1
1,25
2
1
0,1491
1166
1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,1
1,375
2
1
0,1491
1171
100-200 MHz
1,6
1,375
2
1
0,1491
1172
200-400 MHz
1,7
1,375
2
1
0,1097
1173
400-1.000 MHz
1,4
1,375
2
1
0,1491
1174
1.000-3.000 MHz
1,1
1,375
2
1
0,1491
1175
> 3.000 MHz
1
1,375
2
1
0,1491
1176
1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 50 MHz
1
2
1
2
19,5147
1181
50 - 174 MHz
1
2
1
1,5
0,3444
1182
> 174 MHz
1
2
1,3
1
0,3444
1183
1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc./cualquier zona.
Se incluyen en este apartado los sistemas de corto alcance siempre que el radio de servicio de la red no sea mayor que 3 kilómetros. La superficie S a considerar será la de la zona de servicio.
Para redes de mayor cobertura se aplicará la modalidad correspondiente entre el resto de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características propias de la red.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización en los casos que sea de aplicación por el número de frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplicable ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 50 MHz
1,7
1,25
1,5
1
19,5147
1191
50-174 MHz
2
1,25
1,5
1
19,5147
1192
406-470 MHz
2
1,25
1,5
1
19,5147
1193
862-870 MHz
1,7
1,25
1,5
1
19,5147
1194
> 1.000 MHz
1,7
1,25
1,5
1
19,5147
1195
1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.
1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,4
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1211
100-200 MHz
1,6
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1212
200-400 MHz
1,44
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1213
400-1.000 MHz
1,36
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1214
1.000-3.000 MHz
1,25
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1215
> 3.000 MHz
1,15
1,375
2
1,25
18,76 10 –3
1216
1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,1
1,375
2
1
0,164010
1221
100-200 MHz
1,6
1,375
2
1
0,236148
1222
200-400 MHz
1,7
1,375
2
1
0,164010
1223
400-1.000 MHz
1,4
1,375
2
1
0,164010
1224
1.000-3.000 MHz
1,1
1,375
2
1
0,164010
1225
> 3.000 MHz
1
1,375
2
1
0,164010
1226
1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
1.3.1 Sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
La superficie S y el ancho de banda B a considerar serán los que figuren en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
Bandas 790 a 821 MHz, 832 a 862 MHz, 880 a 915 MHz, y 925 a 960 MHz
2
2
1
1,8
3,543 10 –2
1321
Bandas 1710 a 1785 MHz y1805 a 1880 MHz
2
2
1
1,6
3,190 10 –2
1331
Bandas 1900 a 1980, 2010 a 2025, y 2110 a 2170 MHz
2
2
1
1,5
4,251 10 –2
1351
Banda de 2500 a 2690 MHz
2
2
1
1,5
9,182 10 –3 K
1381
Banda 1452 a 1492 MHz
2
2
1
1,5
2,041 10 –2
1322
Banda de 3400 a 3800 MHz
2
2
1
1,5
1,19 10 –2
1323
En la banda de 2500 a 2690 MHz, para las concesiones de ámbito autonómico otorgadas por un procedimiento de licitación, en aquellas Comunidades Autónomas con bajos niveles de población, el coeficiente C5 se pondera con un factor K función de la población. Los valores puntuales del coeficiente K y las Comunidades Autónomas afectadas son las siguientes: Castilla-La Mancha, K=0,284; Extremadura, K=0,286; Castilla y León, K=0,293; Aragón, K=0,304; Navarra, K=0,66; y La Rioja K=0,688.
1.3.2 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (prestación a terceros).
La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 aeronaves o fracción.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1,4
2
1
1
1,20
1371
1.3.3 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (prestación a terceros).
La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 buques o fracción.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la tecnología utilizada.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1,4
2
1
1
1,40
1391
1.4 Servicio móvil marítimo.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 30 MHz
1
1,25
1,25
1
0,1755
1411
f ≥ 30 MHz
1,3
1,25
1,25
1
0,9730
1412
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 30 MHz
1,3
1,25
1,25
1
0,1146
1511
f ≥ 30 MHz
1,3
1,25
1,25
1
0,1146
1512
1.6 Servicio móvil por satélite.
La superficie S a considerar será la correspondiente al área de la zona de servicio autorizada del sistema o de la estación de que se trate, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta será la suma de la anchura de banda reservada al sistema para cada frecuencia, computándose tanto el enlace ascendente como el descendente.
1.6.1 Servicio móvil terrestre por satélite.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1
1,25
1
1
1,950 10 –3
1611
1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
Banda 10-15 GHz
1
1
1
1
0,865 10 –5
1621
Banda 1500-1700 MHz
1
1
1
1
7,852 10 –5
1622
1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
Banda 1500-1700 MHz
1
1
1
1
2,453 10 –4
1631
1.6.4 Sistemas de comunicaciones electrónicas por satélite incluyendo, en su caso, componente terrenal subordinada (prestación a terceros).
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas integrados de móvil por satélite incluyendo, en su caso, una red terrenal subordinada para reforzar los servicios ofrecidos vía satélite en zonas en las que puede que no sea posible mantener una visión directa continua con el satélite y que utiliza las mismas frecuencias que el sistema de satélite, acordes con la Decisión 2008/626/CE.
La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda B a considerar será el que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Para otras estaciones, distintas de las indicadas en párrafo primero de este apartado que, en su caso, pudiesen ser autorizadas para añadir capacidad al sistema, se considerará la superficie correspondiente a la zona de servicio de cada una de ellas y el ancho de banda autorizado, así como los coeficientes indicados en la tabla siguiente:
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
Bandas 1980 a 2010 MHz y 2170 a 2200 MHz (sistema de satélite).
1
1,25
1
1
0,65 10 –3
1641
Estaciones en tierra para capacidad añadida al sistema de satélite.
1
1,25
1
1
0,98 10 –3
1642
1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrenales de comunicaciones móviles, que funcionen en bandas de frecuencia distintas de las especificadas en el epígrafe 1.3.1 y que utilicen canales radioeléctricos con anchos de banda de transmisión superiores a 1 MHz.
La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 1000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 100 MHz
1,4
1,375
1,5
1
0,1377
1711
100-200 MHz
2
1,375
1,5
1
0,1620
1712
200-400 MHz
1,8
1,375
1,6
1
0,1725
1713
400-1.000 MHz
1,7
1,375
1,8
1
0,1725
1714
1.000-3.000 MHz
1,25
1,375
1,6
1
0,1411
1715
> 3.000 MHz
1,15
1,375
1,6
1
0,1411
1716
1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los trayectos viarios para los que se efectúa la reserva de las frecuencias, expresados en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros.
El ancho de banda B a tener en cuenta será el ancho de banda total que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
CNAF UN 40
2
2
1
1,8
0,02812
1361
2. Servicio fijo.
Se incluyen en este apartado, además de las reservas puntuales de frecuencias para las diferentes modalidades del servicio, las denominadas reservas de banda en las que la reserva alcanza a porciones de espectro que permiten la utilización de diversos canales radioeléctricos de forma simultánea por el operador en una misma zona geográfica.
Las reservas de banda están justificadas, exclusivamente, en casos de despliegues masivos de infraestructuras radioeléctricas por un operador, para redes de comunicaciones electrónicas de prestación de servicios a terceros o, transportes de señal de servicios audiovisuales, en aquellas zonas geográficas en las que por necesidades de concentración de tráfico se precise disponer de grupos de canales radioeléctricamente compatibles entre sí.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
Con carácter general, se aplicará la modalidad de zona geográfica de alta utilización en aquellos vanos, individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los que alguna de las estaciones extremo del vano se encuentra ubicada en algún municipio de más de 250.000 habitantes o el haz principal del radioenlace del vano atraviese la vertical de dicha zona.
Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa.
2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,3
1
1,3
1,25
0,4
2111
1.000-3.000 MHz
1,25
1
1,45
1,2
0,23429
2112
3.000-10.000 MHz
1,25
1
1,15
1,15
0,21971
2113
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
0,19770
2114
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,1
0,19770
2115
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1
1
1
1
0,04483
2116
2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,6
1
1,3
1,25
0,235
2121
1.000-3.000 MHz
1,55
1
1,45
1,2
0,235
2122
3.000-10.000 MHz
1,55
1
1,15
1,15
0,22
2123
10-24 GHz
1,5
1
1,1
1,15
0,198
2124
24-39,5 GHz
1,3
1
1,05
1,1
0,198
2125
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1,2
1
1
1
0,045
2126
2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros.
El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las características de dicho vano.
La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud en kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa individual.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,3
1,05
1,3
1,25
0,22208
2151
1.000-3.000 MHz
1,25
1,05
1,7
1,2
0,21222
2152
3.000-10.000 MHz
1,25
1,05
1,15
1,15
0,2072
2153
10-24 GHz
1,2
1,05
1,1
1,15
0,1864
2154
24-39,5 GHz
1,1
1,05
1,05
1,1
0,1864
2155
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1
1,05
1
1
0,0424
2156
2.1.4 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda en todo el territorio nacional.
A efectos del cálculo de la tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,3
1
1,3
1,25
2,5515 10 –3
2161
1.000-3.000 MHz
1,25
1
1,2
1,2
2,5515 10 –3
2162
3.000-10.000 MHz
1,25
1
1,15
1,15
2,5515 10 –3
2163
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
2,5515 10 –3
2164
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,05
2,5515 10 –3
2165
39,5-57 GHz > 64 GHz
1
1
1
1
0,6248 10 –3
2166
2.1.5 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial.
Este apartado es de aplicación a las reservas de banda para una o más provincias con un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.
A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la superficie de la zona de servicio, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de las frecuencias asignadas.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
F < 1.000 MHz
1,3
1
1,3
1,25
4,858 10 –3
2181
1.000-3.000 MHz
1,25
1
1,2
1,2
4,858 10 –3
2182
3-10 GHz
1,25
1
1,15
1,15
4,858 10 –3
2183
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
4,858 10–3
2184
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,05
4,858 10 –3
2185
39,5-57 GHz > 64 GHz
1
1
1
1
1,215 10 –3
2186
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y, si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa.
2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
La superficie S a considerar será la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,5
1
1,3
1,25
0,1
2211
1.000-3.000 MHz
1,35
1
1,25
1,2
0,04038
2212
3.000-10.000 MHz
1,25
1
1,15
1,15
0,0238
2213
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
0,03569
2214
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,1
0,04406
2215
39,5-57 GHz > 64 GHz
1
1
1
1
0,0042
2216
2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
La superficie S a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, con la excepción de las reservas código de modalidad 2235 para las que se establece una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 80 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de la emisión.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,5
1
1,3
1,25
0,0505
2231
1.000-3.000 MHz
1,35
1
1,25
1,2
0,0428
2232
3.000-10.000 MHz
1,25
1
1,15
1,15
0,0253
2233
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
0,0377
2234
24-39,5 GHz
1,38
1
1,05
1,1
0,0377
2235
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1
1
1
1
0,0062
2236
2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.
El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie S correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,3
1
1,3
1,25
2,756 10 –3
2241
1.000-3.000 MHz
1,35
1
1,25
1,2
2,756 10 –3
2242
3.000-10.000 MHz
excluido de 3400 a3800 MHz
1,25
1
1,15
1,15
2,756 10 –3
2243
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
2,756 10 –3
2244
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,05
2,756 10 –3
2245
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1
1
1
1
0,675 10 –3
2246
2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda de ámbito provincial o multiprovincial.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con un límite máximo de zona de servicio de 250.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 1.000 MHz
1,3
1
1,3
1,25
0,27243
2251
1.000-3.000 MHz
1,35
1
1,25
1,2
0,27243
2252
3.000-10.000 MHz
1,25
1
1,15
1,15
0,27243
2253
10-24 GHz
1,2
1
1,1
1,15
0,27243
2254
24-39,5 GHz
1,1
1
1,05
1,05
0,27243
2255
39,5-57 GHz y > 64 GHz
1
1
1
1
0,06809
2256
2.3 Servicio fijo por satélite.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la de la zona de servicio que, en general o en caso de no especificarse otra, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional. En cualquier caso, a efectos de cálculo, serán de aplicación las superficies mínimas que a continuación se especifican para los distintos epígrafes.
El ancho de banda a considerar para cada frecuencia será el especificado en la denominación de la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace únicamente ascendente, solo se computará el ancho de banda del mismo.
2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto).
En los enlaces punto a punto, tanto para el enlace ascendente como para el descendente, se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados. En esta categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto. En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados para el enlace ascendente y para el enlace descendente se considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional, estableciéndose en cualquier caso una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 3.000 MHz
1,50
1,25
1,50
1,20
1,950 10 –4
2311
3-17 GHz
1,25
1,25
1,15
1,15
1,950 10 –4
2312
> 17 GHz
1,0
1,25
1,0
1,20
0,360 10 –4
2315
2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite.
Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite, se considerará una superficie S, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 3.000 MHz
1,50
1,25
1,50
1,20
1,7207 10 –4
2321
3-30 GHz
1,25
1,25
1,50
1,20
1,7207 10 –4
2322
> 30 GHz
1,0
1,25
1,0
1,20
1,7207 10 –4
2324
2.3.3 Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y SNG (enlaces transportables de reportajes por satélite)
Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima a efectos de cálculo, de 12.500 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión como en recepción y todo ello independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras.
Este apartado también es de aplicación a los casos de utilización de frecuencias del servicio fijo por satélite por estaciones móviles a bordo de buques y aeronaves, en espacios bajo jurisdicción española. A estos efectos se considerará una superficie máxima de 120.000 kilómetros cuadrados y el coeficiente C5 que corresponda se multiplicará por 0,35.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
f < 3.000 MHz
1,50
1,25
1,50
1,20
1,7207 10–4
2331
3-17 GHz
1,25
1,25
1,50
1,20
1,7207 10–4
2332
> 17 GHz
1,0
1,25
1,0
1,20
4,21 10 –5
2334
2.4 Servicio fijo en la banda de frecuencias de 57 a 64 GHz.
Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima a efectos de cálculo, de 1 kilómetro cuadrado.
El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la reutilización efectuada de todo o parte del espectro asignado, estableciéndose un ancho de banda mínimo a efectos de cálculo, de 150 MHz.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
57-64 GHz (UN-126)
1
1
1
1
6,7
2341
3. Servicio de radiodifusión.
Las consideraciones siguientes son de aplicación al servicio de radiodifusión, tanto en su modalidad de radiodifusión sonora como de televisión.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio nacional y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.
En los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda B a aplicar será la correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una estación del servicio considerada individualmente.
En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes.
En el servicio de radiodifusión, el coeficiente C5 se pondera con un factor k, función de la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla:
Densidad de población
Factor k
Hasta 100 habitantes/km2
0,015
Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2
0,05
Superior a 250 hb/ km2 y hasta 500 hb/km2
0,085
Superior a 500 hb/ km2 y hasta 1.000 hb/km2
0,12
Superior a 1.000 hb/ km2 y hasta 2.000 hb/km2
0,155
Superior a 2.000 hb/ km2 y hasta 4.000 hb/km2
0,19
Superior a 4.000 hb/ km2 y hasta 6.000 hb/km2
0,225
Superior a 6.000 hb/ km2 y hasta 8.000 hb/km2
0,45
Superior a 8.000 hb/ km2 y hasta 10.000 hb/km2
0,675
Superior a 10.000 hb/ km2 y hasta 12.000 hb/km2
0,9
Superior a 12.000 hb/km2
1,125
Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión serán, en cualquier caso, las especificadas en el CNAF; sin embargo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes a los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda de frecuencias reservada.
Para el servicio de radiodifusión por satélite se considerarán únicamente los enlaces ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.
Los enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite, están igualmente tipificados como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite.
3.1 Radiodifusión sonora.
3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media:
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
148,5 a 283,5 kHz
1
1
1
1,25
650,912 k
3111
526,5 a 1.606,5 kHz
1
1
1,5
1,25
650,912 k
3112
3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.
Se considerará la superficie S correspondiente a la superficie del territorio nacional y la densidad de población correspondiente a la densidad de población nacional.
La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
3 a 30 MHz según CNAF.
1
1
1
1,25
325,453 k
3121
3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y rentabilidad.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
87,5 a 108 MHz
1,25
1
1,5
1,25
13,066 k
3131
3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
87,5 a 108 MHz
1
1
1,5
1,25
13,066 k
3141
3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
195 a 223 MHz
1,25
1
1,5
1
0,3756 k
3151
1.452 a 1.492 MHz
1,25
1
1
1
0,3756 k
3152
3.1.6 Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas.
La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
195 a 223 MHz
1
1
1,5
1
0,3756 k
3161
1.452 a 1.492 MHz
1
1
1
1
0,3756 k
3162
3.2 Televisión.
La superficie S será en todos los casos la correspondiente a la zona de servicio.
3.2.1 Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
470 a 790 MHz
1,25
1
1,3
1
0,7023 k
3231
3.2.2 Televisión digital terrenal en otras zonas.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y autonómico.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
470 a 790 MHz
1
1
1,3
1
0,7023 k
3241
3.2.3 Televisión digital terrenal de ámbito local en zonas de alto interés y rentabilidad.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
470 a 790 MHz
1,25
1
1,3
1
0,3512 k
3251
3.2.4 Televisión digital terrenal de ámbito local en otras zonas.
Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
470 a 790 MHz
1
1
1,3
1
0,3512 k
3261
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos.
La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros cuadrados.
La anchura de banda B computable es la correspondiente a la del canal utilizado.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1
1
1
2
0,8017
3311
3.3.2 Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y emisoras.
La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados.
La anchura de banda B es la correspondiente a la del canal utilizado.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
CNAF UN 111
1,25
1
1,25
2
5,72
3321
CNAF UN 47
1,15
1
1,10
1,90
5,72
3322
CNAF UN 88
1,05
1
0,75
1,60
5,72
3323
CNAF UNs 105 y 106
1,5
1
1,3
2
5,72
3324
3.3.3 Enlaces móviles de televisión (ENG).
Se establece, a efectos de cálculo, una superficie de 10 kilómetros cuadrados por cada reserva de frecuencias, independientemente del número de equipos funcionando en la misma frecuencia y uso en cualquier punto del territorio nacional.
La anchura de banda B a considerar será la correspondiente al canal utilizado.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1,25
1
1,25
2
0,7177
3331
4. Otros servicios.
4.1 Servicio de radionavegación.
La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1
1
1
1
0,0100
4111
4.2 Servicio de radiodeterminación.
La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1
1
1
1
0,0602
4211
4.3 Servicio de radiolocalización.
La superficie S a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
En las bandas previstas en el CNAF
1
1
1
1
0,03090
4311
4.4 Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, exploración de la tierra por satélite y otros.
La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en transmisión como en recepción.
El ancho de banda B a considerar, tanto en transmisión como en recepción, será el exigido por el sistema solicitado en cada caso.
Frecuencias
Coeficientes
Código de modalidad
C1
C2
C3
C4
C5
Operaciones espaciales (Telemando, telemedida y seguimiento)
1
1
1
1
1,977 10 –4
4412
Exploración de la Tierra por satélite
1
1
1
1
0,7973 10 –4
4413
Otros servicios espaciales.
1
1
1
1
3,904 10 –3
4411
5. Servicios no contemplados en apartados anteriores.
Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los apartados anteriores o a los que razonablemente no se les puedan aplicar las reglas anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios:
– Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características técnicas parecidas.
– Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
– Superficie cubierta por la reserva efectuada.
– Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten similares en cuanto a los servicios que prestan.
Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en el presente artículo.
Artículo 88. Tasa de aproximación.
No obstante lo dispuesto en el artículo 87, se mantienen para el año 2018 las cuantías de la tasa de aproximación en el importe exigible durante el año 2017 de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1, 4.º párrafo de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Artículo 89. Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.
El tipo de gravamen de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, referido en el apartado g) de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, será el 0,00128 por ciento.
Artículo 90. Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía.
Las bonificaciones previstas en los artículos 182 y 245 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar desde la entrada en vigor de esta Ley por las Autoridades Portuarias a las tasas de ocupación, del buque, de la mercancía y del pasaje y, en su caso, sus condiciones de aplicación, serán las indicadas en el Anexo XII de esta Ley.
Artículo 91. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
Autoridad Portuaria
Tasa Buque
Tasa Mercancía
Tasa Pasaje
A Coruña
1,30
1,30
1,00
Alicante
1,20
1,25
1,10
Almería
1,26
1,24
1,26
Avilés
1,20
1,05
1,00
Bahía de Algeciras
0,90
0,90
0,90
Bahía de Cádiz
1,18
1,18
1,10
Baleares
1,00
0,90
0,70
Barcelona
1,00
1,00
1,00
Bilbao
1,05
1,05
1,05
Cartagena
0,94
0,95
0,70
Castellón
1,05
1,10
1,00
Ceuta
1,30
1,30
1,30
Ferrol-San Cibrao
1,10
1,00
0,80
Gijón
1,25
1,20
1,10
Huelva
1,00
0,95
0,70
Las Palmas
1,15
1,30
1,30
Málaga
1,18
1,20
1,10
Marín y Ría de Pontevedra
1,10
1,14
1,00
Melilla
1,30
1,30
1,30
Motril
1,30
1,30
1,15
Pasaia
1,25
1,15
0,95
Santa Cruz de Tenerife
1,20
1,20
1,30
Santander
1,05
1,05
1,05
Sevilla
1,18
1,18
1,10
Tarragona
1,00
1,00
0,70
Valencia
1,00
1,20
1,00
Vigo
1,10
1,20
1,00
Vilagarcía
1,25
1,15
1,00
Artículo 92. Coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 132.8 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, serán los indicados en el siguiente cuadro:
Autoridad portuaria
Tarifa Fija
A Coruña
1,00
Alicante
1,00
Almería
1,18
Avilés
1,17
Bahía de Algeciras
1,00
Bahía de Cádiz
1,00
Baleares
1,20
Barcelona
1,00
Bilbao
1,00
Cartagena
1,00
Castellón
1,00
Ceuta
1,30
Ferrol-San Cibrao
1,00
Gijón
1,00
Huelva
1,00
Las Palmas
1,30
Málaga
1,00
Marín y Ría de Pontevedra
1,00
Melilla
1,00
Motril
1,30
Pasaia
1,30
Santa Cruz de Tenerife
1,00
Santander
1,00
Sevilla
1,00
Tarragona
1,00
Valencia
1,00
Vigo
1,00
Vilagarcía
1,00
Artículo 93. Revisión de las tasas aplicables al sistema portuario de interés general.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima segunda del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, las cuantías básicas de las tasas del buque, del pasaje, de las embarcaciones deportivas y de recreo, de la tasa por utilización de la zona de tránsito y de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, establecidas en la citada norma, no son objeto de revisión.
Asimismo, no se varían los valores de los terrenos y las aguas de los puertos, las cuotas íntegras de la tasa de ocupación, los tipos de gravamen de la tasa de actividad y las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación, de conformidad con lo establecido en los artículos 177, 178, 190 y 240, respectivamente, de la citada norma.
Artículo 94. Tasas en materia de Propiedad Industrial: Diseño Industrial.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican los importes de las tasas que se indican en la siguiente relación, contenidas en el Anexo de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan establecidos como sigue:
– 1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
– 1.6 Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 23,19 euros.
– 1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.
– 2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 16,38 euros hasta un máximo de 2.789,65 euros, no consta en la Nueva Ley de Patentes).
– 3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.
– 3.3 Copia de los documentos obrantes en un expediente: 11,38 euros (más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros).
– 4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.
– 4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.
Artículo 95. Tasas en materia de Propiedad Industrial: Marcas.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican los importes de las tasas que se indican en la siguiente relación, contenidas en el Anexo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que quedan establecidos como sigue:
– 1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
– 1.6 Modificaciones: por la modificación de la modalidad, distintivo, lista de productos o servicios, del reglamento de uso o, en general, por cualquier modificación del expediente autorizada por la Ley, ya sea de la solicitud o del registro de la marca, cuando se efectúe de modo espontáneo por el solicitante o titular y no como consecuencia de un suspenso decretado de oficio: 23,19 euros.
– 1.7 Oposiciones: Por formulación de oposición: 43,27 euros.
– 1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.
– 2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado 16,38 euros, hasta un máximo de 2.789,65 euros.
– 3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.
– 3.3 Copia de los documentos obrantes en el expediente: 11,38 euros más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros.
– 4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de signos distintivos: 142,24 euros.
– 4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo sobre signos distintivos: 142,24 euros.
Artículo 96. Tasas en materia de Propiedad Industrial: Patentes.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican los importes de las tasas que se indican en la siguiente relación, contenidas en el Anexo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que quedan establecidos como sigue:
– 1.3 Tasa de restablecimiento de derechos: 105,35 euros.
– 1.6 Modificaciones de la solicitud o del diseño autorizadas por la Ley: 23,19 euros.
– 1.10 Recursos y revisión de actos administrativos: por la presentación de un recurso o solicitud de revisión: 88,09 euros.
– 2.2 Por la inscripción del cambio de nombre del titular: por cada registro afectado: 16,38 euros hasta un máximo de 2.789,65 euros, no consta en la Nueva Ley de Patentes).
– 3.2 Consulta y vista de un expediente: 3,56 euros.
– 3.3 Copia de los documentos obrantes en un expediente: 11,38 euros (más un suplemento por cada página que exceda de 10 de 1,13 euros).
– 4.1 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a solicitud del recurrente, del anuncio de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.
– 4.2 Por la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a instancia de parte, del fallo de un recurso contencioso-administrativo en materia de diseño: 142,24 euros.
Artículo 97. Cánones ferroviarios.
A partir del primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, serán de aplicación las cuantías unitarias siguientes para los cánones ferroviarios:
Uno. Canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General.
1. Modalidades y cuantías exigibles.
1.1 Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A). Por el servicio de asignación de aquellas franjas horarias, definidas en la declaración sobre la red, a los correspondientes candidatos con el fin de que un tren pueda circular entre dos puntos durante un período de tiempo determinado.
La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-kilómetro adjudicado, distinguiendo por tipo de línea afectada y tipo de servicio.
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.
Euros Tren-km
Modalidad A
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Líneas tipo A
1,9275
0,9258
1,9275
0,9536
0,4850
0,4446
Líneas tipo distinto de A
0,5082
0,5133
0,5118
1,3851
0,4110
0,0724
1.2 Canon por utilización de las líneas ferroviarias (Modalidad B). Por la acción y efecto de utilizar una línea ferroviaria.
La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-kilómetro circulado distinguiendo por tipo de línea y tipo de servicio.
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.
Euros Tren-km
Modalidad B
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Líneas tipo A
4,7931
2,3017
4,7931
2,3707
1,2500
1,1055
Líneas tipo distinto de A
0,7247
0,7320
0,7299
1,9752
0,5865
0,1032
1.3 Canon por utilización de las instalaciones de transformación y distribución de la energía eléctrica de tracción (Modalidad C). Por la acción u efecto de utilizar las instalaciones de electrificación de una línea ferroviaria.
La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria a cada tren-kilómetro circulado por líneas ferroviarias electrificadas distinguiendo por tipo de línea, tipo de servicio y tipo de tracción.
Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.
Euros Tren-km
Modalidad C
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Líneas tipo A
0,8020
0,3835
0,8020
0,3950
0,2500
0,1855
Líneas tipo distinto de A
0,2018
0,2039
0,2033
0,5500
0,1635
0,0287
1.4 Adición al canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A) por el uso no eficiente de ésta
La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-km de diferencia, en valor absoluto, entre el número de trenes-kilómetro adjudicados y el número de trenes-kilómetro realizados, por tipo de línea y tipo de servicio:
– Para los servicios de viajeros, por cada tren kilómetro de diferencia, en valor absoluto, entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes por tipo de línea y tipo de servicio, cuando dicha diferencia, sea superior al 2 por ciento de la capacidad adjudicada y en cuanto exceda a dicho porcentaje.
– Para los servicios de mercancías, por cada tren kilómetro de diferencia, en valor absoluto, entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes por tipo de línea, cuando la diferencia sea superior al 15 por ciento de la capacidad adjudicada y en cuanto exceda a dicho porcentaje.
Euros Tren-km circulados en exceso o en defecto
Tipo línea
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Líneas A
11,0201
3,9888
8,4803
4,4210
1,9850
1,7356
Líneas tipo distinto de A
1,4346
1,4492
1,4450
6,2700
1,1610
0,2043
1.5 Adición al canon por utilización de las líneas ferroviarias (Modalidad B) por el uso de redes de altas prestaciones o la explotación de servicios de ancho variable u otras situaciones de elevada intensidad de tráfico en determinados períodos horarios.
La cuantía será la que resulte de multiplicar la tarifa unitaria por cada plaza kilómetro, calculada sobre la base del tren kilómetro del canon de utilización y por todas las plazas que tiene el tren en cada trayecto, diferenciando por cada una de las líneas tipo A y por tipo de servicio.
Euros/100 Plazas-km ofertadas
Líneas tipo A
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Línea Mad-Barna-Frontera
1,7611
0,2317
0,3023
0,4959
0,0000
0,0000
Línea Mad-Toledo-Sev-Málaga
0,8647
0,1504
0,1962
0,3218
0,0000
0,0000
Resto líneas A
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Euros Tren-km
Líneas tipo distinto de A
Tipo de servicio
VL1
VL2
VL3
VCM
VOT
M
Adición Modalidad B
0,0000
0,0000
0,0000
2,3597
0,0000
0,0000
1.6 Bonificación para incentivar el crecimiento del transporte ferroviario
Con la finalidad de incentivar la explotación eficaz de la red ferroviaria y fomentar nuevos servicios de transporte ferroviario conforme a lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 38/2015, se aplicará una bonificación en el canon por utilización de las líneas integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, modalidades A y B, para los aumentos de tráfico anuales de acuerdo con los siguientes criterios:
– Para las líneas A se aplicará para cada combinación de línea individual y tipo de servicio.
– Para el resto de líneas B, C, D y E se aplicará para cada combinación de tipo de línea y tipo de servicio. Se aplicará al conjunto de sujetos pasivos que operan en cada combinación.
Para la aplicación de esta bonificación el administrador de infraestructuras ferroviarias establecerá anualmente en la declaración sobre la red:
a) El tráfico de referencia, Tref, medido en tren-km, será el tráfico que el administrador de infraestructuras ferroviarias considera normal de acuerdo a la situación preexistente o su previsible evolución.
b) El tráfico objetivo, Tobj, medido en tren-km, será el tráfico que el administrador de infraestructuras ferroviarias determinará de acuerdo a sus expectativas de mercado de las infraestructuras y los servicios que utilizan éstas.
c) El porcentaje de bonificación objetivo para los tráficos incrementales, Bobj, aplicable a los tráficos incrementales cuando se alcance el tráfico objetivo fijado de acuerdo a las expectativas de crecimiento de tráfico. Si el incremento correspondiese a un valor intermedio entre el tráfico de referencia y el tráfico objetivo, se aplicará una bonificación inferior a la bonificación objetivo, aplicando un sistema progresivo.
La bonificación se calculará aplicando la fórmula que a tal efecto recoge la Ley 38/2015 en su artículo 97.6.
Dos. Canon por utilización de las instalaciones de servicio titularidad de los administradores generales de infraestructuras ferroviarias.
1. Modalidades y cuantías exigibles.
Canon por la utilización de las estaciones de transporte viajeros (Modalidad A).
La cuantía de esta modalidad de canon se calculará:
i. En estaciones de categoría 1, 2, 3, 4 o 5, multiplicando la tarifa unitaria por el número de paradas, considerando la categoría de la estación, el tipo de parada y el tipo de tren.
ii. En estaciones de categoría 6, aplicando a cada núcleo de cercanías los importes tarifarios resultantes de los costes de explotación del conjunto de la estaciones de esta categoría por núcleo de cercanías, fraccionándose su pago en 12 mensualidades.
iii. Por servicios fuera del horario de apertura de las estaciones, multiplicando la tarifa unitaria por el número de horas o fracción de apertura extraordinaria de las estaciones, por categoría de estación.
Propuesta Tarifas Canon por utilización Estaciones de Viajeros - A1
Euros parada Tren
Clasificación estación
Tipo parada
Nacional / Internacional
Interurbano
Urbanos
1
DESTINO
164,0000
33,7842
8,1082
1
INTERMEDIA
63,7800
13,1383
3,1532
1
ORIGEN
182,2200
37,5380
9,0091
2
DESTINO
78,1100
16,0904
3,8617
2
INTERMEDIA
30,3800
6,2574
1,5018
2
ORIGEN
86,7900
17,8782
4,2908
3
DESTINO
75,2111
15,0422
3,6101
3
INTERMEDIA
29,2487
5,8497
1,4039
3
ORIGEN
83,5678
16,7136
4,0113
4
DESTINO
33,4830
6,6966
1,6072
4
INTERMEDIA
13,0212
2,6042
0,6250
4
ORIGEN
37,2034
7,4407
1,7858
5
DESTINO
13,4793
2,6959
0,6470
5
INTERMEDIA
5,2419
1,0484
0,2516
5
ORIGEN
14,9770
2,9954
0,7189
Propuesta Tarifas Canon por utilización Estaciones de Viajeros Categoría 6 - A2
Núcleo
Importe mensual
–
Euros
Asturias
12.851
Barcelona
146.857
Bilbao
29.945
Cádiz
1.228
Madrid
358.874
Málaga
21.413
Murcia
1.282
San Sebastián
24.542
Santander
1.630
Sevilla
9.498
Valencia
13.127
Asturias (RAM)
16.982
Murcia (RAM)
9.254
Cantabria (RAM)
10.160
Vizcaya (RAM)
1.854
León (RAM)
5.995
Total mensual.
665.491
Apertura Extraordinaria de Estaciones - A 3
Euros/hora
Estaciones categoría 1
632
Estaciones categoría 2
108
Estaciones categoría 3
51
Estaciones categoría 4
23
Estaciones categoría 5
10
Estaciones categoría 6
7
1.1 Adición por intensidad de uso de las instalaciones de las estaciones de viajeros de ADIF Alta Velocidad.
Dicha adición se calcula multiplicando la tarifa unitaria por el número de viajeros subidos o bajados efectivamente, en cada parada en la estación, diferenciando por tipo viajero.
Adición por intensidad de uso de las instalaciones de Estaciones de ADIF A.V.
Euros viajero
Nacional/Internacional
Interurbanos
Urbanos
Tasa por viajero subido y bajado
0,4084
0,0871
0,0209
1.2 Canon de paso por cambiadores de ancho (Modalidad B).
La cuantía de esta modalidad será la que resulte de multiplicar la tarifa unitaria al número de pasos de tren por un cambiador de ancho en cualquiera de los sentidos.
Paso por Cambiadores de Ancho - B
Euros por paso por cambiador
134,8211
1.3 Canon por la utilización de vías con andén en estaciones para el estacionamiento de trenes para servicios comerciales de viajeros u otras operaciones (Modalidad C).
C.1 Por estacionamiento de trenes para servicios comerciales de viajeros sin otras operaciones.
Con carácter general se establece un período de 15 minutos durante el cual el canon no será aplicable.
A los efectos de cómputo del tiempo de estacionamiento en andenes no se considerarán las paradas intermedias de un trayecto comercial, ni aquellos en los que el administrador de infraestructuras ferroviarias decida la permanencia del tren en la vía de estacionamiento.
La cuantía del canon será la que resulte de aplicar a cada tren la tarifa unitaria por el tiempo de estacionamiento, en función de la categoría de la estación.
Estacionamiento de Trenes para Servicios Comerciales de Viajeros - C1
Tipo estacionamiento (Euros/tren)
A
B
C
Estaciones categoría 1
2,2458
3,3688
4,4917
Estaciones categoría 2
1,1229
1,6998
2,2458
Tipo de estacionamiento:
A Por cada 5 minutos adicionales o fracción entre 15 y 45 min.
B Por cada 5 minutos adicionales o fracción entre 45 y 120 min.
C Por cada 5 minutos adicionales o fracción a partir de 120 min.
C.2 Por estacionamiento de trenes para otras operaciones.
La cuantía del canon será la que resulte de aplicar la tarifa unitaria, determinada en función de la categoría de la estación y del tipo de operación a realizar en el tren, al número de operaciones de cada tipo realizadas durante el tiempo de estacionamiento.
Estacionamiento de Trenes para otras Operaciones C-2
Euros
Operación limpieza de tren en estaciones Categoría 1-2
0,6818
Operación limpieza de tren en resto estaciones
0,5681
Carga y descarga a bordo del tren en estaciones Categoría 1-2
0,6722
Carga y descarga a bordo del tren en resto estaciones
0,5601
Por otras operaciones
0,3947
1.4 Canon por utilización de vías en otras instalaciones de servicio: de apartado, de formación de trenes y maniobras, de mantenimiento, lavado y limpieza, de suministro de combustible (Modalidad D).
Se establece según tiempo de utilización de la vía de la instalación de servicio, la vía con sus componentes básicos, como son la vía, la catenaria, los desvíos y el equipamiento adicional.
La cuantía de esta modalidad será la resultante de computar el importe por utilización de la vía completa autorizada, el importe asociado al equipamiento con el que está dotado esa vía y el importe del equipamiento opcional solicitado, aplicando el importe unitario de cada concepto por las unidades correspondientes, prorrateando para el periodo solicitado y afectado por el coeficiente de rendimiento establecido en el artículo 98.4.D) de la Ley 38/2015.
Propuesta de tarifas de cánones por utilización de otras instalaciones
Canon por utilización vías apartado y otros - D
Componentes base
C vía
5,402 euros/m de vía-año
C catenaria
1,826 euros/m de catenaria-año
C desvío tipo I (manual)
564,755 euros/ud-año
C desvío tipo II (telemandado)
2.165,954 euros/ud-año
Componentes de equipamiento asociados a la vía
C pasillo entrevías
1,191 euros/m de vía-año
C Iluminación vía
1,368 euros /m de vía-año
C Iluminación playa
2,026 euros /m de vía-año
C Red de protección contra incendios
5,953 euros/m de vía-año
C Muelle de carga/descarga
52,490 euros/m de vía-año
Componentes de equipamiento opcionales
C Bandeja recogida grasas
521,516 euros/ud-año
C Bandeja recogida carburante
820,049 euros/ud-año
C Escaleras de acceso a cabina
20,945 euros/ud/año
C Foso-piquera de descarga
118,050 euros/ud/año
C Foso de mantenimiento (sin tomas)
188,388 euros/ud/año
C Rampa para carga/descarga
602,613 euros/ud/año
C Toma suministro de agua, eléctrico o aire comprimido
43,750 euros/ud-año
Asimismo, en aplicación del artículo 98.4.D), se establecen las siguientes cuantías mínimas:
– La cuantía mínima por utilización de instalaciones de servicio para repostaje de combustible, para todos los puntos de suministro de combustible de ADIF, fijos y móviles, será de 3,75 €.
– La cuantía mínima por la utilización del resto de instalaciones de servicio sujetas a esta modalidad, será el equivalente al de un periodo mínimo de uso de cada instalación de servicio de 4 horas.
1.5 Canon por utilización de puntos de carga para mercancías (Modalidad E).
La cuantía de esta modalidad será la resultante de computar el importe por utilización de la vía completa autorizada, el componente asociado al uso de la franja de superficie paralela a vía (playa), el importe asociado al equipamiento con el que está dotado esa vía y el importe del equipamiento opcional solicitado, aplicando el importe unitario de cada concepto por las unidades correspondientes, prorrateando para el periodo solicitado y afectado por el coeficiente de rendimiento establecido en el artículo 98.4.E) de la Ley 38/2015.
Propuesta de tarifas de cánones por utilización de otras instalaciones
Canon por utilización de puntos de carga para Mercancías - E
Componentes base
C vía
5,402 euros/m de vía-año
C catenaria
1,826 euros/m de catenaria-año
C desvío tipo I (manual)
564,755 euros/ud-año
C desvío tipo II (telemandado)
2.165,954 euros/ud-año
C Playa Tipo I (hormigón/adoquín)
19,340 euros/m-año
C Playa Tipo II (aglomerado)
11,232 euros/m-año
C Playa Tipo III (zahorras)
5,191 euros/m-año
Componentes de equipamiento asociados a la vía
C pasillo entrevías
1,191 euros/m de vía-año
C Iluminación vía
1,368 euros /m de vía-año
C Iluminación playa
2,026 euros /m de vía-año
C Red de protección contra incendios
5,953 euros/m de vía-año
C Muelle de carga/descarga
52,490 euros/m de vía-año
Componentes de equipamiento opcionales
C Bandeja recogida grasas
521,516 euros/ud-año
C Bandeja recogida carburante
820,049 euros/ud-año
C Escaleras de acceso a cabina
20,945 euros/ud/año
C Foso-piquera de descarga
118,050 euros/ud/año
C Foso de mantenimiento (sin tomas)
188,388 euros/ud/año
C Rampa para carga/descarga
602,613 euros/ud/año
C Toma suministro de agua, eléctrico o aire comprimido
43,750 euros/ud-año
Artículo 98. Prestaciones patrimoniales de carácter público.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al penúltimo párrafo del artículo 87 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que quedará redactado como sigue:
«Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a más de una pasarela simultáneamente que estacionen en posiciones de pasarelas especialmente diseñadas para esta finalidad, la cuantía unitaria por cada pasarela adicional conectada se reducirá en un setenta y cinco por ciento.»
TÍTULO VII
De los Entes Territoriales
CAPÍTULO I
Entidades Locales
Sección 1.ª Liquidación Definitiva de la Participación en Tributos del Estado correspondiente al año 2016
Artículo 99. Régimen jurídico y saldos deudores.
Uno. Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del año 2016 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2016, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 85 a 88, 90 y 91, 93 a 96, 98 y 100 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación.
Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 3.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 5.ª de este Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente citada, serán reembolsados por las Entidades Locales mediante compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior.
Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos de este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado.
Cinco. El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y la Rioja podrán ser objeto de integración en las cuantías que les correspondan en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios.
Seis. Cuando las retenciones citadas en este artículo concurran con las reguladas en el artículo 125 tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes establecidos en el apartado Dos del citado artículo.
Sección 2.ª Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos estatales en el año 2018
Artículo 100. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2018 mediante doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva. El importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIRPFm = 0,021336 × CL2015m × IA2018/2015 × 0,95
Siendo:
– ECIRPFm: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del municipio m.
– CL2015m: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el municipio m en el año 2015, último conocido.
– IA2018/2015: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2015, último conocido, y el año 2018. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2018, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2015, último del que se conocen las cuotas líquidas de los municipios.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada municipio, determinada en los términos del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 101. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 100 precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIVAm = PCIVA* × RPIVA × ICPi × (Pm / Pi) × 0,95
Siendo:
– PCIVA*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de los municipios, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,3266 por ciento.
– ECIVAm: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista para el año 2018.
– RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2018.
– ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2018. A estos efectos se tendrá en cuenta el último dato disponible, que corresponde al utilizado para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2015.
– Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 102. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 100, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(h)m = PCIIEE* × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm / Pi) × 0,95
Siendo:
– PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento.
– ECIIEE(h)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2018.
– RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2018.
– ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece el municipio m, elaborado, para el año 2018, a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2015.
– Pm y Pi: Poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 103. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 100 participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(k)m = PCIIEE* × RPIIEE(k) × IPm(k) × 0,95
Siendo:
– PCIIEE*: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, que, para estas entregas a cuenta, será del 2,9220 por ciento.
– ECIIEE(k)m: Importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2018.
– RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida que corresponde al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2018.
– IPm(k): Índice provisional, para el año 2018, referido al municipio m, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se considerará índice provisional el que corresponda al último año disponible.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Sección 3.ª Participación de los municipios en los tributos del Estado
Subsección 1.ª Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación
Artículo 104. Determinación de las entregas a cuenta.
Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada municipio incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2018, se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942 M Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004 multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la disposición adicional centésima décima de la presente norma.
Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2018 serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores.
Artículo 105. Liquidación definitiva.
Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2018 a favor de los municipios, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 119 y 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los términos del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.
Subsección 2.ª Participación del resto de municipios
Artículo 106. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2018.
Uno. El importe total destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 122 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el equivalente al 95 por ciento de su participación total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y teniendo en cuenta la disposición adicional centésima décima de la presente norma. Se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente al año 2018 a favor de los municipios antes citados se realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 123 y 124 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en el Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados en el apartado anterior.
Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados anteriores, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Como regla general, cada ayuntamiento percibirá una cantidad igual a la resultante de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
b. El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias positivas entre la cantidad que cada ayuntamiento obtendría de un reparto en función de las variables y porcentajes que a continuación se mencionan y las cantidades previstas en el párrafo anterior. A estos efectos, las variables y porcentajes a aplicar serán los siguientes:
1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 31 de diciembre de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de población:
Estrato
Número de habitantes
Coeficientes
1
De más de 50.000
1,40
2
De 20.001 a 50.000
1,30
3
De 5.001 a 20.000
1,17
4
Hasta 5.000
1,00
2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el ejercicio 2016 ponderado por el número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2018 y oficialmente aprobado por el Gobierno.
A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en el año 2016 el resultante de la aplicación de la fórmula siguiente:
Efm = [∑ a(RcO/RPm)] × Pi
En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
A. El factor a representa el peso medio relativo de cada tributo en relación con la recaudación líquida total obtenida en el ejercicio económico de 2016, durante el período voluntario, por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas, excluidas las cantidades percibidas como consecuencia de la distribución de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas y el recargo provincial atribuible a las respectivas Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados en esta forma de financiación.
B. La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de los tributos citados en el párrafo precedente y en relación a cada municipio, de la siguiente manera:
i. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, multiplicando el factor a por el tipo impositivo real fijado por el Pleno de la Corporación para el período de referencia, dividido por 0,4 o 0,3, respectivamente, que representan los tipos mínimos exigibles en cada caso y dividiéndolo a su vez por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio. A estos efectos, se aplicarán los tipos de gravamen real y máximo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos se ponderará por la razón entre la base imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la base imponible media por habitante del estrato en el que se encuadre, incluyendo, en su caso, la que corresponda a los bienes inmuebles de características especiales. A estos efectos, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y que, además, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población.
ii. En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando el factor a por el importe del Padrón municipal del impuesto incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente de situación a que se refiere el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigente en el período impositivo de 2016 y dividiéndolo por la suma de las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto, en relación con cada supuesto de sujeción al mismo, y ponderadas por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma norma.
iii. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, multiplicando el factor a por 1.
iv. La suma ∑a(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pi, siendo éste su población de derecho deducida del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
C. El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, para cada municipio, en ningún caso podrá ser superior al quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos en el estrato de población superior a 50.000 habitantes.
3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Se entenderá como capacidad tributaria la resultante de la relación existente entre las bases imponibles medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por habitante de cada Ayuntamiento y la del estrato en el que este se encuadre, ponderada por la relación entre la población de derecho de cada municipio y la población total de los incluidos en esta modalidad de participación, deducidas del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población.
Para el cálculo de esta variable se tendrán en cuenta los datos relativos a las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales, de las entidades locales, correspondientes al ejercicio 2016.
Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las normas del apartado anterior, se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apartado 4 del artículo 125 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro anteriores. A estos efectos se tendrán en cuenta los porcentajes de cesión recogidos en el artículo 103 de la presente norma. El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, en ningún caso, minoración de la participación que resulte de la aplicación de los apartados Tres y Cuatro del presente artículo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan las condiciones recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2016.
Seis. Para los municipios turísticos resultantes de la revisión efectuada a 1 de enero de 2016, la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada para el año base 2004, a que hace referencia el artículo 125.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, será el resultado de dividir la cesión de la recaudación líquida de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2016 por la evolución de los ingresos tributarios del Estado en este último respecto de 2004.
Artículo 107. Entregas a cuenta.
Uno. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejercicio de 2018 a que se refiere el artículo anterior serán abonadas a los ayuntamientos mediante pagos mensuales equivalentes a la dozava parte del respectivo crédito.
Dos. La participación individual de cada municipio se determinará de acuerdo con los criterios establecidos para la distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes variaciones:
a. Se empleará la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2018. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva practicada. En todo caso, se considerará como entrega mínima a cuenta de la participación en los tributos del Estado para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la participación total definitiva correspondiente al año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados Dos, Tres, Cuatro y Cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
b. A la cuantía calculada según el párrafo anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
1. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
2. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
Tres. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía de la cesión de la recaudación de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco calculada en el año base 2004, incrementada en los mismos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2018, aplicando las normas del apartado Uno del artículo 103 de esta Ley, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.
Sección 4.ª Cesión a favor de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales, cabildos y consejos insulares, de la recaudación de impuestos estatales
Artículo 108. Cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2018 mediante el pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIRPFp = 0,012561 × CL2015p × IA2018/2015 × 0,95
Siendo:
– ECIRPFp: Importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la entidad provincial o asimilada p.
– CL2015p: Cuota líquida estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada p en el año 2015, último conocido.
– IA2018//2015: Índice de actualización de la cuota líquida estatal entre el año 2015, último conocido, y el año 2018. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, para 2018, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2015, último del que se conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada mediante transferencia por dozavas partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada provincia o ente asimilado, determinada en los términos del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 109. Cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación, para cada una de aquellas entidades, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIVAp = PCIVA** × RPIVA × ICPi × (Pp / Pi) × 0,95
Siendo:
– PCIVA**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,3699 por ciento.
– ECIVAp: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o entidad asimilada p, en concepto de cesión de la recaudación de Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el año 2018.
– RPIVA: Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2018.
– ICPi: Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2018. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2015.
– Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o ente asimilado p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 110. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la cuantía global de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(h)p = PCIIEE** × RPIIEE(h) × ICPi (h) × (Pp / Pi) × 0,95
Siendo:
– PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento.
– ECIIEE(h)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2018.
– RPIIEE(h): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2018.
– ICPi(h): Índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece la provincia o entidad asimilada p, elaborado, para el año 2018 a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado. A estos efectos se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden a los utilizados para el cálculo de la liquidación definitiva del año 2015.
– Pp y Pi: Poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2018 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Artículo 111. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: Determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(k)p = PCIIEE** × RPIIEE(k) × IPp(k) × 0,95
Siendo:
– PCIIEE**: Porcentaje de cesión de rendimientos recaudatorios de los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco a favor de las provincias y entes asimilados, que, para estas entregas a cuenta, será del 1,7206 por ciento.
– ECIIEE(k)p: Importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado prevista en el año 2018.
– RPIIEE(k): Importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida correspondiente al Estado del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2018.
– IPp(k): Índice provisional, para el año 2018, referido a la provincia o ente asimilado p, de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos. A estos efectos se tendrán en cuenta datos correspondientes al último año disponible.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la aplicación del artículo 139 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se aplicará, a estos efectos, el porcentaje de cesión recogido en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Sección 5.ª Participación de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales y consejos y cabildos insulares en los tributos del Estado
Subsección 1.ª Participación en el Fondo Complementario de Financiación
Artículo 112. Determinación de las entregas a cuenta.
Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada provincia y entidad asimilada incluida en el ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2018, y teniendo en cuenta la disposición adicional centésima décima de la presente norma, se reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares, por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado, por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, consignado en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación para el ejercicio 2018 serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la dozava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores.
Artículo 113. Liquidación definitiva.
Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2018 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en el importe de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2004.
b. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en 2018 respecto a 2006.
El importe de la liquidación definitiva de las compensaciones anteriores a favor de las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Cantabria, Madrid y La Rioja, podrán ser objeto de integración en las cuantías que les corresponden en aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios.
Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre la suma de los importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.
Subsección 2.ª Participación en el Fondo de Aportación a la Asistencia Sanitaria
Artículo 114. Determinación de las entregas a cuenta.
Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos Insulares se asigna, con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas consignado en la Sección 36, Servicio 21 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, la cantidad de 711,6 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de la participación en este fondo para el año 2018 serán abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares, Cabildos y Consejos Insulares mediante pagos mensuales equivalentes a la dozava parte del crédito. La asignación para el mantenimiento de los centros sanitarios se realizará en proporción a las cuantías percibidas por este concepto en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004, y se librará simultáneamente con las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de Financiación regulado en la Subsección anterior.
Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará a dichas entidades las entregas a cuenta de la participación del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integración en su participación en los tributos del Estado por acuerdo de la respectiva Comisión Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios.
Artículo 115. Liquidación definitiva.
Uno. La práctica de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de aportación a la asistencia sanitaria del año 2018, correspondiente a las Provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares e Islas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la Sección 36, Servicio 21, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942M, Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 143 y 144 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tomando como base de cálculo las cuantías que, por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004.
Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá en la misma medida a asignar a dichas entidades la participación del ente transferidor del servicio en el citado fondo.
Sección 6.ª Regímenes especiales
Artículo 116. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los tributos del Estado.
Uno. La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra en los tributos del Estado se fijará con arreglo a las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª de este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente.
Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra en los tributos del Estado se determinará según lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente.
Artículo 117. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos del Estado.
Uno. La cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma.
Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación de las entidades locales citadas en el apartado anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsección 1.ª, de la Sección 3.ª, y en la Subsección 1.ª, de la Sección 5.ª, de este Capítulo, teniendo en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma.
Tres. La participación del resto de municipios de las Islas Canarias en los tributos del Estado se determinará mediante la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 3.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma proporción que los municipios de régimen común.
Artículo 118. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado.
Uno. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los municipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales contenidas en este Capítulo.
Dos. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, participarán en los tributos del Estado según lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Sección 7.ª Compensaciones, subvenciones y ayudas
Artículo 119. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano.
Uno. Para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 462 figura un crédito por importe de 51,05 millones de euros destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las Entidades locales que reúnan los requisitos que se especifican en el siguiente apartado.
Dos. En la distribución del crédito podrán participar los Ayuntamientos que dispongan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la forma de gestión, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Disponer de un Plan de Movilidad Sostenible, coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, según lo establecido en el artículo 102, «Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible», de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción dada por la disposición final trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
b) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
c) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada.
d) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones recogidas en los apartados b) y c) anteriores, sean capitales de provincia.
e) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen en un sistema de financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior, en el que aporte financiación la Administración General del Estado. Esta excepción será, en todo caso, de aplicación al ámbito territorial de las Islas Canarias, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia.
Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las obligaciones de pago correspondientes a sentencias judiciales firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos de gestión económica y financiera que se deduzcan del modelo al que se refiere el apartado seis del presente artículo:
A. El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la red municipal en trayecto de ida y expresada en kilómetros. Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta se computarán por la mitad.
B. El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes de derecho de cada municipio ponderada por la razón del número de habitantes citado dividido por 50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal vigente a 1 de enero de 2017 y oficialmente aprobado por el Gobierno.
C. El 5 por ciento del crédito en función de criterios medioambientales, para dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Medidas Urgentes para la Estrategia Española de cambio climático y energía limpia, que contempla la incorporación de criterios de eficiencia energética para la concesión de subvenciones al transporte público urbano. Esta medida, definida en el Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del IDAE, consiste en establecer un mecanismo de valoración de la eficiencia energética aplicada a los sistemas de transporte público, que permita evaluar de forma homogénea los avances producidos, y tenerlos en cuenta para la distribución de estas ayudas.
El porcentaje antes mencionado, se distribuirá en función de la puntuación obtenida en el cumplimiento de criterios medioambientales, referidos al ejercicio 2017, que serán los que figuran en el cuadro siguiente:
Municipios gran población
Resto de municipios
Puntuación máxima
Criterios
Ratio cumplimiento
Criterios
Ratio cumplimiento
Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES.
> 20 %
Porcentaje autobuses urbanos GNC/GLP/BIOCOMBUSTIBLES.
> 5 %
20
Incremento en el n.º total de viajeros respecto al año anterior.
> 1 %
Incremento en el n.º total de viajeros respecto al año anterior.
SI/NO
15
Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto a la media de los tres años anteriores.
> 1 %
Plazas-km ofertadas en transporte público: incremento con respecto al año anterior.
SI/NO
15
Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses.
SI/NO
Existencia de vehículos eléctricos o híbridos en la flota de autobuses.
SI/NO
10
% Autobuses con accesibilidad a PMR.
> 50 %
% Autobuses con accesibilidad a PMR.
> 20 %
10
Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.).
> 2
Densidad de las líneas de autobús urbano (km/1000 hab.).
> 1
10
Incremento en n.º de viajes de TP respecto a la media de los tres años anteriores.
> 1 %
Incremento en n.º de viajes de TP respecto al año anterior.
SI/NO
5
Red de carriles bici: n.º de habitantes por km de carril bici.
< 8.000
Red de carriles bici: n.º de habitantes por km de carril bici.
< 6.000
3
Longitud carriles bus (% s/longitud total de la red).
> 2 %
Existen carriles bus.
SI/NO
3
Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%).
> 20 %
Porcentaje de conductores Bus Urbano con formación en conducción eficiente (%).
> 15 %
3
Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/sobre total de paradas).
> 3 %
Paradas con información en tiempo real de llegada de autobuses (%/sobre total de paradas).
> 3 %
3
Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (n.º personas formadas/100 vehículos).
> 1
Personas con capacitación en Gestión de flotas con criterios de eficiencia energética (n.º personas formadas/100 vehículos).
SI/NO
3
TOTAL
100
D. El 85 por ciento del crédito en función del déficit medio por título de transporte emitido, con arreglo al siguiente procedimiento:
a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado por el resultado de multiplicar el número de títulos de transporte por la subvención correspondiente a cada uno de dichos títulos.
b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá aplicando a su déficit medio las cuantías y porcentajes definidos en la escala siguiente:
1.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que no supere el 12,5 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 100 por cien.
2.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 55 por ciento.
3.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 50 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 27 por ciento.
4.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del tramo anterior y no supere el 100 por ciento del déficit medio global se subvencionará con el porcentaje de financiación que resulte de dividir el resto del crédito no atribuido a los tramos anteriores entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando todos los municipios que tengan derecho a subvención.
5.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que exceda del déficit medio global no será objeto de subvención.
El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no podrá exceder del 27 por ciento. El exceso de crédito que pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distribuirá proporcionalmente a la financiación obtenida por cada municipio, correspondiente a los tramos 2.º y 3.º
En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá reconocer una subvención que, en términos globales, exceda del 85 por ciento del crédito disponible. Si se produjera esta circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción necesaria el porcentaje correspondiente a los tramos 3.º, 2.º y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º, hasta agotar el citado crédito.
c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de dividir el déficit de explotación entre el número de títulos de transporte. El déficit medio global será el resultado de dividir la suma de los déficits de todos los municipios que tengan derecho a la subvención entre el total de títulos de transporte de dichos municipios.
d) El importe de la subvención por título vendrá dado por la suma de la cuantía a subvencionar en cada tramo, que se obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho tramo.
El déficit de explotación estará determinado por el importe de las pérdidas de explotación que se deduzca de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que presten el servicio de transporte público, elaboradas con arreglo al Plan de Contabilidad y a las normas y principios contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten de aplicación, con los siguientes ajustes:
a’) En cuanto a los gastos de explotación se excluirán aquellos que se refieran a tributos, con independencia del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria.
b’) En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se excluirán aquellos que tengan su origen en la prestación de servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte público urbano por la que se solicita la subvención. Asimismo, se excluirán cualesquiera subvenciones y aportaciones que reconozca, a favor de la empresa o entidad que preste el servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento en cuyo término municipal se realice la prestación.
c’) En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de la financiación correspondiente a este apartado los importes atribuidos como subvención por los criterios de longitud de la red, relación viajeros/habitantes de derecho y por los criterios medioambientales.
Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar la prestación de este servicio.
Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la subvención que les corresponda se corregirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del Estado.
Seis. Las Entidades Locales, en el plazo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año 2018, y con el fin de distribuir el crédito destinado a subvencionar la prestación de los servicios de transporte público colectivo urbano, deberán presentar, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la siguiente documentación:
1. En todos los casos, el número de kilómetros de calzada de la red en trayecto de ida, el número de viajeros al año, el número de plazas ofertadas al año, recaudación y precios medios referidos al ejercicio 2017, según el modelo definido por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
2. Tratándose de servicios realizados por la propia entidad u organismo autónomo dependiente en régimen de gestión directa, documento detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2017, según el modelo definido por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
3. Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión directa por una sociedad mercantil municipal o de empresas o particulares que presten el servicio en régimen de concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, se adjuntarán las cuentas anuales con su correspondiente informe de auditoría.
Asimismo, los administradores deberán elaborar un documento en el que se detallen las partidas de ingresos y gastos del servicio de transporte y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2017, y los criterios de imputación de los referidos ingresos y gastos, según el modelo definido por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Deberá ser objeto de revisión por un auditor el documento con las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y del déficit o resultado real producido en el ejercicio 2017 y los criterios de imputación de los ingresos y gastos, entendiendo que está auditado cuando dicha información esté incluida en la Memoria de las Cuentas Anuales y éstas hayan sido auditadas.
4. En cualquier caso, el documento oficial en el que se recojan, actualizados, los acuerdos reguladores de las condiciones financieras en que la actividad se realiza.
5. En todos los casos, justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6. Certificación del Interventor de la aplicación del importe recibido como subvención al transporte colectivo urbano en el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en el apartado Cuatro del artículo 95 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
7. Certificación del Secretario municipal sobre el cumplimiento de los criterios medioambientales.
8. Certificación del Secretario municipal sobre la existencia de un Plan de Movilidad Sostenible, y su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, haciendo constar expresamente la fecha de aprobación definitiva del mismo que, en cualquier caso, deberá ser anterior a la fecha de finalización del plazo para la presentación de la solicitud.
A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la documentación en la forma prevista en este artículo no se les reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a financiar el servicio de transporte público colectivo de viajeros por causa de interés general y con el fin de evitar perjuicios financieros a los demás perceptores.
Artículo 120. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se dota en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.00 del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria que se puedan conceder por el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el apartado dos del citado artículo 9.
Las solicitudes de compensación serán objeto de comprobación previa a su pago, en el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas con la información existente en las bases de datos de la matrícula de dicho impuesto, y en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las bases de datos del Catastro Inmobiliario.
A dichos efectos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, facilitarán la intercomunicación informática con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Función Pública a dictar las normas necesarias para el establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de las exenciones legalmente concedidas.
Artículo 121. Otras compensaciones y subvenciones a las Entidades locales.
Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.01, se hará efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2018, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988.
El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con arreglo a los Convenios suscritos con los ayuntamientos afectados.
Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Otras aportaciones a Entidades Locales, concepto 464.02, se concede una ayuda de 8 millones de euros para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, destinada a los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el abastecimiento de agua.
Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior, se harán efectivas en la forma que se establezca en el instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de subvenciones nominativas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.
La anterior cuantía se repartirá entre las Ciudades de Ceuta y Melilla en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero del ejercicio inmediatamente anterior. A la Ciudad de Ceuta le corresponden 3,96 millones de euros y a la de Melilla 4,04 millones de euros.
Tres. Con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 464.01, también se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondiente a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores del tabaco, regulada en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Con periodicidad mensual se tramitará un pago a cada una de aquellas Ciudades por importe equivalente a la dozava parte de la compensación definitiva reconocida en el ejercicio inmediato anterior, en concepto de anticipo a cuenta de la cantidad que resulte a pagar en el ejercicio 2018.
Una vez aportada toda la documentación necesaria para efectuar los cálculos establecidos en el artículo 11 de la Ley 53/2002 antes mencionada, se procederá a realizar la liquidación correspondiente, abonándose la diferencia entre el importe de la compensación definitiva que resulte y el de las entregas a cuenta realizadas.
Cuatro. Con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, Concepto 464.01, se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla, por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), correspondiente al gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos, tomando como base lo recaudado en el ejercicio 2010.
La cuantía de la compensación se obtendrá por la diferencia, siempre que sea negativa, entre la recaudación líquida obtenida por tal concepto en el ejercicio 2017 y la producida en el año 2010. Para ello, deberá aportarse un certificado del Interventor de la respectiva Ciudad Autónoma acreditativo de la recaudación líquida en dichos ejercicios. Una vez aportada la documentación necesaria, se procederá a realizar la correspondiente liquidación para su abono.
Artículo 122. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales.
Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de los padrones no se pueda liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2018 los ayuntamientos afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos a cuenta del mencionado impuesto, a fin de salvaguardar sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización del Pleno de la respectiva corporación.
Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos municipios, previo informe de la Dirección General del Catastro y serán tramitados y resueltos por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes condicionamientos:
a. Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del importe de la recaudación previsible como imputable a cada padrón.
b. El importe anual a anticipar a cada corporación mediante esta fórmula no excederá del doble de la última anualidad percibida por la misma en concepto de participación en los tributos del Estado.
c. En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes a más de dos períodos impositivos sucesivos con referencia a un mismo tributo.
d. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales y otros organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan realizado anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la forma prevista en el artículo 149.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores de la cuantía que corresponda del anticipo, hasta el importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de poder cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones de tesorería, previa la oportuna justificación.
e. Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, los anticipos se librarán por su importe neto a favor de los Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d anterior por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre de cada año, y se suspenderán las correlativas entregas en el mes siguiente a aquel en que se subsanen las deficiencias señaladas en el párrafo primero de este apartado.
Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este apartado, estarán sometidos, en su caso, a las mismas retenciones previstas en la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y serán reintegrados por las respectivas entidades locales una vez recibido informe de la Dirección General del Catastro comunicando la rectificación de los mencionados padrones.
Dos. Mediante resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se podrán conceder a los Ayuntamientos, en caso de urgente y extraordinaria necesidad de tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a su participación en los tributos del Estado. Para la concesión de estos anticipos se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su Presidente la solicitud del anticipo y fijando los términos de tal solicitud.
b. Informe de la Intervención municipal en el que se concrete la situación económico-financiera de la Entidad Local que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace necesario el anticipo.
c. Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos y los gastos del ejercicio correspondiente.
Sección 8.ª Normas instrumentales en relación con las disposiciones incluidas en este capítulo
Artículo 123. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las Entidades locales.
Uno. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Función Pública a comprometer gastos con cargo al ejercicio de 2019, hasta un importe máximo equivalente a la dozava parte de los créditos consignados en el Presupuesto para 2018, destinados a satisfacer las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales o entes asimilados, del mes de enero de 2019. Las diferencias que pudieran surgir en relación con la determinación de las entregas a cuenta definitivas imputables al mencionado ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a cuenta del mes de febrero del ejercicio citado.
Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago conjuntas que se expidan a efectos de cumplir los compromisos que se establecen en los artículos precedentes del presente capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de las Corporaciones locales afectadas, y su cumplimiento, en cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse con cargo a las cuentas de acreedores no presupuestarios que, a estos fines, están habilitadas en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca el pago conjunto y simultáneo de las respectivas obligaciones a todos los perceptores en razón de la fecha de las correspondientes resoluciones y en igualdad de condiciones.
Se declaran de urgente tramitación:
Los expedientes de modificación de crédito con relación a los compromisos señalados.
Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de referencia, a que se refiere la Orden de 27 de diciembre de 1995.
A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las distintas fases del procedimiento de gestión presupuestaria, adoptándose en igual medida procedimientos especiales de registro contable de las respectivas operaciones.
Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando proceda la tramitación de expedientes de ampliación de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las solicitudes de incrementos de crédito se justificarán, en todo caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las Entidades Locales afectadas.
Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos a los fines señalados en el apartado Uno anterior se podrán transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado, tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquidación definitiva, así como para proceder al pago simultáneo de las obligaciones que traigan causa de las solicitudes presentadas por las Corporaciones locales, una vez se dicten las resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de dichas obligaciones por parte del Estado.
Artículo 124. Información a suministrar por las Corporaciones locales.
Uno. Con el fin de proceder a la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, correspondiente a 2018, las respectivas Corporaciones locales deberán facilitar, antes del 30 de junio del año 2018, en la forma que se determine por los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la siguiente documentación:
1. Una certificación comprensiva de la recaudación líquida obtenida en 2016 por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la recaudación correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales.
2. Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones del año 2016, así como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos que se citan en el párrafo precedente. En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se especificará la información tributaria correspondiente a los bienes inmuebles de características especiales. Además, se especificarán las reducciones que se hubieren aplicado en 2016, a las que se refiere la disposición adicional novena del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3. Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 2016, incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigentes en aquel período impositivo.
Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en papel podrá sustituirse por la transmisión electrónica de la información en los modelos habilitados para tal fin, siempre que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica del Interventor o, en su caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de contabilidad.
La firma electrónica reconocida, entendida en los términos previstos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel, por lo que su aplicación en la transmisión electrónica de la información eximirá de la obligación de remitir la citada documentación en soporte papel.
Tres. Por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo los modelos que contengan el detalle de la información necesaria, así como la regulación del procedimiento para la presentación telemática de la documentación y la firma electrónica de la misma.
Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de aplicación de la Subsección 2.ª de la Sección 3.ª de este Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en las condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en su caso, un módulo de ponderación equivalente al 60 por ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con menor coeficiente por este concepto, dentro del tramo de población en que se encuadre, a efectos de practicar la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado para el año 2018.
Artículo 125. Retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicación de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Uno. Previa solicitud del órgano competente que tenga atribuida legalmente la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local aplicará las retenciones que deban practicarse en la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado.
Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos del Estado y deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella se prorrateará en función de los importes de éstas.
Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad.
Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar será del 100 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad.
Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas obligaciones relativas:
a. al cumplimiento regular de las obligaciones de personal;
b. a la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de habitantes del municipio;
c. a la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25 por ciento de la entrega a cuenta.
No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas entidades locales que se hayan integrado en consorcios de saneamiento financiero del que formen parte instituciones de otras administraciones públicas.
En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local dictará la resolución correspondiente, teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la prestación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, la entidad local deberá aportar, con carácter imprescindible y no exclusivo:
– Certificado expedido por los órganos de recaudación de las Entidades acreedoras por el que se acredite haber atendido el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación;
– Informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor local que incluya el cálculo del remanente de tesorería a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje de retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha situación afecta al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo primero del presente apartado;
– Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya el ejercicio en curso. A estos efectos, se considerará equivalente al plan de saneamiento la existencia de un plan de ajuste valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el marco de medidas extraordinarias de liquidez a las que se refiere la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En la resolución se fijará el período de tiempo en que el porcentaje de retención habrá de ser reducido, sin que quepa la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio económico. En todo caso, tal reducción estará condicionada a la aprobación por la entidad local de un plan de saneamiento, o a la verificación del cumplimento de otro en curso.
Cuatro. Cuando la deuda nazca como consecuencia del reintegro de anticipos de financiación a cargo del Tesoro Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, ya sea mediante la cancelación total del débito en forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva extinción de éste.
Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las deudas con cargo a las cantidades que se hayan retenido corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, produciendo sus efectos, en la parte concurrente de la deuda, desde el momento en que se efectuó la retención.
Seis. Las normas contenidas en este artículo serán de aplicación en los supuestos de deudas firmes contraídas por las Entidades Locales con el Instituto de Crédito Oficial, por la línea de crédito instruida por este último a las que se refiere la Sección Segunda del Capítulo II del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. Asimismo, serán de aplicación las normas de este precepto en los supuestos de deudas firmes contraídas con cualquiera de los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, constituido por el artículo 7 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
Siete. En el caso de que resulte de aplicación la medida contenida en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el porcentaje de retención aplicable será, como máximo, el fijado en el primer párrafo del apartado Dos de este artículo, siempre que las deudas con proveedores a las que se refiere aquel precepto no concurran con otras de las entidades locales con acreedores públicos, a las que resulte de aplicación este precepto.
En el caso de que exista la mencionada concurrencia de deudas la retención aplicable será, como máximo y con carácter general, del 70 por ciento sin que pueda reducirse por aplicación del apartado Tres, correspondiendo el 50 por ciento, como máximo, a los acreedores públicos y el 20 por ciento, como máximo, a los proveedores de las entidades locales a las que resulte de aplicación en artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012. El primer tramo citado se asignará a los acreedores públicos de acuerdo con el criterio recogido en los apartados Uno y Dos de este artículo.
En el caso de que exista concurrencia de deudas con proveedores y deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar será del 100 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Tres anterior, sin que el importe que se asigne para el pago a proveedores de las entidades locales pueda exceder del 20 por ciento de la cuantía que, en términos brutos, les corresponda por todos los conceptos que integran su participación en tributos del Estado.
CAPÍTULO II
Comunidades Autónomas
Artículo 126. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global.
Los créditos presupuestarios destinados a hacer efectivas las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, una vez tenidas en cuenta las revisiones y demás preceptos aplicables a las mismas son, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, los que se incluyen en los correspondientes Servicios de la Sección 36 «Sistemas de financiación de Entes Territoriales», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 451 «Fondo de Suficiencia Global».
Artículo 127. Liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y participación en los Fondos de Convergencia.
Uno. De conformidad con lo que establece el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, cuando se conozcan los valores definitivos en el año 2018 de todos los recursos correspondientes al año 2016 regulados en el Título I de la citada Ley, se practicará la liquidación de dicho ejercicio. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 11, en ese momento se determinará, según lo establecido en los artículos 23 y 24, en el párrafo tercero del apartado Siete de la disposición transitoria primera y en la disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, la participación de cada Comunidad o Ciudad con Estatuto de Autonomía en los Fondos de Convergencia Autonómica regulados en el Título II de la citada Ley correspondientes a 2016.
Dos. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación correspondiente al año 2016 fuera a favor de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, se realizarán los pagos de las liquidaciones positivas descontando de ellos, mediante compensación, el importe de las liquidaciones a favor del Estado.
Tres. En el supuesto de que el saldo global de la liquidación fuera a favor del Estado, se realizarán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, los pagos de las liquidaciones a favor de la Comunidad descontando en ellos, por este mismo orden de prelación, el saldo a favor del Estado de la Transferencia del Fondo de Garantía, el saldo de los tributos cedidos y el saldo del Fondo de Suficiencia Global.
Los saldos restantes de la liquidación que no hubieran podido ser objeto de compensación se compensarán conforme a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
Cuatro. En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, el Estado compensará, en el supuesto legalmente previsto, a las Comunidades Autónomas cuyos importes, tanto de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales como del Fondo de Suficiencia Global, correspondientes a 2016, sean negativos, a través del crédito presupuestario señalado en el apartado Cinco. El importe de esta compensación, que tendrá signo positivo, para cada Comunidad Autónoma acreedora de la misma, será aquel que permita que, después de haberse repartido la totalidad de los recursos del Fondo de Competitividad, el índice de financiación descrito en el apartado 5 del artículo 23 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, alcance la unidad, con el límite del importe del valor definitivo de su Fondo de Suficiencia Global negativo.
A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, el importe de esta compensación se incluirá en la liquidación definitiva de la participación de la Comunidad en el Fondo de Competitividad.
Cinco. A los créditos de los subconceptos que corresponda dotados en la Sección 36, Servicio 20 - «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Varias CCAA», Programa 941M «Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado», concepto 452 «Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores», se aplicarán según su naturaleza:
1) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2016 del Fondo de Suficiencia Global, regulado en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como de la aportación del Estado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que resulten a favor de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el párrafo anterior fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado.
2) El importe de las liquidaciones definitivas del año 2016 de las participaciones de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en los Fondos de Convergencia Autonómica, regulados en los artículos 23, 24, en el párrafo tercero del apartado Siete de la disposición transitoria primera y en la disposición adicional primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, determinadas conforme el apartado uno de este artículo.
3) La compensación prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, si resultara esta compensación aplicable, determinada conforme el apartado cuatro de este artículo.
Artículo 128. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados.
Si a partir de 1 de enero de 2018 se efectuaran nuevas transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas, se dotarán en los conceptos específicos de la Sección 36 que, en su momento, determine la Dirección General de Presupuestos, los créditos que se precisen para transferir a las Comunidades Autónomas el coste efectivo de los servicios asumidos.
A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir efectivamente la gestión del servicio transferido.
b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2018, desglosada en los diferentes capítulos de gasto que comprenda.
c) La valoración referida al año base 2007, correspondiente al coste efectivo anual del mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia Global de la Comunidad Autónoma que corresponde prevista en el artículo 21.1 de la Ley 22/2009.
Artículo 129. Fondos de Compensación Interterritorial.
Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos de Compensación lnterterritorial ascendiendo la suma de ambos a 432.430,00 miles de euros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial modificada por la Ley 23/2009 de 18 de diciembre.
Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 324.330,61 miles de euros, se destinará a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2001.
Tres. El Fondo Complementario, dotado con 108.099,39 miles de euros, podrá aplicarse por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos previstos en el Artículo 6.2 de la Ley 22/2001.
Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las Comunidades Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 27,80 por ciento, de acuerdo al artículo 2.1.a) de dicha Ley. Además, en cumplimiento de la disposición adicional única de la Ley 22/2001, el porcentaje que representa la suma del Fondo de Compensación y el Fondo Complementario destinado a las Comunidades Autónomas es del 37,07 por ciento elevándose al 37,65 por ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y alcanzando el 38,02 por ciento si se tiene en cuenta la variable «región ultraperiférica» definida en la Ley 23/2009 de modificación de la Ley 22/2001.
Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse con cargo a los Fondos anteriores son los que se detallan en el anexo a la Sección 33.
Seis. En el ejercicio 2018 serán beneficiarias de estos Fondos las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.
Siete. Los remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán automáticamente al Presupuesto del año 2018 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos en 31 de diciembre de 2017.
Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores se incorporan al vigente, el Tesoro Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las Comunidades Autónomas por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas «a cuenta» de los recursos que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha incorporación.
TÍTULO VIII
Cotizaciones Sociales
Artículo 130. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2018.
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes:
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.
1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, en la cuantía de 3.803,70 euros mensuales.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, durante el año 2018, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2017, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán de 3.803,70 euros mensuales o de 126,79 euros diarios.
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2018, los siguientes:
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
3. Durante el año 2018, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
4. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b).
5. A efectos de determinar, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.803,70 euros mensuales.
No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
6. A efectos de determinar, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.803,70 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.
Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
1. Durante el año 2018, los importes de las bases mensuales de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales de los trabajadores incluidos en este Sistema Especial, que presten servicios durante todo el mes, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con aplicación de las siguientes bases máximas y mínimas:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2017, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán de 3.803,70 euros mensuales.
Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, esta modalidad de cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que figuren en alta en este Sistema Especial durante el mes.
2. Durante el año 2018, los importes de las bases diarias de cotización tanto por contingencias comunes como profesionales por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena y respecto a los cuales no se hubiera optado por la modalidad de cotización prevista en el apartado anterior, se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dividiendo a tal efecto, entre 23, los importes de las bases máximas y mínimas establecidos en el apartado Tres.1.
Independientemente del número de horas realizadas en cada jornada, la base de cotización no podrá tener una cuantía inferior a la base mínima diaria del grupo 10 de cotización.
Cuando se realicen en el mes natural 23 o más jornadas reales, la base de cotización correspondiente a las mismas será la establecida en el apartado Tres.1.
3. Durante el año 2018, el importe de la base mensual de cotización de los trabajadores agrarios por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial será, durante los períodos de inactividad dentro del mes natural, el establecido para la base mínima por contingencias comunes correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social.
A estos efectos, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número de jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 76,67 por ciento de los días naturales en que el trabajador figure de alta en el Sistema Especial en dicho mes.
La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplicando la siguiente fórmula:
C = [(n/N) – (jr * 1,304/N)] bc * tc
En la que:
C= Cuantía de la cotización.
n= Número de días en el Sistema Especial sin cotización por bases mensuales de cotización.
N= Número de días de alta en el Sistema Especial en el mes natural.
jr= Número de días en el mes natural en los que se han realizado jornadas reales.
bc= Base de cotización mensual.
tc= Tipo de cotización aplicable, conforme a lo indicado en el apartado Tres.4.b).
En ningún caso, la aplicación de la fórmula anterior podrá dar lugar a que C alcance un valor inferior a cero.
A efectos de la aplicación de esta fórmula, cuando los trabajadores no figuren en alta en el Sistema Especial durante un mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes.
4. Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Sistema Especial serán, durante el año 2018, los siguientes:
a) Durante los períodos de actividad:
Para la cotización por contingencias comunes respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el 23,35 por ciento, siendo el 18,65 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
b) Durante los períodos de inactividad, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento, siendo la cotización resultante a cargo exclusivo del trabajador.
5. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, se aplicarán las siguientes reducciones en las aportaciones empresariales a la cotización a este Sistema Especial durante los períodos de actividad con prestación de servicios:
a) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, se aplicará una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 por ciento. En ningún caso la cuota empresarial resultante será superior a 279,00 euros al mes o 12,13 euros por jornada real trabajada.
b) En la cotización respecto a los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 al 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª) Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 euros mensuales o a 42,90 euros por jornada realizada, se aplicará una reducción de 7,11 puntos porcentuales de la base de cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 11,54 por ciento.
2.ª) Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en el apartado anterior, y hasta 3.803,70 euros mensuales o 165,38 euros por jornada realizada, les será de aplicación el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas:
Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:
Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:
No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 81,67 euros mensuales o 3,55 euros por jornada real trabajada.
6. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de los trabajadores:
a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las normas aplicables con carácter general en el Régimen General de la Seguridad Social. El tipo resultante a aplicar será:
1.º Para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1, el tipo del 15,50 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
2.º Para los trabajadores encuadrados en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo del 2,75 por ciento, aplicable a la base de cotización por contingencias comunes.
Para todos los trabajadores, cualquiera que sea su grupo de cotización, en la cotización por desempleo se aplicará una reducción en la cuota equivalente a 2,75 puntos porcentuales de la base de cotización.
b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, resultará de aplicación lo establecido en la letra a) en relación a los días contratados en los que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes indicadas.
En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
7. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en este Sistema Especial, el tipo de cotización será el 11,50 por ciento.
8. Con relación a los trabajadores incluidos en este Sistema Especial no resultará de aplicación la cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el apartado Dos.3.
9. Se autoriza al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a regular los procedimientos y adaptaciones normativas necesarios para articular la armonización de la cotización en situación de actividad e inactividad, así como la comprobación de los requisitos necesarios para la aplicación de las reducciones previstas y la regularización de la cotización resultante de ellas.
Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
En este Sistema Especial, las bases y los tipos de cotización serán, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, los siguientes:
1. Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán actualizando las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala vigente en el año 2017, en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional.
2. El tipo de cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado anterior, será el 27,40 por ciento, siendo el 22,85 por ciento a cargo del empleador y el 4,55 por ciento a cargo del empleado.
3. Para la cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, según lo indicado en el apartado Cuatro.1, se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo lo resultante a cargo exclusivo del empleador.
Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, los siguientes:
1. La base máxima de cotización será de 3.803,70 euros mensuales. La base mínima de cotización será de 932,70 euros mensuales.
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 haya sido igual o superior a 2.023,50 euros mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha.
Los trabajadores autónomos que a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.023,50 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.052,00 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2018, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación.
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.005,90 y 2.052,00 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 932,70 y 2.052,00 euros mensuales.
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.023,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 euros mensuales y 2.052,00 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.023,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un 1,40 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización.
Lo previsto en el apartado Cinco.3.b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre.
4. Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o la base mínima de cotización vigente para el Régimen General.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base mínima de cotización a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la establecida con carácter general en el apartado Cinco.1, o una base de cotización equivalente al 55 por ciento de esta última.
5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento.
Los trabajadores incluidos en este Régimen Especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social.
6. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
7. A los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2018, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 12.917,37 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.
En tal supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha.
8. A Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores, les será de aplicación, a efectos de la cotización, lo previsto en el apartado Cinco.4, párrafo primero.
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el apartado Cinco.1 o por una base equivalente al 55 por ciento de esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
9. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, tendrán derecho, durante 2018, a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado Régimen Especial a partir del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado Cinco.8, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
10. Lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Cinco. 8, será de aplicación a las personas que se dediquen, de forma individual, a la venta ambulante en mercados tradicionales o «mercadillos» con horario de venta inferior a ocho horas al día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.
11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2017 y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma será de 1.199,10 euros mensuales.
Dicha base mínima de cotización será también aplicable a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, a los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta.
Seis. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. Desde el día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma,, los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización una base comprendida entre 932,70 euros mensuales y 1.119,30 euros mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 18,75 por ciento.
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a 1.119,30 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por ciento.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 por ciento, o del 2,80 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
2. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se estará a lo dispuesto en el apartado Cinco.6. En el supuesto de que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesionales, se seguirá abonando en concepto de cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización indicada en el apartado Seis.1.a) el tipo del 1,00 por ciento.
3. Los trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX del Título II de la Ley General de la Seguridad Social.
Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero respecto a la cotización por contingencias comunes y de lo que se establece en el apartado 2 siguiente.
2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen Especial de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a las que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos.
3. El tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia será del 29,30 por ciento, al estar acogidos de forma obligatoria a la protección por contingencias profesionales.
4. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización a que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, teniendo en cuenta la obligatoriedad establecida en el apartado 3.
Ocho. Cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón.
1. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.
Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma de los días a que correspondan.
Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado Uno.1, ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del ejercicio en curso.
2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijará la cuantía de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior.
Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo y durante la percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 270 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contingencias comunes prevista para cada categoría profesional y, a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes.
Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión temporal de la relación laboral o por reducción temporal de jornada, ya sea por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar.
La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación del apartado 3 del artículo 269 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se opta.
Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada en los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, si corresponde cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización será la fijada con carácter general en el apartado Nueve.1.
3. Durante la percepción de la prestación por desempleo, si corresponde cotizar en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
La base de cotización se actualizará conforme a la base vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
4. Durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al régimen correspondiente, será la base reguladora de dicha prestación, determinada según lo establecido en el artículo 339 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen.
Aquellos colectivos que, conforme a la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, durante la actividad coticen por una base inferior a la base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la prestación por cese de actividad.
Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos.
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por Cese de Actividad se llevará a cabo, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, de acuerdo con lo que a continuación se señala:
1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete.
Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el apartado Tres.1 y 2, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador.
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y Sistema Especiales.
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero será igualmente aquella por la que hayan optado. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero, la base de cotización vendrá determinada mediante orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, siéndoles de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.
2. A partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, los tipos de cotización serán los siguientes:
A) Para la contingencia de desempleo:
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
b) Contratación de duración determinada:
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1.º, de la letra b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a) anterior, para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados.
B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.
El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa.
C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.
El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador.
D) Para la protección por cese de actividad el tipo será del 2,20 por ciento.
Once. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje.
Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias profesionales, por desempleo, al Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, y respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen General.
Doce. Cotización del personal investigador en formación.
La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se refiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales.
El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que se tenga derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo 1 de cotización del Régimen General.
Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos.
En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.
Durante 2018, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador.
Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.
En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.
Durante 2018, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a cargo del trabajador.
Quince. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 19 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General.
Dieciséis. Durante el año 2018, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.
A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo.
Diecisiete. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo.
Artículo 131. Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2018.
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2018, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo h), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento.
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2000, representará el 6,72 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento. De dicho tipo del 6,72, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 2,62 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Dos. Con efectos de 1 de enero de 2018, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento.
2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, representará el 11,01 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento. De dicho tipo del 11,01, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 6,91 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Tres. Con efectos de 1 de enero de 2018, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento.
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2000, representará el 5,18 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 1,60 por ciento. De dicho tipo del 5,18, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 1,08 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Cuatro. Durante el año 2018, de acuerdo con las previsiones establecidas en los apartados anteriores, el importe de la cuota de derechos pasivos y de la correspondiente a las mutualidades generales de funcionarios, respecto del personal incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de los Regímenes Especiales de Funcionarios, se determinará mediante la aplicación del tipo porcentual del 3,86 por ciento y del 1,69 por ciento, respectivamente, sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2017 a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 1,6 por ciento, y que se consignan a continuación:
Cuotas mensuales de derechos pasivos de los Funcionarios Civiles del Estado, del personal de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia.
Grupo/Subgrupo EBEP
Cuota mensual en euros
A1
111,90
A2
88,07
B
77,12
C1
67,64
C2
53,51
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)
45,62
Cuotas mensuales de cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial.
Grupo/Subgrupo EBEP
Cuota mensual en euros
A1
48,99
A2
38,56
B
33,76
C1
29,61
C2
23,43
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP)
19,98
Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre.
Con la excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
I
Disposición adicional primera. Concesión de subvenciones o suscripción de convenios con Comunidades Autónomas que incumplan su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de cualquiera de los sujetos que integran el subsector Administración central o el subsector Administraciones de Seguridad Social, a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la administración de una Comunidad Autónoma, definida en los términos del citado artículo, que hubiera incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, en los términos que más adelante se indican, cuando conlleven una transferencia de recursos de los subsectores de la Administración central o Administraciones de Seguridad Social a la Comunidad Autónoma incumplidora, impliquen un compromiso de realización de gastos de esta última, o se den ambas circunstancias simultáneamente, precisarán con carácter previo a su autorización informe favorable, preceptivo y vinculante, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Se entenderá que se ha producido el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto cuando así haya resultado del último informe elevado por el Ministro de Hacienda y Función Pública al Gobierno conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dos. Así mismo, será necesario informe favorable, preceptivo y vinculante respecto de la concesión de subvenciones o suscripción de convenios cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno de la Nación formule una advertencia a una Comunidad Autónoma en el caso de que aprecie un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Esta limitación se aplicará desde el momento en que se formule la advertencia.
Tres. En los supuestos previstos en los apartados anteriores y respecto de los convenios suscritos y en ejecución, no procederá su prórroga o modificación sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la modificación de la concesión de subvenciones, en los casos en que así estuviera previsto en su normativa reguladora, no procederá sin el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Cuatro. El informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública al que se hace referencia en los apartados anteriores será emitido por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que tendrá en cuenta, entre otros criterios:
a) La amplitud de la desviación que se hubiera producido respecto del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto establecido. En el caso del apartado Dos, la desviación se referirá a la estimación que motivó la advertencia respecto del objetivo.
b) Las causas de dicha desviación.
c) El efecto respecto del déficit o la deuda pública que se pudiera derivar de la subvención o del convenio, así como su objeto.
d) La forma de financiación del gasto que se propone.
e) En el caso de subvenciones, o de convenios que se suscriban con la Administración de una Comunidad Autónoma para dar cauce a la colaboración entre Administraciones en el curso de la tramitación o ejecución de una subvención, el procedimiento de su concesión.
Cinco. Con carácter previo al acuerdo de Conferencia Sectorial sobre distribución de créditos regulado en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el caso en que el mismo incluya a Comunidades Autónomas que se encuentren en la situación de incumplimiento regulada en el apartado Uno de esta disposición, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos emitirá informe preceptivo y vinculante, en el que valorará, para dichas Comunidades Autónomas, los criterios previstos en el apartado cuatro de esta disposición. La emisión de este informe igualmente producirá efectos, de conformidad con lo previsto en artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Disposición adicional segunda. Préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la concesión de préstamos y anticipos financiados directa o indirectamente con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado se ajustará, a las siguientes normas:
a) Salvo autorización expresa del Ministro de Hacienda y Función Pública no podrán concederse préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar.
En el supuesto de préstamos y anticipos a conceder a través de procedimientos de concurrencia competitiva, el citado requisito deberá cumplirse en el momento anterior a la aprobación de la convocatoria.
La determinación del tipo de interés deberá quedar justificada en el expediente por el correspondiente órgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una relación directa con la referencia indicada, se acompañará informe de la Secretaría General de Tesoro y Política Financiera.
Esta norma no será de aplicación a los siguientes casos:
– Anticipos que se concedan al personal.
– Anticipos reembolsables con fondos comunitarios.
– Préstamos o anticipos cuyo tipo de interés se regule en normas de rango legal.
b) Los beneficiarios de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una declaración responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una administración pública.
Disposición adicional tercera. Imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Uno. 1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al Presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente Ley. Cuando en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no hubiese el mismo crédito que en el Presupuesto prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos del Departamento ministerial u Organismo del sector público administrativo estatal, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.
Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2017 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.
2. La oficina de contabilidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2018 con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo Servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar a dicha oficina las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.
3. Si dichas actuaciones conllevan anulaciones de operaciones o reajustes de anualidades, el Servicio gestor deberá remitir los justificantes y documentos contables que acrediten las mismas.
4. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el Servicio gestor deberá comunicar a la oficina de contabilidad, excepto en el caso de que se trate de transferencias de crédito, las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El Servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.
5. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el Servicio gestor no hubiere comunicado a la oficina de contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, dicha oficina de contabilidad procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Dichas retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que la oficina de contabilidad determine dentro del mismo capítulo del presupuesto al que correspondan las mismas, y preferentemente dentro del mismo programa. La oficina de contabilidad comunicará al Servicio gestor las retenciones de crédito realizadas de oficio.
6. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el Servicio gestor podrá solicitar a la oficina de contabilidad la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por dicha oficina nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del Servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.
7. El registro en el sistema de información contable de las retenciones de crédito y de las anulaciones de retenciones de crédito a que se refieren los apartados 4, 5 y 6 anteriores se efectuará por las oficinas de contabilidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.
Dos. Las modificaciones presupuestarias que determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán efectividad en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.
Disposición adicional cuarta. Préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Al objeto de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma, el Gobierno, previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Tesorería General de la Seguridad Social, podrá autorizar la concesión por parte del Estado de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 13.830.090 miles de euros. Estos préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de 2019.
Disposición adicional quinta. Absorción Fondos FEDER.
Para asegurar la correcta absorción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020, de la cuantía total prevista para la concesión de subvenciones y ayudas financiadas con cargo a los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital» de la sección 27 «Ministerio de Economía, Industria y Competitividad», para la siguiente entidad y programas: Entidad 303 «Agencia Estatal de Investigación», programa 463 B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», se reservarán 170.000,00 miles de euros para financiar en el ejercicio 2018 las actuaciones cofinanciadas por el FEDER.
En la ejecución presupuestaria del gasto derivado de estas nuevas convocatorias, así como en el derivado de convocatorias de ejercicios anteriores, deberá clasificarse regionalmente el gasto mediante la cumplimentación de la documentación complementaria prevista en la normativa reguladora de gestión contable, a fin de posibilitar el seguimiento de lo previsto en este artículo por la Intervención Delegada competente.
Asimismo, se destinará para dicha finalidad la dotación de 30.000,00 miles de euros consignada en la aplicación 27.12.467C.749.07 «Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER», cuyo crédito se librará en la medida en que el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) justifique el gasto realizado en los proyectos cofinanciados por el FEDER.
A tal efecto en las convocatorias o actuaciones a los que se apliquen estos créditos, tanto la AEI como el CDTI, informarán del importe destinado a financiar operaciones en las diferentes regiones.
Disposición adicional sexta. Traspaso del remanente de tesorería afectado al remanente de libre disposición del organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.
Se autoriza al organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a traspasar de la parte afectada del remanente de tesorería a su componente no afectado en los importes no utilizados a final del ejercicio 2017, hasta un límite máximo de 302.410,00 euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de Formación para el Empleo asignados al INAP como promotor, y de los destinados a las actividades complementarias que tengan relación con el programa de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas.
Disposición adicional séptima. Ampliación del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social.
Se amplía en diez años, a partir de 2018, el plazo para la cancelación del préstamo por importe de 125.443.000.000 pesetas (753.927.614,10 euros) otorgado a la Seguridad Social por el Estado, a que se refiere el artículo 11.tres de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Disposición adicional octava. Convenios de colaboración entre las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.
En los convenios de colaboración que formalicen las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con las Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.
Disposición adicional novena. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.
Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a veinticuatro años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.
Cuando las instituciones sanitarias a que se refiere el párrafo anterior sean declaradas en situación de concurso de acreedores, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la moratoria quedará extinguida desde la fecha de dicha declaración.
Disposición adicional décima. Presupuestos de los Organismos Reguladores.
En el marco de la reforma de los organismos reguladores se avanzará en los principios de autonomía presupuestaria de estos organismos.
Disposición adicional décima primera. Normas de ejecución presupuestaria del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Uno. Durante el ejercicio 2018 la concesión de préstamos y anticipos por parte del CDTI se ajustará a las normas previstas en la disposición adicional segunda de esta Ley para los préstamos y anticipos que se financien con cargo al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado.
Dos. No se requerirá la autorización prevista en la letra a) de la citada disposición adicional cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés Euribor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión.
Tres. Trimestralmente el CDTI informará al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la ejecución de las operaciones realizadas a efectos de verificar el cumplimiento de los límites regulados en los apartados anteriores.
Disposición adicional décima segunda. Préstamos y anticipos de la política de investigación, desarrollo e innovación.
Durante el ejercicio 2018, la concesión de préstamos y anticipos con cargo a créditos de la política 46 «Investigación, desarrollo e innovación» no requerirá de la autorización prevista en la letra a) de la disposición adicional segunda «Préstamos y anticipos financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado» de esta Ley, cuando el tipo de interés aplicable a los préstamos y anticipos sea igual o superior al tipo de interés Euríbor a un año publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de su convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión.
Disposición adicional décima tercera. Porcentaje de afectación a fines de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Con vigencia exclusiva para el año 2018, se establece que el porcentaje objeto de afectación a los fines señalados en el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y desarrollados en el artículo 2 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre será del 50 por ciento de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
Disposición adicional décima cuarta. Reintegro de becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores.
Los ingresos que se produzcan durante el ejercicio presupuestario, derivados de las devoluciones y reintegros de becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores, incluido el pago de primas de seguros, concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las distintas convocatorias realizadas por dicho departamento ministerial conforme a lo dispuesto en la Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016, podrán generar crédito en la aplicación 18.06.463A.788.01 del estado de gastos, por resolución del titular del Departamento ministerial.
Disposición adicional décima quinta. Reintegro de becas y ayudas al estudio personalizadas.
Los ingresos derivados de los reintegros y devoluciones de becas y ayudas al estudio personalizadas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las distintas convocatorias realizadas por dicho departamento ministerial conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, que se produzcan durante el ejercicio presupuestario, podrán generar crédito en la aplicación 18.08.323M.482.00 del estado de gastos, por resolución del titular del Departamento ministerial.
Disposición adicional décima sexta. Régimen de pagos de la última convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes.
De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario, en 2018 se publicará la última convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes.
El abono de las ayudas concedidas en esta convocatoria se hará efectivo mediante dos pagos que se librarán en 2018 y 2019. La resolución de concesión fijará los importes de cada pago, siendo el primero, como mínimo, del 50 por 100 de la ayuda total concedida a cada beneficiario.
Disposición adicional décima séptima. Financiación de actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente energéticamente y sostenible.
Uno. Con efectos desde el año 2018 y vigencia indefinida, se habilita al Gobierno para establecer un sistema de ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluido la constitución de las infraestructuras energéticas adecuadas, pudiendo ser estas actuaciones susceptibles de financiarse con cargo a fondos FEDER.
Dos. La gestión del sistema de ayudas al que se refiere el párrafo anterior será asumida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Para la financiación del sistema de ayudas se consignará una dotación en el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Disposición adicional décima octava. Subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento y de seguridad de partidos políticos para 2018.
Conforme con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, durante el año 2018 la subvención estatal para gastos de funcionamiento a partidos políticos (aplicación presupuestaria 16.01.924M.485.01 «Financiación a partidos políticos») ascenderá a 52.704,14 miles de euros y la asignación anual a partidos políticos para gastos de seguridad (aplicación presupuestaria 16.01.924M.484 «Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad») ascenderá a 2.706,20 miles de euros.
II
Disposición adicional décima novena. Militares de tropa y marinería.
Las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre de cada ejercicio no podrán superar los 79.000 efectivos.
Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la aprobación de la presente Ley.
Disposición adicional vigésima. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal.
En 2018, la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal no podrá superar el límite máximo de 300 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.
Estas plazas suponen la concreción de las disponibilidades presupuestarias a las que se refiere el artículo 306.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Disposición adicional vigésima primera. Autorización adicional de plazas de ENAIRE.
La entidad pública empresarial Enaire tendrá en el año 2018 una oferta extraordinaria de 70 plazas, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición adicional vigésima novena.
Esta oferta adicional extraordinaria estará condicionada a que su ejecución no genere incremento en la masa salarial autorizada a la entidad en 2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Disposición adicional vigésima segunda. Contratos autorizados a la Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A.
La Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. (SENASA) podrá celebrar en 2018, con carácter extraordinario, 109 contratos laborales indefinidos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, que se destinarán, exclusivamente, a la consolidación de empleo temporal. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición adicional vigésima novena.
Disposición adicional vigésima tercera. Oferta de empleo público extraordinaria de ADIF.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) tendrá en 2018 una oferta extraordinaria de 183 plazas, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición adicional vigésima novena.
Disposición adicional vigésima cuarta. Oferta adicional y extraordinaria para la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Para la cobertura de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se autoriza una oferta adicional y extraordinaria de hasta un 30 por ciento de las plazas dotadas presupuestariamente que estén vacantes, correspondientes a aquellas subescalas en las que el porcentaje de las plazas ocupadas de forma accidental o interina supere el 8 por ciento.
Disposición adicional vigésima quinta. Personal docente en los Centros Universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.
Uno. Respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I del correspondiente presupuesto de gastos, las limitaciones contenidas en el artículo 19 no resultarán de aplicación a los Centros Universitarios de la Defensa en lo que se refiere al personal docente, a fin de dar cobertura a la culminación del proceso de implantación de las titulaciones universitarias que se imparten en tales Centros.
A tal fin, en el año 2018 el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, autorizará la Oferta de Empleo Público de 29 plazas para la incorporación de personal docente en los Centros citados en el párrafo anterior, en la modalidad prevista en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Dos. Los Centros Universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil podrán proceder a la contratación temporal de personal docente, para la impartición de los correspondientes títulos de grado, conforme a las modalidades previstas en los artículos 49, 50, 53 y 54 de la citada Ley Orgánica 6/2001, con respeto a las previsiones de esta Ley y de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación de personal temporal.
Tres. Previamente a lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, según el caso, aprobará las plantillas de estos Centros para personal docente que imparta los citados títulos de grado, especificando el tipo de vinculación laboral del mismo, así como sus retribuciones.
Disposición adicional vigésima sexta. Aumento de plantillas educativas de los centros existentes en Ceuta y Melilla.
Atendiendo a las circunstancias específicas que concurren en el ejercicio de las competencias educativas en el ámbito territorial de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, el Gobierno podrá anticipar, de forma adicional a la tasa de reposición que corresponda a los cuerpos de funcionarios docentes en dicho territorio, hasta un 25% de la tasa de reposición de este colectivo que, de acuerdo con los datos de los que disponga y calculada con los criterios establecidos en esta Ley, les pudiera corresponder en el ejercicio 2019.
Disposición adicional vigésima séptima. Contratos autorizados al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).
La Sociedad Mercantil Estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España S.A. M.P. podrá celebrar, con carácter extraordinario, 70 contratos laborales indefinidos, en un plan a tres años, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Dichas plazas serán adicionales a las que le correspondan conforme a las reglas de la disposición adicional vigésima novena.
Disposición adicional vigésima octava. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado.
Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado que supongan incrementos netos del número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de plazas de personal sanitario en plazas de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Disposición adicional vigésima novena. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.
Uno. 1. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere el artículo 18 apartado Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.
2. Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad pública empresarial o sociedad mercantil, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.
3. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, o cuando se lleven a cabo en los términos del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19 Uno. 3 tendrán, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de esa tasa para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad.
5. Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las contempladas en el apartado anterior, que hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.uno.7.
Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las contempladas en el apartado anterior que no hayan tenido beneficios en dos de los tres últimos ejercicios, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 75 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.uno.7.
6. Adicionalmente a lo anterior, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales podrán formalizar contratos indefinidos en un número equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinados a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos.
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.
7. Además, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de las plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Dos. En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, así como del accionista mayoritario.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas empresariales, además de las condiciones establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los efectos de obtener la mencionada autorización, en el primer semestre del año las sociedades y entidades públicas empresariales deberán remitir a dicho Ministerio, a través del accionista mayoritario, o del Ministerio u Organismo Autónomo del que dependan, una relación de las necesidades de contratación temporal previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.
Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas.
Tres. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública, podrán autorizar, por encima de los limites anteriormente señalados, las contrataciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a aquellos instrumentos de planificación estratégicos que sean aprobados por el accionista mayoritario y que hayan sido informados favorablemente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional trigésima. Contratación de personal de las fundaciones del sector público.
Uno. 1. Las fundaciones del sector público podrán proceder a contratar nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.
2. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente fundación del sector público así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.
3. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
4. Las fundaciones que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19.uno.3 tendrán, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.
Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 75 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.uno.7.
5. Adicionalmente a lo anterior, las fundaciones podrán formalizar contratos indefinidos en un número equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinados a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos.
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.
6. Además de lo previsto en los números anteriores, las fundaciones podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Asimismo, la contratación temporal en las citadas fundaciones, además de las condiciones establecidas en el apartado uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los efectos de obtener la mencionada autorización, en el primer semestre del año, el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción de la fundación deberá remitir una relación de las necesidades de contratación temporal previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.
Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional trigésima primera. Contratación de personal de los consorcios del sector público.
Uno. 1. Los consorcios que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados en el artículo 19.uno.3 tendrán, en los mismos términos establecidos en dicho precepto, como máximo, la tasa de reposición establecida para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio o para la realización de la actividad.
2. Los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y organismos que integran el sector público, definido en el artículo 18, apartado Uno, que, con arreglo a la legislación aplicable puedan contratar personal propio no incluidos en el punto anterior, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 75 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 19.Uno.7.
3. Las citadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluido el correspondiente consorcio, así como, en aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a la contratación de reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.
4. Adicionalmente, los consorcios podrán formalizar contratos indefinidos en un número equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinados a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos.
Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente en sectores con la consideración de prioritarios y cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas.
5. Además, los consorcios podrán disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de las plazas, dotadas presupuestariamente, que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.
Los procesos de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 a 2020. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación colectiva.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en ellos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.
6. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Asimismo la contratación temporal en los citados consorcios además de las condiciones establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. A los efectos de obtener la mencionada autorización, en el primer semestre del año el órgano competente del Departamento o entidad de adscripción del Consorcio deberá remitir una relación de las necesidades de contratación temporal previstas para el ejercicio, sin perjuicio de poder solicitar posteriormente autorización para aquellas contrataciones cuya necesidad se plantee en el curso del ejercicio.
Por la Secretaría de Estado de Función Pública se podrán establecer bases o criterios de actuación comunes en los procesos selectivos, con el fin de hacer efectiva la aplicación de los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, así como la implantación del procedimiento electrónico.
Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas.
Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional trigésima segunda. Personal directivo del Sector Público Estatal.
El número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, relativos a departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, no podrá incrementarse respecto al año anterior.
No obstante, las entidades o centros de nueva creación, las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales que presenten beneficios en dos de los últimos tres ejercicios y que se encuentren en un proceso de expansión, y las fundaciones del sector público estatal que presenten resultado presupuestario positivo en dos de los últimos tres ejercicios, podrán incrementar el número de directivos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En ningún caso se podrá superar el número máximo de directivos que correspondan en virtud de su clasificación según el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y las órdenes ministeriales de desarrollo.
A los efectos de este artículo, se entenderá por personal directivo el que se determina por Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo.
Disposición adicional trigésima tercera. Retribuciones de los cargos directivos y restante personal de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados.
Uno. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban los Directores Gerentes y el personal que ejerza funciones ejecutivas en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados se regirán por lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y se podrán incrementar en el porcentaje máximo previsto en el artículo 18.dos, respecto a las cuantías percibidas en 2017.
Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 88, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo establecido en el artículo 23 de esta Ley y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la autorización de la masa salarial correspondiente al personal sanitario, podrá tomar en consideración las peculiaridades retributivas de este colectivo, derivadas de las circunstancias que concurran en el mercado laboral de los ámbitos geográficos en los que se presten los servicios, y que puedan incidir de forma directa en las retribuciones de determinadas categorías de profesionales sanitarios.
Tres. De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, la eventual diferencia entre las retribuciones percibidas por el personal de las Mutuas y de sus centros mancomunados que a la entrada en vigor de dicha Ley excedieran de las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 88 de la Ley General de la Seguridad Social, será absorbida en una tercera parte en el ejercicio 2018, sin que al eventual exceso de retribuciones que perciba dicho personal le sea de aplicación el incremento que se establece en los dos apartados anteriores.
Cuatro. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados anteriores serán computables igualmente las retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las Mutuas o de las entidades vinculadas a dicho patrimonio.
Disposición adicional trigésima cuarta. Módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios de Juzgados de Paz.
Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación:
Anual/euros
De 1 a 1.999 habitantes
1.110,82
De 2.000 a 4.999 habitantes
1.666,13
De 5.000 a 6.999 habitantes
2.221,46
De 7.000 a 14.999 habitantes
3.332,12
De 15.000 o más habitantes
4.442,80
Dos. El personal, excluido el perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe funciones de Secretario de un Juzgado de Paz, con nombramiento expedido al efecto, percibirá, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las cuantías anuales que se indican a continuación:
Anual/euros
De 1 a 499 habitantes
550,10
De 500 a 999 habitantes
817,10
De 1.000 a 1.999 habitantes
978,90
De 2.000 a 2.999 habitantes
1.140,59
De 3.000 a 4.999 habitantes
1.464,13
De 5.000 a 6.999 habitantes
1.787,66
Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, y se devengarán por periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Disposición adicional trigésima quinta. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población:
Habitantes
Referencia
–
Euros
Más de 500.000
103.540,15
300.001 a 500.000
93.186,14
150.001 a 300.000
82.832,12
75.001 a 150.000
77.655,62
50.001 a 75.000
67.301,61
20.001 a 50.000
56.947,59
10.001 a 20.000
51.770,08
5.001 a 10.000
46.593,58
1.000 a 5.000
41.416,06
En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la siguiente escala, atendiendo a su dedicación:
Dedicación
Referencia
–
Euros
Dedicación parcial al 75 %.
31.062,05
Dedicación parcial al 50 %.
22.778,63
Dedicación parcial al 25 %.
15.531,53
Disposición adicional trigésima sexta. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el extranjero.
Queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Disposición adicional trigésima séptima. Incentivos al Rendimiento de las Agencias Estatales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23.tres, los importes globales de incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de gestión de las Agencias Estatales que dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en el año anterior, con el incremento máximo establecido en el artículo 18.dos.
Disposición adicional trigésima octava. Cambio situación administrativa personal militar.
Uno. Los militares de carrera que en la fecha de aprobación de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se encontraran en la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público, y no hayan pasado a la situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas o se les aplique por prestar servicio en ellas o en organismos o entidades del sector público un régimen jurídico distinto al de personal militar, podrán solicitar al Ministerio de Defensa en un plazo de tres meses contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Ley, la modificación de su situación administrativa por la de servicios en la Administración Civil, regulada en el artículo 113 bis de la Ley de la carrera militar.
El cambio de situación administrativa se producirá sin que sea necesario tener cumplidos los tiempos de servicios previstos en el apartado 2 de artículo 113 bis de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Dos. El tiempo permanecido en la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público por el personal que pase a la situación de servicios en la Administración Civil en aplicación de esta disposición, será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y derechos pasivos.
Disposición adicional trigésima novena. Limitación del gasto en la Administración General del Estado.
Cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y a los únicos efectos de permitir la aprobación de la norma reglamentaria que desarrolle, para el personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, lo establecido en el apartado 5 del artículo 25 y en los apartados 1, 2 y 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los referidos Organismos podrán aumentar el gasto neto del personal a su cargo, fijando, en todo caso, como fecha de efectos económicos del correspondiente sistema retributivo la de 1 de enero de 2018.
Igualmente, se exceptúan de esta prohibición las medidas necesarias para la aplicación del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil de 12 de marzo de 2018.
Disposición adicional cuadragésima. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
Uno. Las Administraciones y el resto de entidades que integran el sector público que no hubieran abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, podrán proceder a dicha devolución, teniendo en cuenta su situación económico-financiera.
Dos. La devolución se realizará en los mismos términos y con el cumplimiento de los requisitos señalados en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, y en la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
Disposición adicional cuadragésima primera. Restablecimiento de las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en las normas básicas del Estado.
Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público que en ejercicios anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de Presupuestos.
Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la consideración de incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tres. Esta medida sólo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que cumplan los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, en los términos que resultan del artículo 17 apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Disposición adicional cuadragésima segunda. Contratación de seguros de responsabilidad civil.
Se podrán concertar seguros que cubran la responsabilidad civil profesional del personal al servicio de la Administración del Estado, de sus Organismos Autónomos, de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social en los que concurran circunstancias que haga necesaria dicha cobertura, sin que en ningún caso puedan suponer incremento de la masa salarial, en los términos que establece la presente Ley.
La determinación de las funciones y contingencias concretas que se consideran incluidas en el ámbito del párrafo anterior corresponderá al titular del Departamento, Organismo, Entidad o Servicio correspondiente.
Disposición adicional cuadragésima tercera. Exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral.
Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las actuaciones que se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones.
III
Disposición adicional cuadragésima cuarta. Incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad en determinados supuestos.
El porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, regulado en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, será del 56 por ciento desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.
Este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero de 2019.
Disposición adicional cuadragésima quinta. Revisión de determinadas pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Las pensiones de viudedad causadas antes de la entrada en vigor de esta Ley y vigentes en esta fecha, a las que deba aplicarse el incremento del porcentaje establecido en el artículo 39.3 y en la disposición adicional decimonovena del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por concurrir los requisitos previstos en el citado artículo, se revisarán de oficio con efectos económicos del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.
La revisión prevista en el párrafo anterior se llevará a cabo por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública y por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Disposición adicional cuadragésima sexta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social.
A partir de 1 de enero de 2018, la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, regulados en el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, serán los siguientes:
Uno. La cuantía de la asignación económica establecida en el artículo 353.1 será en cómputo anual de 291,00 euros.
Dos. La cuantía de las asignaciones establecidas en el artículo 353.2 para los casos en que el hijo o menor a cargo tenga la condición de persona con discapacidad será:
a) 1.000,00 euros cuando el hijo o menor a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
b) 4.561,20 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
c) 6.842,40 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Tres. La cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 358.1, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad, será de 1.000,00 euros.
Cuatro. Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 352.1.c), quedan fijados en 11.953,94 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en 17.991,42 euros, incrementándose en 2.914,12 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
Disposición adicional cuadragésima séptima. Subsidios económicos contemplados en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y pensiones asistenciales.
Uno. A partir del 1 de enero del año 2018, los subsidios económicos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se fijarán, según la clase de subsidio, en las siguientes cuantías:
Euros/mes
Subsidio de garantía de ingresos mínimos.
149,86
Subsidio por ayuda de tercera persona.
58,45
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
65,30
Dos. A partir del 1 de enero del año 2018, las pensiones asistenciales reconocidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre.
Tres. Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión, a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado Departamento ministerial.
Disposición adicional cuadragésima octava. Revalorización para el año 2018 de las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, causadas hasta el 31 de diciembre de 2017, experimentarán en 2018 un incremento del 1,6 por ciento.
Disposición adicional cuadragésima novena. Actualización de la cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo.
A partir del 1 de enero de 2018, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, a la diferencia entre 7.316,47 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la diferencia entre 7.316,47 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005.
Disposición adicional quincuagésima. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Durante el año 2018 las cuantías mensuales reconocidas a favor de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público, se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre el importe de 623,04 euros.
Disposición adicional quincuagésima primera. Incremento adicional de las pensiones.
Uno. En el año 2018, las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un 1,35 % adicional a lo previsto en el artículo 35 de esta Ley.
Para la aplicación de este incremento se tomará la cuantía de pensión resultante de la revalorización efectuada el 1 de enero de 2018 conforme al artículo 35 de esta Ley.
En el año 2019, si no hubiera acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para la revalorización anual, las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un porcentaje adicional equivalente a la diferencia entre el Índice de Revalorización de Pensiones fijado para ese año, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el 1,6 por ciento.
Cuando el pensionista perciba una o más pensiones públicas el incremento previsto en esta disposición adicional no podrá suponer, en ningún caso, que la suma de todas ellas supere el límite máximo de pensiones públicas previsto en esta Ley.
Dos. En el año 2018, las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas se incrementarán en un 2,75 % adicional a lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, y quedan fijadas, en los importes siguientes, en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular:
Clase de pensión
Importe
Con cónyuge a cargo
–
Euros/año
Sin cónyuge: unidad económica unipersonal
–
Euros/año
Con cónyuge no a cargo
–
Euros/año
Pensión de jubilación o retiro
11.348,40
9.196,60
8.727,60
Pensión de viudedad
9.196,60
Pensión familiar distinta de la de viudedad, siendo N el número de beneficiarios de la pensión o pensiones
8.964,20
N
Tres. En el año 2018, las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, se incrementarán en un 2,75 % adicional a lo previsto en el artículo 43 de esta Ley, resultando los importes siguientes en cómputo anual, clase de pensión y requisitos concurrentes en el titular:
Clase de pensión
Titulares
Con cónyuge a cargo
–
Euros/año
Sin cónyuge: unidad económica unipersonal
–
Euros/año
Con cónyuge no a cargo
–
Euros/año
Jubilación
Titular con sesenta y cinco años
11.348,40
9.196,60
8.727,60
Titular menor de sesenta y cinco años
10.638,60
8.603,00
8.132,60
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez
17.022,60
13.795,60
13.091,40
Incapacidad Permanente
Gran invalidez
17.022,60
13.795,60
13.091,40
Absoluta
11.348,40
9.196,60
8.727,60
Total: Titular con sesenta y cinco años
11.348,40
9.196,60
8.727,60
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
10.638,60
8.603,00
8.132,60
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años
5.720,40
5.720,40
5.666,78
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años
11.348,40
9.196,60
8.727,60
Viudedad
Titular con cargas familiares
10.638,60
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
9.196,60
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
8.603,00
Titular con menos de sesenta años
6.966,40
Clase de pensión
Euros/año
Orfandad
Por beneficiario
2.809,80
Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
5.530,00
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.966,40 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
En favor de familiares
Por beneficiario
2.809,80
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años
6.791,40
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años
6.400,80
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.156,60 euros/año entre el número de beneficiarios.
Cuatro. En el año 2018, las cuantías siguientes se incrementarán en un 2,75 % adicional a lo previsto en los correspondientes artículos 42, 43, 44 y 45 de esta Ley, y quedan fijadas en los importes siguientes:
1. Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:
En las pensiones de Clases Pasivas: 7.347,99 euros/año.
En las pensiones de la Seguridad Social:
Sin cónyuge a cargo: 7.347,99 euros/año.
Con cónyuge a cargo: 8.571,51 euros/año.
2. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.321,40 euros/año.
3. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):
– Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.887,00 euros/año.
– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.714,80 euros/año.
Cinco. En el año 2018, la cuantía del límite máximo de percepción de pensiones públicas se incrementará en un 1,35 por ciento adicional a lo previsto en los artículos 38, 40 y 41 de esta Ley, y queda fijada en los importes siguientes: 36.609,44 euros/año o 2.614,96 euros/mes.
Disposición adicional quincuagésima segunda. Cómputo de los periodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales para el reconocimiento y cálculo de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad contributiva.
A efectos del reconocimiento y cálculo de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad contributiva, se computarán los períodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales ubicadas en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Disposición adicional quincuagésima tercera. Aplazamiento de la aplicación de la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Se aplaza la aplicación de lo establecido en la disposición adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Disposición adicional quincuagésima cuarta. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.
Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo Administrativo, de acuerdo con el régimen retributivo establecido en su normativa, además del subsidio de incapacidad temporal, cada Administración Pública podrá acordar, previa negociación colectiva, para el período de tiempo que no comprenda la aplicación del subsidio de incapacidad temporal, la percepción de hasta el cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. Durante la percepción del subsidio por incapacidad temporal, éste podrá ser complementado por el órgano encargado de la gestión de personal, previa negociación colectiva, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que el funcionario hubiera percibido el mes de inicio de la incapacidad temporal.
Para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio por incapacidad temporal, se estará a lo previsto en su actual normativa reguladora.
Dos. Para la determinación de lo previsto en los apartados anteriores podrán, en su caso, establecerse diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya dado lugar a la incapacidad temporal o a la duración de la misma, sin que en ningún caso el régimen de seguridad social de pertenencia pueda justificar un trato más perjudicial para uno u otro colectivo, computando para ello tanto las prestaciones o subsidios a que se tengan derecho como las retribuciones que se abonen por la Administración respectiva, para lo cual dicha Administración deberá aprobar, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, el abono de unas retribuciones que permitan garantizar esta equivalencia de percepciones.
Los supuestos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales, así como los que afecten a la mujer gestante, deberán tener necesariamente el trato más favorable de los acordados por la Administración respectiva.
Tres. Por las distintas Administraciones Públicas deberá regularse la forma de justificación de las ausencias por causa de enfermedad o que den lugar a una incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación acreditativa, según proceda, desde el primer día de ausencia.
Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de Transparencia. En dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral.
Cinco. Lo previsto en esta disposición resulta de aplicación al personal de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y al personal de los órganos constitucionales.
Seis. En el caso de la Administración del Estado, la regulación a la que se refieren los aparatos Uno y Dos de esta disposición se aprobará por decreto del Consejo de Ministros.
Siete. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición adicional quincuagésima quinta. Incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado en 2019.
El incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado en favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, regulado en el artículo 39.3 y en la disposición adicional decimonovena del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, alcanzará ocho o cuatro puntos, según corresponda, el 1 de enero de 2019.
Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985.
Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965.
Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
Tres. Las personas afectadas por Talidomida en España tienen derecho a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, así como para suplir las deficiencias causadas por las lesiones originadas por la embriopatía, estando para ello exentos de cualquier tipo de pago.
Cuatro. El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.
Cinco. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta disposición adicional.
IV
Disposición adicional quincuagésima séptima. Interés legal del dinero.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en el 3,00 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2018.
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será el 3,75 por ciento.
Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 por ciento.
Disposición adicional quincuagésima octava. Garantía del Estado para obras de interés cultural.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el ejercicio 2018, el importe total acumulado, en todo momento, de los compromisos otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y sus Organismos públicos adscritos no podrá exceder de 2.250.000 miles de euros. Se excluirá del cómputo de dicho importe máximo la cuantía contemplada en el punto dos de esta disposición adicional.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en el año 2018 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a una nueva exposición.
Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000 miles de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El importe máximo comprometido en una obra, a efectos de su cobertura por la Garantía del Estado, no podrá superar los 100.000 miles de euros.
Dos. El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el año 2018 será de 500.000 miles de euros.
Tres. En el año 2018 también será de aplicación la Garantía del Estado a las exposiciones organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y por «Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (AC/E)» siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Administración General del Estado sea titular. Asimismo la Garantía del Estado será de aplicación a las exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo.
Disposición adicional quincuagésima novena. Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.
Durante la vigencia de esta Ley el límite máximo para nueva contratación de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, excluidas las póliza abiertas de corto plazo, salvo las de créditos documentarios, que podrá emitir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima (CESCE) por cuenta del Estado, será para el ejercicio económico en curso de 9.000.000 miles de euros.
Disposición adicional sexagésima. Dotación de los fondos de fomento a la inversión española con interés español en el exterior.
Uno. Durante la vigencia de esta Ley la dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se establece en 10.000,00 miles de euros en el ejercicio económico en curso. El Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior podrá aprobar durante dicho ejercicio operaciones por un importe total máximo equivalente a 300.000,00 miles de euros.
Dos. Durante la vigencia de esta Ley la dotación del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa se establece en 2.000,00 miles de euros en el ejercicio económico en curso. El Comité Ejecutivo del Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa podrá aprobar durante dicho ejercicio operaciones por un importe total máximo equivalente a 35.000,00 miles de euros.
Disposición adicional sexagésima primera. Avales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y de la Secretaría de Estado de Turismo.
Uno. Se autoriza al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a prestar avales en el ejercicio 2018 hasta 50.000,00 miles de euros, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), para cubrir el 50 % del riesgo de los préstamos concedidos con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el marco de Convenio de Colaboración entre el IDAE y el ICO para la instrumentación de la línea «ICO-IDAE Eficiencia energética 2017-2018»
Dos. Se autoriza a la Secretaría de Estado de Turismo a prestar avales en el ejercicio 2018 hasta 15.000,00 miles de euros, con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para la cobertura del 50 % del riesgo de los préstamos concedidos a empresas del sector de la hostelería con cargo a fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el marco de Convenio de Colaboración entre el IDAE y el ICO para la instrumentación de la línea «ICO-IDAE Eficiencia energética 2017-2018. La Secretaría de Estado de Turismo se adherirá a dicho Convenio de colaboración a los efectos de desarrollar lo dispuesto en la presente disposición.
Disposición adicional sexagésima segunda. Creación del Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, FCPJ.
Se crea el Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, bajo la denominación de Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, FCPJ, cuyo objeto será la redistribución de recursos del conjunto de los Consorcios de Zona Franca.
El Fondo se adscribe a la Administración General del Estado. Su gestión se atribuye al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
Estarán adheridos al Fondo los Consorcios de Zona Franca existentes en cada momento.
Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo se sostendrá mediante las aportaciones anuales que realicen los Consorcios de Zona Franca. La cuantía de las aportaciones se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, la cual será obligatoria para los Consorcios de Zona Franca. El cálculo de las aportaciones tomará como referencia los ingresos derivados del recurso financiero regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1999 en un porcentaje que oscilará entre un mínimo del 4% y un máximo del 12% del importe de dicho recurso correspondiente al último ejercicio liquidado. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar estos porcentajes.
La distribución de los recursos del Fondo requerirá petición previa motivada del correspondiente Consorcio. Se autorizará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública.
El grupo de coordinación regulado en la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se crea el Grupo de coordinación de los Delegados Especiales del Estado en los Consorcios de Zona Franca, será oído en la fijación y distribución de los recursos del Fondo.
Por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública se desarrollarán los requisitos para la realización de aportaciones, las condiciones para la distribución y percepción de fondos y otros aspectos relacionados con el funcionamiento del Fondo.
Disposición adicional sexagésima tercera. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica. Préstamos participativos.
El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 20.500,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.16.433M.821.11.
La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará el informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos.
Disposición adicional sexagésima cuarta. Apoyo financiero a jóvenes emprendedores.
El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, será de 20.500,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.16.433M.821.12.
La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará el informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos.
Disposición adicional sexagésima quinta. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas.
El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación creada en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, será de 57.500,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.16.433M.821.10.
La aprobación de cualquier acto o negocio jurídico a realizar para disponer del crédito previsto en el párrafo anterior necesitará el informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacer posible su financiación mediante Fondos Estructurales Europeos.
Disposición adicional sexagésima sexta. Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Uno. El Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales del Estado para 2009 y que tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que lleven a cabo dicha actividad, tendrá una dotación para el ejercicio 2018 de 5.000 miles de euros, aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha dotación será desembolsada y transferida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Dos. El procedimiento y condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los criterios y procedimientos de selección, concesión y control de la financiación a otorgar por el mismo, serán los establecidos en el convenio firmado para el ejercicio 2009 entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), salvo que por las Instituciones firmantes se considere necesario efectuar alguna modificación para su mejor funcionamiento.
Tres. El Fondo podrá utilizar remanentes de convocatorias anteriores en la financiación a conceder a empresas en convocatorias posteriores. El Fondo podrá utilizar los recursos procedentes de las amortizaciones y los rendimientos financieros de financiaciones concedidas en la financiación a conceder a empresas en nuevas convocatorias.
Cuatro. El Fondo podrá dedicar parte de sus recursos a la constitución de Fondos que tendrían el mismo fin pero limitarían su ámbito de actuación a una Comunidad Autónoma, previa decisión por unanimidad de la Comisión de Inversiones y Seguimiento prevista en el citado Convenio. Estos nuevos Fondos, constituidos a través de un Convenio de las partes, contarían con los recursos aportados por el Fondo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad Autónoma correspondiente y las entidades económico-financieras que pudieran estar interesadas.
Cinco. A la liquidación del Fondo, que se producirá el 30 de septiembre de 2022, SEPI ingresará en el Tesoro Público la dotación percibida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, menos el importe correspondiente a las operaciones de financiación fallidas, si las hubiere, y los gastos derivados de la gestión del Fondo desde su creación, más los rendimientos financieros que puedan generar las cantidades aportadas al mismo.
Seis. Este Fondo carece de personalidad jurídica. Las responsabilidades del Fondo se limitarán exclusivamente a aquéllas que la entidad gestora haya contraído por cuenta del mismo. Igualmente, los posibles acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra el patrimonio de la entidad gestora.
Disposición adicional sexagésima séptima. Endeudamiento de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad.
Con el fin de garantizar la adecuación a la nueva normativa reguladora del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales así como el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Entidad Pública ADIF-Alta Velocidad precisará la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública para llevar a cabo las operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que estas se formalicen, incluidas en el límite máximo de endeudamiento de la entidad contemplado en la presente Ley.
Las autorizaciones se instrumentarán de acuerdo con las siguientes reglas, atendiendo al tipo de operaciones:
1. En cualquier caso, las operaciones deberán estar previstas en los planes y programas de actuación y/o inversión de la Entidad.
2. El saldo vivo de la deuda a corto plazo no podrá variar desde 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, en una cuantía superior a la que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
3. Cada una de las operaciones de endeudamiento con un plazo de vencimiento superior a un año precisará la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
4. El expediente de autorización será remitido por ADIF-Alta Velocidad al Ministerio de Hacienda y Función Pública con toda la documentación precisa y descriptiva de las operaciones a efectuar y con indicación de las consecuencias que de las mismas puedan resultar en los planes y programas de actuación y/o inversión de la Entidad, así como para la absorción de fondos comunitarios o el cumplimiento de otras obligaciones financieras asumidas por ADIF-Alta Velocidad.
V
Disposición adicional sexagésima octava. Exención de determinadas rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias.
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017, y con vigencia indefinida, estarán exentas en el Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de la transmisión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con su objeto o finalidad específica.
Disposición adicional sexagésima novena. Afectación recaudación tasas DNI y pasaportes.
Afectación de la recaudación de las tasas de expedición del documento nacional de identidad y pasaportes. Se afecta la recaudación de las tasas de expedición del documento nacional de identidad y pasaportes con vigencia indefinida a la financiación de las actividades desarrolladas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en cumplimiento de las encomiendas de gestión realizadas por los centros del Ministerio del Interior para la expedición de los indicados documentos, en los porcentajes que se recogen a continuación:
Tasas
Porcentaje de afectación
Tasa 013 de Expedición del Pasaporte
57 %
Tasa 014 de Expedición del DNI
88 %
Disposición adicional septuagésima. Transferencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del Peaje 6.1.b).
Uno. Con efectos exclusivos para 2018, y con el fin de compensar en el Sistema eléctrico la reducción de ingresos consecuencia de la eliminación del peaje de acceso 6.1.b), el Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital transferirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia crédito por importe de 40.000 miles de euros de la partida 20.18.000X.736.
Dos. El importe, transferido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al que se refiere el párrafo anterior, será incorporado de una sola vez, como ingreso, al sistema de liquidaciones del sistema eléctrico gestionado por ese organismo.
Disposición adicional septuagésima primera. Actividades prioritarias de mecenazgo.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, durante el año 2018 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes:
1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios.
2.ª Las llevadas a cabo por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el Consejo Superior de Deportes en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación del deporte y la promoción del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte.
Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades señaladas en el párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden beneficiarse de la elevación en cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante.
3.ª Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y funciones de carácter cultural y de investigación científica establecidos por la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España y por el Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.
4.ª Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las Administraciones públicas o con el apoyo de éstas.
5.ª Las llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado para la consecución de sus fines establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado y en el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado.
6.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el anexo XIII de esta Ley.
7.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet.
8.ª Los programas de formación y promoción del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas.
9.ª Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con éstas.
10.ª La investigación, desarrollo e innovación en las infraestructuras que forman parte del Mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) aprobado el 7 de octubre de 2014 por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación y que, a este efecto, se relacionan en el anexo XIV de esta Ley.
11.ª La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para el período 2013-2020 y financiados o realizados por las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
12.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
13.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Estatal de Investigación para el fomento y financiación de las actuaciones que derivan de las políticas de I+D de la Administración General del Estado.
14.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.
15.ª Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior.
16.ª Las actividades de promoción educativa en el exterior recogidas en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
17.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas “Oportunidad al Talento”, así como las actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural “Cambio de Sentido” y la Exposición itinerante “El Mundo Fluye”.
18.ª Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE del perro guía en el marco del “Treinta Aniversario de la Fundación ONCE del Perro Guía”.
19.ª Las actividades que se lleven a cabo en aplicación del “Pacto Iberoamericano de Juventud”.
20.ª Las llevadas a cabo por el Fondo de Becas Soledad Cazorla para Huérfanos de la violencia de género (Fundación Mujeres).
Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002, se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las actividades incluidas en el apartado anterior.
Disposición adicional septuagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables a la «50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona».
Uno. El Programa «50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a «Centenarios del Real Sitio de Covadonga».
Uno. El Programa «Centenarios del Real Sitio de Covadonga» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables a «Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019».
Uno. El Programa «Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables a «Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021».
Uno. El Programa «Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables a «Andalucía Valderrama Masters».
Uno. El Programa «Andalucía Valderrama Masters» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a «La Transición: 40 años de Libertad de Expresión».
Uno. El Programa «La Transición: 40 años de Libertad de Expresión» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima octava. Beneficios fiscales aplicables a «Barcelona Mobile World Capital».
Uno. El Programa «Barcelona Mobile World Capital» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020».
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional septuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del acontecimiento «Ceuta y la Legión, 100 años de unión».
Uno. El Programa «Ceuta y La Legión, 100 años de unión» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 20 de septiembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019».
Uno. El Programa «Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima primera. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Bádminton World Tour».
Uno. El Programa «Bádminton World Tour» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima segunda. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Nuevas Metas».
Uno. El Programa «Nuevas Metas» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima tercera. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Barcelona Equestrian Challenge (3.ª edición)».
Uno. El Programa «Barcelona Equestrian Challenge (3.ª edición)» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Universo Mujer II».
Uno. El Programa «Universo Mujer II» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima quinta. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Logroño 2021, nuestro V Centenario».
Uno. El Programa «Logroño 2021, nuestro V Centenario» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima sexta. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Centenario Delibes».
Uno. El Programa «Centenario Delibes» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima séptima. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Año Santo Jacobeo 2021».
Uno. El Programa «Año Santo Jacobeo 2021» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad por el Consejo Jacobeo.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima octava. Beneficios fiscales aplicables al Programa «VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021».
Uno. El Programa «VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional octogésima novena. Beneficios fiscales aplicables al Programa «Deporte Inclusivo».
Uno. El Programa Beneficios fiscales aplicables al Programa «Deporte Inclusivo» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 junio de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima. Beneficios fiscales aplicables al «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II».
Uno. El Programa «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima primera. Beneficios fiscales aplicables al Programa «España, Capital del Talento Joven».
Uno. El Programa «España, Capital del Talento Joven» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima segunda. Beneficios fiscales aplicables a «Conmemoración del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del Rocío (1919-2019)».
Uno. El Programa «Conmemoración del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del Rocío (1919-2019)» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima tercera. Beneficios fiscales aplicables a «Traslado de la Imagen de Nuestra Señora del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte».
Uno. El Programa «Traslado de la Imagen de Nuestra Señora del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima cuarta. Beneficios fiscales aplicables a «Camino Lebaniego».
Uno. El Programa Beneficios fiscales aplicables a «Camino Lebaniego» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima quinta. Beneficios fiscales aplicables a «Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)».
Uno. El Programa «Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima sexta. Beneficios fiscales aplicables a «Expo Dubai 2020».
Uno. El Programa Beneficios fiscales aplicables a «Expo Dubai 2020» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima séptima. Beneficios fiscales aplicables a «Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación».
Uno. «Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y programas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima octava. Beneficios fiscales aplicables a «Camino de la Cruz de Caravaca».
Uno. El Programa «Camino de la Cruz de Caravaca» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2019.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional nonagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad».
Uno. La celebración del «XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 8 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre 2020.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002.
Disposición adicional centésima. Beneficios fiscales aplicables al evento «AUTOMOBILE BARCELONA 2019».
Uno. La celebración de los actos del evento «AUTOMOBILE BARCELONA 2019» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de septiembre de 2018 al 1 de septiembre de 2021.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizados a los objetivos y planes del programa será competencia de un órgano administrativo competente que se creará conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y la concreción de las actividades específicas se realizarán por el órgano competente al que se ha hecho referencia en el apartado Tres de esta disposición.
Cinco. Los beneficios de este programa serán los máximos previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Las cantidades satisfechas, en concepto de patrocinio, por las empresas patrocinadoras al Órgano administrativo competente, entidades de titularidad pública o entidades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, encargadas de la realización de programas y actividades del acontecimiento, se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el segundo párrafo del número primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, antes mencionada.
Disposición adicional centésima primera. Régimen fiscal de las aportaciones al fondo ex ante constituido en el marco de un sistema institucional de protección de los previstos en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2017, cuando en el marco de un sistema institucional de protección de los previstos en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, se haya constituido un fondo ex ante que garantice que el sistema institucional de protección tiene fondos directamente a su disposición para medidas de apoyo a la liquidez y solvencia y que contribuyan a la prevención de la resolución, las aportaciones que sus miembros realicen a dicho fondo, no se integrarán a efectos del Impuesto sobre Sociedades en la base imponible del fondo ex ante o entidad que, en el marco del citado sistema institucional de protección, las reciba.»
Disposición adicional centésima segunda. Efectividad de la previsión del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, por el que se adecua la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.ª del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente.
Se implanta el recurso regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, por el que se adecua la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.ª del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente, en los Consorcios de las Zonas Francas de Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Sevilla y Santander.
Disposición adicional centésima tercera. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social.
Uno. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo periodo impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la cuota íntegra total declarada, determinada en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional el 30 de septiembre de 2019 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.
Las cuantías destinadas a estas subvenciones –que en todo caso se destinarán a financiar proyectos de entidades de ámbito estatal–, se gestionarán y se otorgarán de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
VI
Disposición adicional centésima cuarta. Suspensión de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Durante el año 2018 se suspende la aplicación del artículo 7.2, del artículo 8.2.a), del artículo 10 y del artículo 32.3, párrafo primero, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Disposición adicional centésima quinta. Suspensión normativa.
Queda sin efecto para el ejercicio 2018 lo previsto en el artículo 2 ter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Disposición adicional centésima sexta. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social.
El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2018 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional el 30 de noviembre de 2019 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.
La cuantía total asignada en los presupuestos de 2018 para actividades de interés general consideradas de interés social se distribuirá aplicando los siguientes porcentajes: El 77,72 por 100 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 19,43 por 100 al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el 2,85 por 100 al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Estos porcentajes serán de aplicación sobre la liquidación definitiva practicada en el propio ejercicio 2018.
Las cuantías destinadas a estas subvenciones se gestionarán y se otorgarán por las Administraciones competentes.
Disposición adicional centésima séptima. Autorización de pagos a cuenta por los servicios de cercanías y regionales traspasados a la Generalitat de Cataluña.
Uno. Lo establecido en el apartado Uno de la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, será de aplicación al coste neto de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales cuyas funciones fueron traspasadas a la Generalitat de Cataluña, prestados en 2017 por Renfe Viajeros, S.A.
Dos. El libramiento se efectuará una vez la Intervención General de la Administración del Estado emita el correspondiente informe de control financiero sobre la propuesta de liquidación elaborada por Renfe-Operadora, en el que verificará especialmente que los criterios de imputación de ingresos y gastos sean análogos a los que se deriven del «Contrato entre la Administración General del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal Renfe-Viajeros, S.A. para la prestación de los servicios públicos de transporte ferroviario de viajeros por ferrocarril de «cercanías», «media distancia» y «ancho métrico», competencia de la Administración General del Estado, sujetos a obligaciones de servicio público en el periodo 2016», prorrogado para el año 2017. El informe deberá emitirse antes del 30 de septiembre de 2018.
Para ello, Renfe-Viajeros S.A. deberá poner a disposición de la Intervención de la Administración General del Estado, al menos tres meses antes, tanto la propuesta de liquidación como toda la información y documentación precisas para su verificación, incluidos los estudios que permitan valorar y cuantificar los efectos sobre el déficit de explotación de las medidas tarifarias aprobadas por la Generalitat.
No será objeto de compensación el mayor déficit de explotación que pudiera haberse originado a Renfe Viajeros, S.A. como consecuencia de decisiones de la Generalitat de Cataluña, en uso de sus competencias, en cuanto a política tarifaria o estándares de calidad, compromisos y condiciones, distintos de los considerados a efectos del contrato citado con anterioridad.
Tres. El libramiento se efectuará, tras tener en cuenta el informe de control financiero a que se refiere el apartado dos, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria e importe de los Presupuestos Generales del Estado para 2018: 17.39.441M.447 «a Renfe-Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes al ejercicio 2017, pendientes de liquidación», por 176.023,00 miles de euros.
Cuatro. La transferencia a que se refiere el apartado anterior tendrá carácter de cantidad a cuenta de la liquidación definitiva que se acuerde en el marco de la metodología aprobada por Acuerdos de 22 de diciembre de 2009, de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Cataluña, de valoración de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías prestados por Renfe-Operadora en Barcelona y de 17 de noviembre de 2010 de la misma Comisión Mixta sobre valoración de los servicios regionales.
Cinco. Efectuada la liquidación definitiva, la diferencia positiva o negativa que resulte respecto de la cantidad a cuenta abonada en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, podrá destinarse por la Administración General del Estado a incrementar o minorar las transferencias a efectuar por los servicios prestados en los ejercicios siguientes.
Disposición adicional centésima octava. Medidas en el ámbito sectorial del carbón.
Uno. El Gobierno, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico de las comarcas mineras, promoverá la firma de convenios marco de colaboración entre el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital y las Comunidades Autónomas afectadas por el cierre de la minería del carbón, conforme a lo previsto en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.
Dos. Excepcionalmente dichos convenios marco podrán prever la incorporación de actuaciones adicionales de proyectos de los sucesivos planes sectoriales del carbón que se encuentren pendientes de liquidación, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública y siempre con pleno cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de su normativa de desarrollo.
Tres. Asimismo, el Gobierno promoverá mecanismos de apoyo, por un importe de 20 millones de euros, para la reducción de las emisiones medioambientales en las centrales térmicas de carbón, con sometimiento a los requisitos y límites previstos en la normativa de ayudas de estado de la Unión Europea.
Disposición adicional centésima novena. Incidencia de la modificación del Impuesto sobre Hidrocarburos en el Fondo de Suficiencia Global.
Previo acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las modificaciones en los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aprobadas en virtud del artículo 82 de esta Ley no se considerarán supuesto de revisión del Fondo de Suficiencia Global de los previstos en el artículo 21 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Disposición adicional centésima décima. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado mencionado en el Capítulo I, del Título VII de la presente Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A los efectos del cálculo de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice provisional de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2018, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que consisten en:
1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2018 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por IRPF, IVA e IIEE, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009.
2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004, se utilizarán los criterios de homogeneización establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. Esto es, se procederá a simular la entrega a cuenta del año 2004 de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión correspondientes al año 2018. Por lo que respecta a la liquidación del 2002 se calculará por diferencia entre el rendimiento definitivo de las Comunidades Autónomas en los términos de cesión del año 2018 y las entregas que se hubieran efectuado de acuerdo con dichos términos de cesión.
Igualmente para la determinación del resto de los índices de evolución regulados en el Capítulo I del Título VII de la presente Ley, distintos del anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sustituyendo, si procede, el año base 2007 por el que corresponda.
Disposición adicional centésima décima primera. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2016.
A los efectos de la liquidación definitiva de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2016 y de la aplicación del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2016, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que consisten en:
1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2016 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009.
2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 o 2006, se utilizarán los criterios establecidos en la letra e) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2009, considerando como año base el año 2004 o 2006, según proceda.
Disposición adicional centésima décima segunda. Agrupación de compensaciones y ayudas a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
Uno. En el programa 942N, de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, se agrupa el conjunto de compensaciones y ayudas que se reconocen a las Ciudades de Ceuta y de Melilla en normas con rango de ley. A estos efectos se agrupan las dotaciones que dan cobertura a:
– Subvención por los gastos de funcionamiento de las plantas desalinizadoras, a la que se refiere el artículo 121 de la presente Ley.
– Compensación por la que se garantiza la recaudación líquida del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, correspondiente a las importaciones, al gravamen complementario sobre las labores del tabaco y al Gravamen Complementario sobre Carburantes y Combustibles Petrolíferos de las Ciudades de Ceuta y Melilla, determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que resulte de la aplicación del artículo 103 de la presente Ley.
Dos. Se podrán agrupar en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado otras ayudas y subvenciones que, para atender necesidades singulares y estructurales, reciben las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia de servicios sociales, educación, fomento del empleo y vivienda, previa la transferencia de crédito correspondiente desde el concepto en el que estén incluidas al que corresponda en el programa 942N, de aquella Sección.
La transferencia de crédito se realizará a iniciativa del departamento ministerial en cuyo presupuesto estén consignados los créditos y se autorizará por el Ministro de Hacienda y Función Pública.
Las ayudas citadas en el párrafo anterior se harán efectivas en la forma que se establezca en el instrumento regulador correspondiente, que para el otorgamiento de subvenciones directas establece el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. En ese mismo instrumento regulador deberá recogerse, en su caso, la agrupación a la que se refiere la presente disposición adicional.
Tres. La agrupación a que se refiere esta disposición se cuantifica en un importe global de 76.500 miles de euros para el ejercicio 2018, y será independiente y compatible con la financiación que corresponda a las Ciudades de Ceuta y de Melilla por aplicación de los sistemas comunes de financiación autonómica y local y con los créditos presupuestarios recogidos para financiar actuaciones en dichas Ciudades en el programa 942N de la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Cuatro. La agrupación de compensaciones y ayudas a la que se refiere la presente norma no implicará alteración del régimen presupuestario, de gestión y de control que resulte de aplicación a los gastos correspondientes a los distintos conceptos agrupados.
Disposición adicional centésima décima tercera. Regulación de la concesión de subvenciones nominativas destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias.
Uno. Para el ejercicio 2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones nominativas destinadas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia y a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a otorgar por parte de la Administración General del Estado, se concederán mediante resolución del Secretario de Estado de Hacienda.
Dos. Las subvenciones se destinan a la financiación por parte de la Administración General del Estado de las necesidades del sistema del transporte terrestre público regular de viajeros en los siguientes ámbitos de actuación:
– Madrid: Ámbito definido en la en la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.
– Barcelona: Ámbito definido en el artículo 1 de los estatutos de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, aprobados por el Decreto 151/2002, de 28 de mayo, de la Generalidad de Cataluña-Generalitat de Catalunya.
– Islas Canarias: Ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
– Valencia: Ámbito de actuación de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia de conformidad con su normativa reguladora.
Tres. Los libramientos se efectuarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias e importes:
– Madrid: 32.01.441M.454 «Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros» por importe de 126.894,00 miles de euros.
– Barcelona: 32.01.441M.451 «A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros» por importe de 109.301,52 miles de euros.
– Valencia: 32.01.441M.455 «A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, para la financiación del transporte regular de viajeros» por importe de 10.000,00 miles de euros.
– Islas Canarias: 32.01.441M.453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias» por importe de 47.500,00 miles de euros.
Cuatro. El pago de la subvención, desde el mes de enero hasta el mes de junio de 2018, se realizará mediante pagos anticipados mensuales por un importe equivalente a la doceava parte de la consignación presupuestaria.
A partir del mes de julio de 2018, el pago de la subvención se realizará tras tener en cuenta la liquidación señalada en el apartado cinco y las cantidades entregadas como pagos anticipados correspondientes al primer semestre de 2018, mediante libramientos mensuales por sextas partes.
Cinco. Antes del 15 de julio de 2018, los destinatarios señalados en el apartado Tres remitirán a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local las siguientes certificaciones:
– Madrid:
A) Certificación de la Comunidad Autónoma de Madrid de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2018, al Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2017.
B) Certificación del Ayuntamiento de Madrid de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2018, al Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2017.
Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera igual a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro.
Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera inferior a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la Administración General del Estado se calculará como el producto de la consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2017, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro.
– Barcelona:
A) Certificación de la Generalidad de Cataluña-Generalitat de Catalunya de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2018, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2017.
B) Certificación del Ayuntamiento de Barcelona de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2018, a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2017.
Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera igual a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro.
Si la suma de los pagos efectuados por ambas Administraciones fuera inferior a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la Administración General del Estado se calculará como el producto de la consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2017, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro.
– Islas Canarias:
Certificación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias de las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados, hasta el 30 de junio de 2018, a los Cabildos Insulares, para atender la finalidad prevista en la base primera, con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2017.
Si los pagos efectuados fueran iguales a las obligaciones reconocidas, la aportación consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 se elevará a definitiva y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro.
Si los pagos efectuados fueran inferiores a las obligaciones reconocidas, la aportación definitiva de la Administración General del Estado se calculará como el producto de la consignada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018 por el factor resultante de dividir los pagos efectuados entre las obligaciones reconocidas, ambos con cargo a los presupuestos de 2017, y se procederá a su libramiento conforme a lo indicado en el segundo párrafo del apartado Cuatro, siempre que la cifra resultante sea superior a los pagos anticipados efectuados. En caso contrario, se determinará la cantidad y se instará el reintegro.
– Valencia:
La aportación de la Administración General del Estado será complementaria a la que efectúen la Generalitat Valenciana y las Administraciones Locales afectadas, sin que el importe de estas para 2018 pueda ser inferior a la del ejercicio precedente y a la propia de la Administración General del Estado. En tanto que no haya una ley del transporte colectivo urbano, a la finalización del periodo al que se refiere la subvención de este apartado, se procederá a evaluar el impacto de las aportaciones del conjunto de las Administraciones sobre el equilibrio financiero del sistema de transporte referido; como resultado de dicha evaluación se podrá promover, en su caso, un incremento anual máximo de 10 millones de euros de la aportación estatal, con respecto al año precedente, para los años 2019 y 2020 hasta un máximo de 10.000 miles de euros, para cada uno de dichos años.
Seis. El otorgamiento de estas subvenciones por parte de la Administración General del Estado es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Siete. No será necesaria la presentación de garantía, aval o caución para el aseguramiento de los pagos anticipados a librar por la Administración General del Estado.
Ocho. En todo lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo.
Nueve. Por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de lo señalado en la presente disposición en relación a la gestión de los créditos correspondientes a estas subvenciones.
Disposición adicional centésima décima cuarta. Criterios para la práctica de deducciones o retenciones de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Uno. Cuando concurran en la deducción o retención de los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía varias deudas que afecten a una misma Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local aplicará en primer lugar las deducciones o retenciones por deudas líquidas, vencidas y exigibles contraídas con la Hacienda Pública del Estado por las Comunidades Autónomas o las Ciudades con Estatuto de Autonomía afectadas, así como por las entidades de derecho público de ellas dependientes, por razón de los tributos cuya aplicación corresponde al Estado y por razón de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Dos. Tras la aplicación de los acuerdos previstos en el apartado anterior, el orden por el que se practicarán el resto de deducciones o retenciones será el siguiente:
1.º Las correspondientes a deudas líquidas, vencidas y exigibles con el sector público estatal.
2.º El resto de deducciones o retenciones cuyos acuerdos se hayan recibido en la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Tres. Las deducciones o retenciones previstas en el apartado Uno se imputarán a prorrata del importe de las deudas por razón de los tributos y del importe de las deudas por razón de las cotizaciones a la Seguridad Social que concurran en la deducción o retención. Dentro de cada una de estas dos categorías así como en las previstas en el apartado Dos de esta disposición, las deducciones o retenciones se practicarán en función de la fecha de entrada de los mismos en la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, siendo aquellos que tengan una fecha anterior los primeros que serán objeto de aplicación, sin perjuicio del cumplimiento de los límites legalmente establecidos.
Cuatro. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, se considerarán los acuerdos de deducción o retención dictados por los órganos gestores correspondientes cuya entrada se haya producido en la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local antes del día quince del mes anterior a aquel en que se vayan a realizar los pagos a los que afecten.
Cinco. Si como consecuencia de la aplicación de esta disposición, no pudiesen deducirse o retenerse recursos suficientes para satisfacer todos los acuerdos de retención que deban ser considerados, el importe pendiente será objeto de deducción o retención en el siguiente pago que se efectúe a la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía por aplicación de sus regímenes de financiación, según las reglas señaladas en la presente disposición.
Seis. El importe efectivo objeto de retención al que se refiere el artículo 10.1 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, será el que resulte de aplicar los criterios para la práctica de deducciones o retenciones contenidos en esta disposición al importe objeto de retención al que se refiere el artículo 8.2 del citado Real Decreto.
Disposición adicional centésima décima quinta. Bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para Lorca, Murcia.
Uno. Se concede una bonificación del 50 por ciento de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2018, con los mismos requisitos establecidos para la exención regulada en este Impuesto en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
Dos. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, el resto de bonificaciones legalmente previstas.
Tres. La disminución de ingresos que lo establecido en esta disposición produzca en el Ayuntamiento de Lorca será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Disposición adicional centésima décima sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Uno. Durante la vigencia de esta norma se eximirá de la aplicación del superávit presupuestario en los términos que define el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a aquellas Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que presenten en el ejercicio inmediato anterior superávit en términos de contabilidad nacional y cumplan con todas las reglas de estabilidad presupuestaria en los términos que se hubieran dispuesto. En caso de incumplimiento de la regla de gasto, la aplicación de esta disposición precisará de autorización por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
b) Que cumplan con el objetivo de deuda pública y con los requisitos previstos en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En caso de incumplimiento de los requisitos del citado artículo 14.2, la aplicación de esta disposición precisará de autorización por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda.
c) Que los datos relativos a su periodo medio de pago de los 6 meses anteriores a la aplicación de esta disposición cumplan con la normativa de morosidad.
d) Que verifiquen el cumplimiento de la condicionalidad de los mecanismos extraordinarios de liquidez que en su caso, les fueran aplicables.
Dos. En tales casos, el superávit en términos de contabilidad nacional que la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía hubiera tenido en 2017 se podrá destinar a inversiones que sean financieramente sostenibles durante su vida útil, que serán aquellas que cumplan los requisitos y parámetros definidos en los apartados siguientes de esta disposición.
Como requisito previo, un porcentaje del saldo superavitario se deberá destinar a amortizar las operaciones de endeudamiento que estén vigentes. El valor de este porcentaje será el que resulte necesario para que la Comunidad Autónoma no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2018.
Asimismo, se tendrán en cuenta los datos relativos al avance de ejecución presupuestaria del año en curso en el momento de determinar la posibilidad de llevar a cabo la inversión financieramente sostenible.
Tres. Será considerada «inversión financieramente sostenible» aquella inversión que en el largo plazo tenga un impacto positivo, directo y verificable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento potencial de la economía. En concreto, la inversión a realizar al amparo de este precepto, deberá tener efectos positivos para el cambio climático, contribuir a la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia de las Comunidades Autónomas.
Cuatro. La vida útil y el mantenimiento de la inversión financieramente sostenible que se lleve a cabo en virtud de esta disposición, no podrán poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma.
Cinco. El remanente o superávit no podrá destinarse al mantenimiento de inversiones ni a la compra de mobiliario o enseres.
Seis. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar antes de la finalización de este ejercicio.
No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente durante este ejercicio, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, el cual quedará afectado a ese fin por ese importe restante, sin que se permita que la Comunidad Autónoma incurra en déficit al final del ejercicio siguiente.
Siete. En caso de que la inversión financieramente sostenible supere los 25 millones de euros, será preceptiva la autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ocho. Los expedientes de gasto tramitados en virtud de esta disposición estarán sujetos a fiscalización previa.
El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Comunidad Autónoma informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores, y en todo caso dará traslado de su informe a la Intervención General de la Administración del Estado, que podrá a su vez emitir informe al respecto.
No podrán llevarse a cabo inversiones en virtud de esta disposición en caso de que los informes de fiscalización previa emitidos por los interventores competentes sean desfavorables.
Nueve. Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público.
Diez. El interventor de la Comunidad Autónoma informará al Ministerio de Hacienda y Función Pública de todas las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.
Once. El importe del gasto realizado de acuerdo con esta disposición en inversiones financieramente sostenibles no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Disposición adicional centésima décima séptima. Instrumentación operativa de los pagos por compensación del cupo vasco.
Uno. Con vigencia indefinida a partir de 1 de enero de 2018, la instrumentación presupuestaria de los libramientos cuyo pago deba efectuarse por compensación o minoración del cupo vasco en los supuestos a los que se refiere la disposición adicional cuarta de Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las disposiciones adicionales tercera y octava de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, se efectuará por sus importes brutos.
Dos. Las obligaciones correspondientes a tales libramientos se reconocerán con cargo a los créditos presupuestarios siguientes, según proceda en cada caso:
a) El crédito 17.020.453A.752 «A la Comunidad Autónoma de Euskadi, por aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones concordantes», en relación con las inversiones ferroviarias derivadas del convenio para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de 12 de julio de 2017 y del convenio para la construcción de la nueva red ferroviaria en el País Vasco de 27 de diciembre de 2017.
b) El crédito 32.01.941O.452 «A la Comunidad Autónoma del País Vasco para compensación en cupo por regularización de quinquenios anteriores (Acuerdo CMCE 17 de mayo de 2017)» en relación con la disposición adicional octava la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
Los pagos correspondientes a los apartados anteriores a) y b) se efectuarán en formalización con descuento en el concepto que determine la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
c) El crédito 19.101.000X.409 en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
En este caso, el pago se efectuará directamente a favor del Tesoro Público, aplicándose los ingresos contablemente al concepto que determine la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Tres. Para las actualizaciones que, en su caso, pudieran resultar de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula cuarta del convenio de 27 de diciembre de 2017 para la construcción de la nueva red ferroviaria en el País Vasco, la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad o el Ministerio de Fomento, éste último en formalización, deberán efectuar un ingreso en el Tesoro Público por un importe equivalente al importe de las actualizaciones con carácter previo a la adopción de tal acuerdo por parte de la Comisión de seguimiento y coordinación.
Cuatro. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, previo informe de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, podrá dictar las resoluciones de desarrollo necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Disposición adicional centésima décima octava. Interpretación del apartado 1.b) de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Al objeto de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición adicional primera de dicha Ley Orgánica, que, según ésta, debe descontarse del remanente de tesorería para gastos generales, se identifica con el importe de las anualidades de los préstamos formalizados y vigentes con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, en liquidación, y con los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, correspondientes al ejercicio al que se refiera el mencionado remanente de tesorería.
VII
Disposición adicional centésima décima novena. Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2018:
a) El IPREM diario, 17,93 euros.
b) El IPREM mensual, 537,84 euros.
c) El IPREM anual, 6.454,03 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros.
Disposición adicional centésima vigésima. Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Uno. Disposiciones generales.
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, consistente en una ayuda económica de acompañamiento para jóvenes con baja formación que cumplan las condiciones establecidas en el apartado Dos.
2. La ayuda económica, prevista en la presente disposición adicional, no será de aplicación en los contratos para la formación y el aprendizaje enmarcados en proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que se suscriban en el marco de los programas públicos de empleo y formación contemplados en el artículo 10.4.b) del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
3. Esta medida podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo.
4. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de fomento de empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su ámbito de gestión.
Dos. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento aquellos jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que, presentando la solicitud de la ayuda económica dentro del plazo previsto en el apartado cinco punto 1, reúnan los siguientes requisitos a la fecha de dicha solicitud:
a) Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado c).
b) No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos, en el momento de suscribir el contrato para la formación y el aprendizaje previsto en el apartado c):
1.º Título de Bachiller,
2.º Título de Técnico de grado medio,
3.º Título oficial de nivel superior al Bachiller o
4.º Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones anteriormente citadas de acuerdo a las leyes reguladoras del sistema educativo vigente.
5.º Certificado de Profesionalidad de nivel 2 o 3.
c) Comprometerse a iniciar y realizar una actividad formativa y, a tal efecto, comenzar una prestación de servicios mediante un contrato para la formación y el aprendizaje que tendrá una duración mínima de un año.
Tres. Requisitos, desarrollo y seguimiento del contrato para la formación y el aprendizaje.
1. Los contratos para la formación y el aprendizaje se celebrarán conforme a lo previsto en esta disposición y, en lo no contemplado en la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y demás normativa de aplicación y se formalizarán en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
2. La empresa, o en su caso el centro de formación, deberá indicar en la solicitud de autorización de la actividad formativa que el contrato se acoge a los beneficios previstos en esta disposición.
3. La celebración del contrato para la formación y el aprendizaje prevista en esta disposición queda condicionada a que la actividad formativa inherente al mismo, que tiene como objetivo la cualificación profesional de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en un régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en una empresa, sea la necesaria para la obtención de certificados de profesionalidad completos y/u otros itinerarios formativos que se pudieran establecer como contenido formativo de os contratos para la formación y el aprendizaje en su normativa específica.
En el supuesto de certificados de nivel 2 o nivel 3 de cualificación profesional, el joven beneficiario de la ayuda económica de acompañamiento deberá cumplir los requisitos de acceso establecidos en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Cuando el joven beneficiario de la ayuda económica de acompañamiento no cumpla estos requisitos de acceso, la formación inherente al contrato deberá incluir acciones formativas de competencias clave, cuya superación permita acceder a dichos certificados de profesionalidad completos.
4. El desarrollo de las acciones formativas inherentes al contrato para la formación y el aprendizaje se realizará según lo estipulado en el acuerdo para la actividad formativa que se regula en el artículo 21 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
A estos efectos, el joven beneficiario deberá desarrollar la formación en un centro o entidad de formación acreditado para la impartición de la formación vinculada a los certificados de profesionalidad, todo ello conforme a la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo y la de los certificados de profesionalidad.
5. El seguimiento y control de la formación para la obtención de los certificados de profesionalidad completos vinculados a los contratos de formación y aprendizaje celebrados al amparo de esta disposición se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.
Cuatro. Ayuda económica de acompañamiento.
1. Los jóvenes beneficiarios podrán percibir una ayuda económica de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados.
2. La cuantía de la ayuda económica será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.
3. La percepción de la ayuda económica se mantendrá durante la vigencia del contrato para la formación y aprendizaje y tendrá una duración máxima de 18 meses. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien, la ayuda podrá tener una duración máxima de 36 meses en función del plan formativo individualizado que se haya adaptado a las necesidades de la persona.
4. El derecho a la ayuda económica nacerá a partir del momento en que se cumplan los requisitos previstos en el apartado dos. Los efectos económicos del reconocimiento de dicha ayuda se producirán en la fecha de alta en Seguridad Social, siempre que se solicite en el plazo señalado en el apartado Cinco punto 1.
De no solicitarse en dicho plazo, los efectos económicos se producirán a partir del día siguiente al de la solicitud y la duración de la ayuda económica de acompañamiento se reducirá en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar la percepción de la ayuda de haberse efectuado la solicitud en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera realizado, ambos inclusive.
5. La ayuda económica podrá solicitarse con ocasión de la realización de diferentes contratos para la formación y el aprendizaje, hasta un máximo de tres, siempre que estos contratos reúnan los requisitos establecidos en el apartado Tres y que el conjunto de las ayudas percibidas no supere la duración máxima establecida en el párrafo 3 de este apartado.
6. El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal por mensualidades de treinta días dentro del mes siguiente al que corresponda el devengo, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante o perceptor, de la que este sea titular.
7. Ni el joven beneficiario ni el Servicio Público de Empleo Estatal cotizarán a la Seguridad Social por esta ayuda económica de acompañamiento.
Cinco. Solicitud.
1. Los jóvenes beneficiarios deberán presentar la solicitud de la ayuda económica de acompañamiento prevista en el apartado Cuatro en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal que le corresponda por su domicilio, incluyendo los datos necesarios para la notificación y, en su caso, el pago de la ayuda económica, en el plazo máximo de los quince días hábiles siguientes al del inicio del contrato para la formación y el aprendizaje suscrito.
2. El impreso para la solicitud de dicha ayuda económica de acompañamiento se obtendrá de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es.
3. La solicitud incluirá una declaración responsable de no estar en posesión de ninguna de las titulaciones o certificados recogidos en el apartado Dos letra b).
4. La solicitud no requerirá presentar documentación adicional, sin perjuicio de la necesidad de identificarse con el documento nacional de identidad o tarjeta de identidad de extranjeros que residan legalmente en España y acreditar, en su caso, una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.
Seis. Gestión y resolución.
1. Corresponde a los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal dictar la resolución que reconozca o deniegue el derecho a la admisión a la ayuda económica de acompañamiento.
2. Para el reconocimiento de la ayuda económica de acompañamiento se comprobará que el trabajador figura de alta en Seguridad Social con un contrato para la formación y el aprendizaje y que el Servicio Público de Empleo competente ha autorizado la actividad formativa en los términos establecidos en el apartado Tres.
3. Las resoluciones dictadas serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamación ante el Servicio Público de Empleo Estatal, en la forma prevista en el artículo 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Siete. Baja en la ayuda económica de acompañamiento.
1. La finalización del contrato para la formación y aprendizaje dará lugar a la baja definitiva en la ayuda.
2. Los jóvenes beneficiarios que hayan percibido indebidamente la ayuda económica de acompañamiento vendrán obligados a reintegrar su importe. La exigencia de la devolución se realizará conforme a lo establecido para las prestaciones por desempleo en el artículo 295 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en su normativa de desarrollo.
3. La exigencia de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, así como las compensaciones en las prestaciones por desempleo de las cantidades indebidamente percibidas por cualquiera de dichas percepciones, corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal.
Ocho. Compatibilidades.
1. La ayuda económica de acompañamiento será compatible con los incentivos a la contratación a los que diera lugar el contrato para la formación y el aprendizaje celebrado.
2. La ayuda económica de acompañamiento será incompatible con el cobro de prestaciones por desempleo.
Nueve. Evaluación.
Con el fin de analizar los resultados alcanzados con la medida que la presente disposición recoge, se procederá a una evaluación de la misma a los 18 meses a contar desde la fecha de inicio de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a afectos de determinar la eficacia de dicha medida.
Disposición adicional centésima vigésima primera. Bonificación por conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento prevista en la disposición adicional centésima vigésima.
Uno. Disposiciones generales.
1. Se regula en la presente disposición adicional la siguiente medida de activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado en el capítulo I del título IV de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, consistente en una bonificación específica en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social para incentivar la conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda económica de acompañamiento prevista en la disposición adicional centésima vigésima.
2. Esta medida se financiará con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y podrá ser objeto de cofinanciación, en su caso, por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo Social Europeo.
3. La medida prevista en esta disposición será compatible con las medidas de fomento de empleo que puedan establecer las comunidades autónomas en su ámbito de gestión; siendo de aplicación, en todo caso, a efectos de concurrencia con la bonificación prevista en esta disposición, lo contemplado en el artículo 7.3 de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Dos. Beneficiarios.
1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que conviertan en indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento contemplada en la disposición adicional centésima vigésima, bien a la finalización de su duración inicial, o bien a la finalización de cada una de las sucesivas prórrogas, hasta alcanzar la duración máxima legalmente prevista para este tipo de contratos, tendrán derecho a la bonificación prevista en el apartado tres.
2. Podrán ser también beneficiarios los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como las empresas de inserción que conviertan en indefinidos, en los mismos términos previstos en el apartado anterior, los contratos para la formación y aprendizaje recogidos en la disposición centésima vigésima y celebrados con trabajadores en situación de exclusión social incluidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Tres. Cuantía y duración de la bonificación específica.
1. La cuantía de la bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social ascenderá a 250 euros mensuales (3.000 euros/año).
2. La presente bonificación específica se aplicará durante un período de 3 años, computados a partir de la fecha de conversión en indefinido del contrato para la formación y el aprendizaje celebrado con jóvenes beneficiarios de la ayuda de acompañamiento contemplada en la disposición adicional centésima vigésima.
3. La empresa solo podrá beneficiarse una vez de la bonificación prevista en esta disposición por cada uno de los jóvenes beneficiarios de la ayuda económica contemplada en la disposición adicional centésima vigésima cuyo contrato para la formación y el aprendizaje se convierta en indefinido, con independencia del periodo de bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador.
4. La conversión del contrato en indefinido se deberá realizar a jornada completa y los contratos se formalizarán en el modelo que se establezca por el Servicio Público de Empleo Estatal.
5. Esta bonificación específica será adicional a la prevista por la conversión en indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje establecida en el artículo 3 de la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral con el límite establecido en el apartado Cinco.
Cuatro. Régimen de la bonificación.
1. No podrá aplicarse la bonificación contemplada en la presente disposición la empresa que, en los seis meses anteriores a la conversión, hubiera adoptado decisiones extintivas improcedentes.
La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
2. La empresa estará obligada mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de la conversión. Asimismo, deberá incrementar con la transformación del contrato el nivel de empleo indefinido, así como mantener el nuevo nivel total alcanzado con la conversión durante todo el periodo de disfrute de la bonificación.
3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total a los 6 meses de la celebración del contrato bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.
4. A efectos del mantenimiento del nivel de empleo, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación, o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.
5. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberá proceder al reintegro de las bonificaciones aplicadas.
6. En lo no establecido en este apartado serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.
7. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en esta disposición en los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad determine la inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
8. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a la bonificación prevista en el apartado tres se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y, a todos los efectos, se considerará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del trabajador sea positivo.
9. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de trabajadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad Social con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen.
10. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de conversiones comunicadas objeto de esta bonificación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a las mismas sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en el apartado Tres, de acuerdo con los criterios establecidos en los planes anuales de actuación conjunta que se acuerden entre ambos organismos.
Cinco. Compatibilidades.
Esta bonificación será compatible con todo tipo de incentivos a los que diera lugar la conversión, en ningún caso la suma de los incentivos superará el 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente a cada contrato de un joven beneficiario de la ayuda económica.
Seis. Evaluación.
Con el fin de analizar los resultados alcanzados y determinar la eficacia de la medida que se recoge en la presente disposición, se procederá, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a realizar una evaluación de la misma a los 18 meses a contar desde la fecha de inicio de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo.
Disposición adicional centésima vigésima segunda. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.
En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma bonificación será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.
Disposición adicional centésima vigésima tercera. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Uno. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.
Dos. Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación desde el 1 de enero de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018.
Disposición adicional centésima vigésima cuarta. Financiación de la formación profesional para el empleo.
Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar los gastos del sistema de formación profesional para el empleo regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, incluyendo los correspondientes a programas públicos de empleo y formación, todo ello con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Dos. El 50 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se destinará inicialmente a la financiación de los gastos necesarios para la ejecución de las iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, las acciones dirigidas a la formación de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones que se les atribuyen en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuya regulación se completará en el correspondiente desarrollo reglamentario, así como los gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Con carácter específico, se incluyen en este apartado las iniciativas de formación programada por las empresas; los permisos individuales de formación; la oferta formativa para trabajadores ocupados y la formación en las Administraciones Públicas.
Con carácter excepcional, para el ejercicio 2018, el importe máximo destinado a financiar el desarrollo de las acciones de formación de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones que se les atribuyen en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, será de 15.337,50 miles de euros.
A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas, se destinará un 6,165 por 100 de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. En esta cifra, se incluyen los importes destinados a financiar la formación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social en las Administraciones Públicas.
Esta cuantía, previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se incluirá como dotación diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en tres libramientos en los meses de febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de cada trimestre. La Fundación deberá presentar, anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento, y deberá realizar al reintegro de las cantidades no justificadas antes del 31 de julio.
El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar los gastos necesarios para la ejecución de las iniciativas formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, así como los programas públicos de empleo-formación, y la formación impartida con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación, con el fin de garantizar una oferta formativa de calidad dirigida a trabajadores ocupados y desempleados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5.e) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
La financiación de la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reglamentaria que regula la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores.
Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2017 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación:
a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento.
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento.
c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento.
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2018 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante el año 2018 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo.
Disposición adicional centésima vigésima quinta. Gestión de los servicios y programas establecidos en la letra h) del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.h) del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, realizará la gestión de los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 19.101.000-X.400, 19.101.000-X.401, 19.101.000-X.403, 19.101.000-X.410, 19.101.000-X.411, 19.101.000-X.431, 19.101.241-A.441, 19.101.241-B.442, 19.101.241-A.482 y 19.101.241-B.482, desagregadas a través de varios subconceptos, según los diferentes ámbitos funcionales de las políticas activas de empleo, para financiar las siguientes actuaciones:
a) Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en los mismos a otra comunidad autónoma, distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.
b) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos, cuando precisen una coordinación unificada y previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas en las que vayan a ejecutarse los citados programas.
c) Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativos a competencias exclusivas del Estado.
d) Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.
e) Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.
Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de empleo en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.4 del citado Texto Refundido de la Ley de Empleo, los fondos que integran la reserva de crédito no estarán sujetos a distribución territorial entre las comunidades autónomas con competencias de gestión asumidas.
Disposición adicional centésima vigésima sexta. Aplazamiento de la aplicación de determinados preceptos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Se aplaza la entrada en vigor de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; y 25.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial.
VIII
Disposición adicional centésima vigésima séptima. Aportación financiera del Estado en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, el Estado durante el año 2018, aportará la cantidad de 42 millones de euros, para la realización de medidas que incrementen el empleo.
Las medidas concretas a desarrollar, así como la aportación citada para el Plan Especial de Empleo de Canarias, se instrumentarán mediante un Convenio de Colaboración a celebrar entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición adicional centésima vigésima octava. Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, creado por la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales el Estado para el año 2007, pasará a denominarse Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, F.C.P.J., de conformidad con lo establecido en el artículo 137 y en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición adicional centésima vigésima novena. Modificación del plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia.
Será también de aplicación al año 2018 la habilitación reconocida en la disposición adicional centésima decimotercera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2017, relativa a la modificación del plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia, y en relación a su vez con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Disposición adicional centésima trigésima. Aportaciones para la financiación del sector eléctrico en el ejercicio de 2018.
Uno. Con vigencia exclusiva para el presupuesto del año 2018, cuando el 90 por ciento de la recaudación efectiva por los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, a que se refiere el apartado 1.b) de la disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, supere la cantidad prevista en el crédito inicial de la aplicación 20.18.000X.737 «A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética», se podrá generar crédito hasta un límite en el crédito final de 450 millones de euros.
Dos. Con vigencia exclusiva para el presupuesto del año 2018, cuando la recaudación efectiva por los ingresos de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, a que se refiere el apartado 1.a) de la disposición adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, supere la cantidad prevista en el crédito inicial de la aplicación 20.18.000X.738 «A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética», se podrá generar crédito por la diferencia respecto a dicho crédito inicial.
Tres. La autorización de las generaciones de crédito a las que se refieren los dos apartados anteriores y de los correspondientes suplementos de crédito en el Presupuesto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se realizará por Acuerdo del Ministro de Hacienda y Función Pública.
Disposición adicional centésima trigésima primera. Declaración de interés general de obras de infraestructuras rurales.
Se declaran de interés general las obras de infraestructuras rurales, consistentes en la realización de los caminos naturales siguientes:
– Camino Natural del Tren Secundario de Castilla (Castilla y León).
– Camino Natural de la Cañada Real Soriana Oriental (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía).
– Camino Natural de la vertiente sur del Pirineo (País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña).
– Prolongación del Camino Natural del Románico Palentino hasta la costa Cántabra (Castilla y León y Cantabria).
– Conexión Caminos Naturales del Litoral y Molinos del Agua (Huelva) con Ruta de la Plata (Extremadura).
– Camino Natural del Tajuña (Madrid y Castilla-La Mancha).
– Camino Natural del Guadiato (Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura).
– Camino Natural del Anillo de la reserva del río Eo, Oscos y Tierras de Burón (Galicia y Asturias).
– Camino Natural del Tajo (Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura).
– Camino Natural del Guadiana (Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía).
– Camino Natural del Ebro (Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña).
– Camino Natural del Val de Zafán-tramo Teruel. (Aragón y Cataluña).
– Camino Natural del canal de Carlos III (Andalucía y Murcia).
– Camino Natural de la Gran Senda de Málaga y conexiones (Andalucía).
– Camino Natural de Gran Canaria y Lanzarote.
– Prolongación del Camino Natural del Turia-Cabriel a Castilla-La Mancha (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha).
– Camino Natural del Canal de Castilla (Castilla y León).
– Camino Natural de la Senda del Duero (Castilla y León).
– Camino Natural de la Sierra Norte de Madrid y enlace con la Cañada Real Soriana Occidental (Comunidad de Madrid y Castilla y León).
– Camino Natural del Atlántico y enlace con el Camino Natural del Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco).
– Camino Natural de Guadix-Almendricos (Andalucía y Murcia).
La realización de las actuaciones declaradas de interés general por la presente disposición quedará supeditada a la existencia de las disponibilidades presupuestarias necesarias en el Departamento Ministerial competente.
Disposición adicional centésima trigésima segunda. Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego.
1. Se declaran de interés general las siguientes obras:
a) Obras de transformación en riego: Castilla-La Mancha:
– Riego de apoyo en olivar tradicional en la zona regable de Mora (obras de interés común), en los términos municipales de Mora y Mascaraque (Toledo).
b) Obras de mejora del regadío de la zona de Bernedo (Álava) desde la balsa de Obecuri (C. Treviño-Burgos).
– Riego de apoyo al cultivo de cereal, patata de siembra y remolacha.
c) (nueva) Obras de mejora del regadío de la zona de Río Rojo-Berantevilla (Burgos-Álava-Araba) desde el sondeo de Baroja (Álava).
– Captación en el sondeo de Baroja (Álava-Araba) y transporte a la balsa de San Martín de Zar (Burgos), para riego de apoyo al cultivo del cereal, patata de siembra y remolacha.
2. Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:
a) La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
3. Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados.
La realización de las actuaciones declaradas de interés general por la presente disposición quedará supeditada a la existencia de las disponibilidades presupuestarias necesarias en el Departamento Ministerial competente.
Disposición adicional centésima trigésima tercera. Declaración de interés general de obras de abastecimiento.
Se declaran de interés general las obras de aprovechamiento del Embalse de las Cogotas para el Abastecimiento a la Ciudad de Ávila.
Disposición adicional centésima trigésima cuarta. Dotación del Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera.
La dotación del fondo ascenderá como máximo, en el año 2018, a 80.000 miles de euros, con cargo a la aplicación 27.12.467C.870.03.
La dotación del fondo se destinará a dar cobertura a los riesgos en que pueda incurrir el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) al financiar los proyectos de I+D+i de la Red Cervera, mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos.
Disposición adicional centésima trigésima quinta. Extinción del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley quedará extinguido el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España y todos sus bienes, derechos y obligaciones quedarán subrogados en el organismo autónomo Instituto de la Juventud, de acuerdo con lo señalado en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Disposición adicional centésima trigésima sexta. Comunicación de inicio de actuaciones mediante régimen de tramitación de emergencia.
Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, de acuerdo con el régimen excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el órgano de contratación dará cuenta de ello, en el mismo momento de adoptar el acuerdo de inicio de actuaciones precisas, a la Intervención Delegada cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que haya de aprobar el gasto necesario para hacer frente a dicha actuación.
En la comunicación que se remita al órgano de control correspondiente, se incluirá una descripción del objeto de las actuaciones a ejecutar y el importe del gasto por el que se haya efectuado la oportuna retención de crédito o se vaya a iniciar el expediente de modificación presupuestaria.
Disposición adicional centésima trigésima séptima. Certificación de la determinación del daño en procedimientos de responsabilidad patrimonial por encuadramientos indebidos en el sector público.
A efectos de lo previsto en los artículos 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellos supuestos en los que se inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial a instancia de un funcionario público o sus familiares como consecuencia de que el reconocimiento de su pensión se vea afectado por un encuadramiento indebido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado en el momento de su jubilación o fallecimiento, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en función de sus respectivas competencias, emitirá una certificación, en la que conste el importe mensual y anual de la pensión que le hubiera correspondido.
Disposición adicional centésima trigésima octava. Convocatoria de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
Uno. Con efectos para el presupuesto 2018, se podrán convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico, con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente Ley, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con Fondos FEDER. La cuantía máxima con cargo al sistema eléctrico será de 60 millones de euros.
Dos. Se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a establecer las disposiciones necesarias en la aplicación y control de dicho sistema de ayudas, en relación con las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables conectadas al sistema eléctrico.
Disposición adicional centésima trigésima novena. Destino de los superávits del Sector Eléctrico.
Uno. De forma excepcional para el presupuesto 2018, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios referidos a normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico, siempre que así se determine mediante Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Dos. Con carácter indefinido, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse a la amortización de deuda del sistema, o alternativamente, se podrán integrar como ingreso periodificado en varios años en el sistema eléctrico con efectos equivalentes a los de amortización de la deuda referida.
A estos efectos, por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se aprobarán las cantidades, términos y plazos de aplicación o integración.
Disposición adicional centésima cuadragésima. Liquidación del extracoste de generación de los territorios no peninsulares.
Uno. La partida 20.18.000X.739 («A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico») con una dotación 687.100,00 miles de euros determinada de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado incluye los siguientes conceptos:
a) El cincuenta por ciento de la previsión del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2018 que asciende a 755.025.371,32 €.
b) La desviación entre el cincuenta por ciento del extracoste en que efectivamente se ha incurrido en el ejercicio 2014 y la previsión que fue utilizada como base de la compensación entregada a cuenta correspondiente a ese ejercicio, cuya cuantificación definitiva, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, asciende a 67.925.371,32 €.
Dos. El organismo encargado de las liquidaciones destinará a cubrir el extracoste previsto de la actividad de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2018, además del importe de la partida de presupuestos 2018 citada de 687.100.000,00 €, una cuantía de 67.925.371,32 € de la cuenta diferenciada creada en virtud de lo establecido en el Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Disposición adicional centésima cuadragésima primera. Creación de la Tarjeta Social Universal.
Uno. Se crea la Tarjeta Social Universal como sistema de información, al objeto de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.
La participación de las Administraciones Públicas en el citado sistema será voluntaria sin perjuicio de que en todo caso deba transmitirse la información que actualmente conforma el RPSP.
El sistema de Tarjeta Social Universal se destinará a los siguientes usos:
– La gestión de los datos identificativos de las prestaciones sociales públicas de contenido económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito de aplicación y de sus beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos automatizado.
– El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas.
– El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades del sector público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales públicas de contenido económico.
– La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios económicos encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas.
Dos. La Tarjeta Social Universal incluirá la información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además recogerá una información paramétrica y actualizada sobre las situaciones subjetivas previstas en el apartado 4 de esta disposición adicional, y ofrecerá, en base a dicha información, funcionalidades y utilidades a las distintas administraciones públicas y a los ciudadanos.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y utilidades del sistema con el objetivo de beneficiarse de servicios o productos ofrecidos por empresas a los titulares de las prestaciones sociales públicas y situaciones subjetivas incorporadas al mismo.
Tres. Se atribuye al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administración, la gestión y el mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la Tarjeta Social Universal y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las prescripciones contenidas en esta disposición adicional y en sus normas de desarrollo reglamentario.
Cuatro. Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido económico enumeradas en el apartado Dos, que se hayan incorporado a la Tarjeta Social Universal, quedan obligados a facilitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquéllas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, de las diputaciones forales, dentro de cada ejercicio anual, facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta de los ciudadanos afectados.
A su vez, las administraciones públicas, entidades y organismos con competencias en materia de discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa, garantía juvenil, condición de autónomo y cualquier otra situación subjetiva relevante, que así se determine reglamentariamente, y que se hayan incorporado a la Tarjeta Social Universal, facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas situaciones en relación con los ciudadanos incluidos en Tarjeta Social Universal.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Intervención General de la Administración del Estado acordarán mecanismos de colaboración para que la información contenida en la Tarjeta Social Universal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones sea consistente. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que permita el intercambio recíproco de datos referentes exclusivamente a las subvenciones.
Cinco. Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos que se incorporen al sistema de Tarjeta Social Universal tendrán acceso a toda la información sobre las prestaciones económicas públicas que perciben los ciudadanos, para el reconocimiento y supervisión de las prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas. Asimismo, el ciudadano tendrá acceso a toda la información que sobre su persona obre en el sistema de información de Tarjeta Social Universal, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Seis. El tratamiento de datos previsto en el sistema de Tarjeta Social Universal se basa en el interés público que persigue el tener un sistema integrado en el que se recojan todas las prestaciones sociales públicas de contenido económico y situaciones subjetivas consideradas y que afecten a los ciudadanos. La información contenida en el sistema se someterá a la normativa vigente en materia de protección de datos de las personas físicas.
Siete. Las prestaciones sociales públicas de carácter económico definidas en el apartado 2, se incorporarán de forma gradual al sistema de información de la Tarjeta Social Universal de acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante norma reglamentaria.
Ocho. Una comisión integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Local, de las empresas públicas responsables de prestaciones sociales públicas incluidas en el sistema de Tarjeta Social Universal y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal velará por el correcto funcionamiento del sistema. Deberá reunirse por lo menos una vez al año y su composición y funcionamiento se determinará por Real Decreto.
Igualmente podrán constituirse comisiones de seguimiento en el ámbito de cada comunidad autónoma.
Nueve. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta disposición adicional, informada la Conferencia sectorial correspondiente.
Disposición adicional centésima cuadragésima segunda. Convenios de asistencia jurídica.
A partir de la entrada en vigor de la Ley, las entidades que con arreglo a la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público deban adaptarse a la misma mantendrán el sistema de convenios de asistencia jurídica con el Ministerio de Justicia, con vigencia indefinida.
Disposición adicional centésima cuadragésima tercera. Plazo de vigencia de determinados convenios de colaboración.
Se autoriza a la Administración General del Estado a celebrar los siguientes convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias sobrepasando los límites temporales establecidos en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
1. Convenio en materia de carreteras, con una duración de seis años para su ejecución y 3 años para la liquidación.
2. Convenio para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la ejecución del convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias de carreteras de 31 de enero de 2006, modificado por adenda de 17 de noviembre de 2009 y 29 de diciembre de 2017, con una duración de 8 años.
3. Adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias de carreteras de 31 de enero de 2006, modificado por adenda de 17 de noviembre de 2009 y 29 de diciembre de 2017 para prorrogar su vigencia hasta 31 de diciembre de 2021.
Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada de trabajo en el Sector Público.
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.
d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos.
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.
Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el apartado Dos anterior.
Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición.
Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse.
Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.
Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición adicional centésima cuadragésima quinta. Compensación por costes adicionales incurridos por industrias electrointensivas.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se habilita al Gobierno, a iniciativa del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y previo informe de la Comisión Delgada del Gobierno para Asuntos Económicos, a establecer un sistema de ayudas a las industrias electrointensivas que se determinen conforme al apartado segundo, para la reducción, de acuerdo a la normativa de la Unión europea, de los costes incurridos en la consecución de los objetivos de transición energética.
Dos. El colectivo de empresas que podrán acceder a estas ayudas se determinará reglamentariamente atendiendo a la intensidad del uso de la electricidad y la intensidad del comercio con terceros países y dentro de los límites previstos en las directrices sobre ayudas estatales que les sean de aplicación.
Tres. Las aportaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a los costes energéticos a satisfacer por las industrias a las que se refiere el apartado segundo, se podrán conceder de forma directa, tal y como establece el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo al procedimiento de concesión de subvenciones.
Dicho sistema de ayudas se financiará con cargo a la partida presupuestaria consignada en los presupuestos de la Secretaría de Estado de Energía establecida a tales efectos.
Disposición adicional centésima cuadragésima sexta. Adhesión del plátano al sistema de compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías.
Uno. Se incorpora, con carácter indefinido, el plátano al régimen de compensaciones al transporte de mercancías según habilita la disposición final primera del Real Decreto 170/2009, en su apartado 2.
A tal efecto, la Ley de Presupuestos Generales de cada año deberá incluir en un concepto presupuestario independiente del resto de compensaciones al transporte de mercancías el importe que se destinará a estas compensaciones al transporte del plátano. El importe que se destine a tal fin, se repartirá proporcionalmente entre las solicitudes recibidas.
Dos. Las compensaciones se otorgarán sobre el coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano efectuado desde Canarias a otros territorios de Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del Acuerdo sobre espacio económico europeo. Queda excluido de estas compensaciones el transporte entre las Islas Canarias.
Tres. Los beneficiarios de las ayudas serán los remitentes o expendedores de las mercancías.
Cuatro. La convocatoria para el otorgamiento de las compensaciones al transporte del plátano se realizará, con carácter general, en el primer semestre de cada año, mediante resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. En el año 2018, la convocatoria se realizará durante el mes siguiente a obtener la autorización de la Comisión Europea para la concesión de estas compensaciones.
Cinco. Los solicitantes de las compensaciones deberán presentar la documentación recogida en el artículo 9 del Real Decreto 170/2009.
Seis. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias resolverá sobre las solicitudes presentadas y las correspondientes propuestas de gasto, pudiendo aprobar y reconocer las obligaciones correspondientes a transporte realizados durante el año natural anterior hasta el importe total del crédito presupuestario del ejercicio.
Siete. En lo no regulado en el presente artículo, será de aplicación subsidiaria lo establecido en el Real Decreto 170/2009. Se habilita a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias a publicar las aclaraciones que resulten necesarias sobre el otorgamiento de estas compensaciones.
Ocho. Las compensaciones que se regulan en el presente artículo serán de aplicación a los transportes realizados desde el 1 de enero de 2017.
Disposición adicional centésima cuadragésima séptima. Bonificación transporte a ciudadanos residentes en las CC.AA. de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español.
Uno. Se autoriza al Gobierno para que durante el año 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificación para los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (en adelante, territorios no peninsulares) con el resto del territorio español en la siguiente cuantía:
a) El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español pasará a ser del 75 por ciento de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.
b) El porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo de pasajeros para los trayectos directos entre los territorios no peninsulares y el resto del territorio español pasará a ser del 75% de la tarifa del servicio regular por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.
Dos. Dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público.
Disposición adicional centésima cuadragésima octava. Subvenciones al transporte de mercancías.
Los porcentajes establecidos en los apartados uno y tres de la disposición adicional centésima vigésima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, relativa a las subvenciones al transporte de mercancías en las Comunidades Autónomas insulares y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, serán de aplicación a transportes realizados desde el 1 de enero de 2016. Se habilita a las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears para dictar las instrucciones necesarias relativas a la concesión de las compensaciones adicionales a las ya concedidas para los transportes realizados desde el 1 de enero de 2016.
Disposición adicional centésima cuadragésima novena. Contratación de servicios de eficiencia energética.
En el ámbito del Sector Público Estatal, antes de autorizar un contrato de eficiencia energética, cuyo valor estimado sea igual o superior a seis millones de euros, será preceptivo y vinculante un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
A tal efecto, el órgano de contratación deberá proporcionar información completa acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los mecanismos de captación de financiación y garantías que se prevea utilizar, durante toda la vigencia del mismo.
En estos contratos, con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación o de la modificación de los mismos, será igualmente necesario recabar el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública cuando, con independencia de la cuantía del contrato, en su financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos.
Disposición adicional centésima quincuagésima. Apoyo a las actividades del Consorcio de Santiago vinculadas al Año Santo Xacobeo 2021 y a la Catedral de Santiago.
El Gobierno apoya la labor desarrollada por el Consorcio de Santiago, como órgano instrumental del Real Patronato de la Ciudad de Santiago, en el cumplimiento de sus fines dirigidos a la preservación y revitalización del Patrimonio cultural representado por la Ciudad de Santiago y su Catedral, en sus aspectos histórico-artísticos y arquitectónicos, a la difusión de los valores europeístas y al desarrollo y potenciación de las actividades turísticas y culturales vinculadas al itinerario jacobeo.
A tal fin se dispondrán las actuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades extraordinarias que realice el Consorcio de Santiago vinculadas al Año Santo Xacobeo 2021.
Disposición adicional centésima quincuagésima primera. Incentivos a Administraciones Territoriales.
El Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o de la Comisión Nacional de la Administración Local, según los casos, y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, podrá acordar la aprobación de incentivos a las Administraciones Territoriales en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los objetivos específicos asignados, con el fin de que los menores recursos consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso de deudas frente al Estado tengan un impacto menor sobre su ratio de deuda.
Estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras.
Disposición adicional centésima quincuagésima segunda. Impuesto sobre determinados servicios digitales.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en los tres meses siguientes a partir de la aprobación de esta Ley, un Proyecto de Ley que regule un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, basado en la propuesta de Impuesto sobre Servicios Digitales presentada por la Comisión Europea el 21 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que el Congreso aprobó la Proposición no de Ley 161/002996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 18 de abril, para garantizar una tributación efectiva de las multinacionales tecnológicas.
Disposición adicional centésima quincuagésima tercera. Financiación de la Agencia EFE.
Durante la vigencia de la presente Ley, la Administración General del Estado, transferirá a Agencia EFE S.A.U. la cantidad de 51.000 miles de euros, como compensación por el cumplimiento de las funciones y obligaciones de servicio público, a cuenta de la liquidación definitiva a practicar una vez cerrado el ejercicio, que se realizará de conformidad con la metodología que resulte fijada en las disposiciones reglamentarias que se aprueben en cumplimiento del mandato contenido en la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula el Servicio público de noticias de titularidad estatal.
Disposición adicional centésima quincuagésima cuarta. Condiciones aplicables en las convocatorias de ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para garantizar la inclusión educativa.
Con la finalidad de profundizar en la garantía del principio de equidad en la educación previsto en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo previsto en los artículos 72.2 y 83 de dicha Ley Orgánica 2/2006, incorporará en sus convocatorias anuales de ayudas individualizadas para este tipo de alumnado previsiones específicas para los colectivos a que se refieren las secciones tercera y cuarta del Capítulo I de dicho Título II, que completarán las ya previstas en la normativa vigente para el alumnado de las secciones primera y segunda. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias dicha incorporación se realizará de forma progresiva en las sucesivas convocatorias a partir de la del curso 2019-2020, que preverán, en todo caso, los requisitos y forma de acreditación fehaciente de la situación que daría derecho a la percepción de la ayuda individualizada.
Para la concesión de estas ayudas, una vez acreditada la existencia de necesidad específica de apoyo educativo, se atenderá exclusivamente a los requisitos de carácter económico de la unidad familiar del beneficiario.
Disposición adicional centésima quincuagésima quinta. Efectos sobre la regla de gasto de la modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, realizada por la disposición final décima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
La modificación realizada por la disposición final décima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, tendrá la misma naturaleza que los incrementos permanentes de recaudación previstos en el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Disposición adicional centésima quincuagésima sexta. Extensión de la banda ancha en Asturias.
En la convocatoria para el ejercicio 2018 del Programa de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación, se destinarán 4.073.417 euros con carácter preferente a financiar actuaciones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Disposición adicional centésima quincuagésima séptima. Examinadores de tráfico en la Comunidad Foral de Navarra.
El BOE de 26 de enero de 2018 publicó las bases que regirán el «Proceso Selectivo para el Ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado. Especialidad de Tráfico. Código Cuerpo 1135I». La Comunidad Foral de Navarra viene arrastrando desde hace mucho tiempo una carencia estructural de examinadores de tráfico, lo que supone graves problemas para las entidades y la ciudadanía.
Para resolver la situación de desigualdad, al menos 5 plazas del proceso selectivo citado, deberán tener destino en la Jefatura Provincial de Tráfico de la Comunidad Foral de Navarra.
Disposición adicional centésima quincuagésima octava. Jubilación de los Cuerpos Docentes de la Comunidad Foral de Navarra.
1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de Educación, dependientes de la Comunidad Foral de Navarra, que de acuerdo con la disposición adicional vigésima novena de la Ley 31/1991 de 30 de diciembre o la disposición transitoria octava de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integraron en dichos cuerpos y que quedaron acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 20 del Real Decreto-Ley 13/2010, podrán optar en el momento de la solicitud de la jubilación voluntaria, por incorporarse al Régimen de Ciases Pasivas del Estado, en idénticas condiciones a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes acogidos a este régimen, siempre que acrediten los mismos requisitos que resulten vigentes para estos últimos.
2. Dado el carácter voluntario de la jubilación regulada en esta disposición adicional, no será de aplicación a la misma lo establecido en la disposición transitoria primera del vigente Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
3. La Comisión prevista en la disposición adicional sexta del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social, determinará la compensación económica que deba realizar la Seguridad Social respecto del personal de cuerpos docentes que opte por su incorporación al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de los años cotizados a los demás regímenes de la Seguridad Social.
Disposición adicional centésima quincuagésima novena. Reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación a la Policía Foral de Navarra.
Habiéndose iniciado a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social el procedimiento aplicable para la tramitación del reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación a la Policía Foral de Navarra, al amparo del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, una vez cumplimentadas las actuaciones y trámites oportunos y evaluados los estudios correspondientes por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, el Gobierno a propuesta del Ministro de Empleo y Seguridad Social, aprobará el correspondiente Real Decreto accediendo, en el menor plazo posible, a la petición del citado colectivo de Policía Foral de Navarra.
Disposición adicional centésima sexagésima. Criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
En el plazo de tres meses tras la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Fomento deberá aprobar las modificaciones necesarias en la Orden Circular 35/2014, sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, a los efectos de prever la instalación generalizada y con carácter prioritario del Sistema para Protección de Motociclistas (SPM) a los tramos construidos y en uso que tengan la consideración de puntos de concentración de víctimas determinados por el INVIVE MOTOS, y para que los SPM que se instalen sean los más seguros, de nivel I y clase 70.
Disposición adicional centésima sexagésima primera. Obras de interés general.
Se declaran de interés general las siguientes obras:
1) Depuración y saneamiento de la Illa de Arousa.
2) Mejora de la depuración de Sanxexo y saneamiento de Raxó.
3) Ampliación y mejora de la EDAR de Ponteaeras. 1ª Fase.
Disposición adicional centésima sexagésima segunda. Obras de interés general.
Uno. Se declaran de interés general las siguientes nueve obras incluidas en el Anexo V del «Protocolo general de colaboración con la Junta de Castilla y León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración: Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015» cuya ejecución está asignada a la Administración General del Estado:
1) Nueva EDAR de Quintanilla de Onésimo (Valladolid).
2) Nueva EDAR de Villanueva de Duero (Valladolid).
3) Nueva EDAR de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).
4) Nueva EDAR y conexiones de Villavieja de Yeltes (Salamanca).
5) Nueva EDAR y emisario de Ayllón (Segovia).
6) Nueva EDAR en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora).
7) Nueva EDAR de Astudillo (Palencia).
8) Nueva EDAR de Esguevillas de Esgueva (Valladolid).
9) Nueva EDAR de Valoria la Buena (Valladolid).
Dos. Las obras incluidas en esta disposición adicional llevarán implícitas las declaraciones siguientes:
a) La de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Disposición adicional centésima sexagésima tercera. Obras de interés general.
Uno. Se declaran de interés general las siguientes tres obras incluidas en el Anexo V.A del «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015» correspondientes con aglomeraciones que vierten las aguas residuales urbanas a zona de playa y cuya ejecución está asignada a la Administración General del Estado:
1) Saneamiento y EDAR de Tapia de Casariego (Asturias).
2) Saneamiento de Bañugues y Antromero, y Saneamiento Gozón Fase 4ª(Asturias).
3) Incorporaciones al saneamiento de Villaviciosa, margen izquierda (Asturias).
Dos. Las obras incluidas en esta disposición adicional llevarán implícitas las declaraciones siguientes:
a) La de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Disposición adicional centésima sexagésima cuarta. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros de los cuerpos de Policía Local al servicio de las Administraciones Locales.
En relación con los miembros de los cuerpos de Policía Local al servicio de las Administraciones Locales, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la Administración como para el funcionario, a partir de la entrada en vigor de la norma reglamentaria por la que se establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de ese colectivo.
El tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento a cargo del funcionario.
Disposición adicional centésima sexagésima quinta. Tasa adicional de reposición de la policía local.
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020.
Disposición adicional centésima sexagésima sexta. Compromiso de licitación de infraestructuras públicas.
Con la entrada en vigor de la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de España se compromete a:
1. Cumplir los calendarios y las previsiones de licitación y ejecución comprometidos en las diferentes Comunidades Autónomas, tanto en materia de infraestructuras viarias como ferroviarias -alta velocidad, red convencional y cercanías, incluidos los procesos de integración programados en diferentes ciudades-, aeroportuarias y portuarias, así como la planificación prevista en los ámbitos de vivienda y modos de transporte.
2. Que el Ministro de Fomento comparezca cada tres meses en el Senado para dar cuenta e informar del estado de cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno de España en el ámbito de las infraestructuras, el transporte y la vivienda en cada uno de los territorios.
Disposición adicional centésima sexagésima séptima. Personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además de lo establecido en el artículo 19. Dos de la presente Ley, se autoriza una tasa adicional para las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes al personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios que, estando dotadas presupuestariamente, sean necesarias para dar cumplimiento a la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, en cuanto a la organización y estructura de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, basada en parques y subparques cuyas dotaciones mínimas de personal, instalaciones y utensilios sean determinadas reglamentariamente por el Gobierno de Aragón, habida cuenta de la situación de excepcionalidad y urgencia derivada de la aplicación de esta Ley.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal.
Durante el año 2018, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017, con el incremento máximo previsto en el artículo 18 Dos.
No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2018 o con el que proceda para alcanzar estas últimas.
Disposición transitoria segunda. Complementos personales y transitorios.
Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre del año anterior, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico.
En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Dos anterior.
Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado cambie de país de destino.
Disposición transitoria tercera. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor en los términos previstos en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a las entidades, organismos y empresas incluidas en el Catálogo a que se refiere el artículo 9 del citado Real Decreto, hasta la fecha que se determine en la norma reglamentaria que, en desarrollo de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la presente Ley, regule la Tarjeta Social Universal.
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social Universal el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas, regulado por el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las reclamaciones económico-administrativas en materia de Clases Pasivas.
Las reclamaciones económico-administrativas en materia de reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sea competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contra actos y resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose hasta su conclusión, conforme a las normas que regían en la fecha en que se dictaron.
Disposición transitoria quinta. Tasa general de operadores de telecomunicaciones.
Las liquidaciones de la tasa general de operadores a que se refiere el apartado 1 del anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que no se hubieran practicado antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se realizaran conforme a lo establecido en la disposición final trigésima segunda.
Disposición transitoria sexta. Régimen de Matrícula Turística.
Los vehículos y embarcaciones que a la entrada en vigor de esta Ley estuviesen en matrícula turística al amparo del Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la Reglamentación de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado interior, podrán ser utilizados por los beneficiarios del régimen hasta que finalice el plazo autorizado, que no podrá exceder, en todo caso, del 31 de diciembre de 2018.
Disposición transitoria séptima. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes de las mismas.
En tanto se determinen por las diferentes administraciones Públicas las retribuciones a percibir por su personal en situación de incapacidad temporal, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima cuarta de esta Ley, seguirá siendo de aplicación lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Una vez entre en vigor la nueva regulación, ambas normas dejaran de ser aplicables en la Administración respectiva y en los organismos y entidades dependientes de las mismas.
Disposición transitoria octava. Retribuciones de determinados cargos del Ministerio Fiscal correspondientes al año 2017 a percibir en el año 2018.
Con vigencia exclusiva para el año 2018, los miembros del Ministerio Fiscal que aparecen en la siguiente tabla, a excepción del Fiscal General del Estado que se regula en el número 4 del apartado cinco del artículo 27 de esta Ley, percibirán, con los mismos efectos de 1 de enero de 2017, que los previstos para los Magistrados del Tribunal Supremo a los que se refiere el número 3, del apartado cinco del artículo 27 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, dos pagas al año, en junio y diciembre, por las cuantías, cada una de las mismas, que se detalla a continuación:
Determinados Miembros del Ministerio Fiscal
Cuantía en euros
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo
6.992,92
Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
6.992,92
Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
6.873,19
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición derogatoria primera. Derogación del artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera, queda derogado el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Disposición derogatoria segunda. De supresión del apartado 1.c) de la disposición adicional undécima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se suprime la letra c) de la disposición adicional undécima.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Disposición derogatoria tercera. Derogación del Régimen de Matrícula Turística.
Uno. Queda derogada la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, del Impuesto General Indirecto Canario, del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias y de la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías.
Dos. Queda derogado el Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la Reglamentación de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado interior.
Disposición derogatoria cuarta. Derogación de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Queda derogada la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el apartado, 3 del artículo séptimo de la Ley 4/1986, de 8 de enero, que queda redactado como sigue:
«3. El importe de la enajenación de bienes integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado se destinará a la adquisición de bienes de valor equivalente, obras de construcción, conservación, reforma, acondicionamiento y mejora de los bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y, en general, a las finalidades previstas en esta Ley y en su Reglamento ejecutivo.
Asimismo, se destinará al pago de los arrendamientos a que se refiere la disposición adicional novena de la presente Ley.»
Dos. Se adiciona una disposición adicional novena a la Ley 4/1986, de 8 de enero de 1986, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Arrendamientos.
A fin de garantizar la seguridad de las personas e inmuebles y atender las necesidades de espacios para uso vinculado a los fines de esta Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá arrendar inmuebles para su posterior cesión en uso a sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales en los términos previstos en el artículo tercero de la presente Ley.
Esta facultad se podrá utilizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando, por la realización de una obra de carácter estructural e inaplazable, sea necesario desalojar un edificio adscrito a Patrimonio Sindical Acumulado cedido a interlocutores sociales y durante el tiempo que medie hasta la recepción final de la obra.
b) Cuando los edificios de que es titular el Estado a los fines de esta Ley no reúnan las condiciones de habitabilidad normativamente exigibles para su uso como centro de trabajo, ni sea posible realizar obras de rehabilitación de los mismos.
Los contratos de arrendamiento tendrán una vigencia máxima de 5 años.
En todo caso, la cesión de inmuebles arrendados para los usos citados se ajustará al procedimiento previsto en esta Ley.»
Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Revisión de actos administrativos por vía de recurso.
1. Los acuerdos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en materia de Clases Pasivas que sean de su competencia, pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter previo a la vía contencioso-administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Dirección General Costes de Personal y Pensiones Públicas.
2. Los acuerdos de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa en materia de Clases Pasivas que sean de su competencia a tenor de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán recurribles, en su caso, por los interesados ante el Ministro de Defensa, previamente a la interposición del oportuno recurso contencioso-administrativo.
3. No se reputarán en ningún caso como recursos, las solicitudes de reconocimiento o modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la incompatibilidad o concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de fundamento a una resolución denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia de hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta o no existían al dictar el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad de los efectos de esos derechos se contienen en este texto.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue:
«3. A la base reguladora determinada de acuerdo con las reglas anteriores se aplicará el porcentaje fijo del 50 por 100 para obtener el importe de la pensión de viudedad.
Este porcentaje será el 25 por 100 en el supuesto de que el causante de los derechos hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia del mismo y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los términos que reglamentariamente se determinen, estos porcentajes se incrementarán en 4 o en 2 puntos, respectivamente, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido una edad igual o superior a 65 años.
b) No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera.
c) No percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
d) No percibir rendimientos del capital, de actividades económicas o ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que en cómputo anual superen el límite de ingresos establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda redactado como sigue:
«3. No obstante, cuando la pensión extraordinaria estuviera originada como consecuencia de un acto de terrorismo, tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de veintitrés años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante.
En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años. En caso de que estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.
Si el huérfano mayor de veintitrés años se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los veinticinco años de edad tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter permanente, siendo a este efecto de aplicación lo dispuesto en el número 3 del artículo 41 de este texto.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional, decimonovena, al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimonovena. Incremento del porcentaje de determinadas pensiones ordinarias de viudedad.
El incremento de 4 puntos aplicable sobre la base reguladora correspondiente para determinar el importe de la pensión de viudedad, establecido en el último párrafo del artículo 39.3, será asimismo de aplicación, con los mismos requisitos, a las pensiones ordinarias de viudedad causadas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.
En los supuestos de pensiones ordinarias de viudedad causadas al amparo de la legislación especial de guerra, este incremento se llevará a cabo en los siguientes términos:
Las pensiones cuyo importe se calcula mediante la aplicación de un determinado porcentaje se incrementarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3, con los requisitos establecidos en el mismo.
Las pensiones cuyo importe es igual a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad de mayores de 65 años en el sistema de Seguridad Social se incrementarán en la misma cuantía que éstas.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:
Uno. Se modifica el apartado 9° del artículo 9, que queda redactado del modo siguiente:
«A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren las letras C) y D) de este apartado, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.
B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
d) Cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, dependientes de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.
C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.
D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
E) La no consideración como operaciones sujetas al Impuesto que establecen las letras C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma Administración Pública.»
Dos. Se modifica la letra b) del número 2 del artículo 22, que queda redactado de la forma siguiente:
«b) Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto.
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.
En ningún caso se incluirán las subvenciones dirigidas a permitir el abastecimiento de productos comunitarios o disponibles en el mercado de la CEE, previsto en el Programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias.
No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el número 1 del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:
a’) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.
b’) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.»
Tres. Se suprime la letra e) del número 3 del artículo 22.
Cuatro. Se modifica el número 5 del artículo 28, que queda redactado del modo siguiente:
«5. Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y operaciones no sujetas por aplicación de lo establecido en el artículo 9.9.° de esta Ley, podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto, incluyéndose, a estos efectos, las operaciones a que se refiere el artículo 29.4.2.° de esta Ley. Este criterio deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.
A estos efectos, podrá atenderse a la proporción que represente el importe total, excluido el Impuesto General Indirecto Canario, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios de las operaciones sujetas al Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada año natural por el conjunto de su actividad.
El cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio se podrá determinar provisionalmente atendiendo a los datos del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año.
No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 9.9° de esta Ley.
Las deducciones establecidas en este apartado se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título II de esta Ley y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.
Lo previsto en este número no será de aplicación a las actividades de gestión de servicios públicos en las condiciones señaladas en la letra a’) del artículo 22.2.b) de esta Ley.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la letra c) del artículo 13.2 del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, en los siguientes términos:
«c) Los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, menores de dieciocho años o mayores incapacitados para todo trabajo al momento del fallecimiento de aquél o antes del cumplimiento de la citada edad.
En los casos en que el hijo del causante no efectúe trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, sea menor de veinticinco años de edad.
Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.»
Dos. Lo establecido en el número anterior tendrá rango de Real Decreto y podrá ser modificado mediante norma de igual rango.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, que queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán acceder a estas ayudas quienes, en el momento de perpetrarse el delito, sean españoles o nacionales de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o quienes, no siéndolo, residan habitualmente en España o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas análogas a los españoles en su territorio.
Asimismo, podrán acceder a las ayudas las mujeres nacionales de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea su situación administrativa, cuando la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, siempre que se trate de delitos a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer.
La condición de víctima de violencia de género deberá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios de prueba:
a) A través de la sentencia condenatoria.
b) A través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar de protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.
c) De la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
En el caso de fallecimiento, lo previsto en los párrafos anteriores será exigible respecto de los beneficiarios a título de víctimas indirectas, con independencia de la nacionalidad o residencia habitual del fallecido.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 6. Criterios para determinar el importe de las ayudas.
1. El importe de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indemnización fijada en la sentencia. Tal importe se determinará mediante la aplicación de las siguientes reglas, en cuanto no supere la cuantía citada:
a) De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a percibir será la equivalente al duplo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) diario, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación después de transcurridos los seis primeros meses.
b) De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir como máximo se referirá al IPREM mensual vigente en la fecha en que se consoliden las lesiones o daños a la salud y dependerá del grado de incapacitación de acuerdo con la siguiente escala:
Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades.
Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades.
Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades.
Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.
c) En los casos de muerte, la ayuda máxima a percibir será de ciento veinte mensualidades del (IPREM) vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento.
2. El importe de la ayuda se establecerá mediante la aplicación de coeficientes correctores sobre las cuantías máximas previstas en el apartado anterior, en la forma que reglamentariamente se determine y en atención a:
a) La situación económica de la víctima y del beneficiario.
b) El número de personas que dependieran económicamente de la víctima y del beneficiario.
c) El grado de afectación o menoscabo que sufriera la víctima dentro de los límites de aquella situación que le correspondiera de entre las previstas por el artículo 6.1.b) de esta Ley.
En el supuesto de que la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta Ley, el importe de la ayuda calculado de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores se incrementará en un veinticinco por ciento. En los casos de muerte, la ayuda será incrementada en un veinticinco por ciento para beneficiarios hijos menores de edad o mayores incapacitados.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Tres. Se añade un número 4 al artículo 7 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Prescripción de la acción.
[…]
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de que la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta Ley, el plazo para solicitar las ayudas será de tres años.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Cuatro. Se añade un último párrafo al apartado 1 del artículo 10 de la Ley 35/1995, que queda redactado como sigue:
«Artículo 10. Concesión de ayudas provisionales.
1. Podrán concederse ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios.
Reglamentariamente se determinarán los criterios en virtud de los cuales se considerará precaria la situación económica de la víctima del delito, a los efectos de poder acceder a la concesión de ayudas provisionales.
En los supuestos en que la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencia de género, en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta Ley, podrán concederse las ayudas provisionales cualquiera que sea la situación económica de la víctima o de sus beneficiarios.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final sexta. Cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
En aras a mantener el alto grado de consenso alcanzado y de acuerdo con el contenido del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, con el fin de garantizar su viabilidad, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 contemplan:
Para las nuevas o ampliadas acciones reservadas a la Administración General del Estado dentro del Pacto de Estado en materia de violencia de género, las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las mayores o nuevas medidas reservadas a la Administración General del Estado dentro del Pacto de Estado se incrementan en 80 millones de euros adicionales en este Proyecto de Ley.
Los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias finalistas a los ayuntamientos, un incremento de 20 millones de euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado destinarán a las Comunidades Autónomas un incremento de 100 millones de euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas dentro del Pacto de Estado.
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 15 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Órganos rectores y personal.
1. […]
2. El Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad, que tendrán la condición de alto cargo, serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública. Su retribución, por todos los conceptos, será fijada por el Ministro de Hacienda y Función Pública.
El Vicepresidente de la Sociedad sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá aquellas funciones que el Presidente o el Consejo le deleguen.
3. El Consejo de Administración estará formado por el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad Estatal, y un máximo de 14 Consejeros nombrados por el Ministro de Hacienda y Función Pública.»
El resto de apartados continúa con la misma redacción.
Disposición final octava. Modificación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al artículo 7 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Disposición de la acción procesal.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que el Abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, precisará autorización expresa de la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado que deberá, previamente, en todo caso, recabar informe del Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente.
2. El informe deberá ser emitido por la unidad competente por razón de la materia y, en su caso, por el órgano autor del acto objeto del proceso. Los informes deberán contener los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal. En los procesos en los que se ventilen pretensiones sobre derechos de la Hacienda Pública de cuantía superior a un millón de euros, el Departamento, organismo o entidad pública deberá acompañar al informe sobre la propuesta de allanamiento o desistimiento una memoria con la estimación de sus consecuencias económicas para la Hacienda Pública. La memoria deberá ser emitida por la unidad competente por razón de la materia.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se añade un nuevo párrafo al final del apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, declarada vigente por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la siguiente redacción:
«3. […]
Si, al tiempo en que se hubiera satisfecho íntegramente a los titulares de los proyectos de construcción paralizados la compensación prevista en el apartado segundo de la presente disposición adicional, existieran activos afectos a los mismos pendientes de enajenar, podrá acordarse mediante Orden Ministerial que dichos activos y, en particular, los terrenos, emplazamientos e instalaciones afectos, sean transmitidos o cedidos a una Administración Pública, en los términos que se determinen en dicha Orden.»
El resto del apartado mantiene la misma redacción.
Disposición final décima. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, por el que se adecúa la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.ª del Real Decreto-ley de 11-06-1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva redacción a los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, por el que se adecúa la normativa del recurso previsto en el párrafo tercero de la base 9.ª del Real Decreto-ley de 11-6-1929, de bases de puertos, zonas y depósitos francos al sistema tributario vigente, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 6. Procedimiento de liquidación del recurso al consorcio.
El órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tan pronto tenga conocimiento del ingreso en el Tesoro Público de liquidaciones de la Administración o autoliquidaciones correspondientes a las entidades establecidas en la zona franca, efectuará las oportunas liquidaciones del recurso con cargo al Presupuesto de Ingresos y expedirá el consiguiente libramiento a favor del mismo, en el que se incluirán los correspondientes intereses de demora ingresados por los sujetos pasivos, pero no las sanciones o recargos.
En los supuestos en que la declaración-liquidación anual resulte a devolver, la devolución del Impuesto sobre Sociedades por cada sujeto y ejercicio se realizará, en primer término, con cargo a los pagos fraccionados efectuados por dicho sujeto pasivo y en la proporción en que el consorcio y el Tesoro Público hubieran participado en los mismos.»
«Artículo 7. Procedimiento de cálculo del recurso en los supuestos de realización de actividades dentro y fuera de la zona franca.
En los casos de realización de actividades dentro y fuera de la zona franca, por entidades y grupos de sociedades a los que sea aplicable en el régimen del Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe del órgano de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente en relación con el sujeto pasivo y del consorcio de la zona franca, sobre la actividad desarrollada en la zona franca por entidades y grupos, determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, sobre delimitación del recurso para estas entidades y grupos el importe del recurso que corresponde al consorcio en los ingresos por autoliquidaciones y liquidaciones efectuadas por la Administración en concepto de pagos fraccionados y de la declaración-liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades.
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, la Agencia Estatal de Administración Tributaria determinará provisionalmente la participación del consorcio en la misma proporción que hubiera resultado de la última declaración anual para la que se hubiera fijado.
Una vez que se presente la declaración-liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades el órgano competente de inspección emitirá informe sobre el porcentaje de recaudación atribuible al consorcio. Este informe se trasladará al consorcio de la zona franca, para que pueda hacer las alegaciones que estime oportunas. El órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en consecuencia practicará las liquidaciones que procedan a favor o con cargo al presupuesto de ingresos, sin incluir en ningún caso intereses de demora.»
«Artículo 8. Aplicación del recurso.
Una vez atendida la aportación al Fondo de compensación de los Consorcios de Zona Franca, se empleará como máximo el 25 por 100 del remanente para los gastos de funcionamiento del consorcio. El resto se destinará a inversiones en la zona franca y a las actividades de fomento propias de las Administraciones territoriales que integran los consorcios de las zonas francas.
Los consorcios de la zona franca podrán aplicar el remanente de recaudación no empleado en un ejercicio a idéntica finalidad en ejercicios sucesivos.»
Disposición final décima primera. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la administración de justicia aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 15 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la administración de justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 15. Beneficiarios de asistencia sanitaria.
[…]
2. Para la determinación de la condición de beneficiario a cargo de un mutualista de este Régimen, se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Mutualismo Judicial que, asimismo, establecerá los supuestos y condiciones en que se dispensará la asistencia sanitaria tanto a los viudos como a los huérfanos de mutualistas activos o jubilados.
El reconocimiento o mantenimiento por MUGEJU de la condición de beneficiario a cargo de un mutualista será incompatible con la condición de asegurado o beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud, reconocida por cualquiera de los otros organismos públicos competentes a tal efecto.
3. En ningún caso MUGEJU facilitará a su cargo la prestación de asistencia sanitaria a los familiares o asimilados de los mutualistas cuando aquéllos no tengan reconocida la condición de beneficiarios del mutualismo judicial, salvo en el caso del recién nacido cuando la madre sea mutualista o beneficiaria y en los supuestos de adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el momento del parto, desde la decisión administrativa o judicial de acogimiento o desde la resolución judicial por la que se constituya la adopción.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final décima segunda. Modificación de la disposición adicional 10.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se añaden dos nuevos apartados, 4 y 5, a la disposición adicional 10.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, con la siguiente redacción:
«4. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado, podrá revisar directamente los actos de reconocimiento de las prestaciones cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando proceda la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos.
b) Cuando se constate que la prestación se ha obtenido mediante omisiones, inexactitudes o falseamiento de datos en las declaraciones de los mutualistas o de los beneficiarios.
c) Cuando el acto haya sido acordado con carácter de revisable, provisional o condicional, como consecuencia de estar sujeto a revisión periódica, o al cumplimiento de determinada condición o requisito, y se revele como indebido como consecuencia de dicha revisión, o del incumplimiento de la condición o requisito de que se trate.
5. Cuando como consecuencia de la existencia de prestaciones indebidas, resulten cantidades a devolver a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y el deudor de las mismas sea, simultáneamente, perceptor de alguna de las prestaciones económicas gestionadas por la Mutualidad, ésta podrá efectuar, en los términos que reglamentariamente se determine, descuentos sobre dichas prestaciones para resarcirse de la deuda contraída por el beneficiario, salvo en los supuestos en que el propio deudor opte por abonar la deuda en un solo pago.»
El resto de la disposición permanece con la misma redacción.
Disposición final décima tercera. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado Dos del artículo 53 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado de la siguiente forma:
«Dos. Son funciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, las siguientes:
1.ª Desarrollar las directrices del Ministerio del Interior en materia de patrimonio inmobiliario y condiciones urbanísticas del mismo, a efectos de la elaboración y realización de los planes de infraestructura de la seguridad del Estado y cumplir los cometidos que se le asignen en relación con los inmuebles afectados a los fines de la seguridad.
2.ª Hacer propuestas referentes al planeamiento urbanístico, coordinar y desarrollar los planes de infraestructura de la seguridad del Estado, así como llevar a cabo acuerdos de colaboración al efecto con las Corporaciones locales y con las Comunidades Autónomas.
3.ª Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de ordenación urbana que afecten a los inmuebles y acuartelamientos existentes. Esta colaboración, así como las propuestas a que se refiere el apartado anterior, deberán procurar la coordinación con el planeamiento para facilitar la ejecución de los planes infraestructura.
4.ª Obras de construcción, ampliación, reforma y mantenimiento de bienes inmuebles afectos a los fines de la seguridad del Estado, conforme a los planes de infraestructura formulados, sin perjuicio de las que se puedan encomendar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, de acuerdo con sus Estatutos, y a los órganos gestores del Ministerio del Interior.
5.ª La enajenación de los bienes inmuebles afectos a los fines de la seguridad del Estado puestos a su disposición, mediante venta o permuta, según los correspondientes planes, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del organismo.
6.ª La adquisición de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad Estado de acuerdo con los planes y programas aprobados por la Secretaría de Estado de Seguridad y que ésta le encomiende, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil.
7.ª La enajenación onerosa de los bienes muebles que sean puestos a su disposición, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del organismo.
8.ª Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final décima cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en los términos que se exponen a continuación:
El artículo 81.3.b, apartado 1.º, queda redactado del siguiente modo:
«1.º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 0 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final décima quinta. Modificación del Anexo III de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
Con efectos desde el 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el Anexo III Complemento específico de los miembros de la carrera judicial, por responsabilidad y penosidad, de Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en el sentido de reconocer al Presidente y a los Magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional un complemento por penosidad de 628,30 euros mensuales.
Disposición final décima sexta. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
Con efectos desde el día 1 del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y con vigencia indefinida, se da nueva redacción a la disposición adicional decimoséptima, apartado 3, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que queda redactada como sigue:
«3. El importe de la prestación, “P”, es resultado de aplicar la siguiente fórmula:
“P” = “q” * “m”
Donde:
“q”, es la cuantía unitaria de 0,45 € por franja horaria asignada y 0,23 € por horario facilitado.
y “m”:
a) Para cada gestor aeroportuario, el conjunto de franjas horarias asignadas u horarios facilitados en el correspondiente aeropuerto en la programación final de cada mes natural, conforme al registro del Coordinador.
b) Para cada operador aéreo, el número total de franjas horarias asignadas u horarios facilitados de que dispongan en la programación final de cada mes natural, conforme al registro del Coordinador.»
Disposición final décima séptima. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, General del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Con efectos desde la entrada en vigor de la presente Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de la siguiente forma:
Uno. Se modifica la letra b) del apartado 4 del artículo 10, que quedará redactada como sigue:
«b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o cuya administración y gestión les corresponda. De acuerdo con ello, y en relación con los tributos que graven estos bienes y derechos, cada Departamento tendrá la consideración de obligado tributario, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
El resto del apartado permanece con la misma redacción.
Dos. Se añade una letra f) al apartado 5 del artículo 10, con la siguiente redacción:
«f) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera la correcta gestión de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado. En relación con los tributos que graven estos bienes y derechos, tendrá la consideración de obligado tributario, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.»
El resto del apartado permanece con la misma redacción.
Tres. Se modifica la letra b) del apartado 6 del artículo 10, que quedará redactada como sigue:
«b) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protección jurídica, defensa, inventario, administración, conservación, y demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos propios del organismo o adscritos al mismo, o cuya administración y gestión les corresponda. De acuerdo con ello, y en relación con los tributos que graven estos bienes, los Organismos tendrán la consideración de obligados tributarios.»
El resto del apartado permanece con la misma redacción.
Cuatro. Se modifica el artículo 30, incorporando dos nuevos apartados 4 y 5 con la siguiente redacción:
«4. Cuando para hacer efectivas obligaciones económicas de la Administración General del Estado se haya procedido al embargo y realización forzosa de un bien o derecho patrimonial deberá compensarse la pérdida del elemento o valor patrimonial con cargo a los créditos del Departamento responsable, mediante reasignación presupuestaria. A estos efectos, se procederá a tramitar una transferencia de crédito, aprobada por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa de la Dirección General del Patrimonio del Estado y a propuesta de la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, por un importe equivalente al valor de tasación del bien o derecho adjudicado, desde los créditos presupuestarios del Departamento responsable y a los créditos del programa presupuestario 923A “Gestión del Patrimonio del Estado”, que se hará efectiva dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente a aquél en que se haya producido la pérdida del bien o derecho. Estas transferencias no estarán sujetas a las restricciones previstas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. En las diligencias de embargo contra bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado por deudas tributarias sólo podrán acumularse deudas correspondientes a un único obligado tributario.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Disposición final décima octava. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, para todas las subvenciones y demás ayudas que se concedan a partir de esa fecha y con vigencia indefinida, se introduce una nueva disposición adicional, la vigésima sexta, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésima sexta. Subvenciones y otras ayudas concedidas por las entidades de derecho público del sector público estatal que se rijan por el derecho privado.
1. Las entregas dinerarias sin contraprestación que otorguen las entidades de derecho público del sector público estatal que se rijan por el derecho privado, tendrán siempre la consideración de subvenciones. Su concesión y demás actuaciones contempladas en esta Ley constituirán el ejercicio de potestades administrativas a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando sometidas al mismo régimen jurídico establecido para las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas.
2. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las siguientes ayudas preservarán sus actuales especialidades:
a) Los préstamos concedidos por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con una parte no reembolsable de hasta un tercio del importe del crédito, que seguirán el régimen previsto en la disposición adicional sexta de esta Ley.
b) Las ayudas concedidas por ICEX España Exportación e Inversiones dirigidas a impulsar la participación agrupada de empresas en ferias internacionales, misiones directas, jornadas técnicas, seminarios, congresos, convenciones o actividades análogas, en tanto no se opongan a la normativa comunitaria.
En todo caso, les serán de aplicación los principios generales y de información a que hacen referencia los artículos 8, 18 y 20 de esta Ley.
Los préstamos y ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y por ICEX España Exportación e Inversiones no previstos en las letras a) y b) de este apartado, se someterán al régimen general contemplado en esta Ley.»
Disposición final décima novena. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 73, de la Ley General Presupuestaria que queda redactado como sigue:
«1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación del gasto.
b) Compromiso de gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.»
Se mantiene la redacción para el resto de apartados de este artículo.
Tres. Se modifica el artículo 90, de la Ley General Presupuestaria que queda redactado como sigue:
«Artículo 90. Tesoro Público.
Constituyen el Tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo estatal, con exclusión de los sujetos contemplados en el artículo 2.2.d) y h) y 2.3, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.»
Cuatro. Se da nueva redacción a la rúbrica del Capítulo IV del Título IV, que queda redactada como sigue:
«CAPÍTULO IV
Del endeudamiento de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional y de la gestión de tesorería de los organismos autónomos»
Cinco. Se da nueva redacción al artículo 111, que queda como sigue:
«Artículo 111. Emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal.
1. Los organismos autónomos no podrán concertar operaciones de endeudamiento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ante la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar por el organismo autorice la suscripción de dichas operaciones, que se efectuarán en los términos y con el límite que en dicha Ley se establezcan.
A efectos del cumplimiento de dicho límite, no se deducirán las posiciones activas de tesorería constituidas por el organismo.
Las operaciones de endeudamiento concertadas por organismos autónomos se regularán por lo dispuesto en el Capítulo II de este Título en lo que les resulte de aplicación, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado que autorice las operaciones establezca expresamente otra cosa.
2. Del mismo modo, los demás organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal, salvo las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado, cuyo endeudamiento estará autorizado en sus presupuestos de explotación y capital correspondientes, sólo podrán concertar operaciones de endeudamiento si así lo autoriza de forma expresa la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y dentro de los límites que dicha Ley establezca, salvo que se trate de operaciones de crédito que se concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario.
3. Los organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal, con excepción del Instituto de Crédito Oficial, se someterán a los principios de prudencia financiera que se fijen por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Los principios que se fijen para las entidades y organismos distintos de las sociedades cotizadas mercantiles estatales cuyas acciones estén sometidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores se referirán, al menos, a los límites máximos del coste financiero al que podrán suscribirse las citadas operaciones de crédito, así como a las limitaciones al uso de derivados financieros.
4. Las competencias señaladas en el artículo 98 de esta Ley se entenderán referidas, en su caso, al presidente o director del organismo o entidad integrante del sector público institucional estatal correspondiente.
En el caso de operaciones a realizar por fundaciones, dichas competencias se entenderán referidas al patronato de la correspondiente fundación.
En el caso de sociedades mercantiles, las competencias serán ejercidas por la Junta General de Accionistas.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 130, de la Ley General Presupuestaria que queda redactado como sigue:
«1. La Cuenta General del Estado se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal y comprenderá el balance consolidado, la cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de liquidación del presupuesto consolidado y la memoria consolidada.
La Cuenta General del Estado deberá suministrar información sobre la situación patrimonial y financiera, el resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público estatal.
A la Cuenta General del Estado se acompañarán las cuentas de gestión de tributos cedidos a las comunidades autónomas conforme a lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Siete. Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 136, de la Ley General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«4. La Intervención General de la Administración del Estado elaborará, antes del envío de la Cuenta de la Administración General del Estado al Tribunal de Cuentas, un informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria resultado, fundamentalmente, de las actuaciones de control reguladas en el párrafo g) del apartado 1 del artículo 159 de esta Ley. La Intervención General de la Administración del Estado publicará anualmente dicho informe en el portal de la Administración presupuestaria dentro del canal “Registro de cuentas anuales del sector público.»
Ocho. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 149 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 149. Ámbito de aplicación.
[…]
2. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora:
a) En aquellos tipos de expedientes de gasto y, en su caso, en aquellos órganos y organismos que se determinen.
b) Respecto de toda la actividad del organismo o de algunas áreas de gestión, en aquellos organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Nueve. Se da nueva redacción al artículo 158 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 158. Ámbito de aplicación.
1. El control financiero permanente se ejercerá sobre:
a) La Administración General del Estado.
b) Los organismos autónomos.
c) Las entidades públicas empresariales.
d) Las autoridades administrativas independientes, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.
e) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, cuando se hallen inmersas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 100 de la Ley General de la Seguridad Social.
g) Los organismos y entidades estatales de derecho público contemplados en el artículo 2.2.i) de esta Ley, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.
2. El Consejo de Ministros podrá acordar, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, que en determinadas entidades públicas empresariales y organismos y entidades del párrafo i) del apartado 2 del artículo 2 de esta Ley, el control financiero permanente se sustituya por las actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías.»
Diez. Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 161 de la Ley 47/2003, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 161. Planes de acción y seguimiento de medidas correctoras.
[…]
2. El Plan de Acción se elaborará y se remitirá a la Intervención General de la Administración del Estado en el plazo de 3 meses desde que el titular del departamento ministerial reciba la remisión de los informes de control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. El departamento deberá realizar el seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a la Intervención General de la Administración del Estado de su efectiva implantación.
3. La Intervención General de la Administración del Estado valorará la adecuación del Plan de Acción para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos.
Si la Intervención General de la Administración del Estado no considerase adecuadas y suficientes las medidas propuestas en el Plan de Acción lo comunicará motivadamente al titular del correspondiente departamento ministerial, el cual dispondrá de un plazo de un mes para modificar el Plan en el sentido manifestado. En caso contrario, y si la Intervención General de la Administración del Estado considerase graves las debilidades, deficiencias, errores o incumplimientos cuyas medidas correctoras no son adecuadas, lo elevará al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Hacienda y Función Pública, para su toma de razón. Igualmente, la Intervención General de la Administración del Estado, a través del Ministro de Hacienda y Función Pública, pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros para su toma de razón la falta de remisión del correspondiente Plan de Acción dentro del plazo previsto en el apartado anterior.
Adicionalmente, esta información se incorporará al informe general que se emita en ejecución de lo señalado en el artículo 146.1 de esta Ley.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Once. Se da nueva redacción al artículo 163 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 163. Ámbito.
La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, impuestas a las sociedades mercantiles estatales por la legislación mercantil.»
Doce. Se da nueva redacción al artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado como sigue:
«Artículo 168. Ámbito de la auditoría de cuentas anuales.
La Intervención General de la Administración del Estado realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:
a) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, los organismos y entidades estatales de derecho público a que se refiere el artículo 2.2.i) de la esta Ley, los consorcios contemplados en su artículo 2.2.d), las universidades públicas no transferidas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.
b) Las fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica.
c) Las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
d) Los fondos sin personalidad jurídica, salvo que su legislación específica disponga lo contrario.»
Trece. Se da nueva redacción a la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda. Colaboración en la realización del Plan Anual de Auditorías.
Para la ejecución del Plan Anual de Auditorías referido en el artículo 165 de esta Ley, la Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar la colaboración de sociedades de auditoría o auditores de cuentas, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. En particular, las relativas a la protección de la independencia y la incompatibilidad del personal auditor susceptible de generar influencia.
Excepcionalmente, la contratación podrá ser realizada y asumida por la propia entidad a auditar, a solicitud motivada de la misma y previa autorización de la Intervención General de la Administración del Estado, quien establecerá los criterios de solvencia, condiciones de compatibilidad de los contratistas, criterios de valoración para la selección de los contratistas y condiciones técnicas de ejecución del trabajo que deberán ser incluidos en los documentos de contratación.
Los auditores contratados no podrán serlo, mediante contrataciones sucesivas, para la realización de trabajos sobre una misma entidad por más de diez años. Posteriormente, no podrán ser contratados de nuevo hasta transcurridos dos años desde la finalización del periodo anterior. Asimismo, transcurridos cinco años desde el contrato inicial será obligatoria para las sociedades de auditoría o los auditores contratados, la rotación de los auditores responsables principales de los trabajos contratados, los cuales no podrán intervenir en la realización de trabajos sobre la entidad hasta transcurridos tres años desde la finalización del período de cinco años antes referido, en el caso de que siga vigente el periodo máximo de contratación.»
Catorce. Se da nueva redacción a la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional novena. Sociedades mercantiles y otros entes controlados por el sector público.
El Estado promoverá la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales con el objeto de coordinar el régimen presupuestario, financiero, contable y de control de las sociedades mercantiles en las que participen, de forma minoritaria, entidades que integran el sector público estatal, la Administración de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o entes a ellas vinculados o dependientes, cuando la participación en las mismas considerada conjuntamente fuera mayoritaria o conllevara su control político.
Estas sociedades mercantiles quedarán obligadas a rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, cuando la participación del sector público estatal sea igual o superior a la de cada una de las restantes administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada comunidad autónoma. Será de aplicación el procedimiento de rendición previsto en esta Ley.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación a las fundaciones públicas y otras formas jurídicas en las que la participación del sector público estatal sea igual o superior a la de cada una de las restantes administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa propia de cada comunidad autónoma.»
Quince. Se da nueva redacción a la disposición adicional vigésima tercera de la Ley General Presupuestaria, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional vigésima tercera. Retenciones de crédito en relación con los expedientes de transferencias de crédito para financiar contratos centralizados.
En los contratos centralizados financiados con cargo a los créditos que deban imputarse al Programa 923R “Contratación Centralizada”, cuando sean financiados mediante transferencia de crédito desde el presupuesto del órgano destinatario del contrato centralizado, el órgano gestor competente solicitará certificación de que existe saldo disponible en el crédito presupuestario y realizará la oportuna retención de crédito para transferencias de crédito con cargo al ejercicio corriente y la retención de crédito de ejercicios posteriores, detallando el importe que corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados.
Registradas las citadas retenciones de crédito, el órgano gestor remitirá los certificados correspondientes de cada una de las operaciones a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Al inicio de cada ejercicio, cuando las anualidades que correspondan al ejercicio que se inicia de retenciones de crédito plurianuales efectuadas en años anteriores, según lo indicado en los párrafos anteriores, no hayan sido recogidas en las dotaciones presupuestarias iniciales asignadas al Programa 923R “Contratación Centralizada”, se convertirán en el sistema de información contable en retenciones de crédito para transferencias a efectos de tramitar dichas modificaciones presupuestarias. A estos efectos, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, informará de las retenciones de crédito efectuadas en años anteriores que deben ser imputadas como retenciones de crédito para transferencias, así como de las que pueden ser anuladas.»
Disposición final vigésima. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor de referencia de mercado, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que queda redactado en los siguientes términos:
«Disposición adicional tercera. Procedimiento de regularización catastral.
El procedimiento de regularización se aplicará en aquellos municipios y durante el período que se determinen mediante resolución de la Dirección General del Catastro, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, el plazo previsto en dicha resolución podrá ser ampliado por decisión motivada del mismo órgano, que igualmente habrá de ser publicada en el “Boletín Oficial del Estado”.
Una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” la citada resolución y durante el período al que se refiere la misma, las declaraciones que se presenten fuera del plazo previsto por la correspondiente normativa no serán objeto de tramitación conforme al procedimiento de incorporación mediante declaraciones regulado en el artículo 13, sin perjuicio de que la información que en ellas se contenga y los documentos que las acompañen se entiendan aportados en cumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 36 y sean tenidos en cuenta a efectos del procedimiento de regularización.
Las actuaciones objeto de regularización quedarán excluidas de su tramitación a través de fórmulas de colaboración.»
Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria novena en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria novena. Régimen transitorio para la determinación del valor de referencia de mercado.
En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario previsto en la disposición final tercera de esta Ley, para la determinación del valor de referencia se elaborará un informe anual del mercado inmobiliario, base de la determinación de los diferentes módulos de valor.
Las directrices y criterios específicos de aplicación se determinarán del siguiente modo:
a) Para los bienes inmuebles urbanos, así como para las construcciones situadas en suelo rústico, con arreglo a las normas vigentes para el cálculo de los valores catastrales, fijándose anualmente para cada municipio los módulos de aplicación.
b) Para el suelo rústico no ocupado por construcciones, por aplicación de los módulos de valor de cada cultivo, fijados anualmente para cada municipio, corregidos por factores objetivos de localización, agronómicos y socioeconómicos, cuando así se justifique por el mencionado informe anual del mercado inmobiliario.»
Cuatro. Se introduce una nueva disposición final tercera en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Valor de referencia de mercado.
En la forma en la que reglamentariamente se determine, la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga.
A estos efectos, elaborará un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos, y que se publicará con periodicidad mínima anual, previa resolución, en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.»
Disposición final vigésima primera. Modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado segundo de la disposición transitoria tercera del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactado como sigue:
«Disposición transitoria tercera. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. Los ayuntamientos que con anterioridad a la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, vinieran aplicando la bonificación establecida en el artículo 74. 5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción que le proporcionó la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, podrán continuar aplicando dicha bonificación durante el periodo referido en el artículo 68.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.»
El resto de la disposición permanece con la misma redacción.
Disposición final vigésima segunda. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, y vigencia indefinida, se modifica el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería, que queda redactado como sigue:
«3. En las convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho departamento y de sus organismos autónomos que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo público, se reservará, al menos un 50 por ciento de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido, como mínimo, 5 años de tiempo de servicios y para los reservistas de especial disponibilidad, que se encuentren percibiendo, hasta en el momento de publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de esta Ley.»
El resto del artículo mantiene la redacción actual.
Disposición final vigésima tercera. Incentivación del empleo autónomo en municipios con menos de 5.000 habitantes.
Con efectos desde el primer día del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo queda redactado como sigue:
«Artículo 31. Reducciones y bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia.
1. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, establecidas en los dos primeros párrafos de este apartado, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial contempladas en las letras anteriores.
Para beneficiarse de estas reducciones durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto Nacional de Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este Servicio Común los medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que quede acreditado tal incumplimiento.»
Dos. El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo queda redactado como sigue:
«Artículo 32. Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.
1. La cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, las víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el 80 por ciento del resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.
Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse una bonificación sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a bonificar el 50 por ciento del resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de hasta 48 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta.
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, establecidas en los dos primeros párrafos de este apartado, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la bonificación por el 50 por ciento, prevista en el párrafo anterior, se aplicará, una vez transcurridos los 24 meses iniciales, durante un periodo máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos del alta.
Para beneficiarse de estas reducciones durante los 12 meses siguientes al periodo inicial, el trabajador por cuenta propia o autónomo, deberá:
1.º) Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en vigor en el momento del alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo.
2.º) Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de las Haciendas Forales, correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea inferior a 5.000 habitantes.
3.º) Mantener el alta en la actividad autónoma o por cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que causa el derecho al incentivo contemplado en este artículo; así como permanecer empadronado en el mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha alta.
La Tesorería General de la Seguridad Social realizará el control de esta reducción para lo cual el Instituto Nacional de Estadística y las Administraciones Tributarias antes citadas deberán poner a disposición de este Servicio Común los medios y la información necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para beneficiarse de esta reducción.
En caso de no cumplir dichos requisitos, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que quede acreditado tal incumplimiento.»
Disposición final vigésima cuarta. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se añade una disposición adicional decimotercera a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera. Reserva de plazas para los militares de complemento.
La reserva de plazas contemplada en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, para el personal militar profesional de tropa y marinería, se extenderá a los militares de complemento con más de cinco años de servicios en las Fuerzas Armadas.»
Disposición final vigésima quinta. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, de la siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 1 del artículo 19, que queda redactada como sigue:
«b) El cuatro por ciento de los ingresos devengados por las Autoridades Portuarias en concepto de tasas, que, a efectos contables, se considerará gasto de explotación para éstas y se liquidará con periodicidad trimestral.
En el caso de las Autoridades Portuarias situadas en los archipiélagos de Baleares y Canarias, y en Ceuta, Melilla y Sevilla, este porcentaje de aportación se establece en el dos por ciento.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 3 del artículo 159, que queda redactada como sigue:
«b) Hasta el 12 por ciento y no menos del 4 por ciento del resultado del ejercicio, excluyendo las amortizaciones del inmovilizado, el resultado por enajenaciones y bajas del activo no corriente, los ingresos por incorporación al activo de gastos financieros, el traspaso a resultados de subvenciones de capital y otros resultados que tengan el carácter de extraordinarios, la cantidad correspondiente al Fondo de Compensación aportada y recibida y los ingresos por la tasa de ayudas a la navegación siempre que el valor resultante sea positivo.
El porcentaje a aplicar correspondiente al párrafo b) será fijado anualmente por el Comité de Distribución del Fondo, a propuesta de Puertos del Estado, en función, entre otras, de las necesidades financieras globales de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado motivadas por la diferente situación competitiva en que se encuentran las Autoridades Portuarias, sobre la base de no discriminación de tratamiento entre las mismas. Dicho porcentaje se reducirá un 50 por ciento para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear y de Ceuta, Melilla y Sevilla.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Tres. Se da nueva redacción al artículo 217, que queda redactado como sigue:
«Artículo 217. Cuantía básica.
El valor de la cuantía básica de la tasa de la mercancía (M) se establece para todas las Autoridades Portuarias en 2,65 €. El valor podrá ser revisado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos en función de la evolución de los costes portuarios, logísticos y del transporte, así como de los productos transportados, tomando en consideración las necesidades asociadas a la competitividad del nodo portuario y de la economía.»
Disposición final vigésima sexta. Modificación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 58 de la Sección primera del Capítulo X de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición:
Se modifica la cuantía de las tasas correspondientes a los epígrafes g), h) e i) del artículo 58, apartado 1, de la Sección primera del Capítulo X, quedando redactada de la siguiente manera:
«1. Las cuantías de las tasas devengadas por los conceptos previstos en el apartado 1 del artículo 55, serán las siguientes:
[…]
g) Por estudio y evaluación consecutiva a la notificación de primera puesta en el mercado de complementos alimenticios: 125,63 euros.
h) Por modificaciones significativas en los productos a que se refiere el punto g): 95,86 euros.
i) Por modificaciones menores en los productos a que se refiere el punto g): 59,76 euros.»
El resto del artículo 58 permanece con la misma redacción.
Disposición final vigésima séptima. Modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Con efectos desde entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, quedando redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional septuagésima. Deudas pendientes del Ayuntamiento de Marbella con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública Estatal.
Uno. La deuda pendiente que el Ayuntamiento de Marbella y las entidades de derecho público dependientes del mismo mantienen con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública Estatal, devengada con anterioridad a la disolución del citado Ayuntamiento por Real Decreto 421/2006, de 7 de abril, se fraccionará durante un plazo no superior a 40 años mediante el descuento de las transferencias de su participación en los ingresos del Estado. El interés aplicable a la operación será del 1 %.
Dos. Se aplicará a la cancelación anticipada de las fracciones, mediante la reducción del plazo de duración total del fraccionamiento, el cobro de cualquier indemnización que el Ayuntamiento de Marbella, los entes de derecho público dependientes del mismo y las sociedades mercantiles de las que sea titular tuvieran reconocidas por los órdenes jurisdiccionales civil o penal mediante sentencia judicial firme.
En el supuesto de que tales indemnizaciones se concreten mediante la entrega al Ayuntamiento de bienes o derechos, los mismos quedarán afectos en virtud de la presente Ley al pago de la deuda fraccionada pendiente y se ejecutarán directamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley General Tributaria y 34 de la Ley General de la Seguridad Social. Se podrán excluir de esa regla los bienes o derechos que, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se destinen a la prestación de los servicios públicos municipales, sin que ello suponga minoración alguna de la deuda pendiente que hubiere sido objeto del fraccionamiento citado.
En todo lo no dispuesto en la presente disposición adicional se aplicará supletoriamente la Ley General Tributaria o la Ley General de la Seguridad Social o la Ley General Presupuestaria, según proceda.
Tres. Asimismo se aplicará a la cancelación de las fracciones que resulten de la aplicación de las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe de las multas y demás pagos que deban efectuarse a favor de la Administración General del Estado y que se ingresen por los secretarios judiciales, mediante orden de transferencia, en la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, “Multas y pagos a favor del Estado”, y, en su caso, el producto de los bienes decomisados o derechos, que se reconozcan a la Administración General del Estado, por los órdenes jurisdiccionales civil o penal mediante las sentencias judiciales firmes a las que se refiere el apartado anterior. En este último caso, los bienes o derechos se ejecutarán directamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley General Tributaria y 34 de la Ley General de la Seguridad Social, salvo aquellos bienes que sean de interés del Ayuntamiento de Marbella para la prestación de servicios públicos, en cuyo caso la Administración General del Estado podrá ceder gratuitamente su uso, en los términos que disponga la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, sin que ello suponga cancelación de las fracciones antes citadas. En todo lo no dispuesto en la presente disposición adicional se aplicará supletoriamente la Ley General Tributaria o la Ley General de la Seguridad Social o la Ley General Presupuestaria, según proceda.
Cuatro. En el año 2018 podrá formalizarse un convenio para financiar la ejecución de proyectos que tengan por objeto el fomento de actuaciones de utilidad pública o de interés social del municipio de Marbella, mediante el destino total o parcial de los importes reconocidos a favor de la Administración General del Estado, e ingresado por ésta, a los que se refiere el apartado Tres de la disposición adicional septuagésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y que no se destinen a la cancelación de las deudas en los términos establecidos en dicho apartado. A los efectos de este apartado resultará de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.»
Disposición final vigésima octava. Modificación de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 2 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Se añade un apartado 5 en el artículo 2 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, con la siguiente redacción:
«5. Con carácter excepcional y durante el año 2018, cuando el operador del sistema ponga de manifiesto la existencia, en un horizonte temporal de cinco años, de necesidades de potencia para garantizar la seguridad del suministro de forma eficiente, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá otorgar, sin necesidad de resolución favorable de compatibilidad, en la medida imprescindible para satisfacer dicha necesidad y por un tiempo limitado, el régimen retributivo adicional a instalaciones existentes que deban llevar a cabo inversiones adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o Estatal para continuar en funcionamiento».
Disposición final vigésima novena. Modificación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados Organismos Públicos.
Con efectos desde el 1 de septiembre de 2018 y con vigencia indefinida, se introduce un nuevo apartado QUINTO en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013 con el siguiente tenor literal:
«QUINTO: No obstante lo dispuesto en el apartado PRIMERO, las actuaciones de los Organismos Públicos de Investigación que den lugar a la realización de gastos y pagos financiados total o parcialmente con fondos provenientes de instituciones comunitarias o internacionales, quedarán sujetas al control financiero permanente en sustitución de la función interventora, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 149 de la Ley General Presupuestaria.»
Disposición final trigésima. Modificación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la disposición adicional novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, que queda redactada como sigue:
«La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir y financiar acuerdos de colaboración y patrocinio con la Cruz Roja Española y la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, así como financiar acuerdos suscritos con anterioridad en las condiciones que en los mismos se hayan establecido, garantizando para cada una de las anteriores una aportación económica equivalente a la media de los ingresos percibidos de forma individual, como resultado de los sorteos finalistas de Lotería Nacional en beneficio de las respectivas instituciones, de los cuatro últimos ejercicios en que se celebraron estos sorteos. Igualmente podrá suscribir y financiar acuerdos de colaboración y patrocinio con Caritas Española, garantizándole un importe anual equivalente al que corresponda percibir a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer conforme a lo señalado anteriormente. Los convenios a suscribir requerirán el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Adicionalmente, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. podrá suscribir y financiar acuerdos para el fomento de actividades, entre otras, de carácter social, cultural y deportivo, con otras entidades. Asimismo, podrá financiar acuerdos de esta naturaleza ya suscritos con anterioridad.
Las aportaciones anuales contempladas en los dos párrafos anteriores no podrán superar en su conjunto en el ejercicio el 2 por ciento del beneficio después de la Sociedad Estatal correspondiente al ejercicio anterior.»
Disposición final trigésima primera. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de la siguiente forma:
Se adiciona un apartado 6 a la disposición final tercera, que queda redactado como sigue:
«6. Se habilita al Gobierno al objeto de que todas aquellas instalaciones de generación cuya titularidad sea de comunidades energéticas, entendiendo estas como organizaciones sin ánimo de lucro, personas físicas, o pequeñas y medianas empresas cuyos accionistas o miembros mayoritarios sean personas físicas, entes locales o provinciales, o igualmente otras pequeñas y medianas empresas, puedan tener un especial tratamiento retributivo como vehículo imprescindible para su necesaria permanencia en el mercado de generación.»
Disposición final trigésima segunda. Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al epígrafe 1 del apartado 1. Tasa General de Operadores, del Anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que queda redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 y en el Título III, todo operador estará obligado a satisfacer una tasa anual que no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se refiere el artículo 68. En concreto, los gastos a sufragar serán los gastos de personal y gastos corrientes en que incurran los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones directamente relacionadas con la aplicación del régimen jurídico establecido en esta Ley como Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones.
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. A tales efectos, no se considerarán como ingresos brutos los correspondientes a servicios prestados por un operador cuyo importe recaude de los usuarios con el fin de remunerar los servicios de operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas.»
Disposición final trigésima tercera. Modificación de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa que queda redactado como sigue:
«2. El Consejo de la Juventud de España estará integrado por asociaciones juveniles, federaciones constituidas por éstas, secciones juveniles de las demás entidades, los consejos de la juventud o entidades equivalentes de ámbito autonómico con personalidad jurídica propia reconocidos por las correspondientes Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, así como las entidades sociales reconocidas legalmente como tales, siempre que sus estatutos contemplen de forma clara y explícita que entre sus fines sociales se encuentra el desarrollo de manera continuada de programas y actuaciones dirigidas exclusivamente a personas jóvenes, siempre que todos ellos reúnan los requisitos establecidos en el reglamento de organización y funcionamiento interno.»
El resto de apartados mantienen la misma redacción.
Disposición final trigésima cuarta. Modificación de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 de la siguiente forma:
Uno. Se da nueva redacción a la disposición adicional décima primera de la Ley 36/2014, que queda redactada como sigue:
«Décima primera. Centralización de créditos.
1. Una vez aprobadas las órdenes ministeriales de centralización dictadas por el Ministro de Hacienda y Función Pública, conforme dispone el artículo 229.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su caso y con carácter previo al inicio de la tramitación del expediente de cada contrato, por parte de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, se comunicará a los diferentes entes, entidades y organismos mencionados en los apartados a), b), c), d) y g) del artículo 3.1 de dicha Ley, el importe por el que deberán efectuar la retención de crédito de acuerdo con la distribución del objeto del contrato.
2. La tramitación de la correspondiente transferencia de crédito desde el presupuesto del órgano destinatario para financiar los gastos que deban imputarse al Programa presupuestario 923R “Contratación Centralizada” de la Sección 10 “Contratación Centralizada”, o cuando no fuera posible esta transferencia de acuerdo con el régimen presupuestario aplicable, mediante generación de crédito en el Servicio Presupuestario 01 “Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación”, Programa 923R “Contratación Centralizada” de la Sección 10 “Contratación Centralizada”, por el ingreso que efectúe el destinatario del objeto del contrato centralizado, serán aprobadas por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y a propuesta de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
3. Los organismos o entidades que no reciban, para la financiación genérica o indiferenciada de sus presupuestos, transferencias de la Administración General del Estado, deberán transferir al tesoro público en el primer trimestre del ejercicio los importes correspondientes a los servicios centralizados. A estos efectos, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación comunicará a dichos organismos las cantidades a transferir.
4. Los anteriores sistemas de centralización de crédito se simultanearán con la dotación inicial que se asigne al citado Servicio y Programa presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
5. El órgano responsable de la gestión de los créditos del Programa 923R “Contratación Centralizada” es la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, cuyo titular presidirá la Junta de Contratación Centralizada, órgano colegiado adscrito a dicha Dirección General, y conforme al artículo 229.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, órgano de contratación del sistema estatal de contratación centralizada.»
Dos. Se da nueva redacción al apartado dos de la disposición adicional quincuagésima quinta «Beneficios fiscales aplicables al “VIII Centenario de la Universidad de Salamanca”», de la Ley 36/2014, que queda redactado como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2020.»
Tres. Se da nueva redacción al apartado dos de la disposición adicional quincuagésima séptima «Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración “Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar”», de la Ley 36/2014, que queda redactado como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 16 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018.»
Disposición final trigésima quinta. Modificación de del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Se modifica el apartado 4 y se incorpora un nuevo apartado 5 en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, quedando redactados en los siguientes términos:
«4. Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario de inserción, sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, según corresponda, para su ejecución.
Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar por medios electrónicos los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, en el momento en que se produzcan o conozcan.»
«5. El compromiso de actividad requiere la búsqueda activa de empleo, definida como el conjunto de acciones encaminadas tanto a la puesta en práctica de estrategias de búsqueda de empleo como a la mejora de la empleabilidad con objeto de que la persona demandante de empleo incremente sus posibilidades de inserción y/o de mejora de su situación en el mercado laboral.
La búsqueda activa de empleo se acreditará por el beneficiario de la prestación o subsidio por desempleo ante el servicio público de empleo competente, que deberá conservar la justificación documental aportada para su posterior fiscalización y seguimiento.
La comunicación de la búsqueda activa de empleo se realizará por los servicios públicos de empleo competentes a través de medios electrónicos, siendo el cauce adecuado el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), conforme a lo regulado en el artículo 12, dentro del marco de los Acuerdos o Protocolos de actuación establecidos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por acuerdo del Comité de Dirección del SISPE se fijarán las condiciones de la acreditación del compromiso de actividad y su certificación, formalizándose dicho acuerdo mediante Resolución del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal.»
Disposición final trigésima sexta. Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
A partir del primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, de la siguiente forma:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 99 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, que queda redactado como sigue:
«2. Las distintas modalidades de los cánones podrán ser objeto de liquidación individualizada o conjunta, para un mismo sujeto pasivo y periodo.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se añade un cuarto párrafo a la disposición transitoria primera, punto 2, de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, con el siguiente texto:
«Los servicios de transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente turística se consideraran tipo de servicio VL1 del artículo 97 de la Ley.»
El resto de la disposición permanece con la misma redacción.
Disposición final trigésima séptima. Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el primer inciso del segundo párrafo del apartado a) del apartado Ocho de la disposición final décima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, párrafo que queda redactado de la siguiente manera:
«En el caso de las compañías marítimas, presentarán las liquidaciones en el transcurso de los dos meses siguientes al periodo reglamentario de liquidación, salvo autorización expresa de la Dirección General de la Marina Mercante por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrán contener aquellos embarques bonificados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de liquidaciones pasadas.»
El resto de apartados permanece con la misma redacción.
Disposición final trigésima octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 48.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que queda redactado de la siguiente manera:
«7. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso regulados en los apartados 4 y 5.
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el apartado 5 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por las causas establecidas en los apartados 4 y 5 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere el párrafo anterior. Dicho acuerdo se adoptará al inicio del período de suspensión.
La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el período de suspensión incluido, en su caso, el de disfrute independiente a que se refiere el párrafo anterior.
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.»
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición adicional decimonovena del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que queda redactado como sigue:
«2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los derechos según lo establecido en el tercer párrafo del artículo 48.6 y en el penúltimo párrafo del artículo 48.7.»
Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el primer párrafo del artículo 49. c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos:
«c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. El disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere este párrafo, cuando así lo solicite, al inicio del permiso, el progenitor que vaya a disfrutar del mismo, y se le autorice, en los términos previstos en su normativa, por la Administración en la que preste servicios.
Igualmente, dicha normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite previamente, que el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa antes indicadas, siempre que sea antes de la finalización del correspondiente permiso o de la suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento del otro progenitor, o inmediatamente después de su finalización.»
Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 185 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 185. Prestación económica.
La prestación económica por paternidad consistirá en un subsidio que se determinará en la forma establecida por el artículo 179 para la prestación por maternidad, y podrá ser denegada, anulada o suspendida por las mismas causas establecidas para esta última.
En aquellos casos en que el disfrute del descanso por paternidad se interrumpa conforme a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 48.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en el último inciso del párrafo primero del artículo 49.c) del Estatuto Básico del Empleado Público, durante la última semana de disfrute independiente se reanudará el subsidio en la cuantía que hubiera correspondido durante la primera fracción del descanso.»
Cinco. Se añade una nueva disposición final que modifica la disposición final única del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:
«Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el 2 de enero de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social regulado en el artículo 60 del Texto Refundido será de aplicación, cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir de 1 de enero de 2016.
La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.»
Disposición final trigésima novena. Modificación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que queda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación.
A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco años de edad cumplidos, así como a los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como eméritos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional decimoséptima del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
En estos supuestos se reconocerá a los interesados un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el párrafo anterior.»
Dos. Se modifica la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que queda con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria octava. Pensión de jubilación.
Los reconocimientos de pensiones de jubilación, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposición adicional quinta de esta Ley, se revisarán de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposición, con efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al hecho causante.
Asimismo se revisarán de oficio las reconocimientos de las pensiones de jubilación de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo eméritos mencionados en la referida disposición con efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al que cesen en tal situación.»
Disposición final cuadragésima. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, excepto lo establecido en el apartado Uno, que tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno. Con efectos del día primero del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 229 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue:
«3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en este artículo, el límite establecido podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea superior al 52 por ciento, si bien, en ningún caso, la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48 por ciento de la base reguladora que corresponda.»
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley se modifica el apartado 2 del artículo 282 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que queda redactado del siguiente modo:
«2. La prestación y el subsidio por desempleo serán, asimismo, incompatibles con la obtención de prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio.
La prestación y el subsidio serán compatibles con la percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública, sin perjuicio de su cómputo a efectos del cumplimiento de los requisitos de carencia de rentas o de existencia de responsabilidades familiares de acuerdo con lo establecido en el artículo 275.»
Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y con vigencia indefinida, se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 del artículo 352 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue:
«c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha cuantía contemplará un incremento del 15 por ciento por cada hijo o menor a cargo, a partir del segundo, este incluido.
No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a cargo si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los supuestos en que concurran tres hijos a cargo, incrementándose en la cuantía que igualmente establezca dicha Ley por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.
En el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma de los ingresos de ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción, se haya constituido por dos personas que formen una misma unidad familiar.
Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha Ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
No obstante, también podrán ser beneficiarios de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo, quienes perciban ingresos anuales por cualquier naturaleza que, superando la cifra indicada en los párrafos anteriores, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor por el número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios.
En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicha cuantía será distribuida entre los hijos o menores a cargo del beneficiario y las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, se tenga derecho a la asignación.
No se reconocerá la asignación económica por hijo o menor a cargo cuando la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad, prevista en el artículo 353.1.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva redacción al artículo 353 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue:
«Artículo 353. Cuantía de las asignaciones.
1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se establecerán otras cuantías específicas para cada uno de los siguientes supuestos:
a) Hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
b) Hijo a cargo mayor de dieciocho años con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
c) Hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»
Cinco. Se incorpora una nueva disposición adicional vigésima séptima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésima séptima. Subsidio extraordinario por desempleo.
1. Podrán ser beneficiarias del subsidio por desempleo extraordinario regulado en esta disposición, las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo que, en la fecha de la solicitud, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Haber extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo regulado en el artículo 274 de este Texto Refundido a partir de la entrada en vigor de esta disposición.
b) Ser parado de larga duración y haber extinguido por agotamiento alguna de las siguientes prestaciones: la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo regulados en el título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, o en las normas que le precedieron; el Programa temporal de protección e inserción (PRODI) regulado por el Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto; o el Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA), regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales decreto-leyes que han prorrogado dicho programa; y, asimismo, estar inscrito como demandante de empleo a fecha 1 de mayo de 2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aun no estando inscrito como demandante de empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.
En este supuesto de la letra b) se requerirá, además, haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido.
A los efectos de este apartado, se considerará parado de larga duración a quien haya permanecido inscrito como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de este subsidio.
2. A la fecha de solicitud deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial regulada en el Título III.
b) No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
c) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. La consideración de rentas y la acreditación de responsabilidades familiares se efectuarán conforme a lo establecido en los apartados 4, 3 y 2 respectivamente del artículo 275 de esta Ley.
d) Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber trabajado tras el agotamiento del último derecho.
3. No podrán acceder al subsidio por desempleo extraordinario las personas a quienes se hubiera reconocido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo regulado en el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
Tampoco podrán acceder quienes en la fecha de su solicitud se encuentren trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o tengan suspendido su contrato de trabajo.
4. La solicitud del subsidio por desempleo extraordinario, que deberá acompañarse de la documentación acreditativa del cumplimento de los requisitos de acceso, implicará la suscripción del compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 de la Ley General de la Seguridad Social. La solicitud y el nacimiento del derecho se ajustarán al cumplimiento de los siguientes requisitos específicos:
a) En los supuestos del apartado 1.a) se exigirá que el trabajador haya permanecido inscrito como demandante de empleo durante el plazo de espera de un mes desde el agotamiento del subsidio anterior, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y que acredite que durante ese plazo ha realizado acciones de búsqueda activa de empleo. El derecho al subsidio extraordinario nace a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla dicho plazo de espera, siempre que se solicite dentro de los quince días hábiles siguientes. Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud.
Si a la fecha de solicitud no constara acreditada ante los servicios públicos de empleo la Búsqueda Activa de Empleo, procederá la denegación de la solicitud, sin perjuicio del derecho del interesado a formular una nueva. En este caso, el derecho nacerá al día siguiente de la nueva solicitud, sin que la duración del derecho se vea reducida por el plazo que medie entre una y otra solicitud.
b) En los supuestos del apartado 1.b) se exigirá que el trabajador haya acreditado que durante el mes anterior a la fecha de la solicitud ha realizado acciones de búsqueda activa de empleo y el derecho al subsidio extraordinario nacerá el día siguiente al de la solicitud.
La búsqueda activa de empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Empleo aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, se acreditará por el solicitante del subsidio extraordinario ante el servicio público de empleo competente en materia de políticas activas de empleo, en el que se encuentre inscrito como demandante de empleo, que deberá conservar la justificación documental aportada para su posterior fiscalización y seguimiento.
5. Una vez dictada la resolución reconociendo el derecho al subsidio extraordinario, los beneficiarios podrán percibirlo de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos:
a) La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión.
b) La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.
c) El pago periódico de la ayuda económica se realizará por el Servicio Público de Empleo Estatal dentro del mes siguiente al que corresponda el devengo.
6. En lo no previsto expresamente en esta disposición se estará a lo dispuesto en el Título III.
7. Esta disposición tendrá una vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor, y se prorrogará de forma automática por períodos semestrales, hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga.»
Seis. Se da nueva redacción a la disposición transitoria decimosexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección segunda del Capítulo ll del Título ll de esta Ley, la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se efectuará conforme a las siguientes reglas:
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º En el año 2012, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar:
Tramo
Retribución mensual
Base de cotización
1.º
Hasta 74,83 €/mes
90,20 €/mes
2.º
Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes
98,89 €/mes
3.º
Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes
146,98 €/mes
4.º
Desde 171,03 €/mes hasta 219,11 €/mes
195,07 €/mes
5.º
Desde 219,12 €/mes hasta 267,20 €/mes
243,16 €/mes
6.º
Desde 267,21 €/mes hasta 315,30 €/mes
291,26 €/mes
7.º
Desde 315,31 €/mes hasta 363,40 €/mes
339,36 €/mes
8.º
Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes
387,46 €/mes
9.º
Desde 411,51 €/mes hasta 459,60 €/mes
435,56 €/mes
10.º
Desde 459,61 €/mes hasta 507,70 €/mes
483,66 €/mes
11.º
Desde 507,71 €/mes hasta 555,80 €/mes
531,76 €/mes
12.º
Desde 555,81 €/mes hasta 603,90 €/mes
579,86 €/mes
13.º
Desde 603,91 €/mes hasta 652,00 €/mes
627,96 €/mes
14.º
Desde 652,01 €/mes hasta 700,10 €/mes
676,06 €/mes
15.º
Desde 700,11 €/mes
748,20 €/mes
Las bases de cotización de la escala anterior se incrementarán en proporción al aumento que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 pueda establecerse para la base mínima del Régimen General.
2.º En el año 2013, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala, en función de la retribución percibida por los empleados de hogar:
Tramo
Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias €/mes
Base de cotización €/mes
1.º
Hasta 172,05
147,86
2.º
Desde 172,06 hasta 268,80
244,62
3.º
Desde 268,81 hasta 365,60
341,40
4.º
Desde 365,61 hasta 462,40
438,17
5.º
Desde 462,41 hasta 559,10
534,95
6.º
Desde 559,11 hasta 655,90
631,73
7.º
Desde 655,91 hasta 753,00
753,00
8.º
Desde 753,01
790,65
3.º Desde el año 2014 hasta el año 2023, las retribuciones mensuales y las bases de cotización de la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional en cada uno de esos años.
4.º A partir del año 2024, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta Ley, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.
b) Tipos de cotización aplicables:
1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicarán los siguientes tipos de cotización:
En el año 2012, el tipo de cotización será el 22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del empleado.
Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A partir del año 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se establezcan con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.
2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.
Desde el año 2012 hasta el año 2023, a efectos de determinar el coeficiente de parcialidad a que se refiere la regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema Especial para Empleados de Hogar, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren los números 1. °, 2. ° y 3. ° del apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de dichos ejercicios.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de enero de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2023, para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas en dicho período por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 209.1.b)».
Siete. Se incorpora una nueva disposición transitoria trigésima con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria trigésima. Acceso al subsidio extraordinario de desempleo en determinados supuestos.
Podrán ser beneficiarios del subsidio extraordinario regulado en la disposición adicional vigésima séptima las personas que hayan agotado el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274 en el período que media entre el 1 de marzo de 2018 y la fecha de entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que lo soliciten dentro del plazo de los dos meses siguientes a esta última fecha, y cumplan con los requisitos exigidos para el colectivo del apartado 1.a), en cuyo caso el derecho al subsidio extraordinario nacerá el día siguiente al de la solicitud.
En caso de que la presentación de la solicitud se realice transcurrido el plazo de dos meses se reducirá la duración del derecho en tantos días como medien entre la finalización de dicho plazo y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud.»
Disposición final cuadragésima primera. Modificación de la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al apartado Dos de la disposición adicional quincuagésima «Beneficios fiscales aplicables a la conmemoración del “20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat de Accionistes”», de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que queda redactado en los siguientes términos:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.»
El resto de la disposición permanece con la misma redacción.
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al apartado Dos de la disposición adicional sexagésima cuarta «Beneficios fiscales aplicables a “Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida”», de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que queda redactada como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.»
El resto de la disposición permanece con la misma redacción.
Disposición final cuadragésima segunda. Modificación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica le Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de la siguiente forma:
Uno. Se suprime el último párrafo de la disposición adicional vigésima sexta.Uno de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Dos. Se modifica el apartado Uno de la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 3/2017, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Disposición adicional trigésima séptima. Integración de parte del personal laboral de la Imprenta de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Uno. El personal laboral fijo, en activo, de la Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), perteneciente, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, a los grupos profesionales III y IV del Convenio Colectivo de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado e incluido en los ámbitos de actuación, especialidades y desarrollo de funciones de impresión, encuadernación y manipulado, encuadernación industrial, mantenimiento y reparación de maquinaria, mantenimiento general, mecánico y electrónico-eléctrico, almacén, distribución y logística, se integrará, en una o varias fases, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, desde la entrada en vigor de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2018.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior, salvo manifestación expresa de voluntariedad por parte del trabajador y la conformidad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda: al personal del Grupo Profesional III, Subgrupo I; a los trabajadores nacidos en el año 1958 o en años anteriores; a los trabajadores que, a la fecha de publicación de esta Ley, fueran miembros del Comité de Empresa o Delegado Sindical de cualquiera de los sindicatos con representación en el Comité de Empresa; a los trabajadores con subespecialidad de conductor del grupo profesional III; y a los trabajadores con la especialidad de producción encuadrados en el Grupo Profesional IV.
Producida la citada integración, le será de aplicación el convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, con las particularidades que se indican en el apartado siguiente.»
Tres. Se modifica el apartado Dos de la disposición adicional sexagésima de la Ley 3/2017, relativa a los Beneficios fiscales aplicables a la «4.ª Edición de la Barcelona World Race», que queda redactado como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 1 de octubre de 2023.»
Cuatro. Se modifica el apartado Dos de la disposición adicional sexagésima cuarta, «Beneficios fiscales aplicables al “V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano”», de la Ley 3/2017, que queda redactado como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 7 de mayo de 2020.»
Cinco. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción al apartado Dos de la disposición adicional sexagésima quinta «Beneficios fiscales aplicables al “25 aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad”» de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que queda redactado en los siguientes términos:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.»
Seis. Se modifica el apartado Dos de la disposición adicional septuagésima séptima «Beneficios fiscales aplicables al 40 aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro», que queda redactado en los siguientes términos:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.»
Siete. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se da nueva redacción al apartado Dos de la disposición adicional septuagésima novena «Beneficios fiscales aplicables al “I Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido”» de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que queda redactado como sigue:
«Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.»
Ocho. Se modifica el apartado Dos de la disposición adicional octogésima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, que queda redactada en los siguientes términos.
«Disposición adicional octogésima. Beneficios fiscales aplicables al “I Centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa”.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.»
Nueve. Se modifica la disposición adicional centésima vigésima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional centésima vigésima. Jubilación de funcionarios de los Cuerpos docentes de Centros de Enseñanzas Integradas y Centros de Formación Profesional.
Los funcionarios de carrera de los Cuerpos docentes procedentes de los Centros de Enseñanzas Integradas (antiguas Universidades Laborales) y de Centros de Formación Profesional (AISS) que ingresaron en dichos Cuerpos antes de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, y que están encuadrados en regímenes de la Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, podrán optar en el momento de la solicitud de la jubilación voluntaria por incorporarse al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en idénticas condiciones a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes encuadrados en dicho Régimen, siempre que acrediten los mismos requisitos que resulten vigentes para estos últimos.»
Diez. Se añade un nuevo epígrafe Seis a la disposición adicional centésima vigésima novena, Subvenciones al transporte de mercancías en las Comunidades Autónomas insulares y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 con la siguiente redacción:
«Seis. Esta disposición adicional y en concreto los porcentajes establecidos en sus epígrafes uno y tres, serán también de aplicación y tendrán un carácter retroactivo sobre las solicitudes de compensación, que cumplan los requerimientos establecidos en el marco normativo vigente, presentadas por los solicitantes de los sectores afectados en 2018 y que correspondan a transportes realizados desde el 1 de enero de 2017.»
Disposición final cuadragésima tercera. Modificación de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por la que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, en los siguientes términos:
«Disposición adicional primera. Normativa convencional.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto al que se refiere la disposición final tercera, apartado segundo, del presente Real Decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia, serán nulas de pleno derecho.»
Disposición final cuadragésima cuarta. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Uno. Se modifica el apartado 7, del artículo 32, que queda redactado como sigue:
«7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.»
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introduce una nueva disposición adicional quincuagésima cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al límite previsto en el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.
A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación, fundaciones, consorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud.»
Disposición final cuadragésima quinta. Complemento de las subvenciones concedidas a entidades beneficiarias de la convocatoria del Programa de Compensación de costes indirectos.
A efectos exclusivos del ejercicio 2018, se autoriza al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a complementar las subvenciones concedidas a las 136 entidades beneficiarias de la convocatoria del Programa de Compensación de costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE) instrumentada por orden del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 27 de julio de 2017 (Boletín Oficial del Estado de 1 de agosto de 2017) con una cuantía máxima conjunta de 77.923.513,16 euros.
Esta habilitación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el apartado Dos de la disposición adicional tercera, una vez se hagan efectivas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 las modificaciones presupuestarias operadas sobre la aplicación 27.16.422B.771, con cuya dotación se financia el programa.
La cuantía de subvención complementaria por beneficiario será la resultante de detraer a la ayuda máxima posible reconocida en su resolución de concesión de la citada convocatoria, el importe de la ayuda finalmente pagada en base a la disponibilidad presupuestaria existente en el momento de la concesión.
Disposición final cuadragésima sexta. Entrada en vigor.
Uno. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dos. Sin perjuicio de la entrada en vigor de la disposición adicional centésima cuadragésima primera, al día siguiente de la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la efectividad práctica de la puesta en funcionamiento del Sistema de Tarjeta Social Universal se producirá a los tres meses de la fecha anterior.
Tres. La disposición adicional centésima vigésima, relativa a la Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje, entrará en vigor el mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se extenderá mientras esté vigente la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Disposición final cuadragésima séptima. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 3 de julio de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Distribución de los créditos por programas
ANEXO II
Créditos Ampliables
Se considerarán ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se reconozcan, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos que, incluidos en el Presupuesto del Estado, en los de los Organismos autónomos y en los de los otros Organismos públicos aprobados por esta Ley, se detallan a continuación:
Primero. Aplicables a todas las Secciones y Programas.
Uno. Los destinados a satisfacer:
a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo con los preceptos en vigor, y la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, civiles o militares, establecida por los Reales Decretos Legislativos 1/2000, de 9 de junio, 3/2000 y 4/2000, de 23 de junio.
b) Los créditos de transferencias a favor del Estado que figuren en los presupuestos de gastos de los Organismos autónomos, hasta el importe de los remanentes que resulten como consecuencia de la gestión de los mismos.
c) Los créditos destinados a atender el pago el pago de sentencias firmes en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas que se indican.
Uno. En la Sección 07, «Clases Pasivas»:
Los créditos relativos a atender obligaciones de pensiones e indemnizaciones.
Dos. En la Sección 12, «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación»:
El crédito 12.03.000X.431 «A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio».
Tres. En la Sección 13, «Ministerio de Justicia»:
a) El crédito 13.02.112A.226.18 «Para la atención de las reclamaciones derivadas del artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores».
b) El crédito 13.02.112A.830.10 «Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable».
Cuatro. En la Sección 14, «Ministerio de Defensa»:
a) El crédito 14.01.121M.489 «Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad».
b) Los créditos 14.03.122M.128, 14.03.122M.228 y 14.03.122M.668 para gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz.
Cinco. En la Sección 15, «Ministerio de Hacienda y Función Pública».
El crédito 15.13.231G.875 «Fondo de Garantía del Pago de Alimentos».
Seis. En la Sección 16, «Ministerio del Interior»:
a) El crédito 16.01.131M.483 «Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y artículo 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011».
b) El crédito 16.01.131M.487 «Indemnizaciones en aplicación de los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional».
c) Los créditos 16.01.134M.461, 16.01.134M.471 16.01.134M.472, 16.01.134M.482, 16.01.134M.761, 16.01.134M.771 y 16.01.134M.782 destinados a la cobertura de necesidades de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia.
d) El crédito 16.01.924M.227.05 «Procesos electorales y consultas populares».
e) El crédito 16.01.924M.485.02 «Subvención gastos electorales de los partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General)».
Siete. En la Sección 17, «Ministerio de Fomento»:
a) El crédito 17.20.441P.478 «Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente».
b) El crédito 17.38.453B.602 «Destinado a atender los efectos derivados de la resolución de los contratos de concesión de obra pública».
c) El crédito 17.32.441N.481 «Para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por vía marítima, así como por los traslados interinsulares».
d) El crédito 17.34.441O.483 «Subvención al tráfico aéreo regular».
Ocho. En la Sección 18, «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte»:
Los créditos 18.11.337B.631 y 18.11.337C.621 por la diferencia entre la consignación inicial para inversiones producto del «1 por 100 cultural» (artículo 68, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en la redacción dada por el artículo único del Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero) y las retenciones de crédito no anuladas a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.
Nueve. En la Sección 19, «Ministerio de Empleo y Seguridad Social»:
a) El crédito 19.07.231B.483.01 «Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados».
b) El crédito 19.101.241A.487.03 destinado a la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
c) El crédito 19.101.251M.480.00 destinado a financiar las prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
d) El crédito 19.101.251M.480.01 destinado a financiar el subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
e) El crédito 19.101.251M.480.02 destinado a financiar el subsidio por desempleo para eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por cuenta ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
f) El crédito 19.101.251M.487.00 destinado a financiar cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
g) El crédito 19.101.251M.487.01 destinado a financiar cuotas de beneficiarios del subsidio de desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
h) El crédito 19.101.251M.487.05 destinado a financiar cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales del Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
i) El crédito 19.101.251M.488.01 destinado a financiar la Renta Activa de Inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
j) El crédito 19.101.251M.488.02 destinado a financiar la ayuda económica incluida en el Programa de Activación para el Empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
k) El crédito 19.101.251M.488.03 destinado a financiar la ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
Diez. En la Sección 20, «Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital»:
a) El crédito 20.18.425A.443 «Al IDAE. Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (D.A. duodécima del Real Decreto-ley 20/2012)».
b) El crédito 20.18.425A.821.07 «Al IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables».
Once. En la Sección 23, «Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente»:
a) El crédito 23.01.416A.440 «Al Consorcio de Compensación de Seguros para la cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado».
b) El crédito 23.01.451O.485 «Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio».
c) El crédito 23.01.000X.414.00 «A la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores», en la medida que las necesidades que surjan en el presupuesto de ENESA no puedan ser atendidas con cargo a su remanente de tesorería.
d) El crédito 23.113.416A.471 «Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de Planes anteriores».
Doce. En la Sección 25, «Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales».
El crédito 25.04.921P.830.10 «Anticipos a jurados de expropiación forzosa».
Trece. En la Sección 26, «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad»:
a) El crédito 26.16.231F.454 «Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio».
b) El crédito 26.16.231F.484 «Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio».
c) El crédito 26.22.232C.480 «Ayudas Sociales para mujeres (artículo 27 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre)».
Catorce. En la Sección 27 «Ministerio de Economía, Industria y Competitividad».
a) El crédito 27.02.923Q.226.10 «Gastos derivados de arbitrajes de derecho internacional», en función de los desembolsos requeridos, de conformidad con lo previsto en los Tratados Internacionales.
b) El crédito 27.03.931M.892 «Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)», en función de los desembolsos requeridos por su Consejo de Gobernadores, su Consejo de Administración o su Director Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el Tratado Constitutivo del MEDE.
c) El crédito 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores».
d) El crédito 27.04.923O.355 «Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público».
e) El crédito 27.04.923O.891 «Real Decreto-ley 4/2016. A la Junta Única de Resolución según lo establecido en el artículo 1».
f) El crédito 27.04.923O.951 «Puesta en circulación negativa de moneda metálica».
g) El crédito 27.09.431A.444 «Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)».
h) El crédito 27.09.431A.874 «Al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI)».
Quince. En la Sección 32, «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales»:
a) El crédito 32.01.941O.450 «Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior».
b) El crédito 32.01.941O.455 «Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca».
c) El crédito 32.01.941O.456 «Compensaciones a Comunidades Autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas».
d) Los créditos 32.02.942N.461.00 y 32.02.942N.461.01, 32.02.942N.464.01, 32.02.942N.464.03 por razón de otros derechos legalmente establecidos o que se establezcan a favor de las Corporaciones Locales.
Dieciséis. Los créditos de la Sección 34, «Relaciones Financieras con la Unión Europea», ampliables tanto en función de los compromisos que haya adquirido o que pueda adquirir el Estado Español con la Unión Europea o que se deriven de las disposiciones financieras de las mismas, como en función de la recaudación efectiva de las exacciones agrarias, derechos de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior comunitario, y cotizaciones del azúcar e isoglucosa.
Diecisiete. En la Sección 36 «Sistemas de financiación de Entes Territoriales»:
a) Los créditos 36.20.941M.452.00 «Fondo de Competitividad», 36.20.941M.452.01 «Fondo de Cooperación» y 36.20.941M.452.02 «Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación».
b) El crédito 36.21.942M.468 «Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiación Local», en la medida que lo exija dicha liquidación definitiva.
c) Los créditos que se habiliten para hacer frente a las transferencias a las Comunidades Autónomas por el coste de los servicios asumidos.
Tercero.
Todos los créditos de este presupuesto en función de los compromisos de financiación exclusiva o de cofinanciación que puedan contraerse con las Comunidades Europeas.
Cuarto.
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los créditos que sean necesarios en los programas de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos, que figuran en el estado de transferencias entre Subsectores de los Presupuestos Generales el Estado.
ANEXO III
Operaciones de crédito autorizadas a organismos y entidades integrantes del sector público institucional estatal
Miles de Euros
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 1
6.000,00
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz 1
11.500,00
Consorcio de la Zona Franca de Santander 1
2.000,00
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 2
550.000,00
Ministerio de Fomento
ADIF Alta Velocidad 3
1.890.000,00
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFAT)
14.400,00
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 4
34.200,00
RENFE Operadora 5
250.000,00
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Instituto de Crédito Oficial (ICO) 6
5.900.000,00
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
16.500,00
Confederación Hidrográfica del Duero
11.000,00
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
24.887,36
Confederación Hidrográfica del Segura
10.000,00
Confederación Hidrográfica del Tajo
7.000,00
1 Esta cifra se entiende como la captación de deuda con entidades de crédito a efectuar en el ejercicio presupuestario, con independencia de las devoluciones a realizar.
2 Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito y por emisiones de valores de renta fija, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.
3 Este límite se entenderá como incremento neto máximo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, de las deudas a largo plazo (aquellas que a la fecha de disposición tengan un plazo de vencimiento superior a doce meses) a valor nominal con entidades financieras y por emisiones de valores de renta fija.
No se incluirá en este límite, ninguna deuda que a la fecha de disposición o de registro inicial tenga un plazo de vencimiento igual o inferior a doce meses.
4 Importe máximo a contraer con entidades de crédito durante el ejercicio presupuestario. Este límite no afectará a las operaciones que se concierten y amorticen dentro del año ni a las de refinanciación de la deuda contraída a corto y largo plazo. En todo caso, el importe de la deuda viva con entidades de crédito a 31 de diciembre no podrá exceder de 1.681.332 miles de euros.
5 Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.
6 Este límite no afectará a las operaciones de tesorería que se concierten y amorticen dentro del ejercicio presupuestario, ni a la refinanciación de la deuda contraída a corto y largo plazo.
ANEXO IV
Módulos económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los Centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos con efectos de 1 de enero, y hasta el 31 de diciembre de 2018 de la siguiente forma:
Euros
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
28.488,24
Gastos variables
3.877,47
Otros Gastos
6.071,46
IMPORTE TOTAL ANUAL
38.437,17
EDUCACIÓN ESPECIAL * (niveles obligatorios y gratuitos)
I. Educación Básica/Primaria.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
28.488,24
Gastos variables
3.877,47
Otros gastos
6.476,27
IMPORTE TOTAL ANUAL
38.841,98
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:
– Psíquicos
20.645,17
– Autistas o problemas graves de personalidad
16.746,42
– Auditivos
19.209,53
– Plurideficientes
23.841,77
II. Programas de formación para la transición a la vida adulta.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
56.976,45
Gastos variables
5.087,56
Otros gastos
9.226,29
IMPORTE TOTAL ANUAL
71.290,30
Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social), según deficiencias:
Psíquicos
32.962,88
Autistas o problemas graves de personalidad
29.483,21
Auditivos
25.539,69
Plurideficientes
36.654,33
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
I. Primer y segundo curso 1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
34.185,87
Gastos variables
4.561,53
Otros gastos
7.892,96
IMPORTE TOTAL ANUAL
46.640,36
I. Primer y segundo curso 2
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
40.144,75
Gastos variables
7.708,27
Otros gastos
7.892,96
IMPORTE TOTAL ANUAL
55.745,98
II. Tercer y cuarto curso
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
45.497,38
Gastos variables
8.736,04
Otros gastos
8.711,79
IMPORTE TOTAL ANUAL
62.945,21
BACHILLERATO
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
54.864,51
Gastos variables
10.534,63
Otros gastos
9.603,99
IMPORTE TOTAL ANUAL
75.003,13
CICLOS FORMATIVOS
I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales.
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.
Primer curso
50.946,53
Segundo curso
–
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.
Primer curso
50.946,53
Segundo curso
50.946,53
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.
Primer curso
47.027,57
Segundo curso
–
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.
Primer curso
47.027,57
Segundo curso
47.027,57
II. Gastos variables
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas.
Primer curso
6.879,71
Segundo curso
–
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas.
Primer curso
6.879,71
Segundo curso
6.879,71
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas.
Primer curso
6.835,19
Segundo curso
–
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas.
Primer curso
6.835,19
Segundo curso
6.835,19
III. Otros gastos
Grupo 1. Ciclos formativos de:
– Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.
– Animación Turística.
– Estética Personal Decorativa.
– Química Ambiental.
– Higiene Bucodental.
Primer curso
10.552,10
Segundo curso
2.467,89
Grupo 2. Ciclos formativos de:
– Secretariado.
– Buceo a Media Profundidad.
– Laboratorio de Imagen.
– Comercio.
– Gestión Comercial y Marketing.
– Servicios al Consumidor.
– Molinería e Industrias Cerealistas.
– Laboratorio.
– Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.
– Cuidados Auxiliares de Enfermería.
– Documentación Sanitaria.
– Curtidos.
– Procesos de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso
12.829,96
Segundo curso
2.467,89
Grupo 3. Ciclos formativos de:
– Transformación de Madera y Corcho.
– Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.
– Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho.
– Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
– Plástico y Caucho.
– Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
Primer curso
15.269,46
Segundo curso
2.467,89
Grupo 4. Ciclos formativos de:
– Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón.
– Impresión en Artes Gráficas.
– Fundición.
– Tratamientos Superficiales y Térmicos.
– Calzado y Marroquinería.
– Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada.
– Producción de Tejidos de Punto.
– Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada.
– Procesos Textiles de Tejeduría de Punto.
– Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.
– Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.
Primer curso
17.666,32
Segundo curso
2.467,89
Grupo 5. Ciclos formativos de:
– Realización y Planes de Obra.
– Asesoría de Imagen Personal.
– Radioterapia.
– Animación Sociocultural.
– Integración Social.
Primer curso
10.552,10
Segundo curso
3.990,86
Grupo 6. Ciclos formativos de:
– Aceites de oliva y vinos.
– Actividades Comerciales.
– Gestión Administrativa.
– Jardinería y Floristería.
– Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.
– Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.
– Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.
– Paisajismo y Medio Rural.
– Gestión Forestal y del Medio Natural.
– Animación Sociocultural y Turística.
– Marketing y Publicidad.
– Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias.
– Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos.
– Administración y Finanzas.
– Asistencia a la Dirección.
– Pesca y Transporte Marítimo.
– Navegación y Pesca de Litoral.
– Transporte Marítimo y Pesca de Altura.
– Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
– Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
– Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
– Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
– Comercio Internacional.
– Gestión del Transporte.
– Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.
– Transporte y Logística.
– Obras de Albañilería.
– Obras de Hormigón.
– Construcción.
– Organización y control de obras de construcción.
– Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.
– Proyectos de Obra Civil.
– Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
– Óptica de Anteojería.
– Gestión de alojamientos turísticos.
– Servicios en restauración.
– Caracterización y Maquillaje Profesional.
– Caracterización.
– Peluquería Estética y Capilar.
– Peluquería.
– Estética Integral y Bienestar.
– Estética.
– Estética y Belleza.
– Estilismo y Dirección de Peluquería.
– Caracterización y Maquillaje Profesional.
– Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.
– Elaboración de Productos Alimenticios.
– Panadería, repostería y confitería.
– Operaciones de Laboratorio.
– Administración de Sistemas Informáticos en Red.
– Administración de Aplicaciones Multiplataforma.
– Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
– Prevención de riesgos profesionales.
– Anatomía Patológica y Citología.
– Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
– Salud Ambiental.
– Laboratorio de análisis y de control de calidad.
– Química industrial.
– Planta química.
– Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
– Dietética.
– Imagen para el Diagnóstico.
– Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
– Radiodiagnóstico y Densitometría.
– Electromedicina clínica.
– Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
– Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico.
– Higiene Bucodental.
– Ortoprotésica.
– Ortoprótesis y productos de apoyo.
– Audiología protésica.
– Coordinación de emergencias y protección civil.
– Documentación y Administración Sanitarias.
– Emergencias y protección civil.
– Emergencias Sanitarias.
– Farmacia y Parafarmacia.
– Interpretación de la Lengua de Signos.
– Mediación Comunicativa.
– Integración Social.
– Promoción de igualdad de género.
– Atención a Personas en Situación de Dependencia.
– Atención Sociosanitaria.
– Educación Infantil.
– Desarrollo de Aplicaciones Web.
– Dirección de Cocina.
– Guía de Información y Asistencia Turísticas.
– Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
– Dirección de Servicios de Restauración.
– Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.
– Vestuario a Medida y de Espectáculos.
– Calzado y Complementos de Moda.
– Diseño Técnico en Textil y Piel.
– Diseño y Producción de Calzado y Complementos.
– Proyectos de Edificación.
Primer curso
9.503,47
Segundo curso
11.480,28
Grupo 7. Ciclos formativos de:
– Producción Agroecológica.
– Producción Agropecuaria.
– Organización y Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones.
– Montaje de Estructuras e Instalaciones de Sistemas Aeronáuticos.
– Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo.
– Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo.
– Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque.
– Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas.
– Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones.
– Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.
– Equipos Electrónicos de Consumo.
– Desarrollo de Productos Electrónicos.
– Mantenimiento Electrónico.
– Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
– Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
– Automatización y Robótica Industrial.
– Instalaciones de Telecomunicaciones.
– Instalaciones eléctricas y automáticas.
– Sistemas microinformático y redes.
– Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.
– Acabados de Construcción.
– Cocina y Gastronomía.
– Mantenimiento de Aviónica.
– Educación y Control Ambiental.
– Prótesis Dentales.
– Confección y Moda.
– Patronaje y Moda.
– Energías Renovables.
– Centrales Eléctricas.
Primer curso
11.704,81
Segundo curso
13.360,60
Grupo 8. Ciclos formativos de:
– Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
– Acondicionamiento físico.
– Guía en el medio natural y tiempo libre.
– Enseñanza y animación sociodeportiva.
– Actividades Ecuestres.
– Artista Fallero y Construcción de Escenografías.
– Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.
– Diseño y Producción Editorial.
– Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.
– Producción en Industrias de Artes Gráficas.
– Imagen.
– Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.
– Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.
– Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
– Video Disc Jockey y Sonido.
– Sonido en Audiovisuales y Espectáculos.
– Sonido.
– Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
– Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
– Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
– Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros.
– Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros.
– Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.
– Programación de la producción en fabricación mecánica.
– Diseño en fabricación mecánica.
– Instalación y Amueblamiento.
– Fabricación a medida e instalación de Madera y Mueble.
– Diseño y Amueblamiento.
– Carpintería y Mueble.
– Producción de Madera y Mueble.
– Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
– Instalaciones de Producción de Calor.
– Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y Fluidos.
– Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
– Redes y estaciones de tratamiento de aguas.
– Gestión de aguas.
– Carrocería.
– Electromecánica de maquinaria.
– Electromecánica de vehículos automóviles.
– Automoción.
– Piedra Natural.
– Excavaciones y Sondeos.
– Mantenimiento Aeromecánico.
– Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
Primer curso
13.766,97
Segundo curso
15.274,19
Grupo 9. Ciclos formativos de:
– Cultivos Acuícolas.
– Acuicultura.
– Producción Acuícola.
– Vitivinicultura.
– Preimpresión Digital.
– Preimpresión en Artes Gráficas.
– Postimpresión y Acabados Gráficos.
– Impresión Gráfica.
– Joyería.
– Mecanizado.
– Soldadura y Calderería.
– Construcciones Metálicas.
– Procesos de Calidad en la Industria Alimentaria.
– Instalación y Mantenim. Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas.
– Mantenimiento Electromecánico.
– Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.
– Mantenimiento Ferroviario.
– Mecatrónica Industrial.
– Mantenimiento de Equipo Industrial.
– Fabricación de Productos Cerámicos.
– Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.
Primer curso
15.924,56
Segundo curso
17.075,90
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
I Salarios personal docente, incluidas cargas sociales (Primer y segundo curso)
50.946,53
II Gastos variables (primer y segundo curso)
6.879,71
III OTROS GASTOS (Primer y segundo curso):
– Servicios administrativos
9.442,69
– Agrojardinería y composiciones florales
10.026,17
– Actividades agropecuarias
10.026,17
– Aprovechamientos forestales
10.026,17
– Artes gráficas
11.550,16
– Servicios comerciales
9.442,69
– Reforma y mantenimiento de edificios
10.026,17
– Electricidad y electrónica
10.026,17
– Fabricación y montaje
12.375,17
– Cocina y restauración
10.026,17
– Alojamiento y lavandería
9.399,53
– Peluquería y estética
8.918,09
– Industrias alimentarias
8.918,09
– Informática y comunicaciones
11.279,44
– Informática de oficinas
11.279,44
– Actividades de panadería y pastelería
10.026,17
– Carpintería y mueble
10.890,43
– Actividades pesqueras
12.375,17
– Instalaciones electrotécnicas y mecánicas
10.026,17
– Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel
8.918,09
– Fabricación de elementos metálicos
10.890,43
– Tapicería y cortinaje
8.918,09
– Actividades domésticas y limpieza de edificios
10.026,17
– Mantenimiento de vehículos
10.890,43
– Mantenimiento de viviendas
10.026,17
– Vidriería y alfarería
12.375,17
– Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo
10.890,43
– Acceso y conservación de instalaciones deportivas
9.843,25
1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria las Administraciones Educativas abonarán en 2018 la misma cuantía del complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública.
2 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará el módulo indicado.
* Las Comunidades Autónomas podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación Especial a las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de ellas.
ANEXO V
Módulos Económicos de distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados ubicados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, de la siguiente forma:
Euros
EDUCACIÓN INFANTIL
Relación profesor / unidad: 1,17:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
34.904,62
Gastos variables
3.877,47
Otros gastos
6.829,60
IMPORTE TOTAL ANUAL
45.611,69
EDUCACIÓN PRIMARIA
Relación profesor / unidad: 1,17:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
34.904,62
Gastos variables
3.877,47
Otros gastos
6.829,60
IMPORTE TOTAL ANUAL
45.611,69
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
I. Primer y segundo curso: 1
Relación profesor / unidad: 1,49:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
44.605,58
Gastos variables
4.561,53
Otros gastos
8.878,50
IMPORTE TOTAL ANUAL
58.045,61
I. Primer y segundo curso: 2
Relación profesor / unidad: 1,49:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
50.320,62
Gastos variables
7.888,93
Otros gastos
8.878,50
IMPORTE TOTAL ANUAL
67.088,05
II. Tercer y cuarto curso
Relación profesor / unidad: 1,65:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
55.724,19
Gastos variables.
8.736,05
Otros gastos
9.799,55
IMPORTE TOTAL ANUAL
74.259,79
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
– Servicios Comerciales –
Primer y segundo curso:
Relación profesor / unidad: 1,20:1
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
50.946,53
Gastos variables
8.736,05
Otros gastos
9.799,55
IMPORTE TOTAL ANUAL
69.482,13
La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, será incrementada en 1.212,28 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, en razón del mayor coste originado por el plus de residencia del Personal de Administración y Servicios.
Al personal docente de los Centros concertados ubicados en Ceuta y Melilla, se le abonará la cantidad correspondiente al plus de residencia establecido en el correspondiente Convenio Colectivo, si bien la Administración Educativa no asumirá incrementos superiores al porcentaje de incremento global fijado en la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará en el año 2018 la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos.
2 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará este módulo.
ANEXO VI
Costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2018
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, el coste del personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) tiene el siguiente detalle, en miles de euros, sin incluir trienios ni Seguridad Social.
Personal Docente
(funcionario y contratado)
–
Miles de euros
Personal no Docente
(funcionario y laboral fijo)
–
Miles de euros
57.542,08
27.862,01
ANEXO VII
Remanentes de crédito incorporables
Podrán incorporarse a los créditos del ejercicio, los remanentes que se recogen a continuación:
1. El del crédito 17.38.453B.755 «Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias».
2. El del crédito 17.09.261N.750.13 «Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna)».
3. El del crédito 17.09.261N.755 «Actuaciones complementarias al Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias».
4. El del crédito 18.04.322L-453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para actuaciones en Educación Infantil de 0 a 3 años».
5. El del crédito 18.04.322L.750 «Plan Especial de Empleo de Canarias (infraestructura educativa)».
6. Los de los créditos 19.01.291M.628 y 19.01.291M.638 «Patrimonio Sindical Acumulado».
7. El del crédito 19.101.241A.455.10 «Plan Integral de Empleo de Canarias».
8. El del crédito 20.04.432A.750 «Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas».
9. Los de los créditos 20.101.423M.771 y 20.101.457M.751 para reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.
10. El del crédito 23.05.452A.750 «Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua».
11. El del crédito 23.05.452A.753 «A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones de depuración».
12. El del crédito 23.06.456D.761 «Al Ayuntamiento de Santa María de Guía (Las Palmas) para Acondicionamiento litoral de San Felipe y la Playa del Vagabundo».
13. El del crédito 23.06.456D.750.00 «Actuaciones diversas en el archipiélago».
14. El del crédito 23.06.456D.640 que corresponda al proyecto 2017.23.006.4500 «Realización del estudio para la declaración de la Reserva marina de Interés Pesquero de La Gomera», siempre que sea inferior al remanente que se produzca en el crédito 23.06.456D.6».
15. El del crédito 23.107.452A.614 «Inversiones de reposición para la aplicación del Real Decreto-ley 2/2017».
16. El del crédito 23.113.416A.227.08 «Para gastos de gestión por la concesión de ayudas establecidas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero».
17. El del crédito 23.113.416A.472 «Para ayudas establecidas en el Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero».
18. El del crédito 25.04.942A.765 «Reparación de los daños causados en las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (Real Decreto-Ley 2/2015)».
19. El del crédito 25.04.942A.767 «Reparación de daños causadosW por los temporales de lluvia en la CA de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015 (RD-ley 12/2015)».
20. El del crédito 26.07.313B.453 «Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y salud pública».
21. El del crédito 32.01.441M.453 «A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias».
22. En la Sección 33, los procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial, en los términos establecidos en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.
23. Los de la Sección 36, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los Reales Decretos de traspasos de servicios.
ANEXO VIII
Consorcios y restantes Entidades del sector público administrativo
Consorcio Centro Sefarad-Israel.
Consorcio Casa Árabe.
Consorcio Casa del Mediterráneo.
Consorcio Casa África.
Consorcio Casa Asia.
Consorcio Casa América.
Obra Pía de los Santos Lugares.
Consorcio Castillo de San Carlos.
Consorcio Castillo de San Fernando de Figueres.
Consorcio Castillo de San Pedro.
Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala de San Esteban.
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier.
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza.
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín.
Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid.
Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas.
Consorcio Ciudad de Cuenca.
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
Consorcio Ciudad de Toledo.
Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC).
Centro Universitario de la Guardia Civil.
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Consorcio Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
Consorcio de Enfermedades Neurodegenerativas.
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P.
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas Combustibles.
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz SINCROTRÓN
Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias.
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
ANEXO IX
Entidades de derecho público que aplican los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, E.P.E. (CDTI).
Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.
Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife.
Consorcio de la Zona Franca de Santander.
Consorcio de la Zona Franca de Sevilla.
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación de la Sede Española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION).
Consorcio Valencia 2007.
E.P.E. ENAIRE *.
E.P.E. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).
Ente Público RTVE en liquidación.
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (ADIF-AV).
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Entidad Pública Empresarial Red.es (RED.ES).
Entidad Pública Empresarial RENFE Operadora.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX).
Instituto de Crédito Oficial, E.P.E. (ICO).
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo (EPE SUELO).
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
* Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no recogen los presupuestos de explotación y de capital de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE de forma individual. Sus presupuestos aparecen integrados en los presupuestos de ENAIRE Grupo.
ANEXO X
Fundaciones del sector público estatal
Fundación Biodiversidad.
Fundación Canaria Puertos de Las Palmas.
Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN).
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO).
Fundación Centro Nacional del Vidrio.
Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).
Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Fundación del Teatro Real.
Fundación ENAIRE, F.S.P.
Fundación Escuela de Organización Industrial.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social, F.S.P. (CSAI).
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P.
Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Fundación UNED).
Fundación ICO.
Fundación Instituto de Cultura Gitana.
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores.
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara.
Fundación Museo Lázaro Galdiano, F.S.P.
Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla
Fundación Pluralismo y Convivencia.
Fundación Residencia de Estudiantes.
Fundación SEPI, F.S.P.
Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Fundación UIMP-Campo de Gibraltar.
Fundación Víctimas del Terrorismo.
ANEXO XI
Fondos sin personalidad jurídica
Fondo para la Promoción del Desarrollo.
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
Fondo de Garantía de Alimentos.
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Fondo de Financiación a Entidades Locales.
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria.
Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT).
Fondo de Apoyo a la diversificación del Sector Pesquero y Acuícola.
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FAAD).
Fondo para Inversiones en el exterior (FIEX).
Fondo para Inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).
Fondo de Ayuda al Comercio Interior (FACI).
Fondo para la Internacionalización de la Empresa.
Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.
ANEXO XII
Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía
ANEXO XIII
Bienes del Patrimonio Histórico Español
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional septuagésima primera de esta Ley, se especifican a continuación los bienes del Patrimonio Histórico a los que la misma es aplicable.
Grupo I. Bienes singulares declarados Patrimonio Mundial
Todos los bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial en España, de acuerdo con la siguiente relación:
Andalucía
Mezquita de Córdoba (noviembre 1984).
Alhambra y Generalife. Granada (noviembre 1984).
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla (diciembre 1987).
Parque Nacional de Doñana (1994).
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998):
– Los Molinos I (Vélez Blanco, Almería).
– Los Molinos II (Vélez Blanco, Almería).
– Gabar (Vélez Blanco, Almería).
– Abrigo Central de Tello (Vélez Blanco, Almería).
– Abrigo de Manuel Vallejo (Quesada, Jaén).
Dólmenes de Antequera (2016).
Aragón
Arquitectura Mudéjar de Aragón (noviembre 1986 y diciembre de 2001):
– Torre e Iglesia de San Pedro (Teruel).
– Torres y artesonado, Catedral (Teruel).
– Torre de San Salvador (Teruel).
– Torre de San Martín (Teruel).
– Palacio de la Aljafería (Zaragoza).
– Seo de San Salvador (Zaragoza).
– Iglesia de San Pablo (Zaragoza).
– Iglesia de Santa María (Tobed).
– Iglesia de Santa Tecla (Cervera de la Cañada).
– Colegiata de Santa María (Calatayud).
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998):
– Cueva de la Fuente del Trucho (Asque, Colunga, Huesca).
– Abrigo del plano del pulido (Caspe, Zaragoza).
– Cueva del Chopo (Obón, Teruel).
– Abrigo de Santa Ana I (Castillonroy, Huesca).
– Abrigos del Conjunto de las tajadas de Bezas (Bezas, Teruel).
Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre de 1993):
– Iglesia y torre de Aruej.
– Granja de San Martín.
– Pardina de Solano.
Asturias
Prerrománico Asturiano (diciembre 1985 y ampliación de 2000):
– Santa María del Naranco.
– San Miguel de Lillo.
– Santa Cristina de Lena.
– Cámara Santa Catedral de Oviedo.
– San Julián de los Prados.
Camino de Santiago del Norte, Ampliación del Camino Francés de Santiago (2015).
Baleares
Paisaje Cultural de la Serra de Tramuntana (junio 2011).
Canarias
Parque Nacional de Garajonay. Gomera (diciembre 1986).
Parque Nacional del Teide. Tenerife (junio 2007).
Cantabria
Cueva de Altamira. Santillana del Mar (diciembre 1985).
Ampliación: La Cueva de Altamira y el Arte Rupestre de la Cornisa Cantábrica (junio 2008).
Camino de Santiago del Norte, Ampliación del Camino Francés de Santiago (2015).
Castilla y León
Catedral de Burgos (noviembre 1984).
Iglesias extramuros de Ávila (diciembre 1985):
– San Pedro.
– San Vicente.
– San Segundo.
– San Andrés.
Las Médulas, León (diciembre 1997).
El Yacimiento Arqueológico de la Sierra de Atapuerca (diciembre 2000).
Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993):
– Iglesia de San Juan de Ortega.
– Monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes, Palencia.
– Iglesia Colegiata de San Isidoro, León.
Yacimientos de Arte Rupestre Prehistórico del Valle del Côa y Siega Verde (2010).
Hayedos de Picos de Europa (julio 2017):
– Cuesta Fría.
– Canal de Asotín.
Castilla-La Mancha
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998):
– Conjunto de arte rupestre de Alpera, en el término municipal de Alpera (Albacete).
– Conjunto de arte rupestre de Minateda, en el término municipal de Hellín (Albacete).
– Conjunto de arte rupestre «Torcal de las Bojadillas», en el término municipal de Nerpio (Albacete).
– Abrigo de Solana de las Covachas, en el término municipal de Nerpio (Albacete).
– Conjunto de arte rupestre de Villar del Humo, en el término municipal de Villar del Humo (Cuenca).
Patrimonio del Mercurio: Almadén (junio 2012).
Hayedo de Ayllón (julio 2017):
– Tejera Negra.
Cataluña
Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milá en Barcelona (noviembre 1984).
Monasterio de Poblet. Vimbodí. Tarragona (diciembre 1991).
Palau de la Música Catalana (diciembre 1997).
Hospital de San Pau de Barcelona (diciembre 1997).
El Conjunto arqueológico de Tarraco (diciembre 2000).
Las Iglesias Románicas del Vall de Boí (diciembre 2000).
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica: (diciembre 1998).
– La Roca dels Moros (El Cogul, Les Garrigues).
– Conjunt Abrics d’Ermites de la Serra de la Pietat (Ulldecona, El Montsia).
– Cova dels Vilasos o dels Vilars (Os de Balaguer, La Noguera).
– Cabra Feixet (El Perelló, El Baix Ebre).
– La Vall de la Coma (L’Albí, Les Garrigues).
Fachada de la Natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell (julio 2005).
Extremadura
Monasterio de Guadalupe. Cáceres (diciembre 1993).
Conjunto Arqueológico de Mérida. Badajoz (diciembre 1993).
Galicia
La Muralla Romana de Lugo (diciembre 2000).
Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993):
– Conjunto etnográfico de pallozas en O’Cebreiro, Lugo.
– Monasterio de Samos, Lugo.
– Núcleo rural, iglesia y puente medieval de Leboreiro, Melide, La Coruña.
– Torre de Hércules (junio 2009).
Madrid
Monasterio de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. Madrid (noviembre 1984).
Paisaje Cultural de Aranjuez (diciembre 2001).
Universidad y casco histórico de Alcalá de Henares (diciembre 1998).
Hayedo de Ayllón (julio 2017):
– Montejo.
Murcia
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998):
– Barranco de los Grajos (Cieza).
– Monte Arbi (Yecla).
– Cañaica del Calar (Moratalla).
– La Risca (Moratalla).
– Abrigo del Milano (Mula).
Navarra
Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993):
– San Pedro de la Rúa, Estella.
– Santa María la Real, Sangüesa.
– Santa María, Viana.
– Camino de Santiago del Norte, Ampliación del Camino de Santiago (2015).
Hayedos de Navarra julio 2017):
– Lizardoia.
– Aztaparreta.
La Rioja
Monasterios de Suso y Yuso, San Millán de la Cogolla. La Rioja (diciembre 1997).
Bienes incluidos en el Camino de Santiago (diciembre 1993):
– Iglesia de Santiago, Logroño.
– Iglesia Imperial de Santa María de Palacio, Logroño.
– Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Navarrete.
Camino de Santiago del Norte, Ampliación del Camino de Santiago (2015).
País Vasco
Puente Vizcaya (julio 2006).
Valencia
La Lonja de Valencia, Valencia (diciembre 1996).
El Palmeral de Elche (diciembre 2000).
Bienes incluidos en el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (diciembre 1998):
– Cova Remigia (Ares del Maestra, Castellón).
– Galería Alta de la Masía (Morella, Castellón).
– Las Cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia).
– La Sarga (Alcoi, Alicante).
Grupo II. Edificios eclesiásticos incluidos en el Plan Nacional de Catedrales.
Andalucía
– Almería. Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación.
– Cádiz. Catedral de Santa Cruz.
– Cádiz. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la Frontera. Catedral.
– Córdoba. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Mezquita.
– Granada. Catedral de la Anunciación.
– Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral.
– Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la Asunción.
– Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen.
– Málaga. Catedral de la Encarnación.
– Sevilla. Catedral de Santa María.
– Concatedral de Baza.
– Cádiz Vieja. Ex-Catedral.
– Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Ex-Catedral.
Aragón
– Huesca. Catedral de la Transfiguración del Señor.
– Teruel. El Salvador. Albarracín.Catedral.
– Barbastro, Huesca. Catedral de Santa María.
– Jaca, Huesca. Catedral de San Pedro Apóstol.
– Teruel. Catedral de Santa María de Mediavilla.
– Zaragoza. Salvador. Catedral.
– Tarazona, Zaragoza. Catedral de Santa María.
– Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
– Monzón. Huesca. Santa María del Romeral. Concatedral.
– Huesca. Ex Catedral de Roda de Isábena.
Asturias
– Oviedo. Catedral de San Salvador.
Baleares
– Mallorca. Catedral de Santa María de Palma.
– Menorca. Catedral de Ciudadela.
– Ibiza. Catedral de Santa María de Ibiza.
Castilla y León
– Ávila. Catedral del Salvador.
– Burgos. Catedral de Santa María.
– León. Catedral de Santa María.
– Astorga, León. Catedral de Santa María.
– Palencia. Catedral de San Antolín.
– Salamanca. Catedral nueva de la Asunción de la Virgen.
– Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
– Segovia. Catedral de Santa María.
– Burgo de Osma, Soria. Catedral de la Asunción.
– Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
– Zamora. Catedral de la Transfiguración.
– Soria. Concatedral de San Pedro.
– Salamanca. Catedral vieja de Santa María.
Castilla-La Mancha
– Albacete. Catedral de San Juan Bautista.
– Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado.
– Cuenca. Catedral de Santa María y San Julián.
– Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora.
– Toledo. Catedral de Santa María.
– Guadalajara. Concatedral.
Canarias
– Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de Canarias. Iglesia de Santa Ana.
– La Laguna. Catedral de La Laguna, Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.
Cataluña
– Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia.
– Vic. Catedral de Sant Pere.
– Girona. Catedral de Santa María.
– Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova.
– La Seu d’Urgell. Catedral de Santa María.
– Solsona. Catedral de Santa María.
– Tarragona. Catedral de Santa María.
– Tortosa. Catedral de Santa María.
– Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
– Sagrada Familia, Barcelona.
Cantabria
– Santander. Catedral de la Asunción de la Virgen.
Extremadura
– Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
– Coria, Cáceres. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
– Plasencia, Cáceres. Catedral de Santa María.
– Cáceres. Concatedral de Santa María.
– Mérida. Concatedral de Santa María.
Galicia
– Santiago de Compostela, Coruña. Catedral Basílica Metropolitana.
– Lugo. Catedral de Santa María.
– Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de los Remedios.
– Orense. Catedral de San Martín.
– Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción.
– Concatedral de Vigo.
– Concatedral de Ferrol.
– San Martiño de Foz, Lugo.
Madrid
– Madrid. La Almudena. Catedral.
– Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
– Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
– San Isidro, Madrid. Ex-Catedral.
Murcia
– Cartagena. Iglesia Antigua de Santa María Catedral.
– Murcia. Concatedral de Santa María.
Navarra
– Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
– Tudela. Virgen María. Catedral.
País Vasco
– Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol.
– Vitoria. Catedral vieja de Santa María.
– San Sebastián. Buen Pastor. Catedral.
La Rioja
– Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
– Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador.
– Logroño. Concatedral de Santa María de la Redonda.
Valencia
– Orihuela, Alicante. Catedral del Salvador y Santa María.
– Valencia. Catedral de San Pedro y Santa María.
– Castellón. Segorbe. Catedral.
– Alicante. Concatedral de San Nicolás.
– Castellón. Santa María. Concatedral.
Ceuta
– La Asunción. Catedral.
Grupo III. Otros bienes culturales
Andalucía
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba).
Aragón
La Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei en Peñaflor (Zaragoza).
Asturias
Monasterio de San Salvador de Cornellana. Salas.
Baleares
La Lonja de Palma.
Canarias
Zona arqueológica Las Fortalezas (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria).
Cantabria
El palacio de Sobrellano.
Castilla-La Mancha
Yacimiento arqueológico de La Vega Baja de Toledo.
Castilla y León
Cartuja de Miraflores (Burgos).
Cataluña
Yacimiento de Empúries.
Extremadura
Monasterio de Guadalupe (Cáceres).
Galicia
Monasterio de Santa María la Real de Oseira (Ourense).
Madrid
Palacio de Goyoneche en Nuevo Baztán.
Murcia
Anfiteatro romano de Cartagena y Yacimiento arqueológico de San Esteban.
Navarra
Monasterio de Leyre en Yesa.
País Vasco
Salinas de Añana (Añana, Álava).
La Rioja
Castillo de Leiva (La Rioja).
Valencia
Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de Valldigna (Valencia) y Cartuja de Vall de Crist en Altura (Castellón).
Ceuta
Fortines neomedievales y Puerta Califal del siglo XI.
Melilla
Fuerte de Victoria Chica y Fuerte del Rosario.
ANEXO XIV
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
– Gran Telescopio Canarias.
– Observatorios de Canarias (Teide y Roque de los Muchachos).
– Observatorio Astronómico de Calar Alto.
– Radiotelescopio IRAM 30M.
– Centro Astronómico de Yebes.
– Observatorio Astrofísico de Javalambre.
– Sistema de Observación Costero de las Illes Balears.
– Plataforma Oceánica de Canarias.
– Red Española de Supercomputación ampliada:
• Supercomputadores MareNostrum y MinoTauro del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
• Supercomputador Altamira en la Universidad de Cantabria (UC).
• Supercomputador Tirant en la Universidad de Valencia (UV).
• Atlante en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
• Supercomputador Caesaraugusta en la Universidad de Zaragoza (UNIZAR).
• Supercomputador Finis Terrae en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
• Supercomputador Magerit en el Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid (CesViMa).
• Infraestructuras de computación del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
• Supercomputador La Palma en el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
• Supercomputador Picasso en la Universidad de Málaga (UMA).
• Supercomputador Caléndula en la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla León.
• Supercomputador Lusitania en la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura.
• Supercomputador Cibeles en la Universidad Autónoma de Madrid.
– Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides.
– Buques de Investigación Oceanográfica (BIOs) de FLOTPOL (Instituto Español de Oceanografía y Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
– Sala Blanca Integrada de Micro y Nanofabricación del Centro Nacional de Microelectrónica.
– Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica.
– Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Opto-electrónicos de la Universidad Politécnica de Madrid.
– Base Antártica Española Juan Carlos I.
– Base Antártica Española Gabriel de Castilla.
– Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria.
– Infraestructuras Integradas Costeras para Experimentación y Simulación de la Universitat Politècnica de Catalunya.
– Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
– Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza.
– Centro Nacional de Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid.
– Plataformas de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina del CIBER-BBN.
– Infraestructura preclínica y de desarrollo de tecnologías de mínima invasión (CCMIJU).
– Plataforma de secuenciación del CNAG.
– Plataforma de Metabolómica del Centro de Ciencias Ómicas.
– Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CRESA.
– Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del CISA.
– Infraestructura de Imagen Translacional Avanzada del CNIC.
– Plataforma de Imagen Molecular y Funcional de CIC-biomaGUNE.
– Sincrotrón ALBA.
– Reserva Biológica de Doñana.
– Plataforma Solar de Almería.
– Stellarator TJ-II y laboratorios de TechnoFusión.
– Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
– Plataformas Aéreas de Investigación del INTA.
– Laboratorios de geocronología y caracterización de materiales arqueológicos y geológicos del CENIEH.
– Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Universitat de Barcelona.
– Sistemas Láser del CLPU.
– Centro Nacional de Aceleradores.
– Red Académica y de Investigación española RedIRIS.
SECCIÓN 01. CASA DE S.M. EL REY
Sin modificaciones.
SECCIÓN 02. CORTES GENERALES
Sin modificaciones.
SECCIÓN 03. TRIBUNAL DE CUENTAS
Sin modificaciones.
SECCIÓN 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sin modificaciones.
SECCIÓN 05. CONSEJO DE ESTADO
Sin modificaciones.
SECCIÓN 06. DEUDA PÚBLICA
Sin modificaciones.
SECCIÓN 07. CLASES PASIVAS
Sin modificaciones.
SECCIÓN 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Sin modificaciones.
SECCIÓN 09. APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
Sin modificaciones.
SECCIÓN 10. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
Sin modificaciones.
SECCIÓN 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ALTA
Sección: 12 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Organismo: 301 Instituto Cervantes.
Capítulo: 8 Activos Financieros.
Artículo: 87 Remanente de Tesorería.
Concepto: 870 Remanente de Tesorería.
Importe: 1.444,47 miles de euros.
BAJA
Sección: 12 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Organismo: 301 Instituto Cervantes.
Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.
Artículo: 61 De las demás inversiones reales.
Concepto: 619 Venta de otras inversiones reales.
Importe: 1.444,47 miles de euros.
SECCIÓN 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
ALTA
Sección: 12 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Servicio: 03 Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
Programa: 143A Cooperación para el desarrollo.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 460 Al Cabildo de Gran Canaria para programa de cooperación humanitaria.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 12 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
Programa: 142A Acción del Estado en el exterior.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 499 Participación en Organismos Internacionales. Contribuciones voluntarias.
Subconcepto: 499.00 Contribuciones voluntarias en el ámbito político.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
SECCIÓN 13. MINISTERIO DE JUSTICIA
ALTA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 226 Gastos diversos.
Subconcepto: 226.20 Para el impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia.
Dotación: 5.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión afectado: 2003 13 02 0011 «Implant. Ser. Com. Infraestructura».
Dotación: 5.000 (miles de euros).
SECCIÓN 13. MINISTERIO DE JUSTICIA
ALTA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2017 13 02 0001 Plataforma tecnológica para atender afectados y de investigación de perfiles genéticos relacionados con la sustracción de recién nacidos.
Superproyecto: 2017 13 02 9001 Plan de actuación afectados por sustracción de recién nacidos.
Importe: 100,00 miles €.
BAJA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capitulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2008 13 02 0008 Equipamiento INT y CF.
Superproyecto: 2004 13 02 8008 Mobiliario y enseres.
Importe: 100,00 miles €.
REPERCUSIÓN EN EL ANEXO DE INVERSIONES REALES
Concepto: 13.02.112A.620.
Proyecto: 201713020001 Plataforma tecnológica para atender afectados y de investigación de perfiles genéticos relacionados con la sustracción de recién nacidos.
Importe: 100,00 miles € (aumento).
Concepto: 13.02.112A.620.
Proyecto: 2008 13 02 0008 Equipamiento INT y CF.
Importe: 100,00 miles € (disminución).
SECCIÓN 13. MINISTERIO DE JUSTICIA
ALTA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capítulo: 2.
Artículo: 22.
Concepto: 226 Gastos diversos.
Subconcepto: 226.20 Para el impulso de la Modernización del Servicio Público de Justicia.
Importe: 2.000,00 miles.
BAJA
Sección: 13 Ministerio de Justicia.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Justicia.
Programa: 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
Capitulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2003 13 02 0011.
Importe: 2.000,00 miles €.
SECCIÓN 14. MINISTERIO DE DEFENSA
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 14 Ministerio de Defensa.
Servicio: 03 Secretaría de Estado de Defensa.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 1 A Organismos Autónomos.
Concepto: 006 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Para el CEUS.
Importe: 500,00 (Miles de €).
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 14 Ministerio de Defensa.
Organismo: 101 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.
Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 5 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes.
Concepto: 0 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes.
Proyecto: 2018141010001 Adecuación centro Moguer (Huelva). Proyecto CEUS.
Importe: 500,00 (Miles de €).
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 14 Ministerio de Defensa.
Organismo: 101 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 0 De la Administración del Estado.
Concepto: 003 Para el CEUS.
Importe: 500,00 (Miles de €)
BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 14 Ministerio de Defensa.
Servicio: 03 Secretaría de Estado de Defensa.
Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 2 Material, suministros y otros.
Concepto: 706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Sin modificaciones.
SECCIÓN 16. MINISTERIO DE INTERIOR
ALTA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 101 Jefatura General de Tráfico.
Programa: 132B Seguridad Vial.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 12 Funcionarios.
Concepto: 121 Retribuciones complementarias.
Subconcepto: 12101 Complemento específico.
Importe: 3.055,50 (Miles de €).
BAJA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 101 Jefatura General de Tráfico.
Programa: 132B Seguridad Vial.
Capítulo: 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 3.055,50 (Miles de €).
SECCIÓN 16. MINISTERIO DE INTERIOR
ALTA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 131M Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades locales.
Concepto: 763 Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz regeneración zona limítrofe antigua sede del Banco de España.
Importe: 1.700,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de Seguridad.
Programa: 132A Seguridad Ciudadana.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2018 16 002 0026.
Denominación: Programa de renovación de infraestructuras e instalaciones de Policía y Guardia Civil.
Importe: 1.700,00 (Miles de €).
SECCIÓN 16. MINISTERIO DE INTERIOR
ALTA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servido: 004 Dirección General de la Guardia Civil.
Programa: 132A Seguridad ciudadana.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 8 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 3 A asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Importe: 117,30 (miles de euros).
BAJA
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 004 Dirección General de la Guardia Civil.
Programa: 132A Seguridad ciudadana.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 2 Material, suministros y otros.
Concepto: 706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 117,30 (miles de euros).
SECCIÓN 16. MINISTERIO DE INTERIOR
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 002 Secretaría de Estado de Seguridad.
Programa: 132A Seguridad Ciudadana.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 3 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 0 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 200616020025 Infraestructuras en la frontera de Ceuta.
Comunidad: 18 Ceuta.
Provincia: 55 Ceuta.
Importe: 250,00 (Miles de €).
BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 002 Secretaría de Estado de Seguridad.
Programa: 132A Seguridad Ciudadana.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 2 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 0 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 200816020001 Obras.
Comunidad: 93 No regionalizable.
Provincia: 93 No regionalizable.
Importe: 250,00 (Miles de €).
SECCIÓN 16. MINISTERIO DE INTERIOR
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 002 Secretaría de Estado de Seguridad.
Programa: 132A Seguridad Ciudadana.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 3 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 0 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 200616020020 Infraestructuras en la frontera de Melilla.
Comunidad: 19 Melilla.
Provincia: 56 Melilla.
Importe: 250,00(Miles de €).
BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 16 Ministerio del Interior.
Servicio: 002 Secretaría de Estado de Seguridad.
Programa: 132A Seguridad Ciudadana.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 2 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 0 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 200816020001 Obras.
Comunidad: 93 No regionalizable.
Provincia: 93 No regionalizable.
Importe: 250,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
ALTA
Comunidad Autónoma: 05 Principado de Asturias.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 2005 17 38 1009.
Denominación: A-63. Tramo: Cornellana-Salas (7,3 KM).
Importe: 3.000,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 05 Principado de Asturias.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 2016 17 38 3687.
Denominación: A-63. 2ª Calzada Salas-El Regueirón.
Importe: 1.500,00 (miles de euros).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 1990 17 04 0640.
Denominación: Estudios y publicaciones.
Importe: 2.295,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 1993 17 38 0010.
Denominación: Planeamiento y Proyectos.
Importe: 500,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 609 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.
Proyecto: 2000 17 38 0020.
Denominación: Expropiaciones, modificados adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.
Importe: 900,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 2000 17 38 0121.
Denominación: Otras actuaciones de la red de alta capacidad.
Importe: 300,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 2008 17 38 1064.
Denominación: 1% Cultural.
Importe: 400,00 (miles de euros).
Comunidad Autónoma: 93 No regionalizable.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 2008 17 38 3771.
Denominación: 1% Cultural.
Importe: 105,00 (miles de euros).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20.
Programa: 451N.
Capítulo: 4.
ALTA
17.20.451N.472.01: Subvención al funcionamiento de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes.
Importe: 1.640,13 miles de euros.
17.20.451N.472.02: Subvención al funcionamiento de la Autopista del Mar entre Vigo y Nantes.
Importe: 2.550 miles de euros.
BAJA
17.20.451N.472 Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia.
Importe: 4.190,13 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 32 Dirección General de Marina Mercante.
Programa: 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 483 ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas.
Importe: 85,00 (miles de euros).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22199 Otros suministros.
Importe: 85,00 (miles de euros).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 11 Castilla La Mancha.
Provincia: 45 Toledo.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones Reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2013 17 40 0762.
Denominación: Plataforma logística en Talavera de la Reina.
Importe: 500,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones Reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 1998 17 20 0005.
Denominación: Estudios y Convenios.
Importe: 500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 03 Galicia.
Provincia: 36 Pontevedra.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 6 Inversiones Reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Remodelación del Acceso a la AP-9 (C/ Buenos Aires de Vigo).
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección 17 Ministerio de Fomento.
Servicio 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo 6 Inversiones Reales.
Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 2009 17 20 0005.
Denominación: Estudios relacionados con las competencias de la Secretaria de Estado.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 03 Galicia.
Provincia: 15 Coruña.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2017 17 40 0005.
Denominación: Coruña-Ferrol. Variante de Betanzos.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección 17 Ministerio de Fomento.
Servicio 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte Y Vivienda.
Programa 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 2009 17 20 0005.
Denominación: Estudios relacionados con las competencias de la Secretaria de Estado.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 12 Canarias.
Provincia: 35 Las Palmas.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Estudio sobre impacto de la implantación de la BRT en la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Importe: 100,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No Regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 2009 17 20 0005.
Denominación: Estudios relacionados con las competencias de la Secretaria de Estado.
Importe: 100,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 02 Cataluña.
Provincia: 43 Tarragona.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2011 17 40 0700.
Denominación: Transporte de mercancias y cambio de ancho (estudios y proyectos).
Importe: 300 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2010 17 01 0100.
Denominación: Intranet y aplicaciones corporativas.
Importe: 300 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 04. Andalucía.
Provincia: 11 Cádiz.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2006 17 38 3747.
Denominación: Acondicionamiento del enlace de Tres Caminos. Carreteras A-4, A-48 y Ca-33.
Importe: 1.000 (Miles de €) en 2017.
BAJA
Comunidad Autónoma: 04. Andalucía.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2000 17 38 3315.
Denominación: N-435 Variante de Beas y Trigueros. (13,0 Km.).
Importe 1.000 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 14 Córdoba.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: Nueva creación.
Denominación: Rehabilitación de firmes. Rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-4, entre los PP.KK., 377 A 350. Tramo: Villafranca de Córdoba-Villa del Río.
Importe: 900 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 1992 17 38 5000.
Denominación: Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 900 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 17 Castilla y León.
Provincia: 40 Segovia.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2018 17 09 0831.
Denominación: Rehabilitación del Teatro Cervantes de Segovia.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y servicios generales de fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 2009 17 20 0005.
Denominación: Estudios relacionados con las competencias de la Secretaria de Estado.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 47 A empresas privadas.
Concepto: 478 Subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente.
Subconcepto: 47803 Canarias, con financiación comunitaria.
Dotación: 2.997,03 miles €.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 18 Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Programa: 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 199617180010 Tratamiento de Cartografía Digital e Imágenes Espaciales.
Importe: 797,03 miles €.
Proyecto: 200417180035 Infraestructuras.
Importe: 1.000,00 miles €.
Proyecto: 200917180065 Constitución y desarrollo Red Atlántica Estaciones Geodinámicas y Espaciales.
Importe: 1.200,00 miles €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
Sección: 17.
Servicio: 39.
Programa: 441M.
Artículo: 447.
DONDE DICE:
Concepto:
Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2017, pendientes de liquidación.
DEBE DECIR:
Concepto:
Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes al ejercicio 2017, pendientes de liquidación.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Superproyecto: 199517399300 Mejora de la red ferroviaria convencional.
Proyecto: (Nuevo) Estudio informativo para la integración del ferrocarril en Balmaseda.
Importe 2018: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 198723030675 Contratos de asistencia técnica.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: Nuevo. Integración Ferrocarril Balmaseda.
Importe: 0,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: Nuevo. Integración Ferrocarril Balmaseda.
Importe: 650,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
2018.
Concepto: 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizabie).
Importe: 0,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 650,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: NUEVO. Intercambiador Ferroviario de Riberas de Loiola (Donostia- San.
Sebastián).
Importe: 400,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: NUEVO. Intercambiador Ferroviario de Riberas de Loiola (Donostia-San.
Sebastián).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
2020.
Concepto: NUEVO. Intercambiador Ferroviario de Riberas de Loiola (Donostia- San.
Sebastián).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
2018.
Concepto: 5190. Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 400,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: 5190. Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
2020.
Concepto: 5190. Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: NUEVO, 9079. Intercambiador Ferroviario de Urbinaga (Sestao).
Importe: 500,00 (Miles de €).
2019.
Concepto; NUEVO. 9079. Intercambiador Ferroviario de Urbinaga (Sestao).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
2020.
Concepto: NUEVO. 9079. Intercambiador Ferroviario de Urbinaga (Sestao).
Importe: 1,000,00 (Miles de €).
BAJA
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
2018.
Concepto: 5200. Gestión de red e innovación (No regionalizable).
Importe: 500,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: 5180. Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 4.500,00 (Miles de €).
2020.
Concepto: 5180. Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Proyecto Playa de vías de Irún, compartido por ETS, ADIF y Ayuntamiento de Irún, para el desarrollo de un nuevo para actividades económicas.
Importe: 750,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5190. Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 750,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: Nuevo. Proyecto constructivo de la plataforma Intermodai (incluida Autopista ferroviaria), en Júndiz.
Importe: 150,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: Nuevo. Proyecto constructivo de la plataforma intermodal (incluida Autopista ferroviaria), en Júndiz.
Importe: 200,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
2018.
Concepto: 5180. Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 150,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: 5180. Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 200,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: Grupo Enaire.
Comunidad Autónoma: País Vasco.
Provincia: Araba.
PROYECTO NUEVO. Aeropuerto de Foronda: para modernización de la terminal, apertura de la 1124 y estudio da la zona franca.
Importe: 3.500,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio De Fomento.
Entidad: Grupo Enaire.
Comunidad Autónoma: No Regionalizable.
Provincia: No Regionalizable.
Proyecto: 5041. Inversiones de apoyo y mantenimiento, Varios Aeropuertos.
Importe: 3.500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura do carreteras.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 768 Convenios con Entidades Locales.
Subconcepto: 76805 Proyecto constructivo puente sobre el río Zadorra a favor de Lapuebla de Arganzón.
Importe: 150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto: 22799 Otros.
Importe: 150,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: NUEVO. Habilitación edificio de cabecera de la nueva lonja. Pasajes.
Importe: 300,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: NUEVO. Habilitación edificio de cabecera de la nueva lonja. Pasajes.
Importe: 975,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa:
Capítulo:
Artículo:
2018.
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el.
Presupuesto de Capital y resto de estados financieros afectados.
Importe: 300,00 (Miles de €).
2019.
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el.
Presupuesto de Capital y resto de estados financieros afectados.
Importe: 975,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Urbanización accesos peatonales lonja, Pasajes.
Importe: 600,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa:
Capítulo:
Artículo:
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el.
Presupuesto de Capital y resto de estados financieros afectados.
Importe: 600,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Almacenes zona A Oeste-Herrera.
Importe: 2.500:00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa:
Capítulo:
Articulo:
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el.
Presupuesto de Capital y resto de estados financieros afectados.
Importe: 2.500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Pantalán recreativo Trintxerpe, Pasajes.
Importe: 50,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa:
Capítulo:
Artículo:
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el.
Presupuesto de Capital y resto de estados financieros afectados,.
Importe: 50,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: Nuevo. Redacción Proyecto mejora acceso de buques a la dársena de Lezo.
Importe: 339,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Programa:
Capitulo:
Artículo:
Concepto: Financiación con tesorería de la entidad y consiguiente repercusión en el presupuesto de capital y resto de estados financieros afectados.
Importe: 339,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Adaptación Estación Pasaia.
Importe: 300,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5190, Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 300,00 (Miles de €).
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Superproyecto: 199417399130 Corredor Norte y Noroeste.
Proyecto: (Nuevo) Estudio informativo tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón/Avilés.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 198723030675 Contratos de asistencia técnica.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Superproyecto: 199417399130 Corredor Norte y Noroeste.
Proyecto: (Nuevo) Red Arterial Ferroviaria Valladolid.
Importe: 50,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 198723030675 Contratos de asistencia técnica.
Importe: 50,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453O Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 200217384063 A-40 Tramo: Cuenca-Teruel (150 Km).
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453O Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 200417380536 N-320 Variante de Guadalajara.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Refuerzo seguridad vial en N-120 P.K. 560-575. Provincia de Ourense.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 4539 Creación de infraestructura de carreteras.
Capitulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Refuerzo seguridad vial en N-640 P.K. 90. Provincia de Lugo.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: (Nuevo) Estudio de viabilidad técnica y económica para la implantación de un carril BUS-VAO en la TFE-5. Provincia de Tenerife.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: (Nuevo) Estudios técnicos para la futura instalación de un puerto en el municipio de Frontera – Las Puntas (Isla de El Hierro).
Importe: 80,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 80,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y Servidos Generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: (Nuevo) Plan integral de la Bahía de Santander.
Importe: 250,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 250,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 201817380467 Seguridad vial. Plan TCA, Mejora de intersecciones. Carreteras A-64, A-66, N-630, N-625 y N-634 Tramos varios de Asturias.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 45313 Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Refuerzo seguridad vial en BA-20 (tramo Av. Ricardo Carapeto). Provincia de Badajoz.
Importe: 450,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 450,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 200617384273 Cierre circunvalación de León.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 201817380478 Rehabilitación estructural del firme. Autovía A-66, Tramo: Guijuelo Sorihuela. PK389+500 al 401+500. Provincia de Salamanca.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Pasarela Boecillo N-601. Provincia de Valladolid.
Importe: 840,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 840,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Circunvalación de Villanueva del Campo, N-610. Provincia de Zamora.
Importe: 840,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 199217385000 Estudios relacionados con la conservación y explotación de carreteras.
Importe: 840,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Carretera N-238 (Castellón-Vinaroz).
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 221 Suministros.
Subconcepto: 22100 Energía eléctrica.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) Estudios para conexión ferroviaria entre el aeropuerto de El Altet y Alicante. Provincia de Alicante.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales.
Programa: 451N Dirección y servicios generales de Fomento.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 199717011110 Adquisición, reforma y construcción de edificios administrativos.
Importe: 500,00 miles de euros.
Proyecto: 201017010100 intranet y aplicaciones corporativas.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 47 A empresas privadas.
Concepto: 478 Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares de acuerdo con la legislación vigente.
Subconcepto: 47805 Transporte del plátano de Canarias.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: (Nuevo) A-15 Tramo Enlace de Matalebreras M Agreda (10 Km).
Importe: 10.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 198617070098 Liquidaciones, revisiones de precios, modificados y otras.
Importe: 500,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 32 Dirección General de Marina Mercante.
Programa: 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 198623070045 Construcción y equipamiento de las capitanías marítimas y centros de salvamento.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 A ADIF para inversiones en la red convencional.
Importe: 8.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 450 Convenio con la Comunidad Foral de Navarra para compensar el coste de aplicar a los usuarios de vehículos ligeros (clase I) en la AP-15 con dispositivo OBE Vía T, los descuentos correspondientes con el objetivo de que los trayectos realizados en las mismas 24 horas no supongan coste para los usuarios.
Importe: 12.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 200627096245 Programa de actividades de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
Importe: 300,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 200217091007 Programa de exposiciones de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
Importe: 200,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servido: 20 Secretaría de Estado de infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Publico Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 3.500,00 miles de euros.
Repercusión en los Presupuestos de Explotación y Capital de ADIF.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 32 Dirección General de Marina Mercante.
Programa: 454M Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 199123070010 Instalación y equipamiento de edificios para las capitanías marítimas.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 200117380122 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras.
Importe: 7.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructuras de carreteras.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 75801 Al Gobierno de Navarra para actuaciones en la N-121 de su titularidad que den continuidad a la Red de carreteras del Estado en la Comunidad Foral.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 200517384197.
Importe: 9.000,00 miles de euros.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 1990170040630 Maquinaria y equipos.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 768 Conveníos con Entidades Locales.
Subconcepto: Nuevo Al Ayuntamiento de lcod de Los Vinos para prolongación de la Calle Fray Cristóbal Oramas.
Importe: 800,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe 800,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 762 Al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote para la renovación y regeneración urbana de Tinasoria.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 768 Convenios con Entidades Locales.
Subconcepto 76803 Convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el proyecto de Metroguagua.
Importe 2018 10.000,00 miles de euros.
Importe 2019 10.000,00 miles de euros.
Importe 2020 10.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 761 Al Ayuntamiento de Santa María de Guía para la renovación y regeneración urbana de la zona de Marente.
Importe: 900,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 900,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 451N Dirección y servicios generales de Fomento.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760 Al Cabildo de Gran Canaria para un programa de actuaciones y equipamientos para el desarrollo de nuevas actividades y favorecer la innovación empresarial en el ámbito portuario y marítimo.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 500,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 750 Convenios específicos.
Subconcepto: 75018 Convenio renovación urbana de Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria).
Importe: 4.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 4.000,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 09 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Programa: 261O Ordenación y fomento de la edificación.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 763 Al Ayuntamiento de Galdar para la renovación y regeneración urbana del barrio de Becerril.
Importe: 800,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 746 ADIF para inversiones red convencional.
Importe: 800,00 miles de euros.
Con la correspondiente repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital del ADIF.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20.
Programa: 453 A.
Capítulo: 74 Transferencias a Entidades Públicas empresariales de capital.
Entidad: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Proyecto: 4035.
Denominación: Mejora y Adaptación para el Tráfico Internacional de la línea Huesca-Canfranc.
Importe: + 15.000 Miles de € en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: -15.000 Miles de € en 2018.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 40 Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Programa: 453A Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2012 17 40 0346 «Reapertura Túnel Canfranc».
Importe: +100 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: -100 Miles €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 40.
Programa: 453A.
Capítulo: 6.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 40 0160.
Denominación: Corredor de Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo (Estudios y Proyectos).
Provincias: Teruel y Zaragoza.
Importe: +6.000 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C. Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones Reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: - 6.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2005 17 38 3689 N-260 Congosto del Ventamillo-Campo.
Importe: + 8.000 Miles de € en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 8.000 Miles de euros.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructuras de carreteras.
Articulo: 61 Inversión en reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2005 17 38 3674 N-260. Túnel de Balupor-Fiscal.
Importe: +2.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 2.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 38 4163 A-21 Tramo: Jaca-Santa Cilia de Jaca.
Importe: +7.500 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 7.500 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 38 4164 A- 21 Tramo: Puente La Reina de Jaca-Fago (L.P. Zaragoza).
Importe: +7.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 7.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 38 4166 A-21 Tramo: Santa Cilia de Jaca-Puente La Reina de Jaca.
Importe: +3.500 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 3.500 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras.
Articulo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2004 17 38 4141. A-21 Tramo: Enlace de Sigües- Enlace Tiermas.
Importe: +5.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 5.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2004 17 38 0041 A-23 Tramo: Monrepós-Caldearenas.
Importe: +6.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453.C. Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 6.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2004 17 38 0043 A-23 Tramo: Lanave-Embalse De Jarrabella-Sabiñánigo.
Importe: +5.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y Explotación de Carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 5.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2004 17 38 0047 A-23 Tramo: Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste.
Importe: +2.500 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe. 2.500 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de Infraestructura de Carreteras.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2005 17 38 4181 A-22 Tramo Siétamo-Huesca.
Importe: +7.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 7.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453B Creación de Infraestructura de Carreteras.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 38 1137.
Denominación: A-68 Tramo Burgo de Ebro - Fuentes de Ebro.
Importe: +3.500 (En miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 3.500 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Capítulo: 6.
Artículo: 60.
Proyecto: 2005 17 38 6820. A-68. Tramo: Fuentes De Ebro (Zaragoza) - Valdealgorfa (Teruel).
Provincias: Teruel y Zaragoza.
Importe: +6.000,00 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453.C. Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 6.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 60.
Proyecto: 2002 17 38 4063.
Denominación: A-40 Cuenca-Teruel.
Importe: +1.000 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453. Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 1.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B.
Artículo: 61.
Proyecto: 2005 17 38 3692.
Denominación: N-211 Variante de Alcorisa.
Importe: +3.000 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 3000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B Dirección General de Carreteras.
Artículo: 60.
Proyecto: 2015 17 38 3647.
Denominación: A-68 Tramo Gallur-Mallén.
Provincia: Zaragoza.
Importe 2018: +6.500 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 6.500 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453B Dirección General de Carreteras.
Artículo: 60.
Proyecto: 2015 17 38 3646.
Denominación: A-68 Tramo Figueruelas-Gallur.
Provincia: Zaragoza.
Importe 2018: +13.000 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 13.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 20.
Programa: 441M.
Proyecto: Nuevo.
Provincias: Huesca y Zaragoza.
Denominación: Fomentar la desviación del tráfico pesado por la AP-2 entre Zaragoza y Fraga.
Importe: 10.000 (En Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 10.000 Miles de €.
SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38.
Programa: 453C.
Capítulo: 6.
Artículo: 61.
Proyecto: Nuevo. Acondicionamiento Travesía N-II, Avenida Cataluña (Zaragoza).
Importe: +1.000,00 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: 38 Dirección General de Carreteras.
Programa: 453.C. Conservación y explotación de carreteras.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61.
Proyecto: 199917388201. Concepto: Otras actuaciones de conservación y reposición.
Importe: 1.000 Miles de €.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Programa: 335A Música y Danza.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 48502 Fundación Festival de la Ópera de Oviedo para el desarrollo de su temporada lírica.
Importe: 50 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Programa: 335B Teatro.
Capítulo: 6.
Subconcepto: 620.
Proyecto: 1998 18 207 005 Sede estable Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Importe: 50 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 117,68 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 03 S.E. de Educación, Formación Profesional y Universidades.
Programa: 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22606 Reuniones, conferencias y cursos.
Importe: 117,68 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Fustiñana para instalaciones deportivas.
Importe: 117,68 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 117,68 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 13 Dirección General de Industrias Culturales y del Libro.
Programa: 334A Promoción y cooperación cultural.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 300,00 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla (Navarra) para instalaciones deportivas.
Importe: 300,00 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 160,29 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 160,29 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Mélida (Navarra) para reforma de piscinas municipales.
Importe: 160,29 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 160,29 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 889,75 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 D.G. de Evaluación y Cooperación Internacional.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 889,75 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Cizur Menor para ampliación instalaciones deportivas.
Importe: 889,75 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 889,75 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 1.624,21 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 1.624,21 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Cortes para instalaciones deportivas (Navarra).
Importe: 1.624,21 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 1.624,21 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 630,91 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 630,91 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para instalaciones deportivas (Navarra).
Importe: 630,91 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 630,91 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 453,70 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 D.G. de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 453,70 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Funes para instalaciones deportivas y recreativas (Navarra).
Importe: 453,70 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 453,70 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Consejo Superior de Deportes.
Importe: 496,85 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 D.G. de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 496,85 miles de euros.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Corporaciones locales.
Concepto: Nuevo. Convenio con el Ayuntamiento de Andosilla (Navarra) para reforma del polideportivo.
Importe: 496,85 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del Departamento a que está adscrito.
Importe: 496,85 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades locales.
Concepto: 760.01 Al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el Convento de Santo Domingo.
Importe: 1.365,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 784.12 Al Obispado de Tenerife para el Convento de Santo Domingo.
Importe: 1.365,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 08 DG de Planificación y Gestión Educativa.
Programa: 323M Becas y ayudas a estudiantes.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 482 Becas y ayudas al estudio de carácter general.
Subconcepto: 48210 Ayudas excelencia estudiantes (NUEVO).
Importe: 20.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 08 DG de Planificación y Gestión Educativa.
Programa: 323M Becas y ayudas a estudiantes.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 484 Otras becas y ayudas.
Subconcepto: 48407 Ayudas excelencia estudiantes.
Importe: 20.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322B Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 456 Acciones de Refuerzo Educativo (FSE) - Programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar.
Importe: 5.000 (Miles de Euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 05 Dirección General de Formación Profesional.
Programa: 322B Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Materiales y suministros.
Concepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 5.000 (Miles de Euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 333A Museos.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 769 Al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Dalí en Gerona.
Importe: 250,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1. Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 250,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultura.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión 2016 18 11 0002 Restauración de la Catedral Seu Vella.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultura.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: 2014 18 11 0008 Obras de rehabilitación y conservación de la Catedral de Jaén.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 400,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTAS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultura.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: NUEVO Iglesia mudéjar S.XIV Villanueva de Gállego, Zaragoza.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultura.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto de inversión: NUEVO Intervenciones de interés cultural en el Camino de Santiago de Compostela en Burgos.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultura.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: NUEVO Recuperación de las antiguas baterías de costa de Cartagena.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 011 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: NUEVO Convenio con el Principado de Asturias para la conservación y restauración del Prerrománico.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 321M Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 225.02 Locales.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 011 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de !os servicios.
Proyecto de inversión: NUEVO Proyectos de rehabilitación del patrimonio románico de Asturias: Monasterios de San Antolín de Bedón (Llanes) y Santa María de Obona (Tineo).
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 05 Dirección General de Formación Profesional.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 1.889,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 05 Dirección General de Formación Profesional.
Programa: 322B Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 226.06 Reuniones, conferencias y cursos.
Importe: 1.889,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 1.889,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.01 Convenio con el Ayuntamiento de Milagro para instalaciones deportivas y recreativas (Navarra).
Importe: 1.889,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 481,51 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 08 Dirección General de Planificación y Gestión Educativa.
Programa: 322F Educación en el exterior.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 23 Indemnizaciones por razón del servicio.
Concepto: 232 Traslado.
Importe: 481,51 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 481,51 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.02 Convenio con el Ayuntamiento de Los Arcos (Navarra) para reforma del polideportivo.
Importe: 481,51 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 616,77 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 616,77 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 616,77 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.06 Convenio con el Ayuntamiento de Bulluel (Navarra) para construcción de pabellón polivalente.
Importe: 616,77 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 489.02 Ayudas a actividades de alumnos.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.07 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) para construcción de polideportivo.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 900,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 489.02 Ayudas a actividades de alumnos.
Importe: 900,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700,00 Para gastos de capital.
Importe: 900,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.08 Convenio con el Ayuntamiento de Cintruénigo (Navarra) para instalaciones deportivas.
Importe: 900,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 489.02 Ayudas a actividades de alumnos.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.09 Convenio con el Ayuntamiento de Fitero (Navarra) para instalaciones deportivas.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 489.02 Ayudas a actividades de alumnos.
Importe: 200,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 200,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.10 Convenio con el Ayuntamiento de Cascante (Navarra) para instalaciones deportivas.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 489.02 Ayudas a actividades de alumnos.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.11 Convenio con el Ayuntamiento de Monteagudo (Navarra) para instalaciones deportivas.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 006 Secretaría General de Universidades.
Programa: 322C Enseñanzas Universitarias.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 Comunidades Autónomas.
Concepto: 450 A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 2018.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 006 Secretaría General de Universidades.
Programa: 463A Investigación científica.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 23 Indemnizaciones por razón de servicio.
Concepto: 230 Dietas.
Importe: 50,00 miles de euros.
Concepto: 231 Locomoción.
Importe: 50,00 miles de euros.
Concepto: 233 Otras indemnizaciones.
Importe: 50,00 miles de euros.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 750 Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas.
Importe: 250,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 370,13 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaría.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 370,13 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 370,13 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.17 Convenio con el Ayuntamiento de Cadreita para renovación pista deportiva y polideportivo.
Importe: 370,13 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 178,55 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 178,55 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 178,55 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.18 Convenio con el Ayuntamiento de Cáseda (Navarra) para construcción pista multideporte.
Importe: 178,55 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Importe: 244,01 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 322A Educación Infantil y Primaria.
Capítulo: 1 Gastos de personal.
Artículo: 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Subconcepto: 160.00 Seguridad Social.
Importe: 244,01 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
Repercusión presupuesto de ingresos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Subconcepto: 700.00 Para gastos de capital.
Importe: 244,01 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo a las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 A entidades locales para instalaciones deportivas.
Subconcepto: 766.19 Convenio con el Ayuntamiento de Lumbier (Navarra) para construcción de pista multideporte.
Importe: 244,01 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Subconcepto: 760.02 Al Ayuntamiento de Santa Úrsula para mejora de la accesibilidad, pavimentación y acondicionamiento del Centro Histórico.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 337B Conservación y restauración de bienes culturales.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: 2004 18 013 0008 Diversas actuaciones.
Importe: 100,00 miles de euros.
Proyecto de inversión: 2014 18 011 0030 Liquidaciones, revisiones de precios y actuaciones diversas de restauración de Bienes Culturales.
Importe: 100,00 miles de euros.
Proyecto de inversión: 2017 18 011 0001 Inversión de reposición en el IPCE.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 13 Dirección General de Industrias Culturales y del Libro.
Programa: 334A Promoción y cooperación cultural.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 451 Para la difusión nacional e internacional del ilustrado canario D. José Viera y Clavijo.
Dotación: 100 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 13 Dirección General de Industrias Culturales y del Libro.
Programa: 334C Fomento de las industrias culturales.
Capítulo: 7 Transferencias corrientes.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 772 Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas.
Dotación: 100 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 333A Museos.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e Instituciones sin ánimo de lucro.
Concepto: 485 Otras transferencias.
48552 A la Fundación Martín Chirino para gastos de funcionamiento y actividades.
Dotación: 50 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 50 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Programa: 335A Música y Danza.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e Instituciones sin ánimo de lucro.
Concepto: 485 Otras transferencias.
485.05 Al Festival Internacional de Música de Canarias.
Dotación: 150 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Programa: 335A Música y Danza.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 28 Gastos relacionados con la actividad comercial.
Concepto: 280 Gastos relacionados con la actividad comercial.
Dotación: 150 (miles de euros).
SEGUNDA
En el Presupuesto del OA 18.107, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
a) CAMBIO DE LITERALES.
Concepto 18.107.335A.444: Donde dice: A la Fundación Teatro Real, Debe decir: A la Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P.
Concepto 18.107.335A.445: Donde dice: A la Fundación del Teatro Real. Aportación adicional para la programación del 200 aniversario, Debe decir: A la Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P. Aportación adicional para la programación del 200 aniversario.
b) MODIFICACIÓN DE DOTACIONES:
ALTAS
18.107.335A.446: A la Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P. para los gastos derivados de la gestión del Teatro de la Zarzuela, Incrementar en 9.636,00 miles € (Dotación nueva).
18.107335A.746: A la Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P. para inversiones en el Teatro de la Zarzuela, Incrementar en 214,00 miles € (Dotación nueva).
BAJAS
18.107.335A.120.00 Sueldos del grupo Al y Grupo A, Disminuir en -13,58 miles.
18.107.335A.120.02: Sueldos del grupo Cl y grupo C, Disminuir en -13,22 miles.
18.107.335A.120.03: Sueldos del grupo C2 y grupo D, Disminuir en-3,67 miles.
18.107.335A.120.05: Trienios, Disminuir en -10,88 miles.
18.107.335A.120.06: Pagas extraordinarias, Disminuir en -11,16 miles.
18.107.335A.121.00 Complemento de destino, Disminuir en -22,07 miles.
18.107.335A.121.01 Complemento específico, Disminuir en - 20,42 miles.
18.107.335A.13000 Retribuciones básicas, Disminuir en - 1.653,50 miles.
18.107.335A.13001 Otras remuneraciones, Disminuir en - 425,50 miles.
18.107.335A.131 Laboral eventual, Disminuir en - 970,00 miles.
18.107.335A.150 Productividad, Disminuir en - 10,00 miles.
18.107.335A.16000 Seguridad Social, Disminuir en - 859,00 miles.
18.107.335A.162.09 Otros, Disminuir en -10,00 miles.
18.107.335A.202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones, Disminuir en -416,00 miles.
18.107.335A.213 Maquinaria, Instalaciones y utillaje, Disminuir en - 140,00 miles.
18.107.335A.22100 Energía eléctrica, Disminuir en - 165,00 miles.
18.107.335A.22104 Vestuario, Disminuir en - 50,00 miles.
18.107.335A.22700 Limpieza y aseo Disminuir en - 163,00 miles.
18.107.335A.22701 Seguridad Disminuir en - 150,00 miles.
18.107.335A.230 Dietas Disminuir en - 26,00 miles.
18.107.335A.280 Gastos relacionados con la actividad comercial Disminuir en -4.503,00 miles.
18.107.335A.630 Inversión de reposición Disminuir en -214,00 miles.
SUMAN LAS BAJAS: 9.850,00 miles de euros.
REPERCUSIÓN EN EL ANEXO DE INVERSIONES REALES.
Concepto 18.107.335A.630:
Proyecto 1997 18 207 0005 Teatro de la Zarzuela, Disminuir en - 214,00 miles.
En el Presupuesto de la Fundación del Teatro Real.
a) Cambio de denominación:
La Fundación pasa a denominarse: Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P.
b) Repercusión en el Presupuesto de Explotación y Capital de la Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P.
ALTAS
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN «CUENTA DE RESULTADOS».
A) OPERACIONES CONTINUADAS.
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados a la actividad.
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, incrementar en 9.636 miles de euros.
8. GASTOS DE PERSONAL.
a) Sueldos y salarios, Incrementar en 3.164,00 miles euros.
c) Seguridad Social a cargo de la empresa, incrementar en 859,00 miles euros,.
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD.
a) Servicios exteriores, incrementar en 5.613,00 miles euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL «ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO».
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.
6. PAGOS POR INVERSIONES:
c) Inmovilizado material, incrementar en 214,00 miles euros. (Nuevo proyecto 0004).
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO:
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).
c.1) De la actividad propia.
De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, incrementar en 214 miles de euros.
REPERCUSIÓN EN EL ANEXO DE INVERSIONES REALES.
Sector público empresarial y fundacional.
Entidad: Fundación del Teatro Real, que pasa a denominarse Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P.
ALTA
Provincia: Madrid.
Código de proyecto: 0004.
Denominación: Inversiones en inmovilizado del Teatro de la Zarzuela.
Coste total: 214 miles de euros.
Inicio: 2018.
Fin: 2018.
Tipo Proyecto: O.
Inversión prevista 2017: 0 miles.
Presupuesto 2018: 214 miles.
Asimismo, se adecuarán las cifras del Balance y el resto de estados financieros afectados que correspondan como consecuencia de las variaciones en los Presupuestos de Explotación y de Capital.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Programa: 335 A Música y danza.
Capítulo: 4 transferencias corrientes.
Artículo: 48: A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: Actos conmemorativos del centenario del Orfeón La Paz, de La Laguna, Tenerife.
Dotación: 20,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 107 Instituto Nacional de las Artes Escénica y de la Música.
Programa: 335 B Teatro.
Capítulo: 6.
Subconcepto: 620.
Proyecto: 1998 18 207 005 Sede estable Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Importe: 20,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1) Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria para el Festival Internacional de Cine de Las Palmas.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 103 instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Programa: 335C Cinematografía.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 465 A la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria para el Festival Internacional de Cine de Las Palmas.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Organismo: 103 Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Programa: 335C Cinematografía.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 100,00 miles de euros.
2) Museo de fotografía español y de arte almeriense «Extensión del centro de fotografía Pérez Siquier».
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 105 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura.
Programa: 333A Museos.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: NUEVO Museo de fotografía español y de arte almeriense «Extensión del centro de fotografía Pérez Siquier».
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 105 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura.
Programa: 333A Museos.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: 2000 18 103 0051 Obras menores y suministros a Museos.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 13 Dirección General de Industrias Culturales y del libro.
Programa: 334A Promoción y cooperación cultural.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760 Al Ayuntamiento de Agüimes para la casa de la Cultura del Cruce de Arinaga.
Dotación: 2.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 04 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes y servicios.
Artículo 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 2.000 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Plan Integral de Empleo (Infraestructuras educativas). Instituto de Educación Saulo Torón (Gáldar).
Dotación: 2.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 2.000 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 461 Al Ayuntamiento de Telde para actuaciones en educación infantil de 0 a 3 años.
Dotación: 1.500 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 1.500 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de deportes.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 13 Dirección General de Industrias Culturales y del Libro.
Programa: 334A Promoción y cooperación cultura.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 710 Al Consejo Superior de Deportes.
Subconcepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
En el presupuesto del Consejo Superior de Deportes.
ALTA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 106 Consejo Superior de Deportes.
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 762 Al Ayuntamiento de Valsequillo para el Centro de Formación y Tecnificación Deportiva.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
SECCIÓN 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ALTA
Sección: 18.
Servicio: 11 Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Programa: 333A Museos.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 465 Al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para gastos de funcionamiento y actividades del Museo Néstor.
Dotación: 50 (miles de euros).
BAJA
Sección: 18 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Servicio: 4 Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
Programa: 332L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Dotación: 50 (miles de euros).
SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ALTA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 42 A la Seguridad Social.
Concepto: 429 Otras aportaciones a la Seguridad Social.
Subconcepto: 429.05 Transferencia a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
BAJA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 02 Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Programa: 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
Capítulo: 8 Activos financieros.
Artículo: 82 Concesión de préstamos al Sector Público.
Concepto: 822 Prestamos a la Seguridad Social para su equilibrio financiero.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
REPERCUSIÓN EN LA SECCIÓN 60. SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ALTA
Sección: 60 Seguridad Social.
Servicio: 04 Ingresos de la Seguridad Social.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
Concepto: 400 Del Departamento al que está adscrito.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
BAJA
Sección: 60 Seguridad Social.
Servicio: 04 Ingresos de la Seguridad Social.
Capítulo: 9 Pasivos financieros.
Artículo: 91 Préstamos recibidos en euros.
Concepto: 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del Sector Público.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ALTA
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
Concepto: 400 Del Departamento al que está adscrito.
Subconcepto: 7 Para apoyar su equilibrio presupuestario.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
BAJA
Capítulo: 9 Pasivos financieros.
Artículo: 91 Préstamos recibidos en euros.
Concepto: 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del Sector Público.
Dotación: 1.333.910,00 (miles de euros).
SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ALTA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 01 Ministerio y Subsecretaría.
Programa: 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
Capítulo: 6 Inversión reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 628 Patrimonio Sindical acumulado.
Importe: 100 miles de Euros.
BAJA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 01 Ministerio Y Subsecretaría.
Programa: 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
Capítulo: 6 Inversión reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Importe: 100 miles de Euros.
ANEXO DE INVERSIONES
ALTA
Proyecto: (Nuevo) 2018 19 001 0020 Nuevo PSA «Edificio de Sindicatos» de Albacete.
Importe: 100 Miles de Euros.
BAJA
Proyecto: 1998 19 001 0140 Acondicionamiento de edificios administrativos Provinciales.
Importe: 100 Miles de Euros.
SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ALTA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 01 Ministerio y Subsecretaría.
Programa: 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
Capítulo: 6 Inversión reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Importe: 1.000 Miles de Euros.
BAJA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 01 Ministerio y Subsecretaría.
Programa: 291M Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
Capítulo: 6 Inversión reales.
Artículo: 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Importe: 1.000 Miles de Euros.
ANEXO DE INVERSIONES
ALTA
Proyecto (Nuevo): 2018 19 001 0010 Plan Ávila 2020.
Importe: 1.000 Miles de Euros.
BAJA
Proyecto: 1994 19 006 0030 Apoyo a la gestión de los servicios centrales.
Importe: 1.000 Miles de Euros.
SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ALTA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 101 Servicio Público de Empleo Estatal.
Programa: 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 465 Planes Integrales de Empleo y otras actuaciones en materia de empleo, mediante convenio de colaboración con Entidades Locales.
Subconcepto: 465.10 Plan Integral de Jinamar (Telde).
Dotación: 600 (miles de euros).
BAJA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 101 Servicio Público de Empleo Estatal.
Programa: 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social.
Subconcepto 487.03 Financiación de las bonificaciones en las cotización de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (EJE 3).
Dotación: 600 (miles de euros).
SECCIÓN 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ALTA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 101 Servicio Público de Empleo Estatal.
Programa: 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 465 Planes Integrales de Empleo y otras actuaciones en materia de empleo, mediante convenio de colaboración con entidades locales.
Subconcepto: 465.11 Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos para Plan de Empleo.
Dotación: 1.000 (miles de euros).
BAJA
Sección: 19 Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Servicio: 101 Servicio Público de Empleo Estatal.
Programa: 241A Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 487 Para pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social.
Subconcepto 487.03 Financiación de las bonificaciones en las cotización de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (EJE 3).
Dotación: 1.000 (miles de euros).
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 15 Baleares.
Provincia: 07 Illes Balears.
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y Promoción del Turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Nuevo Parador de Ibiza en el Castillo y el Almudaina.
Importe: 500,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y Promoción del Turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2012 20 208 0060.
Denominación: Varios Paradores.
Importe: 500,00 (Miles de €).
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 18 Secretaría de Estado de Energía.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 444 Al IDAE. Para centro de investigación Biscay Marine Energy Platform (BIMEP).
Importe: 3000,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 18 Secretaría de Estado de Energía.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
Concepto: 443 Al IDAE, Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (DA duodécima del Real Decreto-ley 20/2012).
Importe: 3.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 101 Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Programa: 457M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 101 Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Programa: 423N Explotación minera.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 47 A empresas privadas.
Concepto: 471 Ayudas a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaria de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 7 A Transferencias de capital.
Artículo: 76 Entidades Locales.
Concepto: 769 A la Diputación de Teruel para la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra.
Importe: 610,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 004 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 610,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto de inversión: NUEVO Estudio de viabilidad y proyecto técnico para los yacimientos celtibéricos de Soria.
Importe: 350,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Subconcepto: 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 350,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A entidades locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 713 Al Instituto de Turismo de España.
Importe: 300,00 miles de euros.
En el presupuesto del Instituto de Turismo de España.
Repercusión presupuesto de ingresos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto de inversión: 2012 20 208 0060 Varios Paradores.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A entidades locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de La Palma para estudios sobre el potencial geotérmico de esta isla.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 226 Gastos diversos.
Subconcepto: 226.03 Jurídicos, contencioso.
Importe. 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A entidades locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de Fuerteventura para un proyecto de eficiencia energética.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 001 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 400,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A entidades locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 150,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Yaiza para modernización turística del núcleo de Playa Blanca. Vía alternativa de acceso.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 713 Al Instituto de Turismo de España.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
En el presupuesto del Instituto de Turismo de España.
Repercusión presupuesto de ingresos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto de inversión: 2012 20 208 0060 Varios Paradores.
Importe: 1.150,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Tías, en Lanzarote, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Santa Lucía para instalación de sistemas de energía solar en colegios e instalaciones municipales.
Importe: 1.300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 001 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 1.300,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425ANormativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de La Palma para recuperación de la Central Hidroeléctrica del Salto del Mulato (San Andrés y Sauces).
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 001 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 777 Agenda Digital. Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación en Canarias.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 004 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 5.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Tuineje, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Betancuria, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2004 20 001 0002 Plan de desarrollo de la Administración electrónica.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de Tenerife para estudios sobre el potencial geotérmico de esta isla.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de La Palma para actuaciones previstas en el Plan Director de Eficiencia Energética.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 001 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 400,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de El Hierro para un proyecto de eficiencia energética.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2004 20 001 0002 Plan de desarrollo de la Administración electrónica.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 004 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 713 Al instituto de Turismo de España.
Importe: 300,00 miles de euros.
En el presupuesto del Instituto de Turismo de España.
Repercusión presupuesto de ingresos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 300,00 miles de euros.
Repercusión presupuesto de gastos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto de inversión: 2012 20 208 0060 Varios Paradores.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: 2002 20 001 0003 Obras, mejoras y adquisiciones diversas.
Importe: 200,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de Gran Canaria para estudios sobre el potencial geotérmico de esta isla.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 226 Gastos diversos.
Subconcepto: 226.03 Jurídicos, contenciosos.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: NUEVO Al Cabildo de La Palma. Para infraestructuras y equipamientos turísticos.
Importe: 2.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2018 20 001 0001 Otras inversiones de carácter inmaterial.
Importe: 2.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Cabildo Insular de El Hierro para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto de inversión: 2004 20 001 0002 Plan de desarrollo de la Administración electrónica.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 150,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos. Paseo peatonal desde el casco urbano a la playa de San Marcos.
Importe: 1.200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Turismo.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 713 Al Instituto de Turismo de España.
Importe: 1.200,00 miles de euros.
En el presupuesto del Instituto de Turismo de España.
Repercusión presupuesto de ingresos.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 1.200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Organismo: 104 Instituto de Turismo de España.
Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto de inversión: 2012 20 208 0060 Varios Paradores.
Importe: 1.200,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Tinajo, en Lanzarote, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 12 Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto: 771 Agenda Digital - Desarrollo de Ecosistemas 4.0 y Formato de Innovación Tecnológica.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 20. MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
ALTA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 19 Dirección General de Política Energética y Minas.
Programa: 425A Normativa y desarrollo energético.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 A Entidades Locales para actuaciones en materia de energía.
Subconcepto: NUEVO Al Ayuntamiento de Haría, en Lanzarote, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga.
Importe: 100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 20 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto de inversión: 2002 20 001 0003 Obras, mejor y adquisiciones diversas.
Importe: 100,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 04 Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Programa: 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 74 A Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
DONDE DICE:
Concepto: 740 Convenio con la Fundación Biodiversidad para inversiones en equipamiento.
DEBE DECIR:
Concepto: 740 A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para inversiones en equipamiento.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 04 Secretaria de Estado de Medio Ambiente.
Programa: 452M Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos.
Capítulo: 4 Transferencias Corrientes.
Artículo: 44 A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entidades del Sector Público Empresarial.
DONDE DICE:
Concepto: 440 Convenio con la Fundación Biodiversidad para gastos corrientes de funcionamiento.
DEBE DECIR:
Concepto:440 A la Fundación Biodiversidad para gastos corrientes de funcionamiento.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Sección: 23.
Servicio: 17.
DONDE DICE:
Concepto: Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
DEBE DECIR:
Concepto: Dirección General de Recursos Pesqueros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Sección: 23.
Servicio: 16.
DONDE DICE:
Concepto: Dirección General de Ordenación Pesquera.
DEBE DECIR:
Concepto: Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la costa y el mar.
Programa 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 6 Inversiones de capital.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto:
Proyecto: 2018 23 0062201 Actuaciones de recuperación ambiental.
Importe: 1.700,00 miles de €.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Subsecretaria y Servicios Generales.
Programa 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del departamento en materia de infraestructuras.
Proyecto:
Importe: 1.700,00 miles de €.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la costa y el mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: Nuevo. Recuperación del Astillero Mendieta en Lekeitio (Bizkaia).
Importe: 250,00 miles €.
BAJA
Sección: 23 Ministerio De Agricultura Y Pesca, Alimentación Y Medio.
Ambiente.
Servicio: 11 Secretaria General De Agricultura Y Alimentación.
Programa: 412 M.
Capítulo: 4 Transferencias Corrientes.
Artículo: 49 Al Exterior.
Concepto: 490 Abono al tesoro público por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones de la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 250,00 miles €.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL.
ALTA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 29 Málaga.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 05 Dirección General del Agua.
Programa 452A Creación de infraestructura de carreteras.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Plan de recrecimiento Embalse de la Concepción.
Importe: 1.000,0 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2009 23 01 0010.
Denominación: Acondicionamiento y mejora edificios Departamento.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Comunidad Autónoma: 14 Extremadura.
Provincia: 10 Cáceres.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 05 Dirección General del Agua.
Programa 452A Gestión e Infraestructuras del Agua.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Estudio de alternativas para el abastecimiento de la ciudad de Cáceres.
Importe: 300,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 14 Extremadura.
Provincia: 10 Cáceres.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2009 23 01 0010.
Denominación: Acondicionamiento y mejora edificios departamento.
Importe: 300,00 (Miles de €).
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Comunidad Autónoma: 10 Aragón.
Provincia: 22 Huesca.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 05 Dirección General del Agua.
Programa 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Plan de restitución territorial por las obras del Embalse de Montearagón.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 10 Aragón.
Provincia: 22 Huesca.
Sección 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio 05 Dirección General del Agua.
Programa 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo 6 Inversiones reales.
Artículo 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2008 23 05 0036.
Denominación: Obras De Biscarrues-Almudevar, Fase I.
Importe: 1.000,00 (Miles de €).
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 18 Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Programa: 414A Gestión de recursos hídricos para regadíos.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 1997 21 023 0031 Consolidación y mejora de los regadíos existentes.
Importe: 350,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 350,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 18 Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Programa: 414A Gestión de recursos hídricos para regadíos.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 1997.21.023.0031 Consolidación y mejora de los regadíos existentes.
Importe: 409,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (PEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 409,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 71007 A la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 456A Calidad del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: 2016.23.005.0023 Programas de seguimiento de estado de las masas de agua.
Importe:
2018: 500,00 miles de euros.
2019: 9.050,00 miles de euros.
2020: 9.050,00 miles de euros.
REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
INGRESOS
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Organismo: 102 Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 500,00 miles de euros.
GASTOS
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Organismo: 102 Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Programa: 456A Calidad del agua.
Capitulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Concepto: 601 Otras.
Proyecto: NUEVO Renovación y mejora del tratamiento primario en la depuradora E.D.A.R Galindo (Sestao-Bizkaia).
Importe:
2018: 500,00 miles de euros.
2019: 9.050,00 miles de euros.
2020: 9.050,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad do fa Costa y el Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 768 Al Ayuntamiento de San Sebastián para reparación voladizo y barandilla del Paseo de La Concha, entre La Perla y el Túnel del Antiguo.
Importe: 1.500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaria General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 1.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación Medio Ambiente.
Servicio: 010 Oficina Española Del Cambio Climático.
Programa: 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 5 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 2 Transferencia a CCA para ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Adapta Ecosistemas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 010 Oficina Española Del Cambio Climático.
Programa: 456M Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio.
Climático.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 5 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 3 Transferencia a CCAA para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Adapta Residuos. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.
Importe: 3.000,00 miles de euros.
BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 011 Secretaria General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 9 Al exterior.
Concepto: O Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 6.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 008 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Programa: 456C Protección y mejora del medio natural.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 5 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 7 Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natura! y la Biodiversidad.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 011 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 9 Al exterior.
Concepto: 0 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
Concepto: 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: nuevo Estudios sobre las necesidades hidrológicas en Fuerteventura.
Importe: 80,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y servicios generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 6 inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto: 2009.23.001.0010 Acondicionamiento y mejora edificios Departamento.
Importe: 80,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA PRESUPUESTO DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 005 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: O inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Proyecto: Nuevo Actuaciones para las avenidas del Ebro y sus afluentes en Navarra.
Importe: 300,00 miles de euros.
BAJA PRESUPUESTOS DE GASTOS
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Servicio: 001 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 4 Gastos de Inversiones de carácter inmaterial.
Proyecto: 2013230010004 Estudios de la Subsecretaria.
Importe: 300,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 14 Dirección General de la Industria Alimentaria.
Programa: 413A Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 483 Convenio con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 18 Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Programa: 414B Desarrollo del medio rural.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 2016.23.018.0006 Caminos naturales y otras infraestructuras.
Importe: 400,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
Concepto: 71001 A la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Importe: 7.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 2015.23.005.0084 Inversiones en actuaciones medioambientales.
Importe: 7.000,00 miles de euros.
REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO
INGRESOS
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Organismo: 104 Confederación Hidrográfica del Ebro.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
Concepto: 700 Del departamento al que está adscrito.
Importe: 7.000,00 miles de euros.
GASTOS
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Organismo: 104 Confederación Hidrográfica del Ebro.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 2003.23.226.0035 Mantenimiento y conservación de cauces públicos Importe: 7.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A entidades locales.
Concepto: 768 Al Ayuntamiento de Hermigua, en la Gomera, para la red de trasvase entre el tomadero de Los Tiles y el depósito de La Serenita.
Importe: 75,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 1986.17.006.0350 Mejora sistema información avenidas.
Importe: 75,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 Al Cabildo Insular de Tenerife para mejora del entorno de las piscinas de Mesa del Mar y el camino hacia el PRIS en el municipio de Tacoronte.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 763 Al Ayuntamiento de La Oliva para renovación y ampliación del Paseo Marítimo de Corralejo.
Importe: 1.100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importe: 1.100,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: Nuevo Paseo Marítimo de Valle Gran Rey en la Isla de La Gomera.
Importe: 850,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 850,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A entidades locales.
Concepto: 767 Al Ayuntamiento de Tejeda para tratamiento de aguas residuales en diversos barrios, mediante la instalación de depuradoras.
Importe: 600,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 1986.17.006.0350 Mejora sistema información avenidas.
Importe: 600,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 451 Para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.
Importe: 8.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importe: 8.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Subconcepto: 764 Al Ayuntamiento de Santa Lucía para actuaciones en la costa. Finalización del paseo marítimo Litoral Pozo Izquierdo.
Importe: 825,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importe: 800,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 25,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 12 Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Programa: 412C Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760. Al Ayuntamiento de Agüimes para la construcción del Recinto Ferial y Mercado Municipal.
Importe: 800,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 800,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A entidades locales.
Concepto: 762 Al Cabildo Insular de La Palma para acondicionamiento del litoral en la Avda. Marítima de Santa Cruz de La Palma y del litoral de Las Maretas en Mazo.
Importe: 1.100,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 11 Secretaria General de Agricultura y Alimentación.
Programa: 412M Regulación de los mercados agrarios.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 49 Al exterior.
Concepto: 490 Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
Importe: 1.100,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, ‘Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Programa: 456D Actuación en la Costa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 765 Al Ayuntamiento de Icod de los Vinos para obras de urgencia en la Playa de San Marcos.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, ‘Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importes: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 08 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Programa: 456B Protección y Mejora del Medio Ambiente.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760 Al Ayuntamiento de Tinajo para la instalación de un Punto Limpio.
Importe: 150,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 08 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Programa: 456B Protección y Mejora del Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 752 Política de residuos.
Importe: 150,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A entidades locales.
Concepto: 764 Al Cabildo Insular de La Palma para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Balsa del Riachuelo en El Paso.
Importe: 1.350,00 miles de euros.
Concepto: 765 Al Cabildo Insular de La Palma para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Aprovechamiento de aguas de las depuradoras del Valle de Aridane para riego agrícola.
Importe: 650,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 inversiones reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otras.
Proyecto: 1986.17.006.0350 «Mejora sistema información avenidas».
Importe: 2.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 06 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Programa: 456D Actuación en la costa.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 601 Otras.
Proyecto: NUEVO. Ampliación de la escollera de protección de la playa y del paseo marítimo de Playa Santiago.
Importe: 400,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 451O Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 Otras actuaciones del Departamento en materia de infraestructuras.
Importe: 400,00 miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e Infraestructura del Agua.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 766 Al Ayuntamiento de Santa María de Guía para mejora de la red de abastecimiento de agua y ampliación de la red de saneamiento.
Importe: 1.200,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05 Dirección General del Agua.
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua.
Capítulo: 6 Inversiones Reales.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Concepto: 611 Otros.
Proyecto: 1986.17.006.0350 «Mejora sistemas información avenida».
Importe: 1.200,00 miles de euro.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 104.
Programa: 452A.
Artículo: 61.
Proyecto: 2003 23 226 0035. Mantenimiento y conservación de cauces públicos: Plan de prevención, limpieza, recuperación, mantenimiento y conservación de caminos, cauces y riberas del ebro en Aragón.
Provincias: Huesca, Zaragoza y Teruel.
Importe: +10.000,00 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05.
Programa: 452A.
Capítulo: 6.
Artículo: 61.
Proyecto: 2015.23.05.0084.
Importe: 10.000,00 Miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 104 Confederación Hidrográfica del Ebro.
Programa: 452A Gestión e Infraestructuras del Agua.
Artículo: 61.
Proyecto: 2010 23 226 0015: Restitución territorial por obras de regulación e infraestructura hidráulica.
Provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza.
Importe: +6.000 (Miles de euros) en 2018.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05.
Programa: 452A.
Capítulo: 6.
Artículo: 61.
Proyecto: 2015.23.05.0084.
Importe: 6.000,00 Miles de euros.
SECCIÓN 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ALTA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 104 Confederación Hidrográfica del Ebro.
Programa: 452A Gestión e Infraestructuras del Agua.
Artículo: 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.
Proyecto: 2015 23 104 0010.
Provincias: Huesca, Teruel y Zaragoza.
Denominación: Fondos de inversiones generados por energía reservada.
Importe: + 3.000 Miles de euros en 2018.
BAJA
Sección: 23 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio: 05.
Programa: 452A.
Capítulo: 6.
Artículo: 61.
Proyecto: 2015.23.05.0084.
Importe: 3.000,00 Miles de euros.
SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
ALTA
Sección 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio 01 Presidente del Gobierno.
Programa 921Q Cobertura informativa.
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto 227.07 Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público.
Importe 12.000,00 (miles de euros).
BAJA
Sección 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa 921P Administración Periférica del Estado.
Capítulo 1 Gastos de personal.
Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.
Concepto 160 Cuotas sociales.
Subconcepto 160.00 Seguridad Social.
Importe 12.000,00 (miles de euros).
SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
ALTA
Sección: 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio: 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa: 942A Cooperación Económica Local del Estado.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760 A las Entidades Locales, como aportación a la financiación de sus inversiones.
Subconcepto: 760.02 Al Cabildo Insular de Fuerteventura para actuaciones relacionadas con un plan insular de accesibilidad universal.
Dotación: 800,00 (miles de euros).
BAJA
Sección: 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio: 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa: 921P Administración Periférica del Estado.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto inversión afectado: 2005 22001 0006 «Mejora del patrimonio inmobiliario de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno».
Dotación: 800,00 (miles de euros).
SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
ALTA
Sección: 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio: 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa: 942A Cooperación Económica Local del Estado.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 760 A las Entidades Locales, como aportación a la financiación de sus inversiones.
Subconcepto: 760.01Al Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de instalaciones municipales.
Dotación: 1.000,00 (miles de euros).
BAJA
Sección: 25 Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Servicio: 04 Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.
Programa: 921P Administración Periférica del Estado.
Capítulo: 6 Inversiones reales.
Artículo: 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Concepto: 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.
Proyecto inversión afectado: 2005 22001 0006»Mejora del patrimonio inmobiliario de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno».
Dotación: 1.000,00 (miles de euros).
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Modificación del literal del concepto:
DONDE DICE:
26.07.454. A CCAA para Estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas y vigilancia de la salud.
DEBE DECIR:
26.07.454. A CCAA para Estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas (incluida ELA) y vigilancia de la salud.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
DONDE DICE:
482.07 A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación a favor de personas con discapacidad de la Pollicía Nacional.
DEBE DECIR:
482.07 A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 09 Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Programa: 000X Transferencias Internas.
Concepto: 421 «Aportación del Estado a la Tesorería General de la.
Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto.
Nacional de Gestión Sanitaria».
Importe: 2.154,83 miles de euros.
BAJA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
Programa: 231F Otros Servicios Sociales del Estado.
Concepto: 454 «Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio».
Importe: 2.154,83 miles de euros.
Repercusión en la Sección 60.
GASTOS
ALTA
Sección: 60 Seguridad Social.
Servicio: 02 Prestaciones Asistenciales, Sanitarias y Sociales del INGESA y del IMSERSO.
Programa: 312C Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Concepto: 120 Retribuciones Básicas.
Importe: 1.730,23 miles de euros.
ALTA
Sección: 60 Seguridad Social.
Servicio: 02 Prestaciones Asistenciales, Sanitarias y Sociales del INGESA y del IMSERSO.
Programa: 312C Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Concepto: 160 Cuotas sociales.
Importe: 424,60 miles de euros.
INGRESOS
ALTA
Sección: 60 Seguridad Social.
Servicio: 04 ingresos de la Seguridad Social.
Concepto: 401 De otros Departamentos Ministeriales.
Importe: 2.154,83 miles de euros.
Repercusión en el Presupuesto de la Seguridad Social.
GASTOS (Presupuesto del INGESA).
ALTA
Programa: 2223 Atención especializada.
Concepto: 120.00 Sueldos (exc. Personal de Cupo y EVIS).
Importe: 1.730,23 miles de euros.
ALTA
Programa: 2223 Atención especializada.
Concepto: 160.0 Cuotas de la Seguridad Social.
Importe: 424,60 miles de euros.
INGRESOS (Presupuesto de Ingresos de la Seguridad Social).
ALTA
Concepto: 401.1 Del Departamento a que está inscrita. Para financiar la.
Asistencia Sanitaria prestada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Importe: 2.154,83 miles de euros.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio 17 Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
Programa 231F Otros Servicios Sociales del Estado.
Capítulo 4 Transferencias corrientes.
Artículo 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto NUEVO A la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y prestación de servicios.
Importe 150,00.
BAJA
Sección 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio 01 Ministerio y Subsecretaría.
Programa 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo 22 Material, suministros y otros.
Concepto 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe 150,00.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio 17 Dirección General de Políticas de Apoyo a la discapacidad.
Programa 231F Otros Servicios Sociales del Estado.
Capítulo 4 Transferencias corrientes.
Artículo 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto 481 A la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos.
Importe 250,00.
BAJA
Sección 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio 01 Ministerio y Subsecretaría.
Programa 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo 22 Material, suministros y otros.
Concepto 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe 250,00.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección: 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 01.
Programa: 232C.
Capítulo: 4.
Artículo: 46.
Concepto: 460.
Subconcepto: Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Importe: 20.000,00 miles €.
ALTA
Sección: 26. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 01.
Programa: 232C.
Capítulo: 4.
Artículo: 45.
Concepto: 450.
Subconcepto: Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónoma en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Importe: 100.000,00 miles €.
BAJA
Sección: 35.
Servicio: 01.
Programa: 929N.
Capítulo: 5.
Artículo: 50.
Concepto: 500.
Importe: 120.000,00 miles €.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la familia y la infancia.
Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 462 Nuevo Plan Integral de Jinámar. Asuntos sociales.
Dotación: 600 miles de euros.
BAJA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la familia y la infancia.
Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 484 Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio.
Dotación: 600 miles de euros.
SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ALTA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la familia y la infancia.
Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 455 A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza.
Dotación: 12.000 miles de euros.
ALTA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la familia y la infancia.
Programa: 231 F Otros servicios sociales del Estado.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 457 A la Comunidad Autónoma de Canarias. Prestaciones básicas de Servicios Sociales.
Dotación: 12.000 miles de euros.
BAJA
Sección: 26 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio: 16 Dirección General de Servicios para la familia y la infancia.
Programa: 231 F Otros servicios sociales del Estado.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 454 Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Dotación: 24.000 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 71 A Organismos Autónomos.
DONDE DICE:
Concepto: 712.01 Al Instituto Español de Oceanografía (1E0) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 712.01 Al Instituto Español de Oceanografía (1E0) para inversiones de la flota de investigación oceanográfica.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 73 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo.
DONDE DICE:
Concepto: 730.01 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e Instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 730.01 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inversiones de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 41 A Organismos Autónomos.
DONDE DICE:
Concepto: 412.02 Al Instituto Español de Oceanografía (1E0) para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 412.02 Al Instituto Español de Oceanografía (1E0) para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo.
DONDE DICE:
Concepto: 430.02 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 430.02 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica e instalaciones polares.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 103 CIEMAT.
Programa: 467H investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica.
Capítulo: 7 Transferencias de Capital.
Artículo: 79 Al Exterior.
DONDE DICE:
Concepto: 798 Aportación al Proyecto STEAM2.
DEBE DECIR:
Concepto: 798 Aportación al Proyecto STEM2.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 105 Instituto Español de Oceanografía.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
DONDE DICE:
Concepto: 400. 01 Para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 400.01 Para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 105 Instituto Español de Oceanografía.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
DONDE DICE:
Concepto: 700.01 Para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 700.01 Para inversiones de la flota de investigación oceanográfica.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 301 Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 70 De la Administración del Estado.
DONDE DICE:
Concepto: 700.04 Para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 700.04 Para inversiones de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 301 Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
DONDE DICE:
Concepto: 400.05 Para gastos de funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas.
DEBE DECIR:
Concepto: 400.05 Para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica e instalaciones polares.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 41 A Organismos Autónomos.
Concepto: 414 Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Subconcepto: 41405 Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para financiar contratos predoctorales destinados a la investigación biomédica.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 500,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del ISCIII:
GASTOS
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 107 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Programa: 465A Investigación sanitaria.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 488 Actuaciones relacionadas con contratos predoctorales destinados a la investigación biomédica.
Importe: 500,00 miles de euros.
INGRESOS
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 107 Instituto de Salud Carlos Ill (ISC1II).
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
Concepto: 400 Del departamento al que está adscrito.
Subconcepto: 40005 Para financiar actuaciones relacionadas con contratos predoctorales destinados a la investigación biomédica.
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 16 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Programa: 422M Reconversión y reindustrialización.
Capítulo: 8 Activos Financieros.
Artículo: 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público.
Concepto: 833 Apoyo financiero a la inversión industrial.
Subconcepto: 83312 Asturias.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 16 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Programa: 422M Reconversión y reindustrialización.
Capítulo: 8 Activos Financieros.
Artículo: 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público.
Concepto: 833 Apoyo financiero a la inversión industrial.
Subconcepto: 83300 Programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 12 Secretaría General de Ciencia e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 77 A empresas privadas.
Concepto nuevo: Convenio con la Universidad de Navarra para creación de Centro de investigación.
Importe: 2.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 12 Secretaría General de Ciencia e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 482 Actuaciones I+D+i.
Importe: 2.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Comunidades Autónomas.
Concepto: NUEVO: A la Universidad de Mondragón. Laboratorio de innovación en educación digital avanzada.
Importe: 1.500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
Capítulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 1.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 16 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Programa: 422B Desarrollo industrial.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: NUEVO: A CIDETEC, para equipamiento de investigación y testeo para electromovilidad y almacenamiento eléctrico.
Importe: 5.500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales.
Programa: 923Q Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
Capitulo: 2 Gastos corrientes en bienes y servicios.
Artículo: 22 Material, suministros y otros.
Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
Subconcepto: 22706 Estudios y trabajos técnicos.
Importe: 5.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 462 Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de I+D+I ligadas a la explotación de los recursos marinos insulares.
Importe: 1.500,00 miles de euros.
Capitulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 761 Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de I+D+I ligadas a la explotación de los recursos marinos insulares.
Importe: 4.500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 461 Otras actuaciones del Departamento en materia de I+D+I.
Importe: 6.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 751 A la Universidad de la Laguna para actuaciones de I+D+I en materia de Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 12 Secretaría General de Ciencia e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 482 Actuaciones I+D+I.
Importe: 1.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo.
Concepto: 430 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Subconcepto: 43008 Al CSIC para actividades de la Unidad Mixta de Investigación con la Universidad de Las Palmas sobre Océano y Clima.
Importe: 250,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 000X Transferencias internas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 43 A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo.
Concepto: 430 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Subconcepto: 43000 Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Importe: 250,00 miles de euros.
Repercusión en el presupuesto del CSIC:
INGRESOS
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 301 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
Concepto: 400 Del departamento al que está adscrito.
Subconcepto: 40006 Para actividades de la Unidad Mixta de Investigación con la Universidad de Las Palmas sobre Océano y Clima.
Importe: 250,00 miles de euros.
INGRESOS
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 301 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSLC).
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 40 De la Administración del Estado.
Concepto: 400 Del departamento al que está adscrito.
Subconcepto: 40000 Para gastos corrientes.
Importe: 250,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 10 Dirección General de Política Comercial y Competitividad.
Programa: 431O Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 76 A Entidades Locales.
Concepto: 761 Al Ayuntamiento de Valsequillo para construir un parking y peatonalizar la zona comercial abierta del municipio.
Importe: 500,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 16 Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Programa: 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 787 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Subconcepto: 78705 A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI).
Importe: 500,00 miles de euros.
SECCIÓN 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
ALTA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 11 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 450 A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la l+D+I en las áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias.
Importe: 1.250,00 miles de euros.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 750 A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la l+D+I en las áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias.
Importe: 1.250,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 27 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Servicio: 12 Secretaría General de Ciencia e Innovación.
Programa: 463B Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 48 A familias e instituciones sin fines de lucro.
Concepto: 482 Actuaciones I+D+I.
Importe: 2.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
ALTA
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas.
Programa: 941O Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
Capítulo: 7 Transferencias de capital.
Artículo: 75 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 757 A la Comunidad Autónoma de La Rioja para financiar proyectos de inversión. Rehabilitación y reforma del IES SAGASTA de Logroño.
Importe: 800,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas.
Programa: 941O Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 456 Compensaciones a Comunidades Autónomas. Artículo 6.2 de la Ley.
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Importe: 800,00 miles de euros.
SECCIÓN 32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
ALTA
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas.
Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 45 A Comunidades Autónomas.
Concepto: 458 A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, para la financiación del transporte regular de viajeros.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
BAJA
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 02 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales.
Programa: 942N Otras aportaciones a Entidades Locales.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 461.00 Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado.
Importe: 10.000,00 miles de euros.
SECCIÓN 32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
ALTAS
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 02 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades.
Locales.
Programa: 942N Otras aportaciones a Entidades Locales.
Capítulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Concepto: 465 Para financiar actuaciones en Melilla.
Importe: 3.250,00 miles de euros.
Concepto: 466 Para financiar actuaciones en Ceuta.
Importe: 3.250,00 miles de euros.
BAJAS
Sección: 32 Otras relaciones financieras con entes territoriales.
Servicio: 02 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades.
Locales.
Programa: 942N Otras aportaciones a Entidades Locales.
Capitulo: 4 Transferencias corrientes.
Artículo: 46 A Entidades Locales.
Subconcepto: 464.01 Compensación por garantía de recaudación del IPSI.
Importe 6.500,00 miles de euros.
SECCIÓN 33. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
Sin modificaciones.
SECCIÓN 34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA
Sin modificaciones.
SECCIÓN 35. FONDO DE CONTINGENCIA
Sin modificaciones.
SECCIÓN 36. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES
Sin modificaciones.
SECCIÓN 60. SEGURIDAD SOCIAL
Sin modificaciones.
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 11 Castilla-La Mancha.
Provincia: 13 Ciudad Real.
Sección: 17 Fomento.
Entidad: ADIF.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Pasarela Peatonal Estación Valdepeñas.
Importe: 500 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No Regionalizable.
Sección: 17 Ministerio De Fomento.
Entidad: ADIF.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 5190.
Denominación: Inversiones Transversales.
Importe: 500,00 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 07. La Rioja.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: Adif.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Logroño.
Importe: 1.000 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No Regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 5190.
Denominación: Inversiones Transversales.
Importe: 1.000 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 04 Almería.
Sección: 23 Ministerio de Agricultura.
Entidad: Acuamed.
Programa: Al Anexo De Inversiones Reales Y Programación Plurianual.
Proyecto: 0013.
Denominación: 1.2.C.5 Conexión de Depósitos del Levante almeriense con la conducción de la Desaladora de Carboneras al Valle de Almanzora.
Importe: 1.000 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 04 Almería.
Sección: 23 Ministerio de Agricultura.
Entidad: Acuamed.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 0130.
Denominación: RECALM Provisión Contingencias Varias.
Importe: 1.000 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 18 Granada.
Sección: 17 Ministerio De Fomento.
Entidad: ADIF-Alta Velocidad.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 1045.
Denominación: Integración del Ferrocarril en Granada.
Importe: 1.000 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF-AV.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 2011.
Denominación: Imputable al conjunto de la red.
Importe: 1.000 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 17 Castilla y León.
Provincia: 34 Palencia.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF-AV.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Aislamiento Acústico en Venta De Baños.
Importe: 1.000 (Miles de €).
BAJA
Comunidad Autónoma: 93. No regionalizable.
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF-AV.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 2011.
Denominación: Imputable al conjunto de la red.
Importe: 1.000 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Importe: 2.000 miles €.
ALTA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Entidad: ADIF.
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.
Provincia: Asturias.
2018
2019
3001 CERCANÍAS CORNISA CANTÁBRICA
+2.000
-2.000
BAJA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Entidad: ADIF.
Comunidad Autónoma: No regionalizable.
Provincia: No regionalizable.
2018
2019
5190 INVERSIONES TRANSVERSALES
-2.000
+2.000
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Importe: 300 miles €.
ALTA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Entidad: ADIF-Alta Velocidad.
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Provincia: Palencia.
2018
2019
2003 L.A.V. VENTA DE BAÑOS-PALENCIA-LEÓN-ASTURIAS
+200
-200
Provincia: Valladolid.
2018
2019
2004 L.A.V. VALLADOLID-BURGOS-VITORIA
+100
-100
BAJA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Entidad: ADIF-Alta Velocidad.
Comunidad Autónoma: No regionalizable.
Provincia: No regionalizable.
2018
2019
2011 IMPUTABLE AL CONJUNTO DE LA RED
-300
+300
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Importe: 10.000 miles €.
ALTA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
ENTIDAD: ADIF-Alta Velocidad.
Comunidad Autónoma: Castilla y León.
Provincia: León.
2018
2019
2003 L.A.V. VENTA DE BAÑOS-PALENCIA-LEÓN-ASTURIAS
+7.500
-7.500
Provincia: Palencia.
2018
2019
2003 L.A.V. VENTA DE BAÑOS-PALENCIA-LEÓN-ASTURIAS
+2.500
-2.500
BAJA
Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Entidad: ADIF-Alta Velocidad.
Comunidad Autónoma: No regionalizable.
Provincia: No regionalizable.
2018
2019
2011 IMPUTABLE AL CONJUNTO DE LA RED
-10.000
+10.000
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
Corrección de provincia en ADIF.
SPN LÍNEA SANTANDER-BASURTO (PK 627/010) EN GÜEÑES.
Cambiar de Gipuzkoa a Bizkaia.
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Supresión paso a nivel (SPN) Calzada en Balmaseda.
Importe: 420,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 420,00 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO. Electrificación Ferrocarril Aranguren-Karrantza.
Importe: 800,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 800,00 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: NUEVO 9077. Paso a nivel entre andenes en la Estación de Urnieta.
Extensión del proyecto al paso peatonal del Barrio Lategi (Gipuzkoa).
Importe: 2.560,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5180 Actuaciones en otros activos de red convencional (No regionalizable).
Importe: 2.560,00 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio: ADIF.
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: Nuevo. Adaptación ancho UIC exterior recinto portuario.
Importe: 171,00 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Servicio:
Programa: Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Capítulo:
Artículo:
Concepto: 5190 Inversiones transversales (No regionalizable).
Importe: 171,00 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 02 Cataluña.
Provincia: 08 Barcelona.
Sección: 17 Fomento.
Entidad: ADIF.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Urbanización Plaza Paisos Catalans- Estación de Sants de Barcelona.
Importe: 10.000 (Miles de €).
BAJA
Sección: 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF.
Programa: Al Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual.
Proyecto: 5190. Inversiones Transversales (No Regionalizable).
Importe: 10.000 (Miles de €).
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 04 Andalucía.
Provincia: 41 Sevilla.
Sección 17 Ministerio De Fomento.
Entidad: ADIF.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.
Importe: 5.000 (Miles de €).
BAJAS
Entidad: ADIF.
Proyecto 5100. Actuaciones en infraestructura.
Importe: 4.317 (Miles de €).
Provincia: No regionalizable.
Proyecto 5110. Actuaciones en electrificación y energía.
Importe: 683 (miles de €).
Provincia: No regionalizable.
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL
AL ANEXO DE INVERSIONES REALES Y PROGRAMACIÓN.
PLURIANUAL
ALTA
Comunidad Autónoma: 16 Madrid.
Provincia: 28 Madrid.
Sección 17 Ministerio de Fomento.
Entidad: ADIF.
Proyecto: Nuevo.
Denominación: Integración del Ferrocarril en la Ciudad (Delicias).
Importe: 10.000 (Miles de €).
BAJAS
Entidad: ADIF.
Proyecto 5120. Actuaciones en instalaciones de seguridad.
Importe: 4.581 (Miles de €).
Provincia: No Regionalizable.
Proyecto 5180. Actuaciones en otros activos de la red convencional.
Importe: 453 (Miles de €).
Provincia: No Regionalizable.
Proyecto 5190. Inversiones transversales.
Importe: 1.492 (Miles de €).
Provincia: No Regionalizable.
Proyecto 5200. Gestión de red e innovación.
Importe: 3.474 (Miles de €).
Provincia: No Regionalizable. | Ley de Presupuestos de 2018. Mañana entran en vigor cosas como el permiso de paternidad de cinco semanas (para niños que nazcan a partir de mañana). | FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la misma, preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 regula únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Al no haber sido presentado ante el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 por parte del Gobierno al menos tres meses antes de la expiración de los correspondientes al ejercicio 2017, tal y como establece el artículo 134.3 CE, ha resultado de aplicación en toda su extensión el artículo 134.4 de la Constitución, que señala que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio hasta la aprobación de los nuevos».
Con estos Presupuestos Generales del Estado para 2018, elaborados en el marco de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se persiste en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupuestario.
Teniendo presente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y a dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea, en los presentes Presupuestos Generales del Estado se persigue continuar con el mismo objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos tres objetivos permite consolidar el marco de una política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.
En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2018 continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico, de incremento de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en España, gracias a este mismo compromiso y a las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos años.
En este contexto de crecimiento económico, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos de déficit, de tal manera que en 2020 todas las Administraciones Públicas, salvo la Seguridad Social, alcanzarán el equilibrio presupuestario. Estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 2017, revisado en lo que se refiere al objetivo de estabilidad de las Comunidades Autónomas y Seguridad Social por Acuerdo de 7 de julio de 2017, se aprobaron por el Pleno del Congreso el 11 de julio de 2017 y por el Pleno del Senado el 12 de julio. Este Acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,2 por ciento del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 0,7 por ciento; la Seguridad Social del 1,1 por ciento; las Comunidades Autónomas del 0,4 por cient
### RESUMEN: Ley de Presupuestos de 2018. Mañana entran en vigor cosas como el permiso de paternidad de cinco semanas (para niños que nazcan a partir de mañana). |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto 8 de abril actual, dictado en el recurso de inconstitucionalidad número 7089-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, ha acordado: 1.º Mantener la suspensión de la disposición adicional de la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra, en los términos a los que se refiere el fundamento jurídico 9. 2.º Levantar la suspensión de los demás preceptos de la Ley Foral 8/2013. Suspensión que se produjo con la admisión a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 306, de 23 de diciembre de 2013.
Madrid, 8 de abril de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | El TC mantiene la suspensión a la ley navarra de derecho a la asistencia sanitaria que recurrió el Gobierno | El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto 8 de abril actual, dictado en el recurso de inconstitucionalidad número 7089-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, ha acordado: 1.º Mantener la suspensión de la disposición adicional de la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra, en los términos a los que se refiere el fundamento jurídico 9. 2.º Levantar la suspensión de los demás preceptos de la Ley Foral 8/2013. Suspensión que se produjo con la admisión a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 306, de 23 de diciembre de 2013.
Madrid, 8 de abril de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: El TC mantiene la suspensión a la ley navarra de derecho a la asistencia sanitaria que recurrió el Gobierno |
Departamento 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 4 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-220/15, Sector Público Local (Ayuntamiento de Madrid), Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de Madrid por importe de ciento cuarenta y cuatro mil euros (144.000 euros), más sus correspondientes intereses legales (calculados provisionalmente en 32.302 euros), como consecuencia de pagos presuntamente injustificados con cargo a los fondos de la Fundación Pública Municipal 'Madrid 16' a la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, durante el periodo comprendido entre octubre de 2007 y diciembre de 2009.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto.
Madrid, 4 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. | Tribunal de Cuentas investiga los 144.000 euros que pagó la candidatura olímpica Madrid 2016 a la Fundación Deporte Cultura e Integración Social. | Departamento 2.º
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en Providencia de fecha 4 de septiembre de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-220/15, Sector Público Local (Ayuntamiento de Madrid), Madrid, que en este Tribunal se sigue procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos del Ayuntamiento de Madrid por importe de ciento cuarenta y cuatro mil euros (144.000 euros), más sus correspondientes intereses legales (calculados provisionalmente en 32.302 euros), como consecuencia de pagos presuntamente injustificados con cargo a los fondos de la Fundación Pública Municipal 'Madrid 16' a la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, durante el periodo comprendido entre octubre de 2007 y diciembre de 2009.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este Edicto.
Madrid, 4 de septiembre de 2015.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.
### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga los 144.000 euros que pagó la candidatura olímpica Madrid 2016 a la Fundación Deporte Cultura e Integración Social. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Asesoría Jurídica.
2) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
4) Teléfono:
971 13 93 08.
5) Telefax:
971 13 93 31.
6) Correo electrónico:
assessoriajuridica@eprtvib.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ib3tv.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
29 de mayo de 2013.
d) Número de expediente:
EP 02/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación de una empresa comercializadora que realice los servicios de gestión, promoción y venta de los espacios publicitarios de Ràdio de les Illes Balears, S.A., Televisió de les Illes Balears, S.A., en régimen de exclusividad, a nivel autonómico en los siguientes soportes: Televisión, Radio y web.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
2) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
f) Admisión de prórroga:
No se puede prorrogar.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79341200.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Según pliegos administrativos.
4. Valor estimado del contrato:
369.500 Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 369.500 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 11.085 euros. Definitiva (%): 5 %.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: T (Servicios de Contenido), Subgrupo: 1 (servicios de publicidad), Categoría: B, Tipo de actividad: Servicios de gestión publicitaria.
c) Otros requisitos específicos:
Además de la solvencia o clasificación indicadas, se exige la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales siguientes:
• Contar al inicio del servicio con una sede en la plaza principal del mercado autonómico (Mallorca).
• Equipo humano integrado por tres personas dedicado exclusivamente al objeto del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
29 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears.
2) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
4) Dirección electrónica:
assessoriajuridica@eprtvib.com.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre 1, 2, 3 y 4.
b) Dirección:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
c) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
d) Fecha y hora:
Sobre 1: Día 30 de mayo de 2013. Sobres 2 y 3: Día 3 de junio de 2013. Sobre 4: Día 4 de junio de 2013.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario, máximo 5.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de abril de 2013.
Calvià (Mallorca), 18 de abril de 2013.- El Director General del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears, José Manuel Ruiz Rivero. | Radio y TV públicas de Balears pagará 369.500 euros para que una empresa gestione la venta de espacios publicitarios | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Asesoría Jurídica.
2) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
4) Teléfono:
971 13 93 08.
5) Telefax:
971 13 93 31.
6) Correo electrónico:
assessoriajuridica@eprtvib.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ib3tv.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
29 de mayo de 2013.
d) Número de expediente:
EP 02/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación de una empresa comercializadora que realice los servicios de gestión, promoción y venta de los espacios publicitarios de Ràdio de les Illes Balears, S.A., Televisió de les Illes Balears, S.A., en régimen de exclusividad, a nivel autonómico en los siguientes soportes: Televisión, Radio y web.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
2) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
f) Admisión de prórroga:
No se puede prorrogar.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79341200.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:
Según pliegos administrativos.
4. Valor estimado del contrato:
369.500 Euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 369.500 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 11.085 euros. Definitiva (%): 5 %.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: T (Servicios de Contenido), Subgrupo: 1 (servicios de publicidad), Categoría: B, Tipo de actividad: Servicios de gestión publicitaria.
c) Otros requisitos específicos:
Además de la solvencia o clasificación indicadas, se exige la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales siguientes:
• Contar al inicio del servicio con una sede en la plaza principal del mercado autonómico (Mallorca).
• Equipo humano integrado por tres personas dedicado exclusivamente al objeto del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
29 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears.
2) Domicilio:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
4) Dirección electrónica:
assessoriajuridica@eprtvib.com.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre 1, 2, 3 y 4.
b) Dirección:
Madalena, 21, Polígono Son Bugadellas.
c) Localidad y código postal:
Calvià (Mallorca) 07180.
d) Fecha y hora:
Sobre 1: Día 30 de mayo de 2013. Sobres 2 y 3: Día 3 de junio de 2013. Sobre 4: Día 4 de junio de 2013.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario, máximo 5.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de abril de 2013.
Calvià (Mallorca), 18 de abril de 2013.- El Director General del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears, José Manuel Ruiz Rivero.
### RESUMEN: Radio y TV públicas de Balears pagará 369.500 euros para que una empresa gestione la venta de espacios publicitarios |
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo a proveer mediante libre designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la convocatoria, se detallan en el Anexo I.
Segunda.
Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que figura como Anexo II, al Sr. Subsecretario de la Presidencia.
Tercera.
Las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General, edificio INIA, Complejo de la Moncloa, o en los Registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se podrá presentar por vía telemática a través de la dirección electrónica https://sedempr.gob.es/es/empleo_publico, sede electrónica del Ministerio de la Presidencia.
Cuarta.
Además de los datos personales y número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.
Madrid, 1 de agosto de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
ANEXO I
Puesto de Trabajo: Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta – Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones – Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 29.–Complemento Específico: 19.626,88 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.
Puesto de Trabajo: Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 29.–Complemento Específico: 19.626,88 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Gestión y Coordinación de los servicios generales de régimen interior del Ministerio de la Presidencia. Gestión Económica y presupuestaria de los contratos de servicios generales y de suministro en materia de régimen interior. Gestión del sistema integrado de impresión del Departamento. Gestión del personal de la Oficialía Mayor. Gestión y supervisión de los actos oficiales del Departamento. Suplencia del Oficial Mayor.
Puesto de Trabajo: Jefe/Jefa de Área de Instalaciones – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 15.723,54 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Preparación y gestión de contratos de suministro y mantenimiento de las instalaciones del Ministerio. Control y seguimiento del consumo de las instalaciones. Definición de estrategias de renovación de las instalaciones y mejora de la eficiencia energética de los edificios. Apoyo en la redacción de proyectos y dirección facultativa de obras e instalaciones. Titulación preferente de Ingeniero Industrial o Arquitecto.
Puesto de Trabajo: Consejero Técnico/Consejera Técnica – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 15.723,54 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Gestión patrimonial y catastral de los inmuebles del Departamento. Gestión y coordinación en materia de racionalización y centralización de la contratación. Planificación y seguimiento de las inversiones. Titulación preferente de Arquitecto.
Puesto de Trabajo: Consejero Técnico/Consejera Técnica – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 13.665,12 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Coordinación del sistema de gestión de incidencias de mantenimiento del Ministerio. Dirección de la ejecución de los contratos de mantenimiento de las instalaciones. Apoyo en la redacción de proyectos y dirección facultativa de obras e instalaciones. Titulación preferente de Ingeniero Industrial o Arquitecto.
ANEXO II | También por libre designación, cuatro puestos de subdirector/jefe (niveles 28 y 29) en Moncloa | De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 b) y c) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el Capítulo III del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo a proveer mediante libre designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la convocatoria, se detallan en el Anexo I.
Segunda.
Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que figura como Anexo II, al Sr. Subsecretario de la Presidencia.
Tercera.
Las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General, edificio INIA, Complejo de la Moncloa, o en los Registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se podrá presentar por vía telemática a través de la dirección electrónica https://sedempr.gob.es/es/empleo_publico, sede electrónica del Ministerio de la Presidencia.
Cuarta.
Además de los datos personales y número de Registro de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.
Madrid, 1 de agosto de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/934/2012, de 24 de abril), el Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales.
ANEXO I
Puesto de Trabajo: Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta – Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos y Disposiciones – Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 29.–Complemento Específico: 19.626,88 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.
Puesto de Trabajo: Subdirector Adjunto/Subdirectora Adjunta – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 29.–Complemento Específico: 19.626,88 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Gestión y Coordinación de los servicios generales de régimen interior del Ministerio de la Presidencia. Gestión Económica y presupuestaria de los contratos de servicios generales y de suministro en materia de régimen interior. Gestión del sistema integrado de impresión del Departamento. Gestión del personal de la Oficialía Mayor. Gestión y supervisión de los actos oficiales del Departamento. Suplencia del Oficial Mayor.
Puesto de Trabajo: Jefe/Jefa de Área de Instalaciones – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 15.723,54 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Preparación y gestión de contratos de suministro y mantenimiento de las instalaciones del Ministerio. Control y seguimiento del consumo de las instalaciones. Definición de estrategias de renovación de las instalaciones y mejora de la eficiencia energética de los edificios. Apoyo en la redacción de proyectos y dirección facultativa de obras e instalaciones. Titulación preferente de Ingeniero Industrial o Arquitecto.
Puesto de Trabajo: Consejero Técnico/Consejera Técnica – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 15.723,54 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Gestión patrimonial y catastral de los inmuebles del Departamento. Gestión y coordinación en materia de racionalización y centralización de la contratación. Planificación y seguimiento de las inversiones. Titulación preferente de Arquitecto.
Puesto de Trabajo: Consejero Técnico/Consejera Técnica – Oficialía Mayor – Subsecretaría de la Presidencia.–Número de Puestos: Uno.–Nivel: 28.–Complemento Específico: 13.665,12 €.–Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.–Grupo/Subgrupo: A1.–Localidad: Madrid.–Especificaciones: Coordinación del sistema de gestión de incidencias de mantenimiento del Ministerio. Dirección de la ejecución de los contratos de mantenimiento de las instalaciones. Apoyo en la redacción de proyectos y dirección facultativa de obras e instalaciones. Titulación preferente de Ingeniero Industrial o Arquitecto.
ANEXO II
### RESUMEN: También por libre designación, cuatro puestos de subdirector/jefe (niveles 28 y 29) en Moncloa |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación Dirección General.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro y entrega de dispositivos de aula (DDA) con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Expediente 00124/ISE/2013/SC .
c) Lote:
Lote 1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
B.O.E.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
25 de diciembre del 2013.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.954.549,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
25 de marzo del 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
26 de enero del 2015.
c) Contratista:
Solutia Innovaworld Technologies, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 7.598.639,07 euros.
Camas (Sevilla), 18 de febrero de 2015.- El Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación. | Andalucía compra 27.400 pantallas táctiles más teclado para sus aulas por importe total de 7.598.639,07 euros, sale a 277 euros cada una. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación Dirección General.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro y entrega de dispositivos de aula (DDA) con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Expediente 00124/ISE/2013/SC .
c) Lote:
Lote 1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
B.O.E.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
25 de diciembre del 2013.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.954.549,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
25 de marzo del 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
26 de enero del 2015.
c) Contratista:
Solutia Innovaworld Technologies, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 7.598.639,07 euros.
Camas (Sevilla), 18 de febrero de 2015.- El Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
### RESUMEN: Andalucía compra 27.400 pantallas táctiles más teclado para sus aulas por importe total de 7.598.639,07 euros, sale a 277 euros cada una. |
De conformidad con lo dispuesto en el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como del artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, según la modificación efectuada por el Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su redacción modificada por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, esta Dirección General acuerda publicar la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación, del puesto de Interventor del Pleno, clase primera, de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, en los términos contemplados en el anexo adjunto.
Madrid, 29 de septiembre de 2014.–La Directora General de la Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
ANEXO
Corporación: Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla.
Puesto: Interventor General, clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 186, de 1 de agosto de 2014).
Resolución que declara desierta la convocatoria: Decreto de 18 de septiembre de 2014, del Presidente de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla. | Queda desierta la plaza de interventor de la Ciudad de Melilla. | De conformidad con lo dispuesto en el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como del artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, según la modificación efectuada por el Real Decreto 834/2003 de 27 de junio, y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su redacción modificada por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, esta Dirección General acuerda publicar la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación, del puesto de Interventor del Pleno, clase primera, de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla, en los términos contemplados en el anexo adjunto.
Madrid, 29 de septiembre de 2014.–La Directora General de la Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
ANEXO
Corporación: Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla.
Puesto: Interventor General, clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 186, de 1 de agosto de 2014).
Resolución que declara desierta la convocatoria: Decreto de 18 de septiembre de 2014, del Presidente de la Ciudad con Estatuto de Autonomía de Melilla.
### RESUMEN: Queda desierta la plaza de interventor de la Ciudad de Melilla. |
Por Orden HAP/2079/2012, de 24 de septiembre («BOE» de 1 de octubre) se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» de 29),
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
Segundo.
La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Tercero.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 29 de noviembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio. | Resolución de la convocatoria con los nuevos destinos. Listado Anexo. | Por Orden HAP/2079/2012, de 24 de septiembre («BOE» de 1 de octubre) se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» de 29),
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
Segundo.
La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Tercero.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo Órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 29 de noviembre de 2012.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, P.D. (Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio), la Directora General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, Carmen Arias Aparicio.
### RESUMEN: Resolución de la convocatoria con los nuevos destinos. Listado Anexo. |
En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado Real Decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar.
En ese objetivo de ampliación, se han realizado los correspondientes análisis por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación que permiten proponer nuevas categorías de contratación centralizada.
En particular, el material de oficina no inventariable, que se centralizará mediante el procedimiento especial de adopción de tipo, por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Además, se centralizará la evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional que se centralizará a través de la conclusión del correspondiente contrato por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada. De esta centralización se excluyen determinados tipos de campañas como son las de ámbito internacional o las relacionadas con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, entre otras.
Por otra parte, el artículo 109.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone que «podrá declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. Corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento y determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno acuerdo marco».
Habiéndose producido dicha solicitud por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, procede la declaración de centralización de los contratos de servicios bancarios en los términos indicados en el citado artículo.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, ha tramitado la propuesta para elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la declaración de los contratos citados como contratos centralizados, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Por otra parte, se regula de manera detallada en el artículo 6 el concepto de organismo interesado que se menciona en el artículo 206.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el objeto de contemplar las posibles configuraciones de los contratos basados.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un último párrafo al artículo 1, con la siguiente redacción:
«Suministro de material de oficina no inventariable.»
Dos. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
«1. En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios que a continuación se relacionan:
a) Los contratos de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto consista en:
1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad.
2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de administración electrónica.
b) Los contratos de servicios de telecomunicaciones.
c) Los contratos de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios relativos a campañas de publicidad institucional, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
d) Los contratos de servicios de seguridad privada y de servicios de auxiliares de control, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
e) Los contratos de servicios de limpieza integral de edificios.
f) Los contratos de servicios postales, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
g) Los contratos de servicios de agencias de viajes.
h) Los contratos de servicios de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado y demás entidades del sector público estatal incluidas en el ámbito de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional cuya difusión se desarrolle dentro del territorio nacional, con exclusión de las campañas incluidas en el correspondiente Plan Anual de Publicidad Institucional que no tengan coste, las campañas incluidas en los supuestos previstos en el artículo cincuenta de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y las campañas institucionales cuya evaluación sea preceptiva y deba adecuarse a condiciones específicas de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Asimismo, se excluye de la presente centralización la evaluación ex post de aquellas campañas cuya contratación de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios hubieran tenido la consideración de contrato menor.
2. En el ámbito establecido en el artículo 109.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios bancarios de cuentas corrientes, abiertas en territorio nacional, fuera del Banco de España.»
Tres. Se añade el artículo 6 con la siguiente redacción:
«Artículo 6. Concepto de organismo interesado.
El artículo 206.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que cuando la contratación de los suministros, servicios u obras deba efectuarse convocando a las partes en un acuerdo marco a una nueva licitación conforme a lo previsto en las letras a) a d) del apartado 4 del artículo 198, la consulta por escrito a los empresarios capaces de realizar la prestación, así como la recepción y examen de las proposiciones serán responsabilidad del organismo interesado en la adjudicación del contrato, que elevará la correspondiente propuesta a la Dirección General del Racionalización y Centralización de la Contratación.
Teniendo en cuenta las diversas posibilidades de configuración de los contratos basados, el concepto de organismo interesado en la adjudicación puede referirse en cada caso a distintos organismos. A estos efectos, se distinguen los siguientes supuestos cuando el órgano de contratación sea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación:
a) En la adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco en los que sólo exista un destinatario de los servicios, suministros u obras, será este destinatario el que tenga la consideración de organismo interesado.
b) En la adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco en los que se tenga por destinatarios de los servicios, suministros u obras a varios departamentos u organismos:
b.1) La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá adoptar la decisión de iniciar un procedimiento para la adjudicación de un contrato basado que tenga por destinatarios varios departamentos u organismos si se considera conveniente por razones de eficacia en el cumplimiento de los objetivos o de eficiencia en la gestión y utilización de los recursos públicos. En estos casos, tendrá la consideración de organismo interesado la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, salvo que los destinatarios sean un departamento ministerial y organismos vinculados o dependientes de éste, en cuyo caso, la consideración de organismo interesado la tendrá el departamento ministerial.
b.2) Por las mismas razones de eficacia y eficiencia, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá adoptar la decisión de solicitar oferta que se aplicará a los contratos basados que correspondan a cada uno de los departamentos u organismos destinatarios de los bienes o servicios incluidos en dicha solicitud de oferta. En estos casos, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación actuará como organismo interesado.
Por su parte, cada uno de los departamentos u organismos destinatarios tramitará el correspondiente expediente financiero de gasto para atender sus necesidades de acuerdo a lo indicado en la oferta.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de junio de 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero. | Contratación centralizada: a las que ya estaban, como publicidad institucional, telecomunicaciones, seguridad y limpieza, se suman los servicios bancarios. | En el contexto de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en materia de centralización de contratos de servicios y suministros, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el citado Real Decreto se crea la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como órgano directivo adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En ese mismo ámbito de la contratación de servicios y suministros, el propio Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas planteaba una ampliación del ámbito objetivo de la contratación centralizada proponiendo una serie de categorías de contratos de suministros y servicios susceptibles de centralizar.
En ese objetivo de ampliación, se han realizado los correspondientes análisis por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación que permiten proponer nuevas categorías de contratación centralizada.
En particular, el material de oficina no inventariable, que se centralizará mediante el procedimiento especial de adopción de tipo, por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada.
Además, se centralizará la evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad institucional que se centralizará a través de la conclusión del correspondiente contrato por lo que le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 de la orden en relación con la contratación al margen del sistema estatal de contratación centralizada. De esta centralización se excluyen determinados tipos de campañas como son las de ámbito internacional o las relacionadas con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, entre otras.
Por otra parte, el artículo 109.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria dispone que «podrá declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. Corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento y determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno acuerdo marco».
Habiéndose producido dicha solicitud por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, procede la declaración de centralización de los contratos de servicios bancarios en los términos indicados en el citado artículo.
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en el ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 22.1.c) del Real Decreto 256/2012, ha tramitado la propuesta para elevar al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la declaración de los contratos citados como contratos centralizados, conforme al artículo 206 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Por otra parte, se regula de manera detallada en el artículo 6 el concepto de organismo interesado que se menciona en el artículo 206.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el objeto de contemplar las posibles configuraciones de los contratos basados.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido informe a la presente orden conforme a la disposición adicional primera del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En su virtud dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
La Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un último párrafo al artículo 1, con la siguiente redacción:
«Suministro de material de oficina no inventariable.»
Dos. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:
«1. En el ámbito establecido en el artículo 206.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se declaran de contratación centralizada los contratos de servicios que a continuación se relacionan:
a) Los contratos de servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto consista en:
1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad.
2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de administración electrónica.
b) Los contratos de servicios de telecomunicaciones.
c) Los contratos de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios relativos a campañas de publicidad institucional, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
d) Los contratos de servicios de seguridad privada y de servicios de auxiliares de control, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
e) Los contratos de servicios de limpieza integral de edificios.
f) Los contratos de servicios postales, con exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato menor.
g) Los contratos de servicios de agencias de viajes.
h) Los contra
### RESUMEN: Contratación centralizada: a las que ya estaban, como publicidad institucional, telecomunicaciones, seguridad y limpieza, se suman los servicios bancarios. |
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente variación en el Registro de entidades de crédito:
«Con fecha 28 de marzo de 2016, ha sido inscrita en el Registro de entidades de crédito, la baja, por cierre, de Saxo Bank A/S, Sucursal en España, que mantenía el número de codificación 1510.»
Madrid, 31 de marzo de 2016.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez. | Saxo Bank se da de baja en España. | En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se procede a la publicación de la siguiente variación en el Registro de entidades de crédito:
«Con fecha 28 de marzo de 2016, ha sido inscrita en el Registro de entidades de crédito, la baja, por cierre, de Saxo Bank A/S, Sucursal en España, que mantenía el número de codificación 1510.»
Madrid, 31 de marzo de 2016.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.
### RESUMEN: Saxo Bank se da de baja en España. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Dirección de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Venezuela, n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Bilbao 48001.
4) Teléfono:
94 420 45 28.
5) Telefax:
94 420 44 71.
6) Correo electrónico:
contratacion@ayto.bilbao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bilbao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
27 de septiembre de 2013.
d) Número de expediente:
130618000001.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras de apertura del canal de Deusto y Puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal:
Bilbao.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dieciocho (18) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45247110.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto en base a varios criterios de selección.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
1. Criterios no cuantificables por fórmula (30); 2. Criterios cuantificables por fórmula (70).
4. Valor estimado del contrato:
24.238.273,55 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 24.238.273,55 euros. Importe total: 29.328.311,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B 4 f); F 5 f); A 1 f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acredita con la clasificación empresarial exigida.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de septiembre de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Dirección de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Venezuela, n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Bilbao 48001.
4) Dirección electrónica:
contratacion@ayto.bilbao.net.
e) Admisión de variantes:
No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos (2) meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Mesa de Contratación. Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal:
Bilbao.
d) Fecha y hora:
La fecha está aún sin determinar.
10. Gastos de publicidad:
Sí.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de agosto de 2013.
Bilbao, 19 de agosto de 2013.- La Directora de Contratación. | Bilbao licita las obras del Canal de Deusto por importe total de 29.328.311,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Dirección de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Venezuela, n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Bilbao 48001.
4) Teléfono:
94 420 45 28.
5) Telefax:
94 420 44 71.
6) Correo electrónico:
contratacion@ayto.bilbao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.bilbao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
27 de septiembre de 2013.
d) Número de expediente:
130618000001.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras de apertura del canal de Deusto y Puente de acceso a la Isla de Zorrotzaurre.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal:
Bilbao.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dieciocho (18) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45247110.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto en base a varios criterios de selección.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
1. Criterios no cuantificables por fórmula (30); 2. Criterios cuantificables por fórmula (70).
4. Valor estimado del contrato:
24.238.273,55 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 24.238.273,55 euros. Importe total: 29.328.311,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
B 4 f); F 5 f); A 1 f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acredita con la clasificación empresarial exigida.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
27 de septiembre de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Dirección de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Venezuela, n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal:
Bilbao 48001.
4) Dirección electrónica:
contratacion@ayto.bilbao.net.
e) Admisión de variantes:
No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos (2) meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Mesa de Contratación. Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal:
Bilbao.
d) Fecha y hora:
La fecha está aún sin determinar.
10. Gastos de publicidad:
Sí.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
19 de agosto de 2013.
Bilbao, 19 de agosto de 2013.- La Directora de Contratación.
### RESUMEN: Bilbao licita las obras del Canal de Deusto por importe total de 29.328.311,00 euros. |
Visto el texto del Acta de 18 de marzo de 2022 en la que se acuerda incorporar al VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (código de convenio n.º 99005585011900), el artículo 24.bis, Acta que fue suscrita, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales CC. OO. del Hábitat y UGT-FICA en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de mayo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACTA DE LA 22.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
En representación laboral: CC. OO. del Hábitat, don Juan José Montoya Pérez; UGT-FICA, don Sergio Estela Gallego, y FCM-CIG, don Plácido Valencia Rodríguez.
En representación empresarial: CNC, don Juan Manuel Cruz Palacios, doña Paloma de Miguel Peña, don Carlos del Rey Apellániz, don Josep Donés Barcons, don Pedro García Díaz, doña Mercedes Girón Torrano, doña María José Leguina Leguina, don Ángel Ignacio León Ruiz, doña Teresa Manjón Manjón, don José Félix Palomino Cantarellas, don Joaquín Pedriza Bermejillo, doña Mercedes Polo Blasco, don Francisco Ruano Tellaeche, don Francisco Santos Martín, don Mariano Sanz Loriente, doña Sandra Verger Rufián y don Alejandro Zamora López-Fuensalida.
En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, de forma mixta, presencial y por videoconferencia, conforme se establece en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, previamente convocados, se reúnen los relacionados al margen, en la representación que en el mismo consta.
El representante de ELA Industria Eraikuntza debidamente convocado no comparece.
Se comienza el estudio de los diferentes puntos del Orden del Día:
1. Contrato indefinido adscrito a obra.
El artículo 2 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, introduce una modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, relativa a la extinción del contrato indefinido adscrito a obra por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción habilita en varios extremos de su contenido a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, y en su compromiso con el sector esta Comisión Negociadora entiende necesario para la aplicación de esta nueva regulación llevar a cabo el mencionado desarrollo convencional.
En el trascurso de la reunión, tras un amplio debate, se adopta el siguiente acuerdo por parte de CC. OO. del Hábitat, UGT-FICA y CNC:
Acuerdo único.
Incorporar al VI Convenio General del Sector de la Construcción el siguiente artículo:
«Artículo 24 bis. Contrato indefinido adscrito a obra.
1. El artículo dos del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción regula la posibilidad de la extinción del contrato indefinido adscrito a obra por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.
De acuerdo con la citada disposición adicional tercera, sin perjuicio de lo previsto en la sección 4.ª del capítulo III del título I del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra celebrados en el ámbito de las empresas del sector de la construcción, podrán extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora conforme a lo dispuesto en el presente artículo, que resultará aplicable con independencia del número de personas trabajadoras afectadas.
Tendrán la consideración de contratos indefinidos adscritos a obra aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional de este Convenio General del Sector de la Construcción.
No es de aplicación la extinción por causas inherentes aquí regulada respecto de las personas trabajadoras que forman parte del personal de estructura. Del mismo modo no será de aplicación para todas aquellas personas trabajadoras con contratos indefinidos suscritos con la empresa con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. En estos supuestos la finalización de la relación laboral se regirá por las condiciones generales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
2. La finalización de la obra en la que presta servicios la persona trabajadora determinará la obligación para la empresa de efectuarle una propuesta de recolocación, previo desarrollo, de ser preciso, de un proceso de formación.
Este proceso será siempre a cargo de la empresa y podrá realizarse directamente o a través de una entidad especializada, siendo preferente la formación que imparta la Fundación Laboral de la Construcción con cargo a las cuotas empresariales. Dicha formación se impartirá dentro de la jornada ordinaria de las personas trabajadoras siempre que las circunstancias organizativas de la empresa lo permitan. Cuando las circunstancias organizativas de la empresa no lo permitan se efectuará fuera de la jornada ordinaria pero el tiempo empleado en las horas efectivas de formación del curso tendrá la consideración de tiempo de trabajo ordinario siendo retribuido a valor de hora ordinaria de la tabla del convenio aplicable o compensado en tiempo de descanso equivalente, no teniendo en ningún caso la consideración de horas extraordinarias.
En el caso de que la recolocación lo requiera, el proceso de formación tendrá una duración de un máximo de 20 horas, según lo previsto en los apartados 1 y 2 del Anexo XII del presente Convenio colectivo, y dicho proceso se adecuará al puesto, nivel, función y grupo profesional que corresponda a la persona trabajadora, constituyendo requisito básico de acceso a dicha formación que ésta resulte necesaria en función, tanto de la propuesta formulada como del hecho de que no concurran cualquiera de los motivos de extinción establecidos en el apartado 5 de la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
El indicado proceso de formación podrá desarrollarse con antelación a la finalización de la obra.
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por finalización de las obras y servicios la terminación real, verificable y efectiva de los trabajos desarrollados por la persona trabajadora.
Asimismo, tendrán la consideración de finalización de obra la disminución real del volumen de obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades de ejecución debidamente acreditada, así como la paralización, definitiva o temporal, de entidad suficiente, de una obra, por causa imprevisible para la empresa y ajena a su voluntad.
La finalización de la obra deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras, en su caso, así como de las comisiones paritarias de los convenios de ámbito correspondiente o, en su defecto, de los sindicatos representativos del sector, con cinco días de antelación a su efectividad y dará lugar a la propuesta de recolocación prevista en este artículo.
4. La propuesta de recolocación prevista en este artículo será formalizada por escrito mediante una cláusula que se anexará al contrato de trabajo.
Esta cláusula, que deberá precisar las condiciones esenciales, ubicación de la obra y fecha de incorporación a la misma, así como las acciones formativas exigibles para ocupar el nuevo puesto, será sometida a aceptación por parte de la persona trabajadora con quince días de antelación a la finalización de su trabajo en la obra en la que se encuentre prestando servicios.
5. Una vez efectuada la propuesta de recolocación, el contrato indefinido adscrito a obra podrá extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La persona trabajadora afectada rechaza la recolocación.
b) La cualificación de la persona afectada, incluso tras un proceso de formación o recualificación, no resulta adecuada a las nuevas obras que tenga la empresa en la misma provincia, o no permite su integración en éstas, por existir un exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar sus mismas funciones.
Los criterios de prioridad o permanencia que deben operar en caso de existir un exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar las mismas funciones dentro del mismo área funcional, nivel, función, grupo profesional y características de este (criterios generales, formación y tareas) según lo contenido en el Anexo X y XI del presente convenio colectivo, seguirán el siguiente orden:
A) Persona trabajadora con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa para el mismo puesto a ocupar en la nueva obra.
B) Persona trabajadora con más tiempo de antigüedad en la empresa.
c) La inexistencia en la provincia en la que esté contratada la persona trabajadora de obras de la empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional una vez analizada su cualificación o posible recualificación.
En el supuesto a) anterior, la persona trabajadora deberá notificar por escrito a la empresa la aceptación o rechazo de la propuesta en el plazo de siete días desde que tenga conocimiento de la comunicación empresarial. Transcurrido dicho plazo sin contestación se entenderá que la persona trabajadora rechaza la propuesta de recolocación.
En los supuestos recogidos en los apartados b) y c) precedentes, la empresa deberá notificar la extinción del contrato a la persona trabajadora afectada con una antelación de quince días a su efectividad. No obstante, la empresa podrá sustituir este preaviso por un importe equivalente a los días de preaviso omitidos calculado sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. El citado importe deberá incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.
La extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras con una antelación de siete días a su efectividad y dará lugar a una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación y que hayan sido devengados durante toda la vigencia del contrato.»
El representante de FCM-CIG reitera respecto del fondo de la propuesta la posible anticonstitucionalidad de la reforma laboral (incluyendo el contrato indefinido adscrito a obra) y deja constancia en este acta que:
– Las circunstancias extintivas resultan difíciles de incluir como «inherentes a la persona trabajadora».
– La posible vulneración del principio de extinción.
– Una vulneración de la Directiva 98/59, de despidos colectivos.
2. Asuntos varios.
No se tratan asuntos.
Y sin más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, firman la misma, en el lugar y fecha al principio citados, las personas designadas a tal efecto como representantes de cada una de las organizaciones presentes, y se acuerda su remisión por el Secretario de esta Comisión Negociadora, don Mariano Sanz Loriente, a la Direccion General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a los efectos de su registro y posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado». | Cambios en el convenio de la construcción para incluir el nuevo contrato adscrito a a obra de la última reforma laboral: establece que, a la hora de recolocar tras fin obra, la prioridad si hay mucha gente es el tiempo en la empresa. | Visto el texto del Acta de 18 de marzo de 2022 en la que se acuerda incorporar al VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (código de convenio n.º 99005585011900), el artículo 24.bis, Acta que fue suscrita, de una parte por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales CC. OO. del Hábitat y UGT-FICA en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de mayo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACTA DE LA 22.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
En representación laboral: CC. OO. del Hábitat, don Juan José Montoya Pérez; UGT-FICA, don Sergio Estela Gallego, y FCM-CIG, don Plácido Valencia Rodríguez.
En representación empresarial: CNC, don Juan Manuel Cruz Palacios, doña Paloma de Miguel Peña, don Carlos del Rey Apellániz, don Josep Donés Barcons, don Pedro García Díaz, doña Mercedes Girón Torrano, doña María José Leguina Leguina, don Ángel Ignacio León Ruiz, doña Teresa Manjón Manjón, don José Félix Palomino Cantarellas, don Joaquín Pedriza Bermejillo, doña Mercedes Polo Blasco, don Francisco Ruano Tellaeche, don Francisco Santos Martín, don Mariano Sanz Loriente, doña Sandra Verger Rufián y don Alejandro Zamora López-Fuensalida.
En Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós, de forma mixta, presencial y por videoconferencia, conforme se establece en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, previamente convocados, se reúnen los relacionados al margen, en la representación que en el mismo consta.
El representante de ELA Industria Eraikuntza debidamente convocado no comparece.
Se comienza el estudio de los diferentes puntos del Orden del Día:
1. Contrato indefinido adscrito a obra.
El artículo 2 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, introduce una modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, relativa a la extinción del contrato indefinido adscrito a obra por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción habilita en varios extremos de su contenido a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, y en su compromiso con el sector esta Comisión Negociadora entiende necesario para la aplicación de esta nueva regulación llevar a cabo el mencionado desarrollo convencional.
En el trascurso de la reunión, tras un amplio debate, se adopta el siguiente acuerdo por parte de CC. OO. del Hábitat, UGT-FICA y CNC:
Acuerdo único.
Incorporar al VI Convenio General del Sector de la Construcción el siguiente artículo:
«Artículo 24 bis. Contrato indefinido adscrito a obra.
1. El artículo dos del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción regula la posibilidad de la extinción del contrato indefinido adscrito a obra por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.
De acuerdo con la citada disposición adicional tercera, sin perjuicio de lo previsto en la sección 4.ª del capítulo III del título I del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra celebrados en el ámbito de las empresas del sector de la construcción, podrán extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora conforme a lo dispuesto en el presente artículo, que resultará aplicable con independencia del número de personas trabajadoras afectadas.
Tendrán la consideración de contratos indefinidos adscritos a obra aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional de este Convenio General del Sector de la Construcción.
No es de aplicación la extinción por causas inherentes aquí regulada respecto de las personas trabajadoras que forman parte del personal de estructura. Del mismo modo no será de aplicación para todas aquellas personas trabajadoras con contratos indefinidos suscritos con la empresa con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. En estos supuestos la finalización de la relación laboral se regirá por las condiciones generales previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
2. La finalización de la obra en la que presta servicios la persona trabajadora determinará la obligación para la empresa de efectuarle una propuesta de recol
### RESUMEN: Cambios en el convenio de la construcción para incluir el nuevo contrato adscrito a a obra de la última reforma laboral: establece que, a la hora de recolocar tras fin obra, la prioridad si hay mucha gente es el tiempo en la empresa. |
Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Kim Jung-sook, Primera Dama de la República de Corea, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA | Gran cruz y collar de la orden del mérito civil para la mujer del presidente de Corea del Sur, Kim Jung-sook. | Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Kim Jung-sook, Primera Dama de la República de Corea, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
### RESUMEN: Gran cruz y collar de la orden del mérito civil para la mujer del presidente de Corea del Sur, Kim Jung-sook. |
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesto por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, han pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3285-2012, promovido por doña Mónica Oltra i Jarque, representada por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Sandín Fernández y en el que ha intervenido la propia promotora como Abogada contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas de fecha 28 de febrero de 2012, recaído en reposición, por el que se confirma a la inadmisión a trámite de una proposición no de ley presentada por la recurrente. Han intervenido la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 1 de junio de 2012, don José Antonio Sandín Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Mónica Oltra i Jarque, Diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas interpuso recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 28 de febrero de 2012 (notificado el 1 de marzo de 2012) por el que se desestima el recurso de reposición planteado contra el acuerdo del mismo órgano, de 7 de febrero de 2012, que inadmitía a trámite una proposición no de ley presentada por la recurrente.
2. Los hechos en los que se fundamenta el recurso de amparo son sustancialmente los siguientes:
Por escrito registrado el día 10 de enero de 2012 doña Mónica Oltra i Jarque, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, presentó ante la Mesa de las Cortes Valencianas una proposición no de ley para su tramitación ordinaria. El contenido de la iniciativa, en lo que respecta a su propuesta de resolución, era el siguiente.
R.E. 12.843: «1. Les Corts instan al Consell para que inste al Gobierno del Estado a trasladar una propuesta al Congreso de los Diputados de:
– Condena de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 así como de la subsiguiente dictadura franquista.
– Que los restos del dictador Francisco Franco, depositados en el «Valle de los Caídos», sean exhumados y entregados a su familia.
– Que «El Valle de los Caídos» se convierta en un espacio laico y que se transforme en un museo de la historia reciente del Estado Español.
– Que se hagan las modificaciones necesarias en la Ley 52/2007 para que queden anuladas las sentencias dictadas en procesos penales de los tribunales franquistas, a presos republicanos y demócratas.
2. Les Corts instan a la Conselleria de Cultura a la celebración de actos de cariz itinerante, por todas las comarcas valencianas, para que la ciudadanía tome conocimiento de los auténticos hechos que se desencadenaron a raíz del Golpe de Estado de 18 de julio de 1936.»
Mediante acuerdo adoptado el 7 de febrero de 2012 la Mesa de las Cortes Valencianas dispuso, visto el parecer en contra manifestado por la Junta de Síndics, la inadmisión de la referida iniciativa, «por considerar que se trata de un tema de carácter general que es competencia del Gobierno de España y no de Generalitat».
La ahora recurrente en amparo presentó ante la Mesa de las Cortes Valencianas, al amparo del artículo 34.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución y en el que se denunció expresamente de vulneración del artículo 23 CE, por falta de motivación de la resolución recurrida y arbitrariedad al haberse admitido una iniciativa idéntica del Grupo recurrente en el periodo de sesiones anterior, que no llegó a ser tramitada al decaer con el término del periodo. Mediante nuevo acuerdo del órgano rector de la Cámara, de 28 de febrero de 2012, se resolvió la desestimación del recurso, por entender que no procedía la admisión de la iniciativa al no existir parecer favorable de la Junta de Síndics, tal y como dispone el artículo 161.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, y por versar sobre un tema general ajeno a las competencias de la Generalitat valenciana.
3. La recurrente alega la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE) y del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE). Igualmente, denuncia la vulneración del artículo 14 CE por la discriminación que padecen los Diputados del Grupo Parlamentario Compromís, que ven sistemáticamente rechazadas sus iniciativas a diferencia de los Diputados del Grupo Popular a los que se admiten las suyas; no obstante, la recurrente entiende que esta alegación ha de subsumirla en la vulneración del artículo 23.2 CE, por cuanto impone condiciones de igualdad en el ejercicio del ius in officium de los representantes.
Con carácter previo, la recurrente estima que la iniciativa cuya tramitación fue rechazada por la Mesa de las Cortes Valencianas cumplía formalmente con todos los requisitos prescritos en el Reglamento de la Cámara, todo ello sin perjuicio de que pueda estarse o no de acuerdo con su contenido. Tan es así, que durante el periodo de sesiones anterior, en la misma legislatura, se había presentado una iniciativa idéntica, que no llegó a ser debatida al concluir dicho periodo y resultar de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes, que las iniciativas no debatidas en el periodo en curso decaen a la conclusión del mismo, con lo que procede, en su caso, la nueva presentación de la misma, como era el caso. No se entiende, por lo tanto, que la primera proposición no de ley fuera admitida sin problemas y, cuando hubo de plantearse nuevamente, la Mesa de la Cámara decidiera su inadmisión. A juicio de la recurrente, la única circunstancia que había variado en ambos periodos de sesiones, teniendo en cuenta que el tenor de las proposiciones era idéntico, fue que en el siguiente periodo se había producido el cambio gubernamental en el Estado, consecuencia de las elecciones generales de 2011, con la coincidencia política de las mayorías parlamentarias en la Comunidad Valenciana y en el Estado.
La alegante sostiene que la resolución controvertida se ha dictado contra reglamento, por cuanto la proposición rechazada se ajustaba a lo dispuesto en los artículos 160 y 161 del Reglamento de las Cortes Valencianas. Además, la falta de motivación de las resoluciones de la Mesa impide conocer las verdaderas razones que han llevado a este órgano a rechazar la tramitación de la proposición no de ley. La recurrente no cuestiona el derecho de la mayoría a que, tras el oportuno debate, se rechacen las iniciativas de la minoría, pero sí a que ab initio se impida el debate parlamentario.
La demanda se funda en distintas resoluciones de este Tribunal, singularmente en la STC 74/2009, de 23 de marzo (y la ulterior STC 44/2010, de 26 de julio), en la que precisamente se analizaba, en el contexto de las Cortes Valencianas, el valor que adquiere la adecuada motivación de los acuerdos de la Cámara y el alcance del parecer favorable de la Junta de Síndics. La recurrente concluye solicitando el otorgamiento del amparo, la nulidad de las resoluciones parlamentarias impugnadas, la declaración de que las resoluciones y actos recurridos han vulnerado los derechos contenidos en el art. 23 CE, se declare el reconocimiento del derecho a acceder y permanecer en su cargo en condiciones de igualdad y sin perturbaciones ilegítimas de la recurrente y, en último término, que este Tribunal ordene el restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho y, para su conservación, la obligación de la Mesa de motivar sustantivamente sus decisiones y de limitar el examen de los escritos para su calificación a cuestiones técnico-formales.
4. Mediante providencia de 11 de julio de 2013 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se admitió a trámite la demanda de amparo y se acordó, de conformidad con el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente a las Cortes Valencianas a través de su Presidente a fin de que remitieran certificación o fotocopia de las actuaciones correspondientes a las decisiones y actos recurridos, debiendo previamente emplazarse para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional aquellos quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. El día 29 de julio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito firmado por el Secretario Primero de las Cortes Valencianas, con fecha de 26 de julio de 2013, al que adjuntaba testimonio íntegro del expediente requerido y acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 23 de julio de 2013, en el que se disponía tener por conocida la interposición del presente recurso de amparo, así como efectuar la personación de la Cámara en el procedimiento y facultar a los servicios jurídicos de la institución para que, bajo la dirección del Letrado Mayor, comparezcan en representación de la misma y realicen las actuaciones procesales que correspondan en defensa de los intereses de las Cortes Valencianas.
6. A la luz del estado de las actuaciones, mediante diligencia de ordenación de 17 de octubre de 2013, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por el plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieran presentar las alegaciones pertinentes conforme al art. 52.1 LOTC.
7. El Ministerio Fiscal presentó alegaciones a través de escrito registrado en el Tribunal con fecha de 27 de noviembre de 2013 y en el que se pusieron de manifiesto, principalmente, dos órdenes distintos de consideraciones.
a) Tras recordar que los reproches de discriminación contenidos en el recurso han de examinarse desde la perspectiva del art. 23.2 CE, el Ministerio público se opone a la admisión de la demanda por falta de legitimación de la recurrente, sin que sea obstáculo para apreciarla el momento procesal de dictar Sentencia, según constante doctrina de este Tribunal, ni los defectos insubsanables pueden entenderse sanados por el hecho de que el recurso haya sido inicialmente admitido. El alegante sustenta su oposición en que la recurrente manifiesta su condición de diputada, sin aportar apoderamiento alguno que le permita actuar ante este Tribunal. Además, ha de tenerse en cuenta que en el suplico de la demanda solicita que declare el reconocimiento y restablecimiento del derecho alegado. Por lo tanto, en este caso, la condición de portavoz adjunta del Grupo Compromís de la recurrente «es una circunstancia meramente adjetiva y carente de consecuencias jurídicas».
Una vez concluido que la recurrente comparece a título individual, el Ministerio Fiscal procede a examinar si concurre la necesaria legitimación ad causam, en los términos del artículo 46.1 a) LOTC. En relación con ello, del examen de la legalidad parlamentaria aplicable al caso, el alegante indica que la facultad de presentar proposiciones no de ley no viene conferida por el Reglamento de la Cámara a los diputados sino a los grupos en que se integran. Pues bien, fue la recurrente la que, como portavoz adjunta del citado Grupo Parlamentario, planteó la iniciativa cuya tramitación fue rechazada por la Mesa de la Cámara y es por ello el Grupo Compromís el directamente afectado por los referidos acuerdos del órgano rector de la Cámara. Como colofón de lo expuesto, el Fiscal entiende que, dado que la recurrente interviene a título individual, no concurre la conexión del interés legítimo con la materia objeto de la impugnación, ya que la condición de miembro de un grupo parlamentario no es suficiente para arrogarse la defensa de los derechos del mismo. En este sentido, la doctrina de este Tribunal establece que «sólo la actuación unitaria de quienes dieron lugar a la agrupación puede expresar válidamente su voluntad en el curso del correspondiente proceso».
A la luz de lo expuesto el Ministerio Fiscal postula la falta de legitimación activa de la recurrente y, en consecuencia, entiende que procede declarar la inadmisibilidad de la demanda.
b) Sin perjuicio de lo expuesto, y para el caso de que no se apreciara por el Tribunal la falta de legitimación activa, se procede al análisis de las vulneraciones denunciadas. Tras reiterar que las quejas relativas al art. 14 CE han de examinarse a la luz del art. 23.2 CE pues el primero no opera en estos supuestos a no ser que «el tratamiento diferenciado controvertido se deba a algunos de los criterios expresamente mencionados en el art. 14 CE», el alegante resume la doctrina del Tribunal en la materia y examina la ordenación que, de las funciones de la Mesa de la Cámara y de las proposiciones no de ley realiza el Reglamento de las Cortes Valencianas.
A continuación, el Ministerio público indica que el problema radica en determinar si la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión, se extralimitó impidiendo el debate político y sus resoluciones se encuentran debidamente motivadas. De la lectura de la iniciativa planteada por la recurrente, el alegante estima que la misma se encontraba bien delimitada, por cuanto pretendía, de ser aprobada, que se adoptaran distintas resoluciones parlamentarias; en síntesis, que formal y materialmente se ajustaba a la legalidad parlamentaria aplicable. Por eso, la intervención de la Mesa inadmitiendo la proposición no de ley ha impedido el debate político y se apoya en una argumentación inconsistente. En efecto, la finalidad de la proposición era que las Cortes Valencianas debatieran si debían instar al Consell a que ejerciera la iniciativa en los términos planteados ante el Gobierno de la Nación, por un lado, y por otro a que se instara a la Conselleria de Cultura a que llevara a cabo actos itinerantes en la Comunidad Valenciana en los términos igualmente recogidos por la proposición. Pues bien, claramente, ambos objetos de la proposición no de ley entran dentro de las Competencias de las Cortes Valencianas, en cuanto debate político y eventual adhesión a lo planteado por la recurrente, y del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Así las cosas, la argumentación que sustenta la decisión de la Mesa de la Cámara, esto es, que la iniciativa perseguía finalidades fuera de las competencias de la Comunidad Autónoma es irracional y esconde, a juicio del alegante, el objetivo de impedir el debate político en los términos propuestos por la demandante. La conclusión se refuerza, si se considera que el grupo parlamentario al que pertenece la recurrente vio admitida en el periodo de sesiones anterior una proposición idéntica cuya tramitación decayó por el transcurso del mismo, y al volverla a plantear la decisión del órgano rector de la Cámara es contraria a la anterior sin causa que lo justifique.
Para concluir sus alegaciones, el Ministerio Fiscal hace hincapié en que un fallo estimatorio del recurso haría necesaria la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento del derecho vulnerado, toda vez que tendría lugar durante la legislatura en curso (SSTC 44/2010 y 29/2011).
A la luz de lo expuesto, el Ministerio público solicita: la inadmisión del recurso por falta de legitimación de la recurrente; subsidiariamente, la estimación, declarando vulnerado el derecho recogido en el art. 23.2 CE, la nulidad de la resolución impugnada y que las actuaciones se retrotraigan al momento anterior al de dictarse la misma, con el objeto de que se adopte, por parte de la Mesa de la Cámara, otra resolución más respetuosa con el derecho vulnerado.
8. Mediante diligencia de 12 de diciembre de 2013 se dejó constancia de la recepción del escrito de alegaciones presentado por el Ministerio Fiscal, quedando el presente recurso pendiente para deliberación.
9. Por providencia de fecha 2 de octubre de 2014 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Constituye el objeto del presente recurso de amparo, el acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 28 de febrero de 2012 (notificado el 1 de marzo de 2012), por el que se desestima el recurso de reposición planteado contra el acuerdo del mismo órgano, de 7 de febrero de 2012, que inadmitió a trámite una proposición no de ley presentada por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas doña Mónica Oltra i Jarque. En la demanda se denuncia la vulneración de los artículos 14 y 23 CE, pues, por un lado, a juicio de la recurrente, la iniciativa se ajustaba a la legalidad parlamentaria aplicable y, por otro lado, con su decisión la Mesa de la Cámara ha discriminado al citado grupo con respecto de otros que integran la Cámara y a los que sí se admiten sus proposiciones no de ley.
En su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal solicita la inadmisión del recurso por considerar que la recurrente carece de legitimación activa al comparecer en su condición de diputada, sin que ello le permita arrogarse la representación a estos efectos del grupo al que pertenece. Subsidiariamente, sin embargo, y para el caso de que el Tribunal no estime la concurrencia del óbice apuntado, solicita la estimación del recurso al considerar que sí se ha producido vulneración de derechos fundamentales, por entender que la iniciativa planteada se ajustaba a las correspondientes prescripciones contenidas en el Reglamento de las Cortes Valencianas y que la motivación de las resoluciones de la Mesa de la Cámara, para sustentar la inadmisión, es irracional.
2. En primer lugar, antes de acometer el fondo del recurso, ha de abordarse la objeción sobre su admisibilidad planteada por el Ministerio público en su escrito de alegaciones, sin que sea obstáculo para ello el momento procesal en el que ha de procederse, según constante doctrina del Tribunal en este sentido (por todas y, específicamente para los recursos de amparo parlamentarios, STC 168/2012, de 1 de octubre, FJ 3, y resoluciones allí citadas).
A juicio del alegante la recurrente comparece a título individual, como lo acredita la solicitud de reparación de su derecho individual, vulnerado como diputada, y no el derecho del grupo al que manifiesta representar. Por ello, la condición de portavoz adjunta a la que se alude en el escrito de demanda resulta ser «una circunstancia meramente adjetiva y carente de consecuencias jurídicas», pues lo cierto es que la intervención de la recurrente en el proceso lo es a título individual.
La objeción ha de ser desestimada. Sin perjuicio de la mejor o peor fortuna de la recurrente en la redacción de su escrito de demanda, lo cierto es que la condición de portavoz adjunta del Grupo Compromís en las Cortes Valencianas en absoluto resulta irrelevante a los efectos del proceso que ahora se ventila en la presente Sentencia. En efecto, como el propio Ministerio público reconoce, la recurrente fue quien planteó la iniciativa rechazada a trámite, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento de las Cortes de Valencia, que reserva la presentación de las proposiciones no de ley a un diputado, con la firma de otros cuatro, y a los grupos parlamentarios (artículo 160.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas), teniendo en cuenta que, en los grupos parlamentarios, los portavoces adjuntos pueden sustituir al correspondiente Síndic (artículo 24.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas). Condición de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís que, de acuerdo con la documentación obrante en las actuaciones, ostenta la recurrente.
Pues bien, la recurrente presentó en representación de su grupo parlamentario la referida proposición de ley, conformándola como de tramitación ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara (arts. 160.2 y 161.3 del Reglamento de las Cortes Valencianas). Por su parte, el órgano rector de las Cortes Valencianas no puso reparo formal alguno a la iniciativa, sustentando su rechazo, exclusivamente, en razones materiales confirmadas ulteriormente en reposición. Téngase en cuenta, a este respecto, que las normas parlamentarias aplicables no prescriben que las iniciativas cuyo planteamiento corresponda a los grupos parlamentarios deban ir firmadas por todos y cada uno de los integrantes del mismo; será, pues, el Síndic del grupo, en su condición de máximo representante del mismo (art. 23.5 del Reglamento de las Cortes Valencianas), quien las suscriba en su nombre o, en su caso, el Portavoz Adjunto [art. 161.4, letra a), del Reglamento de las Cortes Valencianas], que además, como quedó expuesto más arriba, puede sustituir al Síndic (art. 24.2 del Reglamento parlamentario).
En consecuencia, habiendo intervenido la recurrente en vía parlamentaria en nombre del grupo parlamentario [que es el sujeto directamente afectado por el acto recurrido, a los efectos del artículo 46.2 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] al que representa como portavoz adjunta (no sólo planteando la iniciativa, sino impugnando en reposición el rechazo a su tramitación), no puede negársele legitimación para postular el amparo de los derechos cuya tutela impetra ante este Tribunal y ante el que comparece, no sólo como demandante, sino en su condición de letrada, según poder que exhibe y que le legitima para la interposición de las pertinentes acciones judiciales en defensa de los intereses del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas.
De este modo, las resoluciones que se citan por parte del Ministerio público para apoyar la objeción que erige a la admisibilidad de la demanda, singularmente las recaídas en recursos de amparo parlamentario, sustentarían más bien lo contrario. Así sucede con la STC 98/2009, de 27 de abril. Allí, el Tribunal resolvió la inadmisibilidad del recurso por no existir total coincidencia entre los firmantes de la iniciativa que fue rechazada a trámite (entonces, una solicitud de comparecencia) y quienes interpusieron el recurso de amparo, puesto que estos últimos lo hacían en número inferior al de iniciales firmantes, mientras que la legalidad parlamentaria aplicable al caso confería la potestad para plantear la iniciativa a la agrupación de parlamentarios concernidos, y en consecuencia la postulación del amparo correspondía a la agrupación y no a una fracción o parte de la misma (FFJJ 2-4). Claramente, el problema ventilado en aquella resolución se aparta del que ahora ocupa a este Tribunal, por cuanto la recurrente ha sido la única firmante de la iniciativa, representando a su grupo de acuerdo con las disposiciones reglamentarias apuntadas, y por ello comparece ahora demandando la reparación de los derechos vulnerados, en los términos expuestos en los antecedentes, mientras que allí, el Tribunal estimaba que «la agrupación ocasional de Diputados que exige el art. 56.4 RCD para poder solicitar formalmente la convocatoria de la Diputación Permanente es la única parte procesal que puede impugnar la correspondiente decisión de la Mesa, sin que pueda hacerlo, en su lugar, un grupo distinto o inferior de parlamentarios, aunque éstos formen parte de la agrupación de Diputados solicitante o, incluso también, aunque juntamente con otros nuevos Diputados alcancen la proporción que exige el citado art. 56.4 RCD» (FJ 4).
Ciertamente, en esta Sentencia el Tribunal mantenía que, aunque «entre los citados catorce Diputados solicitantes se encuentra quien a la sazón era el Portavoz del Grupo Socialista, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, y en el encabezamiento del presente recurso de amparo figura subrayada dicha condición de Portavoz del citado grupo parlamentario, en ningún momento, ni en sede parlamentaria ni en la demanda rectora de este proceso constitucional, se ha alegado sin embargo que el citado Diputado actuara entonces y haya actuado ahora ante este Tribunal en nombre y representación del citado grupo parlamentario o en representación de los restantes Diputados firmantes de la solicitud de convocatoria y comparecencia consideradas», lo que conducía a concluir, más adelante, que «la condición del demandante de amparo, Sr. Caldera, de Portavoz del Grupo Socialista, que está también subrayada en el encabezamiento de la presente demanda de amparo, es una circunstancia meramente adjetiva y carente de consecuencias jurídicas» (FJ 3). Sin embargo resulta determinante retener que dicha afirmación se producía en un contexto en el que la iniciativa era planteada, no por el grupo parlamentario a través de su portavoz, sino por una agrupación de parlamentarios entre la que se encontraba el portavoz, en cuyo caso la intervención de éste en representación de dicha agrupación hubiera requerido de un apoderamiento expreso.
Tampoco resulta aplicable al presente supuesto la más reciente STC 168/2012, de 1 de octubre. En aquella ocasión se resolvió la inadmisión del recurso por falta de legitimación de las recurrentes, en razón de que, por un lado, en el momento de interponer el recurso de amparo no ostentaban condición de portavoz, ni de portavoz adjunto, que les permitiera arrogarse la representación del grupo parlamentario en el que se integraban, por lo que su intervención se producía a título individual, sin que dicho título comporte la facultad para postular la tutela que los derechos que corresponden al grupo parlamentario del que formaban parte [FJ 6 b)]; pero es que, además, ni siquiera eran miembros de la comisión parlamentaria ante la que se sustanció la iniciativa controvertida entonces (igualmente una solicitud de comparecencia), ni contaban con apoderamiento que les permitiera intervenir en nombre de los diputados de la comisión concernida [FJ 6 c) y d)].
Las antedichas consideraciones llevan a concluir que la recurrente, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas y firmante de la iniciativa cuyo tramitación rechazada ahora se controvierte en términos del art. 23 CE, cuenta con legitimación activa para recurrir ante este Tribunal las resoluciones parlamentarias que estima lesivas de los derechos referidos. La objeción procesal planteada por el Ministerio Fiscal, en consecuencia, ha de ser rechazada
3. La primera de las consideraciones sobre el fondo debe ir destinada a contraer el contenido de la demanda a los estrictos términos en los que ha de pronunciarse este Tribunal. La recurrente denuncia la vulneración del artículo 14 CE, en cuanto ha sufrido un trato discriminatorio con respecto al dispensado a otros grupos parlamentarios, si bien reconoce, al igual que sostiene el Ministerio público en su escrito de alegaciones, que dicha queja ha de subsumirse en las planteadas con ocasión de la denuncia de vulneración del artículo 23.2 CE, según criterio constante del Tribunal, pues, como resulta sobradamente conocido, el citado precepto no sólo tutela el ejercicio del ius in officium de los representantes políticos en los términos regulados por las leyes sino también el ejercicio en condiciones de igualdad (por todas, STC 29/2011, de 14 de marzo, FJ 3 y doctrina allí citada).
Sucede, sin embargo, que para que ese examen pueda llevarse a cabo es necesario que el recurrente proporcione al Tribunal los términos necesarios de contraste, esto es, un adecuado tertium comparationis y que se conforma para el recurrente como una carga consistente en, por un lado, identificar el término de comparación y, por otro lado, acreditarlo aportando los documentos que resulten pertinentes (STC 71/2010, de 18 de octubre, FJ 2, y STC 37/2001, de 12 de febrero, FJ 3, entre muchas otras). Pues bien, en su escrito de demanda, la demandante, más allá de una genérica queja de que el grupo en el que se integra viene siendo tratado de forma desigual al Grupo Popular, que sí ve admitida sus iniciativas parlamentarias, no apoya su alegación, no ya en documento alguno que la sostenga, sino ni siquiera indica supuestos concretos, con identidad material a la que está en el origen del presente recurso, de iniciativas del Grupo Popular que sí hayan sido admitidas a trámite.
Todo ello determina que este Tribunal deba rechazar estas alegaciones, debiendo contraerse el recurso al examen de si las resoluciones parlamentarias dictadas por el órgano rector de la Cámara se atuvieron a la legalidad parlamentaria y se encuentran provistas de la suficiente motivación que permita conocer las razones que condujeron a la Mesa de las Cortes Valencianas a rechazar la referida proposición no de ley planteada por la recurrente. A ello se dedicará el siguiente fundamento jurídico.
4. La cuestión que ha de someterse a consideración no es nueva, en términos materiales, ni tampoco en razón de su procedencia. El Tribunal, en distintas resoluciones, ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre supuestos similares acontecidos en la Cámara valenciana e, incluso, en recursos presentados por la misma demandante (así, en particular, en las SSTC 44/2010, de 26 de julio, y 29/2011, de 14 de marzo). Por todo ello, habrá de estarse a los pronunciamientos dictados anteriormente en la medida en que las circunstancias fácticas del caso que ahora es objeto de la presente resolución así lo permitan.
Para ello se examinará, en primer lugar, si conforme con la doctrina de este Tribunal la iniciativa parlamentaria inadmitida forma parte del ius in officium tutelado por el artículo 23.2 CE. En segundo lugar, una vez descartado el pronunciamiento en términos de igualdad, si la recurrente se atuvo en el ejercicio del ius in officium en nombre de su grupo a la legalidad parlamentaria. Y, en tercer lugar habrá de examinarse la actuación de la Mesa de la Cámara, con especial atención a la motivación de las resoluciones que dictó en relación con la proposición de ley planteada por la demandante.
Pues bien, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal las proposiciones no de ley: «se configuran como un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado, por lo que, en razón de esta doble naturaleza, las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de administración y gobierno interior, han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno o a las Comisiones de las Cámaras corresponde, sino, además, y desde la óptica de la representación democrática, estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos representativos ante los electores se cumplen con su mera existencia, al margen, claro está, de que la iniciativa, en su caso, prospere» (SSTC 40/2003, de 27 de febrero, FJ 7; y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3). Queda, pues, de manifiesto la relevancia de este tipo de mecanismos de impulso y control político a los efectos del art. 23.2 CE.
Por su parte, el Reglamento de las Cortes de Valencia reconoce a los grupos parlamentarios, o a un cierto número de diputados, la presentación de iniciativas como la que está en el origen del recurso (art. 160.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas). En este caso, la iniciativa se planteó por el Grupo Parlamentario Compromís a través de su portavoz adjunta. Ciertamente, el art. 161.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas dispone lo siguiente: «Cuando las proposiciones no de ley se refieran a cuestiones que, no siendo competencia de la Generalitat, afecten al interés directo de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana, la Mesa solicitará el acuerdo de la Junta de Síndics antes de acordar su admisión a trámite». Dicho parecer favorable fue recabado y no se obtuvo, pues la Junta de Síndics, en sesión celebrada el 7 de febrero de 2012, se opuso a la tramitación al considerar que se trataba de un tema de carácter general que es competencia del Gobierno de España y no de la Generalitat (según consta en el antecedente segundo de la resolución de la Mesa de las Cortes, de 28 de febrero de 2012 por la que se desestima la reposición planteada por la ahora recurrente en amparo).
En vista de que, formal y materialmente la recurrente siguió las prescripciones del Reglamento de la Cámara, es preciso, por lo tanto, proceder al examen de las razones que condujeron al rechazo liminar de la iniciativa. Así pues, sin desconocer el margen de apreciación de que disponen los órganos rectores de las Cámaras en el ejercicio de las funciones de calificación y admisión a trámite (en este caso, atribuidas por artículo 34.1.6, en relación con el 161, apartados primero y segundo, del Reglamento de las Cortes Valencianas), y que puede extenderse a aspectos materiales cuando así lo prevean las correspondientes normas [SSTC 40/2003, de 25 de febrero, FJ 2, y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3 a)], esta circunstancia no exime de que dicha función se apoye en resoluciones debidamente motivadas, pues «[e]l que en la STC 64/2002, de 11 de marzo, hayamos reconocido que el art. 23.2 CE obliga a los órganos parlamentarios a motivar las decisiones que restringen los derechos fundamentales reconocidos en su seno (FJ 4), o a interpretar restrictivamente las normas que puedan suponer una limitación a los mismos (FJ 2), no contradice lo anterior, puesto que estos deberes tienen su fundamento constitucional en los propios derechos fundamentales. Son las propias Cámaras, pues, las que deben interpretar la legalidad parlamentaria, sin que dicha interpretación pueda ser controlada por este Tribunal al margen de los derechos fundamentales y, significativamente, del art. 23.2 CE» (ATC 369/2007, de 12 de septiembre, FJ 3).
En este sentido, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el mismo día, dispuso, a la vista del acuerdo de la Junta de Síndics, la inadmisión esgrimiendo el mismo motivo que la Junta, por lo que, dada la sucinta motivación del acuerdo de inadmisión de 7 de febrero de 2012, no es posible conocer realmente a quién se imputa realmente dicha argumentación. Por su parte, la resolución recaída en reposición, con fecha de 28 de febrero de 2012, se limita a manifestar que la Mesa no podía admitir la proposición no de ley al no existir parecer favorable de la Junta de Síndics de la Cámara. La ausencia de motivación suficiente es especialmente relevante en este supuesto por dos razones:
La primera, porque el motivo esgrimido para rechazar la tramitación es el que figura en la propia norma como supuesto que obliga a la Mesa a solicitar el parecer favorable de la Junta de Síndics, no para rechazar la iniciativa, habiendo declarado este Tribunal en otro caso semejante a éste, que «la admisión a trámite es función que corresponde estrictamente a la Mesa de la Cámara, de conformidad con las facultades de calificación y admisión de los escritos de índole parlamentaria que le atribuye el propio Reglamento (art. 34.1.6 RCV)…; es a la Mesa a la que le corresponde decidir la admisión de las proposiciones no de ley, con independencia de que, en supuestos como el presente, haya de recabar previamente el acuerdo de la Junta de Síndics» [STC 29/2011, de 14 de marzo, FJ 4].
Pero es que, además, tal motivación sucinta no resulta adecuada, pues en la proposición no de ley se contenía una propuesta que afectaba directamente a las instituciones valencianas: «Les Corts instan a la Conselleria de Cultura a la celebración de actos de cariz itinerante, por todas las comarcas valencianas, para que la ciudadanía tome conocimiento de los auténticos hechos que se desencadenaron a raíz del Golpe de Estado de 18 de julio de 1936».
La segunda, porque con dicha motivación no se entienden las razones que llevaron en el periodo de sesiones precedente, durante la misma legislatura, a la admisión de una proposición no de ley idéntica planteada por el mismo grupo parlamentario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Valencianas», núm. 17, de 26 de septiembre de 2011, pp. 2245 y ss.), y, sin embargo, una vez decaída su tramitación por el transcurso del periodo de sesiones (art. 183.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas), cuando se vuelve a ejercer la iniciativa se rechaza su tramitación.
Así las cosas y, a la vista de lo expuesto, ha de concluirse, como ya se hiciera en la STC 44/2010, de 26 de julio, que «la inadmisión, en los términos en los que se ha producido, carece de motivación suficiente conforme a las exigencias de nuestra doctrina, sin que esta deficiencia haya sido subsanada con ocasión de resolver el recurso de reposición presentado contra la decisión de inadmisión. Con esta forma de actuación la Mesa de las Cortes Valencianas no ha satisfecho, por tanto, la exigencia de motivar expresa, suficiente y adecuadamente la aplicación que ha efectuado en este caso de las normas con las que ha contrastado la iniciativa, que se ha traducido en una limitación del ejercicio de un derecho de que los grupos parlamentarios puedan formular proposiciones no de ley, que, como hemos dicho, se integra en el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos» (FJ 5).
En consecuencia, ha de declararse vulnerado el derecho fundamental del grupo parlamentario al que representa la recurrente garantizado por el art. 23.2 CE.
El otorgamiento del amparo, al tener lugar en la misma legislatura en la que se dictaron las resoluciones que dieron lugar al recurso, hace necesario precisar el alcance del fallo, tal y como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, permitiendo un pronunciamiento destinado a conseguir el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política (art. 23.2 CE) del grupo recurrente.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas doña Mónica Oltra i Jarque, y, en su virtud:
1.º Reconocer el derecho a la participación política en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) del citado Grupo Parlamentario.
2.º Declarar la nulidad de la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 7 de febrero de 2012, relativa a la proposición no de ley RE 12.843 y su ulterior confirmación en vía de reposición por resolución del mismo órgano, de 28 de febrero de 2012.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior la mencionada resolución de 7 de febrero de 2012, a fin de que la Mesa de las Cortes Valencianas, con respeto al derecho fundamental reconocido, resuelva de nuevo sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley presentada por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís recurrente.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a seis de octubre de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. | Sentencia del TC que ampara a Mónica Oltra i Jarque y exige a la Mesa de Les Corts que tramite la propuesta de condena del Franquismo | La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesto por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, han pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3285-2012, promovido por doña Mónica Oltra i Jarque, representada por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Sandín Fernández y en el que ha intervenido la propia promotora como Abogada contra un acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas de fecha 28 de febrero de 2012, recaído en reposición, por el que se confirma a la inadmisión a trámite de una proposición no de ley presentada por la recurrente. Han intervenido la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 1 de junio de 2012, don José Antonio Sandín Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Mónica Oltra i Jarque, Diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas interpuso recurso de amparo contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 28 de febrero de 2012 (notificado el 1 de marzo de 2012) por el que se desestima el recurso de reposición planteado contra el acuerdo del mismo órgano, de 7 de febrero de 2012, que inadmitía a trámite una proposición no de ley presentada por la recurrente.
2. Los hechos en los que se fundamenta el recurso de amparo son sustancialmente los siguientes:
Por escrito registrado el día 10 de enero de 2012 doña Mónica Oltra i Jarque, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, presentó ante la Mesa de las Cortes Valencianas una proposición no de ley para su tramitación ordinaria. El contenido de la iniciativa, en lo que respecta a su propuesta de resolución, era el siguiente.
R.E. 12.843: «1. Les Corts instan al Consell para que inste al Gobierno del Estado a trasladar una propuesta al Congreso de los Diputados de:
– Condena de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 así como de la subsiguiente dictadura franquista.
– Que los restos del dictador Francisco Franco, depositados en el «Valle de los Caídos», sean exhumados y entregados a su familia.
– Que «El Valle de los Caídos» se convierta en un espacio laico y que se transforme en un museo de la historia reciente del Estado Español.
– Que se hagan las modificaciones necesarias en la Ley 52/2007 para que queden anuladas las sentencias dictadas en procesos penales de los tribunales franquistas, a presos republicanos y demócratas.
2. Les Corts instan a la Conselleria de Cultura a la celebración de actos de cariz itinerante, por todas las comarcas valencianas, para que la ciudadanía tome conocimiento de los auténticos hechos que se desencadenaron a raíz del Golpe de Estado de 18 de julio de 1936.»
Mediante acuerdo adoptado el 7 de febrero de 2012 la Mesa de las Cortes Valencianas dispuso, visto el parecer en contra manifestado por la Junta de Síndics, la inadmisión de la referida iniciativa, «por considerar que se trata de un tema de carácter general que es competencia del Gobierno de España y no de Generalitat».
La ahora recurrente en amparo presentó ante la Mesa de las Cortes Valencianas, al amparo del artículo 34.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, recurso de reposición solicitando la reconsideración de dicha resolución y en el que se denunció expresamente de vulneración del artículo 23 CE, por falta de motivación de la resolución recurrida y arbitrariedad al haberse admitido una iniciativa idéntica del Grupo recurrente en el periodo de sesiones anterior, que no llegó a ser tramitada al decaer con el término del periodo. Mediante nuevo acuerdo del órgano rector de la Cámara, de 28 de febrero de 2012, se resolvió la desestimación del recurso, por entender que no procedía la admisión de la iniciativa al no existir parecer favorable de la Junta de Síndics, tal y como dispone el artículo 161.2 del Reglamento de las Cortes Valencianas, y por versar sobre un tema general ajeno a las competencias de la Generalitat valenciana.
3. La recurrente alega la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE) y del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE). Igualmente, denuncia la vulneración del artículo 14 CE por la discriminación que padecen los Diputados del Grupo Parlamentario Compromís, que ven sistemáticamente rechazadas sus iniciativas a diferencia de los Diputados del Grupo Popular a los que se admiten las suyas; no obstante, la recurrente entiende que esta alegación ha de subsumirla en la vulneración del artículo 23.2 CE, por cuanto impone condiciones de igualdad en el ejercicio del ius in officium de los representantes.
Con carácter previo, la recurrente estima que la iniciativa cuya tramitación fue rechazada por la Mesa de las Cortes Valencianas cumplía formalmente con todos los requisitos prescritos en el Reglamento de la Cámara, todo ello sin perjuicio de que pueda estarse o no de acuerdo con su contenido. Tan es así, que durante el periodo de sesiones anterior, en la misma legislatura, se había presentado una iniciativa idéntica, que no llegó a ser debatida al concluir dicho periodo y resultar de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes, que las iniciativas no debatidas en el periodo en curso decaen a la conclusión del mismo, con lo que procede, en su caso, la nueva presentación de la misma, como era el caso. No se entiende, por lo tanto, que la primera proposición no de ley fuera admitida sin problemas y, cuando hubo de plantearse nuevamente, la Mesa de la Cámara decidiera su inadmisión. A juicio de la recurrente,
### RESUMEN: Sentencia del TC que ampara a Mónica Oltra i Jarque y exige a la Mesa de Les Corts que tramite la propuesta de condena del Franquismo |
El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.
A los efectos de dar publicidad al mencionado acuerdo,
Esta Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente resolución.
Madrid, 24 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes
Las personas jóvenes suponen un capital humano esencial en la sociedad española. De acuerdo con el documento «Jóvenes de 16 a 29 años en la EPA,» del cuarto trimestre de 2020, elaborado por el Observatorio de la Juventud en España, dependiente del Instituto de la Juventud, la población de 16 a 29 años incluye a 6.817.100 personas, 75.000 más que hace un año y 9.600 más que hace tres meses.
Asimismo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, las personas jóvenes se han visto golpeadas con más fuerza por las crisis y se enfrentan al mercado laboral con mayores vulnerabilidades debido a su falta de experiencia profesional y, en ocasiones, a la falta de formación en las áreas más demandadas. Otro tipo de factores derivados de estereotipos vinculados a la edad también afectan a la mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo de las personas jóvenes.
En el marco de dicha Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013, se inscribe el proyecto de la Unión Europea Garantía Juvenil, que ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), como recurso adicional. En 2013, se aprobó en España el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, alineado, entonces, con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Fruto de ello, el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, del que procede la vigente Ley 18/2014, de 15 de octubre, sienta las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en España.
Desde la puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el número de atenciones prestadas por el mismo a las personas jóvenes se ha ido incrementando progresivamente llegando, en 2019, a 4.411.067. En el último informe anual de inserción laboral de las personas jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de 2020 se muestra que, tras haber recibido una atención de Garantía Juvenil, en torno al 60 % de las personas jóvenes tienen un contrato de trabajo 18 meses después de haber iniciado dicha atención. Además, la Comisión Europea resalta en sus Informes de seguimiento anuales que España es el único país de Europa que consigue un seguimiento del estado laboral de más del 95 % de las personas jóvenes atendidas.
La crisis sanitaria ha incidido de manera particularmente intensa en el colectivo de personas jóvenes. Según datos del Informe «Jóvenes y mercado de trabajo» de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, la población joven se ha visto especialmente afectada por la disminución de la actividad económica durante la crisis sanitaria del COVID-19 y está siendo uno de los colectivos más afectados por el impacto negativo de la crisis. Si bien se prevé una mejoría en los datos, se abre un marco de incertidumbre en la evolución próxima del empleo joven en España, que precisa de estrategias de actuaciones flexibles y adaptables a las circunstancias cambiantes.
A pesar de la tendencia positiva en los datos del mercado de trabajo juvenil de los últimos años, continúan existiendo problemas relacionados con la precariedad laboral, la necesidad de mejorar la empleabilidad y la formación, así como de buscar nuevos sectores que ofrezcan a las personas jóvenes oportunidades de empleo estable y de calidad.
Estas dificultades se han incrementado con motivo de la crisis derivada del COVID-19. Según indica el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo en la cuarta edición de su análisis sobre «El COVID-19 y el mundo del Trabajo» (2020), las personas estudiantes y personas trabajadoras se han visto gravemente afectadas por la interrupción de su educación o formación, así como por la pérdida de empleo y por las mayores dificultades para encontrar trabajo.
La repercusión generalizada de la pandemia en las expectativas laborales y de formación es mayor en el caso de las personas jóvenes. Así, en la nueva Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil, que sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil se señala expresamente que: «la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas pondrán en peligro esta evolución positiva. Las previsiones económicas de la primavera de 2020 de la Comisión indican que la economía de la Unión se contraerá un 7,4 % en 2020, la recesión más profunda de su historia, y los jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo en estos momentos tendrán más dificultades para conservar su primer empleo».
El Plan Garantía Juvenil Plus (GJ+) 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes se enfrenta, por tanto, a viejos y nuevos retos. La transición al mercado laboral y el incremento de la empleabilidad de las personas jóvenes, que siempre han sido los objetivos de las políticas activas de empleo, deben realizarse en este momento en un contexto de regeneración motivada por la crisis sanitaria en el que el trabajo joven está destinado a jugar un papel fundamental.
Este Plan continúa, por tanto, con la senda iniciada por el Plan de Garantía Juvenil original manteniendo sus elementos característicos, particularmente en materia de financiación y principios básicos de gestión, e incorporando cambios sustanciales, con el fin de incrementar su efectividad y adaptarlo a las nuevas circunstancias. A partir de la experiencia aplicativa del Plan original y con sustento en los resultados de su evaluación, el nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus incorpora aquellos aspectos de la Garantía Juvenil anterior que se han mostrado eficientes y refuerza aquellos elementos del mismo que requerían una mayor atención incorporando, del mismo modo, contenidos y principios nuevos destinados a incrementar su eficacia y a reforzar el empleo y la formación de calidad.
Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan son los siguientes:
– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes interesados a nivel estatal, regional y local
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales.
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.
Para ello, este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en el territorio nacional desde la combinación y generación de sinergias con otras áreas y realidades como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Persigue, igualmente, ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos; todo ello con el objetivo de favorecer la integración socio-económica, así como el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.
Las características generales del Plan de Garantía Juvenil Plus son las siguientes:
1. El Plan contribuye a luchar de modo efectivo contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
2. El Plan se propone evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
3. Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como presupuesto transversal en todas las acciones, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
4. Persigue integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad u orientación sexual.
5. Las acciones del Plan están configuradas para otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
6. Sitúa a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable. Este proceso de cualificación e inserción laboral se enmarcará en un sistema de orientación y formación flexible y eficaz, permeable con el mundo laboral, adaptado a la individualidad y a la diversidad. Garantía Juvenil Plus atenderá a las capacidades y potencialidades específicas de las personas jóvenes con el objetivo de favorecer su inserción laboral a largo plazo, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo, integrados en un sistema de orientación para el empleo cuyos integrantes están cualificados y disponen de relaciones estables en el marco de los Servicios Públicos de Empleo.
7. Garantía Juvenil Plus está diseñado para crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital.
8. El objetivo prioritario es incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo.
9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
10. Garantía Juvenil Plus busca introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
11. Potencia el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
12. Garantía Juvenil Plus establece los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas.
13. El Plan refuerza la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes.
14. Garantía Juvenil Plus fomenta su difusión con la máxima claridad y transparencia.
15. Contempla diversas medidas vinculadas a la mejora de procesos y optimización de los recursos.
16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.
Las acciones específicas se estructuran en seis ejes, que son los mismos establecidos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo prevista en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre: Eje 1, Orientación; Eje 2, Formación, a desarrollar en cooperación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional; Eje 3, Oportunidades de Empleo; Eje 4, Igualdad de Oportunidades en el Acceso al Empleo; Eje 5, Emprendimiento, y Eje 6, Mejora del Marco Institucional.
Asimismo, estos son los seis ejes que estructuran la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo (Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo) y los programas comunes de empleo.
De este modo, el sistema de Garantía Juvenil Plus se integra dentro del diseño general de las políticas activas de empleo compartiendo estructura y priorizando al colectivo de personas jóvenes dentro del marco general del sistema, con un enfoque centrado en las personas y en las empresas.
Las medidas expuestas en este Plan tienen una visión individualizada de las personas a las que van dirigidas, lo que permite atender cualquiera de las necesidades que se presentan en función de su perfil, nivel formativo y experiencia profesional. El perfilado es fundamental para construir y reforzar capacidades y habilidades dirigidas a mejorar la empleabilidad y a fomentar el desarrollo de carreras profesionales satisfactorias. La necesaria individualización de las acciones, la diversidad del colectivo y la necesidad de atender las particularidades de los grupos más vulnerables explica que las acciones específicas se hayan desplegado en sesenta medidas que forman un entramado sistematizado, exhaustivo y diversificado.
Por otra parte, la importancia de este Plan, no solo se deriva de lo señalado anteriormente, sino que, además, hay que destacar que este Plan es un documento programático que servirá de marco de referencia para la actuación de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el periodo 2021-2027. Este plan se propondrá a la Comisión Europea vinculado al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) presentará en junio de 2021.
Además, este Plan, en tanto que nueva estrategia sobre Garantía Juvenil, constituirá la condición habilitante, en materia de políticas activas de empleo, que facilite su financiación en el marco de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. De ahí la importancia y la urgencia de la aprobación de este nuevo Plan de Garantía Juvenil por el Consejo de Ministros.
El Plan Garantía Juvenil Plus se ha elaborado en colaboración con los distintos órganos de la Administración General del Estado. De la misma manera, la tramitación del presente Plan ha contado con la participación de las comunidades autónomas y se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, acuerda:
Primero.
Aprobar el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, que se adjunta como anexo.
Segundo.
Todos los compromisos que se deriven de la aplicación de este Plan quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno.
Tercero.
En el caso de las actuaciones recogidas en el presente Plan para las que resulten competentes las comunidades autónomas y entidades locales, lo recogido en el Plan tendrá carácter potestativo. | Plan de Garantía Juvenil. Pero ojo que no es un plan normal, es un Plan de Garantía Juvenil Plus. | El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.
A los efectos de dar publicidad al mencionado acuerdo,
Esta Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente resolución.
Madrid, 24 de junio de 2021.–El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.
ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes
Las personas jóvenes suponen un capital humano esencial en la sociedad española. De acuerdo con el documento «Jóvenes de 16 a 29 años en la EPA,» del cuarto trimestre de 2020, elaborado por el Observatorio de la Juventud en España, dependiente del Instituto de la Juventud, la población de 16 a 29 años incluye a 6.817.100 personas, 75.000 más que hace un año y 9.600 más que hace tres meses.
Asimismo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, las personas jóvenes se han visto golpeadas con más fuerza por las crisis y se enfrentan al mercado laboral con mayores vulnerabilidades debido a su falta de experiencia profesional y, en ocasiones, a la falta de formación en las áreas más demandadas. Otro tipo de factores derivados de estereotipos vinculados a la edad también afectan a la mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo de las personas jóvenes.
En el marco de dicha Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013, se inscribe el proyecto de la Unión Europea Garantía Juvenil, que ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), como recurso adicional. En 2013, se aprobó en España el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, alineado, entonces, con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Fruto de ello, el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, del que procede la vigente Ley 18/2014, de 15 de octubre, sienta las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en España.
Desde la puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el número de atenciones prestadas por el mismo a las personas jóvenes se ha ido incrementando progresivamente llegando, en 2019, a 4.411.067. En el último informe anual de inserción laboral de las personas jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de 2020 se muestra que, tras haber recibido una atención de Garantía Juvenil, en torno al 60 % de las personas jóvenes tienen un contrato de trabajo 18 meses después de haber iniciado dicha atención. Además, la Comisión Europea resalta en sus Informes de seguimiento anuales que España es el único país de Europa que consigue un seguimiento del estado laboral de más del 95 % de las personas jóvenes atendidas.
La crisis sanitaria ha incidido de manera particularmente intensa en el colectivo de personas jóvenes. Según datos del Informe «Jóvenes y mercado de trabajo» de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, la población joven se ha visto especialmente afectada por la disminución de la actividad económica durante la crisis sanitaria del COVID-19 y está siendo uno de los colectivos más afectados por el impacto negativo de la crisis. Si bien se prevé una mejoría en los datos, se abre un marco de incertidumbre en la evolución próxima del empleo joven en España, que precisa de estrategias de actuaciones flexibles y adaptables a las circunstancias cambiantes.
A pesar de la tendencia positiva en los datos del mercado de trabajo juvenil de los últimos años, continúan existiendo problemas relacionados con la precariedad laboral, la necesidad de mejorar la empleabilidad y la formación, así como de buscar nuevos sectores que ofrezcan a las personas jóvenes oportunidades de empleo estable y de calidad.
Estas dificultades se han incrementado con motivo de la crisis derivada del COVID-19. Según indica el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo en la cuarta edición de su análisis sobre «El COVID-19 y el mundo del Trabajo» (2020), las personas estudiantes y personas trabajadoras se han visto gravemente afectadas por la interrupción de su educación o formación, así como por la pérdida de empleo y por las mayores dificultades para encontrar trabajo.
La repercusión generalizada de la pandemia en las expectativas laborales y de formación es mayor en el caso de las personas jóvenes. Así, en la nueva Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil, que sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil se señala expresamente que: «la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones económicas pondrán en peligro esta evolución positiva. Las previsiones económicas de la primavera de 2020 de la Comisión indican que la economía de la Unión se contraerá un 7,4 % en 2020, la recesión más profunda de su historia, y los jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo en estos momentos tendrán más dificultades para conservar su primer empleo».
El Plan Garantía Juvenil Plus (GJ+) 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes se enfrenta, por tanto, a viejos y nuevos retos. La transición al mercado laboral y el incremento de la empleabilidad de las personas jóvenes, que siempre han sido los objetivos de las políticas activas de empleo, deben realizarse en este momento en un contexto de regeneración motivada por la crisis sanitar
### RESUMEN: Plan de Garantía Juvenil. Pero ojo que no es un plan normal, es un Plan de Garantía Juvenil Plus. |
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 está suponiendo un esfuerzo extraordinario para el conjunto del sistema sanitario español. Sin la capacidad, eficacia y entrega ejemplar por parte de estos profesionales no hubiera sido posible garantizar el cuidado y la atención a los enfermos en una pandemia como la que afrontamos.
El trabajo del personal sanitario y de apoyo a los sistemas de salud dedicado a la atención de los pacientes de COVID-19 ha recibido el reconocimiento unánime de la sociedad española, por el papel insustituible de esta colectividad en beneficio del interés general. Siendo consciente de esta encomiable labor, el Gobierno de la Nación quiere expresar su máximo agradecimiento, honrando y distinguiendo su dedicación, entrega y memoria.
La Orden del Mérito Civil, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil, tiene por objeto premiar los méritos adquiridos por el personal dependiente de alguna de las administraciones públicas o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.
Aunque la voluntad del Gobierno de la Nación es rendir tributo y reconocimiento a todos y cada uno de los profesionales sanitarios y personal de apoyo fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19, la regulación de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil requiere individualizar a los galardonados, tarea no exenta de dificultades por la prolongada persistencia de la pandemia a nivel global y por la complejidad que conlleva la obtención de datos e información de carácter personal.
Por ello, y en atención a la extraordinaria entrega de los profesionales sanitarios y de apoyo a los sistemas de salud que han fallecido en la lucha contra la COVID-19, y a su comportamiento en defensa de la vida y de la salud de los ciudadanos, que ofrece un ejemplo perdurable a generaciones venideras, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2022,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a las personas que, a continuación, se citan:
Amieiro Rodríguez, José Luis.
Amo Fernández, José María.
Armero Barranco, Mercedes.
Beltrán Baldoví, Francisco Andrés.
Campillo Hernández, Nuria Dolores.
Cano Azuara, Eva M.ª
Capilla San Martín, Aurelio.
Carrillo López, Blas.
Clavijo Pérez, Jaime.
Corral Jubete, José Luis.
Cuadrado Calvo, María del Carmen.
de Gracia Nogales, César.
del Campo Díaz, José María.
Díaz Delgado, Alfredo.
Díez García, Santiago.
Domínguez Santurino, Federico.
Fernández Casado, Pedro.
Gadea Rodrigo, María Amparo.
García González, Pedro Antonio.
García Nebot, Eladio.
García-Casado García, María de los Ángeles Nuria.
García-Manso Martín, Juan Manuel.
García-Montalbán Nuñez, Joaquín.
Gómez Delgado, José María.
González Alonso, Teodoro.
Gutiérrez Montalvo, Julio María.
Hernández Ferrández, José.
Iniesta Álvarez, Antonio Alfredo.
Martín Rubio, Manuel.
Mijimolle López, José Tomás
Muñoz López, José Manuel
Pastor Blanco, José.
Pinedo Marín, Dionisio.
Poyatos Pérez, Rocío.
Ramudo Saco, Luis.
Ruano García, María del Carmen.
Santamaría Blanco, Francisco Javier.
Trias Garau, Antonio Ángel.
Dado en Madrid, el 11 de julio de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO | Nueva ronda de medallas al mérito civil a 38 profesionales sanitarios fallecidos por covid. Como ya pasó el año pasado, este galardón tiene que ser individual, no a la profesión en bloque, así que puede que falten personas. | La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 está suponiendo un esfuerzo extraordinario para el conjunto del sistema sanitario español. Sin la capacidad, eficacia y entrega ejemplar por parte de estos profesionales no hubiera sido posible garantizar el cuidado y la atención a los enfermos en una pandemia como la que afrontamos.
El trabajo del personal sanitario y de apoyo a los sistemas de salud dedicado a la atención de los pacientes de COVID-19 ha recibido el reconocimiento unánime de la sociedad española, por el papel insustituible de esta colectividad en beneficio del interés general. Siendo consciente de esta encomiable labor, el Gobierno de la Nación quiere expresar su máximo agradecimiento, honrando y distinguiendo su dedicación, entrega y memoria.
La Orden del Mérito Civil, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil, tiene por objeto premiar los méritos adquiridos por el personal dependiente de alguna de las administraciones públicas o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.
Aunque la voluntad del Gobierno de la Nación es rendir tributo y reconocimiento a todos y cada uno de los profesionales sanitarios y personal de apoyo fallecidos a causa de la pandemia de la COVID-19, la regulación de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil requiere individualizar a los galardonados, tarea no exenta de dificultades por la prolongada persistencia de la pandemia a nivel global y por la complejidad que conlleva la obtención de datos e información de carácter personal.
Por ello, y en atención a la extraordinaria entrega de los profesionales sanitarios y de apoyo a los sistemas de salud que han fallecido en la lucha contra la COVID-19, y a su comportamiento en defensa de la vida y de la salud de los ciudadanos, que ofrece un ejemplo perdurable a generaciones venideras, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2022,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a las personas que, a continuación, se citan:
Amieiro Rodríguez, José Luis.
Amo Fernández, José María.
Armero Barranco, Mercedes.
Beltrán Baldoví, Francisco Andrés.
Campillo Hernández, Nuria Dolores.
Cano Azuara, Eva M.ª
Capilla San Martín, Aurelio.
Carrillo López, Blas.
Clavijo Pérez, Jaime.
Corral Jubete, José Luis.
Cuadrado Calvo, María del Carmen.
de Gracia Nogales, César.
del Campo Díaz, José María.
Díaz Delgado, Alfredo.
Díez García, Santiago.
Domínguez Santurino, Federico.
Fernández Casado, Pedro.
Gadea Rodrigo, María Amparo.
García González, Pedro Antonio.
García Nebot, Eladio.
García-Casado García, María de los Ángeles Nuria.
García-Manso Martín, Juan Manuel.
García-Montalbán Nuñez, Joaquín.
Gómez Delgado, José María.
González Alonso, Teodoro.
Gutiérrez Montalvo, Julio María.
Hernández Ferrández, José.
Iniesta Álvarez, Antonio Alfredo.
Martín Rubio, Manuel.
Mijimolle López, José Tomás
Muñoz López, José Manuel
Pastor Blanco, José.
Pinedo Marín, Dionisio.
Poyatos Pérez, Rocío.
Ramudo Saco, Luis.
Ruano García, María del Carmen.
Santamaría Blanco, Francisco Javier.
Trias Garau, Antonio Ángel.
Dado en Madrid, el 11 de julio de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
### RESUMEN: Nueva ronda de medallas al mérito civil a 38 profesionales sanitarios fallecidos por covid. Como ya pasó el año pasado, este galardón tiene que ser individual, no a la profesión en bloque, así que puede que falten personas. |
Visto el texto del VII Convenio colectivo de la empresa Decathlon España, S.A. (código de convenio n.º 90011522011998), que fue suscrito, con fecha 21 de diciembre de 2016, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE» del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VII CONVENIO COLECTIVO DE DECATHLON ESPAÑA, S.A.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.º Ámbito funcional y personal.
El presente Convenio obliga a la empresa Decathlon España, S.A. y a todos los trabajadores/as que, estando en situación de alta en la plantilla, presten sus servicios en cualquiera de los distintos centros de trabajo que esta empresa tenga abiertos durante la vigencia del presente Convenio.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo:
a) Las personas a las que se refieren los artículos 1.3.c) y 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.
b) Las personas que ocupen cargos comprendidos en el grupo profesional 1.
c) Las personas que ocupen cargos comprendidos en el grupo profesional 2, que quedarán excluidas a los únicos efectos de salario, jornada y preaviso previstos en el presente Convenio.
Artículo 2.º Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo es de aplicación en todo el territorio español.
Artículo 3.º Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4.º Denuncia y prórroga.
La denuncia y promoción del presente Convenio se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.
El plazo de preaviso será de dos meses anteriores a la finalización del Convenio o, en su caso, de cualquiera de sus prórrogas. De no ser denunciado, se considerará automáticamente prorrogado por el período de un año.
Las condiciones pactadas en el presente convenio subsistirán en todo caso hasta su nueva revisión.
Artículo 5.º Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio Colectivo forma un todo orgánico pactado indivisible. Si alguna autoridad u órgano judicial señalase que algún aspecto del Convenio no se ajusta a Derecho y el mismo resultase modificado directa o indirectamente, las partes volverán a reunirse para reconsiderar el convenio en su totalidad, con el objetivo de corregirlo, adecuarlo a Derecho y mantener globalmente el equilibrio de las contraprestaciones pactadas.
Dado que la regulación que establece el presente convenio tiene carácter de mínimos, en todos los acuerdos de ámbito inferior serán obligatorias y mínimas las condiciones que aquí se establecen, no pudiendo modificarse sus artículos si no es para mejorar sus contenidos.
Artículo 6.º Condiciones más beneficiosas.
El presente convenio sustituye en todos sus extremos, los aplicables y aplicados con anterioridad a su firma, en todo su ámbito de aplicación.
Todas las condiciones contenidas en este Convenio, estimadas en su conjunto, se establecen con el carácter de mínimas, por lo que los pactos o cláusulas que, en su conjunto, impliquen condiciones más beneficiosas con respecto a las convenidas, subsistirán para aquellos/as trabajadores/as que vienen disfrutándolas a título individual y no para quienes, en lo sucesivo, se incorporen a la empresa, manteniéndose estrictamente «ad personam».
Artículo 7.º Absorción y compensación de mejoras.
Durante la vigencia del presente Convenio las mejoras económicas no serán compensables ni absorbibles.
No obstante lo anterior, para el año 2016, en los casos de aquellos trabajadores que no vean disminuido su porcentaje de prima con respecto al VI Convenio Colectivo, la empresa podrá absorber y compensar el incremento experimentado en las tablas para dicho año con la mejora voluntaria que se pudiera estar percibiendo.
CAPÍTULO II
Clasificación del personal
Artículo 8.º Clasificación profesional.
Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en la Empresa serán clasificados en grupos o niveles profesionales.
Esta estructura profesional pretende obtener una estructura productiva más razonable y adaptada a la especial actividad de la Empresa, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y adecuada retribución de los/as trabajadores/as.
Los actuales puestos de trabajo y categorías se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio.
El encuadramiento de los/as trabajadores/as en la estructura profesional pactada y la asignación a cada uno de ellos de un determinado grupo o nivel profesional será el resultado de la conjunta ponderación de los siguientes factores: Formación, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
En la valoración de los factores antes mencionados se tendrá en cuenta:
Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación básica necesaria para cumplir la prestación laboral pactada, la experiencia adquirida, el conocimiento y experiencia en la empresa, entendiendo por tal el dominio de sus herramientas de gestión y de la globalidad del oficio y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.
Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de seguimiento de normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.
Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.
Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión u ordenación de funciones y tareas, la capacidad de interpelación de las funciones desarrolladas por las personas sobre las que se ejerce el mando, las características del colectivo y el número de personas del mismo.
Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea y puesto encomendados.
Los/as trabajadores/as a que este Convenio se refiere serán clasificados/as conforme a los grupos o niveles que a continuación se relacionan, por interpretación y aplicación de los factores de valoración y atendiendo a las tareas y cualificación más representativas que desarrollen:
Grupo o Nivel 1:
Se incluyen en este grupo o nivel aquellos puestos que requieren una formación de titulación superior o equivalente, completada con una dilatada experiencia profesional. La experiencia adquirida en el desempeño de funciones y tareas correspondientes a otros grupos profesionales de menor cualificación, junto con la formación recibida, pueden compensar y homologar la titulación correspondiente para el desempeño de las tareas encomendadas.
Se trata de puestos que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios ámbitos de la empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión por lo menos a Dirección General.
Participan en la definición de las estrategias de la empresa y desarrolla, por tanto, un alto grado de iniciativa. Dirige, en todos los casos, un equipo humano de trabajo.
Grupo o Nivel 2:
Se incluyen en este grupo o nivel a empleados/as que, con un alto nivel de formación, deciden autónomamente acerca del proceso, los métodos y la validez del resultado final dentro de las estrategias fijadas por sus superiores jerárquicos. Las instrucciones se enuncian en términos generales, y han de ser interpretadas y adaptadas en gran medida, estando facultados/as para fijar directrices, por todo lo cual se exige ineludiblemente una gran aportación personal. El desempeño del puesto requiere identificar qué tipo de información se necesita y, además, realizar acciones específicas para provocar su aparición y permitir su obtención. Ejercen, por delegación de sus superiores jerárquicos, su responsabilidad sobre un área funcional, zona de producción, distribución o logística. Tienen bajo su dependencia un equipo humano de trabajo de cuya organización y formación se responsabilizan dentro de la política de Recursos Humanos de la Compañía y bajo las pautas emanadas de la Dirección. Tienen acceso y utilizan información privilegiada de la empresa.
Grupo o Nivel 3:
Incluye aquellos puestos que, requiriendo una formación equivalente a titulación académica de grado medio y una dilatada experiencia profesional, sus funciones consisten en la realización de actividades complejas con objetivos definidos y un grado medio de experiencia en los factores de autonomía y responsabilidad. Dirigen normalmente un conjunto de funciones que comportan una actividad técnica o profesional especializada y, en determinados casos, pueden dirigir un equipo humano de trabajo. En el desempeño de su trabajo necesitan identificar la información que se requiere y ejecutar las acciones que conduzcan a la aparición de la información, a su obtención y a su procesamiento. Tienen acceso y emplean confidencialmente la información básica existente en su área.
Grupo o Nivel 4:
Incluye aquellos puestos en los que precisando de formación básica o, en su caso, de grado medio, completada con formación específica de carácter profesional que proporcione un conocimiento total del oficio o profesión, se realizan funciones con un margen medio de autonomía que exigen, habitualmente, iniciativa y razonamiento, pudiendo ser ayudados por otro/a u otros/as trabajadores/as.
Definen la concepción global de las tareas con su inmediato superior jerárquico, que les asiste y asesora durante la realización de las mismas, verificando su resultado final. En consecuencia, ejerce cierta autonomía al decidir sobre la aplicación concreta de los métodos para alcanzar los objetivos.
Las tareas se encuentran normalmente estandarizadas y se realizan bajo instrucciones de carácter general, si bien se requiere cierta aportación personal para adaptar las normas al trabajo ante nuevas situaciones. Aplica ocasionalmente algunas acciones o procedimientos para seleccionar, buscar, discriminar, etc., la información necesaria, la cual no está siempre presente, por lo que es necesario realizar acciones para obtenerla, acciones que exigen habilidades normales, basadas en la experiencia. El puesto no implica responsabilidad directa en la gestión de equipos humanos.
Tiene acceso y emplea confidencialmente la información básica existente en su área.
Grupo o Nivel 5 (Inicio):
Subgrupo 1: Empleados/as que realizando todas o algunas de las funciones del Grupo o Nivel 3, son de nueva contratación en la Empresa.
Subgrupo 2: Empleados/as que realizando todas o algunas de las funciones del Grupo o Nivel 4, son de nueva contratación en la Empresa.
Artículo 9.º Movilidad funcional.
El ejercicio de la movilidad funcional se efectuará conforme a lo previsto en los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, entendiéndose que a los efectos del ejercicio de la misma los grupos profesionales previstos en el artículo anterior cumplen las previsiones que los artículos 22.2 y concordantes del citado Estatuto de los Trabajadores asignan al mismo.
Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores por un periodo superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el/la trabajador/a podrá reclamar el ascenso si a ello no obsta lo dispuesto en Convenio Colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente.
Con respecto a los trabajadores/as integrados en el Grupo o Nivel 5 de inicio, permanecerán en el mismo durante un máximo de 12 meses entendiendo que dicho plazo es el adecuado para adquirir el dominio de las herramientas de gestión y de la globalidad de su oficio. Una vez cumplido el período máximo, el trabajador/a pasará a integrarse en el grupo superior cuya función desempeña.
A los anteriores efectos, en caso que el/la trabajador/a hubiera prestado ya servicios previamente en la empresa, la duración de los mismos computará a efectos del citado plazo máximo.
CAPÍTULO III
Contratación
Artículo 10.º Contratación indefinida.
La empresa se compromete a transformar en indefinidos, en aquellos centros que tengan más de un año de antigüedad, el 80% del volumen de horas semanales correspondientes a la semana de más baja actividad del año, sin computar las horas de los contratos para la formación y aprendizaje regulados en el artículo 11.2 Estatuto de los Trabajadores y 15.2 del presente Convenio.
Dicho compromiso se cumplirá tanto con transformación de contratos temporales de empleados ya pertenecientes a la plantilla como con contratación externa.
Igualmente la empresa se compromete a comprobar anualmente sobre la plantilla global de la misma, a fechas 1 de febrero, 1 de junio y 1 de octubre, el porcentaje de horas realizadas por contratados indefinidos y temporales. En el supuesto que el porcentaje de horas realizadas por contratados temporales a esas fechas supere el 40% del total plantilla en 2017, el 35% en 2018 y el 30% en 2019, se deberá compensar el exceso con la planificación del siguiente trimestre, tanto a través de la conversión de contratos temporales en indefinidos como a través de aumento de bases horarias de contratados.
Se establecerá una comisión paritaria de seguimiento del compromiso de empleo, con tres miembros por cada parte, a la cual se informará de los resultados de las comprobaciones previstas en el párrafo anterior y que se reunirá semestralmente.
La empresa transformará en indefinidos el 30% de aquellos contratos para la formación que durante cada año natural agoten el período máximo de duración de tres años.
Artículo 11.º Contratos con empresas de trabajo temporal.
La empresa, al contratar con Empresas de Trabajo Temporal la realización de servicios correspondientes a las actividades habituales o propias del sector en los supuestos establecidos en la Ley, lo hará evitando posibles abusos en cuanto a su período de duración.
Artículo 12.º Período de prueba.
Podrá concertarse por escrito un período de prueba que tendrá una duración máxima de seis meses para los Grupos II, III, V Subgrupo 1, y de 30 días naturales para el resto de los grupos y subgrupos profesionales.
En el supuesto de que el contrato tuviera prevista una duración inicial inferior a dos meses el período de prueba no podrá superar un 50% de la duración inicialmente prevista de dicho contrato, con un mínimo de 15 días.
Cuando de nuevo se contrate a un/a trabajador/a que haya permanecido anteriormente vinculado/a a la misma empresa, no será sometido/a a período de prueba, siempre y cuando las funciones a desempeñar en el nuevo contrato sean las mismas que las desempeñadas con anterioridad.
Los períodos de incapacidad temporal no interrumpirán el período de prueba, salvo pacto expreso en contrario.
Artículo 13.º Ceses.
Los/as trabajadores/as que deseen cesar voluntariamente vendrán obligados/as a ponerlo en conocimiento del empresario, por escrito, con una antelación mínima de 15 días, salvo que el contrato tuviera una duración inicialmente prevista de menos de dos meses, en cuyo caso el preaviso se reducirá a siete días.
El incumplimiento de la obligación de preavisar en el plazo previsto en el párrafo anterior dará derecho al empresario a descontar de la liquidación el importe equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el preaviso.
La empresa, en los supuestos de extinción, por finalización, de contratos de carácter temporal, tendrá la obligación de comunicar dicha decisión al trabajador/a con una antelación de 15 días, quedando obligada, en caso de incumplimiento del citado plazo, a abonar al trabajador/a el importe equivalente a un día de salario por cada día de preaviso omitido. Para el supuesto de que el contrato tuviera una duración inicialmente prevista de menos de dos meses, el citado plazo de preaviso se reducirá a siete días.
Los ceses definitivos de los/as trabajadores/as con contrato indefinido que se produzcan en la empresa serán puestos en conocimiento de la representación de los trabajadores con indicación de la causa de los mismos.
Artículo 14.º Contratos de duración determinada.
La contratación de trabajadores/as se ajustará a las normas legales generales, sobre colocación vigentes en cada momento y a las específicas que figuran en el presente Convenio Colectivo, comprometiéndose la empresa a la utilización de los distintos modos de contratación previsto en la ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos.
Todos los/as trabajadores/as disfrutarán de las mismas licencias o permisos, vacaciones retribuidas, régimen de libranza semanal y opción a curso de formación, siempre que sean compatibles con la naturaleza de su contrato en proporción al tiempo efectivamente trabajado y del carácter divisible o indivisible de las prestaciones que pudieran corresponderle.
Con independencia de la modalidad de contrato, el período de prueba se regirá conforme a lo previsto en el presente Convenio Colectivo, esto es, la duración del mismo será idéntica tanto para los contratos a tiempo parcial como para los de tiempo completo.
En cuanto al contrato para obra y servicio determinado se suscribirá para la realización de tareas con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución aunque limitada en el tiempo sea en principio de duración incierta.
Artículo 15.º Contratos en prácticas y para la formación y aprendizaje.
1. Contrato en prácticas:
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
La retribución básica de los/as trabajadores/as contratados/as bajo esta modalidad de contrato será la correspondiente a su Grupo Profesional, todo ello en proporción a la jornada de trabajo que realice.
2. Contrato para la formación y aprendizaje:
El contrato para la formación y aprendizaje tendrá como objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para la cualificación profesional de los/as trabajadores/as.
La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de tres años.
Este contrato se podrá celebrar con trabajadores/as mayores de 16 y menores de 25 años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, requerida para concertar un contrato en prácticas. El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad.
Asimismo, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de los Trabajadores, hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores/as menores de 30 años sin que sea de aplicación el límite máximo de edad establecido en el anterior párrafo.
El tiempo dedicado a la formación nunca será inferior al 25 % el primer año y del 15 % el tiempo restante.
La retribución no podrá ser inferior al salario base establecido para el grupo profesional que le corresponda, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, quedando fijada su cuantía en un 85 % el primer año, un 90 % el segundo año y el 100% el tiempo restante, sobre el salario base correspondiente al trabajo para el que se ha formalizado el contrato de formación y aprendizaje.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia, maternidad, paternidad y adopción o acogimiento, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
No se contratará bajo esta modalidad a trabajadores/as que ingresen en el Grupo o Nivel 5 de Inicio.
Artículo 16.º Contrato a tiempo parcial.
En los contratos a tiempo parcial se deberá especificar el número de horas a realizar al día, a la semana, al mes o al año, así como su distribución en los términos del presente Convenio.
Los/as trabajadores/as contratados a tiempo parcial tendrán una jornada mínima diaria de cuatro horas los días que trabajen, salvo en aquellos casos excepcionales de reunión en el centro de trabajo convocada por la empresa, con un máximo de dos al año.
El tiempo mínimo de contratación a tiempo parcial para aquellos trabajadores con los que se suscriba un pacto de horas complementarias será de 10 horas semanales en cómputo anual.
En cuanto al pacto de horas complementarias, podrá alcanzar el 50% de las horas ordinarias contratadas. Este pacto será voluntario por parte del trabajador/a. Para que sean exigibles, la empresa deberá comunicar al trabajador/a con un preaviso de tres días la realización de dichas horas.
Las horas complementarias podrán distribuirse a lo largo del año natural en función de las necesidades organizativas y productivas de la empresa, sin que su realización supere el 50% de la jornada ordinaria contratada en cómputo semanal, salvo acuerdo entre empresa y trabajador/a.
El/la trabajador/a, previa comunicación a la empresa y acreditación suficiente, podrá dejar en suspenso el pacto de horas complementarias en los siguientes supuestos:
• Realización de estudios oficiales, durante todo el tiempo de duración de los mismos.
• Exámenes, hasta un máximo de siete días anteriores a la realización de cada examen.
• Enfermedad grave, operación o fallecimiento de familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad, hasta un máximo de siete días posteriores al evento.
• Por causa de concurrencia acreditada de realización de otro trabajo, durante el tiempo de vigencia de éste último.
En cualquier caso, el/la trabajador/a podrá dejar sin efecto el pacto de horas complementarias, mediante un preaviso de 15 días, una vez cumplido un año desde su celebración, por los supuestos establecidos en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, por causa de estudios, incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial o por simple acuerdo con la empresa.
Todo/a trabajador/a que, por mutuo acuerdo con la empresa, deje sin efecto el pacto de horas complementarias, podrá suscribir un nuevo pacto igualmente por mutuo acuerdo con la empresa.
A los dos años consecutivos de realización de horas complementarias el/la trabajador/a podrá solicitar la consolidación del 30% de la media de las horas complementarias trabajadas. Igualmente podrá solicitar la consolidación del 50% de la media de las realizadas en los siguientes dos años, pero en este caso siempre y cuando en ese año en el computo total de la plantilla de su centro de trabajo se hubieran hecho como mínimo las mismas horas complementarias que en el año anterior.
Artículo 17.º Empleo.
Siendo intención y objetivo de las partes el que se cumpla con la reserva de puestos de trabajo a favor de personas discapacitadas a que se refiere el art. 38 de la Ley 13/1982, y dadas las dificultades de provisión de la citada reserva en función de los perfiles de puestos de trabajo existentes, empresa y representación de los trabajadores colaborarán en el cumplimiento del citado objetivo.
CAPÍTULO IV
Jornada, descansos y vacaciones
Artículo 18.º Jornada ordinaria.
La jornada máxima anual para los años de duración del Convenio, esto es 2016, 2017, 2018 y 2019 se establece en 1770 horas de trabajo efectivo.
Artículo 19.º Descansos en jornada.
En las jornadas continuadas de ocho o más horas de duración, habrá un descanso de 25 minutos que se considerará tiempo de trabajo efectivo, siendo de 15 minutos en las jornadas de cinco horas continuadas, los cuales nunca serán tomados ni en la primera ni en la última hora de trabajo. Asimismo, el descanso no será justificante de entrada tardía al puesto de trabajo ni salida anticipada.
Los/as trabajadores/as que participen en mudanzas, inventarios o balances en momentos de no apertura al público, tendrán derecho a media hora de descanso para comida, la cual será a cargo de la empresa. Dicho descanso absorberá otros posibles descansos, siendo considerado tiempo de trabajo efectivo.
Artículo 20.º Distribución de la jornada.
La jornada se entiende con carácter general de lunes a domingo, incluyendo aquellos domingos y festivos habilitados como de apertura por cada Comunidad Autónoma.
Sin embargo, aquellos/as trabajadores/as contratados con anterioridad a la firma del III Convenio Colectivo, no tendrán obligación, salvo pacto distinto, de trabajar esos días, manteniendo dicho derecho «ad personam».
En caso de existir planificación horaria en el mismo día durante la mañana y la tarde, se efectuará de manera que no exista un lapso temporal de más de tres horas entre la salida de la mañana y la entrada de la tarde, salvo acuerdo del trabajador/a.
En atención a la especial actividad de la empresa y a las necesidades derivadas de las cargas de trabajo y en aras de una mayor racionalización de los plannings de trabajo, se establece una distribución irregular de la jornada de trabajo. Las trabajadoras embarazadas y los/as trabajadores/as con hijos menores de ocho años podrán dejarla sin efecto cuando la vinieran realizando.
Dicha jornada irregular, de existir acuerdo con el/la trabajador/a, podrá superar ocasionalmente la jornada de nueve horas diarias, respetando la jornada máxima establecida en el artículo 18 anterior así como los descansos establecidos legalmente, sobre la base de los siguientes criterios:
1. La empresa comunicará a cada trabajador/a su planning horario trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) con una antelación de 7 días al inicio del trimestre natural. Dicha previsión trimestral podrá ser modificada por circunstancias imprevistas, siempre que medie acuerdo entre empresa y trabajador/a.
2. La jornada irregular no podrá dar lugar a un incremento superior al 40% de la base semanal, con el límite de 45 horas semanales, salvo acuerdo entre la empresa y el/la trabajador/a.
3. Los excesos de jornada, sobre la base en módulo semanal, serán compensados dentro del trimestre, antes o después de su realización, de manera que a la finalización del trimestre no se supere esa base en módulo medio semanal en cómputo trimestral.
4. De producirse excesos en el tiempo de trabajo efectivo en cómputo anual, computado de 1 de enero a 31 de diciembre, se compensarán a razón de una hora de descanso por cada hora de exceso de la jornada anual efectiva, a disfrutar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del cómputo, procurando igualmente ambas partes que dichas horas de descanso no coincidan con períodos punta de producción.
Artículo 21.º Descanso semanal.
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un descanso de dos días a la semana, siendo preferiblemente uno de ellos en domingo.
Todos los/as empleados/as gozarán de un mínimo de descanso semanal que comprenda dos fines de semana completos (sábado y domingo) por año, organizado a turnos, fuera del período vacacional.
Artículo 22.º Trabajo en domingo y festivos.
Todos los/as trabajadores/as tendrán derecho a no trabajar más del 60% los domingos y festivos, con un máximo de 18 domingos y festivos trabajados, salvo adscripción voluntaria del trabajador/a.
Cada hora trabajada en domingos o festivos será retribuida con un recargo del 50% del salario bruto anual dividido por la jornada anual.
Los/as trabajadores/as que no tengan obligación de trabajar en domingos y festivos para los que, por tanto, el trabajo en dichos días resulte voluntario, tendrán derecho a percibir, adicionalmente al recargo señalado en el párrafo anterior, un complemento por trabajo voluntario en domingos y festivos equivalente a un recargo del 50% del salario bruto anual dividido por la jornada anual por hora trabajada en dichos días.
A efectos de retribución, se considerará domingo o festivo desde las 22´00 horas del día previo hasta las 6:00 horas del día posterior al mismo.
Artículo 23.º Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan, en el trimestre, del cómputo medio de la base semanal del contrato.
Dichas horas se abonarán a razón de 15 euros para los grupos II y III y 13 euros para el resto. En ningún caso computarán de cara a la jornada máxima anual prevista en el artículo 18 del presente Convenio.
En lo no contemplado específicamente en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 24.º Trabajo nocturno.
Tendrán consideración de horas nocturnas las realizadas entre las 22:00 y las 6:00 horas.
El personal cuya jornada laboral coincida total o parcialmente con el horario nocturno establecido en este artículo, percibirá una compensación adicional equivalente al 25 % del valor de una hora ordinaria de trabajo por cada hora de su jornada laboral que coincida con dicho horario nocturno o parte proporcional.
Se exceptúa de lo anterior a aquellos/as trabajadores/as cuyo salario haya sido pactado atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza.
Igualmente, tendrán derecho a la compensación adicional recogida en el artículo 22 anterior, los/as trabajadores/as que desarrollen su jornada en más de media hora en horario nocturno de día considerado como festivo.
En caso de desarrollo de la actividad, en un horario en el que concurran dos o más circunstancias con distinta consideración económica (festivo, nocturno, etc.), la empresa estará obligada a compensar adicionalmente la misma sobre la base del concepto mas caro de los que concurren.
Artículo 25.º Vacaciones.
Todos los/as trabajadores/as incluidos en el presente Convenio disfrutarán anualmente de un período retribuido de vacaciones de 23 días laborales. De ellos, once se podrán tomar entre junio y septiembre.
El/la trabajador/a que, con al menos un año de antigüedad en la empresa, disfrutase menos de esos once días de vacaciones en el período junio-septiembre, por causas imputables a la empresa, disfrutará de dos días más de vacaciones.
Para aquellos/as empleados/as con contratos a tiempo parcial, el cómputo de vacaciones se calculará teniendo en cuenta las horas efectivamente trabajadas en proporción a un tiempo completo. En todo caso, se computará en base a la media de las horas efectivamente trabajadas.
En el supuesto de incapacidad laboral por accidente grave u hospitalización durante el período de disfrute de vacaciones, se interrumpirá éste, disfrutándose los días restantes en otro período, de mutuo acuerdo con la empresa.
La trabajadora en situación de embarazo, podrá unir su período vacacional al periodo anterior o posterior a la baja por maternidad, aún siendo fuera del año en curso.
Los trabajadores en baja por paternidad podrán juntar tal período con el de vacaciones siempre que el ejercicio del derecho se preavise con un mínimo de 10 días antes de la finalización de la baja por paternidad. Igualmente se podrá unir el período de vacaciones a los permisos por defunción o de enfermedad de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que se garantice la continuidad del servicio y la atención al cliente.
Las vacaciones se disfrutarán por turnos organizados en cada centro de forma que garanticen la continuidad del servicio y la atención al cliente, en particular en temporadas de máxima actividad (rebajas, Semana Santa, verano, vuelta al cole, y Navidad). En caso de no existir acuerdo dentro de cada equipo, se establece un derecho de opción en la elección del turno de vacaciones a aquellos/as empleados/as que no hubieran ejercitado dicha opción en el ejercicio inmediatamente anterior.
En cualquier caso los trabajadores/as que tengan hijos/as menores y que por convenio regulador o sentencia judicial de separación o divorcio se disponga que sólo pueden disfrutar de la compañía de sus hijos/as en determinado mes de vacaciones, tendrán derecho a que las vacaciones a disfrutar en período estival, según lo previsto en este artículo, coincida con dicho mes. A tal efecto se deberá acreditar con la copia de la resolución judicial que establece o ratifica el régimen de vacaciones.
Dentro del primer trimestre anual, la empresa elaborará conjuntamente con los delegados de personal, Comité de Empresa o trabajadores/as en caso que no existan aquellos, los calendarios de vacaciones estivales.
Cuando coincida total o parcialmente el periodo de vacaciones fijado en el calendario laboral de la empresa con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48, apartados 4, 5 y 7, del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
CAPÍTULO V
Permisos y licencias
Artículo 26.º Permisos retribuidos.
El/la trabajador/a deberá acreditar ante la empresa el hecho que da lugar al disfrute de la licencia.
Los motivos que den lugar al permiso se comunicarán con la máxima antelación posible. Se exceptúan los casos de urgencias, en los que el/la trabajador/a deberá comunicar el hecho durante las primeras 24 horas sin perjuicio de su posterior justificación. Las licencias se concederán en las fechas en que acontezcan los hechos motivadores.
En caso de que se superpongan distintas causas de licencias se concederá únicamente aquella que tenga atribuida un mayor número de días de disfrute. Los permisos a los que se refiere el presente artículo, serán abonados a salario real, es decir, en la misma forma y cuantía que se percibe en un día trabajado.
El/la trabajador/a previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Por Matrimonio bajo cualquier creencia que surta efectos civiles: 15 días naturales.
b) Para atender personalmente asuntos propios que no admitan demora: El tiempo necesario para resolver estos asuntos previa demostración de la indudable necesidad y teniendo en cuenta para ello los desplazamientos que el/la trabajador/a haya de hacer fuera de su provincia o isla de residencia y las demás circunstancias que en el caso concurran.
c) Enfermedad grave o intervención quirúrgica de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: tres días ampliables hasta cinco cuando el/la trabajador/a tenga que efectuar un desplazamiento fuera de su provincia o isla de residencia.
El disfrute de este permiso podrá efectuarse en cualquier momento, incluso de manera discontinua, mientras se mantenga la hospitalización del pariente que da derecho a la misma.
d) Fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: cinco días laborables ampliables a siete días si se tiene que producir un desplazamiento fuera del país.
e) Traslado de domicilio: un día.
f) Nacimiento de hijo: tres días laborables ampliables hasta cinco cuando el trabajador tenga que efectuar un desplazamiento fuera de su provincia o isla de residencia. En los supuestos de hospitalización de la madre o el hijo, dicho permiso podrá disfrutarse en el plazo de los 10 días siguientes al nacimiento. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el trabajador tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.
g) Realización de trámites de adopción o acogimiento: Hasta cinco días para la realización del trámite de conocimiento o formalización legal del acogimiento o adopción.
h) Por boda de hijos, hermanos o padres: un día natural
i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido en el ejercicio del sufragio activo en las condiciones establecidas en la letra d del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
A efectos de los permisos establecidos en los apartados c) y d) anteriores, se equipararán las parejas de hecho, siempre y cuando se encuentren inscritas en el Registro correspondiente con una antelación mínima de 15 días al hecho causante que origine el derecho al permiso.
Artículo 27.º Permisos no retribuidos.
Además de las actualmente establecidas los empleados podrán disfrutar de una licencia sin retribución de hasta 15 días al año, por períodos no inferiores a dos días y sin que el disfrute de esa licencia pueda coincidir con el principio o final de cualquier tipo de licencia o vacaciones, puentes, primera semana de venta especial de enero y ventas de julio, Navidades y Reyes. La empresa concederá este tipo de licencia siempre que haya causa justificada y lo permita la organización del trabajo. Tanto la petición del trabajador/a como la concesión o no por parte de la empresa, deberá efectuarse por escrito y aduciendo la justificación oportuna.
No obstante lo anterior, el inicio del disfrute de esta licencia podrá coincidir con el final del período de suspensión de contrato previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y con el final del disfrute acumulado del período de lactancia.
Artículo 28.º Excedencias.
I. La excedencia podrá ser voluntaria, forzosa o especial por beca. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la elección o designación de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá solicitarse dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
II. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales, tendrán derecho a la excedencia forzosa, con derecho a reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo incorporares a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese.
III. El/la trabajador/a con al menos una antigüedad de un año en la empresa, tiene derecho a solicitar la excedencia voluntaria por un periodo no menor a cuatro meses ni mayor a cinco años, salvo acuerdo individual.
El/la trabajador/a que no solicite el reingreso con una antelación mínima de un mes a la terminación de su excedencia voluntaria perderá el derecho al reingreso, causando baja laboral.
Las excedencias voluntarias únicamente generan, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho preferente al reingreso en la empresa en puesto de igual o similar grupo o nivel profesional.
IV. Se establece la posibilidad de solicitar una excedencia especial, con reserva de puesto de trabajo, de hasta tres meses para los casos de prácticas/beca curricular o extracurricular en supuestos de convenios de colaboración Universidad/Empresa. Se concederá siempre que, por el número de solicitudes, no genere un problema de organización, en cuyo caso se podrá denegar, contestando siempre por escrito.
CAPÍTULO VI
Retribuciones
Artículo 29.º Salario base.
Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio tienen derecho, por la jornada ordinaria de trabajo, a un salario base anual de acuerdo con los niveles retributivos que, en función de la clasificación de grupos profesionales. Para el año 2016 las tablas salariales son las que se establecen en el Anexo I con efectos desde la firma de este Convenio.
Dicha tabla compensa para las jornadas completas la posibilidad de realizar jornada flexible, previa aceptación en su caso del trabajador/a.
Para los años 2017, 2018 y 2019, los salarios base experimentarán un incremento del 0,7%, 0,9% y 1,1%, respectivamente, con efectos del 1 de enero de cada uno de estos años.
Adicionalmente, tras el cierre de cada uno de estos cuatro ejercicios (2016, 2017, 2018 y 2019), se establece para los trabajadores/as que hubieren estado trabajando en la empresa todo el año, el pago de una cantidad, por una sola vez y no consolidable en tablas, en concepto de bonus en función del cumplimiento de un porcentaje de incremento de la cifra de ventas global de ese año de la empresa sobre las del año anterior, según su cuenta de pérdidas y ganancias.
Dicho bonus se generará aplicando la siguiente escala, no acumulativa, sobre el salario base bruto anual sin prima:
– 2,5 % incremento cifra de ventas = Bonus 0,15% salario base bruto anual.
– 3 % incremento cifra de ventas = Bonus 0,3% salario base bruto anual.
– 3,5 % incremento cifra de ventas = Bonus 0,45% salario base bruto anual.
– 4% incremento cifra de ventas = Bonus 0,6% salario base bruto anual.
– 4,5% incremento cifra de ventas = Bonus 0,75% salario base bruto anual.
– 5% o más porcentaje de incremento de cifra de ventas = Bonus 0,9% salario base bruto anual.
Si el incremento porcentual sobre las ventas del ejercicio anterior no alcanzara un mínimo del 2,5%, no se tendría ningún derecho por este concepto, no generándose bonus.
Artículo 30.º Gratificaciones periódicas fijas.
Se pacta expresamente el prorrateo de las pagas extraordinarias en las doce mensualidades del año. Su importe, en todo caso, está expresamente incluido en el salario bruto anual fijado para cada año de vigencia del convenio conforme a las tablas salariales que contiene el Anexo I, sin que se devengue cantidad adicional a la que consta en las citadas tablas por el concepto de gratificación periódica fija o paga extraordinaria.
Articulo 31.º Primas.
Los trabajadores/as tendrán derecho a percibir la prima a partir de su tercer mes en la empresa. No obstante, si el trabajador hubiera permanecido en la empresa al menos tres meses dentro de los últimos doce meses, tendrá acceso inmediato al sistema de prima.
El sistema de primas se regirá según las tablas que a continuación se adjuntan para los años 2018 y 2019.
Excepcionalmente para los años 2016, con efectos de la firma del Convenio, y 2017, las tablas aplicables serán las que se adjuntan al presente texto como Anexo II.
En cualquier caso el porcentaje de prima variable es propio del puesto de trabajo ocupado reflejado en las tablas adjuntas y los rangos de primas pueden ser distintos para diferentes puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional.
1. Se entiende por:
– RBE: Resultado Bruto de Explotación, según Cuenta de Explotación mensual de la tienda.
– Mes 13: confirmación del resultado bruto de explotación anual en el mes de febrero, resultante del cierre fiscal anual auditado. Sólo podrá ser percibida por las personas que hayan completado el año de principio a fin.
– DDA: desde el principio del año.
– VV: volumen de ventas sin IVA incluyendo ventas por internet imputadas a la tienda.
– Tiendas Comparables: a efectos de cálculo de las primas, se consideran tiendas comparables aquellas que tienen una antigüedad superior a 12 meses.
– Crecimiento: comparación de los resultados de la totalidad de las tiendas.
– Progresión: comparación de resultados de las tiendas comparables.
– Cuenta de Explotación mensual (CEx mensual): estado contable que permite conocer los principales datos económicos del centro. Se obtiene con una periodicidad mensual.
– Coste artículo: es el coste de un artículo calculado por la relación entre el número de artículos tratados y los gastos generados por el almacén relativos a su tratamiento (salvo coste de transporte).
2. La prima se hace efectiva con una periodicidad mensual.
3. La prima del mes se calcula siempre sobre los resultados obtenidos en el mes anterior. Esto es, se hace efectiva en la nómina del mes siguiente a los resultados obtenidos.
4. La prima de los/as trabajadores/as que, a lo largo del mes de cálculo, hayan desarrollado sus funciones en distintos universos o zonas, se calculará tomando en consideración la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de los mismos. El mencionado cálculo se realizará sobre la base del tiempo dedicado a cada zona.
Año 2018
Sistema de primas por función
Tiendas de menos de un año
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja o de recepción.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (mes a mes con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Vendedor/a
Deportista
Técnico de Taller.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Organizador/a de Explotación.
Responsable de Cajas.
0 a 15%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (periodicidad mensual con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Tiendas entre uno y cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
12% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
12% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
12% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
12% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
12% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
12% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Mes a mes con regularización en el mes 13.
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas entre cuatro y siete años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
9% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
9% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
9% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
9% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
9% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
9% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas de más de siete años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
7% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de las distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
7% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de las distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Actividad Logística
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Operario/a logística/ Operario/a técnico de logística.
0 a 5%: Objetivo de Crecimiento del volumen de ventas sin IVA de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 5%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Resp de Sección Logística, Responsable Transporte Almacén, Organizador/a económico y/o de explotación del Almacén.
0 a 10%: Objetivo de Crecimiento del volumen de ventas sin IVA de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 10%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Estructura Región
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios Regionales
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del volumen de ventas sin IVA del global de la región (como suma del total de tiendas que componen la región).
1/2 Prima: RBE de la región.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Estructura País
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios País
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del volumen de ventas sin IVA del global del país (como suma del total de tiendas que componen el país).
1/2 Prima: RBE del global del país (todas las actividades)
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Año 2019
Sistema de primas por función
Tiendas de menos de un año
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja o de recepción.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (mes a mes con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Vendedor/a
Deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas IVA incluido de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Organizador/a de
Explotación
Responsable de Cajas.
0 a 15%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (periodicidad mensual con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Tiendas entre uno y cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
13% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
13% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
13% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
13% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
13% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
13% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Mes a mes con regularización en el mes 13.
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas entre cuatro y siete años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
10% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
10% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
10% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
10% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de los distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
10% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
10% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas de más de siete años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
7% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de las distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la Sección.
7% de progresión da el máximo de prima
Si tiene varias Secciones: suma del VV de las distintas Secciones comparado con el VV del año anterior.
0 a 5%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del volumen de ventas sin IVA de la tienda.
7% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Actividad Logística
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Operario/a logística/ Operario/a técnico de logística.
0 a 5%: Objetivo de Crecimiento del volumen de ventas sin IVA de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 5%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Resp de Sección Logística, Responsable Transporte Almacén, Organizador/a económico y/o de explotación del Almacén.
0 a 10%: Objetivo de Crecimiento del volumen de ventas sin IVA de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 10%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Estructura Región
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios Regionales
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del volumen de ventas sin IVA del global de la región (como suma del total de tiendas que componen la región).
1/2 Prima: RBE de la región.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Estructura País
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios País
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del volumen de ventas sin IVA del global del país (como suma del total de tiendas que componen el país).
1/2 Prima: RBE del global del país (todas las actividades)
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Artículo 32.º Comisión paritaria de primas.
El sistema de primas se seguirá y, en su caso, se revisará, por una comisión paritaria constituida de la manera siguiente:
Por la empresa: tres miembros.
Por la representación de los trabajadores: tres miembros elegidos de entre la comisión negociadora firmantes del Convenio.
Dicha comisión se reunirá durante el primer trimestre de cada año y sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cada parte.
Para la validez de los acuerdos se requerirá, como mínimo, la presencia de más del 50% de los miembros de cada parte.
En caso de no obtenerse acuerdo, se prorrogará automáticamente el sistema de primas vigente.
Artículo 33.º Reembolso de gastos.
El importe de los gastos ordinarios por este concepto se abonará por el empresario, previa presentación por parte del trabajador/a de los correspondientes justificantes, conforme a las siguientes normas:
• Comidas:
Tipo de comida
Reembolso
Desayuno individual fuera del lugar habitual de trabajo.
6 € por persona máximo.
6 € para desplazamientos fuera de España.
Comida individual fuera del lugar habitual de trabajo.
12 € por persona máximo.
18 € para desplazamientos fuera de España.
Cena individual fuera del lugar habitual de trabajo.
18 € por persona máximo.
24 € para desplazamientos fuera de España.
Forfait diario.
30 € por persona máximo.
42 € para desplazamientos fuera de España.
• Alquiler de coche o uso del vehículo propio:
La norma según la cual se recurrirá al uso del vehículo propio o de un vehículo de alquiler, así como la categoría de coche de alquiler que conviene solicitar es la siguiente:
D = distancia por día
Reembolso
si D < 100 Km/día.
Vehículo Privado.
si D > 100 Km/día y < 300 Km./día.
Coche de alquiler Categoría A-B.
si D > 300 Km/día o transporta 3 o mas pasajeros.
Coche de alquiler Categoría C-D.
El kilometraje cuenta a partir del lugar habitual de trabajo y solo se aplica a los supuestos en los que se hiciera uso de vehículo propio, dentro de los límites establecidos.
La norma se establece como sigue:
D = distancia por día
Reembolso
Si D < 100 Km /día
0,35€ / Km.
Si D > 100 Km / día
Coche de alquiler.
La Empresa tiene concertado un seguro para cubrir los posibles daños del vehículo propiedad del empleado/a, cuando se produzca desplazamiento profesional en el que no sea factible el alquiler de vehículo.
Artículo 34.º Anticipos.
El/la trabajador/a tendrá derecho a percibir mensualmente, sin que llegue el día señalado para el pago del salario, un anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. Éste será efectivo en 48 horas.
CAPÍTULO VII
Políticas Corporativas. Conciliación de la vida laboral y familiar
Artículo 35.º Reducción de jornada por motivos familiares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, quienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o un discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
Las y los progenitores adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción corresponderá al trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá preavisar con quince días de antelación a la fecha en la que se incorpora a su jornada ordinaria.
Artículo 36.º Suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento y lactancia.
La suspensión del contrato de trabajo por parto, adopción o acogimiento, se regirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores.
En el caso de mujer embarazada, previo informe médico, se facilitará transitoriamente un puesto de trabajo más adecuado a sus circunstancias, tomando en consideración las posibilidades técnicas y organizativas de trabajo en la Empresa.
En el periodo inmediatamente posterior a las 16 semanas de permiso por maternidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a que se le conceda una reducción de jornada con la consiguiente reducción en el salario conforme al artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción corresponderá al/la trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria y deberá preavisar con quince días de antelación a la fecha en la que se incorpora a su jornada ordinaria.
Los/las trabajadores/as por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, a su opción, bien a una hora de ausencia al trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones, bien a una reducción de la jornada normal en media hora o, bien, si no fuere a suspender su contrato de trabajo en los 9 meses siguientes al parto, a acumular las horas establecidas como permiso para lactancia y disfrutar de tres semanas de permiso retribuido, siempre y cuando el ejercicio de esta facultad se realice al finalizar el periodo de baja por maternidad, y se preavise del ejercicio de este derecho con quince días de antelación a la reincorporación tras la baja por maternidad, y no fuese a suspender su contrato su contrato de trabajo.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora durante el tiempo que dure esta hospitalización, teniendo la consideración de licencia retribuida.
Artículo 37.º Ayuda a la maternidad/paternidad.
En caso de nacimiento o adopción la empresa entregará un vale de compra por un importe de 225 euros.
Artículo 38.º Excedencias para la conciliación de la vida laboral y familiar.
I. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa conforme al artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
Durante el primer año de excedencia, el/la trabajador/a tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido éste, la reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
Por lo que se refiere a la solicitud de reingreso, ésta deberá efectuarse por escrito en la Dirección de la Empresa, al menos un mes antes de la terminación de la excedencia, ya sea por agotamiento de los tres años o no.
El nacimiento o adopción de nuevo hijo, dará lugar al inicio de un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que viniere disfrutando.
II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años los/as trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por si mismos, y no desempeñen actividad retribuida.
III. Si dos o más trabajadores/as de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, las empresas podrán limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de las empresas.
IV. En los casos contemplados en los apartados I y II de este apartado, en que el/la trabajador/a permanezca en situación de excedencia, dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado/a por la Dirección, especialmente con ocasión de su reincorporación.
V. Se establece una excedencia especial de hasta tres meses, con reserva de puesto de trabajo, para los/as trabajadores/as que estén tramitando una adopción internacional.
Dicha excedencia, que deberá ser justificada, deberá ser solicitada al Director/a del centro por el/la beneficiario/a mediante el correspondiente escrito, en el que deberá concretarse la fecha de reincorporación a su puesto de trabajo, que será automática.
Artículo 39.º Excedencia por fallecimiento.
En el caso de fallecimiento del cónyuge del trabajador o trabajadora, de la persona con quien conviva como pareja de hecho debidamente inscrita, o de un familiar de primer grado, dicho trabajador o trabajadora tendrá derecho a una excedencia especial no retribuida y, por tanto, será baja en la Seguridad Social por todo el tiempo de duración de la misma.
Dicha excedencia, que deberá ser justificada, tendrá una duración máxima de tres meses naturales, contados a partir del cuarto o sexto día, según proceda, del fallecimiento y deberá ser solicitada al Director/a del centro por el/la beneficiario/a mediante el correspondiente escrito, en el que deberá concretarse los requisitos requeridos en el primer párrafo de este articulo, así como la fecha de reincorporación a su puesto de trabajo, que será automática.
Artículo 40.º Cambios de plannning.
La empresa facilitará el cambio de planning para las trabajadoras en tratamiento de técnicas de reproducción asistida, siempre que se preavise con una antelación mínima de 10 días.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones varias
Artículo 41.º Incapacidad temporal.
Se establece un complemento a cargo de la empresa, mientras se mantenga vigente la relación laboral, sobre el subsidio reglamentario, que garantice el 100% de la base reguladora del mes anterior a la baja por incapacidad, ya sea por enfermedad común o accidente de trabajo, con el límite de 12 meses, prorrogable por otros seis meses.
Salvo en los supuestos de contingencias profesionales, embarazo, recaída, hospitalización y/o intervención quirúrgica y/o inmovilización de miembros, de producirse varias bajas por incapacidad temporal, dentro de un mismo año, a partir de la tercera baja inclusive se dejará de abonar el complemento referido en el párrafo anterior.
La empresa tendrá la facultad de realizar controles médicos asistenciales a todo el personal en situación de baja I.T, siendo el coste a cargo de la empresa. Los Delegados de Personal y Comité de Empresa colaborarán con la empresa al objeto de controlar el absentismo y de este modo, reducirlo al mínimo posible.
Artículo 42.º Seguro de vida.
La empresa concertará una póliza de seguro que garantice a los/as trabajadores/as un capital equivalente a dos anualidades de salario de cada uno de ellos/as, garantizándose, en todo caso, un importe mínimo de 6.010 euros, sea cual sea el salario pactado.
Este importe será percibido por el/la trabajador/a o por los/as beneficiarios/as designados/as, en los supuestos de declaración de invalidez en los grados de absoluta para todo trabajo o gran invalidez, o por muerte, siempre que se cumplan las condiciones generales concertadas en la póliza suscrita para cubrir el riesgo citado.
Los representantes de los trabajadores podrán conocer el contenido de la póliza suscrita a este efecto. La responsabilidad de la empresa quedará limitada a concertar dicha póliza de seguros y a abonar el coste de la prima correspondiente.
Artículo 43.º Prendas de trabajo.
La empresa estará obligada a entregar a los/as trabajadores/as dos equipamientos de prendas de trabajo que sean precisas por función, por año y por trabajador/a, con el correlativo deber de usarlas en la empresa.
Las prendas de trabajo no se considerarán propiedad del trabajador/a y para su reposición deberá entregarse la prenda usada.
Artículo 44.º Descuento por compras.
A las compras de los/as trabajadores/as efectuadas en la Empresa, se les aplicará un descuento del 10% sobre el precio de venta al público, excepto en los productos propios de la marca Decathlon, en los que se aplicará un 20%. En aquellos productos previamente rebajados, no se aplicará ninguna rebaja adicional. Para tener acceso a estos descuentos será preciso que el/la trabajador/a haya permanecido en la empresa al menos tres meses dentro de los últimos doce.
Artículo 45.º Formación.
Todo empleado/a se compromete a seguir las prácticas y formaciones obligatorias. Como formaciones obligatorias se entienden aquellas que hagan referencia a sus funciones habituales en la empresa. Dichas formaciones obligatorias serán siempre de carácter retribuido.
Además el/la trabajador/a dispondrá de los derechos de promoción y formación profesional según dispone el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 46.º Protocolo de actuación: acoso laboral.
Acoso moral. Definición: La situación de hostigamiento que sufre un trabajador/a sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológicas.
La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos indeseados y adoptará las medidas oportunas al efecto, entre otras, la apertura de expediente contradictorio.
Con independencia de las acciones que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso ante una persona de la dirección de la empresa.
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales.
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación planteada.
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes a clarificar los hechos.
Durante el proceso, que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días desde que la dirección de la empresa sea conocedora de la denuncia, todos los actuantes guardarán estricta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.
Con respecto al acoso sexual y por razón de sexo, empresa y representación de los trabajadores negociarán un protocolo específico en el seno de las medidas y objetivos del Plan de Igualdad.
Artículo 47.º Violencia de género.
La violencia de género, como expresa la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en el apartado 3 de su artículo 1, comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación de libertad.
I. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo en los mismos términos establecidos para la reducción de jornada por guarda legal en el Estatuto de los Trabajadores y en el presente Convenio.
II. La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, que se podrán ampliar a instancia de la trabajadora hasta tres años, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
III. El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
IV. El contrato de trabajo podrá extinguirse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del ET, por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
V. A los efectos de lo señalado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, no se computarán como faltas de asistencia, las ausencias motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.
VI. Se entiende por trabajadora víctima de la violencia de género a los efectos previstos en este Convenio la expresamente declarada como tal por aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre.
CAPÍTULO IX
Representación colectiva
Artículo 48.º Comisión paritaria de interpretación, vigilancia y mediación.
Para todas aquellas cuestiones que se deriven de la aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo, se constituye la siguiente comisión paritaria:
Titulares:
Por la empresa 3 miembros y por la Representación de los Trabajadores 3 miembros, los cuales serán designados y comunicados respectivamente.
Suplentes:
Por la empresa: tres miembros a designar por la Representación de la empresa.
Por la representación de los trabajadores: tres miembros a designar por la Representación de los Trabajadores y comunicados igualmente a la empresa.
Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha comisión, esta deberá reunirse en un plazo máximo de 15 días.
Serán funciones de esta comisión paritaria ejercer funciones de arbitraje y mediación en cuantas cuestiones sean sometidas por las partes a su consideración y vigilar el cumplimiento de lo pactado en el presente Convenio Colectivo.
Dentro de la comisión paritaria los acuerdos se adoptarán, por unanimidad, o en su defecto por mayoría simple por cada parte, y quedarán reflejados en un acta sucinta que habrán de suscribir todos los asistentes a la reunión.
Para la validez de acuerdos se requerirá como mínimo la presencia de más del 50% de los vocales por cada parte. En caso de no haber acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas, a los efectos de someter, en su caso, las discrepancias producidas en su seno al sistema que se establece en el artículo 48 del presente Convenio, y se designa específicamente como órgano de mediación al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Al principio de cada reunión, ambas partes decidirán de mutuo acuerdo, las personas que deban actuar de moderador y secretario de actas. A las reuniones que celebre la comisión podrán acudir con voz pero sin voto, los expertos que las partes crean convenientes. Además, la comisión mediará en todos aquellos asuntos atribuidos expresamente a la misma en el presente convenio.
Artículo 49.º Acuerdo de solución extrajudicial de conflictos.
Ambas partes acuerdan su adhesión al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), incluyendo el sometimiento de las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Paritaria.
CAPÍTULO X
Salud laboral
Artículo 50.º Principios generales.
La empresa velará por el cumplimiento y observancia de lo previsto en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y a tal fin colaborará activamente con la representación de los trabajadores especializada en la materia.
Artículo 51.º Delegados de prevención.
Los Delegados/as de Prevención serán designados de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Son funciones de Delegados/as de Prevención promover en la Empresa la observancia y general aplicación de las normas de Prevención de Riesgos Laborales y de todas las disposiciones legales vigentes de obligado cumplimiento relativas a esta materia, así como promover, estudiar y dar publicidad a las medidas que estime oportunas en orden a la prevención de riesgos profesionales.
Asimismo, conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones máquinas, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que pueden afectar a la vida o integridad física de los/as trabajadores/as e informar de los defectos y peligros que adviertan a la Dirección de la Empresa, a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas preventivas necesarias y cualesquiera otras que considere oportunas.
Además, velarán especialmente por la identificación de aquellos trabajos que tengan o revistan riesgos para la salud o integridad física de los/as trabajadores/as.
CAPÍTULO XI
Régimen disciplinario
Artículo 52.º
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores en la Empresa, según su índole y circunstancia serán calificadas como faltas leves, graves o muy graves:
Serán faltas leves:
1. Hacer compras a título personal con indumentaria de trabajo puesto o durante el horario de trabajo.
2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo a la integridad de las personas, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.
3. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando exceda de 15 minutos en un mes.
4. La falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.
5. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
6. Utilizar teléfonos móviles durante la jornada laboral en contra de las instrucciones de la empresa.
7. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
8. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material de la empresa.
9. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio, fiscales o de domiciliación bancaria.
Serán faltas graves:
1. La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal.
2. Los retrasos no justificados superiores a 30 minutos en el periodo de un mes.
3. La ausencia al trabajo sin la debida justificación o causa justificada de un día al mes o de dos días en un período de seis meses
4. Causar daño, utilizar indebidamente o apropiarse de materiales de trabajo, herramientas o útiles de la empresa de escaso valor, caso contrario la falta se considerará muy grave.
5. Efectuar trabajos personales sin autorización previa del responsable.
6. Vender mercancías propias en el lugar de trabajo.
7. Efectuar a terceros y familiares descuentos no autorizados expresamente. Según el valor de los descuentos esta falta podría llegar a ser calificada de muy grave.
8. Ausencia de justificación de los permisos y licencias.
9. Mostrar una actitud injuriosa hacia el personal o la clientela.
10. Quitar o neutralizar cualquier dispositivo de protección y de seguridad de las máquinas o del equipo de trabajo e incumplir, con carácter general, las normas de seguridad establecidas en la Compañía, salvo que la entidad del incumplimiento o el daño derivado del mismo hiciera calificable la conducta como falta muy grave
11. Las ofensas verbales o físicas en el recinto del establecimiento.
12. Acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes.
13. Fumar en zona donde no esté autorizado.
14. Utilizar los ordenadores y los medios de comunicación facilitados por la empresa para usos distintos para los que se han habilitado, incluyendo el correo electrónico, salvo que la entidad del incumplimiento hiciera calificables la conducta como muy grave.
Serán faltas muy graves:
1. La reincidencia en tres faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza.
2. Sacar mercancías o documentos propios de la empresa, sean cuales sean, sin la autorización del responsable jerárquico, excepto los representantes de los trabajadores, dentro de sus potestades legales.
3. Falsificar facturas, vales de cambio, tarjetas de descuento y notas de reembolso de gastos de desplazamiento, así como el uso indebido de los cheques regalo o su apropiación.
4. Consumir, llevarse o utilizar para fines personales mercancías y materiales destinados a la venta al público.
5. Introducir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo, salvo autorización expresa.
6. Los malos tratos de palabra y obra, abuso de la autoridad o la falta de respeto y consideración a trabajadores y trabajadoras de la empresa.
7. La falta de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad y a las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercidas sobre trabajadores o trabajadoras de la empresa.
8. La introducción y consumo de estupefacientes
9. La ausencia al trabajo sin la debida justificación o causa justificada de más de un día al mes.
10. El fraude, aceptación de recompensas o favores de cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo tanto a la empresa como a los/as compañeros/as de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar. Obtención de beneficio particular en el trato con proveedores. Aceptación de Regalos de colaboradores externos de la empresa.
11. La simulación de enfermedad o accidente.
12. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materias primas, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
13. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la empresa.
14. Reincidencia en el préstamo de tarjeta descuento a personas no autorizadas para su uso, así como la cesión de descuentos concedidos al personal.
15. La transgresión de las normas de seguridad informática o el quebranto de la confidencialidad de los datos.
16. La transgresión de la buena fé contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
17. La transgresión de las normas de confidencialidad y la apropiación o utilización indebida de información recibida en o como consecuencia del trabajo.
18. El incumplimiento de obligaciones referidas a materiales calificados como especialmente peligrosos.
19. El incumplimiento de la realización de los controles de stock establecidos o que se pudieran establecer, así como el falseamiento de los datos correspondientes a dichos controles.
20. El acoso moral o sexual efectuado a los compañeros o a cualquier persona relacionada con el centro de trabajo.
Estos supuestos en el caso de que sean ejercidos desde posiciones de superioridad jerárquica y aquellos que se ejercieran sobre personas con contratos temporales, se considerarán además de falta muy grave, como abuso de la autoridad.
Artículo 53.º Comunicación previa.
En caso de sanción de carácter muy grave o despido a un trabajador/a, y antes de que esto se produzca de forma efectiva, el comité de empresa, delegado/a de personal o delegado/a sindical, deberá ser informado/a. En cualquier caso el/la trabajador/a podrá solicitar la presencia del comité de empresa o delegado/a de personal.
Artículo 54.º Sanciones máximas.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
1. Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por escrito o suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.
3. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de once a cincuenta días o despido.
Artículo 55.º Normas de procedimiento.
Corresponde a la dirección de la empresa, con conocimiento del comité o delegados de personal de la misma, la facultad de sancionar disciplinariamente a sus trabajadores/as.
Artículo 56.º Prescripción de las faltas.
Se estará a lo dispuesto en el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores.
ANEXO I
Tabla salarial 2016
Salarios 2016
Salario Base Anual (Con inclusión de pagas extra)
Salario Base Mensual (Con inclusión de pagas extra)
Precio Hora Tiempo Parcial (Con inclusión de pagas extra)
Grupo 3
18.341,73 €
1.528,48 €
9,48 €
Grupo 4
15.180,00 €*
1.265,00 €*
7,67 €
Grupo 5 Subgrupo 1
17.876,09 €
1.489,67 €
9,24 €
Grupo 5 Subgrupo 2
14.794,06 €*
1.232,84 €*
7,49 €
Al precio hora al que se hace referencia en esta tabla, se le ha detraído 31/365 partes, como provisión necesaria del periodo de vacaciones. Dicho precio hora incluye la retribución de los 14 días festivos anuales estipulados por el estatuto de los trabajadores. Por ello, los/las empleados/as a tiempo parcial deberán efectuar la totalidad de su base horaria sin detraer de la misma el prorrateo en horas correspondientes a esos festivos.
* (Incluye plus/compensación por la posibilidad de realización jornada flexible para los tiempos completos a que se refiere el art. 29, párrafo segundo del Convenio).
ANEXO II
Primas 2016
Para el año 2016, con efectos de la firma del Convenio las tablas aplicables serán las que se adjuntan a continuación, esto es, abonando en diciembre la prima conforme a dichas tablas sobre los datos obtenidos en el mes de noviembre.
En cualquier caso el porcentaje de prima variable es propio del puesto de trabajo ocupado reflejado en las tablas adjuntas y los rangos de primas pueden ser distintos para diferentes puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional.
1. Se entiende por:
– RBE: Resultado Bruto de Explotación, según Cuenta de Explotación mensual de la tienda.
– Mes 13: confirmación del resultado bruto de explotación anual en el mes de febrero, resultante del cierre fiscal anual auditado. Sólo podrá ser percibida por las personas que hayan completado el año de principio a fin.
– DDA: desde el principio del año.
– VV: volumen de ventas sin IVA.
– Tiendas Comparables: a efectos de cálculo de las primas, se consideran tiendas comparables aquellas que tienen una antigüedad superior a 12 meses.
– Crecimiento: comparación de los resultados de la totalidad de las tiendas.
– Progresión: comparación de resultados de las tiendas comparables.
– Cuenta de Explotación mensual (CEx mensual): estado contable que permite conocer los principales datos económicos del centro. Se obtiene con una periodicidad mensual.
– Coste artículo: es el coste de un artículo calculado por la relación entre el número de artículos tratados y los gastos generados por el almacén relativos a su tratamiento (salvo coste de transporte).
2. La prima se hace efectiva con una periodicidad mensual.
3. La prima del mes se calcula siempre sobre los resultados obtenidos en el mes anterior. Esto es, se hace efectiva en la nómina del mes siguiente a los resultados obtenidos.
4. La prima de los/as trabajadores/as que, a lo largo del mes de cálculo, hayan desarrollado sus funciones en distintos universos o zonas, se calculará tomando en consideración la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de los mismos. El mencionado cálculo se realizará sobre la base del tiempo dedicado a cada zona.
Sistemas de primas por función
Tiendas de menos de un año
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja o de recepción.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (mes a mes con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Vendedor/a
Deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Organizador/a de Explotación
Responsable de Cajas.
0 a 15%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (periodicidad mensual con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Tiendas entre uno y cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de la tienda comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de la misma tienda sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
4% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
4% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
4% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
4% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5% Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
4% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5% Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
4% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Mes a mes con regularización en el mes 13.
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas de más de cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de la tienda comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de la misma tienda sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
3% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
3% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
3% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
3% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5% Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
3% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5% Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
3% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Actividad Logística
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia para cada almacén, comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Operario/a logística/ Operario/a técnico de logística.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 5%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Resp de Sección Logística, Responsable Transporte Almacén, Organizador/a económico y/o de explotación del Almacén.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 10%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Estructura Región
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia de la región comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios Regionales
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas del global de la región (como suma del total de tiendas que componen la región).
1/2 Prima: RBE de la región.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Estructura País
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia país comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios País
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas del global del país (como suma del total de tiendas que componen el país).
1/2 Prima: RBE del global del país (todas las actividades)
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Primas 2017
Para el año 2017 las tablas aplicables serán las que se adjuntan a continuación.
En cualquier caso el porcentaje de prima variable es propio del puesto de trabajo ocupado reflejado en las tablas adjuntas y los rangos de primas pueden ser distintos para diferentes puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional.
1. Se entiende por:
– RBE: Resultado Bruto de Explotación, según Cuenta de Explotación mensual de la tienda.
– Mes 13: confirmación del resultado bruto de explotación anual en el mes de febrero, resultante del cierre fiscal anual auditado. Sólo podrá ser percibida por las personas que hayan completado el año de principio a fin.
– DDA: desde el principio del año.
– VV: volumen de ventas sin IVA incluyendo ventas por internet imputadas a la tienda..
– Tiendas Comparables: a efectos de cálculo de las primas, se consideran tiendas comparables aquellas que tienen una antigüedad superior a 12 meses.
– Crecimiento: comparación de los resultados de la totalidad de las tiendas.
– Progresión: comparación de resultados de las tiendas comparables.
– Cuenta de Explotación mensual (CEx mensual): estado contable que permite conocer los principales datos económicos del centro. Se obtiene con una periodicidad mensual.
– Coste artículo: es el coste de un artículo calculado por la relación entre el número de artículos tratados y los gastos generados por el almacén relativos a su tratamiento (salvo coste de transporte).
2. La prima se hace efectiva con una periodicidad mensual.
3. La prima del mes se calcula siempre sobre los resultados obtenidos en el mes anterior. Esto es, se hace efectiva en la nómina del mes siguiente a los resultados obtenidos.
4. La prima de los/as trabajadores/as que, a lo largo del mes de cálculo, hayan desarrollado sus funciones en distintos universos o zonas, se calculará tomando en consideración la media ponderada de los resultados obtenidos en cada uno de los mismos. El mencionado cálculo se realizará sobre la base del tiempo dedicado a cada zona.
5. Las cantidades de producto vendidas incluyen las vendidas a través de internet asignadas a la tienda.
Sistemas de primas por función
Tiendas de menos de un año
Función
Sistema de Primas aplicable
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja o de recepción.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (mes a mes con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Vendedor/a
Deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la Sección.
0 a 5%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Organizador/a de
Explotación
Responsable de Cajas.
0 a 15%: Realización de objetivos de volumen de ventas sin IVA de la tienda.
0 a 5%: Realización de objetivos de RBE de la tienda para el primer año (periodicidad mensual con regularización en el «mes 13»).
Tabla de objetivos económicos establecida para la tienda durante el 1.er año.
Tiendas entre uno y cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de la tienda comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de la misma tienda sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
8% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
8% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
8% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
8% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5% Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
8% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5% Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
8% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Mes a mes con regularización en el mes 13.
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Tiendas de más de cuatro años (*)
(*) En el caso de relocalización y/o ampliación de superficie de venta construida, el primer año a contar desde mencionado cambio no se computará como antigüedad a los efectos de aplicación del sistema de primas, aplicándose durante esos 12 meses el sistema de primas por función previsto en el presente convenio para tiendas de menos de un año.
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de la tienda comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de la misma tienda sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Azafata/o de caja y/o recepción.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
6% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Vendedor/a deportista, Técnico de Taller.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
6% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
6% de progresión da el máximo de prima.
Programa de gestión tienda.
Responsable de Sección.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la Sección.
6% de progresión da el máximo de prima.
Si tiene varias Secciones: suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en las distintas Secciones comparado con la suma de la progresión del número de cantidades de productos vendidas en el año anterior en las mismas Secciones.
0 a 5% Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
6% de progresión da el máximo de prima.
0 a 5% Prima RBE de la tienda
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Responsable Cajas
Organizador/a de Explotación.
0 a 15%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en la tienda.
6% de progresión da el máximo de prima
0 a 5%: Prima RBE de la tienda.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
Programa de gestión tienda
CEx mensual.
Actividad Logística
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia para cada almacén, comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Operario/a logística/ Operario/a técnico de logística.
0 a 5%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 5%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Resp de Sección Logística, Responsable Transporte Almacén, Organizador/a económico y/o de explotación del Almacén.
0 a 10%: Progresión del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas de las regiones comerciales entregadas por el almacén de referencia.
0 a 10%: Prima por mejora del coste artículo con respecto al presupuesto.
CEx mensual + Tabla de objetivos coste artículo calculada en DDA + Presupuesto del almacén de referencia.
Estructura Región
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia de la región comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios Regionales
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo)
1/2 Prima: Crecimiento del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas del global de la región (como suma del total de tiendas que componen la región).
1/2 Prima: RBE de la región.
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual.
Estructura País
Función
Sistema de Primas aplicable únicamente en caso de que la progresión del volumen de ventas sin IVA incluido de las tiendas de referencia país comparado con el volumen de ventas sin IVA incluido del año anterior de las mismas tiendas, sea mayor o igual que cero
Fuente para el cálculo
Puestos de Servicios País
(Tramos en función de la prima percibida por cada colectivo).
1/2 Prima: Crecimiento del número de cantidades de productos vendidos en las tiendas del global del país (como suma del total de tiendas que componen el país).
1/2 Prima: RBE del global del país (todas las actividades)
Periodicidad mensual con regularización en el «mes 13».
CEx mensual. | Convenio colectivo de Decathlon. | Visto el texto del VII Convenio colectivo de la empresa Decathlon España, S.A. (código de convenio n.º 90011522011998), que fue suscrito, con fecha 21 de diciembre de 2016, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra, por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE» del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VII CONVENIO COLECTIVO DE DECATHLON ESPAÑA, S.A.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.º Ámbito funcional y personal.
El presente Convenio obliga a la empresa Decathlon España, S.A. y a todos los trabajadores/as que, estando en situación de alta en la plantilla, presten sus servicios en cualquiera de los distintos centros de trabajo que esta empresa tenga abiertos durante la vigencia del presente Convenio.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo:
a) Las personas a las que se refieren los artículos 1.3.c) y 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.
b) Las personas que ocupen cargos comprendidos en el grupo profesional 1.
c) Las personas que ocupen cargos comprendidos en el grupo profesional 2, que quedarán excluidas a los únicos efectos de salario, jornada y preaviso previstos en el presente Convenio.
Artículo 2.º Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo es de aplicación en todo el territorio español.
Artículo 3.º Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4.º Denuncia y prórroga.
La denuncia y promoción del presente Convenio se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.
El plazo de preaviso será de dos meses anteriores a la finalización del Convenio o, en su caso, de cualquiera de sus prórrogas. De no ser denunciado, se considerará automáticamente prorrogado por el período de un año.
Las condiciones pactadas en el presente convenio subsistirán en todo caso hasta su nueva revisión.
Artículo 5.º Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio Colectivo forma un todo orgánico pactado indivisible. Si alguna autoridad u órgano judicial señalase que algún aspecto del Convenio no se ajusta a Derecho y el mismo resultase modificado directa o indirectamente, las partes volverán a reunirse para reconsiderar el convenio en su totalidad, con el objetivo de corregirlo, adecuarlo a Derecho y mantener globalmente el equilibrio de las contraprestaciones pactadas.
Dado que la regulación que establece el presente convenio tiene carácter de mínimos, en todos los acuerdos de ámbito inferior serán obligatorias y mínimas las condiciones que aquí se establecen, no pudiendo modificarse sus artículos si no es para mejorar sus contenidos.
Artículo 6.º Condiciones más beneficiosas.
El presente convenio sustituye en todos sus extremos, los aplicables y aplicados con anterioridad a su firma, en todo su ámbito de aplicación.
Todas las condiciones contenidas en este Convenio, estimadas en su conjunto, se establecen con el carácter de mínimas, por lo que los pactos o cláusulas que, en su conjunto, impliquen condiciones más beneficiosas con respecto a las convenidas, subsistirán para aquellos/as trabajadores/as que vienen disfrutándolas a título individual y no para quienes, en lo sucesivo, se incorporen a la empresa, manteniéndose estrictamente «ad personam».
Artículo 7.º Absorción y compensación de mejoras.
Durante la vigencia del presente Convenio las mejoras económicas no serán compensables ni absorbibles.
No obstante lo anterior, para el año 2016, en los casos de aquellos trabajadores que no vean disminuido su porcentaje de prima con respecto al VI Convenio Colectivo, la empresa podrá absorber y compensar el incremento experimentado en las tablas para dicho año con la mejora voluntaria que se pudiera estar percibiendo.
CAPÍTULO II
Clasificación del personal
Artículo 8.º Clasificación profesional.
Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en la Empresa serán clasificados en grupos o niveles profesionales.
Esta estructura profesional pretende obtener una estructura productiva más razonable y adaptada a la especial actividad de la Empresa, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y adecuada retribución de los/as trabajadores/as.
Los actuales puestos de trabajo y categorías se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio.
El encuadramiento de los/as trabajadores/as en la estructura profesional pactada y la asignación a cada uno de ellos de un determinado grupo o nivel profesional será el resultado de la conjunta ponderación de los siguientes factores: Formación, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
En la valoración de los factores antes mencionados se tendrá en cuenta:
Formación: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación básica necesaria para cumplir la prestación laboral pactada, la experiencia adquirida, el conocimiento y experiencia en la empresa, entendiendo por tal el dominio de sus herramientas de gestión y de la globalidad del oficio y la dificultad para la adquisi
### RESUMEN: Convenio colectivo de Decathlon. |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Congreso de los Diputados,
Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a don Juan Ramón Sáez Valcárcel.
Dado en Madrid, el 17 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | Nombramiento como Magistrado del Tribunal Constitucional a Juan Ramón Sáez Valcárcel. | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Congreso de los Diputados,
Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a don Juan Ramón Sáez Valcárcel.
Dado en Madrid, el 17 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
### RESUMEN: Nombramiento como Magistrado del Tribunal Constitucional a Juan Ramón Sáez Valcárcel. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría.
c) Número de expediente:
CNMY12/SG65S/45.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Construcción de 9 unidades de educación infantil+18 unidades de educación primaria+comedor(500,2t)+vivienda en el CEIP nº 36 (Princesa de Asturias) d'Elx(Alicante).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45214210-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
16 de junio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
5.577.715,15.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 4.648.095,96 euros. Importe total: 5.484.753,23 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
14 de mayo de 2012.
c) Contratista:
UTE Eurolosa Construcción y Rehabilitación, S.L. Acciona Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 3.150.479,44 euros. Importe total: 3.812.080,12 euros.
Valencia, 12 de junio de 2013.- La Consellera de Educación, Cultura y Deporte (pdrc 26/03/2013 docv (6993), la Subsecretaria, Virginia Jiménez Martínez. | Adjudicación de obras del colegio Princesa de Asturias de Elx por importe total de 5.484.753,23 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subsecretaría.
c) Número de expediente:
CNMY12/SG65S/45.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Construcción de 9 unidades de educación infantil+18 unidades de educación primaria+comedor(500,2t)+vivienda en el CEIP nº 36 (Princesa de Asturias) d'Elx(Alicante).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45214210-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
16 de junio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
5.577.715,15.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 4.648.095,96 euros. Importe total: 5.484.753,23 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
10 de mayo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
14 de mayo de 2012.
c) Contratista:
UTE Eurolosa Construcción y Rehabilitación, S.L. Acciona Infraestructuras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 3.150.479,44 euros. Importe total: 3.812.080,12 euros.
Valencia, 12 de junio de 2013.- La Consellera de Educación, Cultura y Deporte (pdrc 26/03/2013 docv (6993), la Subsecretaria, Virginia Jiménez Martínez.
### RESUMEN: Adjudicación de obras del colegio Princesa de Asturias de Elx por importe total de 5.484.753,23 euros. |
En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en reunión celebrada el 2 de marzo de 2016, la Dirección General del Agua, con fecha 2 de marzo de 2016, ha emitido informe propuesta sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de marzo de 2016, era de 437,252 hm3 por lo que, acorde con lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional quinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional, nivel 3.
En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional quinta de la citada Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes.
En consonancia con el acuerdo de la Comisión Central de Explotación, de fecha 2 de marzo de 2016, constatada la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de marzo de 2016, situación que se mantendría en nivel 3 durante los próximos meses, siendo nula la probabilidad de llegar a nivel 4, y acorde con el informe y propuesta emitido el día 2 de marzo de 2016 por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía a principios del mes de marzo del presente año hidrológico así como las aportaciones previsibles para los meses de marzo-abril-mayo, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, punto 2, de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo:
Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm3/mes para los meses de marzo, abril y mayo de 2016.
Madrid, 3 de marzo de 2016.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. | El Gobierno aprueba trasvases mensuales de 20 hm3 Tajo-Segura para marzo, abril y mayo | En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en reunión celebrada el 2 de marzo de 2016, la Dirección General del Agua, con fecha 2 de marzo de 2016, ha emitido informe propuesta sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de marzo de 2016, era de 437,252 hm3 por lo que, acorde con lo establecido en el punto 1 de la disposición adicional quinta, «Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura», de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional, nivel 3.
En situación hidrológica excepcional, según se dispone en el punto 2 de la disposición adicional quinta de la citada Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación. En esta situación de nivel 3, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes.
En consonancia con el acuerdo de la Comisión Central de Explotación, de fecha 2 de marzo de 2016, constatada la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de marzo de 2016, situación que se mantendría en nivel 3 durante los próximos meses, siendo nula la probabilidad de llegar a nivel 4, y acorde con el informe y propuesta emitido el día 2 de marzo de 2016 por la Dirección General del Agua, en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía a principios del mes de marzo del presente año hidrológico así como las aportaciones previsibles para los meses de marzo-abril-mayo, acorde con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, punto 2, de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, y lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, resuelvo:
Autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm3/mes para los meses de marzo, abril y mayo de 2016.
Madrid, 3 de marzo de 2016.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
### RESUMEN: El Gobierno aprueba trasvases mensuales de 20 hm3 Tajo-Segura para marzo, abril y mayo |
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de abril de 2013,
Vengo en disponer el cese de don Yago Pico de Coaña y de Valicourt como Embajador de España en la República de Austria, por jubilación con efectos del día 15 de abril de 2013, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 19 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | Cese de Yago Pico de Coaña y de Valicourt como Embajador de España en la República de Austria. | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de abril de 2013,
Vengo en disponer el cese de don Yago Pico de Coaña y de Valicourt como Embajador de España en la República de Austria, por jubilación con efectos del día 15 de abril de 2013, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 19 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
### RESUMEN: Cese de Yago Pico de Coaña y de Valicourt como Embajador de España en la República de Austria. |
Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda resolver el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Lipo 6 Black Cápsulas. El texto completo de la propuesta y resolución de retirada del mercado y prohibición de la comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares, puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: sgicm@aemps.es.
Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. | Sanidad retira un quemagrasas "milagroso" llamado Lipo 6 Black Capsulas. | Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda resolver el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Lipo 6 Black Cápsulas. El texto completo de la propuesta y resolución de retirada del mercado y prohibición de la comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares, puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: sgicm@aemps.es.
Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
### RESUMEN: Sanidad retira un quemagrasas "milagroso" llamado Lipo 6 Black Capsulas. |
A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Tristani Mosakhlishvili, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2022,
Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Tristani Mosakhlishvili, con vecindad civil de derecho común.
Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil.
Dado en Madrid, el 11 de enero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Justicia,
MARÍA PILAR LLOP CUENCA | El consejo de ministros nacionalizó ayer por decreto al judoka Tristani Mosakhlishvili. | A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Tristani Mosakhlishvili, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2022,
Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Tristani Mosakhlishvili, con vecindad civil de derecho común.
Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil.
Dado en Madrid, el 11 de enero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Justicia,
MARÍA PILAR LLOP CUENCA
### RESUMEN: El consejo de ministros nacionalizó ayer por decreto al judoka Tristani Mosakhlishvili. |
De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement por la Universidad Rey Juan Carlos,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement como Anexo a la presente Resolución.
Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas:
Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
Carácter de materia
Créditos
Obligatorias
51
Optativas
-
Prácticas externas
3
Trabajo Fin de Máster
6
Créditos totales
60
Estructura de la enseñanza por módulos y materias.
Materia
Semestre
Carácter
N.º de ECTS
Módulo 1. El management del siglo XXI: Neuromanagement.
Primero.
6
1.a. Introducción a la neurociencias empresariales. Del management al neuromanagement.
Primero.
Obligatorio.
3
1.b. Recursos neuronales y neuroanatomía para el neuromanagement.
Primero.
Obligatorio.
3
Módulo 2. Herramientas del Neuromanagement.
Primero y Segundo.
18
2.a. Neuromanagement aplicado I: Desarrollo e implementación de las herramientas.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
2.b. Neuromanagement aplicado II: Intervención avanzada en las organizaciones.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
2.c. Aplicación de mapas mentales en la gestión organizacional.
Segundo.
Obligatorio.
3
2.d. Diagnóstico de técnicas empresariales en el neuromanagement.
Segundo.
Obligatorio.
3
Módulo 3. Neurociencia y Dirección Empresarial.
Primero y Segundo.
24
3.a. Neuromanagement estratégico.
Primero.
Obligatorio.
3
3.b. Neurogestión de recursos humanos.
Primero.
Obligatorio.
3
3.c. Neuroliderazgo.
Primero.
Obligatorio.
3
3.d. Neurocomunicación.
Primero.
Obligatorio.
3
3.e. Neuroeconomía.
Primero.
Obligatorio.
3
3.f. Neuroética.
Segundo.
Obligatorio.
3
3.g. Neuromarketing.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
Módulo 4. Metodología de Investigación Científica.
Segundo.
3
4.a. Metodología de Investigación Científica.
Segundo.
Obligatorio.
3
Módulo 5. Practicum y Trabajo Fin de Máster.
Segundo.
9
5.a. Practicum en Empresas.
Segundo.
Obligatorio.
3
5.b. Trabajo Fin de Máster.
Segundo.
Obligatorio.
6 | Plan de estudio del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement de la Universidad Rey Juan Carlos. | De conformidad con lo que disponen el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1393/2007, de 30 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y una vez aprobada la verificación positiva de la propuesta de título de Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement por la Universidad Rey Juan Carlos,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios (5.1 Estructura de las Enseñanzas) del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement como Anexo a la presente Resolución.
Móstoles, 25 de febrero de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ANEXO
5.1 Estructura de las Enseñanzas:
Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
Carácter de materia
Créditos
Obligatorias
51
Optativas
-
Prácticas externas
3
Trabajo Fin de Máster
6
Créditos totales
60
Estructura de la enseñanza por módulos y materias.
Materia
Semestre
Carácter
N.º de ECTS
Módulo 1. El management del siglo XXI: Neuromanagement.
Primero.
6
1.a. Introducción a la neurociencias empresariales. Del management al neuromanagement.
Primero.
Obligatorio.
3
1.b. Recursos neuronales y neuroanatomía para el neuromanagement.
Primero.
Obligatorio.
3
Módulo 2. Herramientas del Neuromanagement.
Primero y Segundo.
18
2.a. Neuromanagement aplicado I: Desarrollo e implementación de las herramientas.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
2.b. Neuromanagement aplicado II: Intervención avanzada en las organizaciones.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
2.c. Aplicación de mapas mentales en la gestión organizacional.
Segundo.
Obligatorio.
3
2.d. Diagnóstico de técnicas empresariales en el neuromanagement.
Segundo.
Obligatorio.
3
Módulo 3. Neurociencia y Dirección Empresarial.
Primero y Segundo.
24
3.a. Neuromanagement estratégico.
Primero.
Obligatorio.
3
3.b. Neurogestión de recursos humanos.
Primero.
Obligatorio.
3
3.c. Neuroliderazgo.
Primero.
Obligatorio.
3
3.d. Neurocomunicación.
Primero.
Obligatorio.
3
3.e. Neuroeconomía.
Primero.
Obligatorio.
3
3.f. Neuroética.
Segundo.
Obligatorio.
3
3.g. Neuromarketing.
Primero y Segundo.
Obligatorio.
6
Módulo 4. Metodología de Investigación Científica.
Segundo.
3
4.a. Metodología de Investigación Científica.
Segundo.
Obligatorio.
3
Módulo 5. Practicum y Trabajo Fin de Máster.
Segundo.
9
5.a. Practicum en Empresas.
Segundo.
Obligatorio.
3
5.b. Trabajo Fin de Máster.
Segundo.
Obligatorio.
6
### RESUMEN: Plan de estudio del Máster Universitario en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement de la Universidad Rey Juan Carlos. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
c) Número de expediente:
20140092.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Migración del sistema operativo y el paquete ofimático del parque de ordenadores del MAEC a Windows 7 y Office 2010, así como la implantación de la herramienta de distribución automatizada de software SCCM.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72500000 (Servicios informáticos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
7 de agosto de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
318.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 318.000,00 euros. Importe total: 384.780,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
3 de diciembre de 2014.
c) Contratista:
UTE NETCHECK-ICA.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 220.500,00 euros. Importe total: 266.805,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el PCAP y de PPT que rigen la contratación.
Madrid, 4 de marzo de 2015.- Vicepresidente primero. | Los ordenadores de Exteriores migran a Windows 7 y Office 2010 por importe total de 266.805,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
c) Número de expediente:
20140092.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Migración del sistema operativo y el paquete ofimático del parque de ordenadores del MAEC a Windows 7 y Office 2010, así como la implantación de la herramienta de distribución automatizada de software SCCM.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
72500000 (Servicios informáticos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
7 de agosto de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
318.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 318.000,00 euros. Importe total: 384.780,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
30 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
3 de diciembre de 2014.
c) Contratista:
UTE NETCHECK-ICA.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 220.500,00 euros. Importe total: 266.805,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el PCAP y de PPT que rigen la contratación.
Madrid, 4 de marzo de 2015.- Vicepresidente primero.
### RESUMEN: Los ordenadores de Exteriores migran a Windows 7 y Office 2010 por importe total de 266.805,00 euros. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 581-2004, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 –letras a), b) y c)–, 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 3 de febrero de 2004, el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 –letras a), b) y c)–, 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. La impugnación se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación:
a) Se inicia el recurso con un planteamiento general, en el que, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia de este Tribunal, se reconoce el carácter exclusivo de la competencia estatal ex art. 149.1.21 CE y se señala el carácter expansivo de la misma. Asimismo, se advierte que el objeto de la regulación de la Ley debería ceñirse al instrumento o medio técnico a través del cual se transmiten contenidos o se prestan servicios, pero no referirse a las eventuales necesidades de carácter público que se pretenden satisfacer por medio de ese instrumento.
Partiendo de ese marco general, el escrito de planteamiento del recurso se dirige, en primer lugar, a fundamentar la vulneración de las competencias autonómicas en materia de protección civil y seguridad pública ex art. 13.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC). La Ley 32/2003 (art. 21) establece dos categorías de obligaciones de servicio público a las que están sujetos los operadores: el servicio universal y las obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general. El servicio universal viene definido en el art. 22.1 de la Ley como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. En este caso, consideran los promotores de este recurso de inconstitucionalidad, nos encontraríamos sin lugar a dudas en el ámbito estricto de las telecomunicaciones, pues se trata de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad a las telecomunicaciones y, de forma específica, al servicio telefónico. La vulneración de las competencias autonómicas, en cambio, tendría su origen en la imposición de obligaciones de «servicio público» a los operadores de telecomunicaciones que se lleva a cabo en los artículos 4.5 y 25.1 y 2 de la Ley recurrida.
Al efecto se argumenta acudiendo, a modo de comparación con lo dispuesto en la Ley 32/2003, a la regulación que contenía la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio. Del repaso a dicha normativa se extrae que el art. 25 de la Ley 32/2003, al prever la posibilidad de que el Gobierno imponga unilateralmente a los operadores otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal, vulnera las competencias sectoriales que las Comunidades Autónomas pueden tener atribuidas en cada una de las materias a las que hacen referencia los apartados 1 y 2 del mencionado precepto.
En concreto, esta parte procesal señala que la mayoría de las obligaciones de servicio público que se mencionan en el artículo 25.1 y 2, persiguen finalidades de interés público en las que las telecomunicaciones son un simple medio para conseguir determinados objetivos prestacionales en ámbitos materiales diversos. Como ejemplo, se hace referencia a las obligaciones impuestas a los operadores en el servicio público de la educación, como consecuencia de la incorporación por parte de la Ley 32/2003 de la normativa comunitaria, en concreto, la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, de acuerdo con la cual se pretende garantizar que todos los centros de enseñanza dispongan de acceso a internet y a los recursos multimedia. Sobre esta materia –se afirma– las Comunidades Autónomas disponen de competencia de desarrollo normativo y de ejecución (en el caso de Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 EAC). Por ello, se entiende que carece de sentido que el Estado impusiera obligaciones en este ámbito sin tener en cuenta las competencias autonómicas en la materia, puesto que cada Comunidad Autónoma puede tener diseñada una estrategia legítimamente distinta a la del Estado para conseguir el mismo objetivo. Además, para el Abogado de la Generalitat de Cataluña, que el título competencial prevalente, en este caso, es el de educación se deduce de lo establecido en el Convenio de colaboración de 15 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco «Internet en la Escuela» firmado por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecnología, dentro del plan Info XXI.
Parecidas consideraciones cabe hacer, a modo de ver de esta parte procesal, en lo que concierne a otras posibles obligaciones de servicio público derivadas de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 25 en el ámbito de la seguridad pública, seguridad de las personas, protección civil, cohesión territorial, sanidad, acción social, cultura y comunicación entre colectivos que se encuentren en circunstancias especiales. No obstante, en materia de seguridad pública y de protección civil, se advierte que el artículo 4.3 de la Ley general de telecomunicaciones prevé expresamente, en relación con el uso de las telecomunicaciones, la colaboración del Gobierno con los órganos responsables de las comunidades Autónomas con competencias sobre las mencionadas materias. En cualquier caso, para el Abogado de la Generalitat de Cataluña, la participación de las Comunidades Autónomas, para ser respetuosa con sus competencias, habría de ser necesariamente decisoria, cosa que no se desprende, a su modo de ver, de aquel precepto.
En lo que se refiere al resto de las materias aludidas en el art. 25.1 y 2) de la Ley general de telecomunicaciones, no se prevé, en cambio, ningún deber de cooperación, por lo que se produce una total relegación de las distintas competencias sectoriales afectadas.
En concordancia con lo dicho, se excluye del reproche competencial la imposición por el Gobierno del Estado de obligaciones de servicio público en materias que resulten ajenas a las competencias autonómicas (como la defensa) y de obligaciones que, aun no incluidas en el servicio universal, responden a la finalidad de facilitar la disponibilidad de servicios concretos de comunicaciones electrónicas, con lo que el único título competencial afectado es el del art. 149.1.21 CE. En concreto, se citan los casos de los servicios que comportan la fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisión o recepción, objeto de la letra d) del artículo 25.2 que, en consecuencia, no resulta ser objeto de impugnación.
b) Pasa a analizar el Abogado de la Generalitat de Cataluña, a continuación, lo dispuesto en el art. 4.5 de la Ley general de telecomunicaciones, conforme al cual, el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. El mismo precepto añade que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público, el Gobierno, por propia iniciativa o a instancia de una Administración pública territorial y previo informe preceptivo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con el mismo carácter excepcional y transitorio, podrá acordar igualmente la asunción por la Administración general del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes, o bien la intervención de la prestación de los servicios.
Para la representación procesal del Gobierno de la Generalitat, la gestión directa o la intervención de los servicios de comunicaciones electrónicas y de la explotación de redes debe corresponder a las Comunidades Autónomas cuando el motivo de la actuación pública está relacionado con el ejercicio de una competencia autonómica. Desde esta perspectiva, se analizan los títulos competenciales concurrentes en las actuaciones a las que hace referencia el art. 4.5, a la luz de las finalidades perseguidas en cada caso.
El primer inciso del art. 4.5 prevé la posibilidad de asumir por parte de la Administración general del Estado la gestión directa de servicios o redes de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. Cuando esa gestión viene motivada por esta última razón, el título competencial en juego es el contenido en el art. 149.1.4 CE, por lo que no se pone en duda la competencia estatal respecto a la misma. Por ello, las objeciones de esta parte procesal se centran en las competencias autonómicas en materia de protección civil y de sanidad. Conforme tanto a la legislación estatal como a la autonómica –se afirma– se habilita a las autoridades competentes (estatales, autonómicas o locales, en función de su respectivo ámbito de atribuciones) a asumir, en supuestos excepcionales y con carácter temporal, la gestión de los servicios y redes de comunicaciones electrónicas. En la medida en que el art. 4.5 de la Ley 32/2003 impidiera esa posibilidad, contemplando exclusivamente la hipótesis de gestión estatal, una vulneración de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección civil así como en aquellas otras materias (como la sanidad) cuyos servicios se vean afectados por la situación de excepcionalidad que provoca la adopción de la medida.
Tampoco en este caso se considera suficiente la precisión realizada en el art. 4.3 de la Ley general de telecomunicaciones, donde se prevé la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuando los ámbitos afectados sean el de la seguridad pública y el de la protección civil, pues tal previsión se estima inconcreta y genérica. Y ello, en contraste con la detallada regulación del apartado 5, aquí cuestionada, respecto de la asunción de la gestión directa de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas por parte de la Administración general del Estado, especialmente en el párrafo segundo, en el que en el mejor de los casos se otorga a las Administraciones afectadas la consideración de interesadas.
El segundo supuesto de asunción directa de la gestión o de intervención en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas por parte de la Administración general del Estado contemplado en el art. 4.5, se prevé para el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el título III de la Ley. Se detiene al respecto el Abogado de la Generalitat en las obligaciones de servicio público relacionadas con ámbitos materiales que corresponden a la competencia autonómica, estimando que, de la misma manera que se ha dicho que la imposición de dichas obligaciones debe corresponder a las Comunidades Autónomas afectadas, debe sostenerse, asimismo, que en el caso de su incumplimiento, también han de ser estas quienes asuman la gestión directa de los servicios o redes o proceder a su intervención.
No es esto lo previsto en el segundo párrafo del art. 4.5, pues en él se señala que los acuerdos de asunción de la gestión directa o intervención del servicio o de las redes pueden adoptarse por el Gobierno por propia iniciativa, o a instancia de una Administración pública territorial con competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red. Ello confirmaría, a juicio de esta parte procesal, que las «Administraciones territoriales» no están habilitadas conforme a la ley para asumir por sí mismas la gestión directa o intervenir la prestación de los servicios aun cuando se vean afectadas materias de su competencia. Es más, se entiende que la legitimación de las Administraciones territoriales citadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podría extenderse más allá de su estricta competencia, siempre que contaran con un interés legítimo.
Asimismo, se encuentran objeciones en cuanto a la consideración de parte interesada de las Administraciones a cuya instancia se inicie el procedimiento y a la posibilidad de que en tal calidad puedan evacuar un informe con carácter previo a la resolución final. Por un lado, se señala que, ante el silencio de la ley, cabe entender que el informe no tendrá carácter vinculante, con lo que su emisión sería manifiestamente insuficiente para considerar respetadas las competencias autonómicas. Y, por otro lado, el precepto colocaría a la Administración territorial afectada ante una situación menos ventajosa que la de cualquier administrado, al limitar su consideración de interesada al supuesto de haber instado la iniciación del procedimiento, en tanto que la Ley 30/1992 extiende esta consideración a todos aquellos que puedan resultar afectados por la resolución, o bien a los que tengan intereses legítimos, individuales o colectivos, que también pueden resultar afectados, siempre que, en este último caso, se persone en el procedimiento.
c) El apartado cuarto del escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad se dedica a denunciar la vulneración de la autonomía local por los artículos 4.5 y 25.1 y 2, letras a), b) y c) de la Ley general de telecomunicaciones. Con base en consideraciones similares a las expuestas en los apartados anteriores, se afirma que el legislador –estatal o autonómico– puede delimitar el ámbito material en el que debe desarrollarse la autonomía local. Pero, una vez determinado ese ámbito, las entidades locales deben poder intervenir también en la imposición de las obligaciones de servicio público o, incluso, en supuestos excepcionales y con carácter temporal, deberían poder asumir la gestión de servicios y la explotación de redes de comunicación electrónicas en su ámbito territorial, o bien decretar su intervención (por ejemplo, la red que se utiliza como soporte de servicios locales de radiodifusión sonora o televisión). De lo contrario se impediría a los entes locales que, llegado el caso, puedan llevar a cabo una actuación auténticamente autónoma en los ámbitos materialmente afectados por la Ley.
d) Por su parte, el art. 38.1 vulneraría, a modo de ver de la representación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la competencia autonómica en materia de defensa del consumidor y del usuario. En su primer párrafo, el citado artículo establece que los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, así como los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. En su segundo párrafo, se añade que para el supuesto que las partes no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, cuya resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Al respecto, señala el Abogado de la Generalitat de Cataluña, que el precepto impugnado (que recoge los principios establecidos en el art. 34 de la Directiva 2002/22/CE, de 7 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas) ha de enmarcarse en el ámbito de la defensa de los consumidores y usuarios. Y ello, con independencia de que el procedimiento utilizado para esa defensa sea el arbitraje o cualquier otro. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a las Comunidades Autónomas les corresponde la competencia compartida en la materia. Así ha sido en Cataluña, donde la Generalitat ha debido ejercer su competencia con sujeción a la legislación del Estado.
Conforme a lo dicho, para esta parte procesal, al Estado le correspondería, a lo sumo, regular la posibilidad de que los usuarios finales puedan acudir ante la Administración competente por medio de un procedimiento administrativo de resolución de controversias en materia de servicios de comunicaciones electrónicas, pero no asumir la competencia ejecutiva de tramitación y resolución de dicho procedimiento, que por aplicación del art. 12.1.5 EAC, debería corresponder a la Generalitat. En otro caso –se afirma– se daría la paradoja de que el procedimiento arbitral en materia de consumo correspondería a un órgano –el Tribunal Arbitral de Consumo de Cataluña– adscrito a un departamento de la Administración de la Generalitat y en el que participan representantes de ésta, mientras que la resolución del procedimiento administrativo establecido para la resolución del mismo tipo de controversias correspondería a un órgano de la Administración del Estado, lo que carecería de toda justificación. De todo ello se extrae que el primer inciso del segundo párrafo del art. 38.1, al prever la posibilidad de que los usuarios finales sometan al Ministerio de Ciencia y Tecnología la resolución de controversias con los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, vulnera la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
e) Se aborda, por último, la regulación relativa a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones contenida en el título IV de la Ley general de telecomunicaciones (arts. 39 a 42). En concreto, los reproches del Abogado de la Generalitat se centran en lo dispuesto en los artículos 40.5 y 41.3. En el primero de ellos se atribuye al Ministerio de Ciencia y Tecnología la competencia para realizar los controles adecuados en orden a asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente. En el apartado tercero del art. 41, por su parte, se exige, además de la evaluación de la conformidad, la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el caso de los aparatos que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados por la Unión Europea. Se trataría en ambos casos de competencias ejecutivas en materia de evaluación y control de conformidad de los aparatos de telecomunicaciones con las especificaciones técnicas previstas en las disposiciones que les son aplicables, sin hacer referencia alguna a las facultades autonómicas en materia de industria, a diferencia de lo que ocurría en la normativa anterior (Ley 11/1998).
En analogía con lo señalado por este Tribunal (entre otras, en la STC 203/1992) en relación con las materias de tráfico y circulación de vehículos a motor (reservadas también en exclusiva al Estado en el art. 149.1.21 CE), se entiende que ha de distinguirse entre el establecimiento de los requisitos técnicos que deben reunir los equipos y aparatos de telecomunicaciones, que corresponde en exclusiva al Estado ex art. 149.1.21 CE y la actividad ejecutiva de verificación limitada a comprobar si un producto industrial cumple los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable, que se encuadra en las competencias autonómicas en materia de industria. En consecuencia, se entiende que los citados preceptos vulneran estas competencias y han de considerarse, por ello, contrarios a la Constitución.
2. Mediante providencia de 24 de febrero de 2004, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 4.5; 25.1; 25.2 a), b) y c); 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–; 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. Se ordenó igualmente y conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Por último, se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Mediante escrito registrado el 8 de marzo de 2004, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ofreció la colaboración de la Cámara, anunciando que esta no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.
4. El 23 de marzo de 2004 se registró en el Registro General del Tribunal Constitucional el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno. En el mismo solicita que se dicte Sentencia desestimatoria del presente recurso de inconstitucionalidad en todos sus extremos.
En el escrito se realizan las alegaciones que a continuación se resumen.
a) Después de recordar la jurisprudencia de este Tribunal en la que se delimita la competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.21 CE (SSTC 167/1993, 168/1993 y 244/1993) se razona por qué se considera que la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores de telecomunicaciones respeta las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas en las materias afectadas.
Se refiere el Abogado del Estado a la nueva configuración en la regulación de las llamadas «obligaciones de servicio público» que, tras la entrada en vigor de las nuevas directivas comunitarias (el llamado «paquete Telecom»), deja atrás el viejo esquema de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones. Dentro del nuevo marco regulativo, el contenido del art. 25 debe entenderse, en su opinión, en un doble sentido: por una parte, como imposición de obligaciones de servicio público por el Estado en materias de su competencia (como la defensa nacional). Y, por otra, como sometimiento a los principios de la regulación de las comunicaciones electrónicas de las prestaciones que se impongan en dicha materia al amparo de competencias sectoriales, de modo que, aunque cooperen al cumplimiento de objetivos distintos de los de las propias telecomunicaciones, respeten las garantías para los operadores establecidas en las directivas del llamado «paquete Telecom» y en su transposición por la Ley general de telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
Teniendo en cuenta, además, que las competencias pueden ser compartidas o concurrentes entre Estado y Comunidades Autónomas, cobra sentido para esta parte procesal el artículo 4.3, sobre cooperación entre ambas Administraciones en materias como la seguridad pública y la protección civil, en cuyo caso, coordinarían su actuación en la imposición de obligaciones de servicio público, no existiendo así vulneración competencial alguna.
En definitiva, se considera que el art. 25 de la Ley 32/2003 no invade las competencias de las Comunidades Autónomas, pues nada impide a estas imponer obligaciones de servicio público en materias de su competencia, en tanto que el Estado sólo podrá imponerlas en los ámbitos competenciales que le son propios.
b) Sobre la posibilidad de asunción de la gestión de redes o servicios por la Administraciones públicas, se entiende que una interpretación del art. 4.5 de la Ley impugnada conforme a la Constitución implicaría que sólo resulta de aplicación a la intervención por el Estado en materias propias de su competencia, en tanto que corresponderá a las Comunidades Autónomas la gestión directa o la intervención de los servicios de comunicaciones electrónicas y de la explotación de redes cuando el motivo de la actuación pública esté relacionado con el ejercicio de una competencia atribuida estatutariamente. A modo de ver del Abogado del Estado, la normativa o contrato existente permitirá a estas últimas intervenir y, en su ausencia, también la normativa sectorial puede habilitarles para la adopción de medidas específicas de intervención. En supuestos excepcionales, la Comunidad Autónoma podrá instar al Estado para que se lleve a cabo la intervención.
c) Tampoco las competencias autonómicas en materia de defensa del consumidor y del usuario se verían vulneradas por lo dispuesto en el art. 38.1 de la Ley general de telecomunicaciones, para esta parte procesal. El artículo 34 de la Directiva del servicio universal obliga a los Estados miembros a garantizar un procedimiento extrajudicial de solución de conflictos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por la citada Directiva. En cumplimiento de esta obligación, el art. 38.1 establece un procedimiento administrativo especial de resolución de controversias individuales de los abonados que tendría carácter subsidiario –y no alternativo, como se mantiene en la demanda– que se aplica sin perjuicio de lo establecido en la legislación de consumidores y usuarios, con base en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE). Así, el procedimiento arbitrado por el legislador estatal tendría carácter residual, ya que sólo operaría en la medida en que la legislación de consumidores y usuarios no pueda hacer efectivo el derecho de estos. Además, el artículo impugnado no impediría que las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias en materia de consumidores y usuarios, regulen los derechos de los mismos y los procedimientos de resolución de los conflictos que se deriven de los incumplimientos por los operadores, entre los que se pueden incluir procedimientos administrativos.
d) Aborda, en último lugar, el escrito del Abogado del Estado las alegaciones relativas a los arts. 40.5 y 41.3, referidos a la regulación de la conformidad de los aparatos.
Respecto al primero de ellos, se afirma que la razón de que se produzca una atribución al Ministerio de Ciencia y Tecnología de las competencias en materia de control de la evaluación de la conformidad de los aparatos reside en que el título competencial en materia de telecomunicaciones, en este caso concreto, es prevalente y específico. El precepto en cuestión no estaría protegiendo intereses en materia de industria, sino propios del sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, pretende garantizar que no se produzcan interferencias perjudiciales en otros aparatos o servicios, o que no se dañen las redes de telecomunicaciones con su uso. Las comprobaciones también se refieren a otros ámbitos del sector de las telecomunicaciones. En un régimen que ha pasado de interfaz normalizada a interfaz libre pero comunicada, el control del mercado permite comprobar si la declaración de los fabricantes sobre los interfaces a las que pueden conectarse se corresponde con la realidad. Por otra parte, se advierte que los aparatos que utilizan el espectro radioeléctrico siempre implican, en mayor o menor grado, una actuación previa del organismo notificado, que se convierte en una intervención máxima cuando el equipo utiliza bandas no armonizadas, donde se precisa autorización previa.
Más claro resulta aún, para el Abogado del Estado, que la actuación contenida en el art. 41.3 responde al ámbito de las telecomunicaciones, que tienen su fundamento principal en la planificación del uso del espectro radioeléctrico. Dicho artículo, en definitiva, viene a prever una función de comprobación del ajuste del uso del espectro radioeléctrico a lo previsto en la planificación vigente en cada momento.
5. Por providencia de 6 de mayo se señaló, para deliberación y votación de la presente sentencia, el día 8 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 –letras a), b) y c)–, 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones.
La demanda sostiene, conforme a los razonamientos que se han resumido en los antecedentes, que los citados artículos han de reputarse inconstitucionales. En lo que se refiere a los apartados 1 y 2 del art. 25 de la Ley recurrida, porque la imposición de obligaciones de «servicio público» a los operadores de telecomunicaciones que se lleva a cabo en ellos no tiene en cuenta las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas, vulnerando, en concreto, las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de protección civil y seguridad pública ex art. 13.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). El art. 4.5, al prever la posibilidad de asumir por parte de la Administración general del Estado la gestión directa de servicios o redes de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional, estaría vulnerando las competencias autonómicas en materia de protección civil y de sanidad. La asunción directa de la gestión o la intervención en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas por parte de la Administración general del Estado contemplada –asimismo– en el art. 4.5 para el caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el título III de la Ley, debe corresponder a las Comunidades Autónomas afectadas, pues a ellas les corresponde la imposición de dichas obligaciones. Los ya citados arts. 4.5 y 25.1 y 2 de la Ley 32/2003 infringirían también las competencias reservadas por la Constitución a los entes locales. Por su parte, el art. 38.1 de la Ley impugnada, al someter las controversias entre los operadores y los consumidores o usuarios finales a las juntas arbitrales de consumo y a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estaría vulnerando las competencias de la Generalitat en materia de protección de defensa de los consumidores y usuarios (art. 12.1.5 EAC), pues según la demanda no se estaría en presencia de un supuesto de arbitraje amparado en el art. 149.1.6 y 8 CE. Por último, los arts. 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, vulnerarían las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de «industria» (art. 12.1.2 EAC), al regular la evaluación y control de conformidad de los aparatos de telecomunicaciones y atribuir las funciones ejecutivas correspondientes al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Con los argumentos que han quedado resumidos en los antecedentes, el Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso por no concurrir ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas en el mismo.
2. Resulta necesario hacer dos precisiones antes de abordar el enjuiciamiento de los artículos sobre los que se mantiene la controversia competencial. La primera es relativa a la modificación que, tras la interposición de este recurso, se ha producido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, lo que nos obligará a redirigir el análisis sobre la constitucionalidad de los preceptos impugnados pues, de conformidad con nuestra doctrina, las cuestiones que se controviertan habrán de decidirse considerando las prescripciones del nuevo Estatuto de Autonomía que resulten ser de aplicación (STC 207/2011, de 20 de diciembre, FJ 3, por todas).
En segundo lugar, ha de advertirse también que, durante el curso de este proceso, la Ley general de telecomunicaciones ha sufrido diversas modificaciones, la más reciente, la operada mediante el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que –en lo que aquí interesa– transpone directivas en materia de comunicaciones electrónicas.
Tales modificaciones sólo han afectado a uno de los preceptos impugnados. En concreto, a lo dispuesto en el art. 38.1, que ha sido redactado por el apartado 27 del art. 3 del citado Real Decreto-ley 13/2012. Con anterioridad a esta reforma, el art.38.1 establecía en su primer párrafo lo siguiente: «Los operadores que exploten redes o que presten servicios de comunicaciones electrónicas y los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios.»
Por su parte, el segundo párrafo de ese mismo artículo señalaba: «Para el supuesto de que no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes para la resolución del conflicto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias. En cualquier caso, los procedimientos que se adopten deberán ser rápidos y gratuitos y establecerán el plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada la reclamación por silencio administrativo. La resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.»
Tras la reforma, se elimina en el primer párrafo el término «otros» del inciso «que sean personas físicas y otros usuarios finales». En el segundo párrafo se determina como novedad que los usuarios finales que podrán someter sus controversias con los operadores al Ministerio de Industria, Energía y Turismo han de ser personas físicas y que tales controversias han de referirse a sus derechos específicos como usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. En cuanto al procedimiento que se adopte al efecto, el nuevo precepto añade la exigencia de que sea transparente, no discriminatorio y sencillo.
De lo dicho, puede extraerse que el precepto impugnado afectado por la reforma legislativa no ha variado en su esencia tras las modificaciones señaladas.
Al respecto, recordábamos recientemente que «así, como señala la STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2 b), este Tribunal ha afirmado reiteradamente que 'la eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos' (por todas, STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3 y las allí citadas). Y es que, como se señala en la STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2, 'en las controversias de alcance competencial es necesario apreciar los efectos que tiene sobre el conflicto la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de algunos de los aspectos en discusión. Dicha operación debe realizarse atendiendo en cada caso a las circunstancias concretas y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes, de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia necesaria será la no desaparición del conflicto'. Doctrina que hemos reiterado en las SSTC 148/2012, de 5 de julio, FJ 2 b); 149/2012, de 5 de julio, FJ 2 b); y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 2». [STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 2 b)].
La controversia aquí planteada tiene un contenido eminentemente competencial y, dado que el tenor del precepto recurrido se mantiene esencialmente en el actual art. 38.1 de la Ley 32/2003, ha de afirmarse que persiste el objeto del presente proceso constitucional.
No obstante lo dicho, respecto a cualesquiera otras normas que, mencionadas o no en el escrito de las partes, tengan relevancia interpretativa en la controversia, se atenderá a su actual redacción pues, conforme a nuestra doctrina sobre procesos de naturaleza competencial, será la legislación vigente la que ha de tenerse en cuenta, cuando proceda, para resolver las cuestiones planteadas en el presente recurso [por todas, STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 2 b)].
En este sentido, ha de señalarse que, en virtud de lo establecido en la Ley 3/2013 de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en el Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la referencia que se realiza en los arts. 4.5 y 25.2 de la Ley 32/2003 a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha de entenderse realizada actualmente a la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Asimismo, debemos destacar que la regulación de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a la que alude el art. 4.5 de la Ley 32/2003, se contiene ahora en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
3. Tras las precisiones anteriores, procede establecer el marco competencial en el que debe insertarse el examen de la impugnación, para destacar después la jurisprudencia constitucional que resulta de aplicación.
Como se desprende de lo dicho en los antecedentes, las partes en el proceso coinciden en afirmar que los preceptos cuya constitucionalidad ahora enjuiciamos se enmarcan en el ámbito material de las telecomunicaciones, lo que nos sitúa en la esfera del art. 149.1.21 CE. Así se pone de manifiesto, igualmente, en la exposición de motivos de la Ley 32/2003, al anunciar que se dirige «a regular exclusivamente el sector de las telecomunicaciones, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.21 de la Constitución. La ley excluye expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de medios audiovisuales, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y que se caracterizan por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios. Igualmente se excluye de su regulación la prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, las redes de televisión por cable y los recursos asociados, como parte integrante de las comunicaciones electrónicas, estarán sujetos a lo establecido en esta ley». Ese mismo encuadre de la norma se lleva a cabo en los apartados 1 y 2 del art. 1 de la Ley y, por último, en su disposición final segunda, donde se afirma que la Ley «se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista en el artículo 149.1.21 de la Constitución, salvo la disposición adicional décima y las disposiciones transitorias octava y décima, que se dictan al amparo de la competencia estatal en materia de medios de comunicación social, prevista por el artículo 149.1.27 de la Constitución».
El art. 149.1.21 CE resulta, así, el título competencial en el que se encuadran los preceptos impugnados. A diferencia de la prevista en el art. 149.1.27 CE –con la que presenta una estrecha conexión–, la competencia definida en el art. 149.1.21 CE no se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE y relacionados de algún modo con el derecho a comunicar y recibir información y con la libertad de expresión. Sobre el art. 149.1.21 CE hemos dicho, en cambio, que se refiere a la ordenación del dominio público radioeléctrico y, muy particularmente, a los aspectos técnicos claramente atinentes a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven –las ondas radioeléctricas, hertzianas o electromagnéticas–. Este dominio es susceptible de distintos usos para otros tipos de comunicaciones que se efectúan también mediante ondas radioeléctricas y distintas de la radiodifusión y, precisamente por eso, incumbe ordenar de manera unitaria al Estado de forma que se cohonesten y hagan posibles todos estos usos (por todas, STC 235/2012, de 13 de diciembre). La competencia exclusiva estatal en esta materia, tiene por objeto, en definitiva, ordenar normativamente y asegurar la efectividad de las comunicaciones (SSTC 278/1993, de 23 de septiembre, FJ 2; 127/1994, de 5 de mayo FJ 8, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 85), razón por la cual «comprende, desde luego, la totalidad de las competencias normativas» en la materia (SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 4, y 38/1983, de 8 de febrero, FJ 3), pero puede comportar también «la atribución de las competencias de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario» (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6).
4. Sin negar que la regulación controvertida se inscriba en la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, la parte demandante se queja principalmente de que el Estado, al llevar a cabo dicha regulación, ha vulnerado las competencias sectoriales de la Generalitat concurrentes en la materia regulada. Pero, antes de pasar al análisis concreto de cada uno de los preceptos impugnados, debemos realizar una advertencia acerca del modo en el que se plantea la demanda, pues esta, en algunos puntos, carece de una fundamentación suficiente, de acuerdo con lo que venimos exigiendo en nuestra jurisprudencia. A este respecto, hemos de recordar que la impugnación de las normas por supuestos vicios de inconstitucionalidad precisa de una fundamentación que contenga un análisis y una argumentación suficientes en la demanda, pues «cuando lo que se encuentra en juego es la depuración del ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida» (por todas, STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 1), y ello porque hay una presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley que no puede desvirtuarse sin más, prescindiendo de una razón suficientemente fundada [SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 b); 22/2012, de 16 de febrero, FJ 2 b), y 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 13 a)].
De acuerdo con lo mantenido en nuestra doctrina, centraremos nuestro juicio de constitucionalidad en aquellas pretensiones que hayan sido debidamente motivadas por la Generalitat.
5. Entrando ya al análisis de los distintos preceptos impugnados, comenzaremos con la queja relativa al art. 25.1 y 2, letras a), b) y c).
Como ponen de manifiesto las partes en sus respectivos escritos, la Ley 32/2003 –que, en su artículo 2 define las telecomunicaciones como «servicios de interés general»–, incorpora las exigencias de las Directivas comunitarias que conforman el llamado «paquete Telecom». En el capítulo I del título III regula las obligaciones de servicio público, señalándose en el apartado primero del art. 20 que dicho capítulo tiene por objeto garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado. En el artículo 21, por su parte, se establece que existen dos categorías de obligaciones de servicio público a las que están sometidos los operadores: el servicio universal y otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general.
Dentro de estas últimas, el art. 25.1 establece que «el Gobierno podrá, por necesidades de la defensa nacional, de la seguridad pública o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal a los operadores». En el apartado segundo de ese mismo artículo se señala que el Gobierno podrá, asimismo, imponer otras obligaciones de servicio público, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, motivadas por cuatro distintas razones, de las cuales, sólo nos referiremos aquí a las tres primeras, que son las consideradas contrarias al orden constitucional de competencias en la demanda, a saber: a) razones de cohesión territorial; b) razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura; y c) razones de facilitar la comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta.
Como ya hemos señalado, para la representación de la Generalitat, la imposición de obligaciones de «servicio público» a los operadores de telecomunicaciones que se lleva a cabo en los preceptos citados vulnera las competencias sectoriales que las Comunidades Autónomas pueden tener atribuidas en cada una de las materias a las que hacen referencia los apartados 1 y 2 del mencionado precepto.
6. La alegación del Abogado de la Generalitat es clara cuando se refiere a lo dispuesto en el primero de los apartados del art. 25. De todo lo alegado, puede extraerse que, a su juicio, a las Comunidades Autónomas debería corresponderles, al menos, una participación decisoria a la hora de imponer a los operadores las obligaciones de servicio público por necesidades «de la seguridad pública o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil». Dado que el precepto impugnado nada dice al respecto, se estaría vulnerando la competencia exclusiva en materia de protección civil, así como la competencia compartida en materia de seguridad pública ostentadas ambas por la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto actualmente en los artículos 132.1 y 164 EAC. No sería suficiente para salvar la constitucionalidad del precepto impugnado, a modo de ver de la Generalitat, la previsión contenida en el artículo 4.3 de la Ley general de telecomunicaciones, según la cual, en materia de seguridad pública y de protección civil y en relación con el uso de las telecomunicaciones, el Gobierno ha de colaborar con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre las mencionadas materias, ya que del tenor literal de aquel precepto no se desprende que la participación de las Comunidades Autónomas deba de ser necesariamente decisoria.
Respecto a dicha alegación, ha de ponerse de relieve, en primer lugar, que en ella se confunde el supuesto de hecho determinante de la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores con el ejercicio de competencias relacionadas con esos supuestos de hecho (en este caso, las necesidades «de la seguridad pública o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil»), que pueden ser –según los casos– estatales o autonómicas. Sin embargo, en un correcto entendimiento del precepto, las necesidades a las que este hace referencia son las causas que desencadenan la imposición de obligaciones por parte del Gobierno, pero la potestad de imponer estas no puede encontrar su fundamento en competencia sectorial alguna. Por el contrario, esa potestad constituye un ejercicio claro de la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones ex art. 149.1.21 CE, pues tiene por objeto ordenar normativamente y asegurar la efectividad de las comunicaciones (SSTC 278/1993, FJ 2; 127/1994, FJ 8, y 31/2010, FJ 85), según veremos.
Como hemos dicho, la regulación legal de las obligaciones de servicio público persigue «garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y una libertad de elección reales y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado» (art. 20 de la Ley 32/2003). En este sentido, el art. 25.1 de la Ley pretende garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas de adecuada calidad en todo el territorio nacional pero, en este caso, cuando concurran circunstancias especiales, por existir necesidades de seguridad pública o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil.
Definido en estos términos lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 32/2003, ha de recordarse nuevamente que el Estado no puede «verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma» (SSTC 56/1986, de 13 de mayo, FJ 3, y 204/2002, de 31 de octubre, FJ 7). El art. 149.1.21 CE otorga competencia al Estado para regular las telecomunicaciones; y un elemento esencial del modelo establecido por el Estado en el marco del Derecho comunitario es, justamente, la obligación de servicio público. No hay duda alguna de que tanto el sistema precedente de servicio público como el actual de liberalización con obligaciones de servicio público persiguen finalidades colectivas, sociales y asistenciales de diverso tipo (universalidad del servicio, equidad del precio, educación, seguridad pública, defensa nacional). Ahora bien, la circunstancia de que la Comunidad Autónoma pueda tener competencias en materia de asistencia social, protección civil o educación no implica que se esté estrictamente en un supuesto de concurrencia de competencias, como denuncia la Generalitat. A través de la atribución de la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, la Constitución persigue, justamente, que el legislador estatal regule este sector estratégico, orientándolo a las finalidades públicas que entienda pertinentes. En un sistema como el actual de liberación en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las competencias reguladoras que quedan en manos del Estado se concretan, entre otros aspectos, en la determinación de las obligaciones de servicio público que, con carácter general, deben cumplir los operadores de telecomunicaciones, para garantizar la calidad, extensión y seguridad de los servicios y de las redes. En este sentido, las previsiones contenidas en los preceptos cuestionados se limitan a recoger la posibilidad de que, al amparo de su competencia exclusiva ex art. 149.1.21 CE, el Estado pueda imponer a los operadores que, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se cumplan determinadas condiciones de carácter general y ámbito supraautonómico relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de las personas o la protección civil. Tal imposición de obligaciones no vulneran las competencias específicas atribuidas a las Comunidades Autónomas en esos sectores materiales, puesto que se refieren únicamente –digámoslo una vez más– a las condiciones de obligada observancia en la prestación del servicio de telecomunicaciones que a los operadores corresponde. Dichas condiciones se imponen por razón de interés público y con independencia de cuál sea la concreta delimitación competencial existente en el sector material sobre el que recaen.
Además, el art. 25.1 de la Ley 32/2003 ha de interpretarse necesariamente, como recuerda el Abogado del Estado, en relación con el deber de cooperación impuesto al Estado en el art. 4.3 de la misma Ley: «En los ámbitos de la seguridad pública y de la protección civil, en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología cooperará con el Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre las citadas materias.»
De acuerdo con lo dicho, la norma estatal resulta acorde con la distribución territorial de competencias establecida por nuestra Constitución.
7. Respecto a las obligaciones de servicio público que se mencionan en el apartado 2 del artículo 25, se alega en la demanda que estas persiguen finalidades de interés público en las que las telecomunicaciones son un simple medio para conseguir determinados objetivos prestacionales en ámbitos materiales diversos. En relación con estos, la demanda se refiere de modo concreto, aunque de forma no muy precisa, a la vulneración de la competencia autonómica en materia de educación, careciendo de la necesaria concreción respecto al resto de las competencias autonómicas implicadas, cuya posible vulneración no se razona mínimamente. Únicamente se hace referencia a que las competencias autonómicas concurrentes pueden ser vulneradas por la regulación contenida en las letras a), b) y c) del art. 25.2 de la Ley 32/2003, sin fundamentar los motivos que determinarían la inconstitucionalidad de este último.
Todo ello, de acuerdo con lo que hemos señalado en el fundamento jurídico 4, nos lleva a centrar el análisis de lo alegado respecto al art. 25.2 de la Ley 32/2003 en la posible vulneración de la competencia autonómica en materia de educación (prevista actualmente en el art. 131 EAC). En definitiva, ceñiremos nuestro juicio de constitucionalidad a lo dispuesto en la letra b) del art. 25.2 de la Ley 32/2003, respecto a la imposición de otras obligaciones de servicio público motivadas por «razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías … a la educación».
En esta ocasión, a las consideraciones ya realizadas respecto a la impugnación del art. 25.1 han de añadirse algunas precisiones. La imposición de obligaciones de servicio público prevista en el precepto ahora analizado tiene por finalidad, como en aquél, garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público de adecuada calidad en todo el territorio nacional y tratar las circunstancias en que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado, en este caso, cuando la imposición de tales obligaciones venga requerida por razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías a la educación. Así lo reconoce la propia parte demandante, al señalar que el precepto impugnado incorpora una normativa comunitaria, en concreto, la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, con la finalidad de garantizar que todos los centros de enseñanza dentro del territorio nacional dispongan de acceso a Internet y a los recursos multimedia. De esta manera, se hace evidente que la finalidad de la norma no es establecer contenidos educativos, sino garantizar la disposición de este tipo de medios técnicos en condiciones de igualdad en todas las escuelas españolas. Desde esta perspectiva, la previsión legal resulta respetuosa con el orden constitucional de distribución de competencias, pues se inserta con naturalidad en el título competencial establecido en el art. 149.1.21 CE.
El hecho de que la previsión legal ahora analizada no determine el grado de participación de las Comunidades Autónomas en los procesos para adoptar la decisión estatal o el ámbito en el que aquellas pueden ejercer sus competencias, no convierte a la norma estatal en inconstitucional. El precepto impugnado no impide que la Generalitat ejerza sus competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación ex art. 131 EAC, siempre que estas, a su vez, respeten la plenitud del ejercicio de las competencias estatales, derivadas en este caso de lo dispuesto en el art. 149.1.21 CE. El propio Abogado de la Generalitat ofrece un argumento que contradice la idea de que la Comunidad Autónoma se vea impedida para ejercer sus competencias educativas, al reconocer –en su escrito de interposición del recurso– que la Comunidad Autónoma Catalana lleva a cabo una activa colaboración con el Estado en esta materia, como lo demuestra la existencia del Convenio de colaboración de 15 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco «Internet en la Escuela», dentro del plan Info XXI.
8. La demanda impugna, a continuación, lo dispuesto en el art. 4.5 de la Ley 32/2003. Según dicho precepto, el Gobierno –con carácter excepcional y transitorio– podrá acordar la asunción por la Administración del Estado de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el actual texto refundido de la Ley de contratos del sector público, en dos situaciones diferentes. Por un lado –primer inciso del precepto–, cuando sea necesario para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional. Y, por otro –segundo inciso–, en caso de incumplimiento de las obligaciones de servicio público, por propia iniciativa o a instancia de una Administración pública territorial y previo informe preceptivo de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, pudiendo en este último caso acordar también, con las mismas condiciones, la intervención de la prestación de los servicios.
Para la representación procesal del Gobierno de la Generalitat, la gestión directa o la intervención de los servicios de comunicaciones electrónicas y de la explotación de redes debe corresponder a las Comunidades Autónomas cuando el motivo de la actuación pública esté relacionado con el ejercicio de una competencia autonómica. Esta parte procesal se refiere de una forma indeterminada a la posible afectación de las competencias autonómicas en materia de protección civil y sanidad, así como a otras competencias no especificadas. Pero, sus objeciones, en definitiva, tienen que ver con el hecho mismo de que el art. 4.5 de la Ley 32/2003 contemple exclusivamente la hipótesis de gestión estatal, lo que, a su modo de ver, supondría negar a las Comunidades Autónomas la posibilidad de ejercer sus competencias en aquellas materias relacionadas con los servicios afectados por la situación de excepcionalidad que provoca la adopción de la medida.
Tal conclusión no se vería contradicha, respecto a lo dispuesto en el primer inciso del precepto, por la llamada a la cooperación con las Comunidades Autónomas realizada en el art. 4.3 de la Ley 32/2003, cuando los ámbitos afectados sean el de la seguridad pública y el de la protección civil, pues tal previsión se estima inconcreta y genérica, en contraste con la detallada regulación del apartado 5, aquí cuestionada. Y, en lo que respecta al segundo supuesto de asunción directa de la gestión o de intervención en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas por parte de la Administración general del Estado contemplado en el art. 4.5, por incumplimiento de las obligaciones de servicio público a las que se refiere el título III de la Ley, la conclusión alcanzada por la Generalitat vendría reafirmada –a su modo de ver– por el hecho de que en dicho precepto se señala que los acuerdos de asunción de la gestión directa o intervención del servicio o de las redes pueden adoptarse por el Gobierno por propia iniciativa, o a instancia de una Administración pública territorial con competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red. Ello confirmaría, a juicio de esta parte procesal, que las Comunidades Autónomas no están habilitadas conforme a la ley para asumir por sí mismas la gestión directa o para intervenir la prestación de los servicios, aun cuando se vean afectadas materias de su competencia.
La pretensión planteada por la Generalitat no puede ser estimada, pues el precepto legal queda amparado en la competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.21 CE que, como ya indicamos en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, «puede comportar la atribución de las competencias de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario» (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6). La intervención del Estado está, una vez más, determinada por la necesidad de garantizar el servicio de telecomunicaciones en las situaciones acotadas por la norma impugnada, esto es, por la necesidad de asegurar en situaciones excepcionales en que resulten afectadas la seguridad pública y la defensa nacional que los servicios de telecomunicaciones cumplen adecuadamente su finalidad en todo el territorio nacional, mediante la asunción transitoria por el Estado de la gestión directa de las redes y servicios. Desde esta perspectiva debe contemplarse el contenido de la regulación impugnada, siendo el Estado, en virtud de sus competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones, el órgano competente para intervenir en dichos servicios y redes. Al ser esta intervención –según hemos señalado– a los puros efectos de garantizar la prestación del servicio de telecomunicaciones, las competencias materiales que puedan ostentar las Comunidades Autónomas en materia de seguridad pública, protección civil o sanidad, no se ven en manera alguna desplazadas. Además, la norma no excluye toda intervención de las Comunidades Autónomas. Como se ha visto, estas podrán, en supuestos excepcionales y siempre que cuenten con competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el anormal funcionamiento del servicio o de la red, instar al Estado para que se lleve a cabo la intervención.
En nada cambia la conclusión alcanzada la denuncia de la Generalitat en relación con el hecho de que el precepto enjuiciado otorgue la consideración de parte interesada a la Administración a cuya instancia se inicie el procedimiento, pues ello no cierra la puerta a que las Comunidades Autónomas afectadas, en su caso, puedan ser consideradas igualmente como tales, en aplicación de lo previsto en la Ley 30/1992 que, como la propia Generalitat recuerda en su demanda, extiende esta consideración a todos aquellos que puedan resultar afectados por la resolución, o bien a los que tengan intereses legítimos, individuales o colectivos, que también pueden resultar afectados, siempre que, en este último caso, se persone en el procedimiento.
9. Los artículos 4.5 y 25.1 y 2, letras a), b) y c) de la Ley 32/2003 son objeto de impugnación también por considerar que vulneran la autonomía local. Con base en consideraciones similares a las expuestas respecto a la vulneración de las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas, se afirma que los citados artículos impedirían a los entes locales que, llegado el caso, puedan ejercer sus competencias de forma autónoma en los ámbitos materialmente afectados por la Ley. La parte demandante no identifica cuáles serían las competencias afectadas, ni cómo podrían verse vulneradas, lo que de por sí sería suficiente para que desestimáramos su pretensión. No obstante, de conformidad con lo que hemos dicho en los fundamentos jurídicos precedentes, ninguna vulneración de competencias ajenas se deriva de lo dispuesto en los artículos impugnados, que se limitan a prever una serie de facultades para el Estado que pueden encuadrarse sin dificultad en el título competencial previsto en el art. 149.1.21 CE.
De conformidad con todo lo dicho en este fundamento jurídico y en los precedentes, ha de desestimarse la impugnación de los artículos 4.5 y 25.1 y 2, letras a), b) y c) de la Ley 32/2003.
10. El art. 38.1 de la Ley 32/2003 se impugna por vulneración de la competencia autonómica en materia de defensa del consumidor y del usuario. Como hemos visto en los antecedentes, en su primer párrafo, el citado artículo establece que los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. Para el supuesto de que las partes no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes, el segundo párrafo del precepto impugnado prevé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Ministerio de Industria, Energía y Turismo) establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, cuya resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para la Generalitat, el primer inciso del párrafo segundo del art. 38.1 de la Ley 32/2003 vulneraría, en lo que afecta a los consumidores y usuarios, sus competencias exclusivas en materia de defensa de estos que, según lo dispuesto en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, incluyen «el establecimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos de queja y reclamación» [art. 123 a) EAC]. Al respecto es necesario advertir que «la materia de defensa de los consumidores es un ámbito de concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, de manera que la atribución estatutaria de la competencia de carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma no puede afectar a las competencias reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 CE), que se proyectarán cuando materialmente corresponda (STC 15/1989, de 26 de enero, FJ 1), sin necesidad de que el Estatuto incorpore cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 10). Por ello, resulta determinante comprobar si la regulación legal impugnada queda amparada por algún título competencial de los previstos en el art. 149.1 CE.
Como señalan las dos partes de este proceso, el precepto legal impugnado –que lleva por título «Derechos de los consumidores y usuarios finales»– recoge las exigencias establecidas en el art. 34 de la Directiva 2002/22/CE, de 7 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal). Según el apartado primero de dicho artículo, los Estados miembros han de garantizar la disponibilidad de procedimientos extrajudiciales transparentes, sencillos y poco onerosos para tratar litigios no resueltos que afecten a los consumidores y se refieran a asuntos regulados por la citada Directiva. Consecuentemente, el art. 38.1 de la Ley 32/2003 prevé la existencia de un procedimiento de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito específico de los servicios de las telecomunicaciones para tratar, precisamente, «litigios no resueltos».
Efectivamente, el precepto prevé dos supuestos en los que los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones pueden ver frustradas sus expectativas de obtener una solución a las controversias que les enfrenten con los operadores. El primero, cuando las partes «no se sometan a las juntas arbitrales de consumo». Recordemos, a este respecto, que el primer párrafo del art. 38.1 de la Ley 32/2003 deja a la voluntad de las partes el sometimiento de sus conflictos al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo. Ello, por otra parte, no podía ser de otra manera, dado el carácter voluntario del arbitraje que, conforme a la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios a la que remite el propio precepto legal citado, requiere para tener lugar de un convenio suscrito por las partes implicadas con posterioridad al surgimiento del conflicto (art. 57.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, en su redacción dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo). De ahí se deriva que, en el caso de que el operador no acceda a la suscripción del convenio en cuestión, el usuario final de servicios de telecomunicaciones no podría encomendar la solución de su problema a la junta arbitral correspondiente. El segundo supuesto tiene lugar cuando las juntas arbitrales de consumo «no resulten competentes para la resolución del conflicto».
Precisamente para el caso de que se dé alguna de estas dos circunstancias, el precepto impugnado encomienda al Ministerio de Ciencia y Tecnología establecer reglamentariamente un procedimiento extrajudicial conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, determinando, además, que el procedimiento que se adopte reúna –en defensa de los consumidores y usuarios– una serie de características, entre otras, que sea rápido y gratuito.
Resulta evidente, así, que la norma prevé la creación de un procedimiento administrativo como mecanismo adicional de resolución de controversias que se enmarca en el sistema de protección reforzada y específica del usuario final de telecomunicaciones exigido por la Directiva 2002/22/CE y, posteriormente, por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifica, entre otras, la Directiva 2002/22/CE.
La regulación impugnada encuentra natural acomodo, por tanto, en el título competencial recogido en el art. 149.1.21 CE, al prever –como se ha dicho– un mecanismo de protección especial y reforzada de los consumidores en el ámbito específico de las telecomunicaciones, cuya finalidad última no es otra que asegurar la efectividad del servicio. Con dicha previsión, no se vulnera en modo alguno las competencias de las Comunidades autónomas, pues no se impide que estas, dentro del ámbito de sus competencias en materia de consumidores y usuarios, regulen los derechos de los mismos y los procedimientos de resolución de los conflictos que se deriven de los incumplimientos por los operadores en la forma que estimen conveniente. Avala esta conclusión, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 1.24 de la ya mencionada Directiva 2009/136/CE, de 25 de noviembre, por el que se modifica el artículo 34.1 de la Directiva 2002/22/CE, de 7 de marzo. De manera similar a este último, el artículo reformado, establece que los Estados miembros han de garantizar la disponibilidad de procedimientos extrajudiciales transparentes, no discriminatorios, sencillos y poco onerosos para tratar litigios no resueltos entre los consumidores y las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas derivados de lo dispuesto en dicha Directiva y que se refieran a las condiciones o la ejecución de los contratos relativos al suministro de estas redes o servicios. Se obliga a los Estados, asimismo, a adoptar medidas para garantizar que tales procedimientos permitan la resolución equitativa y rápida de los litigios y, en caso justificado, podrán adoptar un sistema de reembolso o indemnización. Pero lo relevante, a los efectos que nos proponemos, es que el citado artículo señala expresamente que «tales procedimientos … no privarán al consumidor de la protección jurídica que entraña la legislación nacional», poniendo de manifiesto el carácter de protección reforzada del procedimiento impuesto por la Directiva.
En este mismo sentido indica el desarrollo reglamentario posterior de la Ley 32/2003, llevado a cabo por el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas y que, conforme a su disposición final segunda, «se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución». De acuerdo con lo establecido en su artículo 1, la norma «tiene por objeto la aprobación de la Carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, en desarrollo del artículo 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones». En su preámbulo se señala que esta protección específica del usuario de telecomunicaciones se añade a la que todo consumidor y usuario tiene conforme a la legislación general de protección de los consumidores, en particular el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, así como a la normativa autonómica dictada en la materia, repitiéndose esta misma idea en el artículo 3 de la norma. De esta manera, la complementariedad de ambos regímenes –se afirma– convierte a las telecomunicaciones en uno de los sectores cuyos usuarios gozan de un mayor nivel de protección.
La idea de la protección especial y reforzada de los consumidores y usuarios de servicios de telecomunicaciones y, con ella, el hecho de que el ejercicio de la competencia estatal ex art. 149.1.21 CE no implica, en este caso, vulneración alguna de las competencias autonómicas, se confirma igualmente en la regulación llevada a cabo en el citado Real Decreto 899/2009, de la reclamación prevista en el art. 38.1 de la Ley 32/2003. Esta –se dice en su artículo 27– podrá presentarse por los abonados ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, «sin perjuicio de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que, en su caso, hayan establecido los órganos competentes en materia de consumo de las Comunidades Autónomas». Conforme a lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 27, el procedimiento a seguir se regulará mediante orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. En la actualidad, dicha orden es la ITC/1030/2007, de 12 de abril, declarada vigente por la disposición transitoria 1 c) del Real Decreto 899/2009. Esta norma, cuya disposición final segunda declara haber sido dictada también «al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución», coincide en afirmar, tanto la especialidad de la protección conferida a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, como su cualidad reforzada. En cuanto a lo primero, los apartados 2 y 3 de su artículo 3, excluyen del ámbito propio de este procedimiento, respectivamente, «las controversias que se encuentren reguladas por normativa distinta de la de protección específica de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas» y «los asuntos que no formen parte de la prestación del servicio de comunicaciones electrónicas». Y, en cuanto a lo segundo, el artículo 4.1, establece que la iniciación del procedimiento establecido en la orden, no impide «el derecho de los usuarios finales de presentar reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo, conforme a su normativa reguladora».
De todo lo dicho, se concluye que la impugnación del art. 38.1 de la Ley 32/2003 ha de ser rechazada.
11. Queda por abordar, finalmente, la regulación relativa a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones contenida en el título IV de la Ley 32/2003 (arts. 39 a 42). En concreto, la impugnación de la Generalitat se centra en lo dispuesto en los artículos 40.5 y 41.3. Respecto al primero, los reproches de la demanda se dirigen a su primer inciso, que establece: «El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en este título». Por su parte, el apartado tercero del artículo 41 se impugna en tanto que exige para poder poner en el mercado «aparatos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea», además de la evaluación de la conformidad y el cumplimiento de la normativa aplicable, la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Para la Abogada de la Generalitat, estaríamos, en ambos casos, ante competencias ejecutivas correspondientes a la Comunidad Autónoma en virtud de sus facultades en materia de industria.
La pretensión de la Generalitat, sin embargo, no puede ser atendida. Como pone de manifiesto el Abogado del Estado, los preceptos en cuestión protegen intereses directamente relacionados con las telecomunicaciones. En virtud de sus competencias exclusivas en la materia (art. 149.1.21 CE), tenemos dicho que corresponde al Estado la administración, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico, lo que incluye el establecimiento de las condiciones para el uso del mismo, así como funciones de inspección y comprobación técnica (por todas, STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 6).
La finalidad última de los preceptos impugnados no es otra, precisamente, que la de garantizar el buen uso del espacio radioeléctrico y, con ello, asegurar la efectividad de las telecomunicaciones. Por ello, de forma análoga a como dijimos en nuestra STC 180/2013, de 23 de octubre, FJ 9, debemos afirmar aquí que tanto el control de conformidad, como la autorización estatal previstos en los artículos controvertidos, versan sobre aspectos eminentemente técnicos, predeterminados por las normas de la Unión Europea –requieren de la existencia de normas armonizadas elaboradas por un organismo de normalización europeo reconocido– y afectan, como ya hemos dicho, al uso del espectro radioeléctrico, en tanto que su finalidad última es evitar la existencia en el mercado de equipos que pueden poner en riesgo su correcta utilización. Por ello, no cabe sino concluir también en este caso que los artículos 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003 se han dictado en ejercicio de la competencia que ostenta el Estado ex art. 149.1.21 CE, motivo por el cual procede desestimar su impugnación.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a ocho de mayo de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 581-2004
En el ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, expreso mi parcial discrepancia con la Sentencia por las razones que en su momento defendí en la deliberación en el Pleno y que expongo a continuación.
Discrepo exclusivamente del fundamento jurídico 10 en el que se concluye que la impugnación del art. 38.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, ha de ser rechazada, pues entiendo que la cuestión era susceptible de un análisis más matizado del que se realiza en la Sentencia.
El precepto en cuestión, en su primer párrafo, establece que los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas y los usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. Para el supuesto de que las partes no se sometan a las juntas arbitrales de consumo o que éstas no resulten competentes, el segundo párrafo prevé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Ministerio de Industria, Energía y Turismo) establecerá reglamentariamente un procedimiento conforme al cual los usuarios finales podrán someterle dichas controversias, cuya resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Generalitat consideraba que la previsión de este mecanismo era contrario a las competencias autonómicas en materia de consumo, lo que es desestimado por la Sentencia argumentando que se trata de un medio adicional o complementario de protección del usuario final que el Estado puede establecer al amparo de sus competencias en materia de telecomunicaciones ex art. 149.1.21 CE. En esencia la argumentación desestimatoria puede sintetizarse del siguiente modo: tras describir el contenido del precepto impugnado y aludir al carácter voluntario del sistema arbitral de consumo, se alude en dos ocasiones a que se trata de un mecanismo de protección especial y reforzada de los consumidores en el ámbito específico de las telecomunicaciones con el que «no se vulnera en modo alguno las competencias de las Comunidades autónomas, pues no se impide que estas, dentro del ámbito de sus competencias en materia de consumidores y usuarios, regulen los derechos de los mismos y los procedimientos de resolución de los conflictos que se deriven de los incumplimientos por los operadores en la forma que estimen conveniente». La conclusión en tales términos alcanzada se fundamenta («Avala esta conclusión», «[e]n este mismo sentido indica», «se confirma igualmente») únicamente en la descripción de la normativa comunitaria y estatal que regula este mecanismo (Directiva 2009/136/CE, de 25 de noviembre, por el que se modifica el artículo 34.1 de la Directiva 2002/22/CE, de 7 de marzo; Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, y Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril).
Tales argumentos no me resultan en absoluto convincentes. Así, en primer lugar, estimo metodológicamente cuestionable que para justificar las razones de la decisión ya adoptada se recurra, no al entendimiento que la doctrina constitucional ha hecho de los títulos competenciales que aquí se contraponen, sino a la mera descripción del contenido de la normativa comunitaria y estatal (en algún caso del mínimo rango) que regula este mecanismo. Por otro, el argumento de que no se impide el ejercicio de las competencias autonómicas tampoco me parece procedente, ya que lo que se discute aquí no es eso sino algo distinto, como es determinar cuál es el fundamento de la actuación estatal en esta materia. Esto es, el hecho de que las Comunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias en materia de consumo nada aporta a lo que debía examinarse, que era la denunciada extralimitación competencial del Estado actuando al amparo del art. 149.1.21 CE. Finalmente, la argumentación de que, conforme a la legislación en materia de consumo, el sometimiento de la controversia al arbitraje de consumo no es obligatorio para las partes, de lo que se deriva que «en el caso de que el operador no acceda a la suscripción del convenio en cuestión, el usuario final de servicios de telecomunicaciones no podría encomendar la solución de su problema a la junta arbitral correspondiente» elude el análisis competencial de la cuestión que es lo que aquí se demandaba. Y la conclusión es que la competencia estatal en materia de telecomunicaciones no puede legitimar un sistema superpuesto al arbitraje de consumo, pues ello abocaría a que a una misma actuación, en este caso, empresarial le serían aplicables dos títulos competenciales distintos, que determinan la competencia de dos administraciones distintas, en función de que los interesados acudieran a una u otra instancia. Consecuencia, en mi opinión, inadmisible, desde el punto de vista de la certeza y claridad del ordenamiento y de la delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (en un sentido similar, STC 151/2011, de 29 de septiembre, FJ 5, último párrafo).
En mi opinión no cabe dudar de que, en abstracto, el Estado puede establecer este mecanismo administrativo de solución de controversias y de que con ello no se vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de consumo, dada también la necesidad de que, por su extenso alcance y la posible y frecuente convergencia con otras materias, ésta debe ser delimitada en determinados supuestos y, en consecuencia, deba ceder su espacio ante sectores más específicos (por todas, STC 147/1996, de 19 de septiembre, FJ 5).
Pese a lo anterior creo, frente a lo que sostiene por la mayoría, que el solapamiento del mecanismo con las juntas arbitrales de consumo que el legislador estatal ha establecido sin matización alguna, vulnera las competencias autonómicas. Si nos encontramos en el ámbito material de telecomunicaciones, de competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.21 CE, son también reiteradas las advertencias, recogidas por la propia Sentencia, acerca de su potencial expansivo en relación con otros títulos competenciales. Ello, unido a su carácter más específico, debería llevar a defender que no sea posible que el Estado, mediante el ejercicio de un título sectorial, diseñe un sistema de solución de controversias superpuesto al que se deriva del sistema de las juntas arbitrales de consumo sino que lo correcto, desde el adecuado entendimiento de la especificidad del título sectorial estatal, sería entender que este sistema es aplicable allí donde no lo sea el sistema arbitral de consumo, pues la protección especial y reforzada que pretende establecer se debe a su aplicación en ámbitos materiales distintos de los propios de consumidores y usuarios.
Esto es, se trataría de un procedimiento específico por razón de la materia de telecomunicaciones en encaminado a resolver las controversias entre los usuarios finales que sean personas físicas y los operadores, siempre y cuando se den dos condiciones: a) que la controversia afecte a sus derechos específicos como usuarios finales de servicios de telecomunicaciones y b) que la controversia esté regulada por la normativa en lo referente a la protección específica de los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones, o dicho en otros términos, que esté regulada por la normativa específica en materia de telecomunicaciones. Algo, por cierto, no descartado por el segundo párrafo del art. 38.1 en cuanto que distingue entre el supuesto de que los usuarios no sometan sus controversias a las juntas arbitrales de consumo de aquel en el que éstas no resulten competentes para la resolución del conflicto. Por eso estimo que la norma, interpretada sistemáticamente, en cuanto que en el primer párrafo alude a las juntas arbitrales de consumo y el segundo al mecanismo específico ha de ser entendida en el sentido de que lo que hace es regular un mecanismo ad hoc en el ámbito de las telecomunicaciones aplicable solamente en determinados supuestos delimitados por la norma. Por esa misma razón, en cuanto contradice dicho carácter específico, entiendo que es inconstitucional en su primer inciso («Para el supuesto de que no se sometan a las juntas arbitrales de consumo»), al permitir un sistema de resolución de reclamaciones superpuesto al que se establece en materia de consumo. Con ello se contradice su pretendido carácter específico, enfatizado por la propia Sentencia, y, además, comporta la indeseada consecuencia de duplicar actuaciones administrativas similares, lo que contradice nuestra doctrina, que ha afirmado «la necesidad de evitar duplicidades burocráticas o el mantenimiento de Administraciones paralelas» (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 9, con cita de otras).
Algo de esta preocupación late en la Sentencia, pues parece dar a entender, sin establecerlo claramente, que el sistema que regula el precepto impugnado se aplicaría cuando las juntas arbitrales de consumo «no resulten competentes para la resolución del conflicto» (lo que no plantea problema alguno, antes al contrario) o bien cuando el operador no suscribiese el oportuno y preceptivo convenio a tal efecto suscrito por las partes implicadas con posterioridad al surgimiento del conflicto, pues, en el caso de que no se acceda a la suscripción del convenio en cuestión, sería aplicable el otro sistema. Esa solución, sin embargo, no es la que se deriva del tenor literal de la norma, que no indaga acerca de las razones por las que no es posible el sometimiento de la cuestión a las juntas arbitrales de consumo, sino una interpretación del art. 38.1, en cuanto que restringe el entendimiento de su inciso inicial («Para el supuesto de que no se sometan a las juntas arbitrales de consumo»), al caso en que no haya posible tal sometimiento como consecuencia de la negativa de alguno de los interesados, singularmente del operador. Restricción que, además de que de la misma no se extrae ninguna consecuencia, no cuenta con soporte alguno en el tenor del precepto, cuyo carácter incondicionado determinaba la inconstitucionalidad de su inciso inicial.
Y en tal sentido emito mi Voto.
Madrid, a ocho de mayo de dos mil catorce.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado. | El TC rechaza recurso Generalitat de Cataluña contra Ley General de Telecomunicaciones. | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Enrique López y López y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 581-2004, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 –letras a), b) y c)–, 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 3 de febrero de 2004, el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4.5, 25.1, 25.2 –letras a), b) y c)–, 38.1 –primer inciso del párrafo segundo–, 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones. La impugnación se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación:
a) Se inicia el recurso con un planteamiento general, en el que, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la jurisprudencia de este Tribunal, se reconoce el carácter exclusivo de la competencia estatal ex art. 149.1.21 CE y se señala el carácter expansivo de la misma. Asimismo, se advierte que el objeto de la regulación de la Ley debería ceñirse al instrumento o medio técnico a través del cual se transmiten contenidos o se prestan servicios, pero no referirse a las eventuales necesidades de carácter público que se pretenden satisfacer por medio de ese instrumento.
Partiendo de ese marco general, el escrito de planteamiento del recurso se dirige, en primer lugar, a fundamentar la vulneración de las competencias autonómicas en materia de protección civil y seguridad pública ex art. 13.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC). La Ley 32/2003 (art. 21) establece dos categorías de obligaciones de servicio público a las que están sujetos los operadores: el servicio universal y las obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general. El servicio universal viene definido en el art. 22.1 de la Ley como el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. En este caso, consideran los promotores de este recurso de inconstitucionalidad, nos encontraríamos sin lugar a dudas en el ámbito estricto de las telecomunicaciones, pues se trata de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad a las telecomunicaciones y, de forma específica, al servicio telefónico. La vulneración de las competencias autonómicas, en cambio, tendría su origen en la imposición de obligaciones de «servicio público» a los operadores de telecomunicaciones que se lleva a cabo en los artículos 4.5 y 25.1 y 2 de la Ley recurrida.
Al efecto se argumenta acudiendo, a modo de comparación con lo dispuesto en la Ley 32/2003, a la regulación que contenía la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio. Del repaso a dicha normativa se extrae que el art. 25 de la Ley 32/2003, al prever la posibilidad de que el Gobierno imponga unilateralmente a los operadores otras obligaciones de servicio público distintas de las de servicio universal, vulnera las competencias sectoriales que las Comunidades Autónomas pueden tener atribuidas en cada una de las materias a las que hacen referencia los apartados 1 y 2 del mencionado precepto.
En concreto, esta parte procesal señala que la mayoría de las obligaciones de servicio público que se mencionan en el artículo 25.1 y 2, persiguen finalidades de interés público en las que las telecomunicaciones son un simple medio para conseguir determinados objetivos prestacionales en ámbitos materiales diversos. Como ejemplo, se hace referencia a las obligaciones impuestas a los operadores en el servicio público de la educación, como consecuencia de la incorporación por parte de la Ley 32/2003 de la normativa comunitaria, en concreto, la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002, de acuerdo con la cual se pretende garantizar que todos los centros de enseñanza dispongan de acceso a internet y a los recursos multimedia. Sobre esta materia –se afirma– las Comunidades Autónomas disponen de competencia de desarrollo normativo y de ejecución (en el caso de Cataluña, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 EAC). Por ello, se entiende que carece de sentido que el Estado impusiera obligaciones en este ámbito sin tener en cuenta las competencias autonómicas en la materia, puesto que cada Comunidad Autónoma puede tener diseñada una estrategia legítimamente distinta a la del Estado para conseguir el mismo objetivo. Además, para el Abogado de la Generalitat de Cataluña, que el título competencial prevalente, en este caso, es el de educación se deduce de lo establecido en el Convenio de colaboración de 15 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Generalitat de Cataluña para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco «Internet en la Escuela» firmado por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecnología, dentro del plan Info XXI.
Parecidas consideraciones cabe hacer, a modo de ver de esta parte procesal, en lo que concierne a otras posibles obligaciones de servicio público derivadas de lo dispuesto
### RESUMEN: El TC rechaza recurso Generalitat de Cataluña contra Ley General de Telecomunicaciones. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de agosto de 2014, vengo a nombrar Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a doña María Rocío Chico Hualde.
Madrid, 4 de septiembre de 2014.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo. | Nombrada como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a María Rocío Chico Hualde. | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de agosto de 2014, vengo a nombrar Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a doña María Rocío Chico Hualde.
Madrid, 4 de septiembre de 2014.–El Ministro de Economía y Competitividad, P. D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.
### RESUMEN: Nombrada como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a María Rocío Chico Hualde. |
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
[indice]Preámbulo.
Título I. Disposiciones preliminares.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Registro de Patentes.
Artículo 3. Legitimación.
Título II. Patentabilidad.
Artículo 4. Invenciones patentables.
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.
Artículo 6. Novedad.
Artículo 7. Divulgaciones inocuas.
Artículo 8. Actividad inventiva.
Artículo 9. Aplicación industrial.
Título III. Derecho a la patente y designación del inventor.
Artículo 10. Derecho a la patente.
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.
Artículo 12. Reivindicación de titularidad.
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.
Artículo 14. Designación del inventor.
Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.
Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el trabajador.
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
Título V. Solicitud y procedimiento de concesión.
Capítulo I. Presentación y requisitos de la solicitud de patente.
Artículo 22. Presentación de la solicitud.
Artículo 23. Requisitos de la solicitud.
Artículo 24. Fecha de presentación.
Artículo 25. Designación del inventor.
Artículo 26. Unidad de invención.
Artículo 27. Descripción de la Invención.
Artículo 28. Reivindicaciones.
Artículo 29. Resumen.
Artículo 30. Prioridad.
Artículo 31. Reivindicación de la prioridad.
Capítulo II. Procedimiento de Concesión.
Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.
Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.
Artículo 35. Examen de oficio.
Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.
Artículo 38. Observaciones de terceros.
Artículo 39. Examen sustantivo.
Artículo 40. Tramitación y resolución.
Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente.
Artículo 42. Edición del folleto de la patente.
Capítulo III. Oposiciones y recursos.
Artículo 43. Oposiciones.
Artículo 44. Recursos.
Capítulo IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.
Artículo 45. Solicitudes.
Artículo 46. Tramitación.
Artículo 47. Mantenimiento.
Capítulo V. Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros.
Artículo 48. Modificaciones.
Artículo 49. Rectificación de errores.
Artículo 50. Suspensión de los procedimientos.
Artículo 51. Cambio de modalidad.
Artículo 52. Retirada de la solicitud.
Artículo 53. Restablecimiento de derechos.
Artículo 54. Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa.
Artículo 55. Consulta de expedientes.
Artículo 56. Accesibilidad de la materia biológica.
Artículo 57. Obligación de facilitar información a terceros.
Título VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.
Artículo 58. Duración y cómputo de los efectos.
Artículo 59. Prohibición de explotación directa de la invención.
Artículo 60. Prohibición de explotación indirecta de la invención.
Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.
Artículo 62. Excepciones del ganadero y del agricultor.
Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.
Artículo 64. Falta de cobertura frente a patentes anteriores.
Artículo 65. Patentes dependientes.
Artículo 66. Limitaciones legales.
Artículo 67. Protección provisional.
Artículo 68. Alcance de la protección.
Artículo 69. Alcance de la protección en las patentes de procedimiento.
Título VII. Acciones por violación del derecho de patente.
Artículo 70. Defensa del derecho.
Artículo 71. Acciones civiles.
Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.
Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
Artículo 75. Incidencia de los beneficios comerciales.
Artículo 76. Indemnización por desprestigio.
Artículo 77. Deducción de las indemnizaciones ya percibidas.
Artículo 78. Prescripción de acciones y límite al ejercicio de las acciones.
Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.
Capítulo I. Inscripción registral, cotitularidad y expropiación.
Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes.
Artículo 80. Cotitularidad.
Artículo 81. Expropiación.
Capítulo II. Transferencias, Licencias y Gravámenes.
Artículo 82. Principios generales.
Artículo 83. Licencias contractuales.
Artículo 84. Conocimientos técnicos.
Artículo 85. Responsabilidad del transmitente y del licenciante.
Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros.
Capítulo III. Licencias de pleno derecho.
Artículo 87. Licencias de pleno derecho.
Artículo 88. Ofrecimiento de licencias de pleno derecho.
Artículo 89. Obtención de licencias de pleno derecho.
Título IX. Obligación de explotar y licencias obligatorias.
Capítulo I. Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias.
Artículo 90. Obligación de explotar.
Artículo 91. Supuestos de concesión de licencias obligatorias.
Artículo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.
Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia.
Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.
Artículo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés público.
Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.
Capítulo II. Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias.
Artículo 97. Justificación previa del solicitante de la licencia.
Artículo 98. Solicitud de la licencia.
Artículo 99. Tramitación y resolución.
Capítulo III. Régimen de las licencias obligatorias.
Artículo 100. Características de las licencias obligatorias.
Artículo 101. Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias.
Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente.
Capítulo I. Nulidad.
Artículo 102. Causas de nulidad.
Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.
Artículo 104. Efectos de la declaración de nulidad.
Capítulo II. Revocación o limitación a instancia del titular de la patente.
Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.
Artículo 106. Procedimiento.
Artículo 107. Efectos de la revocación o de la limitación.
Capítulo III. Caducidad.
Artículo 108. Causas de caducidad.
Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.
Artículo 110. Renuncia.
Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional.
Artículo 111. Sujeción al régimen de secreto.
Artículo 112. Tramitación.
Artículo 113. Mantenimiento del régimen de secreto.
Artículo 114. Anualidades y compensación.
Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.
Título XII. Jurisdicción y normas procesales.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 116. Jurisdicción.
Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de acciones.
Artículo 118. Competencia.
Artículo 119. Plazos en litigios en materia de patentes.
Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.
Artículo 121. Acción negatoria.
Artículo 122. Tratamiento de la información confidencial.
Capítulo II. Diligencias de comprobación de hechos.
Artículo 123. Petición de las diligencias.
Artículo 124. Práctica de las diligencias.
Artículo 125. Certificaciones y copias de las diligencias.
Artículo 126. Compensación de la parte afectada.
Capítulo III. Medidas cautelares.
Artículo 127. Petición de medidas cautelares.
Artículo 128. Posibles medidas cautelares.
Artículo 129. Fianzas.
Artículo 130. Medidas cautelares en caso de apelación.
Artículo 131. Levantamiento de las medidas cautelares.
Artículo 132. Escritos preventivos.
Capítulo IV. Solución extrajudicial de controversias.
Artículo 133. Conciliación en materia de invenciones de empleados.
Artículo 134. Comisión de conciliación.
Artículo 135. Propuesta de acuerdo y conformidad.
Artículo 136. Arbitraje y mediación.
Título XIII. Modelos de utilidad.
Capítulo I. Objeto y requisitos de protección.
Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
Artículo 138. Derecho a la protección.
Artículo 139. Estado de la técnica.
Artículo 140. Actividad inventiva.
Capítulo II. Solicitud y procedimiento de concesión.
Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.
Artículo 142. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.
Artículo 143. Publicación de la solicitud.
Artículo 144. Oposiciones a la solicitud.
Artículo 145. Procedimiento y resolución.
Artículo 146. Recursos.
Artículo 147. Publicación de las modificaciones.
Capítulo III. Efectos de la concesión.
Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.
Artículo 149. Nulidad.
Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre patentes.
Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales.
Capítulo I. Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España.
Artículo 151. Ámbito de aplicación.
Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea.
Artículo 153. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada.
Artículo 155. Traducción y publicación de la patente europea.
Artículo 156. Registro de Patentes Europeas.
Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
Artículo 158. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.
Artículo 159. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.
Artículo 160. Prohibición de doble protección.
Artículo 161. Anualidades.
Capítulo II. Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes.
Sección 1.ª Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España.
Artículo 162. Ámbito de aplicación.
Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.
Artículo 164. Conversión de solicitudes internacionales.
Artículo 165. Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.
Artículo 166. Prórroga de los plazos para el pago de tasas.
Sección 2.ª Solicitudes internacionales que designen o elijan a España.
Artículo 167. Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida.
Artículo 168. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.
Artículo 169. Tramitación de la solicitud internacional.
Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional.
Artículo 171. Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 172. Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional.
Artículo 173. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional.
Artículo 174. La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional.
Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 175. Capacidad y representación.
Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.
Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
Artículo 178. Incompatibilidades.
Artículo 179. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 180. Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional.
Artículo 181. Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información.
Título XVI. Tasas y anualidades.
Artículo 182. Tasas.
Artículo 183. Reembolso de las tasas.
Artículo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento.
Artículo 185. Recargos.
Artículo 186. Reducción de tasas.
Disposición adicional primera. Régimen legal de los procedimientos.
Disposición adicional segunda. Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial.
Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.
Disposición adicional cuarta. Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
Disposición adicional quinta. Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes.
Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada.
Disposición adicional séptima. Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional octava. Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales.
Disposición adicional novena. Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.
Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.
Disposición transitoria tercera. Tasas y anualidades.
Disposición transitoria cuarta. Divulgaciones inocuas.
Disposición transitoria quinta. Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación.
Disposición transitoria sexta. Acciones judiciales.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Disposición final sexta. Título competencial.
Disposición final séptima. Desarrollo de la Ley.
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
Anexo.
[fin indice][encabezado]PREÁMBULO
I
La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes supuso en su día la reforma completa de nuestro sistema de patentes en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuya negociación incluyó un capítulo sobre la materia, y la adhesión al Convenio sobre concesión de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, que tuvieron lugar en aquel año de 1986.
La solidez y la flexibilidad de la Ley de Patentes ha permitido, a lo largo de sus tres décadas de vigencia, combinar la estabilidad de su marco regulador con los cambios necesarios para acomodarlo puntualmente a la evolución comunitaria e internacional de este sector del ordenamiento, sin que fuera necesaria una nueva Ley, bastando con reformas parciales de su articulado.
Ejemplos de esta evolución adaptativa fueron la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, además de otras muchas modificaciones menores, que afectaron tanto a la Ley como a su posterior desarrollo reglamentario.
Esto no obstante, desde la experiencia acumulada al aplicar la legislación vigente a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde 1986, se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.
En el ámbito internacional varios factores han contribuido al cambio. Uno de ellos es el desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En 1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP), y nuestro país puede ser designado o elegido en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de cooperación en materia de patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (más conocido por su acrónimo inglés PCT), siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Administración de Búsqueda y Examen Preliminar internacionales en el marco de dicho Tratado.
Otro factor de cambio, asociado al decisivo papel de la innovación como soporte del comercio internacional en una economía cada vez más globalizada, fue la integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.
También hay que contar con el desarrollo posterior del Derecho de patentes de la Unión Europea, materializado hasta el momento en la citada Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP). A este entramado normativo hay que añadir el Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000 (conocido también por su acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 2013, que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales.
La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar.
Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.
La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.
En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz.
Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el Título X de la Ley anterior.
También se actualizan disposiciones referidas a las llamadas en la Ley de Patentes de 1986 «invenciones laborales» y se incluyen otras sobre los CCP, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. Asimismo se refunden en la Ley, como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, recogidas en sendos reglamentos después de la Ley de 1986. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la Ley.
Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la Ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, así como ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado.
Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación.
II
En las disposiciones preliminares del Título I se establece la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.
El Título II, sobre patentabilidad, incorpora las modificaciones adoptadas para las patentes europeas tras el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (CPE), hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000, al hacer explícita la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para su uso como medicamento o para nuevas aplicaciones terapéuticas. En cuanto a los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico seguirán excluidos de la protección por patente en los mismos supuestos en que lo estaban antes, pero sin necesidad de recurrir a la ficción de su falta de aplicación industrial.
Para mayor claridad, al delimitar el estado de la técnica se hace mención expresa, entre las interferencias, a las solicitudes anteriores de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español y las internacionales PCT que entren en fase nacional en España, que tampoco se mencionaban explícitamente en la Ley anterior, porque, cuando esta se promulgó, España aún no era parte de esos Convenios.
También se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento. Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.
III
El Título III, sobre derecho a la patente y designación del inventor se mantiene en lo esencial inalterado. Tampoco varía la regulación en el Título IV de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios en cuanto a la atribución de su titularidad. No obstante, se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.
También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.
En lo que atañe a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación, y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas se ha procurado adaptar la Ley de Patentes con la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ─que modificó la propia Ley de Patentes en su disposición final segunda─ y con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Es esta una materia sobre la que inevitablemente existirá una cierta dispersión normativa dada la remisión de la propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.
IV
El Título V es uno de los ejes de la reforma e incluye la solicitud de patente y los procedimientos de concesión, oposición y recursos, las normas de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre certificados complementarios, y las disposiciones generales comunes a todos ellos.
La Ley simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL) y que ya se aplican en los procedimientos internacionales anteriormente citados.
Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.
Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.
En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.
El modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial.
El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la OEPM como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria –en personal y especialización– requeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, ya que la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes que luego son abandonadas tras un premioso examen técnico y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso, con independencia de los resultados de la búsqueda del estado de la técnica.
Nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva.
Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.
Se sustituye así el anterior procedimiento por otro que integra la búsqueda con el examen técnico, y cuyas conclusiones se plasmarán en la opinión escrita. Esta será ya una primera comunicación del examinador a cuyas observaciones y objeciones, si las hubiere, podrá contestar el interesado al pedir el examen sustantivo si decide continuar con la tramitación, modificando en su caso la solicitud en la medida necesaria para ajustarse a las exigencias legales.
Al adelantar la búsqueda se acelera el procedimiento en el aspecto esencial para el interesado, que es el de facilitarle el acceso puntual a la información relevante para decidir mantener su solicitud y, en su caso, patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad. Esta es la razón del pago inicial de la tasa de búsqueda, como ocurre también en el caso de las patentes europeas y en el procedimiento internacional PCT.
Por su parte en el examen sustantivo tendrá por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos, formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.
Para acelerar el procedimiento se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión, que es el generalizado en el derecho comparado, aunque se mantienen las observaciones de terceros, que sin ser parte en el procedimiento, podrán presentarse una vez publicada la solicitud y referirse a cualquier aspecto relacionado con la patentabilidad de la invención. El sistema de oposición diferida obliga a modificar en consecuencia el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.
El Capítulo IV sobre CCP se limita a regular algunas cuestiones cuya comprobación la normativa comunitaria deja al derecho interno y el régimen de tasas. El resto de la regulación está ya contenida en la normativa comunitaria que es directamente aplicable a este tipo de títulos.
Finalmente se armonizan las reglas generales sobre el procedimiento e información de los terceros con las establecidas en materias comunes para las otras modalidades de Propiedad Industrial. Entre las novedades a destacar está la posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT, las normas relativas a la modificación de la solicitud y reivindicaciones en los diversos procedimientos y la obligación de especificar por escrito las diferencias entre el texto anterior y el nuevo juego de reivindicaciones que lo modifica.
V
Los Títulos VI y VII ya han sido actualizados en reformas anteriores y apenas sufren cambios. El primero, donde se regulan el alcance y los límites del derecho de patente, fue modificado por la ya citada Ley 10/2002, de 29 de abril, y por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al mencionar expresamente entre los límites al derecho de patente, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.
No obstante en la nueva Ley se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar», que tienen distinto origen y finalidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Otras modificaciones menores consisten en hacer explícita la referencia a los medios equivalentes para determinar la extensión de la protección, en eliminar algunas normas que han quedado obsoletas al desaparecer los supuestos que las justificaban, y en matizar el alcance del agotamiento, como límite general al ejercicio del derecho.
Las acciones de defensa del titular de la patente, a las que se refiere el Título VII, también fueron actualizadas en la Ley 19/2006, de 5 de junio, mencionada al inicio de esta exposición, que incluyó normas referidas a las medidas provisionales y cautelares, la responsabilidad de los intermediarios y la fijación de indemnizaciones. No obstante, se mejora en algunos aspectos la adecuación a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, al establecer, para fijar los daños y perjuicios, un canon mínimo y no un canon máximo como ocurría hasta ahora.
La Ley también añade las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, y remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria.
VI
El Título VIII sobre la solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad se inicia con los principios generales de derecho registral, como son el de publicidad, la calificación registral basada en la legalidad y el efecto de cierre registral que es propio del principio de prioridad.
Por lo demás la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, suprimió la exigencia de documento público en la formalización de transferencias y licencias, remitiendo al reglamento las condiciones de forma y documentación.
A la obligación de explotar la invención y al régimen de licencias obligatorias se dedica el Título IX.
En esta materia las adaptaciones en Leyes posteriores, como la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social consistieron en reformas «de mínimos» que se limitaron a suprimir o modificar algunas disposiciones manifiestamente incompatibles con el ADPIC, pero dejaron intacto el resto de la regulación, que estaba basada en un presupuesto que dejó de existir una vez que el citado Acuerdo produjo efectos en España.
En efecto, cuando se redactó la Ley de Patentes de 1986 la obligación de explotar el objeto de la patente exigía su fabricación o ejecución en territorio nacional. Tras la aplicación del ADPIC en España, basta con tener abastecido el mercado interno mediante importaciones desde cualquier país miembro de la OMC. Un cambio tan radical dejó inoperante buena parte de la regulación anterior, puesto que, con ella, se pretendía evitar que las importaciones sustituyeran a la fabricación en el país y esto fue justamente lo que se legalizó después. Las consecuencias de este modelo liberalizador sobre los derechos de Propiedad Intelectual como soporte del comercio internacional son un buen ejemplo de lo que luego se ha dado en llamar globalización.
Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.
La nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al ADPIC. Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.
La posibilidad de interrumpir la explotación se limita a un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.
Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado ADPIC. También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.
La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una comisión de expertos ─uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas─, para determinar las condiciones de la licencia. La licencia obligatoria se extenderá a los CCP que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.
VII
Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes contenidas en el Título X sufren algunas modificaciones derivadas de su adaptación a normas posteriores a las que se alude a continuación.
En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ya ocurre con las patentes europeas y se extienden los efectos de la nulidad a los CCP en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.
El Capítulo II de este mismo Título X regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.
La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos, que se aplicaría al mismo supuesto, y en consecuencia desaparece como figura autónoma. En todo caso la caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.
Respecto de las solicitudes y patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto, cuyo régimen se contempla en el Título XI se introducen algunos cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga, y a concretar las condiciones que permitan presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de acuerdo con lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España.
VIII
Las normas sobre jurisdicción y normas procesales ya se han actualizado con las reformas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.
En el Capítulo I del Título XII se reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones, además de a los titulares de los derechos inscritos, a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción del acto o negocio jurídico del que traiga causa el derecho que se pretende hacer valer, siempre que tal inscripción llegue a ser concedida.
En cuanto a la jurisdicción desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil, de conformidad con el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley trata además de conjugar la cercanía y descentralización de la justicia con la profundización en el modelo de especialización judicial en materia de patentes, afianzando este modelo mediante una concentración de los asuntos que atribuye la competencia objetiva al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, manteniéndose los mismos criterios de competencia territorial.
Por otra parte se acomodan los plazos procesales a la complejidad propia de los litigios sobre patentes, dada la extraordinaria importancia de los dictámenes de peritos en litigios sobre patentes y la necesidad de disponer de los mismos tempestivamente en garantía del derecho de defensa, ampliándose los plazos para contestar demandas y reconvenciones en el artículo 119.
En lo que se refiere a la nulidad del título planteada, como excepción, se permite que el titular de la patente solicite en su caso su tratamiento como reconvención o limite sus reivindicaciones, con carácter principal o subsidiario, siempre en trámite escrito y con tiempo suficiente para que el solicitante de la nulidad modifique o mantenga sus pretensiones a la vista de la limitación propuesta.
También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.
Los Capítulos II y III sobre diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares incluyen algunas modificaciones encaminadas a concretar su alcance y a permitir que cuando sea preciso recabar información sensible se adopten las medidas necesarias para compatibilizar los intereses del demandado en preservar la confidencialidad de la información y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que la requiera.
También se recoge de forma clara e inequívoca la necesidad de que las diligencias de comprobación de hechos se practiquen sin que medie notificación previa a quien deba soportarlas para no frustrar el buen fin de las mismas.
Respecto de las medidas cautelares se precisa la regulación de la caución sustitutoria, cuyo importe se fijará por el órgano jurisdiccional durante la tramitación de las medidas y con audiencia de las partes, de manera que la fianza pueda concretarse en el mismo trámite sin que sea necesario abrir otro de alegaciones y pruebas sobre dicha caución. También se fija un plazo para que el demandado, una vez alzadas las medidas concrete, si procede, su pretensión indemnizatoria, y se prevé que si la fianza no alcanzara a cubrir todos los daños causados no haya que acudir a otro procedimiento para la ejecución de una resolución firme que ya determinó dichos perjuicios, y pueda seguir la vía de apremio contra el responsable.
Por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición.
El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.
En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. También se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.
Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en el artículo 136 de esta Ley y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda.
IX
Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.
En España, los modelos de utilidad han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulación, contenida en el Título XIII, se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación.
La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.
También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.
En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.
X
Se introduce un nuevo Título XIV relativo a la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, que, como es habitual en el derecho comparado, integra en la Ley las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España, refundiendo y sintetizando las principales disposiciones ya recogidas en sendos reglamentos aprobados después de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, cuando España se adhirió a dichos convenios internacionales.
Las normas sobre representación, agentes y mandatarios, de las que se ocupa el Título XV ya fueron revisadas por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y posteriormente por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Las modificaciones que ahora se incorporan, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial, se adaptan a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, regulando las normas básicas de acceso y ejercicio de la representación profesional en el marco de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales y al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que la traspone.
Se mantiene el examen de aptitud para el acceso a una profesión regulada como es la de Agente de la Propiedad Industrial, cuya cualificación debe acreditarse mediante título de formación y la superación de la prueba de aptitud, requisitos que como es obvio solo pueden cumplir las personas físicas, pero se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad. También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Finalmente, se integra en la Ley lo que ya se había actualizado por vía reglamentaria, sustituyendo el anterior régimen de autorización por una declaración responsable que habilita para iniciar el ejercicio de la actividad de representación profesional.
En el Título XVI, sobre tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.
El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derechos abonando la tasa de regularización adicional prevista en la tarifa segunda de la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad.
En las disposiciones adicionales, se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Otras disposiciones adicionales se refieren a la publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, a las comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y al establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas, para que éstas permanezcan informadas a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. También se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible antes citada, así como el establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
En las disposiciones finales se modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, de creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y de acuerdo con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.
Las disposiciones finales tercera y cuarta modifican la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en sus respectivas disposiciones adicionales primeras, con el fin de reconocer expresamente competencia a los Tribunales de Marca Comunitaria para conocer de los litigios civiles cuando se ejerciten de forma acumulada acciones comunitarias y nacionales cuyos títulos estén amparando idéntico o similar signo o diseño y al menos una de ellas esté fundamentada en un título comunitario.
La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149.1.9.ª sobre legislación relativa a la propiedad industrial y 149.1.6.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.
TÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:
a) Patentes de invención.
b) Modelos de utilidad.
c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios.
Artículo 2. Registro de Patentes.
1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o en el derecho de la Unión Europea.
2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.
Artículo 3. Legitimación.
1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley.
TÍTULO II
Patentabilidad
Artículo 4. Invenciones patentables.
1. Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.
4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
d) Las formas de presentar informaciones.
5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal.
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.
No podrán ser objeto de patente:
1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.
La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.
6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica alguna.
Artículo 6. Novedad.
1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior.
4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado de la técnica para ser usada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica.
5. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una sustancia o composición de las señaladas en el apartado 4 para una utilización determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.
Artículo 7. Divulgaciones inocuas.
No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:
a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.
En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Artículo 8. Actividad inventiva.
1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.
Artículo 9. Aplicación industrial.
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
TÍTULO III
Derecho a la patente y designación del inventor
Artículo 10. Derecho a la patente.
1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.
2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.
3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquella cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.
4. En el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.
1. Cuando, con base en lo dispuesto en esta Ley, una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta del solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá, dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada:
a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud subrogándose en el lugar del solicitante.
b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención que gozará de la misma prioridad.
c) Pedir que la solicitud sea denegada.
2. Lo dispuesto en el artículo 26.3 es aplicable a cualquier nueva solicitud presentada según lo establecido en el apartado anterior.
3. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere el apartado 1 no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez podrá acordar, como medida cautelar de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiere sido publicada, hasta que la firmeza de la sentencia o de la resolución que ponga término al procedimiento sea debidamente notificada, si fuere desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación si fuese estimatoria.
Se levantará asimismo la suspensión siempre que la resolución que ponga término al procedimiento fuera estimatoria y firme y el actor solicite la continuación del mismo.
Artículo 12. Reivindicación de titularidad.
1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle.
2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.
4. Será objeto de anotación en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia o cualquier otra resolución firme que ponga fin al procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada.
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.
1. Cuando se produzca un cambio en la titularidad de una solicitud o de una patente como consecuencia de una sentencia de las previstas en el artículo anterior, las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente se extinguirán por la inscripción en el Registro de Patentes de la persona legitimada.
2. Tanto el titular de la solicitud o de la patente como el titular de una licencia obtenida antes de que se inscriba la presentación de la demanda judicial, que con anterioridad a esa inscripción hubieran explotado la invención o hubieran hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, podrán continuar o comenzar la explotación siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito en el Registro de Patentes, en un plazo de dos meses si se trata del anterior titular de la patente o, en el caso del licenciatario, de cuatro meses desde que hubieren recibido la notificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se le comunica la inscripción del nuevo titular. La licencia ha de ser concedida por un período adecuado y en unas condiciones razonables, que se fijarán, en caso necesario, por el procedimiento establecido en la presente Ley para las licencias obligatorias.
3. No es aplicable lo dispuesto en el apartado anterior si el titular de la patente o de la licencia hubiera actuado de mala fe en el momento en que comenzó la explotación o los preparativos para la misma.
Artículo 14. Designación del inventor.
El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente.
TÍTULO IV
Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios
Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
1. Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.
2. El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo.
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.
Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.
2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.
Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el empleado.
1. El empleado que realice alguna de las invenciones a que se refieren los artículos 15 y 17 deberá informar de ello al empresario mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le correspondan. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado en este Título.
2. Cuando se trate una invención asumible por el empresario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, el empresario, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior, deberá evaluar la invención de que se trate y comunicar por escrito al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma.
Si el empresario, no comunica al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención en los plazos previstos caducará su derecho, pudiendo el empleado presentar la solicitud de patente.
Si el empresario, habiendo comunicado al empleado su voluntad de asumir la titularidad de la invención, no presentase la solicitud de propiedad industrial dentro de un plazo adicional razonable fijado con el empleado, podrá este presentar la solicitud de patente en nombre y por cuenta del empresario.
3. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de las actividades previstas en los artículos 15 y 17 que mediante su explotación como secreto industrial ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán derecho a reclamar del empleador una compensación razonable fijada de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos citados tan pronto como este último explote la propuesta.
4. Tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.
1. Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o de servicios, se presumen realizadas durante la vigencia de ésta.
2. Será nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley le otorga en este Título.
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
Las normas del presente Título serán asimismo aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.
A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.
2. Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser comunicadas por escrito a la entidad pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.
3. El organismo o la entidad pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.
Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2.
4. El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.
5. En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.
6. El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
7. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.
TÍTULO V
Solicitud y procedimiento de concesión
CAPÍTULO I
Presentación y requisitos de la solicitud de patente
Artículo 22. Presentación de la solicitud.
1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.
2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.
3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Artículo 23. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de patente deberá contener:
a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
c) Una o varias reivindicaciones.
d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.
e) Un resumen de la invención.
2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.
En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.
3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.
4. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica.
Artículo 24. Fecha de presentación.
1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:
a) La indicación de que se solicita una patente.
b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él.
c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.
A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma debiendo presentarse la correspondiente traducción al castellano en el plazo reglamentariamente establecido.
2. La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en la que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción y, en su caso, a los dibujos.
3. Si la solicitud se remite a una anterior según lo previsto en el apartado precedente deberá presentarse una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada, en su caso, de la correspondiente traducción al castellano, en el plazo fijado en el reglamento de ejecución.
4. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una oficina de correos será la del momento en que dicha oficina reciba la documentación que contenga los elementos mencionados en los apartados anteriores, siempre que sean presentados por correo certificado en la forma prevista por el artículo 31 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. En todo caso la documentación deberá estar dirigida al órgano competente para recibir la solicitud.
Artículo 25. Designación del inventor.
La solicitud deberá designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.
Artículo 26. Unidad de invención.
1. La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.
2. Las solicitudes que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
3. Las solicitudes divisionales tendrán la misma fecha de presentación que la solicitud inicial de la que procedan, en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud.
Artículo 27. Descripción de la Invención.
1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.
2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente:
a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de presentación de la solicitud de patente en una institución reconocida legalmente para ello, en condiciones iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de Budapest). En todo caso, se considerarán reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.
b) Que la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo.
3. Si la materia biológica depositada de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, dejase de estar disponible en la institución de depósito reconocida, se autorizará un nuevo depósito de esa materia, en condiciones análogas a las previstas en el Tratado de Budapest.
4. Todo nuevo depósito deberá ir acompañado de una declaración firmada por el depositante que certifique que la materia biológica objeto del nuevo depósito es la misma que se depositó inicialmente.
Artículo 28. Reivindicaciones.
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
Artículo 29. Resumen.
El resumen de la invención servirá exclusivamente para una finalidad de información técnica. No podrá ser tomado en consideración para ningún otro fin, y en particular no podrá ser utilizado ni para la determinación del ámbito de la protección solicitada, ni para delimitar el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.3.
Artículo 30. Prioridad.
1. Quienes hayan presentado regularmente una primera solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, o de certificado de utilidad en o para alguno de los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, o sus causahabientes, gozarán, para la presentación de una solicitud de patente en España sobre la misma invención, de un derecho de prioridad de doce meses a partir de la fecha de presentación de dicha primera solicitud, nacional o extranjera, en las condiciones establecidas en el artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad mencionado en el apartado anterior quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección en o para un Estado no mencionado en el apartado 1 que reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.
3. En virtud del ejercicio del derecho de prioridad se considerará como fecha de presentación de la solicitud, a efectos de lo dispuesto en los artículos 6, 10.3 y 139, la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad hubiere sido válidamente reivindicada.
Artículo 31. Reivindicación de la prioridad.
1. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al español cuando esté redactada en otro idioma.
2. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.
3. Para una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación podrán reivindicarse prioridades múltiples, aunque tengan su origen en Estados diferentes. Si se reivindican prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se contarán desde la fecha de prioridad más antigua.
4. Cuando se reivindiquen una o varias prioridades, el derecho de prioridad sólo amparará a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada.
5. Aun cuando determinados elementos de la invención para los que se reivindique la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, podrá otorgarse la prioridad para los mismos si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revela de manera suficientemente clara y precisa tales elementos.
6. La reivindicación de prioridad implicará el pago de la tasa correspondiente.
CAPÍTULO II
Procedimiento de Concesión
Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.
1. El órgano competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación, y expedirá un recibo acreditativo o copia sellada de la documentación presentada en la forma que reglamentariamente se determine. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora.
2. Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas la documentación presentada dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.
Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.
1. Dentro de los 10 días siguientes a su recepción, la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de patente cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presentación y, si es así, la admitirá a trámite y procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.
2. Si la faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación, se notificarán los defectos al interesado para que los subsane en el plazo establecido. La fecha de presentación será en ese caso la del momento en que la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba la documentación con los defectos debidamente corregidos. Si los defectos no se subsanan en plazo, la solicitud no será admitida a trámite y así se comunicará, con indicación de los motivos, al solicitante.
3. Si las tasas de solicitud y la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica no hubieran sido abonadas con la solicitud, o no lo hubieren sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido de la solicitud.
4. Los plazos mencionados en los apartados anteriores son los fijados en el reglamento de ejecución de la presente Ley.
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del Ministerio de Defensa, a los efectos previstos en el Título XI de esta Ley, todas las solicitudes de patentes que puedan ser de interés para la defensa nacional, estableciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio.
Artículo 35. Examen de oficio.
1. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:
a) Si el objeto de la misma no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4.4 y 5 de esta Ley.
b) Si se cumplen los requisitos relativos a la representación y a la reivindicación de prioridad en su caso, así como cualquier otro referido a la regularidad formal de la solicitud cuya comprobación haya de realizarse, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, antes de la publicación de la solicitud.
2. La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo siguiente, siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.
3. Si de la comprobación resulta que el objeto de la solicitud está excluido de patentabilidad conforme al apartado 1.a), o no se cumplen los requisitos mencionados en el apartado 1 b), se comunicarán éstas circunstancias al interesado para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo establecido. Si los obstáculos persisten o los defectos no fueran corregidos en plazo, se denegará la solicitud mediante resolución motivada. Cuando los defectos se refieran al derecho de prioridad el solicitante perderá este derecho.
Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.
2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.
4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.
5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.
Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.
1. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará lo antes posible la solicitud de patente, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la solicitud de patente publicada. Asimismo, se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción con las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas, en la forma y con los elementos que se establezcan en el Reglamento de ejecución.
2. A petición del solicitante podrá publicarse la solicitud de patente, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo mencionado en el apartado 1.
3. No tendrá lugar la publicación cuando la solicitud haya sido denegada, o se considere retirada o desistida, o haya sido retirada por el solicitante antes de que concluyan los preparativos técnicos para su publicación.
4. El informe sobre el estado de la técnica se publicará, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», y emitiendo un folleto con dicho informe junto con la solicitud de patente o posteriormente, si ésta hubiera sido ya publicada.
Artículo 38. Observaciones de terceros.
Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención objeto de la misma en la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, sin que se interrumpa la tramitación. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.
Artículo 39. Examen sustantivo.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos en la Ley.
2. La petición, que podrá formular el solicitante desde el momento del depósito de la solicitud, habrá de presentarse, en todo caso, antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica, no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. La revocación de la petición de examen equivaldrá a la retirada de la solicitud de patente.
3. Junto con la petición de examen sustantivo el solicitante podrá presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar, si lo estima oportuno, las reivindicaciones y los restantes documentos de la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.
4. Transcurrido el plazo mencionado en el apartado 2 sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, se entenderá que su solicitud ha sido retirada.
Artículo 40. Tramitación y resolución.
1. Cuando el examen no revele la falta de ningún requisito que lo impida, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá la patente solicitada.
2. Si como resultado del examen se apreciasen motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido conteste a las objeciones señaladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.
3. En caso de que el solicitante no realice ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, la patente deberá ser denegada. En los demás casos la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.
4. Si una vez recibida la contestación del solicitante y pese a las alegaciones o modificaciones aportadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunicarán estos al solicitante dándole nuevas oportunidades de corregir su solicitud o formular alegaciones, en las condiciones y plazos establecidos en el Reglamento, antes de resolver definitivamente sobre la concesión o denegación de la patente.
Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente.
La concesión de la patente se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente de la patente concedida.
Artículo 42. Edición del folleto de la patente.
Para cada patente concedida se editará un folleto que contendrá el texto de la descripción, con las reivindicaciones y los dibujos y en su caso, las secuencias biológicas, tal como se hubieren finalmente concedido. El folleto, cuyo contenido se establecerá reglamentariamente, mencionará también el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» en que se hubiere anunciado la concesión.
En el folleto se hará constar que la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.
CAPÍTULO III
Oposiciones y recursos
Artículo 43. Oposiciones.
1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», cualquier persona podrá oponerse a la concesión por alguno de los siguientes motivos:
a) La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Título II de esta Ley.
b) Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
c) El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.
2. La oposición deberá dirigirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en escrito motivado, acompañado de los correspondientes documentos probatorios y previo pago de la tasa correspondiente.
3. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado a cada una de las partes de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por la otra, concediéndoles un trámite de réplica en cada caso, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en el reglamento.
4. Transcurridos los plazos mencionados en el apartado precedente la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición señalados en el apartado 1 o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos una oportunidad de subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.
5. La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada.
6. Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad.
Artículo 44. Recursos.
1. El recurso administrativo contra la concesión de una patente solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si transcurrido el plazo para resolverla y notificarla no hubiese recaído resolución expresa.
2. El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo contra la resolución denegatoria de la solicitud de patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48.
CAPÍTULO IV
Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios
Artículo 45. Solicitudes.
1. Las solicitudes de certificados complementarios de protección de medicamentos, las de prórroga de los mismos, y las de certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado puesto a disposición de los usuarios por la Oficina en el que se harán constar las declaraciones y datos previstos en la normativa comunitaria tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.
2. Las solicitudes de certificados complementarios de protección y de su prórroga estarán sujetas al pago de la tasa correspondiente.
Artículo 46. Tramitación.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud de certificado y el producto a que se refiere, o la de prórroga en su caso, cumplen los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. La Oficina no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o producto fitosanitario en la Unión Europea.
2. Si la solicitud y el producto objeto del certificado o la de su prórroga cumplen las condiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Oficina los concederá. En caso contrario se comunicarán los defectos al solicitante para que los subsane o formule sus alegaciones en el plazo que reglamentariamente se establezca. Cuando los defectos no se corrijan en plazo y la Oficina considere que persisten las objeciones señaladas en la notificación, se denegará la solicitud.
Tanto la solicitud como la resolución final se publicarán en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.
Artículo 47. Mantenimiento.
La tasa de mantenimiento del certificado complementario de protección se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado.
CAPÍTULO V
Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros
Artículo 48. Modificaciones.
1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente. La posibilidad de modificar las reivindicaciones incluye la de modificar la descripción y, en su caso, los dibujos o las secuencias biológicas.
2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de Patentes.
3. Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.
4. Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5.
A falta de pago de la tasa la patente no producirá efectos. Si el procedimiento es de limitación, ésta se tendrá por no realizada.
5. La solicitud de la patente o la patente no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente.
6. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.
Artículo 49. Rectificación de errores.
A instancia del solicitante se admitirán las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente. No obstante, si la petición de rectificación afecta a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o las secuencias biológicas, la rectificación deberá resultar evidente en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante.
Artículo 50. Suspensión de los procedimientos.
La presencia de defectos en la documentación interrumpirá el procedimiento desde que se notifique al solicitante la existencia de los mismos, mediante el correspondiente suspenso en la tramitación, hasta que dichos defectos se subsanen o expire el plazo para ello.
Artículo 51. Cambio de modalidad.
1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.
Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.
3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.
4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 52. Retirada de la solicitud.
1. La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.
2. Cuando figuren inscritos en el Registro de Patentes derechos de terceros sobre la solicitud, ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.
Artículo 53. Restablecimiento de derechos.
1. El solicitante o el titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo corresponda a la interposición de un recurso, tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.
2. La petición deberá presentarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:
i) dos meses contados a partir del cese del impedimento;
ii) doce meses contados a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o, cuando una petición guarde relación con la falta de pago de una tasa de mantenimiento, doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de seis meses de pago con recargos al que se refiere el artículo 185.
El trámite incumplido deberá realizarse dentro de ese plazo. No obstante, en el caso de que el restablecimiento de derechos se solicite para el plazo previsto en el artículo 30 la petición deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la expiración del mismo o antes de que concluyan los preparativos técnicos de la publicación de la solicitud posterior, aplicándose el plazo que expire antes.
3. La petición deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.
4. Será competente para resolver la petición el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos mencionados en el apartado 2 de este artículo y en los artículos 43.1 y 144. Tampoco serán de aplicación al plazo de interposición del recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos.
6. El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe, en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comenzado a explotar la invención objeto de la solicitud o de la patente, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos con esa finalidad, siempre que el tercero se limite a iniciar o continuar esa explotación en su empresa o para las necesidades de su empresa.
7. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrán interponer recurso de alzada, tanto el tercero que pueda beneficiarse del derecho a continuar o a iniciar la explotación de la invención prevista en el apartado 6, como el tercero frente a quien puedan invocarse los derechos anteriores derivados de la solicitud objeto del restablecimiento de derechos.
8. La resolución de restablecimiento de derechos se inscribirá en el Registro de Patentes y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 54. Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa.
1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las resoluciones de los recursos administrativos dictados por los órganos competentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
3. Frente a la resolución de concesión de una patente la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la nulidad de la patente se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 102 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.
Artículo 55. Consulta de expedientes.
1. Los expedientes relativos a solicitudes de patente, modelos de utilidad o de certificados complementarios de protección todavía no publicados sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente, de un modelo de utilidad o de un certificado complementario de protección ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.
3. Cuando se publique una solicitud divisional, una nueva solicitud de patente presentada en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 o la solicitud derivada de un cambio de modalidad de la protección según lo establecido en el artículo 51 cualquier persona podrá consultar el expediente de la solicitud inicial antes de su publicación y sin el consentimiento del solicitante.
4. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hayan sido denegadas, retiradas o se tengan por desistidas antes de su publicación no serán accesibles al público.
5. En el caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva sin perjuicio del posible derecho de prioridad que pudiera derivarse de la solicitud anterior.
Artículo 56. Accesibilidad de la materia biológica.
1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será accesible:
a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente.
c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.
2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:
a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y
b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.
3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.
4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.
Artículo 57. Obligación de facilitar información a terceros.
1. Cualquiera que pretenda hacer valer frente a un tercero derechos derivados de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá darle a conocer el número de la misma.
2. Quien incluya en un producto, en sus etiquetas o embalajes, o en cualquier clase de anuncio o impreso, cualesquiera menciones tendentes a producir la impresión de que existe la protección de una solicitud de patente o de una patente ya concedida deberá hacer constar el número de las mismas.
TÍTULO VI
Efectos de la patente y de la solicitud de la patente
Artículo 58. Duración y cómputo de los efectos.
La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
Artículo 59. Prohibición de explotación directa de la invención.
1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:
a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.
2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades.
3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.
4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.
Artículo 60. Prohibición de explotación indirecta de la invención.
1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.
3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente.
Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.
1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden:
a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.
b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
c) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.
d) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.
e) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
f) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.
g) A los actos previstos por el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.
3. Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones.
Esta limitación no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior de la materia biológica.
Artículo 62. Excepciones del ganadero y del agricultor.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta, o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de éste último a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán a las previstas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 59, la venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará la autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad. El alcance y las modalidades de esta excepción corresponderán con las que se fijen reglamentariamente.
Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.
1. El titular de una patente no tiene derecho a impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa. Los derechos de explotación solo son transmisibles juntamente con las empresas que los vengan ejerciendo.
2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación establecido en el apartado anterior.
Artículo 64. Falta de cobertura frente a patentes anteriores.
El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.
Artículo 65. Patentes dependientes.
El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.
Artículo 66. Limitaciones legales.
La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.
Artículo 67. Protección provisional.
1. A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.
2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.
3. Cuando el objeto de la solicitud de patente esté constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.
4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido denegada o revocada en virtud de una resolución firme.
Artículo 68. Alcance de la protección.
1. El alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.
2. Para el período anterior a la concesión de la patente, el alcance de la protección se determinará por las reivindicaciones de la solicitud, tal como haya sido publicada. Esto no obstante, la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no haya resultado ampliada.
3. Para determinar el alcance de la protección conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.
Artículo 69. Alcance de la protección en las patentes de procedimiento.
1. Cuando se introduzca en España un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley le concede en relación con los productos fabricados en España.
2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.
3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación y negocios.
TÍTULO VII
Acciones por violación del derecho de patente
Artículo 70. Defensa del derecho.
El titular de una patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
Artículo 71. Acciones civiles.
1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:
a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente.
f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
Las medidas comprendidas en los párrafos c) y e) serán ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.
Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.
1. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
2. En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.
Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.
3. Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior.
4. Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
5. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 75. Incidencia de los beneficios comerciales.
1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.
2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.
Artículo 76. Indemnización por desprestigio.
El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
Artículo 77. Deducción de las indemnizaciones ya percibidas.
De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.
Artículo 78. Prescripción y límite al ejercicio de las acciones.
1. Las acciones civiles derivadas de la infracción del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.
2. El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este Título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.
TÍTULO VIII
La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad
CAPÍTULO I
Inscripción registral, cotitularidad y expropiación
Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes.
1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las patentes ya concedidas.
2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.
3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. El Registro de Patentes será público.
5. Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.
Artículo 80. Cotitularidad.
1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.
2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:
a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.
b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.
c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.
d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.
3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada
Artículo 81. Expropiación.
1. Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización.
2. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente.
3. La utilidad pública o el interés social será declarado por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
CAPÍTULO II
Transferencias, Licencias y Gravámenes
Artículo 82. Principios generales.
1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.
2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos.
3. A los efectos de su cesión o gravamen la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer en común a varias personas.
4. Las disposiciones de este Capítulo se entienden sin perjuicio de las normas referidas al contenido y límites de los contratos de cesión y licencia sobre bienes inmateriales impuestos en otras Leyes nacionales que resulten aplicables, o de la aplicación, por los órganos nacionales o comunitarios correspondientes, de las disposiciones establecidas en los reglamentos comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
Artículo 83. Licencias contractuales.
1. Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.
2. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia establecidos en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.
5. Se presumirá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y explotar por sí mismo la invención.
6. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
Artículo 84. Conocimientos técnicos.
1. Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.
2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
Artículo 85. Responsabilidad del transmitente y del licenciante.
1. Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Cuando se retire o se deniegue la solicitud, se revoque la patente o se declare su nulidad se aplicará en todo caso lo dispuesto en el artículo 104.3, a no ser que se hubiera pactado una responsabilidad mayor para el transmitente o el licenciante.
2. El transmitente o licenciante responderá siempre, cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en contrario, cuando no hubiere dado a conocer al otro contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, españoles o extranjeros, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente.
3. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.
Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros.
1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.
2. La parte que efectúe el pago de la indemnización a que se refiere el apartado anterior podrá repetir del declarado responsable las cantidades abonadas, a no ser que se hubiere pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización establecida a favor de los terceros.
CAPÍTULO III
Licencias de pleno derecho
Artículo 87. Licencias de pleno derecho.
Son licencias de pleno derecho las que resultan de un ofrecimiento público de licencias contractuales no exclusivas, realizado por el titular de la patente, de acuerdo con lo previsto en este Capítulo.
Artículo 88. Ofrecimiento de licencias de pleno derecho.
1. Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en el artículo 12, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en el Registro de Patentes. La Oficina Española de Patentes y Marcas inscribirá en el Registro de Patentes y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho.
2. El ofrecimiento podrá ser retirado en cualquier momento por medio de una notificación escrita dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas siempre que nadie haya comunicado todavía al titular de la patente su intención de utilizar la invención. La retirada del ofrecimiento será efectiva a partir del momento de su notificación.
3. El importe de la reducción de tasas que hubiere tenido lugar desde que se comunicó el ofrecimiento hasta la retirada del mismo deberá abonarse dentro del mes siguiente a la retirada del ofrecimiento. Será aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 184.3, computándose el plazo de seis meses que en él se prevé a partir de la terminación del plazo anteriormente mencionado.
4. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho cuando figure inscrita en el Registro de Patentes una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias de pleno derecho, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de Patentes, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.
5. La aceptación de un ofrecimiento público de licencias de pleno derecho legitima a cualquier persona para utilizar la invención en calidad de licenciatario no exclusivo.
Artículo 89. Obtención de licencias de pleno derecho.
1. Cualquiera que desee utilizar la invención sobre la base del ofrecimiento de licencias de pleno derecho deberá notificárselo a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención. La Oficina Española de Patentes y Marcas remitirá la notificación tanto al titular de la patente como al solicitante.
2. El solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él en el plazo de un mes contado desde la recepción de la notificación que le haya sido remitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. A falta de pacto entre las partes en el plazo indicado, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a petición escrita de cualquiera de ellas y previa audiencia de ambas, fijará el importe adecuado de la compensación que haya de pagar el licenciatario o la modificará si hubieren acaecido o se hubieren conocido hechos que hagan aparecer como manifiestamente inadecuado el importe establecido. Sólo podrá pedirse que sea modificada la compensación establecida de este modo después de transcurrido un año desde que aquélla hubiere sido fijada por última vez. Para que la petición de fijar o modificar la compensación se considere presentada será preciso que haya sido abonada la tasa correspondiente.
4. Al término de cada trimestre del año natural, el licenciatario deberá informar al titular de la patente sobre la utilización que hubiere hecho de la invención y deberá abonarle la correspondiente compensación. Si no cumpliere las obligaciones mencionadas, el titular de la patente podrá otorgarle un plazo suplementario que sea razonable para que las cumpla. Transcurrido el plazo infructuosamente, se cancelará la licencia, previa petición justificada por el titular de la patente.
TÍTULO IX
Obligación de explotar y licencias obligatorias
CAPÍTULO I
Obligación de explotar la invención y requisitos para la concesión de licencias obligatorias
Artículo 90. Obligación de explotar.
1. El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él mediante su ejecución en España o en el territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.
2. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde.
3. La prueba de que la invención está siendo explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular de la patente.
Artículo 91. Supuestos de concesión de licencias obligatorias.
Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:
a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada.
b) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
c) Necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia.
d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.
e) Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.
Artículo 92. Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación.
1. Una vez finalizado el plazo previsto en el artículo 90 para iniciar la explotación de la invención patentada, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o cuando tal explotación, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante más de un año.
2. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es.
Artículo 93. Licencias obligatorias por dependencia.
1. Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado.
2. Cuando no sea posible explotar un derecho de obtención vegetal sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el obtentor podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del invento protegido por la patente, mediante el pago de un canon adecuado.
3. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular.
4. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:
a) Que la invención o la variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior.
b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1.
5. Cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.
6. Las licencias obligatorias por dependencia se otorgarán solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia.
7. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de una invención patentada, se regirá por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso de la variedad protegida por un derecho de obtentor se regirán por su legislación específica.
Artículo 94. Licencias obligatorias para poner remedio a prácticas anticompetitivas.
1. La resolución administrativa o jurisdiccional firme que haya declarado la violación del derecho de la competencia por parte del titular de la patente se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o por el Juez o Tribunal que la haya emitido.
2. Cuando la resolución decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias, la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 y 99 de esta Ley.
3. No será precisa en este caso la justificación de la negociación previa entre el titular de la patente y el potencial usuario, solicitante de la licencia obligatoria. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el canon de la licencia.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados precedentes, cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a prácticas anticompetitivas, la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá acordarse por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 95. Licencias obligatorias por motivos de interés público.
1. Por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias, disponiéndolo así por real decreto.
2. Se considerará en todo caso que existen motivos de interés público cuando:
a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.
c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.
3. El real decreto al que se hace referencia en el apartado 1 deberá ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los casos en que la importancia de la explotación del invento se relacione con la salud pública o con la defensa nacional, la propuesta deberá formularse conjuntamente con el Ministro competente en materia de sanidad o de defensa, respectivamente.
4. El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas previsto en el capítulo siguiente para su concreción en la resolución que conceda la licencia.
5. Cuando la sujeción al régimen de licencias obligatorias por motivos de interés público se deba a su importancia para la defensa nacional, podrá reservarse la posibilidad de solicitar tales licencias a una o varias empresas determinadas.
Artículo 96. Licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.
1. Las solicitudes de licencias obligatorias presentadas en aplicación del Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto. Las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el citado Reglamento (CE) n.º 816/2006 y se regirán por lo dispuesto en el mismo.
2. La licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. La resolución que acuerde la licencia establecerá el canon de la misma. La licencia podrá ser revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del citado Reglamento (CE) n.º 816/2006.
3. Sin perjuicio de cualquier otra consecuencia legalmente prevista toda infracción de la prohibición prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales, se considerará una infracción de la patente sobre la que recae la licencia.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión de las licencias obligatorias
Artículo 97. Justificación previa del solicitante de la licencia.
1. Previamente a la solicitud de una licencia obligatoria el interesado deberá probar que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente una licencia contractual en términos y condiciones comerciales razonables. Para las licencias previstas en el artículo 96, y salvo que se den las circunstancias previstas en el artículo 9.2 del Reglamento (CE) n.º 816/2006 al que se refiere el apartado 1 del artículo precedente, este plazo será en todo caso de treinta días, anteriores a la presentación de la solicitud.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable:
a) En los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.
b) En los casos de uso público no comercial.
c) En el supuesto previsto en la letra c) del artículo 91.
Artículo 98. Solicitud de la licencia.
1. La solicitud de licencia obligatoria, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el modelo normalizado que se establezca al efecto, deberá ir acompañada de la prueba que acredite el intento previo de licencia contractual, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
2. El solicitante, además de concretar su petición, deberá exponer las circunstancias que la justifiquen, aportar las pruebas de que disponga en apoyo de sus afirmaciones, y acreditar que cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada acorde con la finalidad de la licencia.
Artículo 99. Tramitación y resolución.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de una copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes. La contestación deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas. Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, dicha Oficina procederá a la concesión de la licencia.
2. Cuando, valoradas las alegaciones y pruebas presentadas, la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia, invitará a las partes para que en el plazo de dos meses designen un mediador común o, en su defecto, nombre cada una un experto que, junto a un tercer experto nombrado por la mencionada Oficina, acuerden las condiciones de aquélla.
3. A falta de acuerdo sobre la designación de mediador o experto, o sobre las condiciones de la licencia en el plazo de dos meses adicionales, la Oficina Española de Patentes y Marcas decidirá sobre la concesión de la licencia y resolverá en consecuencia.
4. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular habrá de fijar el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento por su parte de las condiciones que justifican la concesión de la licencia.
5. Durante la tramitación del expediente, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá realizar de oficio las actuaciones que sean pertinentes y puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia. Dicha Oficina podrá suspender por una sola vez la tramitación a petición justificada de ambas partes, en las circunstancias previstas en el Reglamento de ejecución de esta Ley.
6. La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya. Los gastos comunes serán pagados por mitad. Podrá imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe.
7. La interposición de un recurso administrativo o jurisdiccional contra la resolución que ponga término al expediente no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá autorizar al licenciatario previa petición fundada de éste, a demorar el comienzo de la explotación hasta que sea firme la concesión de la licencia.
CAPÍTULO III
Régimen de las licencias obligatorias
Artículo 100. Características de las licencias obligatorias.
1. Las licencias obligatorias no serán exclusivas.
2. La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención.
3. Si la patente recae sobre tecnología de semiconductores las licencias obligatorias solo podrán tener por objeto un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento judicial o administrativo.
4. Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario con motivo de la concesión de una licencia obligatoria deberán atenerse a la buena fe. Para el titular de la patente, la aplicación de este principio incluirá la obligación de poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación comercial del invento.
En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciatario podrá pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas que reduzca el canon fijado para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida. Si en las mismas condiciones se declarase la actuación del licenciatario contraria a la buena fe contractual, el licenciante podrá instar de la mencionada Oficina la extinción de la licencia obligatoria.
5. La licencia obligatoria comprenderá los certificados complementarios de protección que al concederse la licencia o posteriormente, recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en el ámbito de la licencia obligatoria.
6. En cuanto no se opongan a lo dispuesto en este Título o en la normativa comunitaria, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales previstas en el Título VIII, Capítulo II, de esta Ley.
Artículo 101. Cesión, modificación y cancelación de las licencias obligatorias.
1. Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita junto con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita junto con la patente dependiente.
2. Será nula, en todo caso, la concesión de sublicencias por parte del titular de una licencia obligatoria.
3. Tanto el licenciatario como el titular de la patente podrán solicitar de la Oficina Española de Patentes y Marcas la modificación del canon u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquella.
4. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa audiencia de la parte afectada, de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia.
TÍTULO X
Nulidad, revocación y caducidad de la patente
CAPÍTULO I
Nulidad
Artículo 102. Causas de nulidad.
1. Se declarará la nulidad de la patente:
a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Título II de esta Ley.
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o como consecuencia de una solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.
d) Cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión.
e) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10.
2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula. A estos efectos, en el escrito de contestación a las alegaciones de nulidad el titular de la patente, sin perjuicio de poder defender con carácter principal la validez de las reivindicaciones concedidas, podrá defender con carácter subsidiario el juego o los juegos de reivindicaciones que proponga en la contestación.
Artículo 103. Ejercicio de la acción de nulidad.
1. Será pública la acción para impugnar la validez de la patente. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, párrafo e), del artículo precedente sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.
2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta.
3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso.
4. En el procedimiento de nulidad el titular de la patente podrá limitar el alcance de la misma modificando las reivindicaciones. La patente, así limitada, servirá de base al procedimiento.
5. No podrá demandarse ante la Jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, sobre los mismos hechos invocados como causa de nulidad.
Artículo 104. Efectos de la declaración de nulidad.
1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. La nulidad de la patente determinará la de sus certificados complementarios en la medida en que afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó la concesión de aquéllos.
3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a) A las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
4. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.
5. La sentencia que declare la nulidad, total o parcial, de la patente será, en todo caso, comunicada a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito.
CAPÍTULO II
Revocación o limitación a instancia del titular de la patente
Artículo 105. Petición de revocación o de limitación.
1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.
2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.
3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.
4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento.
Artículo 106. Procedimiento.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará la regularidad de los documentos presentados y examinará si, en su caso, las reivindicaciones modificadas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 28 y 48.
2. Si la documentación presenta defectos o si el nuevo juego de reivindicaciones no limita el objeto de la patente, se comunicarán las objeciones al interesado, indicando los motivos, para que éste corrija los defectos o presente sus alegaciones en el plazo establecido reglamentariamente. La solicitud será denegada si los defectos no son subsanados en plazo. No existiendo objeciones, o superadas éstas, se resolverá acordando la revocación o la limitación solicitada.
Artículo 107. Efectos de la revocación o de la limitación.
1. Los efectos de la revocación o de la limitación son los mismos que los de la nulidad total o parcial. Las reivindicaciones modificadas determinarán retroactivamente el alcance de la protección conferida por la patente.
2. Los efectos de la revocación o de la limitación sobre resoluciones anteriores y los contratos concluidos con anterioridad a la resolución que la declare serán los previstos en el artículo 104.
CAPÍTULO III
Caducidad
Artículo 108. Causas de caducidad.
1. Las patentes caducan:
a) Por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas.
b) Por renuncia del titular.
c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.
d) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
e) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en el artículo 90, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del referido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.
2. Sin perjuicio de su declaración por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Será aplicable a la caducidad de la patente de base por alguna de las causas previstas en los apartados 1.b) a 1.e), y desde el momento en que esta se produzca, lo dispuesto en el artículo 104.2 respecto a la nulidad.
3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. No obstante lo previsto en el apartado precedente, la caducidad no se producirá en este caso antes de que transcurran los seis meses de demora sin que se haya pagado la anualidad y la sobretasa correspondiente, o en su caso, la correspondiente tasa de regularización.
4. En el supuesto del apartado 1, párrafo d), la caducidad será declarada previa instrucción por la Oficina Española de Patentes y Marcas del correspondiente expediente administrativo.
Artículo 109. Caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.
1. Cuando existan embargos inscritos sobre una patente o una acción reivindicatoria en curso y su titular no hubiere pagado en tiempo oportuno una anualidad, no caducará dicha patente hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. El titular de la patente embargada podrá no obstante evitar la caducidad abonando las anualidades devengadas en el plazo de dos meses contados desde la fecha en la que se le comunique la cancelación del embargo.
2. Si como consecuencia de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior se produjera un cambio en la titularidad de la patente el nuevo titular podrá abonar las anualidades devengadas en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en la que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la patente embargada.
3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados 1 y 2, la patente caducará si no se hubiere efectuado el correspondiente pago.
4. Tampoco caducará una patente por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad cuando se encuentre inscrita en el Registro de Patentes una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá efectuar el pago en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de recargos previsto en el artículo 185. Podrán también efectuar el pago en las mismas condiciones los titulares de otros derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por su caducidad, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al titular de la patente las cantidades abonadas.
Cuando la hipoteca se haya constituido a favor de la Hacienda Pública el pago quedará suspendido hasta la cancelación de la misma, sin que se produzca la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades pendientes, que deberán ser abonadas, bien por el titular de la patente que hipotecó la misma, bien por quien resulte nuevo propietario tras la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 110. Renuncia.
1. El titular podrá renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.
2. La renuncia, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberá presentarse por escrito y solo tendrá efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro de Patentes.
3. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente.
4. No se admitirá la renuncia de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria o de nulidad sobre la patente y no constara el consentimiento del demandante.
5. La renuncia a la patente se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Cuando la renuncia sea parcial se editará, previo pago de la tasa correspondiente, un nuevo folleto de la patente de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
TÍTULO XI
Patentes de interés para la defensa nacional
Artículo 111. Sujeción al régimen de secreto.
1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.
2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.
3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante.
4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.
5. La Oficina Española de Patentes y Marcas previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.
6. Aquellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retiradas sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto.
Artículo 112. Tramitación.
1. Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquéllas no secretas salvo en lo referente a la divulgación y publicación informando de los trámites en todo caso al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante.
2. Mientras se mantenga el régimen de secreto los plazos que se computan para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos.
3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que una vez levantado el régimen de secreto se publique la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 113. Mantenimiento del régimen de secreto.
La patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un Registro Secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.
Artículo 114. Anualidades y compensación.
1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades.
2. El titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación de la misma.
3. Si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá el derecho a la compensación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Artículo 115. Solicitudes en el extranjero.
1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.
2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.
En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.
3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.
TÍTULO XII
Jurisdicción y normas procesales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 116. Jurisdicción.
El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de esta Ley, corresponderá en función de su delimitación competencial, al orden jurisdiccional civil, penal o contencioso-administrativo.
Artículo 117. Legitimación para el ejercicio de las acciones.
1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.
2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.
3. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.
4. El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.
Artículo 118. Competencia.
1. Los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.
3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.
De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.
4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2.
De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2.
Artículo 119. Plazos en litigios en materia de patentes.
1. El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de dos meses para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención.
El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.
2. La previsión contenida en el artículo 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no operará, salvo que la demandada justifique cumplidamente la imposibilidad de aportar el o los informes de que pretenda valerse al contestar a la demanda o, en su caso, a la reconvención.
Artículo 120. Nulidad de la patente del actor.
1. La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal común. A tales efectos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 103.
2. Si la nulidad se planteara mediante excepción, el titular de la patente dispondrá de 8 días, desde la recepción de la contestación a la demanda, para solicitar del Juez o Tribunal que la excepción sea tratada como reconvención.
3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.
5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.
6. Presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se notificará de oficio a dicha Oficina para su anotación registral y, en su caso, modificación de la patente.
7. En los procesos en que se ejerciten acciones por las que se cuestione la validez de una patente, el Juez o Tribunal podrá acordar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y previo pago de la tasa correspondiente cuando se solicite a instancia de parte, la emisión de un informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor del informe podrá ser llamado a declarar sobre el contenido del informe cuando sea requerido para ello por el Juez o Tribunal que conozca del asunto. En ningún caso se entenderá que esta disposición limita la discrecionalidad del Juez o Tribunal para recabar este dictamen del centro o institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso.
Artículo 121. Acción negatoria.
1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.
2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.
3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.
4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.
5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.
6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.
Artículo 122. Tratamiento de la información confidencial.
Cuando para el esclarecimiento de los hechos objeto de los procedimientos judiciales a que se refiere este capítulo, ya sea a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba, fuese necesario recabar información que a juicio del Juez o Tribunal sea de carácter confidencial, el órgano jurisdiccional adoptará la decisión de obtener o requerir la misma y dispondrá, a petición de las partes, las medidas y actuaciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal que demande la información.
CAPÍTULO II
Diligencias de comprobación de hechos
Artículo 123. Petición de las diligencias.
1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas.
3. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.
4. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
5. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.
Artículo 124. Práctica de las diligencias.
1. Sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente. Cuando la invención no se fabrique o se ejecute en España, el examen y comprobación se referirán a los productos importados y/o comercializados objeto de la diligencia.
2. Cuando el Juez considere que a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.
3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada.
4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.
5. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia practicada no se dará recurso alguno.
Artículo 125. Certificaciones y copias de las diligencias.
1. De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.
2. Si en el plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la entrega al solicitante de la certificación de las diligencias no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.
Artículo 126. Compensación de la parte afectada.
La parte afectada por las diligencias de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, el afianzamiento de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante. El pago solo deberá realizarse si no se ejercita la acción principal o esta es rechazada, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.
CAPÍTULO III
Medidas cautelares
Artículo 127. Petición de medidas cautelares.
Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 128. Posibles medidas cautelares.
1. Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:
a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.
b) La retención y depósito de las mercancías presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
d) Las anotaciones registrales que procedan.
2. Las medidas cautelares previstas en el apartado 1 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
3. No procederá la adopción de medidas cautelares cuando resultare que el demandado está amparado por un derecho fundado en una utilización anterior según el artículo 63.
Artículo 129. Fianzas.
1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas.
2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez podrá señalar al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.
3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado, se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.
4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.
5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes durante la tramitación de las medidas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 130. Medidas cautelares en caso de apelación.
1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.
2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.
Artículo 131. Levantamiento de las medidas cautelares.
1. En el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, quedarán sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto por el artículo 730.2 de la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Las medidas cautelares que se hubieran acordado en su caso, quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en primera instancia no fuere favorable a los pedimentos para el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido favorable a los referidos pedimentos. Será aplicable en todo caso lo previsto en el artículo 744 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. El Secretario Judicial procederá a devolver las garantías al solicitante de las medidas cautelares transcurridos dos meses desde su levantamiento, sin perjuicio del plazo al que tenga derecho el perjudicado por las medidas cautelares para solicitar la indemnización por daños y perjuicios que aquellas le hubieran ocasionado.
4. La indemnización deberá determinarse de conformidad con lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si la fianza no fuera suficiente para hacer frente a todos los perjuicios ocasionados, se seguirá la vía de apremio contra el responsable.
Artículo 132. Escritos preventivos.
1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.
El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.
2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.
CAPÍTULO IV
Solución extrajudicial de controversias
Artículo 133. Conciliación en materia de invenciones de empleados.
Antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de esta Ley relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 134. Comisión de conciliación.
1. Para la conciliación se constituirá, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, una comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto, o cuando el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, y por lo que se refiere al representante de éstas, en la forma que reglamentariamente se establezca dentro del marco de la legislación laboral o estatutaria aplicable a la relación de empleo.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de investigación, a su máximo órgano de gobierno.
Artículo 135. Propuesta de acuerdo y conformidad.
1. Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de que no sea posible constituir la comisión de conciliación por incomparecencia de alguna de las partes, o alguna de ellas no acepte la propuesta de acuerdo dentro de los plazos respectivos, se dará por concluido el procedimiento. La aceptación deberá ser expresa. En caso de silencio se entenderá que no existe conformidad.
2. Si hubiere conformidad, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá una certificación del acuerdo según la propuesta aceptada por las partes. A los efectos previstos en el artículo 517, apartado 2.9.º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la certificación del Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas del acuerdo, según la propuesta aceptada por las partes, llevará aparejada ejecución.
3. La ejecución del acuerdo se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados.
Artículo 136. Arbitraje y mediación.
1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.
3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.
4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.
5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.
TÍTULO XIII
Modelos de utilidad
CAPÍTULO I
Objeto y requisitos de protección
Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.
1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
Artículo 138. Derecho a la protección.
El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.
Artículo 139. Estado de la técnica.
1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.
Artículo 140. Actividad inventiva.
1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.
CAPÍTULO II
Solicitud y procedimiento de concesión
Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.
1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.
2. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:
a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.
b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.
c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.
La remisión a una solicitud anterior debe indicar el número de ésta, su fecha de presentación y la oficina en que haya sido presentada. En la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o, en su caso, a los dibujos.
Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.
3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4.
Artículo 142. Asignación de fecha de presentación y examen de oficio.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.
2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud.
3. Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará:
a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.
b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.
La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención.
4. Si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.
5. Se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
Artículo 143. Publicación de la solicitud.
No existiendo motivos de denegación, o subsanados éstos, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.
Artículo 144. Oposiciones a la solicitud.
1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.
2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.
Artículo 145. Procedimiento y resolución.
1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.
2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.
3. Si se presentaran oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo reglamentariamente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución de la Ley.
4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concurran motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.
5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.
6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el artículo 42.
Artículo 146. Recursos.
1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.
2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.
3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 145 de esta Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.
Artículo 147. Publicación de las modificaciones.
Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.
CAPÍTULO III
Efectos de la concesión
Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.
1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.
2. La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
3. Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.
4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.
5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.
Artículo 149. Nulidad.
1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:
a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.
b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.
c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.
d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.
e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 138.
2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.
Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre las patentes.
En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.
TÍTULO XIV
Aplicación de los convenios internacionales
CAPÍTULO I
Presentación y efectos de las solicitudes de patente europea y de las patentes europeas en España
Artículo 151. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento de ejecución se aplicarán a las solicitudes de patente europea y a las patentes europeas que produzcan efectos en España, en todo lo que no se oponga al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, denominado en lo sucesivo CPE.
Artículo 152. Presentación de solicitudes de patente europea.
1. Las solicitudes de patente europea podrán ser presentadas en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en las Comunidades Autónomas competentes para admitir solicitudes de patentes nacionales según lo previsto en el artículo 22. Las Comunidades Autónomas remitirán dichas solicitudes de patente europea a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta Ley. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.
3. Las solicitudes de patente europea en las que no concurran las circunstancias del apartado precedente podrán presentarse directamente en la Oficina Europea de Patentes.
4. Las solicitudes que se presenten en España podrán estar redactadas en cualquiera de los idiomas previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del CPE. Si lo fueran en idioma distinto del español, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá solicitar una traducción al español, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
Artículo 153. Valor de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
En las condiciones previstas en el CPE, la solicitud de patente europea a la que se haya concedido una fecha de presentación y la patente europea, tienen respectivamente el valor de un depósito nacional efectuado regularmente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y el de una patente nacional.
Artículo 154. Derechos conferidos por la solicitud de patente europea publicada.
1. Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir.
2. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España, la traducción deberá ser realizada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.
Artículo 155. Traducción y publicación de la patente europea.
1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.
2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes» la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.
A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente no producirá efectos en España.
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea.
Artículo 156. Registro de Patentes Europeas.
1. Tan pronto como la concesión de la patente europea haya sido mencionada en el «Boletín Europeo de Patentes», la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscribirá en su Registro, con los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes.
2. Serán igualmente objeto de inscripción, la fecha en que se haya recibido y publicado la traducción mencionada en el artículo 155 o en su caso, la falta de dicha traducción. También se inscribirán los datos mencionados en el Registro Europeo de Patentes relativos a los procedimientos de oposición, recurso o limitación, así como los datos previstos para las patentes españolas.
Artículo 157. Texto fehaciente de la solicitud de patente europea y de la patente europea.
1. La traducción al español de la solicitud de patente europea y de la patente europea, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos precedentes, se considerará como fehaciente si el texto traducido confiere una protección menor que la que es concedida por dicha solicitud o por dicha patente en la lengua en que la solicitud fue depositada.
2. En todo momento se puede efectuar por el titular de la solicitud o de la patente una revisión de la traducción, la cual no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. No se procederá a dicha publicación si no se hubiera justificado el pago de la tasa correspondiente.
3. Toda persona que, de buena fe, comience a explotar una invención o haya hecho preparativos efectivos y serios para ello, sin que tal explotación constituya una infracción de la solicitud o de la patente de acuerdo con el texto de la traducción inicial, podrá continuar sin indemnización alguna con la explotación en su empresa o para las necesidades de ésta.
Artículo 158. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de patente nacional.
1. Una solicitud de patente europea puede ser transformada en solicitud de patente nacional:
a) En los casos previstos en el artículo 135.1.a) del CPE.
b) Cuando se considere retirada por aplicación del artículo 90.3 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.
2. La solicitud de patente europea se considera, desde la fecha de recepción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación, como una solicitud de patente nacional y tendrá como fecha de presentación la otorgada por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de patente europea.
3. La solicitud de patente se tendrá por desistida si en el plazo y condiciones previstas en el Reglamento de esta Ley no se justifica el pago de las tasas exigibles para una solicitud de patente española en el momento de la presentación y no se aporta una traducción al español del texto original de la solicitud de patente europea o, en su caso, del texto modificado en el curso del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes, sobre el cual se desea fundar el procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Será aplicable a la traducción el artículo 154.2.
Artículo 159. Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.
1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.
2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.
Artículo 160. Prohibición de doble protección.
1. En la medida en que una patente nacional tenga por objeto una invención para la cual una patente europea con efectos en España ha sido concedida al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente nacional deja de producir efectos a partir del momento en que:
a) El plazo previsto para formular oposición de la patente europea haya expirado, sin que ninguna oposición haya sido formulada.
b) El procedimiento de oposición haya terminado, manteniéndose la patente europea.
2. En el caso de que la patente nacional se haya concedido con posterioridad a cualquiera de las fechas indicadas en los párrafos a) y b), esta patente no producirá efectos.
3. La extinción o anulación posterior de la patente europea no determinará que la patente nacional recobre sus efectos.
Artículo 161. Anualidades.
1. Para toda patente europea que tenga efectos en España se deberán abonar a la Oficina Española de Patentes y Marcas las anualidades previstas en la legislación vigente en materia de patentes nacionales.
2. Las anualidades serán exigibles en la OEPM a partir del año de la vida de la patente siguiente a aquel en el que la mención de la concesión de la patente europea haya sido publicada en el «Boletín Europeo de Patentes».
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141.2 del CPE, el pago de las anualidades deberá efectuarse aplicando el régimen de devengo, plazo, cuantía, forma y las demás condiciones previstas en la legislación vigente para las patentes nacionales.
CAPÍTULO II
Aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes
Sección 1.ª Ámbito de aplicación y solicitudes internacionales depositadas en España
Artículo 162. Ámbito de aplicación.
1. El presente capítulo se aplicará a las solicitudes internacionales en el sentido del artículo 2 del Tratado de cooperación en materia de patentes, para las cuales la Oficina Española de Patentes y Marcas, actúe en calidad de oficina receptora, oficina designada u oficina elegida.
2. Las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento se aplicarán a las solicitudes que designen a España y que hayan iniciado su tramitación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en todo lo que no se oponga al citado Tratado.
Artículo 163. La Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Receptora.
1. La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará como Oficina Receptora, en el sentido del artículo 2.xv) del Tratado de cooperación en materia de patentes, respecto de las solicitudes internacionales de nacionales españoles o de personas que tengan su sede social o su domicilio en España.
2. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud internacional deberá ser presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional.
Cuando el solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.
3. La solicitud internacional presentada en España será redactada en español. Además de las tasas prescritas por el mencionado Tratado, el depósito de la solicitud internacional dará lugar al pago de la tasa de transmisión prevista en el anexo de esta Ley y en el Reglamento de ejecución del Tratado.
Artículo 164. Conversión de solicitudes internacionales.
1. A las solicitudes internacionales depositadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas les serán de aplicación las normas contenidas en el Título XI de esta Ley.
2. En caso de ser España Estado designado, si la autorización del Ministerio de Defensa prevista en el artículo 111 no fuera otorgada, la solicitud internacional será considerada desde su fecha de depósito como una solicitud nacional. En este caso, la tasa de transmisión será considerada como tasa por presentación de solicitud nacional.
3. Los anteriores apartados no serán aplicables cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud nacional anterior cuyo contenido o cuya tramitación no se mantengan en secreto por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 165. Reivindicación de prioridad de depósito anterior en España.
Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de un depósito anterior en España, el documento de prioridad expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá, a petición del solicitante en las condiciones previstas en el Reglamento de ejecución del Tratado de cooperación en materia de patentes, ser transmitido directamente a la Oficina Internacional. La petición estará sujeta al pago de la tasa que figura en el anexo de esta Ley que deberá abonarse por el solicitante a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Artículo 166. Prórroga de los plazos para el pago de tasas.
El pago de las tasas realizado en respuesta a una invitación dirigida al solicitante, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de ejecución del Tratado estará sujeto en favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al abono de la tasa por pago tardío prevista en la regla 16.bis.2 del mismo. Esta tasa deberá abonarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la invitación y su cuantía se determinará en cada caso según los criterios previstos en el citado Reglamento.
Sección 2.ª Solicitudes internacionales que designen o elijan a España
Artículo 167. Actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Oficina Designada o Elegida.
La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Oficina Designada o Elegida en el sentido del artículo 2.xiii) y xiv) del Tratado de cooperación en materia de patentes cuando España haya sido mencionada a tal efecto, con vistas a la obtención de una patente nacional, en la solicitud internacional, o en la petición de examen preliminar internacional.
Artículo 168. Fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional.
Una solicitud internacional que designe a España tendrá, desde el momento en que se le haya otorgado una fecha de presentación internacional en virtud del artículo 11 del Tratado de cooperación en materia de patentes, los efectos de una solicitud nacional regularmente presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas desde dicha fecha. Esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en España.
Artículo 169. Tramitación de la solicitud internacional.
1. Para que la Oficina Española de Patentes y Marcas inicie la tramitación de la solicitud internacional, deberá presentarse en el plazo aplicable en virtud del artículo 22 o del artículo 39.1 del Tratado de cooperación en materia de patentes una traducción de la misma al español, tal como fue originariamente depositada y, en su caso, de las modificaciones realizadas en virtud del artículo 19 o del artículo 34 de dicho Tratado.
2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá pedir al solicitante, si lo juzga necesario en el caso concreto, que entregue en el plazo que se le señale la traducción de la solicitud internacional visada por un Agente de la Propiedad Industrial acreditado ante dicha Oficina o por un Traductor/a-Intérprete Jurado/a nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reglamentariamente podrán establecerse otros criterios de validación que garanticen la autenticidad y fidelidad de las traducciones mencionadas en este artículo.
3. El solicitante deberá pagar, en el plazo previsto en el apartado 1, las tasas por solicitud y por realización del informe sobre el estado de la técnica previstas para las patentes nacionales.
Artículo 170. Publicación de la solicitud internacional.
1. La publicación, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de una solicitud internacional para la que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe como Oficina Designada sustituye a la publicación de la solicitud de patente nacional.
2. Si la solicitud internacional ha sido publicada en español, la protección provisional prevista en el artículo 67 de esta Ley surtirá efectos respecto de dicha solicitud a partir de la fecha de la publicación internacional. Si lo hubiere sido en otro idioma, la protección provisional surtirá efectos a partir de la fecha en la que su traducción al español, realizada en las condiciones del artículo 154.2 se encuentre a disposición del público en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A estos efectos se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» una mención de la fecha a partir de la cual la traducción de la solicitud se encuentra a disposición del público.
Artículo 171. Revisión por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Cuando una Oficina Receptora distinta de la Oficina Española de Patentes y Marcas haya denegado fecha de depósito internacional a una solicitud internacional que designe o elija a España, o haya declarado que dicha solicitud se considera como retirada, o que se considera retirada la designación de España, en virtud de los artículos 25.1.a) o 25.1.b) del Tratado de cooperación en materia de patentes, el solicitante puede pedir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación, que revise la cuestión y decida si la denegación o la declaración estaban justificados de conformidad con las disposiciones de dicho Tratado. Esta revisión podrá dar lugar a una decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tramitar la solicitud en fase nacional.
2. La revisión prevista en el párrafo anterior podrá pedirse, en las mismas condiciones, en el supuesto de que la solicitud internacional que designa o elige a España haya sido considerada como retirada por la Oficina Internacional en virtud del artículo 12.3 del Tratado de cooperación en materia de patentes.
Artículo 172. Efectos de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional.
1. Una patente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud internacional, que designe o elija a España, tendrá los mismos efectos y el mismo valor que una patente concedida sobre la base de una solicitud nacional depositada de acuerdo con la presente Ley.
2. Cuando, por causa de una traducción incorrecta, el alcance de una patente concedida sobre la base de una solicitud internacional exceda el contenido de la solicitud internacional en su idioma original, se limitará retroactivamente el alcance de la patente, declarándose nulo y sin valor en la medida en que exceda del que le corresponde según la solicitud en su idioma original.
Artículo 173. Efectos de la concesión de una patente basada en una solicitud internacional sobre una patente basada en una solicitud nacional.
1. En la medida en que una patente basada en una solicitud nacional tenga por objeto una invención para la cual ha sido concedida una patente sobre la base de una solicitud internacional, al mismo inventor o a su causahabiente, con la misma fecha de presentación o de prioridad, la patente basada en una solicitud nacional dejará de producir efectos a partir de la concesión de la patente basada en la solicitud internacional.
2. No producirá efectos la patente basada en una solicitud nacional cuando sea concedida con posterioridad a la fecha de concesión de la patente basada en una solicitud internacional.
3. La extinción o la anulación posterior de la patente basada en la solicitud internacional no afecta a las disposiciones previstas en este artículo.
Artículo 174. La Oficina Española como Administración de Búsqueda y Examen preliminar Internacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas actuará en calidad de Administración encargada de la Búsqueda Internacional y en calidad de Administración encargada del Examen Preliminar Internacional de acuerdo con lo previsto en el Tratado de cooperación en materia de patentes, conforme al acuerdo concluido entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
TÍTULO XV
Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
Artículo 175. Capacidad y representación.
1. Podrán actuar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:
a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Los Agentes de la Propiedad Industrial.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2 del Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial.
Artículo 176. Agentes de la Propiedad Industrial.
1. Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.
2. Los Agentes podrán ejercer su actividad individualmente o a través de personas jurídicas válidamente constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre en territorio comunitario. Tanto los Agentes como las personas jurídicas a través de las cuales ejerzan su actividad podrán inscribirse en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Para que una persona jurídica pueda obtener la inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al menos uno de los socios o asociados integrantes de la misma deberá acreditar la condición de Agente conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La persona jurídica inscrita perderá la habilitación para el ejercicio de esta actividad profesional si en cualquier momento deja de cumplirse dicho requisito.
4. Responderán de la gestión profesional que se desarrolle bajo la forma social o asociativa tanto la persona jurídica como el Agente que actúe a través de la misma.
5. Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:
a) la valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;
b) la preparación o la tramitación de una solicitud de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;
c) cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.
6. Los representantes mencionados en el artículo 175.1 y que no sean agentes de la propiedad industrial, estarán obligados a lo mismo que se establece en el apartado precedente.
Artículo 177. Acceso a la profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
1. Para acceder a la profesión regulada de Agente de la Propiedad Industrial será necesario:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) Tener un establecimiento o despacho profesional en un Estado miembro de la Unión Europea.
c) No haber sido condenado por delitos dolosos, salvo si se hubiera obtenido rehabilitación.
d) Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.
e) Superar un examen de aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.
2. La libertad de establecimiento en España para aquellos que hayan adquirido la cualificación profesional de Agente de la Propiedad Industrial en otro Estado miembro de la Unión Europea se regirá por lo previsto en la normativa comunitaria y en las disposiciones internas de incorporación y desarrollo de la misma, aplicándose a tales efectos lo previsto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Artículo 178. Incompatibilidades.
El ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ya sea directamente o a través de personas jurídicas, es incompatible con todo empleo activo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el Ministerio del que ésta dependa, en las Consejerías de Industria de las Comunidades Autónomas o en los órganos de las mismas que hayan asumido competencias en materia de Propiedad Industrial, y en Organismos Internacionales relacionados con la Propiedad Industrial.
Artículo 179. Ejercicio de la actividad profesional y Registro Especial de Agentes y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
1. Para iniciar el ejercicio de la actividad como Agente de la Propiedad Industrial, directamente o a través de persona jurídica, será necesario haber presentado previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una declaración responsable en la que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución de esta Ley, el interesado manifieste bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos establecidos en los artículos 176 y 177 y no se encuentra incurso en las incompatibilidades del artículo 178, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento en tanto no se produzca su baja por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 180.
El cumplimiento de estos requisitos habilita para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio nacional y por un periodo indefinido.
2. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legales deberá estar disponible para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando ésta así lo requiera. A estos efectos se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea que demuestren que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
3. Una vez recibida la declaración a que se hace referencia en el apartado 1, la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de la tasa correspondiente, inscribirá de oficio al Agente en su Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial como representantes legalmente habilitados para actuar como tales ante la misma.
4. En sus relaciones con la Oficina Española de Patentes y Marcas, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente.
Artículo 180. Cese de la habilitación para el ejercicio de la actividad de representación profesional.
1. El cese de la habilitación legal para actuar como Agente de la Propiedad Industrial se podrá producir por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por fallecimiento, en el caso de personas físicas, o extinción, en el de personas jurídicas.
b) Por renuncia presentada por escrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
c) Por resolución motivada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, previa comprobación del incumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por esta Ley para su habilitación como Agente. Cuando esto suceda, el interesado sólo podrá volver a presentar una declaración responsable, previa acreditación de los requisitos legales mencionados.
d) Por resolución judicial.
2. En todos los casos anteriores, la Oficina Española de Patentes y Marcas cancelará de oficio la inscripción correspondiente en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial.
3. Cuando el cese de la habilitación legal se produzca en aplicación del apartado 1.c) y la Oficina Española de Patentes y Marcas compruebe la falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos requeridos para el ejercicio de la actividad profesional, dicha Oficina podrá instruir el expediente sancionador establecido reglamentariamente y proponer al Ministro de Industria, Energía y Turismo el cese de la habilitación para el ejercicio de la representación profesional durante un periodo máximo de tres años.
4. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá asimismo dar de baja en su Registro al Agente o al representante habilitado e incoar en su caso el expediente sancionador en los términos previstos en el apartado precedente, cuando el Agente haya sido condenado por sentencia firme como consecuencia de hechos realizados en el ejercicio de su actividad profesional.
Artículo 181. Libertad comunitaria de prestación de servicios y obligaciones de información.
1. Los Agentes de la Propiedad Industrial establecidos en otro Estado miembro que presten temporalmente sus servicios en España deberán cumplir las normas sobre acceso y ejercicio de la profesión aprobadas por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado y la normativa que lo desarrolla, debiendo presentar una declaración previa según el modelo aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que deberá renovarse anualmente en caso de continuar la prestación temporal de servicios.
2. Las personas inscritas en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial deberán informar a los destinatarios de sus servicios en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y cumplir con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley.
TÍTULO XVI
Tasas y anualidades
Artículo 182. Tasas.
1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas por la realización de los servicios, prestaciones y actividades administrativas sobre Propiedad Industrial en materia de patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios serán las que figuran en el anexo de la presente Ley, de la que forma parte integrante. Las cuantías que figuran en dicho anexo experimentarán la actualización que en su caso se establezca mediante Ley ordinaria o en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las tasas en general.
Su regulación estará sometida a lo dispuesto en esta Ley, y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la misma, en la Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones complementarias.
2. La falta de pago de la tasa dentro del plazo legal o reglamentariamente establecido privará de toda eficacia al acto para el cual haya debido pagarse.
3. Si dejara de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de alguno de los títulos regulados en esta Ley, se considerará que la solicitud ha sido retirada.
Artículo 183. Reembolso de las tasas.
1. En el caso de que la solicitud de patente o de otro título de protección previsto en esta Ley sea retirada, se tenga por desistida o sea denegada antes de iniciarse la prestación, servicio o actividad administrativa correspondiente, se devolverán al peticionario las tasas respectivamente abonadas por estos conceptos, con excepción de la tasa de solicitud.
2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.
3. Cuando el examen sustantivo pueda basarse parcial o totalmente en el informe de examen preliminar internacional realizado por la Administración Encargada del Examen Preliminar internacional competente, se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de dicha tasa, en función del alcance de dicho informe.
4. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No procederá la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución recurrida que fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será acordada en la resolución del mismo.
Artículo 184. Anualidades y tasa de mantenimiento.
1. Para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad o un certificado complementario de protección, el solicitante o el titular del mismo deberá abonar las anualidades, o en el caso de los certificados complementarios la tasa de mantenimiento, que figuran en el anexo mencionado en el artículo 182.1.
2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente o del modelo de utilidad. La fecha de devengo de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud.
3. El pago de las anualidades devengadas antes de la publicación de la concesión de la patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de dicha publicación.
El pago de las anualidades devengadas después de la publicación de la concesión de la patente o en la misma fecha deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo de la anualidad correspondiente.
Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguientes.
No obstante, para las anualidades cuya fecha de devengo sea posterior a la de publicación de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» o coincidente con la misma, y durante el tiempo que transcurra desde la finalización del plazo con recargo hasta la fecha de devengo de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando la tasa de regularización prevista en la tarifa segunda de esta Ley cuyo importe se añadirá al segundo de los recargos previstos en el artículo 185.
4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente o del modelo de utilidad exonera del pago de las dos primeras anualidades.
5. La fecha de devengo de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios de protección o de su prórroga será la de su entrada en vigor.
Cuando la fecha de devengo sea anterior a la de publicación en el «Boletín Oficial de la propiedad Industrial» de la concesión del certificado o, en su caso de la prórroga, el pago deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de publicación.
Cuando la fecha de devengo coincida o sea posterior a dicha fecha de publicación el pago deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo.
Vencido el plazo para el pago de la tasa de mantenimiento sin haber hecho efectivo su importe, se podrá abonar el mismo con el correspondiente recargo dentro de los seis meses siguiente.
Artículo 185. Recargos.
1. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y del 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.
2. Transcurrido el periodo de pago de la tasa de mantenimiento de los certificados complementarios o de la prórroga del certificado complementario de protección de medicamentos sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse con un recargo del 25 por ciento, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por ciento, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora.
Artículo 186. Reducción de tasas.
1. Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado de la técnica y de examen sustantivo.
Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud de patente nacional o modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud.
2. Las solicitudes o escritos presentados por medios electrónicos tendrán una reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas a las que estén sujetas dichas solicitudes y escritos, si los mismos son presentados y las tasas son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.
3. No se admitirán otras exenciones o reducciones distintas de las reconocidas expresamente en esta Ley o de las que en su caso, se establezcan por acuerdos o tratados internacionales o en ejecución de los mismos.
Disposición adicional primera. Régimen legal de los procedimientos.
Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se regirán por su normativa específica, y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional segunda. Plazos máximos de resolución de los procedimientos de Propiedad Industrial.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los plazos máximos de resolución de los procedimientos administrativos de concesión y registro de las diversas modalidades de Propiedad Industrial se establecerán por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo máximo de resolución empezará a computarse a partir de la fecha de presentación de la documentación correspondiente a la nueva modalidad.
3. Cuando el plazo para realizar un trámite en alguno de los procedimientos previstos en las Leyes que regulan las diversas modalidades de propiedad industrial expire en sábado, el trámite de que se trate se podrá efectuar válidamente en el primer día hábil siguiente a ese sábado.
4. El vencimiento del plazo máximo de resolución para resolver una solicitud sin que se haya notificado resolución expresa, legitimará al interesado para entenderla desestimada a los solos efectos de permitirle la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. La desestimación presunta en ningún caso excluirá el deber de dictar resolución expresa, la cual se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Disposición adicional tercera. Tramitación preferente de solicitudes.
A propuesta de la Oficina Española de Patentes y mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrá disponer la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Disposición adicional cuarta. Tasas por la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
La cuantía de las tasas que, según lo dispuesto en el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), establece cada Oficina por su actuación como Oficina Receptora y Administración Internacional PCT será, en lo que a la Oficina Española de Patentes y Marcas se refiere, la indicada en el anexo de esta Ley.
El resto de las tasas aplicables por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco de este Tratado serán las establecidas en el Reglamento del Tratado PCT, en el Acuerdo entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración Internacional PCT, así como en el Acuerdo Especial entre la Organización Europea de Patentes y el Gobierno del Reino de España relativo a la Cooperación en cuestiones relacionadas con el PCT, que estén vigentes cuando se solicite el servicio correspondiente.
Disposición adicional quinta. Publicidad de solicitudes y resoluciones y consulta pública de expedientes.
1. La publicación de las solicitudes y resoluciones de concesión de los títulos de Propiedad Industrial incluirá el nombre y apellidos del solicitante o titular, si se trata de personas físicas, o la denominación o razón social si se trata de personas jurídicas, así como su nacionalidad y dirección postal.
2. Una vez publicadas las solicitudes podrán ser consultados los documentos que integren los expedientes de los correspondientes títulos, sin necesidad de consentimiento de los solicitantes o concesionarios de los mismos o de las demás partes personadas o intervinientes.
La consulta pública podrá efectuarse presencialmente o a través de medios telemáticos y con sujeción a las limitaciones legales o reglamentarias establecidas en la legislación vigente sobre Propiedad Industrial.
3. La consulta pública incluirá necesariamente la de los datos necesarios para identificar al titular de la solicitud o del derecho de Propiedad Industrial y contactar con él, así como a las partes personadas o intervinientes en el procedimiento, y en particular el nombre y apellidos, si se trata de personas físicas, su denominación o razón social si se trata de personas jurídicas y su dirección postal.
4. La consulta pública podrá incluir, salvo oposición expresa del interesado cuando se refieran a personas físicas, el teléfono y el número de identificación fiscal.
5. Se exceptuarán de la consulta pública las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado previamente a la petición de consulta, siempre que:
1.º No respondan a los fines de información pública propios del Registro de Patentes y
2.º Su consulta no esté justificada por intereses legítimos y preponderantes de la parte solicitante de aquella.
Disposición adicional sexta. Programas de concesión acelerada.
1. La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá establecer mediante instrucción programas de concesión acelerada de patentes para aquellas solicitudes que no reivindiquen prioridad de solicitudes anteriores y respecto de las cuales el interesado:
a) Se acoja expresamente al programa de concesión acelerada de patentes.
b) Presente la solicitud de publicación anticipada y la petición de examen, abonando las tasas correspondientes, bien con la solicitud, o en el plazo que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que la solicitud presente defectos, la OEPM se lo comunicará al solicitante y dará a éste un plazo para que corrija los defectos encontrados. Una vez transcurrido el plazo sin que se hayan corregido los defectos, se considerará que la solicitud de concesión acelerada no ha sido formulada y el procedimiento continuará por la vía habitual fuera del programa de concesión acelerada.
2. No será necesario motivar ni la solicitud de tramitación acelerada por el solicitante, ni la aplicación del programa por el órgano responsable de su tramitación.
Disposición adicional séptima. Coordinación con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación adecuados entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y las Comunidades Autónomas competentes para recibir las correspondientes solicitudes dirigidas a dicha Oficina. El órgano competente de la Comunidad Autónoma a través del cual se haya presentado la documentación en su caso, deberá permanecer informado a lo largo del procedimiento una vez publicada la solicitud. A tal efecto, se implantarán sistemas de intercomunicación y coordinación de los correspondientes Registros que garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.
Disposición adicional octava. Comunicaciones telemáticas con Juzgados y Tribunales.
1. Los documentos que hayan de remitirse a los Juzgados y Tribunales para su inclusión en cualquier tipo de procedimiento, se enviarán en formato electrónico de conformidad con lo establecido sobre comunicaciones electrónicas en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, siempre y cuando aquéllos cuenten con los sistemas informáticos necesarios para su recepción y a través de los entornos cerrados de comunicación puestos a su disposición, los cuales garantizarán en todo caso la seguridad y la protección de los datos y/o documentos transmitidos.
2. Los documentos electrónicos públicos o privados se incorporarán como anexo al documento principal, siguiendo los sistemas previstos en esta Ley o en sus normas de desarrollo y conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Disposición adicional novena. Ejercicio de acciones basadas en títulos cuya concesión no es firme en vía administrativa.
1. El artículo 120.4 se aplicará, en todo caso, a instancia de cualquiera de las partes en el proceso que tenga por objeto el ejercicio de acciones ya sean de nulidad o de infracción de la patente, cuando el título resulte modificado fuera del proceso como consecuencia de una resolución definitiva en vía administrativa sobre la concesión del título en que se funde la acción.
2. Si la resolución final fuera recurrida en vía contencioso-administrativa será de aplicación el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.
1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.
2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos administrativos previstos en esta Ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor serán tramitados y resueltos conforme a la normativa legal vigente en la fecha de la presentación de las correspondientes solicitudes.
2. A estos efectos, en las solicitudes originadas por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud, se considerará que su fecha de presentación es la fecha de presentación de la solicitud originaria.
Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.
A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación:
1.º Capítulo V del Título V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.
2.º Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales».
3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Disposición transitoria tercera. Tasas y anualidades.
1. Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere artículo 182.1 serán las vigentes en el momento de presentarse la solicitud o de solicitarse el servicio, prestación o actividad administrativa de que se trate.
2. El plazo para el pago de las anualidades de las patentes concedidas conforme a la Ley anterior, cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3.
3. La reducción de tasas prevista en el artículo 186.1 se aplicará a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
4. El apartado 3 del artículo 186 se aplicará a las solicitudes presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
5. Las tasas de solicitud y mantenimiento de los certificados complementarios de protección serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo.
Disposición transitoria cuarta. Divulgaciones inocuas.
A las solicitudes presentadas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación el artículo 7 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Disposición transitoria quinta. Aplicación del régimen sobre explotación y cesión de invenciones realizadas por los Entes Públicos de Investigación.
Las referencias que en el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se entienden referidas al artículo 21 de esta Ley.
Disposición transitoria sexta. Acciones judiciales.
Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada, dejando a salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.
Los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, quedan redactados como sigue:
«Artículo cuarenta y cinco.
1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora.
2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho. Pueden dar en garantía hipotecaria sus respectivos derechos los licenciatarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva.
3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual.
4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados.
5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.
6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.
7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el artículo siguiente.»
«Artículo cuarenta y seis.
1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.
2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su derecho a tercero.
3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.
4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.
5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial».
En la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», se modifica el apartado seis del artículo segundo y se adiciona un nuevo apartado siete al mismo artículo, con la siguiente redacción:
«Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
La disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.
1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.
2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:
Artículo 24. Derecho de Prioridad Unionista.
Se adiciona un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción:
«4. No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la validez del diseño registrado o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca o base de datos digital.»
Artículo 29.
Se modifica el apartado 1 del artículo 29 «Examen de Oficio» cuya redacción será la siguiente:
«1. Superado el examen de forma y, en su caso, recibida la solicitud remitida por el órgano competente de la comunidad autónoma, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará de oficio:
a) Si el objeto de la solicitud constituye un diseño conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 1 de esta Ley.
b) Si el diseño cuyo registro se solicita es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
c) Si el diseño cuyo registro se solicita supone un uso indebido de alguno de los elementos mencionados en el párrafo e) del artículo 13 de esta Ley.»
Artículo 76.
Se modifica los apartados 4 y 5 del artículo 76 «Denegación y concesión de la protección en España» que quedan redactados como sigue:
«4. La Oficina Española de Patentes y Marcas notificará a la Oficina Internacional, en la forma y plazo establecido en la mencionada Acta de Ginebra, los motivos que justifiquen la denegación de los efectos del registro internacional en España.
5. En el caso de que la Oficina Española de Patentes y Marcas no haya denegado la protección en España tras el examen de oficio o de un procedimiento de oposición, la protección conferida por el registro internacional de un diseño producirá efectos desde la fecha de su publicación por la Oficina Internacional. El titular del registro internacional tendrá los mismos derechos y vías de recurso que el solicitante o titular de un registro nacional.»
Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.
La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.
2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones fundadas en títulos comunitarios y nacionales o internacionales sobre el mismo o similar diseño, o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de título comunitario. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.»
Anexo de Tasas.
Modificación de la tarifa primera del anexo de tasas previstas en la disposición adicional tercera de la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
El epígrafe 1.7 de la tarifa primera se modifica como sigue:
«1.7 Oposiciones: por formulación de oposición: 43,70 euros.
Por los diseños adicionales impugnados en la misma formulación de oposición a partir del décimo:
De 11 a 20 diseños: 34,96 euros
De 21 a 30 diseños: 27,96 euros
De 31 a 40 diseños: 22,37 euros
De 41 a 50 diseños: 17,89 euros.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional décima sexta. Traducciones e interpretaciones de carácter oficial.
1. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter oficial. En todo caso, tendrán este carácter si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente.
2. El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine reglamentariamente.
3. El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la traducción e interpretación.
4. La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente ante quien se presente.»
Disposición final sexta. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de legislación sobre Propiedad Industrial. Se exceptúan de lo anterior el título VII, título XII, la disposición adicional novena, disposición transitoria sexta, disposiciones finales segunda, tercera y cuarta, que se amparan en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal.
Asimismo, se excepciona la disposición final primera, que se ampara en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
Por otra parte, la disposición final quinta se ampara en el artículo 149.1.18.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.
Disposición final séptima. Desarrollo de la Ley.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Disposición final octava. Cláusula de salvaguardia.
Las medidas incluidas en esta Ley serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias del organismo y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de abril de 2017.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
[ignorar]Madrid, 24 de julio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
ANEXO
Las tasas y exacciones parafiscales unificadas a que se refiere el artículo décimo de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», aplicadas a servicios, prestaciones y actividades del Registro de la Propiedad Industrial derivados de la presente Ley, serán las siguientes:
Euros
Tarifa primera. Adquisición y defensa de derechos
1.1 Solicitudes:
Por la solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de la división de una solicitud inclusive la inserción de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»
100,38
Por solicitud de cambio de modalidad de protección
10,30
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica
684,65
Por solicitud de examen sustantivo
389,77
Por la presentación de un recurso o solicitud de revisión
88,09
Por solicitud de resolución urgente de un expediente
47,39
Por solicitud de restablecimiento de derechos
105,35
Por solicitud de revocación o limitación
74,19
Recurso o solicitud de revisión
88,09
Por solicitud de inscripción en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial
74,01
Por solicitud para la Tramitación de certificados complementarios de protección de medicamentos-productos fitosanitarios (CCP)
517,21
Por solicitud de prórroga de certificados complementarios de protección de medicamentos
517,21
1.2 Prioridad:
Por cada prioridad reivindicada en materia de patentes y modelos de utilidad
19,65
1.3 Modificaciones:
Por cualquier modificación del expediente, ya sean a la solicitud, descripción o reivindicaciones, ya sean aportaciones posteriores de documentos o rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho y en general por cualquier modificación en supuestos autorizados por la Ley
23,19
1.4 Contestación a suspenso:
Por contestación a suspenso provocado por defectos formales de cualquier tipo de expediente tramitado en virtud de la presente Ley
42,06
1.5 Oposiciones:
Por presentación de oposiciones a la concesión de expedientes de patentes y modelos de utilidad
43,27
Tarifa segunda.
Mantenimiento y transmisión de derechos
2.1 Anualidades:
3.ª
18,48
4.ª
23,06
5.ª
44,11
6.ª
65,10
7.ª
107,47
8.ª
133,78
9.ª
167,88
10.ª
216,06
11.ª
270,82
12.ª
317,98
13.ª
365,05
14.ª
412,56
15.ª
440,59
16.ª
458,85
17.ª
490,00
18.ª
490,00
19.ª
490,00
20.ª
490,00
2.1.1 Tasas de mantenimiento de certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios:
CCP de duración igual o inferior a un año
803,93
CCP de duración igual o inferior a dos años
1.688,24
CCP de duración igual o inferior a tres años
2.661,05
CCP de duración igual o inferior a cuatro años
3.731,05
CCP de duración igual o inferior a cinco años
4.908,12
Prórroga de CCP de duración igual o inferior a un año
803,93
2.2 Demoras y regularización:
Por demoras en los pagos de anualidad, recargos del 25 por 100, dentro de los tres primeros meses, y del 50 por 100, dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en los siguientes seis meses y hasta un máximo de tiempo que coincida con la fecha aniversario de la siguiente anualidad, el interesado podrá regularizar el pago de la anualidad no pagada abonando la tasa de regularización establecida en este apartado.
Por la regularización en el pago de las anualidades prevista en el artículo 184.3
100,00
2.3 Explotación y licencias:
Por la tramitación de expedientes de puesta en explotación de patentes y modelos de utilidad
21,87
Por la tramitación de cada uno de los ofrecimientos de licencias de pleno derecho o licencia obligatoria en los casos previstos por la Ley
19,68
Por mediación de la Oficina para la obtención de una licencia contractual
131,14
2.4 Transferencias:
Por tramitación de expedientes de inscripción de transmisiones o de cesiones o modificaciones. Por cada registro efectuado
13,24
2.5 Por la inscripción de cambio de nombre del titular:
Por cada registro afectado
16,38
Tarifa tercera. Otros servicios
3.1 Por cada certificación de datos registrados relativos a patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección o sus prórrogas, así como por la expedición de copia autorizada de cada uno de los documentos permitidos por la Ley
20,60
3.2 Consulta y vista de un expediente
3,56
Copia de documentos de un expediente
11,38
Por cada página que exceda de 10
1,13
Anuncio en «BOPI» de interposición de recurso contencioso administrativo
142,24
Anuncio en «BOPI» de fallo de recurso contencioso administrativo
142,24
3.3 Por la solicitud de informes periciales previstos en el art. 120.7
2.400
Tarifa cuarta
4.1 Patentes europeas:
Publicación de las reivindicaciones
107, 80
Publicación de un fascículo (hasta 22 páginas)
320,93
Página adicional fascículo
12,90
4.2 Patentes internacionales:
Tasa de transmisión
74,25
Tasa por transmisión de documento de prioridad
29,69
Tasa de examen preliminar internacional
583,65
Tasa adicional de examen preliminar internacional
583,65 | El Gobierno podrá, por decreto, esquivar una patente por salud pública, defensa nacional o abastecimiento. | FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
[indice]Preámbulo.
Título I. Disposiciones preliminares.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Registro de Patentes.
Artículo 3. Legitimación.
Título II. Patentabilidad.
Artículo 4. Invenciones patentables.
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.
Artículo 6. Novedad.
Artículo 7. Divulgaciones inocuas.
Artículo 8. Actividad inventiva.
Artículo 9. Aplicación industrial.
Título III. Derecho a la patente y designación del inventor.
Artículo 10. Derecho a la patente.
Artículo 11. Solicitud de patente por persona no legitimada.
Artículo 12. Reivindicación de titularidad.
Artículo 13. Efectos del cambio de titularidad.
Artículo 14. Designación del inventor.
Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Artículo 15. Invenciones pertenecientes al empresario.
Artículo 16. Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios.
Artículo 17. Invenciones asumibles por el empresario.
Artículo 18. Deber de información y ejercicio de los derechos por el empresario y el trabajador.
Artículo 19. Carga de la prueba y renuncia de derechos.
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
Título V. Solicitud y procedimiento de concesión.
Capítulo I. Presentación y requisitos de la solicitud de patente.
Artículo 22. Presentación de la solicitud.
Artículo 23. Requisitos de la solicitud.
Artículo 24. Fecha de presentación.
Artículo 25. Designación del inventor.
Artículo 26. Unidad de invención.
Artículo 27. Descripción de la Invención.
Artículo 28. Reivindicaciones.
Artículo 29. Resumen.
Artículo 30. Prioridad.
Artículo 31. Reivindicación de la prioridad.
Capítulo II. Procedimiento de Concesión.
Artículo 32. Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM.
Artículo 33. Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite.
Artículo 34. Patentes de interés para la defensa nacional.
Artículo 35. Examen de oficio.
Artículo 36. Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.
Artículo 37. Publicación de la solicitud y del informe.
Artículo 38. Observaciones de terceros.
Artículo 39. Examen sustantivo.
Artículo 40. Tramitación y resolución.
Artículo 41. Anuncio de la concesión y publicación de la patente.
Artículo 42. Edición del folleto de la patente.
Capítulo III. Oposiciones y recursos.
Artículo 43. Oposiciones.
Artículo 44. Recursos.
Capítulo IV. Certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.
Artículo 45. Solicitudes.
Artículo 46. Tramitación.
Artículo 47. Mantenimiento.
Capítulo V. Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros.
Artículo 48. Modificaciones.
Artículo 49. Rectificación de errores.
Artículo 50. Suspensión de los procedimientos.
Artículo 51. Cambio de modalidad.
Artículo 52. Retirada de la solicitud.
Artículo 53. Restablecimiento de derechos.
Artículo 54. Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa.
Artículo 55. Consulta de expedientes.
Artículo 56. Accesibilidad de la materia biológica.
Artículo 57. Obligación de facilitar información a terceros.
Título VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.
Artículo 58. Duración y cómputo de los efectos.
Artículo 59. Prohibición de explotación directa de la invención.
Artículo 60. Prohibición de explotación indirecta de la invención.
Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente.
Artículo 62. Excepciones del ganadero y del agricultor.
Artículo 63. Derechos derivados de la utilización anterior.
Artículo 64. Falta de cobertura frente a patentes anteriores.
Artículo 65. Patentes dependientes.
Artículo 66. Limitaciones legales.
Artículo 67. Protección provisional.
Artículo 68. Alcance de la protección.
Artículo 69. Alcance de la protección en las patentes de procedimiento.
Título VII. Acciones por violación del derecho de patente.
Artículo 70. Defensa del derecho.
Artículo 71. Acciones civiles.
Artículo 72. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
Artículo 73. Exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización.
Artículo 74. Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas.
Artículo 75. Incidencia de los beneficios comerciales.
Artículo 76. Indemnización por desprestigio.
Artículo 77. Deducción de las indemnizaciones ya percibidas.
Artículo 78. Prescripción de acciones y límite al ejercicio de las acciones.
Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.
Capítulo I. Inscripción registral, cotitularidad y expropiación.
Artículo 79. Inscripción en el Registro de Patentes.
Artículo 80. Cotitularidad.
Artículo 81. Expropiación.
Cap
### RESUMEN: El Gobierno podrá, por decreto, esquivar una patente por salud pública, defensa nacional o abastecimiento. |
La situación crítica que atraviesa el sector lácteo en la actualidad hace imprescindible instrumentar líneas de apoyo directo, entre las que se encuentra la posibilidad de conceder ayudas «de minimis» a los productores del sector con dificultades económicas.
La reciente eliminación del sistema del régimen de la cuota láctea tras 30 años de vigencia, ha coincidido con una coyuntura muy desfavorable en el mercado lácteo europeo, agravada por el cierre del mercado ruso y el descenso de las importaciones por parte de terceros países, unido a unos niveles de producción por encima de años anteriores y a una reducción del consumo en el mercado interno.
No obstante, dada la diversidad productiva de nuestro país, no es conveniente conceder una ayuda universal para todos los productores en activo, sino centrar el esfuerzo presupuestario en aquellos productores que por su propia idiosincrasia están afectados en la actualidad por una menor rentabilidad y soportando mayores cargas financieras.
Para determinar los productores objetivo de la ayuda se utilizarán los datos de rentabilidad más actualizados obrantes en los Boletines de análisis de beneficios y costes de producción que elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (disponibles en (http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-lechero/) relativos a las tres granjas típicas de vacuno de leche de la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI).
Dada la urgencia de adoptar medidas que afronten la situación descrita y el principio de simplificación administrativa y reducción de cargas, la Administración concederá de oficio estas ayudas, que consistirán en un único pago que se otorgará por animal subvencionable a los productores de vacuno de leche cuando cumplan los requisitos previstos en el presente real decreto.
Así, para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector lechero, y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, así como para disponer de los datos precisos para evitar que se sobrepase la cuantía máxima de las ayudas de minimis en el sector agrícola, se prevé la gestión centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en este real decreto.
Se prevé la concesión directa de estas ayudas, dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico, por los motivos ya expuestos.
En función de las disponibilidades presupuestarias, la gestión y otorgamiento de las presentes ayudas corresponderá a la Administración General del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión centralizada se perfila como el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase las disponibilidades presupuestarias destinadas al sector, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, y todo ello en conjunción con las especiales circunstancias que rodean la presente norma y que hacen necesaria su adopción y gestión del modo más ágil posible.
Esta ayuda se concede al amparo de las ayudas «de minimis» en el sector agrario, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de subvenciones estatales destinadas a paliar las dificultades económicas que sufren algunos productores lácteos, al amparo del Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
2. La finalidad de la ayuda es posibilitar las condiciones que permitan el mantenimiento de la actividad productiva para los ganaderos beneficiarios.
Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de estas ayudas los productores de vacuno de leche, que no presenten renuncia expresa, siempre que:
a) Sean titulares de las explotaciones donde se ubicarán los animales elegibles, las cuales deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción». A nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche» o «reproducción para producción mixta».
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de determinar la elegibilidad de los animales conforme a lo establecido en el artículo 4, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).
b) Hayan realizado entregas de leche a compradores durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015.
c) No hayan alcanzado durante esos cuatro meses algunos de los umbrales de rentabilidad determinados que se calcularán de acuerdo con el artículo 3.
2. Los beneficiarios deben hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no deberán tener pendiente ninguna obligación de reintegro en materia de subvenciones públicas.
Articulo 3. Umbrales de rentabilidad.
1. Los umbrales de rentabilidad serán fijados mediante la determinación de una cuantía correspondiente con el punto de equilibrio para el beneficio efectivo o el beneficio según cuenta de explotación, conforme corresponda en cada caso.
2. El primer umbral se calcula como la cuantía necesaria para alcanzar un beneficio efectivo, sin tener en cuenta los costes no efectivos ni los costes de oportunidad, según los últimos datos disponibles en los Boletines de análisis de beneficios y costes de producción que elabora el MAGRAMA (http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-lechero/) relativos a las tres granjas típicas de vacuno de leche de la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI).
3. El segundo umbral se calcula como la cuantía necesaria para alcanzar un beneficio según cuenta de explotación, es decir, el beneficio efectivo menos los costes no efectivos (costes de amortización, +/- cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital) y sin tener en cuenta los costes de oportunidad, según los últimos datos disponibles, asimismo, en los Boletines de análisis de beneficios y costes de producción que elabora el MAGRAMA (http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-lechero/) relativos a las tres granjas típicas de vacuno de leche de la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI).
4. Los umbrales de rentabilidad aplicables a estas ayudas se publicarán en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Articulo 4. Animales subvencionables.
1. La ayuda consistirá en un único pago, y se concederá por animal subvencionable.
2. Serán animales subvencionables las hembras de la especie bovina de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas enumeradas en el anexo XIII del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, o aquellas razas que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea, de edad igual o mayor a 24 meses el día siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, en dicha fecha.
3. Para determinar los animales subvencionables, la autoridad competente hará una comprobación de los animales presentes en la explotación perceptora en el día siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto, a través del citado Registro.
Artículo 5. Importe de la ayuda.
1. Se establece un importe único de 300 euros por animal subvencionable para aquellas explotaciones que se encuentren por debajo del umbral previsto en el artículo 3, apartado 2, y de 110 euros para aquellas explotaciones que se encuentren por debajo del umbral previsto en el artículo 3, apartado 3.
2. La ayuda máxima por explotación será de 10.000 euros.
3. Cuando el importe global de las ayudas a conceder supere el crédito disponible de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el órgano competente para la concesión de la subvención procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo destinado a las subvenciones.
Artículo 6. Instrucción, resolución y pago de la ayuda.
1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la cual, previa comprobación de los requisitos previstos en el artículo 2, formulará una propuesta de resolución provisional, que se publicará en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concediendo a los beneficiarios un plazo de diez días para:
a) Presentar alegaciones.
b) Registrar sus datos bancarios, en un enlace de dicha web habilitado al efecto, para realizar en su momento el pago.
c) Presentar una declaración responsable en la que hagan constar si han percibido cualquier otra ayuda «de minimis» en el sector agrario dentro de este ejercicio fiscal y en los dos anteriores, así como, de haberlas percibido, su cuantía.
d) Presentar una autorización expresa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que recabe directamente la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o, en su defecto, aportar los correspondientes certificados.
Transcurrido dicho plazo sin alegaciones, se entenderá aceptada la propuesta.
2. El órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva que proceda al Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que resolverá sobre la concesión de las ayudas.
El plazo para resolver y publicar la resolución será de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto.
La resolución de concesión será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», y contra la misma, que no pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el plazo máximo de un mes desde su publicación.
3. El pago de la ayuda se realizará por el FEGA, en el plazo máximo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución de concesión de la ayuda, en la cuenta corriente consignada por el productor.
Artículo 7. Aceptación y renuncia.
1. Cuando el perceptor no manifieste su renuncia a la resolución de concesión de las ayudas, dentro del plazo de los diez días siguientes a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la misma, se entenderá aceptada la ayuda.
2. El productor que desee renunciar a esta ayuda, lo hará mediante escrito dirigido al Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, que se presentará en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o a través de cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá presentar la renuncia por medios electrónicos en aplicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Articulo 8. Compatibilidad.
En caso de que un productor de vacuno de leche haya recibido por cualquier concepto otras ayudas «de minimis» de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, que, sumadas a la cuantía que pudiera corresponderle en virtud del artículo 5, excediera del importe de 15.000 euros en cualquier período dentro de este ejercicio fiscal y en los dos anteriores, el importe de la ayuda prevista en este real decreto se reducirá de manera proporcional hasta no exceder el citado límite de 15.000 euros.
Artículo 9. Cuantía y financiación.
1. La cuantía máxima a conceder es de 20.000.000 de euros.
2. La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto se realizará con cargo a los créditos del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a cuyos efectos se realizarán las modificaciones presupuestarias que resulten procedentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 10. Seguimiento, control y reintegro de las ayudas.
1. El seguimiento y control de las ayudas se regirá por lo dispuesto al efecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en el supuesto de producirse alguno de los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera. Normativa de aplicación.
En todo lo no previsto en este real decreto, será de aplicación lo dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2015.
FELIPE R.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA | Los ganaderos recibirán las ayudas de 110 o 300€ por vaca en un plazo máximo de cuatro meses. | La situación crítica que atraviesa el sector lácteo en la actualidad hace imprescindible instrumentar líneas de apoyo directo, entre las que se encuentra la posibilidad de conceder ayudas «de minimis» a los productores del sector con dificultades económicas.
La reciente eliminación del sistema del régimen de la cuota láctea tras 30 años de vigencia, ha coincidido con una coyuntura muy desfavorable en el mercado lácteo europeo, agravada por el cierre del mercado ruso y el descenso de las importaciones por parte de terceros países, unido a unos niveles de producción por encima de años anteriores y a una reducción del consumo en el mercado interno.
No obstante, dada la diversidad productiva de nuestro país, no es conveniente conceder una ayuda universal para todos los productores en activo, sino centrar el esfuerzo presupuestario en aquellos productores que por su propia idiosincrasia están afectados en la actualidad por una menor rentabilidad y soportando mayores cargas financieras.
Para determinar los productores objetivo de la ayuda se utilizarán los datos de rentabilidad más actualizados obrantes en los Boletines de análisis de beneficios y costes de producción que elabora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (disponibles en (http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-lechero/) relativos a las tres granjas típicas de vacuno de leche de la Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI).
Dada la urgencia de adoptar medidas que afronten la situación descrita y el principio de simplificación administrativa y reducción de cargas, la Administración concederá de oficio estas ayudas, que consistirán en un único pago que se otorgará por animal subvencionable a los productores de vacuno de leche cuando cumplan los requisitos previstos en el presente real decreto.
Así, para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector lechero, y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, así como para disponer de los datos precisos para evitar que se sobrepase la cuantía máxima de las ayudas de minimis en el sector agrícola, se prevé la gestión centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en este real decreto.
Se prevé la concesión directa de estas ayudas, dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico, por los motivos ya expuestos.
En función de las disponibilidades presupuestarias, la gestión y otorgamiento de las presentes ayudas corresponderá a la Administración General del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española. De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión centralizada se perfila como el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase las disponibilidades presupuestarias destinadas al sector, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, y todo ello en conjunción con las especiales circunstancias que rodean la presente norma y que hacen necesaria su adopción y gestión del modo más ágil posible.
Esta ayuda se concede al amparo de las ayudas «de minimis» en el sector agrario, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de septiembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de subvenciones estatales destinadas a paliar las dificultades económicas que sufren algunos productores lácteos, al amparo del Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
2. La finalidad de la ayuda es posibilitar las condiciones que permitan el mantenimiento de la actividad productiva para los ganaderos beneficiarios.
Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de estas ayudas los productores de vacuno de leche, que no presenten renuncia expresa, siempre que:
a) Sean titulares de las explotaciones donde se ubicarán los animales elegibles, las cuales deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción». A nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche» o «reproducción para producción mixta».
Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de determinar la elegibilidad de los animales conforme a lo establecido en el artículo 4, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).
b) Hayan realizado entregas de leche a compradores durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2015.
c) No hayan alcanzado durante esos cuatro meses algunos de los umbrales de rentabilidad
### RESUMEN: Los ganaderos recibirán las ayudas de 110 o 300€ por vaca en un plazo máximo de cuatro meses. |
Por el procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Don Juan Antonio Frago Amada, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 162/2017, de 24 de febrero, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a Don Tomás Herranz Sauri y que figura registrado con el número 1/179/17.
Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada.
Madrid, 7 de abril de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia. | Juan Antonio Frago Amada, lleva al Supremo el nombramiento del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Sauri. | Por el procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Don Juan Antonio Frago Amada, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 162/2017, de 24 de febrero, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a Don Tomás Herranz Sauri y que figura registrado con el número 1/179/17.
Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada.
Madrid, 7 de abril de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
### RESUMEN: Juan Antonio Frago Amada, lleva al Supremo el nombramiento del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Sauri. |
De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con la delegación de la propia Junta acordada en sesión de 20 de junio de 2019, ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones convocadas por el Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo. Asimismo, se procede a la publicación de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.
Respecto de cada municipio, y siguiendo el orden alfabético de provincias y dentro de ellas el mismo orden por Juntas Electorales de Zona, se especifica –de acuerdo con las actas de proclamación de electos por estas Juntas remitidas a la Central– el número de electores, el de votantes, el de votos a candidaturas, en blanco, válidos y nulos, y, por último, los votos obtenidos por cada candidatura y, en su caso, los Concejales electos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2019.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez Pérez. | Ultimos resultados oficiales de las elecciones locales. | De conformidad con lo establecido en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con la delegación de la propia Junta acordada en sesión de 20 de junio de 2019, ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados habidos en cada uno de los municipios y entidades locales menores en que se han celebrado las elecciones convocadas por el Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo. Asimismo, se procede a la publicación de los resultados de las elecciones a los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.
Respecto de cada municipio, y siguiendo el orden alfabético de provincias y dentro de ellas el mismo orden por Juntas Electorales de Zona, se especifica –de acuerdo con las actas de proclamación de electos por estas Juntas remitidas a la Central– el número de electores, el de votantes, el de votos a candidaturas, en blanco, válidos y nulos, y, por último, los votos obtenidos por cada candidatura y, en su caso, los Concejales electos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2019.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez Pérez.
### RESUMEN: Ultimos resultados oficiales de las elecciones locales. |
El Consejo de Ministros en su reunión de 27 de abril de 2021, ha aprobado el Acuerdo por el que se renueva el mandato y se nombran los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Estimando de interés la difusión del mismo, se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con el texto que figura como anexo de esta orden.
Madrid, 5 de mayo de 2021.–El Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Octavi Iceta i Llorens.
ANEXO
Acuerdo por el que se renueva y se nombran los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en representación del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, crea en su Título III el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público de los previstos en la disposición adicional 10.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, reconvertido en Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de ámbito estatal en los términos previstos en la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que actúa con autonomía y plena independencia para el cumplimiento de sus fines, y que está encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en la norma y de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Dentro de la estructura orgánica del Consejo, la Ley crea la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de carácter colegiado que integra en su composición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2 de la propia Ley y en el artículo 13 del Estatuto del organismo, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, además del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que será su Presidente, a los siguientes Vocales:
a) Un Diputado.
b) Un Senador.
c) Un representante del Tribunal de Cuentas.
d) Un representante del Defensor del Pueblo.
e) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
f) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –hoy de Política Territorial y Función Pública–.
g) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Habiendo finalizado el mandato de los Vocales de la Comisión nombrados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014 (Orden HAP/2331/2014, de 12 de diciembre), se hace necesario renovar el mandato de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y proceder al nombramiento de los Vocales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de abril de 2021, acuerda:
Nombrar como vocales integrantes de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno a:
a) Don Odón Elorza González, a propuesta del Congreso de los Diputados.
b) Doña María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, a propuesta del Senado.
c) Doña Margarita Mariscal de Gante, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas.
d) Don José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo, a propuesta del Defensor del Pueblo.
e) Don David Javier Santos Sánchez, abogado del Estado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.
f) Doña Eloísa Paredes Bordegé, Subdirectora General de Transparencia y Atención al Ciudadano en la Dirección General de Gobernanza Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
g) Don Diego Pérez Martínez, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. | Renovaciones y nombramientos en la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los nuevos: Odón Elorza (PSOE, por Congreso), MªTeresa Ruiz-Sillero (PP, Senado) y Eloísa Paredes (Gobierno). | El Consejo de Ministros en su reunión de 27 de abril de 2021, ha aprobado el Acuerdo por el que se renueva el mandato y se nombran los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Estimando de interés la difusión del mismo, se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con el texto que figura como anexo de esta orden.
Madrid, 5 de mayo de 2021.–El Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Octavi Iceta i Llorens.
ANEXO
Acuerdo por el que se renueva y se nombran los vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en representación del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, crea en su Título III el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público de los previstos en la disposición adicional 10.ª de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, reconvertido en Autoridad Administrativa Independiente (AAI) de ámbito estatal en los términos previstos en la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que actúa con autonomía y plena independencia para el cumplimiento de sus fines, y que está encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en la norma y de garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Dentro de la estructura orgánica del Consejo, la Ley crea la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de carácter colegiado que integra en su composición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.2 de la propia Ley y en el artículo 13 del Estatuto del organismo, aprobado por Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, además del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que será su Presidente, a los siguientes Vocales:
a) Un Diputado.
b) Un Senador.
c) Un representante del Tribunal de Cuentas.
d) Un representante del Defensor del Pueblo.
e) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
f) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas –hoy de Política Territorial y Función Pública–.
g) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Habiendo finalizado el mandato de los Vocales de la Comisión nombrados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014 (Orden HAP/2331/2014, de 12 de diciembre), se hace necesario renovar el mandato de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y proceder al nombramiento de los Vocales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de abril de 2021, acuerda:
Nombrar como vocales integrantes de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno a:
a) Don Odón Elorza González, a propuesta del Congreso de los Diputados.
b) Doña María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, a propuesta del Senado.
c) Doña Margarita Mariscal de Gante, Consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas.
d) Don José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo, a propuesta del Defensor del Pueblo.
e) Don David Javier Santos Sánchez, abogado del Estado-Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.
f) Doña Eloísa Paredes Bordegé, Subdirectora General de Transparencia y Atención al Ciudadano en la Dirección General de Gobernanza Pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
g) Don Diego Pérez Martínez, director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
### RESUMEN: Renovaciones y nombramientos en la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los nuevos: Odón Elorza (PSOE, por Congreso), MªTeresa Ruiz-Sillero (PP, Senado) y Eloísa Paredes (Gobierno). |
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Vélez-Málaga, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
2. Instar al Gobierno a:
– Potenciar la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos Planes de Infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia. Las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas.
3. Instar a las administraciones fiscalizadas a aplicar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
4. Instar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía a:
– Evitar la creación y mantenimiento de entes instrumentales para realizar actuaciones propias de la competencia de aquella, cuando los mismos acudan sistemática y reiteradamente a la contratación externa para su ejercicio.
– Adoptar medidas para que las cuentas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía informen adecuadamente sobre la financiación de las empresas adscritas y del coste íntegro de los proyectos de su responsabilidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver. | Rapapolvo del Tribunal de Cuentas a la Junta de Andalucía por el tranvía de Vélez-Málaga. | La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Vélez-Málaga, acuerda:
1. Asumir el contenido del citado Informe, así como sus conclusiones y sus recomendaciones.
2. Instar al Gobierno a:
– Potenciar la Oficina Nacional de Evaluación, que establecerá las inversiones prioritarias en los nuevos Planes de Infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos sobre la cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, evaluación continua y transparencia. Las grandes infraestructuras y proyectos de inversión deberán ser ratificados antes de su licitación por comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas.
3. Instar a las administraciones fiscalizadas a aplicar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
4. Instar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía a:
– Evitar la creación y mantenimiento de entes instrumentales para realizar actuaciones propias de la competencia de aquella, cuando los mismos acudan sistemática y reiteradamente a la contratación externa para su ejercicio.
– Adoptar medidas para que las cuentas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía informen adecuadamente sobre la financiación de las empresas adscritas y del coste íntegro de los proyectos de su responsabilidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.
### RESUMEN: Rapapolvo del Tribunal de Cuentas a la Junta de Andalucía por el tranvía de Vélez-Málaga. |
El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-44/13-0, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 26 de febrero de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-44/13, del ramo de EE. LL. (Ayuntamiento de Lora del Río), Sevilla, seguidas como consecuencia de la existencia de presuntas irregularidades consistentes en el desvío, a cuentas particulares de fondos municipales destinados a gastos de personal, simulando contrataciones de trabajadores o señalando jornadas de trabajo superiores a las realmente trabajadas.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 1 de marzo de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento. | El Tribunal de Cuentas investiga los pagos de nóminas falsas en Lora del Río (Sevilla). | El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-44/13-0, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 26 de febrero de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-44/13, del ramo de EE. LL. (Ayuntamiento de Lora del Río), Sevilla, seguidas como consecuencia de la existencia de presuntas irregularidades consistentes en el desvío, a cuentas particulares de fondos municipales destinados a gastos de personal, simulando contrataciones de trabajadores o señalando jornadas de trabajo superiores a las realmente trabajadas.
Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.
Madrid, 1 de marzo de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento.
### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga los pagos de nóminas falsas en Lora del Río (Sevilla). |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Contratación.
2) Domicilio:
Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
4) Teléfono:
91 488 7051 (información técnica), 91 488 7118 y 91 488 7318 y 91 488 7042 (información administrativa) y 91 488 7069 (Registro General).
5) Telefax:
91 614 71 20.
6) Correo electrónico:
contratacion@urjc.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Día 2 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
2013/002SUMAP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de licencias Microsoft para los ordenadores de la Universidad Rey Juan Carlos.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Unidad de Servicios Informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos.
2) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
e) Plazo de ejecución/entrega:
Un mes para la entrega, a contar desde la firma del contrato, y tres años de vigencia a contar desde la recepción de los códigos de licenciamiento en la Universidad Rey Juan Carlos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato:
125.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 125.000,00 euros. Importe total: 151.250,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Catorce horas del día 3 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General de la Universidad Rey Juan Carlos.
2) Domicilio:
Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Universidad Rey Juan Carlos, calle Tulipán, sin número, edificio Ampliación del Rectorado, Sala de Juntas (4.ª planta).
c) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha y hora:
Día 25 de abril de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos.
12. Otras informaciones:
La apertura en acto público de la documentación relativa a criterios no evaluables mediante fórmulas se efectuará el día 10 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el edificio de ampliación del Rectorado, Sala de Juntas (4.ª planta).
Móstoles, 25 de febrero de 2013.- El Rector, Pedro José González-Trevijano Sánchez. | La Universidad Rey Juan Carlos pagará 151.250,00 euros por licencias Microsoft para tres años. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Contratación.
2) Domicilio:
Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
4) Teléfono:
91 488 7051 (información técnica), 91 488 7118 y 91 488 7318 y 91 488 7042 (información administrativa) y 91 488 7069 (Registro General).
5) Telefax:
91 614 71 20.
6) Correo electrónico:
contratacion@urjc.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Día 2 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
2013/002SUMAP.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro de licencias Microsoft para los ordenadores de la Universidad Rey Juan Carlos.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Unidad de Servicios Informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos.
2) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
e) Plazo de ejecución/entrega:
Un mes para la entrega, a contar desde la firma del contrato, y tres años de vigencia a contar desde la recepción de los códigos de licenciamiento en la Universidad Rey Juan Carlos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato:
125.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 125.000,00 euros. Importe total: 151.250,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Catorce horas del día 3 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General de la Universidad Rey Juan Carlos.
2) Domicilio:
Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Universidad Rey Juan Carlos, calle Tulipán, sin número, edificio Ampliación del Rectorado, Sala de Juntas (4.ª planta).
c) Localidad y código postal:
28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha y hora:
Día 25 de abril de 2013, a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos.
12. Otras informaciones:
La apertura en acto público de la documentación relativa a criterios no evaluables mediante fórmulas se efectuará el día 10 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en el edificio de ampliación del Rectorado, Sala de Juntas (4.ª planta).
Móstoles, 25 de febrero de 2013.- El Rector, Pedro José González-Trevijano Sánchez.
### RESUMEN: La Universidad Rey Juan Carlos pagará 151.250,00 euros por licencias Microsoft para tres años. |
La oferta formativa del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para el año 2013, dirigida a personal directivo y predirectivo, persigue la formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y las capacidades profesionales de los empleados públicos.
Mediante esta resolución se convocan una serie de actividades formativas que se desarrollarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, en el marco del programa para directivos del INAP.
Las diversas actividades formativas se agrupan en los siguientes ámbitos de conocimiento: Dirección Pública, Unión Europea, Gestión Pública y Habilidades Directivas.
Todos los cursos tendrán un enfoque teórico y práctico para que los alumnos puedan aplicar de una forma óptima lo aprendido durante estas actividades formativas.
Por todo lo expuesto, esta Dirección ha adoptado la siguiente resolución:
Primero. Convocatoria.
Se convocan las acciones formativas que se detallan en el anexo.
Segundo. Destinatarios.
Podrán participar los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 y personal laboral fijo asimilado de todas las Administraciones públicas.
Tercero. Contenido de las actividades formativas.
En el anexo figura una breve descripción de cada curso. El programa detallado de cada acción formativa se incluirá en la página web del INAP (www.inap.es).
Cuarto. Lugar de celebración y calendario.
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en la sede del INAP, calle Atocha, número 106, en Madrid.
Las fechas de cada curso se concretan en el anexo.
Quinto. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en los cursos recogidos en el anexo deberán presentar la solicitud que figura en la página web del INAP (www.inap.es) entrando en el enlace «Formación» y, a continuación, en «Formación directiva». En esta página se publicará la información relativa a los cursos que figuran en el anexo. Ejecutando la opción «presentación de solicitudes» que figura en cada curso se tendrá acceso a un formulario en el que deberán cumplimentarse todos los datos. A continuación, recibirá en su correo electrónico un enlace para que los mismos sean confirmados. Una vez confirmados, deberá redactarse una carta de motivación explicando las razones por las que se solicita el curso. Para ello es necesario pulsar en «escribir carta».
Para completar la transmisión telemática de los datos, pulse en «conformidad» y finalmente en el botón «grabar», si bien con carácter previo es imprescindible recabar la autorización del superior jerárquico que corresponda, al menos con rango de subdirector general. Para ello, antes de enviar la solicitud es necesario imprimirla y pasarla a la firma de su superior. Una vez firmada deberá conservarla en su poder, en soporte papel, hasta que se le requiera su presentación.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexto. Selección.
1. El número máximo de admitidos para cada curso será el detallado en el anexo.
2. La selección de los participantes será realizada por la Subdirección de Formación, con aplicación de los siguientes criterios:
a) El nivel de responsabilidad dentro de la organización.
b) La relación directa entre los contenidos que se imparten y el puesto de trabajo que se desempeña.
3. Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por 100 de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje.
5. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección a quienes se encuentren afectados por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas.
6. Una vez efectuada la selección definitiva de los participantes, la Subdirección de Formación lo comunicará a los interesados, que deberán confirmar su asistencia al curso.
La inasistencia, sin previo aviso o cumplida justificación, de quienes hubiesen sido seleccionados para participar en la actividad formativa podrá determinar su exclusión en selecciones posteriores.
Séptimo. Exclusión en cursos online.
En los cursos online, todos aquellos que hayan sido seleccionados y que no se conecten a la plataforma digital durante la primera semana del curso, sin previo aviso y justificación, serán excluidos de la actividad formativa y sustituidos por otras personas que se encuentren en la lista de espera para poder participar en el curso. La falta de conexión durante la primera semana también podrá determinar la exclusión en selecciones posteriores.
Asimismo, podrán ser excluidos de los cursos online todos aquellos que incumplan reiteradamente el plan de trabajo establecido por los tutores o que no se conecten con regularidad a la plataforma.
Octavo. Diplomas.
1. Los participantes que acrediten un buen aprovechamiento de las enseñanzas impartidas recibirán el correspondiente diploma.
2. Para la obtención del diploma será requisito imprescindible la superación de los criterios, pruebas y trabajos exigidos para cada acción formativa. En los cursos presenciales, una inasistencia superior al 10 por 100, aunque esté justificada, imposibilitará la expedición del diploma.
Noveno. Régimen académico.
Los alumnos seleccionados que no observen las reglas elementales de participación, respeto y consideración hacia profesores, compañeros o personal del INAP podrán ser excluidos de las actividades formativas.
Décimo. Información adicional.
Podrá obtenerse información adicional en la página web del INAP www.inap.es, a través de los teléfonos 912739154 - 912739425 - 912739274, del fax 912739346, a través del correo electrónico fd@inap.es o a través de la dirección postal calle Atocha, 106, 28012, Madrid.
Madrid, 28 de junio de 2013.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez. | Cursos para personal directivo de las Administraciones Públicas. | La oferta formativa del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para el año 2013, dirigida a personal directivo y predirectivo, persigue la formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y las capacidades profesionales de los empleados públicos.
Mediante esta resolución se convocan una serie de actividades formativas que se desarrollarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, en el marco del programa para directivos del INAP.
Las diversas actividades formativas se agrupan en los siguientes ámbitos de conocimiento: Dirección Pública, Unión Europea, Gestión Pública y Habilidades Directivas.
Todos los cursos tendrán un enfoque teórico y práctico para que los alumnos puedan aplicar de una forma óptima lo aprendido durante estas actividades formativas.
Por todo lo expuesto, esta Dirección ha adoptado la siguiente resolución:
Primero. Convocatoria.
Se convocan las acciones formativas que se detallan en el anexo.
Segundo. Destinatarios.
Podrán participar los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1 y personal laboral fijo asimilado de todas las Administraciones públicas.
Tercero. Contenido de las actividades formativas.
En el anexo figura una breve descripción de cada curso. El programa detallado de cada acción formativa se incluirá en la página web del INAP (www.inap.es).
Cuarto. Lugar de celebración y calendario.
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en la sede del INAP, calle Atocha, número 106, en Madrid.
Las fechas de cada curso se concretan en el anexo.
Quinto. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en los cursos recogidos en el anexo deberán presentar la solicitud que figura en la página web del INAP (www.inap.es) entrando en el enlace «Formación» y, a continuación, en «Formación directiva». En esta página se publicará la información relativa a los cursos que figuran en el anexo. Ejecutando la opción «presentación de solicitudes» que figura en cada curso se tendrá acceso a un formulario en el que deberán cumplimentarse todos los datos. A continuación, recibirá en su correo electrónico un enlace para que los mismos sean confirmados. Una vez confirmados, deberá redactarse una carta de motivación explicando las razones por las que se solicita el curso. Para ello es necesario pulsar en «escribir carta».
Para completar la transmisión telemática de los datos, pulse en «conformidad» y finalmente en el botón «grabar», si bien con carácter previo es imprescindible recabar la autorización del superior jerárquico que corresponda, al menos con rango de subdirector general. Para ello, antes de enviar la solicitud es necesario imprimirla y pasarla a la firma de su superior. Una vez firmada deberá conservarla en su poder, en soporte papel, hasta que se le requiera su presentación.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexto. Selección.
1. El número máximo de admitidos para cada curso será el detallado en el anexo.
2. La selección de los participantes será realizada por la Subdirección de Formación, con aplicación de los siguientes criterios:
a) El nivel de responsabilidad dentro de la organización.
b) La relación directa entre los contenidos que se imparten y el puesto de trabajo que se desempeña.
3. Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
4. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por 100 de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje.
5. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección a quienes se encuentren afectados por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas.
6. Una vez efectuada la selección definitiva de los participantes, la Subdirección de Formación lo comunicará a los interesados, que deberán confirmar su asistencia al curso.
La inasistencia, sin previo aviso o cumplida justificación, de quienes hubiesen sido seleccionados para participar en la actividad formativa podrá determinar su exclusión en selecciones posteriores.
Séptimo. Exclusión en cursos online.
En los cursos online, todos aquellos que hayan sido seleccionados y que no se conecten a la plataforma digital durante la primera semana del curso, sin previo aviso y justificación, serán excluidos de la actividad formativa y sustituidos por otras personas que se encuentren en la lista de espera para poder participar en el curso. La falta de conexión durante la primera semana también podrá determinar la exclusión en selecciones posteriores.
Asimismo, podrán ser excluidos de los cursos online todos aquellos que incumplan reiterada
### RESUMEN: Cursos para personal directivo de las Administraciones Públicas. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Brigada Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Negociado de Contratación de la SAECO de la BRILOG.
2) Domicilio:
Paseo del Canal, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
4) Teléfono:
976722347
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
d) Número de expediente:
2 0942 2013 0014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Pienso completo para alimentación de ganado equino.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Dos lotes.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Tres criterios.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 62.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 1.690,91 euros, o la parte proporcional al lote ofertado. Definitiva (%): 5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 10:00 horas del día 8 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística.
2) Domicilio:
Paseo del Canal, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística.
b) Dirección:
Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
d) Fecha y hora:
11 de abril de 2013, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
A cargo de los adjudicatarios, a prorrateo.
Zaragoza, 14 de marzo de 2013.- Teniente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística. | Pienso completo para alimentación de ganado equino del ejercito por importe total de 62.000,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Brigada Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Negociado de Contratación de la SAECO de la BRILOG.
2) Domicilio:
Paseo del Canal, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
4) Teléfono:
976722347
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
d) Número de expediente:
2 0942 2013 0014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Pienso completo para alimentación de ganado equino.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Dos lotes.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Tres criterios.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 62.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 1.690,91 euros, o la parte proporcional al lote ofertado. Definitiva (%): 5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 10:00 horas del día 8 de abril de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística.
2) Domicilio:
Paseo del Canal, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística.
b) Dirección:
Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal:
Zaragoza, 50007.
d) Fecha y hora:
11 de abril de 2013, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad:
A cargo de los adjudicatarios, a prorrateo.
Zaragoza, 14 de marzo de 2013.- Teniente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada Logística.
### RESUMEN: Pienso completo para alimentación de ganado equino del ejercito por importe total de 62.000,00 euros. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Servicio de Coordinación Jurídica.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Asistencia técnica en materia de consumo.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 22.800,00 euros. Importe total: 27.588,00 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 13 horas del decimo sexto día natural siguiente al de publicación del anuncio.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Casa Consistorial.
b) Dirección:
Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha y hora:
Se publicará en el perfil del contratante.
Las Rozas de Madrid, 18 de diciembre de 2015.- El Concejal-Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Luis Álvarez de Francisco. | Contrato del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la asistencia técnica en materia de consumo por importe total de 27.588,00 euros.
| 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Servicio de Coordinación Jurídica.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Asistencia técnica en materia de consumo.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 22.800,00 euros. Importe total: 27.588,00 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta las 13 horas del decimo sexto día natural siguiente al de publicación del anuncio.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Casa Consistorial.
b) Dirección:
Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal:
28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha y hora:
Se publicará en el perfil del contratante.
Las Rozas de Madrid, 18 de diciembre de 2015.- El Concejal-Delegado de Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Luis Álvarez de Francisco.
### RESUMEN: Contrato del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la asistencia técnica en materia de consumo por importe total de 27.588,00 euros.
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Departamento de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Ayudas y Contratación.
c) Número de expediente:
PR-2015-132.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Acuerdo marco de los servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación.
c) Lote:
Sí, tres lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79341200-8.
e) Acuerdo marco:
Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
30.000.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 20.000.000 euros. Importe total: 24.200.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
2 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
23 de octubre de 2015.
c) Contratista:
Lote 1 Multimedia: Media Planning Group, SAU, Arena Media Communications España, SA, Carat España, SAU y Focus Media, SL. Lote 2 Medio impreso: Media Planning Group, SAU, Carat España, SAU y Focus Media, SL. Lote 3 Medio internet: Arena Media Communications España, SA, Netthink Iberia, SLU, Proximia Havas, SLU, y Kardumen Grau Clotet, SL y Nothingad Comunicació, SL, Unión Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 0 euros.
Barcelona, 27 de octubre de 2015.- Por delegación (Resolución PRE/74/2013, de 21 de enero, DOGC núm. 6303, de 29.01.2013), Jordi Vilajoana i Rovira, Secretario general. | Acuerdo marco servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en Cataluña, adjudicado el 2 de octubre. Administraciones podrán contratar a estas agencias, El importe total del contrato es de 24.200.000 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Departamento de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Ayudas y Contratación.
c) Número de expediente:
PR-2015-132.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Acuerdo marco de los servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación.
c) Lote:
Sí, tres lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79341200-8.
e) Acuerdo marco:
Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
30.000.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 20.000.000 euros. Importe total: 24.200.000 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
2 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
23 de octubre de 2015.
c) Contratista:
Lote 1 Multimedia: Media Planning Group, SAU, Arena Media Communications España, SA, Carat España, SAU y Focus Media, SL. Lote 2 Medio impreso: Media Planning Group, SAU, Carat España, SAU y Focus Media, SL. Lote 3 Medio internet: Arena Media Communications España, SA, Netthink Iberia, SLU, Proximia Havas, SLU, y Kardumen Grau Clotet, SL y Nothingad Comunicació, SL, Unión Temporal de Empresas.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: 0 euros.
Barcelona, 27 de octubre de 2015.- Por delegación (Resolución PRE/74/2013, de 21 de enero, DOGC núm. 6303, de 29.01.2013), Jordi Vilajoana i Rovira, Secretario general.
### RESUMEN: Acuerdo marco servicios de gestión e inserción de publicidad institucional en Cataluña, adjudicado el 2 de octubre. Administraciones podrán contratar a estas agencias, El importe total del contrato es de 24.200.000 euros. |
Visto el texto del Acta en la que se contiene el acuerdo de modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (código de Convenio número 99012545011993), mediante la incorporación de una nueva disposición adicional, identificada como séptima, Acta que fue suscrita con fecha 6 de julio de 2017, de una parte por la organización empresarial Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC. OO. y CIG en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de julio de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
IV ACUERDO ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA ACTA N.º 1, CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA, DE 6 DE JULIO DE 2017
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 6 de julio de 2017, se reúnen las personas indicadas anteriormente, en representación de cada una de las organizaciones también indicadas.
Abierto el acto, los asesores de las partes informan que, analizados los requisitos legales para la modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (en adelante, IV-ASE), identificado con el código de Convenio número 99012545011993 de conformidad a lo dispuesto en su artículo 4, y previa consulta con la administración laboral competente, se recomienda la constitución de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo Sectorial Estatal, en la que las partes comparecientes, como legitimadas legalmente para la negociación colectiva en este ámbito estatal, manifiesten su voluntad expresa de constituir la citada comisión negociadora, con independencia de la comisión constituida para la negociación del V Acuerdo que lo sustituya en su integridad.
A la vista de la información facilitada, cada una de las partes comparecientes expresa su voluntad de participar en la constitución de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo y reconocerse mutuamente legitimados y con capacidad suficiente para negociar y suscribir acuerdos con carácter de Convenio Colectivo Estatutario conforme lo establecido en los artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.
A los indicados efectos, se hace constar que la representatividad de cada una de las organizaciones sobre el total del sector es la siguiente:
• En representación de las asociaciones empresariales:
ANESCO: 100% de la representación empresarial.
• En representación de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos siguientes:
CETM: 78, 70 % de la representación.
UGT: 7,87 %.
CC. OO.: 4,17 %.
LAB: 2,31 %.
CIG: 1,39 %.
ELA: 0,93 %.
Asimismo, las partes acuerdan asumir como propia la negociación realizada con anterioridad respecto a la modificación puntual del IV Acuerdo, lo que permite alcanzar por unanimidad de ambas representaciones, con la excepción indicada en el numero sexto, los siguientes
ACUERDOS
Primero. Constitución de la Comisión Negociadora del IV-ASE.
Constituir la Comisión Negociadora del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, de ámbito estatal, publicado en el BOE número 26, de 30 de enero de 2014, por Resolución de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 17 de enero de 2014, con el código de Convenio número 99012545011993.
Segundo. Composición de la comisión negociadora.
Acordar que el número de integrantes de cada una de las representaciones será de quince (15) miembros, correspondiendo por parte empresarial la designación de la totalidad de los mismos a ANESCO.
Por la parte social, se acuerda asignar el número de miembros que se indicará a continuación en correspondencia a la representatividad de cada sindicato, con la corrección precisa para garantizar la presencia de todos los sindicatos legitimados comparecientes, por lo que los acuerdos se adoptarán, para esta representación, mediante el voto ponderado indicado a continuación.
• CETM: 10 miembros (82,524 %, voto ponderado).
• UGT: 1 (8,252 %).
• CC. OO.: 1 (4,369 %).
• LAB: 1 (2,427 %).
• CIG: 1 (1,456 %).
• ELA: 1 (0,971 %).
Las partes convienen la eventual sustitución de los representantes designados previa comunicación a la comisión y, en caso de ser requerido para ello, la acreditación de la representación de la organización empresarial o sindical correspondiente. Asimismo, se acuerda que las organizaciones podrán completar –si lo estiman conveniente– sus representantes hasta el máximo que le corresponda, si bien, los comparecientes, ostentarán –con independencia de su número– el 100% de la representación.
Las partes podrán asistir acompañados de los asesores que consideren necesarios en cada momento.
Tercero. Moderadores y secretarios de actas.
Para actuar como moderadores de las sesiones y para signar las actas como secretarios mancomunados conjuntamente con un representante de cada una del resto de las organizaciones, se nombran a don Pedro García Navarro y a don Manuel Cabello Sánchez.
Cuarto. Calendario de negociaciones.
Se acuerda establecer como calendario para la negociación, celebrar sesiones durante los meses de julio y septiembre de 2017, tanto plenarias como técnicas, en las fechas que sean propuestas y confirmadas previamente por las partes para negociar sobre los asuntos que se propongan por cualquiera de las organizaciones comparecientes.
Quinto. Autorización para el registro de los acuerdos que se adopten.
Se acuerda facultar a don Pedro García Navarro, provisto con DNI número 48.806.667-T y a don Víctor M. Díaz Domínguez, provisto con DNI número 42.005.662-A para que, indistintamente, y en representación de la comisión negociadora, tramiten, comuniquen y soliciten a la autoridad laboral competente el registro, depósito y publicación de los acuerdos adoptados o que se adopten como resultado de la negociación. La indicada facultad será tan amplia como fuera preciso para alcanzar la finalidad pretendida por las partes. Las personas designadas podrán encomendar, de mutuo acuerdo, la realización de los trámites de registro informático a profesional autorizado para ello.
Sexto. Acuerdo de modificación del IV-ASE, mediante la adición de una nueva disposición adicional.
La representación empresarial vota, por unanimidad y favorablemente, el acuerdo de adición de una nueva Disposición adicional.
Por la representación sindical, los sindicatos ELA y LAB manifiestan que, aunque están de acuerdo con el contenido de la nueva disposición adicional, no procederán a su firma por política sindical dado que tampoco suscribieron el IV-ASE. El resto de las representaciones CETM, UGT, CC. OO. y CIG, votan favorablemente, lo que supone el 96,601% de la representatividad sindical de la comisión negociadora.
En consecuencia, por acuerdo unánime de la representación empresarial y por mayoría (96,601%) de la representación sindical, se acuerda incorporar una nueva disposición adicional al IV-ASE, identificada como séptima, con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional séptima.
Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en proporción a su participación accionarial en la correspondiente sociedad. En consecuencia, el citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en dichas empresas estibadora en las mismas condiciones laborales individuales y colectivas que posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo previsto en el artículo 44 del estatuto de los trabajadores para la sucesión de empresas y seguirán rigiéndose por el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de enero de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por los convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de esta disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución por el V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad de empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, por tanto, se proceda a su liquidación, igualmente, los trabajadores tendrán derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el ámbito estatal. Asimismo, la Comisión Paritaria Sectorial Estatal asume la competencia de interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición adicional.
La presente Disposición adicional tendrá eficacia desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017».
Sin más asuntos que tratar y, en prueba de conformidad se firma la presente acta en el lugar y fecha indicados en el encabezado.–Pedro García (ANESCO).–Manuel Cabello (CETM).–UGT.–CC. OO.–CIG.–LAB.–ELA. | El conflicto de la estiba se frenó -por ahora- gracias a este acuerdo. | Visto el texto del Acta en la que se contiene el acuerdo de modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (código de Convenio número 99012545011993), mediante la incorporación de una nueva disposición adicional, identificada como séptima, Acta que fue suscrita con fecha 6 de julio de 2017, de una parte por la organización empresarial Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC. OO. y CIG en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de julio de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
IV ACUERDO ESTATAL PARA LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA ACTA N.º 1, CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA, DE 6 DE JULIO DE 2017
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 6 de julio de 2017, se reúnen las personas indicadas anteriormente, en representación de cada una de las organizaciones también indicadas.
Abierto el acto, los asesores de las partes informan que, analizados los requisitos legales para la modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (en adelante, IV-ASE), identificado con el código de Convenio número 99012545011993 de conformidad a lo dispuesto en su artículo 4, y previa consulta con la administración laboral competente, se recomienda la constitución de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo Sectorial Estatal, en la que las partes comparecientes, como legitimadas legalmente para la negociación colectiva en este ámbito estatal, manifiesten su voluntad expresa de constituir la citada comisión negociadora, con independencia de la comisión constituida para la negociación del V Acuerdo que lo sustituya en su integridad.
A la vista de la información facilitada, cada una de las partes comparecientes expresa su voluntad de participar en la constitución de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo y reconocerse mutuamente legitimados y con capacidad suficiente para negociar y suscribir acuerdos con carácter de Convenio Colectivo Estatutario conforme lo establecido en los artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.
A los indicados efectos, se hace constar que la representatividad de cada una de las organizaciones sobre el total del sector es la siguiente:
• En representación de las asociaciones empresariales:
ANESCO: 100% de la representación empresarial.
• En representación de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos siguientes:
CETM: 78, 70 % de la representación.
UGT: 7,87 %.
CC. OO.: 4,17 %.
LAB: 2,31 %.
CIG: 1,39 %.
ELA: 0,93 %.
Asimismo, las partes acuerdan asumir como propia la negociación realizada con anterioridad respecto a la modificación puntual del IV Acuerdo, lo que permite alcanzar por unanimidad de ambas representaciones, con la excepción indicada en el numero sexto, los siguientes
ACUERDOS
Primero. Constitución de la Comisión Negociadora del IV-ASE.
Constituir la Comisión Negociadora del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, de ámbito estatal, publicado en el BOE número 26, de 30 de enero de 2014, por Resolución de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 17 de enero de 2014, con el código de Convenio número 99012545011993.
Segundo. Composición de la comisión negociadora.
Acordar que el número de integrantes de cada una de las representaciones será de quince (15) miembros, correspondiendo por parte empresarial la designación de la totalidad de los mismos a ANESCO.
Por la parte social, se acuerda asignar el número de miembros que se indicará a continuación en correspondencia a la representatividad de cada sindicato, con la corrección precisa para garantizar la presencia de todos los sindicatos legitimados comparecientes, por lo que los acuerdos se adoptarán, para esta representación, mediante el voto ponderado indicado a continuación.
• CETM: 10 miembros (82,524 %, voto ponderado).
• UGT: 1 (8,252 %).
• CC. OO.: 1 (4,369 %).
• LAB: 1 (2,427 %).
• CIG: 1 (1,456 %).
• ELA: 1 (0,971 %).
Las partes convienen la eventual sustitución de los representantes designados previa comunicación a la comisión y, en caso de ser requerido para ello, la acreditación de la representación de la organización empresarial o sindical correspondiente. Asimismo, se acuerda que las organizaciones podrán completar –si lo estiman conveniente– sus representantes hasta el máximo que le corresponda, si bien, los comparecientes, ostentarán –con independencia de su número– el 100% de la representación.
Las partes podrán asistir acompañados de los asesores que consideren necesarios en cada momento.
Tercero. Moderadores y secretarios de actas.
Para actuar como moderadores de las sesiones y para signar las actas como secretarios mancomunados conjuntamente con un representante de cada una del resto de las organizaciones, se nombran a don Pedro García Navarro y a don Manuel Cabello Sánchez.
Cuarto. Calendario de negociaciones.
Se acuerda establecer como calendario para la negociación, celebrar sesiones durante los meses de julio y septiembre de 2017, tanto plena
### RESUMEN: El conflicto de la estiba se frenó -por ahora- gracias a este acuerdo. |
A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de enero de 2014,
Vengo en nombrar Fiscal de Sala de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a don Antonio Salinas Casado.
Dado en Madrid, el 24 de enero de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | Nombramiento de Antonio Salinas Casado como máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción. | A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el Fiscal General del Estado, reunido el Consejo Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.1 y 41 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de enero de 2014,
Vengo en nombrar Fiscal de Sala de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a don Antonio Salinas Casado.
Dado en Madrid, el 24 de enero de 2014.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: Nombramiento de Antonio Salinas Casado como máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción. |
En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Sr. D. Carlos Alberto Gómez Matallanas, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Bronce.
Madrid, 2 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. | Carlos Alberto Gómez Matallanas, futbolista con ELA, medalla de bronce al mérito deportivo | En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Sr. D. Carlos Alberto Gómez Matallanas, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Bronce.
Madrid, 2 de octubre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
### RESUMEN: Carlos Alberto Gómez Matallanas, futbolista con ELA, medalla de bronce al mérito deportivo |
La Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España establece el modo concreto en el que se llevan a cabo los procedimientos preventivos de control de la COVID-19 en los distintos lugares de entrada en España, con el fin de controlar la actual crisis sanitaria, tal y como prevé el artículo primero del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
En el apartado Séptimo de dicha Resolución de 4 de junio de 2021, se establece que se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo expedidos en las cuarenta y ocho horas anteriores a la llegada a España, siendo las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 y los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01.
La Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 establece que los Estados pueden exigir a los viajeros procedentes de una zona de riesgo que se sometan a una prueba de detección de la COVID-19 antes y/o después de su llegada. Puede tratarse de una prueba de RT-PCR o de una prueba rápida de antígenos incluida en la lista común y actualizada de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación del Consejo, de 21 de enero de 2021, relativa a un marco común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE.
En lo que afecta a los períodos de validez para los certificados de prueba negativos para la infección por SARS-CoV-2, el Reglamento (UE) 2021/953, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, no establece ningún parámetro en este sentido, quedando a decisión de los Estados miembros. En este sentido, a la vista de las consideraciones aportadas por estos y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión ha acordado fijar el periodo de validez máximo de las pruebas diagnósticas de infección activa para SARS-CoV-2 en 72 horas en caso de las NAAT y en 48 horas en caso de las pruebas rápidas de antígeno, considerando este periodo desde la fecha de la toma de la muestra. Por ello, y con objeto de estar en sintonía con la recomendación de este organismo de la Unión Europea, se considera necesario actualizar la Resolución de 4 de junio en estos términos.
Desde el punto de vista competencial, cabe señalar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.
Por su parte, el artículo 52.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública del Ministerio de Sanidad con rango igual o superior al de Director General, tienen la consideración de autoridad sanitaria estatal. Así mismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del mencionado artículo 52, la autoridad sanitaria estatal, de acuerdo con sus competencias, tiene facultades para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.
En su virtud y al amparo de lo contemplado en al artículo 1 del citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, y de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, resuelvo:
Primero. Modificación de la validez del certificado de diagnóstico.
Se modifica el apartado Séptimo de la Resolución de 4 de junio de 2021, que queda redactado como sigue:
«Séptimo. Certificado de Diagnóstico.
Se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo perteneciente a alguno de los siguientes tipos:
1. Pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España.
2. Test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 48 horas anteriores a la llegada a España.
El certificado de prueba diagnóstica deberá incluir, al menos, la siguiente información:
1. Nombre y apellido del titular.
2. Fecha de la toma de la muestra.
3. Tipo de test realizado.
4. País emisor.»
Segundo. Eficacia.
La presente resolución producirá efectos a partir del 14 de julio de 2021.
Tercero. Recursos.
La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Secretaria de Estado de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 9 de julio de 2021.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga. | El Gobierno da algo más de margen de tiempo para las PCR. Quienes vengan de países de riesgo pueden elegir: vacunación, haber pasado la covid o test. En este último caso, si es de antígenos sigue siendo en las 48h antes. Pero las PCR vuelven a 72h. | La Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España establece el modo concreto en el que se llevan a cabo los procedimientos preventivos de control de la COVID-19 en los distintos lugares de entrada en España, con el fin de controlar la actual crisis sanitaria, tal y como prevé el artículo primero del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
En el apartado Séptimo de dicha Resolución de 4 de junio de 2021, se establece que se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo expedidos en las cuarenta y ocho horas anteriores a la llegada a España, siendo las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2 y los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01.
La Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 establece que los Estados pueden exigir a los viajeros procedentes de una zona de riesgo que se sometan a una prueba de detección de la COVID-19 antes y/o después de su llegada. Puede tratarse de una prueba de RT-PCR o de una prueba rápida de antígenos incluida en la lista común y actualizada de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 establecida sobre la base de la Recomendación del Consejo, de 21 de enero de 2021, relativa a un marco común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE.
En lo que afecta a los períodos de validez para los certificados de prueba negativos para la infección por SARS-CoV-2, el Reglamento (UE) 2021/953, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, no establece ningún parámetro en este sentido, quedando a decisión de los Estados miembros. En este sentido, a la vista de las consideraciones aportadas por estos y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión ha acordado fijar el periodo de validez máximo de las pruebas diagnósticas de infección activa para SARS-CoV-2 en 72 horas en caso de las NAAT y en 48 horas en caso de las pruebas rápidas de antígeno, considerando este periodo desde la fecha de la toma de la muestra. Por ello, y con objeto de estar en sintonía con la recomendación de este organismo de la Unión Europea, se considera necesario actualizar la Resolución de 4 de junio en estos términos.
Desde el punto de vista competencial, cabe señalar que, con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.
Por su parte, el artículo 52.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, prevé que, en el marco de sus respectivas funciones, los titulares de los órganos superiores y órganos directivos con responsabilidades en salud pública del Ministerio de Sanidad con rango igual o superior al de Director General, tienen la consideración de autoridad sanitaria estatal. Así mismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del mencionado artículo 52, la autoridad sanitaria estatal, de acuerdo con sus competencias, tiene facultades para actuar en las actividades públicas o privadas para proteger la salud de la población.
En su virtud y al amparo de lo contemplado en al artículo 1 del citado Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, y de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, resuelvo:
Primero. Modificación de la validez del certificado de diagnóstico.
Se modifica el apartado Séptimo de la Resolución de 4 de junio de 2021, que queda redactado como sigue:
«Séptimo. Certificado de Diagnóstico.
Se aceptarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo perteneciente a alguno de los siguientes tipos:
1. Pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España.
2. Test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01, cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 48 horas anteriores a la llegada a España.
El certificado de prueba diagnóstica deberá incluir, al menos, la siguiente información:
1. Nombre y apellido del titular
### RESUMEN: El Gobierno da algo más de margen de tiempo para las PCR. Quienes vengan de países de riesgo pueden elegir: vacunación, haber pasado la covid o test. En este último caso, si es de antígenos sigue siendo en las 48h antes. Pero las PCR vuelven a 72h. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Ha intervenido y formulado alegaciones el Parlamento de Navarra, debidamente representado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El 7 de marzo de 2002 tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito del Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, mediante el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales («Boletín Oficial de Navarra» núm. 148, de 7 de diciembre de 2001 y «Boletín Oficial del Estado» núm. 39, de 14 de febrero de 2002).
Comienza el Abogado del Estado sus alegaciones con una exposición general sobre los límites de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, en el marco del reconocimiento de los derechos forales. El art. 45.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral (en adelante LORAFNA) dispone que «la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico». De acuerdo con este precepto, en el caso de Navarra, la materia tributaria «tiene su anclaje competencial en los derechos históricos», que están reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución, a cuyo tenor «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», si bien añade en su segundo párrafo que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «la idea de derechos históricos de las comunidades y territorios forales, a que alude la disposición adicional primera de la Constitución, no puede considerarse como un título autónomo, del que puedan deducirse específicas competencias, pues la propia disposición adicional manifiesta con toda claridad que la actualización general de dicho régimen foral se ha de llevar a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía» (STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 3, doctrina que reitera la STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6).
Este reconocimiento constitucional de los regímenes forales puede suponer que las Comunidades forales ostenten competencias distintas de las establecidas con carácter general en el título VIII de la Constitución (cita en ese sentido la STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6), si bien ello debe ser compatible con los mandatos y principios constitucionales, como se afirmó en la STC 86/1988, de 3 de mayo, FJ 5, y, con mayor contundencia, en la anterior STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3. En concreto, en la materia tributaria, afirma el Abogado del Estado que esta Comunidad Foral «goza de una especial potestad tributaria que al tener naturaleza paccionada se diferencia del régimen general establecido en la Constitución, que permite al Estado imponer mediante una Ley Orgánica el marco del ejercicio de las competencias financieras autonómicas». Esta naturaleza pactada o «paccionada» funciona, sin embargo, en ambas direcciones; en consecuencia, la previsión de que el Estado abra un proceso de negociación del Convenio cuando varíe sustancialmente su sistema tributario, establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, implica que también esta Comunidad autónoma deba coordinar sus competencias tributarias con el Estado.
a) A partir de lo anterior, se sostiene la inconstitucionalidad del impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales por suponer una extralimitación en el ejercicio de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, ya que se sitúa al margen del régimen de convenio, y sin tener en cuenta ningún criterio de coordinación con el régimen tributario estatal. Lo contrario supondría reconocer a Navarra un poder tributario ilimitado, que chocaría frontalmente con el poder tributario originario que el art. 133.1 CE reconoce sólo al Estado. Así, sea sobre la base de un sistema «paccionado» como el navarro, sea con arreglo a criterios de coordinación generales, el poder tributario autonómico precisa de «legislación interpuesta de coordinación o armonización».
b) No obstante lo anterior, y pese a no reconocerlo expresamente la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, admite el Abogado del Estado la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra ostente la competencia general que la Constitución y la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) atribuyen a las Comunidades Autónomas, de acuerdo asimismo con el art. 39.1 c) LORAFNA, que establece que corresponderán a la Comunidad «[t]odas aquellas facultades y competencias que la legislación del Estado atribuya, transfiera o delegue, con carácter general, a las Comunidades Autónomas o a las Provincias». En tal caso, la Comunidad Foral podría establecer tributos fuera del Convenio, si bien en este caso con sujeción al marco jurídico establecido en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas para los tributos propios autonómicos.
c) Finalmente, y constatado que es de aplicación la LOFCA, se sostiene en el escrito la inconstitucionalidad del impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales por vulnerar el límite contenido en el art. 6.3 LOFCA, que impide que la materia tributaria reservada a las corporaciones locales sea objeto de tributación autonómica, salvo que exista una habilitación legal expresa y se establezcan medidas de compensación, algo que la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra no prevé.
Tras examinar en su escrito los elementos esenciales del impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales y compararlos con el «impuesto sobre actividades económicas o licencia fiscal», cuya regulación se contiene en los arts. 146 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, concluye el Abogado del Estado que existe una clara identidad en las materias gravadas, pues en ambos casos el tributo recae sobre las grandes superficies comerciales y su cuota tributaria se determina mediante la aplicación de un tipo sobre la superficie de los locales. También coincide el sujeto pasivo, que es el titular del establecimiento comercial, y se puede afirmar que existe una absoluta identidad en la «fuente de riqueza» que se grava con las dos figuras tributarias, que es la explotación de esos establecimientos comerciales. Por otro lado, el que se considere como objeto del impuesto recurrido la compensación del efecto que produce la actividad gravada en los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras, no afecta a la verdadera naturaleza y objeto del impuesto, pues no da lugar a estimular conductas que afecten positivamente a esas materias, tratándose en realidad de un impuesto con finalidad recaudatoria en sentido estricto. Por ello, al igual que se resolvió en la STC 289/2000, de 30 de noviembre, «el tributo cuestionado no se dirige, en sentido negativo, a disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, pero tampoco busca, en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente, en cumplimiento del art. 45.1 CE, desvinculándose así de la verdadera aptitud de cada sujeto para incidir en el medio en el que se desenvuelve» (FJ 5).
2. La Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, mediante providencia de 20 de marzo de 2002, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de Navarra, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Por escrito registrado el día 11 de abril de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que la citada Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, con remisión del recurso a la Dirección de estudios y documentación de la Secretaría General.
4. Con fecha de 15 de abril de 2002, la Presidenta del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento, sin formular alegaciones, dando por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5. Por escrito registrado el día 19 de abril de 2002, el Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad Foral Navarra remitió el acuerdo de 8 de abril de 2002 del Gobierno de esta Comunidad en virtud del cual se consideraba suficiente y bastante la personación del Parlamento de Navarra para la defensa de la Ley Foral impugnada.
6. El día 19 de abril de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones de la Letrada del Parlamento de Navarra.
Comienza la Letrada su escrito exponiendo el alcance y significado de las competencias de la Comunidad Foral Navarra en materia financiera y tributaria, vinculadas a los derechos históricos que ampara y respeta la disposición adicional primera de la Constitución. La competencia de la Comunidad Foral de Navarra para establecer tributos se prevé en el art. 45 LORAFNA, y el carácter histórico del régimen foral se reconoce en la disposición adicional primera, párrafo primero, de la Constitución Española y en el art. 2 LORAFNA. A partir de este marco jurídico, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 123/1984, de 18 de diciembre; 94/1985, de 29 de julio; 76/1988, de 26 de abril; 86/1988, de 3 de mayo; 214/1989, de 21 de diciembre; y 140/1990, de 20 de septiembre) habría reconocido que Navarra tiene tanto una «singularidad procedimental», la vía del Amejoramiento y su reforma, como una «singularidad material», que son las competencias forales que provienen de sus derechos históricos, y que «atribuyen a Navarra un ‘plus’ competencial en relación con las otras Comunidades Autónomas, al tener la Comunidad Foral un marco competencial más amplio que el de los arts. 148 y 149 CE».
La competencia en materia financiera y tributaria de Navarra constituye así, se alega, «una competencia histórica», y la regulación de la actividad financiera y tributaria a través del sistema tradicional de Convenio es «una de las señas de identidad del régimen navarro». Dicho sistema trae causa del art. 25 de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y, desde el primer Convenio de 1877, seguido de los de 1927, 1941, 1969, y 1990 (modificado en 1993 y 1998), tiene como objeto determinar la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado y armonizar su actividad financiera y tributaria con la del Estado. Este sistema de Convenio se ampara y respeta por la disposición adicional primera de la Constitución y se actualiza en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, tal y como reconoció la STC 28/1984, de 28 de febrero, FJ 2.
El art. 2 LORAFNA establece los principios que debe respetar Navarra en el ejercicio de su potestad tributaria y determina así los límites de la autonomía tributaria de Navarra, uno de los cuales, los criterios de armonización que han de respetarse en la elaboración de la normativa tributaria foral, se desarrollan de forma específica en el art. 7. A partir de aquí, sostiene la Letrada del Parlamento de Navarra que el ejercicio de poder tributario por parte de Navarra se encuentra limitado sólo por dichos límites específicos del art. 7, que son la concreción de los límites a las competencias de Navarra derivados de la propia Constitución y de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral.
Se precisa finalmente que el Convenio económico es la norma delimitadora de competencias entre Navarra y el Estado, de forma que esta norma, junto a la Constitución y la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, integra el bloque de la constitucionalidad que debe tenerse en cuenta para la resolución del presente recurso.
A partir de este planteamiento general, la Letrada del Parlamento de Navarra concluye que Navarra tiene plena competencia para establecer su régimen tributario y, por tanto, para la creación del impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales porque se trata de un impuesto que no tiene establecido el Estado, que respeta la estructura básica del sistema tributario estatal y que respeta los límites establecidos en el Convenio económico.
En cuanto a la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra pueda crear tributos propios sometiéndose al marco establecido en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, se afirma en su escrito de alegaciones que esta ley en ningún caso puede ser aplicable a la Comunidad Foral, por excluirlo así su disposición adicional segunda, que prevé que la actividad financiera y tributaria de Navarra se regule por el sistema tradicional del convenio económico. No existe, por tanto, fundamento en precepto alguno para su aplicación supletoria a la Comunidad Foral de Navarra, ni tampoco se constata la existencia de lagunas en el Convenio que así lo justificaran.
En todo caso, y pese a quedar constatada la imposibilidad de la aplicación supletoria de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, razona la Letrada en su escrito que el impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales no incide en la misma materia imponible que la del impuesto sobre actividades económicas o licencia fiscal de Navarra, de modo que tampoco se vulneraría el art. 6.3 LOFCA. Examina a continuación el impuesto sobre actividades económicas regulado en la Ley Foral 2/1995, en comparación con el impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales y concluye que no hay identidad en sus elementos esenciales, pues tanto los hechos imponibles como los sujetos pasivos son distintos, como lo son también los elementos de cuantificación del tributo (base imponible y tipo de gravamen). En todo caso, finaliza afirmando que el impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales tiene una declarada finalidad extrafiscal, de naturaleza urbanística, medioambiental y de ordenación de las actividades comerciales, según el preámbulo y el articulado de la Ley Foral, pues delimita los establecimientos gravados en función de la dimensión, siendo ésta la que provoca los problemas urbanísticos y medioambientales cuyos costes sociales se pretenden compensar, además de ser un tributo que nace afectado a dicha finalidad extrafiscal, respetando las competencias materiales asumidas por Navarra.
Por todo lo expuesto, la Letrada del Parlamento de Navarra concluye que la ley foral impugnada no infringe los preceptos constitucionales invocados por el Abogado del Estado y solicita la desestimación del recurso.
7. El 15 de marzo de 2011 el Pleno del Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LOTC, oír a las partes personadas, por el término de diez días, para que alegasen sobre la incidencia que, en la pervivencia del presente recurso, pudieran tener la modificación del Convenio económico que lleva a cabo la Ley 25/2003, de 15 de julio, y la modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas que lleva a cabo la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre.
8. El 31 de marzo de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado.
Comienza el Abogado su escrito afirmando la pérdida de objeto del recurso, dado que la Ley Foral 23/2001, por la que se crea un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales en Navarra, fue recurrida por el Presidente del Gobierno al considerarla inconstitucional por suponer una modificación unilateral del régimen tributario de la Comunidad Foral de Navarra, fuera del régimen «paccionado» o de convenio, y sin someterse a ningún criterio de coordinación con el régimen tributario estatal. Advierte que cuando se aprobó esta ley foral no existía previsión legal alguna sobre la creación de nuevos impuestos por la Comunidad Foral de Navarra. Ello cambió cuando la Ley 25/2003, de 15 de julio, modificó el art. 2 de la Ley 28/1990, reguladora del convenio, para introducir un apartado 2 en el cual se dice que «[l]a Comunidad Foral de Navarra podrá establecer tributos distintos de los convenidos respetando los límites establecidos en el apartado 1 anterior y los criterios de armonización recogidos en el art. 7 de este Convenio». Con esta modificación normativa la potestad de Navarra para establecer tributos propios se incluye dentro del régimen paccionado, lo que significa que la figura tributaria creada con la ley foral recurrida, a partir de ese momento, quedaría ya amparada en el ejercicio de la potestad tributaria sujeta al régimen del convenio económico.
Además, la constitucionalidad del impuesto navarro también se confirma atendiendo al régimen general de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, y en concreto al art. 6.3 cuya vulneración se denunciaba en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Ello es debido a que la Ley Orgánica 3/2009, de 18 diciembre modificó el art. 6.3 LOFCA en el sentido de pasar a referir las reglas de incompatibilidad que contiene al «hecho imponible», en lugar de a la «materia imponible», estableciendo así, con respecto de los tributos locales, una delimitación similar a la prevista para los tributos estatales en el art. 6.2 de la misma Ley. En definitiva, la reforma de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas ha supuesto una menor limitación de la potestad de las Comunidades Autónomas para la creación de tributos propios en relación con el espacio fiscal de los tributos locales, tal como se señala en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre; en la memoria justificativa del proyecto normativo previo a la mencionada ley; en el acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política fiscal y financiera, apartado 4.4.9; y, finalmente, en el dictamen del Consejo de Estado número 2099/2010, referido al impuesto andaluz sobre depósitos de clientes en entidades de crédito. Lo anterior le lleva a concluir que la regulación del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales contenida en la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre no vulnera lo dispuesto en el vigente art. 6.3 LOFCA, lo que conduce a afirmar la pérdida de objeto del presente recurso, sin que pueda entenderse que subsista su inconstitucionalidad.
9. La Letrada del Parlamento de Navarra, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 5 de abril de 2011, solicita la desestimación del recurso. Formula dos alegaciones y suplica que se dicte sentencia en el sentido solicitado en su escrito de 18 de abril de 2002, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal al día siguiente. Estas dos alegaciones son, en síntesis, las siguientes:
a) La primera alegación se centra en afirmar que Navarra tiene competencia para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, según dispone el art. 45.3 LORAFNA, reitera el art. 1 del Convenio económico de 1990 y asimismo confirma el art. 39 LORAFNA. Tras citar una Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2007, en la que se dijo que «la Ley paccionada de 16 de agosto de 1841 reconoció a Navarra una amplísima autonomía tributaria y financiera, no sólo respecto de la Hacienda estatal, sino también de la Hacienda local, y no sólo en el orden de gestión y de recaudación, sino lo que es más importante, en orden a su capacidad normativa», concluye que es la potestad tributaria de Navarra, de origen constitucional, la que ampara la aprobación de la norma legal cuya constitucionalidad se discute. Así, la ley foral impugnada se ajustaría a las previsiones del Convenio económico vigente y estaría plenamente amparada en las competencias históricas de Navarra para establecer tributos. Por otro lado, la modificación operada en el art. 2.2 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, sólo vendría a reiterar el alcance de la competencia histórica de Navarra de establecer tributos distintos de los convenidos respetando los principios establecidos en su apartado 1 y los criterios de armonización del art. 7. En consecuencia, a su juicio, la competencia de la Comunidad Foral Navarra no es «nueva», a partir de la citada Ley 25/2003, sino que preexistía a la misma.
b) La segunda alegación se refiere a la modificación del art. 6.3 LOFCA por la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, ley que, se afirma, no resultaría de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra, en virtud de su disposición adicional segunda, por lo que viene a delimitar únicamente el espacio fiscal de las Comunidades Autónomas de régimen común, que no es el caso de Navarra.
10. Por providencia de 13 de noviembre de 2012, se señaló el día 14 del mismo mes y año para deliberación y votación de la presente Sentencia.
II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.
Sostiene la demanda que el establecimiento del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales constituye una extralimitación en el ejercicio de su competencia tributaria por parte de la Comunidad Foral de Navarra, pues supone la modificación unilateral de su régimen tributario, prescindiendo del régimen de convenio y sin someterse a ningún criterio de coordinación con el régimen tributario estatal. En todo caso, matiza que podría admitirse el establecimiento de tributos fuera de convenio, en virtud del art. 39.1 c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral (LORAFNA, en adelante), pero con los límites contenidos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante) para los tributos propios. Finalmente, se sostiene la inconstitucionalidad del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales por vulnerar el art. 6.3 LOFCA, pues somete a gravamen la misma materia imponible que el impuesto sobre actividades económicas regulado en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
Con los argumentos que han quedado expuestos en los antecedentes, y que en lo que proceda serán sucintamente recogidos en los correspondientes fundamentos jurídicos, la representación procesal del Parlamento de Navarra solicita la desestimación del recurso, por no concurrir ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas en el mismo.
2. Antes de entrar en el fondo de las distintas cuestiones planteadas en este proceso constitucional, debemos realizar algunas precisiones sobre su objeto y el parámetro de control para su resolución.
a) Durante la pendencia de este recurso han sido reformadas la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra («Ley del convenio», en adelante), mediante la Ley 25/2003, de 15 de julio, y la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, mediante la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre.
Como ha quedado reflejado en los antecedentes 7 a 9, dichas reformas, en tanto que afectan al eventual canon de enjuiciamiento, fueron sometidas a la consideración de las partes según lo establecido en el art. 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La apertura de este trámite ha supuesto que el Abogado del Estado haya sostenido la desaparición del objeto del recurso de inconstitucionalidad, sin que ello se haya traducido, sin embargo, en el desistimiento del mismo. Por su parte, la Letrada del Parlamento de Navarra ha propuesto la desestimación del recurso, exponiendo las razones que a su juicio la sustentan, y sin coincidir, por tanto, con la pérdida de objeto alegada por el Abogado del Estado. Sin perjuicio de que un eventual desistimiento no vincularía automáticamente a este Tribunal (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 1; y 362/1993, de 13 de diciembre, FJ único; y ATC 283/1993, de 21 de septiembre, FJ 2), resulta que en este supuesto las propias alegaciones de las partes, formuladas de acuerdo con la vía del art. 84 LOTC, ponen de manifiesto la pervivencia actual de la controversia y por tanto la necesidad de que este Tribunal se pronuncie al respecto, en los términos que a continuación se señalan.
En cuanto a los motivos concretos de inconstitucionalidad que constituyen objeto del proceso, una vez examinadas las alegaciones de las partes, debemos estimar que ha quedado resuelta la controversia competencial en lo que se refiere al primer motivo de inconstitucionalidad, relativo a si la Comunidad Foral de Navarra ostenta la competencia para establecer tributos ex novo, aspecto que según han hecho constar las partes, tras la reforma del art. 7 de la Ley del convenio, no plantea ya dudas. Debe advertirse, en todo caso, que esta cuestión no fue en ningún momento la determinante del proceso, pues el propio Abogado del Estado, en su escrito inicial de demanda, ya admitía dicha posibilidad, pese a no disponerlo expresamente la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral ya que, como ha quedado expuesto en los antecedentes, a su juicio el art. 39.1 c) permitía a la Comunidad Foral establecer tributos distintos de los convenidos, si bien con sujeción al marco jurídico establecido en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas para los tributos propios autonómicos.
Sin embargo, pervive íntegramente la controversia competencial que versa sobre las dos últimas cuestiones planteadas en la demanda, ambas estrechamente relacionadas, y que se refieren, en primer lugar, a si los límites contenidos en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas resultan de aplicación a los tributos propios establecidos por la Comunidad Foral de Navarra distintos de los convenidos y, de ser la respuesta positiva, si el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales resulta contrario al art. 6.3 LOFCA por ser similar al impuesto sobre actividades económicas. Tales cuestiones exigen nuestro pronunciamiento, toda vez que no sólo resulta evidente, incluso tras la apertura de la vía del art. 84 LOTC, que la disputa competencial sigue viva (STC 32/2012, de 15 de marzo, FJ 2), lo que se evidencia de los escritos de las partes, sino que además la norma objeto de impugnación tampoco ha sufrido modificación alguna desde su aprobación, ni ha sido derogada, por lo que no concurre ningún otro supuesto de pérdida sobrevenida de objeto según nuestra jurisprudencia [por todas, SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 2 a); y 149/2012, de 5 de julio de 2012, FJ 2].
b) De acuerdo con nuestra doctrina sobre el ius superveniens, el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia [por todas, STC 35/2012, de 15 de marzo, FJ 2 c)]. Por tanto, y sin perjuicio de lo que se dirá en los siguientes fundamentos jurídicos, pues cuál haya de ser el canon de enjuiciamiento es precisamente una de las cuestiones sustantivas que debemos dilucidar en el presente proceso, debemos en este momento afirmar que la norma foral controvertida habrá de enjuiciarse teniendo en cuenta las normas actualmente en vigor. Baste por tanto ahora constatar que, tras su reforma mediante la citada Ley 25/2003, de 15 de julio, el art. 2.2 de la Ley del convenio permite a la Comunidad Foral de Navarra establecer «tributos distintos de los convenidos», advirtiendo que dichos nuevos tributos deberán respetar «los principios establecidos en el apartado 1 anterior y los criterios de armonización recogidos en el art. 7 de este Convenio». Por su parte, tras la reforma operada mediante la citada Ley Orgánica 3/2009, el art. 6.3 LOFCA, que antes de la reforma supeditaba el establecimiento de tributos propios autonómicos a que éstos no recayeran sobre «materias que la legislación de régimen local reserve a las Corporaciones Locales», dispone ahora que dichos tributos propios «no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales».
3. Así delimitado el objeto de este proceso constitucional, la primera cuestión controvertida que subsiste es si los límites contenidos en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas resultan de aplicación a los tributos propios establecidos por la Comunidad Foral de Navarra que no hayan sido acordados con el Estado o si, por el contrario, dichos tributos propios se delimitan únicamente con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral y la Ley del convenio.
Con los argumentos expuestos en detalle en los antecedentes, sostiene el Abogado del Estado que la Comunidad Foral de Navarra ostenta una especial potestad tributaria que se basa en el acuerdo, y que tiene por ello naturaleza «paccionada». Esto implica tanto que el Estado deberá abrir un proceso de negociación del Convenio cuando varíe sustancialmente su sistema tributario (de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley del convenio), como que la Comunidad ostenta competencias tributarias sujetas a estrecha coordinación con el Estado. En consecuencia, una vez admitido que Navarra puede establecer tributos fuera del sistema de Convenio, éstos deberán quedar sujetos a la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, pues lo contrario sería reconocer a la Comunidad foral un poder tributario originario, no sujeto a ningún criterio de coordinación, algo contrario al marco constitucional y en concreto al art. 133 CE.
La Letrada del Parlamento de Navarra sostiene en su escrito que la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en ningún caso puede ser aplicable a la Comunidad Foral, dado que su disposición adicional segunda prevé que la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio económico. No existe, por tanto, según sus argumentos, fundamento en precepto alguno para su aplicación supletoria a la Comunidad Foral de Navarra, ni tampoco se constata la existencia de lagunas en el Convenio que así lo justifiquen.
4. Para resolver esta primera cuestión, debemos previamente exponer la naturaleza y el alcance de las competencias tributarias que ostenta la Comunidad Foral Navarra, pues ahí radica el origen de la discrepancia de las partes en este proceso. Para ello debemos partir de la disposición adicional primera de la Constitución, que establece que «[l]a Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y añade la posibilidad de que éstos se actualicen «en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». Sobre la interpretación de los dos apartados de esta disposición, este Tribunal ya se ha pronunciado, pudiendo extraer de nuestra jurisprudencia las siguientes conclusiones:
a) En primer lugar, tras constatar que los regímenes forales «surgieron o cobraron vigencia en contextos muy distintos del que representa la actual Constitución, los principios que proclama y la organización territorial que introduce» (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 2), hemos afirmado que lo que la Constitución garantiza es la propia existencia de un régimen foral, pero no de todos y cada uno de los derechos que históricamente lo hayan integrado (STC 76/1988, FJ 4; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 86/1988, de 3 de mayo FJ 5; y 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 26). De acuerdo con esta doctrina, aplicable tanto a los territorios forales del País Vasco, como a la Comunidad Foral Navarra (como corrobora, entre otras, la STC 86/1988, FJ 5), el segundo párrafo de la disposición adicional primera de la Constitución, que posibilita la actualización general de dicho régimen foral, y dispone que ello se lleve a cabo «en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía», incorpora una precisión que supone un complemento indisociable del primer párrafo de la disposición. Dicho precepto debe ser, por tanto, considerado «en su conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respeto de derechos históricos, sin otra matización» (STC 76/1988, FJ 3). La propia actualización prevista es consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema que posee la Constitución, norma a la que están sujetos todos los poderes del Estado (art. 9 CE), pues como constatamos en la misma Sentencia, la soberanía nacional, de la que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 CE) «imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales», y ello porque la Constitución «no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ellas, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones ‘históricas’ anteriores» (STC 76/1988, FJ 3).
Tomando como base lo anterior, hemos reiterado que la disposición adicional primera de la Constitución permite que las comunidades forales puedan mantener competencias que históricamente les hubieran correspondido (con las correspondientes particularidades en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por sus Diputaciones Forales), pero dichas competencias deberán ser asumidas mediante la norma estatutaria (STC 140/1990, de 20 de septiembre, F3, con cita de las SSTC 11/1984, de 2 de febrero, FJ 4; 123/1984, de 18 de diciembre FJ 3; 76/1988, de 26 de abril, FJ 4; y 94/1985, de 29 de julio, FJ 6), norma que, en el caso de Navarra, es la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral. En consecuencia, la asunción mediante la norma estatutaria de una determinada competencia puede suponer el reconocimiento y la actualización de derechos históricos, lo que hace referencia «a un cierto contenido competencial que vendría siendo ejercido de forma continuada por la Institución Foral y reconocido por el Estado» (STC 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 3), pero sin que dichos derechos puedan considerarse, por sí mismos, títulos competenciales autónomos de los que quepa deducir competencias (STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 3). Así, una vez asumidas las competencias «el respectivo Estatuto deviene el elemento decisivo de la actualización de los derechos históricos» (STC 140/1990, FJ 3), de manera que es esta norma, como integrante del bloque de la constitucionalidad (art. 28 LOTC) la que, junto a las demás previstas en la Constitución, delimita el ámbito competencial de la Comunidad Foral.
Por tanto, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el hecho de que la competencia asumida estatutariamente tenga constatados antecedentes históricos no puede confundirse con el origen de su reconocimiento a la Comunidad Foral, que tiene lugar sólo como consecuencia de la asunción estatutaria, en este caso mediante la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, en el marco de la Constitución. En consecuencia, aunque el art. 2.1 LORAFNA disponga que «los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley de 25 de octubre de 1.839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1.841 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de su disposición adicional primera», y el art. 39.1 a) afirme su origen en la citada «Ley Paccionada» de 16 de agosto de 1841, estas remisiones históricas han de ser interpretadas en el actual contexto, lo que permite concluir que se refieren a las citadas líneas básicas del sistema de Convenio, pero no a su contenido material en cada momento histórico, contenido que, por otro lado, ha experimentado una sustancial transformación en el último siglo.
Como es sabido, el sistema tributario se transformó a lo largo del siglo XX en la principal herramienta para allegar recursos al Estado, además de un poderoso instrumento de política económica, lo que contrasta con el papel, significativamente más modesto, que tenían los tributos en épocas anteriores. La anterior evolución, o transformación, de la materia tributaria ha informado la actualización del sistema tradicional de Convenio, que se concreta en la Ley del convenio, y que se refiere ya a las figuras tributarias modernas, establecidas en el ordenamiento jurídico del Estado tras la aprobación de la Constitución.
A partir de cuanto antecede, podemos ya descartar la tesis de la Letrada del Parlamento de Navarra, pues la competencia en materia financiera y tributaria de Navarra, cuyos antecedentes históricos se sitúan efectivamente en el art. 25 de la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841, no trae causa de esta norma ni de los Convenios que le siguieron, sino que tiene su origen inmediato e indiscutible en la Constitución, que además se refiere a la actualización de los derechos históricos, lo que implica que éstos no puedan considerarse petrificados.
b) Ahora bien, también hemos afirmado, en segundo lugar, que la Constitución reconoce una garantía institucional de foralidad, lo que exige que se preserve un «núcleo identificable» de la institución (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3). Esto significa que «aparecen así definidos un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral –y que resulta por tanto ser el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad– y, además, un ámbito de expansión de ese régimen, que se hace depender de la actuación de otros órganos» (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 6). Este citado mínimo foral, o contenido esencial de la foralidad, tiene en el caso de la Comunidad Foral de Navarra dos vertientes que deben ser diferenciadas, según afirmamos en la STC 148/2006, de 11 de mayo (FJ 7). La primera de ellas, de carácter sustantivo, se refiere a su contenido, que es fundamentalmente tributario y que implica la posibilidad de que la Comunidad Foral disponga de un sistema tributario propio, si bien en coordinación con el del Estado. La segunda es la vertiente participativa, que en esta materia implica que dicho sistema tributario debe ser acordado previamente con el Estado. La Comunidad Foral tiene así un plus de participación en la delimitación del sistema, pero no le es dado decidir unilateralmente sobre su contenido (misma STC 148/2006, FJ 8).
5. De acuerdo con el marco anteriormente expuesto, la actualización de los derechos históricos en materia tributaria tuvo lugar con la aprobación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral, que por lo que a este proceso interesa, se remite expresamente al «sistema tradicional del Convenio Económico» (art. 45.1), que implica que Navarra podrá «mantener, establecer y regular su propio régimen tributario» (art. 45.3) de acuerdo con lo establecido en el Convenio, que al ser acordado previamente entre el Estado y la Comunidad foral, tiene «naturaleza paccionada» (art. 45.4).
El sistema de Convenio económico supone una especialidad con respecto al vigente en el resto de Comunidades Autónomas, ya que posibilita que la norma estatutaria navarra, la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, asuma competencias en materia tributaria que permitan a la Comunidad Foral Navarra establecer un sistema tributario propio. Pero esta mayor autonomía tributaria tiene una contrapartida, expresada en el propio sistema de Convenio, consistente en la aplicación de criterios de coordinación, que en la Ley del convenio se ha traducido en que el sistema tributario que establezca la Comunidad Foral de Navarra deberá ser reflejo del estatal, lo que se lleva a cabo mediante el establecimiento de tributos denominados por ello «tributos convenidos». Se configura así un sistema tributario foral que replica la estructura del sistema tributario del Estado, a cuyas concretas figuras impositivas se refiere expresamente la Ley del convenio.
Este sistema de tributos, «convenidos», requiere de criterios de coordinación específicos, previstos con carácter general en el art. 7 de la Ley del convenio, norma que establece que «[l]a Comunidad Foral de Navarra, en la elaboración de la normativa tributaria» deberá adecuarse en sus conceptos a lo establecido en la Ley general tributaria, mantener una «presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado», respetar y garantizar «la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios» y, finalmente, utilizar la misma clasificación de actividades económicas que en la normativa de territorio común. Además de estos límites específicos, para los tributos convenidos el propio sistema tributario del Estado en su conjunto supone también en sí mismo un criterio de coordinación, en la medida en que las normas estatales que regulan los diferentes tributos se constituyen en última instancia en el parámetro de contraste con respecto al cual se aplican buena parte de los criterios específicos, como la exigencia de que los conceptos se adecúen a la Ley general tributaria [art. 7 a)], o a que la normativa tributaria foral mantenga «una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado» [art. 7 b)].
Tras su reforma mediante la citada Ley 25/2003, el vigente art. 2.2 de la Ley del convenio prevé la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra establezca tributos distintos de los convenidos, si bien «respetando los principios establecidos en el apartado 1 anterior y los criterios de armonización recogidos en el art. 7 de este convenio». Para la Letrada del Parlamento de Navarra, el propio tenor literal de este precepto implica que los límites de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas no resultarían de aplicación a dichos impuestos, como tampoco lo serían con respecto de los impuestos convenidos.
La anterior interpretación no puede ser aceptada. Con carácter general, los criterios específicos de coordinación establecidos en la Ley del convenio no excluyen, como ya se ha explicado, la plena aplicación de los límites que al poder financiero de las Comunidades Autónomas establece la Constitución. En relación con el caso concreto de los impuestos distintos de los convenidos, procede realizar las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la interpretación postulada por la Letrada del Parlamento de Navarra no se desprende del propio tenor literal del citado art. 2.2 de la Ley del convenio, ni fundamentalmente, de las disposiciones adicionales primera y segunda LOFCA, que en absoluto excluyen la aplicación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas a los sistemas forales, aunque reconocen la virtualidad de la Ley del convenio como norma especial de aplicación en aquellas materias sujetas al modelo de Concierto o Convenio. En efecto, como señala el apartado 2 del art. 1 de la LOFCA «[l]a financiación de las Comunidades Autónomas se regirá por la presente Ley Orgánica y por el Estatuto de cada una de dichas Comunidades», lo que no quita, como precisa la disposición adicional segunda de esta misma norma, que la actividad financiera y tributaria de Navarra se regule «por el sistema tradicional del Convenio Económico». Esto supone que la actividad financiera de esta Comunidad Foral, en lo tocante a su «sistema tradicional», se regirá por la Ley del convenio y, en lo que no forme parte de su sistema tradicional, se le aplicará la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, dicho sistema tradicional se refiere a la garantía institucional de la foralidad en la materia, cuyo aspecto central es el específico régimen de tributos convenidos, figuras que tienen carácter pactado, condición ésta que resulta inseparable de la foralidad como ha quedado expuesto.
En segundo lugar, el art. 2.2 de la Ley del convenio, que posibilita que la Comunidad Foral de Navarra establezca tributos distintos de los convenidos si bien «respetando los principios establecidos en el apartado 1 anterior y los criterios de armonización recogidos en el artículo 7 de este Convenio», debe ser entendido necesariamente de acuerdo con el esquema constitucional descrito, lo que exige llevar a cabo una interpretación integradora de acuerdo con la cual la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, por un lado, y la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral y la Ley del convenio, por otro, no son de aplicación excluyente, sino que se forman parte de un mismo sistema constitucional de reparto de poder tributario, sistema que, conviene recordar, constituye un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás (STC 5/1983, de 4 de febrero, FJ 3). La interpretación propuesta en el escrito de la Letrada del Parlamento de Navarra debe así descartarse porque implica asumir que el sistema jurídico foral se encontraría al margen de las competencias del Estado para la coordinación de las competencias tributarias (art. 149.1.14 CE), de manera que, según la tesis que se propone, la Comunidad Foral ostentaría un poder tributario que quedaría extramuros de la norma que según la Constitución debe delimitar el sistema de ingresos públicos autonómicos (arts. 133.2 y 157.3 CE). Frente a esta interpretación, hemos reiterado en numerosas ocasiones que la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas es la norma a través de la cual el Estado ejerce sus potestades de coordinación y garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la Constitución (SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 9; 31/2010, de 28 de junio, FJ 135; y 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 7), configurando así un sistema en el que las Comunidades Autónomas no están habilitadas para elegir de forma unilateral el sistema con arreglo al cual deberán financiarse (por todas, STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 7). El hecho de que ni la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral ni la Ley del convenio hagan referencia expresa a la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas no desvirtúa la anterior conclusión, pues el papel de esta Ley Orgánica en el sistema constitucional de reparto del poder tributario deriva, como es lógico, de la propia Constitución (art. 157.3 en relación con los arts. 133.2 y 149.1.14), sin que por tanto sea preciso que la competencia del Estado sea reiterada específicamente en cada una de las normas sobre la materia, como este Tribunal ha establecido, con carácter general, en múltiples Sentencias (por todas, SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4; y 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 59 y 64). A la misma conclusión conduce la propia interpretación de la garantía institucional que implica el sistema de Convenio que, como se ha expuesto en el fundamento cuarto, desde sus orígenes históricos tiene un contenido eminentemente tributario, pero no es un sistema jurídico autónomo, como si de un compartimento estanco dentro del ordenamiento jurídico general se tratara. Así lo evidencia el examen de los propios criterios de coordinación establecidos en la Ley del convenio, que se refieren a figuras tributarias específicas. Una reducción al absurdo conduce a la misma conclusión, pues de aceptarse la tesis de la Letrada del Parlamento de Navarra resultaría que la propia Ley del convenio puede obviar el propio carácter pactado que es consustancial a los tributos convenidos, dejando una espita abierta a que se establezcan tributos que estarían fuera del sistema paccionado, específico para las concretas figuras tributarias «convenidas», pero fuera también del sistema de coordinación general para el resto de figuras tributarias. Tertium genus que, sin embargo, no tiene cabida en el sistema de distribución de competencias tributarias que deriva del bloque de la constitucionalidad.
Sentado lo anterior, es evidente que la aplicación conjunta de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, por un lado, y de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral y la Ley del convenio, por otro, debe producirse de forma armónica, de acuerdo con las reglas generales de la hermenéutica y como exige además, de forma específica, la propia disposición final LOFCA. De acuerdo con una interpretación sistemática e integradora de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley del convenio, resulta que esta última constituye la norma especial, y por tanto de aplicación preferente, en lo que atañe a los «tributos convenidos», pues en ella se establecen criterios que tienen como finalidad arbitrar una correcta coordinación entre el sistema tributario foral, por un lado, y el del Estado, por otro, teniendo en cuenta que el primero se configura como un reflejo del segundo, según ha quedado también expuesto. Ahora bien, la misma conclusión no es aplicable a los tributos propios no convenidos, pues como afirma el Abogado del Estado en su escrito de demanda, la naturaleza acordada, o «paccionada», del sistema de Convenio funciona en ambas direcciones. De esta manera, el régimen jurídico se bifurca parcialmente en función de que los tributos propios forales sean o no tributos convenidos. Los convenidos están sujetos a reglas específicas de coordinación, contenidas en los arts. 2 y 7 de la Ley del convenio y que son, como ha quedado expuesto, norma especial con respecto de las reglas generales contenidas en los arts. 6 y 9 LOFCA, que sí son, en cambio, de aplicación a los tributos propios autonómicos. En suma, los tributos propios que no hayan sido previamente acordados entre el Estado y la Comunidad Foral, no son entonces por definición tributos convenidos, ni forman parte del contenido esencial de la foralidad o ámbito propio de poder a que nos hemos referido anteriormente. Y puesto que hemos afirmado que no existe en el sistema constitucional descrito una tercera categoría, además de los «tributos convenidos» y los «tributos propios autonómicos», a estos tributos que el propio art. 2.2 de la Ley del convenio denomina «distintos de los convenidos» les son plenamente aplicables los límites contenidos en los arts. 6 y 9 LOFCA, además de los específicamente contenidos en el art. 7 de la Ley del Convenio tal y como establece el citado art. 2.2. La anterior interpretación se deriva además del propio sistema de Convenio, que como se ha expuesto descansa en la idea de poder tributario pactado y coordinado.
6. Una vez alcanzada la anterior conclusión, debemos abordar ahora la última cuestión planteada en este proceso, que se refiere a si la aplicación del límite contenido en el art. 6.3 LOFCA determina la inconstitucionalidad del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.
Como ha quedado constatado, la apertura de la vía del art. 84 LOTC determinó que el Abogado del Estado considerase que esta cuestión ha perdido objeto, pues la modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, que también ha quedado expuesta, ha supuesto una flexibilización de dicho límite, que por tanto ya no es incumplido por la norma foral impugnada. Para la Letrada del Parlamento de Navarra el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales debe ser declarado constitucional, y desestimado el recurso por ello, ya que la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas no resulta aplicable a los tributos propios de Navarra. Pues bien, afirmado que esta Ley Orgánica sí tiene incidencia sobre los tributos propios de la Comunidad Foral de Navarra, resulta que a esta cuestión le resulta aplicable nuestra STC 122/2012, de 5 de junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, en cuyo fundamento jurídico 3 constatamos que el nuevo art. 6.3 LOFCA exige una comparación entre los hechos imponibles de los tributos, autonómico y local, pretendidamente similares, comparación que de acuerdo con lo también allí señalado, deberá abarcar los elementos esenciales del tributo, y por tanto, no sólo los hechos imponibles sino los sujetos pasivos y los diferentes elementos de cuantificación de la obligación tributaria (bases imponibles, tipos de gravamen, deducciones, bonificaciones, etc.). El examen de estos elementos (fundamentos jurídicos 5 a 7 de la misma Sentencia) nos llevó a la conclusión de que el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales establecido por la Ley del Parlamento de Cataluña no es coincidente con el impuesto sobre actividades económicas ni con el impuesto sobre bienes inmuebles, como se aducía en la demanda, por lo que no incurre en la prohibición de equivalencia establecida en el vigente art. 6.3 LOFCA.
La comparación entre el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales allí enjuiciado, y el establecido por la Comunidad Foral de Navarra que ahora nos ocupa conduce a apreciar la similitud en sus elementos esenciales, lo que permite aplicar la citada doctrina de la STC 122/2012. En efecto, al igual que el homónimo tributo catalán, el impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales tiene como hecho imponible la actividad de los grandes establecimientos y superficies comerciales (art. 4 de la Ley Foral 23/2001), designa como sujeto pasivo al titular del establecimiento (art. 5), y establece unas reglas para determinar la base imponible y la base liquidable que toman en cuenta como elemento central el tamaño del establecimiento, en coherencia con su hecho imponible. Por último, y al igual que sucede en el impuesto catalán sobre los grandes establecimientos comerciales, el tipo de gravamen se establece en función del metro cuadrado. Por otro lado, el impuesto sobre actividades económicas regulado en los arts. 146 a 158 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, es similar al homónimo impuesto regulado en los arts. 78 a 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. Por tanto, de acuerdo con nuestra doctrina relativa al impuesto catalán sobre los grandes establecimientos comerciales, que procede trasladar ahora aquí: «la comparación de las bases imponibles del impuesto autonómico controvertido y el impuesto sobre actividades económicas, una vez puesta en relación con sus hechos imponibles, aporta unos criterios distintivos que son suficientes para poder afirmar que los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible idéntico y, por tanto, superan la prohibición establecida en el art. 6.3 LOFCA» (STC 122/2012, FJ 7), por lo que procede así desestimar este motivo de inconstitucionalidad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid a catorce de noviembre de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Pablo Pérez Tremps respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002
Con el máximo respeto a la posición mayoritaria de mis compañeros del Pleno debo manifestar mi discrepancia con la fundamentación de la Sentencia, discrepancia que se proyecta en un doble sentido.
1. En primer lugar, entiendo que el presente recurso había perdido objeto como consecuencia de las reformas realizadas del Convenio económico, por la Ley 25/2003, de 15 de julio, y de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre.
Para justificar esta posición hay que partir de la concepción que defiendo de la jurisdicción de este Tribunal. La jurisdicción de un tribunal constitucional y, en concreto del nuestro, tiene escasísimos límites ya que se encuentra enmarcada solamente por la Constitución y por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), tal y como recuerda el art. 1 de ésta última. Ello obliga a que el Tribunal deba ejercer un intenso autocontrol en su actuación para dejar el mayor margen de actuación a los poderes públicos, autocontrol que ha de proyectarse, entre otras cosas, sobre la estricta sujeción al objeto de los conflictos y recursos ante él planteados y de acuerdo con los argumentos aportados por las partes. Ciertamente, existen preceptos en la LOTC que hacen posible sobrepasar ambos límites tanto permitiendo extender las declaraciones de inconstitucionalidad a preceptos no impugnados «por conexión o consecuencia» respecto de los sí impugnados y pudiendo fundar las declaraciones de inconstitucionalidad «en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el recurso del proceso» (art. 39 LOTC). No obstante, aun cuando estas potestades permiten al Tribunal Constitucional situarse fuera de los límites del proceso determinados por las partes, deben ser interpretadas, y así lo han sido hasta el presente, de manera restringida como mecanismos para evitar errores manifiestos, incongruencias claras o graves disfuncionalidades en la tarea de enjuiciamiento del Tribunal, coherentemente con el autocontrol al que el Tribunal debe someterse en el ejercicio de su jurisdicción, que responde al principio de justicia rogada.
Hecha esta consideración general y no exhaustiva procede proyectar este principio sobre el caso concreto para apreciar si, en efecto, el Tribunal ha sobrepasado los límites en los que entiendo que debe desenvolver su enjuiciamiento.
2. El Tribunal, en uso de las facultades que le otorga el art. 84 LOTC, tal y como relata el antecedente 7, acordó oír a las partes para determinar si las reformas legales antes citadas pudieran haber afectado a la pervivencia del recurso. Tanto la Abogacía del Estado como la representación del Parlamento de Navarra coinciden en que las citadas reformas hacen que no perviva el recurso. En efecto, la Abogacía del Estado recurrente, en su escrito de alegaciones de 31 de marzo de 2011, encabeza el apartado II con el título «Debe declararse la pérdida de objeto del recurso» concluyendo el escrito, inmediatamente antes del Suplica, con la siguiente afirmación: «lo que nos conduce a afirmar la pérdida de objeto del presente recurso, sin que por tanto pueda entenderse que subsista la inconstitucionalidad de la Ley Foral impugnada». Por su parte, la representación del Parlamento de Navarra, en su escrito de 5 de abril de 2011, aunque viene a reiterar en buena medida su escrito inicial de alegaciones, confundiéndolo con lo que era el objeto específico del trámite abierto, hasta en dos ocasiones sostiene que no está justificada la pervivencia del conflicto aunque concluya reiterando la petición de desestimación del recurso.
Ciertamente, ninguna de las partes solicita formalmente en el correspondiente suplico que se declare la pérdida de objeto del recurso, aunque sí se refieran a ello en el cuerpo de sus escritos, por lo que no puede afirmarse, como hace la sentencia, que «las propias alegaciones de las partes … ponen de manifiesto la pervivencia actual de la controversia». También es cierto que el Gobierno no desistió del recurso; y también lo es que ni siquiera aunque lo hubiera hecho expresamente, como recuerda la Sentencia y de acuerdo con nuestra doctrina, estaría vinculado el Tribunal por un hipotético desistimiento formal. Sin embargo, manifestándose las partes en el sentido de que el conflicto que subyace el recurso de inconstitucionalidad había desaparecido como consecuencia de las reformas legislativas ya señaladas, este Tribunal debería haberse abstenido de entrar en la cuestión ya no conflictiva para aquéllas, máxime teniendo en cuenta la relativización del juego del ius superveniens abierta recientemente, y recordada en sentido contrario por la Sentencia.
Existe en ésta una cuestión relevante cual es la aplicación o no a los tributos propios de los territorios forales de la LOFCA, pero por mucho interés que tenga una cuestión, precisamente por ese autocontrol que debe ejercitar el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, no debe entrar a resolverla salvo que haya, como se ha indicado por el Tribunal, «un interés público» o una «afectación a particulares», conceptos ambos que no pueden confundirse con un interés meramente doctrinal. En todo caso, en el presente asunto no se ha justificado que ninguna de esas circunstancias concurra. Deben ser, en efecto, muy poderosos el interés o la afectación para actuar en un conflicto en el que las partes, el Gobierno de la Nación y una Comunidad Autónoma, en este caso Foral, han dejada puesta de manifiesto su opinión en el sentido de la inexistencia de conflicto por su desaparición. Con ello, en mi opinión, este Tribunal se ha extralimitado en el ejercicio de su función constitucional y debería haber declarado la pérdida de objeto del recurso.
3. Por otra parte, y dado que no ha prosperado, como defendí en la deliberación, la pérdida de objeto del recurso, por lo que respecta al fondo del asunto, y como también defendí, comparto plenamente la argumentación que sustenta el Voto particular concurrente que el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré formula a la Sentencia, relativo a la inaplicabilidad de la LOFCA a los tributos propios de los territorios forales, en este caso de Navarra, y la suficiencia del complejo normativo formado por la Constitución, la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), y la Ley de convenio a efectos de enjuiciar su constitucionalidad, como la propia LOFCA establece en su disposición adicional segunda, que dispone que «la actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico». Es pues en la correspondiente ley que regula el Convenio donde debe regularse dicha actividad, y no parte de ella, actividad que ha de incluir tanto los tributos convenidos en sentido estricto como los propios ya que la LOFCA no los diferencia. Sólo esta ley, la LORAFNA, la Constitución, y eventualmente el Derecho de la Unión Europea, forman el conjunto o bloque normativo que enmarca esa actividad así como su «armonización … con el régimen general del Estado» (disposición adicional segunda in fine). Las eventuales insuficiencias o disfunciones que puedan detectarse en ese bloque normativo no justifican acudir, al menos sin remisión expresa, a normas ajenas al subsistema foral de fuentes sino, en su caso, subsanarse mediante las oportunas reformas legislativas.
En aras a la brevedad no procede extenderse más en estas consideraciones remitiéndome al efecto, como he adelantado, al Voto particular formulado en el presente asunto por el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, al que me adhiero en este punto.
Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce.–Pablo Pérez Tremps.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002, al que se adhiere el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez
1. En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y con absoluto respeto a la opinión expresada por la mayoría del Pleno, formulo el presente Voto particular concurrente por entender que la Sentencia de la que discrepo debió desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002, si bien con una fundamentación diferente a la que se recoge en su fundamento jurídico 6.
Mi discrepancia se centra en la línea argumental que se desarrolla en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia, que concluye sosteniendo la tesis de la aplicabilidad directa de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) a los tributos, distintos de los convenidos, que pueda establecer la Comunidad Foral de Navarra en ejercicio de su competencia tributaria.
No es el caso de avanzar hipótesis sobre el juicio que hubiera merecido la constitucionalidad de la Ley Foral controvertida antes de la reforma de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobada mediante la Ley 25/2003, de 15 de julio. A mi juicio, aplicando la consolidada doctrina relativa al ius superveniens, una vez que la Ley del Convenio ha previsto expresamente la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra establezca tributos distintos de los convenidos, tales tributos han quedado sujetos a la disciplina del propio sistema de Convenio.
La reforma de la ley citada ha llevado aparejada, en lo que aquí interesa destacar, estas dos relevantes consecuencias: de un lado, la ampliación del ámbito de la garantía institucional de la foralidad, en su vertiente tributaria, a los tributos no convenidos; de otro, la aplicación a esta categoría de tributos, la de los no convenidos, de los principios y criterios de armonización recogidos en los arts. 2.1 y 7 de la propia Ley del convenio. El objetivo final de ambas consecuencias no ha sido otro que reforzar la singularidad y la completitud del sistema de Convenio económico. Este no permite la existencia de figuras tributarias al margen de lo dispuesto en el mismo, pero tampoco consiente la aplicación directa del art. 6.3 LOFCA a la Comunidad Foral de Navarra, como si de una Comunidad Autónoma de régimen común se tratara.
Tales consecuencias derivan también, por otra parte, del bloque de constitucionalidad y, concretamente, de la disposición adicional segunda de la propia LOFCA, que remite al sistema tradicional del Convenio Económico la determinación de los criterios de armonización del régimen tributario foral con el régimen general del Estado, y para terminar alineándose así con el contenido normativo del art. 45.2 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA).
2. En el ámbito tributario, el núcleo esencial de la garantía institucional de la foralidad, trasunto de los derechos históricos amparados y respetados por la disposición adicional primera CE y actualizados a través de la LORAFNA, reside en su carácter paccionado. Me remito al fundamento jurídico 4 b) de la Sentencia, cuyas consideraciones comparto plenamente, para extraer del mismo las notas que caracterizan el sistema regulado a través del Convenio económico: la Comunidad Foral de Navarra dispone de un sistema tributario propio, pero acordado previamente con el Estado. Éste, y no otro, es, en términos de la doctrina constitucional, el núcleo identificable de la institución, el mínimo sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad, pues, como bien argumenta la tesis mayoritaria, el contenido material o sustantivo de dicho sistema tributario propio está sometido a evolución y actualización, y así se refleja en el preámbulo o en la disposición adicional tercera de la Ley del Convenio.
Ciertamente el papel de la LOFCA proviene de la Constitución y es indisponible para el legislador; pero esta aseveración ha de predicarse igualmente del régimen foral sustentado en la disposición adicional primera CE y actualizado mediante la LORAFNA, y cuya piedra angular es el Convenio económico que, en lo que aquí importa hacer constar, rige la actividad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.
Con ello no se postula en modo alguno que el sistema tributario foral quede al margen de las competencias del Estado para la coordinación de las competencias tributarias (art. 149.1.14 CE); el criterio que se sostiene es bien otro, residiendo en que, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, tal competencia estatal de coordinación se ejerce precisamente a través del Convenio económico. El carácter paccionado funciona efectivamente en una doble dirección, de modo que ni la Comunidad Foral puede decidir unilateralmente sobre el contenido de su sistema tributario, ni el Estado puede aplicar unilateralmente criterios de armonización distintos de los establecidos en la Ley del Convenio.
En tal sentido, en lo que incumbe al régimen tributario aplicable en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, el Convenio resulta ser un universo cerrado, que regula tanto los tributos de exclusiva competencia estatal (art. 3) como los de competencia foral, sean convenidos o no (arts. 1 y 2.2) y que fija los límites de la potestad tributaria foral, los criterios de coordinación y las normas comunes de armonización tributaria, todos ellos aplicables tanto a los tributos convenidos como a los no convenidos (arts. 2.1, 5, 7 y 8), los criterios específicamente aplicables a cada tributo convenido (arts. 9 a 40), los mecanismos arbitrados para la resolución de discrepancias (art. 67), y, en fin, el procedimiento paccionado de adaptación del Convenio a la evolución que experimente el ordenamiento jurídico tributario del Estado (disposición adicional tercera).
Ni nos encontramos pues ante el tertium genus mencionado en la Sentencia de la que discrepo, ni existe un cauce abierto al establecimiento de tributos fuera del sistema paccionado y del sistema general de coordinación previsto en la Ley del Convenio. Como tal universo cerrado, resultarían aplicables a lo sumo las reglas previstas en el ordenamiento jurídico para los supuestos de laguna legal, pero no es ésta la tesis que sostiene la Sentencia que, por otra parte, no explica las razones por las cuales llega a la conclusión de que los criterios de armonización regulados en el art. 7 de la Ley del Convenio, a los que se remite su art. 2.2 en referencia a los tributos no convenidos, no resultan extensibles a los mismos, incurriendo así en abierta contradicción con lo previsto en el propio precepto.
3. Considero que la opinión que aquí manifiesto se inserta con naturalidad en la corriente doctrinal de este Tribunal relativa a los derechos históricos. En la trascendental STC 76/1988, de 26 de abril, dejamos escrito que «la garantía constitucional supone que el contenido de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder la imagen identificable de ese régimen foral tradicional. Es este núcleo identificable lo que se asegura, siendo, pues, a este último aplicables los términos de nuestra STC 32/1981, de 28 de julio, cuando declaraba que, por definición, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado una vez por todas, sino la preservación de una Institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (fundamento jurídico 3). Todo ello en el bien entendido que esa garantía –referida a los territorios forales–, si bien no especifica exhaustivamente las competencias históricas que protege (esto es, un haz determinado de competencias concretas), sí alcanza, como mínimo irreductible, a proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reconocer el régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos. Son de nuevo aplicables, a este respecto, las palabras de la STC 32/1981, cuando afirmaba que la garantía institucional es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre (fundamento jurídico 3). Dentro de estos límites, es al proceso de actualización previsto en la Disposición adicional primera CE al que corresponde precisar cuál es el contenido concreto que, en el nuevo marco constitucional y estatutario, se da al régimen foral de cada uno de los territorios históricos, garantizado por la CE» (FJ 4).
A partir de esta concepción, que supone aceptar la definición de «un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral» (FJ 5), hemos aceptado que la garantía constitucional de los derechos históricos puede comportar que el legislador estatal confiera un tratamiento normativo singular o, si se prefiere, excepcional para los territorios forales, cuyo fundamento constitucional reside precisamente en la disposición adicional primera CE (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 26). Y también hemos señalado los rasgos característicos del Convenio económico, tal como resulta de su propia historia y de las previsiones de la LORAFNA.
El primer rasgo reside en su carácter paccionado, al distinguir dos fases en el procedimiento de su elaboración y aprobación: «por una parte, una fase de negociación entre la Diputación Foral y el Gobierno de la Nación, que se plasmaba en un texto acordado por ambas partes; y, en segundo lugar, la prestación de fuerza normativa a este texto por parte del Estado mediante el instrumento normativo correspondiente» (STC 179/1989, de 2 de noviembre, FJ 9).
El segundo rasgo entronca precisamente con el contenido esencialmente tributario del Convenio económico. La doctrina sentada en la STC 148/2006, de 11 de mayo, FJ 7, resulta plenamente aplicable a contrario sensu, pues, a diferencia de la controversia allí examinada, cuando se trata del sistema tributario resulta posible fundamentar un régimen distinto en el reconocimiento y la actualización de sus derechos históricos por parte del art. 45 LORAFNA, toda vez que tanto el texto del convenio como una investigación histórica sobre las competencias ejercidas de forma continuada por las instituciones forales con el reconocimiento del Estado (criterios éstos reconocidos en las SSTC 76/1988, de 26 de abril, FJ 6, y 140/1990, de 20 de septiembre, FJ 4) permiten reconocer a la Comunidad Foral de Navarra un mayor ámbito de autonomía tributaria que a las Comunidades Autónomas de régimen común, y consecuentemente un grado de vinculación diferente de aquélla a los límites establecidos por el legislador estatal. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, estos límites deben quedar en todo caso incorporados al Convenio económico, que resulta ser, en suma, el instrumento previsto en el bloque de constitucionalidad para articular la potestad tributaria foral con la potestad tributaria originaria del Estado ex art. 133 CE.
En razón de lo expuesto, entiendo que el presente recurso de inconstitucionalidad debería haber sido desestimado en atención a las anteriores consideraciones, sin entrar a analizar la compatibilidad de la Ley Foral 23/2001 con el art. 6.3. LOFCA, aunque se alcanzare idéntica conclusión desestimatoria.
Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado. | Constituconal desestima el recurso de Aznar de 2002 contra el impuesto navarro a grandes establecimientos comerciales | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1336-2002, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Ha intervenido y formulado alegaciones el Parlamento de Navarra, debidamente representado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. El 7 de marzo de 2002 tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito del Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, mediante el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales («Boletín Oficial de Navarra» núm. 148, de 7 de diciembre de 2001 y «Boletín Oficial del Estado» núm. 39, de 14 de febrero de 2002).
Comienza el Abogado del Estado sus alegaciones con una exposición general sobre los límites de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, en el marco del reconocimiento de los derechos forales. El art. 45.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral (en adelante LORAFNA) dispone que «la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico». De acuerdo con este precepto, en el caso de Navarra, la materia tributaria «tiene su anclaje competencial en los derechos históricos», que están reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución, a cuyo tenor «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», si bien añade en su segundo párrafo que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía». De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «la idea de derechos históricos de las comunidades y territorios forales, a que alude la disposición adicional primera de la Constitución, no puede considerarse como un título autónomo, del que puedan deducirse específicas competencias, pues la propia disposición adicional manifiesta con toda claridad que la actualización general de dicho régimen foral se ha de llevar a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía» (STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 3, doctrina que reitera la STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6).
Este reconocimiento constitucional de los regímenes forales puede suponer que las Comunidades forales ostenten competencias distintas de las establecidas con carácter general en el título VIII de la Constitución (cita en ese sentido la STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6), si bien ello debe ser compatible con los mandatos y principios constitucionales, como se afirmó en la STC 86/1988, de 3 de mayo, FJ 5, y, con mayor contundencia, en la anterior STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3. En concreto, en la materia tributaria, afirma el Abogado del Estado que esta Comunidad Foral «goza de una especial potestad tributaria que al tener naturaleza paccionada se diferencia del régimen general establecido en la Constitución, que permite al Estado imponer mediante una Ley Orgánica el marco del ejercicio de las competencias financieras autonómicas». Esta naturaleza pactada o «paccionada» funciona, sin embargo, en ambas direcciones; en consecuencia, la previsión de que el Estado abra un proceso de negociación del Convenio cuando varíe sustancialmente su sistema tributario, establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, implica que también esta Comunidad autónoma deba coordinar sus competencias tributarias con el Estado.
a) A partir de lo anterior, se sostiene la inconstitucionalidad del impuesto navarro sobre los grandes establecimientos comerciales por suponer una extralimitación en el ejercicio de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, ya que se sitúa al margen del régimen de convenio, y sin tener en cuenta ningún criterio de coordinación con el régimen tributario estatal. Lo contrario supondría reconocer a Navarra un poder tributario ilimitado, que chocaría frontalmente con el poder tributario originario que el art. 133.1 CE reconoce sólo al Estado. Así, sea sobre la base de un sistema «paccionado» como el navarro, sea con arreglo a criterios de coordinación generales, el poder tributario autonómico precisa de «legislación interpuesta de coordinación o armonización».
b) No obstante lo anterior, y pese a no reconocerlo expresamente la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, admite el Abogado del Estado la posibilidad de que la Comunidad Foral de Navarra ostente la competencia general que la Constitución y la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) atribuyen a las Comunidades Autónomas, de acuerdo asimismo con el art. 39.1 c) LORAFNA, que establece que corresponderán a la Comunidad «[t]odas aquellas facultades y competencias que la legislación del Estado atribuya, transfiera o delegue, con carácter general, a las Comunidades Autónomas o a las Provincias». En tal caso, la Comunidad Foral podría establecer tributos fuera del Convenio, si bien en este caso con
### RESUMEN: Constituconal desestima el recurso de Aznar de 2002 contra el impuesto navarro a grandes establecimientos comerciales |
La Dirección General de Contratación y Servicios, en base a las consultas realizadas en relación con el criterio de solvencia técnica exigido en la cláusula 13 del Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particulares, concretamente referidas al certificado acreditativo de que la energía comercializada es de origen 100% renovable, en aras a dotar de una mayor seguridad a los licitadores en la presentación de las ofertas, y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 158 del TRLCSP, ha realizado la siguiente aclaración:
Que la acreditación de la solvencia se efectuará mediante Certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de acuerdo con la orden IET/931/2015, de 20 de mayo que modifica la ITC 1522/2007, de que la energía comercializada es de origen 100% renovable
Que los pliegos no limitan la posibilidad de presentar otros certificados equivalentes u otras pruebas de medidas equivalentes de garantía, posibilidad reconocida expresamente por la normativa contractual.
Por ello, procede establecer nuevas fechas en relación con las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2018/S 044-095751, de fecha 3 de marzo de 2018, y en el Boletín Oficial del Estado nº 57, de fecha 6 de marzo de 2018, para la obtención de documentación e información, presentación de ofertas y apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
c) Obtención de documentación e información:
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de abril de 2018.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 2018.
9. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: 11 de mayo de 2018 a las diez horas.
Madrid, 22 de marzo de 2018.- La Jefe del Departamento de Contratación II, Sandra de Lorite Buendía. | Cambios en los pliegos del contrato de energía del Ayuntamiento de Madrid tras recursos. Ahora, tener energía renovable no puntúa, pero es requisito de solvencia para acceder. | La Dirección General de Contratación y Servicios, en base a las consultas realizadas en relación con el criterio de solvencia técnica exigido en la cláusula 13 del Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particulares, concretamente referidas al certificado acreditativo de que la energía comercializada es de origen 100% renovable, en aras a dotar de una mayor seguridad a los licitadores en la presentación de las ofertas, y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 158 del TRLCSP, ha realizado la siguiente aclaración:
Que la acreditación de la solvencia se efectuará mediante Certificación emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de acuerdo con la orden IET/931/2015, de 20 de mayo que modifica la ITC 1522/2007, de que la energía comercializada es de origen 100% renovable
Que los pliegos no limitan la posibilidad de presentar otros certificados equivalentes u otras pruebas de medidas equivalentes de garantía, posibilidad reconocida expresamente por la normativa contractual.
Por ello, procede establecer nuevas fechas en relación con las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º 2018/S 044-095751, de fecha 3 de marzo de 2018, y en el Boletín Oficial del Estado nº 57, de fecha 6 de marzo de 2018, para la obtención de documentación e información, presentación de ofertas y apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
c) Obtención de documentación e información:
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de abril de 2018.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 2018.
9. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: 11 de mayo de 2018 a las diez horas.
Madrid, 22 de marzo de 2018.- La Jefe del Departamento de Contratación II, Sandra de Lorite Buendía.
### RESUMEN: Cambios en los pliegos del contrato de energía del Ayuntamiento de Madrid tras recursos. Ahora, tener energía renovable no puntúa, pero es requisito de solvencia para acceder. |
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, es el instrumento de programación del que dispone el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución a cargo de la Administración General del Estado de las políticas públicas de fomento y coordinación de las actividades de I+D+I y que permite desarrollar y financiar las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, asimismo aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Enmarcadas en este Plan Estatal de I+D+I, el 3 de marzo de 2015, ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria 2015 para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, cuyo órgano competente para la instrucción es la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas a la I+D+i, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales. Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la múltiple y diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes, así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan.
Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se viene presentando un número cada vez más elevado de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada. Este hecho hace que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que todos los procedimientos de solicitudes de subvenciones regulados en esta convocatoria puedan verse resueltos en los plazos establecidos.
A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En base a lo anteriormente expuesto, esta Dirección dispone:
Primero. Ampliación de plazos.
Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 25 de febrero de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, de aquellas subvenciones que se citan a continuación:
Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y Movilidad:
– Contratos i-PFIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN), reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Contratos Río Hortega, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos Miguel Servet, reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de formación.
– Contratos Sara Borrell, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos Juan Rodés, regulados en la subsección 4.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS, regulados en la subsección 5.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Ayudas para la movilidad del personal investigador, reguladas en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Movilidad.
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:
– Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER, regulado en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional.
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento:
– Proyectos integrados de excelencia en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma de Generación del Conocimiento.
– Proyectos de investigación en salud, regulados en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.
– Acciones complementarias de programación conjunta internacional, reguladas en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.
Segundo. Entrada en vigor.
1. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado a la convocatoria de subvenciones indicadas en el apartado primero.
2. Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.
Madrid, 6 de julio de 2015.–El Director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Fernández Crespo. | Por falta de medios materiales y humanos se amplía el plazo para repartir ayudas. Esta vez de I+D en salud. | El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante Plan Estatal de I+D+I), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de febrero de 2013, es el instrumento de programación del que dispone el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución a cargo de la Administración General del Estado de las políticas públicas de fomento y coordinación de las actividades de I+D+I y que permite desarrollar y financiar las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, asimismo aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Enmarcadas en este Plan Estatal de I+D+I, el 3 de marzo de 2015, ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria 2015 para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, cuyo órgano competente para la instrucción es la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en los artículos 25.4 y 25.5 que el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses, pudiendo entender los interesados desestimada por silencio administrativo su solicitud por el transcurso de dicho plazo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
Para garantizar un procedimiento de selección transparente y objetivo, tanto la tramitación administrativa como la instrucción del procedimiento de las convocatorias de ayudas a la I+D+i, en sus diferentes fases, conllevan necesariamente el empleo de un gran volumen de recursos humanos y materiales. Cabe indicar que estos procedimientos requieren conocer y, en su caso, verificar la autenticidad de la múltiple y diversa documentación que deben aportar todos los solicitantes en apoyo de sus solicitudes, así como valorar, con arreglo a criterios bien determinados y preservando la igualdad de trato de todos los ciudadanos, cada una de las solicitudes que se presentan.
Por otro lado, cabe señalar que a esta convocatoria se viene presentando un número cada vez más elevado de solicitudes, que amplía las dificultades que conlleva la carencia de recursos humanos y materiales anteriormente mencionada. Este hecho hace que se produzcan situaciones de espera que retrasan la tramitación administrativa, lo que hace altamente improbable que todos los procedimientos de solicitudes de subvenciones regulados en esta convocatoria puedan verse resueltos en los plazos establecidos.
A pesar de los importantes avances conseguidos en materia de tramitación electrónica, cabe añadir que la experiencia histórica de convocatorias anteriores muestra la gran dificultad existente para completar la tramitación del procedimiento de concesión en el plazo máximo establecido en la Ley General de Subvenciones, por lo que los interesados podrían presuponer la no concesión de la solicitud presentada.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en su artículo 42.6, por el que se permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo de resolución bajo la existencia de condiciones tasadas, dado que las circunstancias actuales lo justifican y lo aconsejan y que con ello no se perjudican derechos de terceros, se hace necesario ampliar el plazo de resolución establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En base a lo anteriormente expuesto, esta Dirección dispone:
Primero. Ampliación de plazos.
Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria regulada por Resolución de 25 de febrero de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013- 2016, de aquellas subvenciones que se citan a continuación:
Subprogramas Estatales de Formación, Incorporación y Movilidad:
– Contratos i-PFIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN), reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Contratos Río Hortega, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Formación.
– Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos Miguel Servet, reguladas en la subsección 2.ª del Subprograma Estatal de formación.
– Contratos Sara Borrell, regulados en la subsección 3.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos Juan Rodés, regulados en la subsección 4.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS, regulados en la subsección 5.ª del Subprograma Estatal de Incorporación.
– Ayudas para la movilidad del personal investigador, reguladas en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Movilidad.
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:
– Incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER, regulado en la subsección 1.ª del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional.
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento:
– Proyectos integrados de excelencia en los IIS, regulados en la subsección 1.ª del Subprograma de Generación del Conocimiento.
– Proyectos de investigación en salud, regulados en la subsección 2.ª del
### RESUMEN: Por falta de medios materiales y humanos se amplía el plazo para repartir ayudas. Esta vez de I+D en salud. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 630-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1.2, letras a) a e), de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 4/2012; los artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y l), y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –de febrero de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 26 de febrero de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | Suspensión de ley catalana de horarios comerciales por el TC. | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 630-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 1.2, letras a) a e), de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto-ley 4/2012; los artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y l), y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el artículo 2 del Decreto-ley 4/2012 y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –de febrero de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 26 de febrero de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: Suspensión de ley catalana de horarios comerciales por el TC. |
De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 79 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales y la elección efectuada por la Junta de Jueces de Madrid, celebrada el día 10 de junio de 2014, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de junio de 2014,
Vengo en nombrar Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Madrid a don Antonio Viejo Llorente.
Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | Nombramiento de Antonio Viejo como nuevo decano de los jueces de Madrid | De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 79 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales y la elección efectuada por la Junta de Jueces de Madrid, celebrada el día 10 de junio de 2014, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 18 de junio de 2014,
Vengo en nombrar Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Madrid a don Antonio Viejo Llorente.
Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: Nombramiento de Antonio Viejo como nuevo decano de los jueces de Madrid |
Visto el fallo de la Sentencia de fecha 8 de abril de 2014 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento n.º 34/2014, seguido por la demanda del sindicato Confederación General del Trabajo contra Telefónica Móviles España, SAU, la sección sindical de Comisiones Obreras, la sección sindical de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT), la sección sindical STC-TME y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.–En el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio de 2013, se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 3 de junio de 2013, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el VI Convenio colectivo de la empresa Telefónica Móviles España, SAU (código de convenio n.º 90009942011996).
Segundo.–El 16 de abril de 2014 tuvo entrada en el registro general del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se acuerda anular del párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio Colectivo la exigencia de alta en el momento del cobro para el abono de los incentivos, publicado en el BOE de 19 de junio de 2013.
Fundamentos de Derecho
Primero.–De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 8 de abril de 2014, recaída en el procedimiento n.º 34/2014 y relativa al Convenio Colectivo de la empresa Telefónica Móviles España, SAU, en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de abril de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Núm. de procedimiento: 0000034/2014.
Tipo de procedimiento: Demanda.
Índice de sentencia:
Contenido sentencia:
Demandante: Confederación General del Trabajo.
Codemandante:
Demandado:
Telefónica Móviles España SAU.
Sección sindical de Comisiones Obreras.
Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT).
Sección sindical STC-TME.
Ministerio Fiscal.
Ponente IImo. Sr.: Don Ricardo Bodas Martín.
SENTENCIA N.º: 0070/2014
IImo. Sr. Presidente: Don Ricardo Bodas Martín.
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don Rafael A. López Parada.
Don Francisco José Navarro Sanchis.
Madrid, a ocho de abril de dos mil catorce.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento n.º 34/14 seguido por demanda de Confederación General del Trabajo (letrado don José María Trillo-Figueroa Calvo) contra Telefónica Móviles España SAU (letrada doña Carmen Fernández Muñoz), Sección sindical de Comisiones Obreras (letrado don Ángel Martín Aguado), Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT) (letrado don Javier Berzosa), Sección sindical STC-TME y Ministerio Fiscal sobre impugnación de convenio, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. don Ricardo Bodas Martín.
Antecedentes de hecho
Primero.–Según consta en autos, el día 11-02-2014 se presentó demanda por Confederación General del Trabajo contra Telefónica Móviles SAU, Sección sindical de Comisiones Obreras, Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT), Sección sindical STC-TME y Ministerio Fiscal de impugnación de convenio colectivo.
Segundo.–La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 07-04-2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otro sí de prueba.
Tercero.–Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Cuarto.–Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:
La Confederación General del Trabajo (CGT desde aquí) ratificó su demanda de impugnación de convenio, mediante la cual solicita se anule el párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio, por cuanto la exigencia de estar de alta en la fecha del cobro vulnera lo dispuesto en los artículos 4.2.f), 26.3 y 29, 1 ET.–Mantuvo dicha posición, porque si el trabajador ha devengado la retribución variable en el año precedente, no hay razón para exigirle que permanezca en situación de alta en el momento del cobro.
Telefónica Móviles, SAU se opuso a la demanda, destacando, en primer lugar, que CGT se presentó en coalición con el sindicato SIME a las últimas elecciones sindicales, alcanzando una representatividad suficiente como para tener un miembro en el comité intercentros.
Destacó, por otra parte, que el convenio fue suscrito por cuatro de los cinco sindicatos partícipes de su negociación.–Subrayó, a estos efectos, que el párrafo controvertido se originó en sus propios términos en el II Convenio, que se remonta al año 1998, sin que se haya producido ningún tipo de reclamación hasta la fecha.–Reprochó que las causas, por las que CGT no firmó el convenio, no tienen absolutamente nada que ver con su actual reclamación, lo que acredita su manifiesta mala fe.
Excepcionó falta de agotamiento de la vía previa, puesto que las partes convinieron en el art. 7 del VI Convenio someter sus controversias al V ASAC.
Excepcionó, asimismo, inadecuación de procedimiento, por cuanto si la demandante apoya su pretensión en los supuestos de despido improcedente, debió tramitarse por el procedimiento de conflicto colectivo.
Se opuso al fondo del asunto, porque el art. 85.1 ET permite a los negociadores del convenio establecer las condiciones, que estimen oportunas, para acceder a las retribuciones variables.
UGT, CCOO y STC-TME se opusieron a la demanda, porque no es posible saber si se han cumplido los objetivos hasta que se comprueba, lo que no puede efectuarse durante el ejercicio correspondiente, siendo esta la razón por la que se convino el párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio.
CGT se opuso a la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, por cuanto el art. 7 del convenio no exige dicho requisito, especialmente cuando se impugna un convenio por ilegalidad.
Se opuso, así mismo, a la excepción de inadecuación de procedimiento, porque se pide la nulidad del párrafo cuarto del artículo 38 del convenio en general y no por una causa en particular, significada en la demanda a título de ejemplo.
El Ministerio Fiscal manifestó que, si el convenio exigía acudir a los sistemas de solución extrajudicial del V ASAC, debería estimarse la excepción de falta de agotamiento de la vía previa.
Se opuso, por el contrario, a la excepción de inadecuación de procedimiento, porque se pide la nulidad del párrafo por contravenir normas legales.
Solicitó la estimación de la demanda, porque los demandados no alegaron, ni acreditaron razones válidas, que justifiquen la exigencia de alta en el momento del pago para percibir una retribución, que ya se había devengado.
Quinto.–Cumpliendo el mandato del artículo 85.6 de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, se significa que los hechos controvertidos y pacíficos fueron los siguientes:
Hechos controvertidos:
– CGT se presentaron a la elecciones sindicales con el sindicato SIME y obtiene representación con un miembro Comité intercentros en el comité Intercentros.
– En el acta 4-4-13 CGT explican las razones por las que no firman el convenio que son: 1.ª la composición de las comisiones; 2.ª la transposición del sistema de clasificación profesional; 3.ª la implantación de jornada de 38 horas antes de 2015.
– En el artículo 7 del convenio se pacto que se someterían las discrepancias al 5.º ASAC se remiten a lo que diga el art.
Hechos pacíficos:
– Votaron cuatro de los cinco miembros del comité intercentros a favor del convenio.
– Nunca antes hubo oposición al régimen de pago del sistema de retribuciones variables vigente desde 1998.
Resultando y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.–CGT es un sindicato de ámbito estatal, implantado en Telefónica Móviles, SAU, donde tiene un miembro en el comité intercentros.
Segundo.–La empresa demandada ha regulado sus relaciones laborales mediante convenios propios, negociados con el comité intercentros, compuesto actualmente por dos delegados de UGT, uno de CC.OO., uno de CGT y uno de STC-TME.
El II Convenio se publicó en el BOE de 25-06-1998; el III Convenio en el BOE de 19-06-2001; el IV Convenio en el BOE de 30-09-2004, cuya prórroga se publicó en el BOE de 31-01-2007; el V Convenio en el BOE de 31-08-2009, cuya prórroga se publicó en el BOE de 21-02-2011 y el VI Convenio publicado en el BOE de 19-06-2013.
CGT no suscribió ninguno de los convenios mencionados.
Tercero.–En la plataforma reivindicativa, promovida por CGT para la negociación del VI Convenio, se propuso suprimir la exigencia de alta en el momento del cobro para la percepción de la retribución variable.
Cuarto.–En la reunión de la comisión negociadora del VI Convenio, celebrada el 4-04-2013, CGT explicó las razones por las que no firmaba el convenio, entre las cuales no se significó la cláusula cuya nulidad se postula.
Quinto.–El 21-05-2013 CGT se dirigió por escrito a la Comisión de Negociación Permanente del VI Convenio para solicitar la supresión del párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio.–La empresa demandada se opuso a dicha pretensión, mediante escrito de 17-09-2013, sin que conste que la Comisión Permanente tomara ninguna medida.
Sexto.–Obra en autos y se tiene por reproducido el Plan de retribución variable para 2013 de la empresa demandada.
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero.–De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, h de la Ley 36/2011, de 14 de octubre, compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Segundo.–En cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se hace constar que los anteriores hechos declarados probados se han obtenido de los medios de prueba siguientes:
a) El primero de las actas de la comisión negociadora del VI Convenio, que obran como documentos 14 a 20 del ramo de Telefónica Móviles (descripciones 34 a 40 de autos), que fueron reconocidas de contrario, donde luce que CGT participó en las mismas con un delegado.–La empresa demandada sostuvo que CGT se presentó a las elecciones con el sindicato SITEL, sin que probara de ningún modo dicho extremo.
b) El segundo de los BOE citados que obran como documentos 21 a 27 de autos (descripciones 41 a 47 de autos).–Es pacífico que CGT no firmó ninguno de los convenios mencionados.
c) El tercero de la plataforma citada, que obra como documento 3 de CGT (descripción 56 de autos), que tiene crédito para la Sala, aunque no fuera reconocido de contrario, por cuanto la empresa se limitó a desconocerlo, no cuestionando, en ningún caso, su autenticidad.
d) El cuarto del acta citada, que obra como documento 19 de la demandada (descripción 39 de autos), que fue reconocida de contrario.
e) El quinto de los escritos citados, que obran como documentos 28 y 29 de la demandada (descripciones 48 y 49 de autos), que fueron reconocidos de contrario.
f) El sexto del plan citado, que obra como documento 30 de la demandada (descripción 50 de autos), que fue reconocido de contrario.
Tercero.–El artículo 7 del VI Convenio, que regula la Comisión Paritaria de Negociación Permanente, dice textualmente lo siguiente:
«Para resolver las cuestiones que se deriven de la interpretación o aplicación de lo acordado en el presente Convenio, se constituye una Comisión Paritaria compuesta, de una parte, por cinco miembros designados por la Dirección de la Empresa y otros cinco designados por el Comité Intercentros.
La Comisión Paritaria de Negociación Permanente será competente para estudiar y elaborar propuesta sobre la prórroga del contenido del presente Convenio colectivo de conformidad con los términos establecidos en el artículo 3.
Corresponde a esta Comisión Paritaria entender de todas aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores y, en concreto, al V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales colectivos (ASAC), según Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo o a los que pudiesen sustituirle durante la vigencia de este Convenio.
La Comisión publicará los acuerdos de carácter general interpretativos del Convenio, facilitando una copia de los mismos a la Dirección de la Empresa y otra al Comité Intercentros, en el plazo que en cada caso se señale. Dichos acuerdos tendrán la misma fuerza vinculante que lo pactado en Convenio colectivo siguiendo los requisitos de registro y publicación legalmente establecidos.
Asimismo esta Comisión tendrá las funciones de foro de debate y negociación en materias que permitan adaptar a la Empresa al dinamismo del sector de las Telecomunicaciones, así como a la cambiante realidad social y especialmente el avance de los procesos de convergencia dentro del Grupo Telefónica en España.
Dicha Comisión abordará todos aquellos aspectos que se contemplan en este Convenio colectivo que requieren un desarrollo posterior, concretamente en materia de Grupos Profesionales, Formación, Teletrabajo y Ordenación del Tiempo de Trabajo (jornada, turnos, guardias, jornada reducida, etc.), sirviendo como punto de encuentro que permita acordar soluciones oportunas a las nuevas circunstancias o a las materias que así lo requieran.
Los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Negociación Permanente tendrán el mismo valor y pasarán a formar parte del vigente Convenio colectivo, siguiendo los mismos requisitos de registro y publicación de este, cuando así lo acuerde.
La Comisión Paritaria se reunirá, a instancia de cualquiera de las representaciones, en lugar y fecha fijados de mutuo acuerdo, con un preaviso de 2 días hábiles comunicando mediante escrito la identificación de los solicitantes, la exposición de los hechos, los puntos que se someten a la comisión paritaria y el tipo de actuación que se requiere.
Una vez recibido el escrito y a partir de la fecha de recepción del mismo, la Comisión deberá emitir resolución sobre el tema de que se trate en un plazo máximo de 15 días naturales, para lo cual se efectuarán las reuniones que sean necesarias al efecto. A dichas reuniones podrán asistir los asesores que las partes integrantes consideren necesarios, si bien no tendrán derecho a voto. Si transcurridos el plazo de 15 días no se hubiese alcanzado acuerdo sobre los temas a tratar, en el informe o resolución final se hará constar la posición de cada una de las partes.
En tanto dure el procedimiento en la Comisión, las partes no podrán acudir a otras instancias, ni plantear medidas de presión o declarar conflicto colectivo hasta que la Comisión se pronuncie sobre la cuestión sometida a su conocimiento, siendo su intervención previa y preceptiva, o hasta que hubiese transcurrido el plazo máximo establecido para su resolución o dictamen.»
La empresa demandada excepcionó falta de agotamiento de la vía previa, porque CGT no acudió a los medios de solución extrajudicial de conflictos colectivos, entre los cuales el artículo 4.1.g) del V ASAC incluye a los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos de forma previa al inicio de la vía judicial, como exige el artículo 7 del VI Convenio.–CGT se opuso a dicha excepción, por cuanto el artículo 7 del VI Convenio no contempla dicha exigencia.
La Sala comparte la postura de CGT, por cuanto la simple lectura del artículo 7 del VI Convenio permite concluir que el sometimiento de las discrepancias producidas en el seno de la Comisión paritaria de Negociación Permanente a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores y, en concreto, al V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales colectivos (ASAC), según Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo o a los que pudiesen sustituirle durante la vigencia de este Convenio, corresponde a la propia Comisión.
Por consiguiente, probado que CGT sometió a la Comisión antes dicha en su escrito de 10-07-2013 la eliminación del párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio, oponiéndose la empresa mediante escrito de 17-09-2013, sin que conste acreditado que la Comisión se pronunciara al respecto, ni sometiera consecuentemente la controversia a los sistemas de solución extrajudicial de conflictos, regulados en el V ASAC, se hace absolutamente evidente que CGT ni estaba legitimada como tal sindicato para someter el conflicto a los procedimientos del V ASAC, ni estaba obligada a hacerlo, porque no se lo impone el convenio colectivo y el artículo 64.1 LRJS exime de los trámites de conciliación o mediación a los procedimientos de impugnación de convenio.
Cuarto.–El artículo 165.1.a) LRJS legitima para impugnar un convenio colectivo por el procedimiento de conflicto colectivo, cuando la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito.
Como anticipamos más arriba, CGT impugna el párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio colectivo, porque la exigencia de estar de alta en el momento del cobro vulnera, a su juicio, lo dispuesto en los artículos 4.2.f), 26.3 y 29 ET.–Por consiguiente, si la impugnación del convenio se fundamenta en la vulneración de la legalidad vigente, el único procedimiento posible, cuando el convenio colectivo se ha publicado, es el procedimiento de impugnación de convenio colectivo, a tenor con lo dispuesto en el artículo 163.3 LRJS, con independencia de que se estime o no dicha pretensión, como viene reiterándose por la jurisprudencia, por todas STS 26-09-2009, rec. 28/2006.
Se impone, por tanto, la desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento, alegada por la empresa demandada, porque el procedimiento adecuado para la impugnación del convenio, cuando se fundamenta, como aquí, en su ilegalidad, es el elegido por CGT, como defendió expresamente el Ministerio Fiscal.
Quinto.–El artículo 4.2.f) ET reconoce como derecho laboral básico de los trabajadores, la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, reiterándose dicho derecho en el artículo 29.1 ET.–El artículo 26.3 ET dispone que mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa.
El artículo 38 del VI Convenio, que regula la retribución variable (incentivos), dice textualmente lo que sigue:
«Los trabajadores percibirán en función de los resultados de la revisión anual del desempeño, del periodo de prestación efectiva de servicios y del grado de cobertura tanto de los objetivos de negocio como de los objetivos individuales que se les asignen y al cumplimiento de los requisitos exigibles en cada caso, los incentivos de carácter anual que puedan establecerse.
Para el supuesto que como consecuencia de la revisión anual del desempeño correspondiente a la evaluación objetivos individuales, el trabajador no perciba los incentivos anuales, previa conformidad de éste, se informará al Comité Intercentros de esta situación.
Al cumplimiento del nivel de excelencia de todos los objetivos asignados estos incentivos tendrán una cuantía anual de hasta el 10 por ciento de la retribución fija de cada trabajador.
Estos incentivos se devengarán y abonarán, en su caso, dentro del primer cuatrimestre del año siguiente al que se refieren y para tener derecho a los mismos será condición inexcusable estar en situación de alta en la Empresa, en la fecha de su pago. A estos efectos las situaciones de baja por enfermedad, maternidad o accidente, y los permisos con o sin sueldo, se considerarán asimilados al alta.
Objetivos de negocio.
La Empresa se compromete a informar al Comité Intercentros de los indicadores por los que se mide el resultado de Telefónica España, de su ponderación y de los criterios fijados para su valoración.
Asimismo, la Empresa informará, una vez cerrado y auditado el ejercicio contable, del valor alcanzado por cada uno de los indicadores y, en su conjunto, del grado de cumplimiento sobre objetivos resultante.
Igualmente, la Empresa se compromete, al cierre de cada trimestre del año, una vez hechos públicos los resultados de cada periodo, a trasladar a la Representación de los Trabajadores los resultados obtenidos por cada indicador, en aquellos en que hubieran datos publicados, y el grado de cumplimiento del resultado de Telefónica España de acuerdo con el siguiente criterio, sin que se especifique el porcentaje de cobertura presupuestaria:
Grado cumplimiento de objetivos.
0% a 50%
De 50% a 100%
Máx. 125%
No cumplimiento.
Cumplimiento.
Sobrecumplimiento.
Carreras profesionales.
Los empleados adscritos a las carreras de gestión de proyecto (consultores P1, P2 y P3), Jefes de Producto y Comercialización en los niveles 1 y 2 y la de Jefes de Proyecto y Desarrollo de Servicios de niveles 1 y 2, mantendrán durante la vigencia de esta Prórroga los porcentajes de incentivos que tengan asignado en su carrera en función de su nivel profesional».
La simple lectura del artículo trascrito nos permite concluir que el incentivo es anual y se percibe en función de los resultados de la revisión anual del desempeño, del periodo de prestación efectiva de servicios y del grado de cobertura tanto de los objetivos de negocio como de los objetivos individuales que se les asignen y al cumplimiento de los requisitos exigibles en cada caso, los incentivos de carácter anual que puedan establecerse.–La jurisprudencia, por todas STS 9-12-2010, rec. 600/2010, ha defendido que, si se devenga la prima en función del tiempo de servicios, la regla general, que impide el enriquecimiento injusto, es la percepción proporcional de la prima en función del tiempo trabajado, siendo inadmisible que, si no se ha trabajado todo el período exigido, se pretenda cobrar íntegramente la prima anual.
Sin embargo, en el párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio, se prevé que estos incentivos se devengarán y abonarán, en su caso, dentro del primer cuatrimestre del año siguiente al que se refieren y para tener derecho a los mismos será condición inexcusable estar en situación de alta en la Empresa, en la fecha de su pago, significando, a estos efectos, que las situaciones de baja por enfermedad, maternidad o accidente, y los permisos con o sin sueldo, se considerarán asimilados al alta.–Se impone, por consiguiente, como requisito constitutivo para el devengo, además de haber cumplido los objetivos de negocio y los objetivos individuales, el estar de alta en la fecha del pago.
Preceptos similares han sido validados por la doctrina judicial, por todas STS Cataluña 27-02-2002, rec. 1670/2002 y STSJ Madrid de 18-02-2013, rec. 2191/2012.–La misma Sala en sentencias de 14-05-2007, rec. 624/2007 y 17-03-2008, rec. 4842/2007, han validado cláusulas convencionales, en las que se exigía permanecer en situación de alta durante el año natural, que era el computado para el devengo de la prima.
Los demandados, apoyándose en la doctrina de la STSJ Madrid de 18-02-2013, rec. 2191/2012, defendieron que la exigencia de alta en el momento del pago, contenida en el párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio, no vulnera los artículos 4.2.f), 29.1 y 26.3 ET, por cuanto el artículo 85.1 ET permite que las partes convengan en los convenios colectivos las condiciones económicas, que estimen oportunas, siempre que se produzca dentro del respeto a las leyes. En efecto, el artículo 1255 CC dispone que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.
Como adelantamos más arriba, el párrafo cuarto del artículo 38 del convenio exige, como requisito constitutivo para el devengo del incentivo, que el trabajador esté de alta en la empresa en el momento del pago, con lo que equipara al devengo con el propio pago.–A nuestro juicio dicha exigencia es claramente abusiva, por cuanto por devengo debe entenderse, de conformidad con la definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título y dicho derecho, como constatamos anteriormente, se alcanza cuando se cumplen los objetivos de negocio e individuales marcados por la empresa para cada anualidad, que es precisamente la finalidad de este tipo de complementos salariales, de manera que, exigir, además, que el trabajador se encuentre de alta en el momento del pago, comporta que, si el trabajador alcanzó los objetivos exigidos, la empresa se enriquezca injustamente, por cuanto recibe los frutos del sobretrabajo y no abona la retribución por una circunstancia, que podría, incluso, no ser imputable al trabajador, como sucedería con los despidos improcedentes o las declaraciones de invalidez permanente total o absoluta.
Nos parece más razonable, por tanto, la doctrina del TSJ de Madrid de 14-05-2007, rec. 624/2007 y 17-03-2008, rec. 4842/2007, que la de sus sentencias de 27-02-2002, rec. 1670/2002 y 18-02-2013, rec. 2191/2012, por cuanto las primeras exigen la permanencia del trabajador durante el año natural, que es el período del devengo de la prima, mientras que las segundas validan cláusulas convencionales, que exigen el alta en el momento del cobro, sin que dicha exigencia se apoye en criterios razonables que, al menos en el presente procedimiento, no se han esgrimido por los demandados.–En efecto, una cosa es que el incentivo se pague en el primer cuatrimestre del año siguiente, porque es necesario comprobar si se han cumplido los objetivos de negocio y los objetivos individuales y otra exigir que los trabajadores, que hayan cumplido ambos objetivos, estén de alta en el momento del pago, porque dicha exigencia es claramente abusiva, desproporcionada y contraria a la finalidad natural de la retribución variable, por lo que debe tenerse por no puesta, a tenor con lo dispuesto en el artículo 7.2 CC.
Dicha conclusión no puede enervarse, porque el párrafo controvertido se haya mantenido desde el año 1998 o porque CGT no firmó el convenio por dicha razón, puesto que dichas circunstancias no empañan la ilegalidad del convenio, que debe ajustarse necesariamente a la legalidad, a tenor con lo dispuesto en el artículo 3 ET, en relación con lo dispuesto en los artículos 1255 y 1258 CC.
Estimamos, por lo expuesto, la demanda, si bien parcialmente, por cuanto solo constituye abuso de derecho en el párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio que se exija el alta en el momento del pago del incentivo.
Sin costas por tratarse de un proceso colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
En la demanda de impugnación de convenio colectivo, promovida por CGT, desestimamos las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y de inadecuación de procedimiento.–Estimamos parcialmente la demanda y anulamos del párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio la exigencia de alta en el momento del cobro para el abono de los incentivos y condenamos a Telefónica Móviles, SAU, UGT, CCOO y STC-TME a estar y pasar por dicha nulidad parcial, absolviéndoles de los restantes pedimentos de la demanda.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de las partes o de su abogado, graduado social colegiado o representante, al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros previsto en el artículo 229.1.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el n.º 2419 0000 000034 14.
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. | Sentencia Audiencia Nacional que anula un párrafo del convenio Telefónica Móviles. | Visto el fallo de la Sentencia de fecha 8 de abril de 2014 dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaída en el procedimiento n.º 34/2014, seguido por la demanda del sindicato Confederación General del Trabajo contra Telefónica Móviles España, SAU, la sección sindical de Comisiones Obreras, la sección sindical de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT), la sección sindical STC-TME y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.–En el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio de 2013, se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 3 de junio de 2013, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el VI Convenio colectivo de la empresa Telefónica Móviles España, SAU (código de convenio n.º 90009942011996).
Segundo.–El 16 de abril de 2014 tuvo entrada en el registro general del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se acuerda anular del párrafo cuarto del artículo 38 del VI Convenio Colectivo la exigencia de alta en el momento del cobro para el abono de los incentivos, publicado en el BOE de 19 de junio de 2013.
Fundamentos de Derecho
Primero.–De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y éste hubiera sido publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 8 de abril de 2014, recaída en el procedimiento n.º 34/2014 y relativa al Convenio Colectivo de la empresa Telefónica Móviles España, SAU, en el correspondiente Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de abril de 2014.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Núm. de procedimiento: 0000034/2014.
Tipo de procedimiento: Demanda.
Índice de sentencia:
Contenido sentencia:
Demandante: Confederación General del Trabajo.
Codemandante:
Demandado:
Telefónica Móviles España SAU.
Sección sindical de Comisiones Obreras.
Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT).
Sección sindical STC-TME.
Ministerio Fiscal.
Ponente IImo. Sr.: Don Ricardo Bodas Martín.
SENTENCIA N.º: 0070/2014
IImo. Sr. Presidente: Don Ricardo Bodas Martín.
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don Rafael A. López Parada.
Don Francisco José Navarro Sanchis.
Madrid, a ocho de abril de dos mil catorce.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento n.º 34/14 seguido por demanda de Confederación General del Trabajo (letrado don José María Trillo-Figueroa Calvo) contra Telefónica Móviles España SAU (letrada doña Carmen Fernández Muñoz), Sección sindical de Comisiones Obreras (letrado don Ángel Martín Aguado), Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT) (letrado don Javier Berzosa), Sección sindical STC-TME y Ministerio Fiscal sobre impugnación de convenio, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. don Ricardo Bodas Martín.
Antecedentes de hecho
Primero.–Según consta en autos, el día 11-02-2014 se presentó demanda por Confederación General del Trabajo contra Telefónica Móviles SAU, Sección sindical de Comisiones Obreras, Sección sindical de Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (TCM-UGT), Sección sindical STC-TME y Ministerio Fiscal de impugnación de convenio colectivo.
Segundo.–La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día 07-04-2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otro sí de prueba.
Tercero.–Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto.
Cuarto.–Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:
La Confederación General del Trabajo (CGT desde aquí) ratificó su demanda de impugnación de convenio, mediante la cual solicita se anule el párrafo cuarto del art. 38 del VI Convenio, por cuanto la exigencia de estar de alta en la fecha del cobro vulnera lo dispuesto en los artículos 4.2.f), 26.3 y 29, 1 ET.–Mantuvo dicha posición, porque si el trabajador ha devengado la retribución variable en el año precedente, no hay razón para exigirle que permanezca en situación de alta en el momento del cobro.
Telefónica Móviles, SAU se opuso a la demanda, destacando, en primer lugar, que CGT se presentó en coalición con el sindicato SIME a las últimas elecciones sindicales, alcanzando una representatividad suficiente como para tener un miembro en el comité intercentros.
Destacó, por otra parte, que el convenio fue suscrito por cuatro
### RESUMEN: Sentencia Audiencia Nacional que anula un párrafo del convenio Telefónica Móviles. |
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 21 de octubre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en su reunión celebrada el día 12 de julio de 2013 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día 26 de julio de 2013, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria». | Gobierno y Cantabria negocian sobre la prohibición del fracking en una de esas comisiones bilaterales pre TC | Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,
Esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.
Madrid, 21 de octubre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en su reunión celebrada el día 12 de julio de 2013 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día 26 de julio de 2013, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria».
### RESUMEN: Gobierno y Cantabria negocian sobre la prohibición del fracking en una de esas comisiones bilaterales pre TC |
Edicto
Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 6 de julio de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A172/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Castalla), ámbito territorial de la provincia de Alicante, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 100.552,48 euros como consecuencia de las irregularidades relativas a la adquisición de productos de limpieza y lumínicos por parte del Ayuntamiento de Castalla durante los ejercicios 2012 y 2013, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 6 de julio de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. | Tribunal de Cuentas investiga contratos irregulares del Ayto de Castalla (Alicante) por valor de 100.552,48 euros. | Edicto
Por el presente, se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 6 de julio de 2015, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A172/15, del Ramo de Sector Público Local (Ayuntamiento de Castalla), ámbito territorial de la provincia de Alicante, que en dicho Tribunal se sigue juicio con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por valor de 100.552,48 euros como consecuencia de las irregularidades relativas a la adquisición de productos de limpieza y lumínicos por parte del Ayuntamiento de Castalla durante los ejercicios 2012 y 2013, lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.
Madrid, 6 de julio de 2015.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.
### RESUMEN: Tribunal de Cuentas investiga contratos irregulares del Ayto de Castalla (Alicante) por valor de 100.552,48 euros. |
Advertidos errores en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de 26 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 104615, undécimo párrafo del apartado VII del preámbulo, donde dice: «Las prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias se incrementan en un 2,5 por ciento respecto de las cuantías exigibles en 2013.», debe decir: «Las prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias se incrementan en un 0,9 por ciento respecto de las cuantías exigibles en 2013.».
En la página 104672, artículo 47, apartado uno, segundo párrafo, sexta línea, donde dice: «... previsto en ell Texto Refundido...», debe decir: «... previsto en el Texto Refundido...».
En la página 104761, artículo 128, apartado Cinco.5, segundo párrafo, quinta línea, donde dice: «... del Título II, de la Ley...», debe decir: «... del Título II de la Ley...».
En la página 104762, artículo 128, apartado Seis.3, última línea, donde dice: «... Título II, de la Ley...», debe decir: «... Título II de la Ley...».
En la página 104778, disposición adicional vigésima quinta, apartado uno, última línea, donde dice: «Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte», debe decir: «Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte».
En la página 104779, disposición adicional vigésima séptima, en la segunda línea del título y en la segunda línea del primer párrafo, donde dice: «... Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización,... «, debe decir: «... Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,... «.
En la página 104815, disposición final cuarta, apartado Tres, en el tercer párrafo de la página, segunda línea, donde dice: «... hubieran transcurrido quinientos cuarenta y cinco días...», debe decir: «... hubieran transcurrido los quinientos cuarenta y cinco días...».
En la página 104843, disposición final vigésima séptima, tercera y cuarta líneas, donde dice: «... Seguridad Social, que queda redactada como sigue:...», debe decir: «... Seguridad Social, que queda redactado como sigue:...».
En la página 105127, donde dice: «A la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril OTIF» «Alta 17.40.435A.492» y «Baja 17.39.435A.492 «, debe decir: «A la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril OTIF» «Alta 17.40.435A.492.01» y «Baja 17.39.435A.492.01».
En la misma página, última línea, donde dice: «Estudios Estrategia Logística de España....100.000,00» miles de €, debe decir: «Estudios Estrategia Logística de España....100» miles de €. | Corrección de errores de la ley de presupuestos: un par de cifras y muchas comas mal puestas | Advertidos errores en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de 26 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 104615, undécimo párrafo del apartado VII del preámbulo, donde dice: «Las prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias se incrementan en un 2,5 por ciento respecto de las cuantías exigibles en 2013.», debe decir: «Las prestaciones patrimoniales de carácter público aeroportuarias se incrementan en un 0,9 por ciento respecto de las cuantías exigibles en 2013.».
En la página 104672, artículo 47, apartado uno, segundo párrafo, sexta línea, donde dice: «... previsto en ell Texto Refundido...», debe decir: «... previsto en el Texto Refundido...».
En la página 104761, artículo 128, apartado Cinco.5, segundo párrafo, quinta línea, donde dice: «... del Título II, de la Ley...», debe decir: «... del Título II de la Ley...».
En la página 104762, artículo 128, apartado Seis.3, última línea, donde dice: «... Título II, de la Ley...», debe decir: «... Título II de la Ley...».
En la página 104778, disposición adicional vigésima quinta, apartado uno, última línea, donde dice: «Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte», debe decir: «Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte».
En la página 104779, disposición adicional vigésima séptima, en la segunda línea del título y en la segunda línea del primer párrafo, donde dice: «... Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización,... «, debe decir: «... Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,... «.
En la página 104815, disposición final cuarta, apartado Tres, en el tercer párrafo de la página, segunda línea, donde dice: «... hubieran transcurrido quinientos cuarenta y cinco días...», debe decir: «... hubieran transcurrido los quinientos cuarenta y cinco días...».
En la página 104843, disposición final vigésima séptima, tercera y cuarta líneas, donde dice: «... Seguridad Social, que queda redactada como sigue:...», debe decir: «... Seguridad Social, que queda redactado como sigue:...».
En la página 105127, donde dice: «A la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril OTIF» «Alta 17.40.435A.492» y «Baja 17.39.435A.492 «, debe decir: «A la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril OTIF» «Alta 17.40.435A.492.01» y «Baja 17.39.435A.492.01».
En la misma página, última línea, donde dice: «Estudios Estrategia Logística de España....100.000,00» miles de €, debe decir: «Estudios Estrategia Logística de España....100» miles de €.
### RESUMEN: Corrección de errores de la ley de presupuestos: un par de cifras y muchas comas mal puestas |
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado» de la revocación de la declaración de utilidad pública de la siguiente entidad:
Asociación inscrita en el Registro de la Comunidad Autónoma:
Denominación: Asociación Forque. CCAA: Comunidad Valenciana. Sección: 1. N.º Reg. CCAA: 282. Fecha de revocación de la utilidad pública: 30-10-2012.
Madrid, 17 de diciembre de 2012.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez. | Esta entidad juvenil del Opus Dei va a tener que quitar de su web eso de la 'utilidad pública' | En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado» de la revocación de la declaración de utilidad pública de la siguiente entidad:
Asociación inscrita en el Registro de la Comunidad Autónoma:
Denominación: Asociación Forque. CCAA: Comunidad Valenciana. Sección: 1. N.º Reg. CCAA: 282. Fecha de revocación de la utilidad pública: 30-10-2012.
Madrid, 17 de diciembre de 2012.–El Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez.
### RESUMEN: Esta entidad juvenil del Opus Dei va a tener que quitar de su web eso de la 'utilidad pública' |
De acuerdo con la Disposición Final Tercera del Real Decreto 220/2001, de 2 de marzo, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por aviones civiles, se dicta la Resolución de 9 de enero de 2002, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen criterios operacionales para la aplicación uniforme del requisito establecido en JAR-OPS 1.110 relativo al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo (Circular Operativa 01/02).
Con fecha 5 de octubre de 2012 la Comisión Europea adoptó, como medidas de aplicación conforme con el Reglamento (CE) n.º 216/2008, el Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
El citado Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, continuando con lo dispuesto en JAR OPS 1.110, establece criterios y requisitos operacionales para el uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo.
Paralelamente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), conforme al artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 216/2008, y por medio de las Decisiones adoptadas n.º 2012/015, 2012/016, 2012/017, 2012/018 y 2012/019 de 24 de octubre de 2012, publicó medios aceptables de cumplimiento (aceptable means of compliance AMC), así como también material guía (guidance material GM) para la aplicación del citado Reglamento (CE) n.º 216/2008, y de sus normas de implementación [Reglamento (UE) n.º 965/2012].
En particular, el anexo a la Decisión 2012/018/R, de 24 de octubre de 2012, del Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, establece los medios aceptables de cumplimiento y el material guía que recogen los criterios y requisitos operacionales relativos al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves.
Recientemente, la Decisión 2012/018/R del Director de EASA ha sido revisada adoptando la Decisión n.º 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013, aplicable al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves, además de lo previsto en EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013.
Estos medios aceptables de cumplimiento y guías asociados, han sido actualizados en relación a lo que se contemplaba en la JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 29 «Guidance Concerning the Use of Portable Electronic Devices on Board Aircraft» y que sirvió de base para dictar la Resolución de 9 de enero de 2002 de la Dirección General de Aviación Civil (Circular Operativa 01/02).
Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación civil en la Unión Europea, las medidas de aplicación deben reflejar el estado actual de la técnica, en particular las mejores prácticas, así como los progresos científicos y técnicos en materia de operaciones aéreas, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos acordados bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional y por las Autoridades Conjuntas de Aviación Europeas hasta el 30 de junio de 2009, así como la legislación vigente sobre especificidades nacionales.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea como autoridad supervisora del cumplimiento de la normativa en el ámbito de la aviación civil en España, y por las facultades conferidas por el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es la encargada de establecer y mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad en dicho ámbito, de conformidad con el objetivo principal del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento y del Consejo de 20 de febrero de 2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE.
En virtud de todo lo expuesto, la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, resuelve, la aplicación obligatoria de lo dispuesto en el punto AMC1 CAT.GEN.MPA.140 de las Decisiones 2012/018/R de 24 de octubre de 2012 modificada por la Decisión 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013 y sus anexos adoptadas por el Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, así como lo dispuesto EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, como medio de cumplimiento para lo establecido en OPS 1.110 (Reglamento (CE) 859/2008 de 20 de agosto que modifica el Reglamento (CEE) 3922/1991 del Consejo en lo relativo a los procedimientos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión), y JAR OPS 3.110 (Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo del Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros civiles).
Esta resolución dejará sin efecto lo contemplado en la Circular 01/02 en todo lo que contradiga la presente resolución.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de diciembre de 2013.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno. | España adapta la norma europea que permite usar móviles y tablets en despegue y aterrizaje | De acuerdo con la Disposición Final Tercera del Real Decreto 220/2001, de 2 de marzo, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por aviones civiles, se dicta la Resolución de 9 de enero de 2002, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen criterios operacionales para la aplicación uniforme del requisito establecido en JAR-OPS 1.110 relativo al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo (Circular Operativa 01/02).
Con fecha 5 de octubre de 2012 la Comisión Europea adoptó, como medidas de aplicación conforme con el Reglamento (CE) n.º 216/2008, el Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
El citado Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, continuando con lo dispuesto en JAR OPS 1.110, establece criterios y requisitos operacionales para el uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo.
Paralelamente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), conforme al artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 216/2008, y por medio de las Decisiones adoptadas n.º 2012/015, 2012/016, 2012/017, 2012/018 y 2012/019 de 24 de octubre de 2012, publicó medios aceptables de cumplimiento (aceptable means of compliance AMC), así como también material guía (guidance material GM) para la aplicación del citado Reglamento (CE) n.º 216/2008, y de sus normas de implementación [Reglamento (UE) n.º 965/2012].
En particular, el anexo a la Decisión 2012/018/R, de 24 de octubre de 2012, del Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, establece los medios aceptables de cumplimiento y el material guía que recogen los criterios y requisitos operacionales relativos al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves.
Recientemente, la Decisión 2012/018/R del Director de EASA ha sido revisada adoptando la Decisión n.º 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013, aplicable al uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves, además de lo previsto en EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013.
Estos medios aceptables de cumplimiento y guías asociados, han sido actualizados en relación a lo que se contemplaba en la JAA Temporary Guidance Leaflet TGL 29 «Guidance Concerning the Use of Portable Electronic Devices on Board Aircraft» y que sirvió de base para dictar la Resolución de 9 de enero de 2002 de la Dirección General de Aviación Civil (Circular Operativa 01/02).
Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación civil en la Unión Europea, las medidas de aplicación deben reflejar el estado actual de la técnica, en particular las mejores prácticas, así como los progresos científicos y técnicos en materia de operaciones aéreas, teniendo en cuenta los requisitos técnicos y los procedimientos administrativos acordados bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional y por las Autoridades Conjuntas de Aviación Europeas hasta el 30 de junio de 2009, así como la legislación vigente sobre especificidades nacionales.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea como autoridad supervisora del cumplimiento de la normativa en el ámbito de la aviación civil en España, y por las facultades conferidas por el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es la encargada de establecer y mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad en dicho ámbito, de conformidad con el objetivo principal del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento y del Consejo de 20 de febrero de 2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE.
En virtud de todo lo expuesto, la Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, resuelve, la aplicación obligatoria de lo dispuesto en el punto AMC1 CAT.GEN.MPA.140 de las Decisiones 2012/018/R de 24 de octubre de 2012 modificada por la Decisión 2013/028/R de 26 de noviembre de 2013 y sus anexos adoptadas por el Director de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, así como lo dispuesto EASA Safety Information Bulletin (SIB: 2013-21) de 9 de diciembre de 2013, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre, como medio de cumplimiento para lo establecido en OPS 1.110 (Reglamento (CE) 859/2008 de 20 de agosto que modifica el Reglamento (CEE) 3922/1991 del Consejo en lo relativo a los procedimientos técnicos y los procedimientos administrativos comunes aplicables al transporte comercial por avión), y JAR OPS 3.110 (Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo del Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros civiles).
Esta resolución dejará sin efecto lo contemplado en la Circular 01/02 en todo lo que contradiga la presente resolución.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de diciembre de 2013.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.
### RESUMEN: España adapta la norma europea que permite usar móviles y tablets en despegue y aterrizaje |
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Instituto Cervantes e Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, para el desarrollo de actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes.
Madrid, 15 de diciembre de 2021.–La Secretaria General del Instituto Cervantes, Carmen Noguero Galilea.
Convenio entre el Instituto Cervantes e Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, para el desarrollo de actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes
De una parte, don Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio de 2018 (BOE de 21 de julio), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto Cervantes, con domicilio a los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 49, 28014 Madrid y NIF Q-2812007-I. En adelante, el «Instituto Cervantes» o «el IC».
Y de otra parte, don Juan Cierco Jiménez de Parga, Director Corporativo y doña María Jesús López Solás, Directora Comercial de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, actuando ambos mancomunadamente, conforme al poder conferido a su favor mediante escritura pública otorgada en fecha 4 de junio de 2021 ante la Notario de Madrid doña Ana Farnández-Tresguerres García, con número 1.270 de orden de su protocolo, en nombre y representación de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, con domicilio a los efectos del presente Convenio en Martínez Villergas, 49, 28027, Madrid, y con NIF A85850394. En adelante, «Iberia».
El Instituto Cervantes e Iberia serán denominados en adelante conjuntamente como las «partes» y cada una de ellas individualmente como la «parte».
Ambas partes, que manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, suscriben el presente Convenio y, a tal efecto,
MANIFIESTAN
I. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público, sin ánimo de lucro, creado al amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyos fines y objetivos primordiales son la promoción universal de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior.
II. Que el Instituto Cervantes es considerado una entidad beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
III. Que Iberia es una sociedad constituida con duración indefinida el 23 de diciembre de 2009 mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Antonio Fernández-Golfín Aparicio, con el número 2.980 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27.301, folio 79, hoja M491912. Su objeto social comprende, entre otras, las siguientes actividades: Explotación del transporte aéreo de personas, mercancías de todas clases y correo.
IV. Que Iberia mantiene un compromiso de contribución al desarrollo que va más allá de su actividad empresarial/social. Éste se concreta en una amplia labor de patrocinio en actividades de interés general e iniciativas que generen un alto valor para Iberia.
V. Que Iberia conoce las iniciativas que lleva a cabo el Instituto Cervantes, y, específicamente, tiene interés en colaborar en el desarrollo de las actividades culturales y académicas que este programa.
VI. Que, con fecha 30 de agosto de 2019, el Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ha autorizado el modelo normalizado del Convenio al que el presente Convenio se ajusta.
VII. A los efectos de lo previsto en el artículo 50.2 de la citada Ley 40/2015, el presente Convenio responde a un modelo-tipo de Convenio de patrocinio en especie, autorizado por el Ministerio de Hacienda en fecha 30 de agosto de 2019.
VIII. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto Cervantes e Iberia acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
En virtud del presente Convenio, Iberia se compromete a colaborar con el Instituto Cervantes, mediante la aportación en especie establecida en la cláusula segunda, que este último destinará íntegramente y con carácter exclusivo al desarrollo de sus actividades culturales y académicas en su centro en Dakar, Senegal, como:
– La inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo centro del Instituto Cervantes en Dakar que cuenta, entre otros servicios, con una biblioteca.
Segunda. Aportación económica y forma de pago.
Iberia realizará la siguiente aportación en especie para el desarrollo de las actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes indicadas en la cláusula anterior:
– Transporte de España a Dakar de material para el centro del IC en Dakar, en especial, fondo de biblioteca y otros materiales como libros y recursos para el aprendizaje del español hasta un máximo de 4 metros cúbicos. Cualquier exceso de volumen sobre los 4 metros cúbicos se facturará a una tarifa preferencial.
Esta aportación en especie se valora en la cantidad total máxima de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete euros (2.447 €). La valoración de la aportación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
El Instituto Cervantes, una vez reciba, en su caso, la mencionada aportación, remitirá a Iberia la oportuna certificación acreditativa de la aportación realizada a efectos de lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su Reglamento de desarrollo, según el modelo incluido como anejo I.
El Instituto Cervantes se compromete a destinar la aportación recibida exclusivamente a las actividades de interés general contempladas en el presente Convenio.
El Instituto Cervantes destinará todos los recursos, humanos y/o materiales, que resulten necesarios para el cumplimiento de las actividades culturales y académicas a que se refiere la cláusula primera y que correrán de su exclusiva cuenta y cargo.
La difusión que el Instituto Cervantes realice, de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio, de la participación de Iberia en sus actividades, no constituirá una prestación de servicios, en virtud de la aplicación a este Convenio del artículo 25, de la Ley 49/2002, relativo a los Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. En vista de lo anterior, este Convenio no está sujeto a IVA.
Tercera. Difusión.
En tanto el presente Convenio permanezca en vigor, el Instituto Cervantes se compromete a difundir por cualquiera de los medios que utilice habitualmente la participación de Iberia en las actividades objeto de este Convenio.
En concreto, el Instituto Cervantes se compromete a insertar la marca, denominación o logo que le sea proporcionada por Iberia, en cuantos materiales, comunicaciones o páginas web se divulguen, publiquen o editen en relación con las actividades objeto de la presente colaboración, así como a mencionar la colaboración de Iberia, en todos los actos de difusión de dichas actividades. En este sentido, el Instituto Cervantes se compromete a no utilizar fuera de los casos previstos en el presente Convenio la marca, denominación o logo de Iberia, así como a no dañar su imagen bajo ningún concepto.
Iberia podrá, asimismo, hacer pública y difundir, por sus propios medios la aportación a las actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes, para mejor difusión y conocimiento de la colaboración que es objeto de este Convenio, podrán acordar la realización de actos institucionales, de inauguración o de presentación pública de la actividad de colaboración. En tales actos, las partes podrán utilizar sus logotipos o signos distintivos conforme a las condiciones que acuerden.
Cuarta. Compromiso de comportamiento ético.
El Instituto Cervantes actuará de acuerdo con la normativa interna de obligado cumplimiento para Iberia, en materia de Buen Gobierno ética y conducta de colaboradores y proveedores, cuyo contenido el Instituto Cervantes declara conocer, en la medida en que la misma le sea aplicable a esta parte, atendidas las características particulares de la colaboración entre las partes.
Quinta. Vigencia y eficacia del Convenio.
El presente Convenio se perfecciona por el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su vigencia se extenderá hasta la fecha de terminación de las actividades que se citan en la cláusula primera y, en todo caso, su duración máxima, conforme a lo previsto en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, será como máximo de cuatro años. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
El Instituto Cervantes realizará la preceptiva comunicación de la firma del presente Convenio al correspondiente Registro y la tramitación de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Sin perjuicio de la difusión a que se refiere este Convenio, las partes se obligan a observar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información que, con ocasión del presente Convenio, reciban de la otra parte. Dicha obligación se extiende a cuantas personas o empresas se contraten por cualquiera de las partes para la ejecución del presente Convenio, a cuyo efecto las partes se obligan a poner en conocimiento y exigir de las mismas el cumplimiento de idéntica obligación de confidencialidad.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir ni ceder información o material facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona, física o jurídica, la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte, manifestada expresamente y por escrito.
Las partes igualmente se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.
Séptima. Propiedad intelectual e industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos nombres, logos, marcas o cualquier otro bien protegido por las leyes vigentes en materia de propiedad industrial.
El presente Convenio no supone cesión, transmisión o renuncia de los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando ambas partes todos los derechos sobre sus nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.
Ambas partes aprobarán, previamente a su publicación, todo material elaborado en desarrollo del presente Convenio que incluya sus signos distintivos.
Octava. Modificación.
Las partes podrán modificar el presente Convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo y por escrito, y de conformidad con lo previsto en la citada Ley 40/2015.
Novena. Seguimiento y resolución de controversias.
Cada parte designará al responsable del seguimiento y control del presente Convenio.
Dichos responsables resolverán de mutuo acuerdo las incidencias que se pudieran plantear sobre la interpretación y el cumplimiento del mismo.
Décima. Causas de extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la extinción de los Convenios, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución previstas en el apartado 2 de dicho artículo.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
Como consecuencia de lo anterior, la parte perjudicada por el incumplimiento notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio no dará lugar a indemnización alguna, salvo en caso de que la actividad patrocinada no se llegase a ejecutar por causa no imputable al patrocinador, en cuyo caso el Instituto Cervantes procederá al reintegro total o parcial de lo aportado por el patrocinador.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.
Los efectos de la resolución del Convenio se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, respecto al apartado 3 de este artículo cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio y existan actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables del seguimiento y control de la ejecución del presente Convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas en el plazo improrrogable de seis meses.
Undécima. Ley aplicable y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en el capítulo VI del título preliminar regula los acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Asimismo, le serán de aplicación las disposiciones aplicables al mismo, contenidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que contiene su desarrollo reglamentario.
Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio, se resolverán de forma amistosa entre los representantes designados por las partes para el seguimiento y control del presente Convenio. No obstante, si ello no fuera posible, ambas partes acuerdan expresamente someterse al orden jurisdiccional contencioso administrativo según las previsión de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo firman el 26 de noviembre de 2021.–Por el Instituto Cervantes, el Director, Luis Manuel García Montero.–Por Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, el Director Corporativo, Juan Cierco Jiménez de Parga, y la Directora Comercial, María Jesús López Solás.
ANEJO I
Certificación justificativa como entidad beneficiaria de mecenazgo derivada del Convenio entre el Instituto Cervantes e Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal
El artículo 25, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, regula los Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, en los que la entidad beneficiaria se compromete a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades. De conformidad con lo anterior se expide la presente certificación justificativa como entidad beneficiaria de mecenazgo derivada de Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.
1. Datos de identificación.
Entidad colaboradora:
Nombre:
Dirección:
NIF:
Entidad beneficiaria:
Nombre: Instituto Cervantes.
Dirección: Calle Alcalá, 49.
NIF: Q-2812007-I.
El Instituto Cervantes se encuentra incluido entre las entidades reguladas en el artículo 16 de la mencionada Ley 49/2002. La aportación, será destinada a la realización de actividades que se efectúen en cumplimiento de los fines para los que fue creado el Instituto Cervantes: Promoción universal del español y difusión de la cultura en el exterior.
2. Datos de la aportación:
– Descripción de los bienes, derechos o servicios que serán aportados: ----
– Fecha de la aportación: ----
– Valoración de la aportación: ---
3. Destino de la aportación:
(Especificar las actividades concretas a que se destina la aportación):
Se expide la presente certificación en duplicado ejemplar, en Madrid, a ..... de ....... de 20…
Por el Instituto Cervantes
Certificación recibida por la entidad colaboradora
Fdo.: --------------
Fdo:----------------- | Hay convenios en los que da la sensación de que el papeleo y el tiempo empleado valen más que lo aportado, como este con Iberia para llevar 4 metros cúbicos de libros para el nuevo Instituto Cervantes de Dakar, valorado en 2.447 euros. | De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Instituto Cervantes e Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, para el desarrollo de actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes.
Madrid, 15 de diciembre de 2021.–La Secretaria General del Instituto Cervantes, Carmen Noguero Galilea.
Convenio entre el Instituto Cervantes e Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, para el desarrollo de actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes
De una parte, don Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio de 2018 (BOE de 21 de julio), y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto Cervantes, con domicilio a los efectos del presente Convenio en la calle Alcalá, 49, 28014 Madrid y NIF Q-2812007-I. En adelante, el «Instituto Cervantes» o «el IC».
Y de otra parte, don Juan Cierco Jiménez de Parga, Director Corporativo y doña María Jesús López Solás, Directora Comercial de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, actuando ambos mancomunadamente, conforme al poder conferido a su favor mediante escritura pública otorgada en fecha 4 de junio de 2021 ante la Notario de Madrid doña Ana Farnández-Tresguerres García, con número 1.270 de orden de su protocolo, en nombre y representación de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, Sociedad Unipersonal, con domicilio a los efectos del presente Convenio en Martínez Villergas, 49, 28027, Madrid, y con NIF A85850394. En adelante, «Iberia».
El Instituto Cervantes e Iberia serán denominados en adelante conjuntamente como las «partes» y cada una de ellas individualmente como la «parte».
Ambas partes, que manifiestan y aseguran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, suscriben el presente Convenio y, a tal efecto,
MANIFIESTAN
I. Que el Instituto Cervantes es un Organismo público, sin ánimo de lucro, creado al amparo de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyos fines y objetivos primordiales son la promoción universal de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior.
II. Que el Instituto Cervantes es considerado una entidad beneficiaria del mecenazgo de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
III. Que Iberia es una sociedad constituida con duración indefinida el 23 de diciembre de 2009 mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Antonio Fernández-Golfín Aparicio, con el número 2.980 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27.301, folio 79, hoja M491912. Su objeto social comprende, entre otras, las siguientes actividades: Explotación del transporte aéreo de personas, mercancías de todas clases y correo.
IV. Que Iberia mantiene un compromiso de contribución al desarrollo que va más allá de su actividad empresarial/social. Éste se concreta en una amplia labor de patrocinio en actividades de interés general e iniciativas que generen un alto valor para Iberia.
V. Que Iberia conoce las iniciativas que lleva a cabo el Instituto Cervantes, y, específicamente, tiene interés en colaborar en el desarrollo de las actividades culturales y académicas que este programa.
VI. Que, con fecha 30 de agosto de 2019, el Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ha autorizado el modelo normalizado del Convenio al que el presente Convenio se ajusta.
VII. A los efectos de lo previsto en el artículo 50.2 de la citada Ley 40/2015, el presente Convenio responde a un modelo-tipo de Convenio de patrocinio en especie, autorizado por el Ministerio de Hacienda en fecha 30 de agosto de 2019.
VIII. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto Cervantes e Iberia acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
En virtud del presente Convenio, Iberia se compromete a colaborar con el Instituto Cervantes, mediante la aportación en especie establecida en la cláusula segunda, que este último destinará íntegramente y con carácter exclusivo al desarrollo de sus actividades culturales y académicas en su centro en Dakar, Senegal, como:
– La inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo centro del Instituto Cervantes en Dakar que cuenta, entre otros servicios, con una biblioteca.
Segunda. Aportación económica y forma de pago.
Iberia realizará la siguiente aportación en especie para el desarrollo de las actividades culturales y académicas del Instituto Cervantes indicadas en la cláusula anterior:
– Transporte de España a Dakar de material para el centro del IC en Dakar, en especial, fondo de biblioteca y otros materiales como libros y recursos para el aprendizaje del español hasta un máximo de 4 metros cúbicos. Cualquier exceso de volumen sobre los 4 metros cúbicos se facturará a una tarifa preferencial.
### RESUMEN: Hay convenios en los que da la sensación de que el papeleo y el tiempo empleado valen más que lo aportado, como este con Iberia para llevar 4 metros cúbicos de libros para el nuevo Instituto Cervantes de Dakar, valorado en 2.447 euros. |
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de octubre de 2012,
Vengo en nombrar a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Presidente de la Delegación que asistirá el próximo día 21 de octubre de 2012 a la Ceremonia de Canonización, en el Vaticano, de la Beata Carmen Sallés y Barangueras.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | Jorge Fernández Diaz presidirá la delegación española al Vaticano en la canonización de la beata Carmen Sallés y Barangueras. | A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de octubre de 2012,
Vengo en nombrar a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, Presidente de la Delegación que asistirá el próximo día 21 de octubre de 2012 a la Ceremonia de Canonización, en el Vaticano, de la Beata Carmen Sallés y Barangueras.
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
### RESUMEN: Jorge Fernández Diaz presidirá la delegación española al Vaticano en la canonización de la beata Carmen Sallés y Barangueras. |
La Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo, fue incorporada al Derecho español mediante el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Dicho real decreto establece las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a agentes cancerígenos o mutágenos como consecuencia de su trabajo y tiene como objeto la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, así como la prevención de dichos riesgos.
La Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, fue posteriormente modificada en diversas ocasiones lo que llevó a su codificación aprobándose la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (versión codificada).
Actualmente la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, ha sido modificada mediante la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Se modifican, en concreto, el anexo I que contiene la lista de sustancias, mezclas y procedimientos, y el anexo III referido a los valores límite de exposición profesional para determinados agentes cancerígenos.
A consecuencia de ello resulta necesario modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, con objeto de cumplir con la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, actualizando su anexo I, para añadir los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo, y su anexo III, para incorporar los nuevos agentes de la directiva y sus correspondientes valores límite de exposición profesional.
Con la modificación del real decreto aumentará el nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en el trabajo, dado que la implantación de valores límite para determinados agentes cancerígenos o mutágenos contribuirá a reducir de manera significativa los riesgos derivados de estas exposiciones.
Con el objetivo de garantizar la mejor protección de la salud y la seguridad en el trabajo en relación con la exposición al polvo respirable de la sílice cristalina, y teniendo en cuenta las posibilidades técnicas, el Instituto Nacional de Silicosis procederá a elaborar una guía para la prevención del riesgo por exposición a la sílice cristalina respirable en el ámbito laboral, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que prestará su apoyo técnico. Esta guía podrá adoptarse como referencia en el proceso de evaluación de riesgos laborales, conforme prevé el artículo 5.3.b) del Real Decreto 39/1997, 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El real decreto responde a la necesidad de transposición de una directiva europea. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir lo previsto en la misma. En cuanto al principio de seguridad jurídica, la norma establece de manera clara los límites que han de aplicarse. Además, cumple con el principio de transparencia ya que en su elaboración ha habido una amplia participación de los sectores implicados, identifica claramente su propósito y la memoria ofrece una explicación completa de su contenido. Por último, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas.
Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, en la mejora de la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras.
El real decreto consta de un artículo, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales. En su artículo único se procede a modificar los artículos 6 y 9, los anexos I y III, así como a modificar el título de la disposición adicional única y a incluir una nueva disposición adicional al Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
La modificación del artículo 6 tiene como objeto especificar que, para garantizar la salud y seguridad de las personas trabajadoras, el tiempo necesario para el aseo personal debe dedicarse a los fines previstos.
En la modificación del artículo 9 se procede a incluir una referencia genérica, que sustituya a la actual, sobre la normativa de protección de datos de carácter personal.
La disposición adicional única pasa a denominarse disposición adicional primera ya que se introduce una disposición adicional segunda.
La introducción de la disposición adicional segunda es necesaria dado que la normativa laboral vigente incluye numerosas referencias a normativa específica sobre agentes cancerígenos o mutágenos actualmente derogada.
Nuevamente la disposición final primera requiere la adición de un párrafo en el que se especifica que, en cada actualización de la guía técnica, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo propondrá criterios técnicos que faciliten la aplicación práctica de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la inclusión de nuevos valores límite vinculantes que puedan establecerse en los anexos del real decreto.
En el anexo I se añaden a la lista de sustancias, mezclas y procedimientos, los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo.
En el nuevo anexo III se incluirán con su correspondiente valor límite los siguientes agentes:
Polvo de maderas duras; compuestos de cromo VI que son cancerígenos (en el sentido del propio real decreto); fibras cerámicas refractarias que son cancerígenos (en el sentido del propio real decreto); polvo respirable de sílice cristalina; benceno; cloruro de vinilo monómero; óxido de etileno; 1,2-epoxipropano; acrilamida; 2-Nitropropano; o-toluidina; 1,3-butadieno; hidracina y, por último, bromoetileno.
En el mismo anexo se mantiene para el benceno el valor límite de exposición profesional que ya existía en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Respecto a los otros dos agentes, cloruro de vinilo monómero y polvo de maderas duras, que ya contaban en el mismo real decreto con sus correspondientes valores límite, se establecen nuevos valores de acuerdo con la directiva que ahora se transpone, incluyendo un período transitorio en el caso del polvo de maderas duras.
En el anexo III se incluye, también, el período transitorio establecido por la directiva para los compuestos de cromo VI que son cancerígenos.
Para el resto de los agentes ahora regulados se establecen los valores límite de exposición profesional de la directiva, excepto para el polvo respirable de sílice cristalina, la acrilamida y el bromoetileno, para los que se incluyen, de acuerdo con el criterio técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los valores límite ambientales publicados por este Instituto en el «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España», estableciéndose en el caso del polvo respirable de sílice cristalina, como medida transitoria, un valor límite de 0,1 mg/m3 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es importante indicar aquí que cuando en determinados puestos de trabajo no involucrados directamente con las actividades mencionadas en el artículo 1 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, pero que, por otras circunstancias, no esté clara una posible exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, sería necesario confirmar la presencia de los mismos. En estos puestos de trabajo, cuando el agente cancerígeno o mutágeno se encuentre de forma habitual en el aire exterior (urbano o rural) a muy bajas concentraciones, la presencia en el lugar de trabajo se podría entender como concentraciones ambientales significativamente superiores a las que son normales en el aire exterior.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
La disposición final primera se refiere a la atribución constitucional de competencias en materia laboral. En la disposición final segunda se indica que mediante este real decreto se lleva a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. La disposición final tercera incluye como entrada en vigor el día siguiente al de la publicación del real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».
Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ha sido sometido a los trámites de consulta pública previa e información y audiencia pública y en su elaboración han sido consultadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como las Comunidades Autónomas, y ha sido oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del Ministro de Sanidad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
El Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos como expuestos dispondrán, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Este tiempo en ningún caso podrá acumularse ni utilizarse para fines distintos a los previstos en este apartado».
Dos. El apartado 4 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«4. El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse en los términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal».
Tres. Se modifica el título de la disposición adicional única que pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera. Remisión de documentación e información a las autoridades sanitarias».
Cuatro. Se introduce una disposición adicional segunda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Referencia a agentes cancerígenos o mutágenos en las normas laborales vigentes.
Toda referencia hecha a agentes cancerígenos o mutágenos en las normas laborales vigentes deberá entenderse hecha a los incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto».
Cinco. Se añade un nuevo párrafo en la disposición final primera con la siguiente redacción:
«Cada actualización de la Guía Técnica, en particular, prestará especial atención a los cambios introducidos en los anexos del real decreto y propondrá criterios técnicos que faciliten la aplicación práctica de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la inclusión de nuevos valores límite vinculantes».
Seis. En el anexo I se añade un nuevo apartado 6, con el siguiente contenido:
«6. Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo».
Siete. El cuadro que figura en el anexo III, valores límite de exposición profesional, se sustituye por el siguiente:
«ANEXO III
Valores límite de exposición profesional
Nombre del agente
N.º CE (1)
N.º CAS (2)
Valores límite (3)
Observaciones
Medidas transitorias
mg/m3(4)
ppm (5)
f/ml (6)
Polvo de maderas duras.
–
–
2 (7)
–
–
–
Valor límite: 3 mg/m3 hasta el 17 de enero de 2023.
Compuestos de cromo VI que son cancerígenos en el sentido del artículo 2.1 del presente real decreto(expresados en cromo).
–
–
0,005
–
–
–
Valor límite: 0,010 mg/m3 hasta el 17 de enero de 2025. Valor límite: 0,025 mg/m3 para procesos de soldadura o de corte por chorro de plasma u otros similares que generen humo, hasta el 17 de enero de 2025.
Fibras cerámicas refractarias que son cancerígenos en el sentido del artículo 2.1 del presente real decreto.
–
–
–
–
0,3
–
Polvo respirable de sílice cristalina.
–
–
0,05 (8)
–
–
–
Valor límite: 0,1 mg/m3 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Benceno.
200–753–7
71–43–2
3,25
1
–
Piel (9)
Cloruro de vinilo monómero.
200–831–0
75–01–4
2,6
1
–
–
Óxido de etileno.
200–849–9
75–21–8
1,8
1
−
Piel (9)
1,2–epoxipropano.
200–879–2
75–56–9
2,4
1
–
–
Acrilamida.
201–173–7
79–06–1
0,03
–
–
Piel (9)
2–Nitropropano.
201–209–1
79–46–9
18
5
–
–
o–Toluidina.
202–429–0
95–53–4
0,5
0,1
–
Piel (9)
1,3–Butadieno.
203–450–8
106–99–0
2,2
1
–
–
Hidracina.
206–114–9
302–01–2
0,013
0,01
–
Piel (9)
Bromoetileno.
209–800–6
593–60–2
2,2
0,5
–
–
(1) El número CE, es decir, EINECS, ELINCS o de «ex-polímero (NLP)», es el número oficial de la sustancia en la Unión Europea, tal como se define en la sección 1.1.1.2 del anexo VI, parte 1, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
(2) N.º CAS: número de registro del Chemical Abstracts Service.
(3) Medidos o calculados en relación con un período de referencia de ocho horas.
(4) mg/m3 = miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 kPa (760 mm de presión de mercurio).
(5) ppm = partes por millón en volumen de aire (ml/m3).
(6) f/ml = fibras por mililitro.
(7) Fracción inhalable: si el polvo de maderas duras se mezcla con polvo de otras maderas, el valor límite se aplicará a todo el polvo de madera presente en la mezcla.
(8) Fracción respirable.
(9) Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO | Decreto que incluye 13 nuevos agentes cancerígenos a controlar por temas de seguridad laboral, aplicando directiva europea. | La Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo, fue incorporada al Derecho español mediante el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Dicho real decreto establece las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a agentes cancerígenos o mutágenos como consecuencia de su trabajo y tiene como objeto la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, así como la prevención de dichos riesgos.
La Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, fue posteriormente modificada en diversas ocasiones lo que llevó a su codificación aprobándose la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (versión codificada).
Actualmente la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, ha sido modificada mediante la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. Se modifican, en concreto, el anexo I que contiene la lista de sustancias, mezclas y procedimientos, y el anexo III referido a los valores límite de exposición profesional para determinados agentes cancerígenos.
A consecuencia de ello resulta necesario modificar el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, con objeto de cumplir con la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, actualizando su anexo I, para añadir los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo, y su anexo III, para incorporar los nuevos agentes de la directiva y sus correspondientes valores límite de exposición profesional.
Con la modificación del real decreto aumentará el nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en el trabajo, dado que la implantación de valores límite para determinados agentes cancerígenos o mutágenos contribuirá a reducir de manera significativa los riesgos derivados de estas exposiciones.
Con el objetivo de garantizar la mejor protección de la salud y la seguridad en el trabajo en relación con la exposición al polvo respirable de la sílice cristalina, y teniendo en cuenta las posibilidades técnicas, el Instituto Nacional de Silicosis procederá a elaborar una guía para la prevención del riesgo por exposición a la sílice cristalina respirable en el ámbito laboral, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que prestará su apoyo técnico. Esta guía podrá adoptarse como referencia en el proceso de evaluación de riesgos laborales, conforme prevé el artículo 5.3.b) del Real Decreto 39/1997, 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El real decreto responde a la necesidad de transposición de una directiva europea. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir lo previsto en la misma. En cuanto al principio de seguridad jurídica, la norma establece de manera clara los límites que han de aplicarse. Además, cumple con el principio de transparencia ya que en su elaboración ha habido una amplia participación de los sectores implicados, identifica claramente su propósito y la memoria ofrece una explicación completa de su contenido. Por último, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas.
Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, en la mejora de la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras.
El real decreto consta de un artículo, una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales. En su artículo único se procede a modificar los artículos 6 y 9, los anexos I y III, así como a modificar el título de la disposición adicional única y a incluir una nueva disposición adicional al Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
La modificación del artículo 6 tiene como objeto especificar que, para garantizar la salud y seguridad de las personas trabajadoras, el tiempo necesario para el aseo personal debe dedicarse a los fines previstos.
En la modificación del artículo 9 se procede a incluir una referencia genérica, que sustituya a la actual, sobre la normativa de protección de datos de carácter personal.
La disposición adicional única pasa a denominarse disposición adicional primera ya que se introduce una disposición adicional segunda.
La introducción de la disposición adicional segunda es necesaria dado que la normativa laboral vigente incluye numerosas referencias a normativa específica sobre agentes cancerígenos o mutágenos actualmente derogada.
Nuevamente la dispos
### RESUMEN: Decreto que incluye 13 nuevos agentes cancerígenos a controlar por temas de seguridad laboral, aplicando directiva europea. |
1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
1.2) Número de identificación fiscal:
S2833002E.
1.3) Dirección:
José Marañón, 12.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28010.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
juntadecontratacion@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8czYaL6H9arz3GQd5r6SQ%3D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Servicios de Carácter General.
4. Códigos CPV:
79341400 (Servicios de campañas de publicidad).
5. Lugar principal de prestación de los servicios:
ES300.
6. Descripción de la licitación:
Servicio de Creatividad, Realización y Producción de una Campaña de Publicidad Institucional para la atracción de Talento Digital en las Administraciones Públicas.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto acelerado (La memoria elaborada por la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano del Ministeriode Hacienda y Función Pública, en la que se motiva la tramitación urgente del presente expediente decontratación.).
9. Criterios de adjudicación:
9.1)
Precio (Ponderación: 55%).
9.2)
Propuesta creativa de GIF al menos imagen principal del vídeo y hashtag (Ponderación: 5%).
9.3)
Propuesta creativa para Internet (banner y estrategias en redes sociales) (Ponderación: 10%).
9.4)
Propuesta creativa para medios de expresión gráfica (Ponderación: 5%).
9.5)
Propuesta de cuña para radio (Ponderación: 9%).
9.6)
Propuesta de rediseño de logo e imagen corporativa (Ponderación: 6%).
9.7)
Propuesta de Spot para Televisión (Ponderación: 10%).
10. Fecha de adjudicación:
13 de enero de 2022.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
1.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
0.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
CONTRAPUNTO BARCELONA, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal:
B61124970.
12.3) Dirección:
C/ Tusset nº 5.
12.4) Localidad:
Barcelona.
12.6) Código postal:
08006.
12.7) País:
España.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
380.135,46 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste:
380.135,46 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste:
330.552,58 euros.
15. Información sobre fondos de la Unión Europea:
Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección:
Avda General Perón 38, .
16.1.3) Localidad:
Madrid.
16.1.5) Código postal:
28071.
16.1.6) País:
España.
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)
ID: 2021-372748. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de octubre de 2021).
17.2)
ID: 2021/S 208-544720. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (26 de octubre de 2021).
17.3)
ID: 2021-372748. Anuncio de Licitación publicado en BOE (29 de octubre de 2021).
17.4)
ID: 2022-597208. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (30 de marzo de 2022).
18. Fecha de envío del anuncio:
30 de marzo de 2022.
Madrid, 30 de marzo de 2022.- Presidente de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CESAR MANTECON GRANELL. | El Gobierno contrata una campaña de publicidad institucional para atraer "talento digital" a las administraciones públicas por importe total de 380.135,46 euros. | 1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre:
Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
1.2) Número de identificación fiscal:
S2833002E.
1.3) Dirección:
José Marañón, 12.
1.4) Localidad:
Madrid.
1.5) Provincia:
Madrid.
1.6) Código postal:
28010.
1.7) País:
España.
1.8) Código NUTS:
ES300.
1.11) Correo electrónico:
juntadecontratacion@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=V8czYaL6H9arz3GQd5r6SQ%3D%3D
2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo:
Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida:
Servicios de Carácter General.
4. Códigos CPV:
79341400 (Servicios de campañas de publicidad).
5. Lugar principal de prestación de los servicios:
ES300.
6. Descripción de la licitación:
Servicio de Creatividad, Realización y Producción de una Campaña de Publicidad Institucional para la atracción de Talento Digital en las Administraciones Públicas.
7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
Abierto acelerado (La memoria elaborada por la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano del Ministeriode Hacienda y Función Pública, en la que se motiva la tramitación urgente del presente expediente decontratación.).
9. Criterios de adjudicación:
9.1)
Precio (Ponderación: 55%).
9.2)
Propuesta creativa de GIF al menos imagen principal del vídeo y hashtag (Ponderación: 5%).
9.3)
Propuesta creativa para Internet (banner y estrategias en redes sociales) (Ponderación: 10%).
9.4)
Propuesta creativa para medios de expresión gráfica (Ponderación: 5%).
9.5)
Propuesta de cuña para radio (Ponderación: 9%).
9.6)
Propuesta de rediseño de logo e imagen corporativa (Ponderación: 6%).
9.7)
Propuesta de Spot para Televisión (Ponderación: 10%).
10. Fecha de adjudicación:
13 de enero de 2022.
11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas:
2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs:
1.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
0.
12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre:
CONTRAPUNTO BARCELONA, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal:
B61124970.
12.3) Dirección:
C/ Tusset nº 5.
12.4) Localidad:
Barcelona.
12.6) Código postal:
08006.
12.7) País:
España.
13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada:
380.135,46 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste:
380.135,46 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste:
330.552,58 euros.
15. Información sobre fondos de la Unión Europea:
Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
16.1.1) Nombre:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección:
Avda General Perón 38, .
16.1.3) Localidad:
Madrid.
16.1.5) Código postal:
28071.
16.1.6) País:
España.
17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)
ID: 2021-372748. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de octubre de 2021).
17.2)
ID: 2021/S 208-544720. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (26 de octubre de 2021).
17.3)
ID: 2021-372748. Anuncio de Licitación publicado en BOE (29 de octubre de 2021).
17.4)
ID: 2022-597208. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (30 de marzo de 2022).
18. Fecha de envío del anuncio:
30 de marzo de 2022.
Madrid, 30 de marzo de 2022.- Presidente de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CESAR MANTECON GRANELL.
### RESUMEN: El Gobierno contrata una campaña de publicidad institucional para atraer "talento digital" a las administraciones públicas por importe total de 380.135,46 euros. |
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 52, atribuye al Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federaciones Deportivas Españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, la competencia para elaborar las relaciones de deportistas que deben tener la consideración de alto nivel.
En desarrollo de la citada Ley del Deporte, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar qué deportistas deben poseer tal consideración, atribuyendo asimismo, a la Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel la función de elevar las propuestas al Presidente de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel para que dicte la oportuna resolución sobre aquellos deportistas que alcanzan la calificación de alto nivel.
En consecuencia, atendiendo a la propuesta elevada por la mencionada Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel, en su sesión del día 13 de mayo de 2013, y en virtud de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, resuelvo determinar la relación de deportistas que han cumplido los criterios de integración y que, en consecuencia, gozan de la consideración de alto nivel, disfrutando de los beneficios que a tal consideración se atribuyen. Dichos deportistas son los que se relacionan en el Anexo adjunto.
Madrid, 21 de mayo de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
ANEXO
Relación que se cita
DNI
Deportista
Federación
17760953P
Abadía Beci, Antonio
Atletismo.
20490549X
Agost Albiol, Héctor
Luchas Olímpicas.
33304126B
Aguilar Moran, Alessandra
Atletismo.
45375926P
Aguilar Tejero, Eduardo
Surf.
47732980E
Aguilar Vicente, Iñaki
Natación.
44558965F
Aguinagalde Aquizu, Julen
Balonmano.
75764940L
Aicardo Collantes, Jesús de Nazaret
Fútbol.
44577612R
Alcaide Bermúdez, David
Billar.
74873594S
Alcalde Torreblanca, Francisco José
Luchas Olímpicas.
77921601Q
Aldrich Rodríguez, Xavier
Patinaje.
09422010Z
Alonso Díaz, Fernando
Automovilismo.
12420245S
Alvarado Martín-Calero, Carlota
Patinaje.
12420244Z
Alvarado Martín-Calero, Laura
Patinaje.
02715518T
Andrea Lope, Irene
Natación.
48402072K
Angosto Hernández, Juan José
Fútbol.
50102622C
Aparicio Fernández, Álvaro
Fútbol.
47257703V
Aranguren Herraiz, Víctor
Kárate.
43216135D
Arbos Coll, Joan
Judo.
48140385M
Ariño Bengoechea, Aitor
Balonmano.
78953359V
Arregui Martín, Markel Aitor
Judo.
72515675X
Arrieta Intxaurrondo, Ioritz
Pelota.
53318867Z
Arroyo Pérez, Antonio
Natación.
38859263G
Bach Pascual, Marta
Natación.
47418171Z
Balet Caixach, Laura
Montaña y Escalada.
47885424E
Bargallo Poch, Pau
Patinaje.
73123670T
Barón Aisa, Ibai
Pelota.
54109545K
Barrera Belardi, Alba Cecilia
Halterofilia.
47472780K
Barroso Macarro, Alberto
Natación.
39934524S
Bas García, Josep Miquel
Salvamento y Socorrismo.
46148814G
Basiana Cañellas, Clara
Natación.
43540480P
Belmonte García, Mireia
Natación.
47906800P
Beltrán Wanger, Marlen
Patinaje.
47519530N
Blanco Gil, Borja
Fútbol.
17753705M
Blas Martínez, Andrea
Natación.
44334307J
Bolinaga Díaz, Ibai
Pelota.
24375242A
Boned Guillot, Enrique
Fútbol.
28649585A
Brachi García, Josué
Halterofilia.
48201712Z
Bustos Sanchez, José Javier
Natación.
51089323K
Caballero Ortega, Miguel
Montaña y Escalada.
02652807X
Cabello Rodilla, Alba María
Natación.
44743701F
Cabrera Pérez, Luis
Vela.
53245340H
Calderón Gonzálvez, Sergio
Salvamento y Socorrismo.
47907462A
Calero Scanlan, Alba-Louise
Patinaje.
72754660W
Calvo Barbero, Tania
Ciclismo.
51126317P
Camacho Del Hoyo, Clara
Natación.
45826185L
Camps Adrogue, Gerard
Patinaje.
77616935P
Cañellas Reixach, Joan
Balonmano.
47927191K
Carbonell Ballestero, Ona
Natación.
77918768N
Cardona Coll, Nil
Montaña y Escalada.
45813694V
Carracedo Serra, Borja
Vela.
78939584L
Carrera Vázquez, Pablo Abensaid
Tiro Olímpico.
47849605Z
Casarramona Vivas, Anna
Patinaje.
48010266C
Casas Roige, Helena
Ciclismo.
47872785X
Cassi Pardo, Jana
Patinaje.
51115969X
Castro Ortega, Patricia
Natación.
48582919L
Catalá Llinares, Francisco Javier
Salvamento y Socorrismo.
47250108N
Colomar Costa, Irene
Kárate.
46825532Q
Copado Amoros, Ana María
Natación.
15399712Q
Cortázar Aranzeta, Oihana
Montaña y Escalada.
72182320V
Costa Portilla, Isabel
Salvamento y Socorrismo.
43164284T
Costa Schmid, Melanie Felicitas
Natación.
43161342W
Crespi Jaume, Margalida
Natación.
20254766T
Cuadrado Martínez, Óscar
Judo.
04859382B
Cuerva Mora, Raúl
Kárate.
79022817S
Da Rocha Marce, Duane
Natación.
74880547E
De la Rosa Enríquez, Marta
Luchas Olímpicas.
77821520P
De Toro Domínguez, Miguel
Natación.
53404658S
Díaz Calvo, Azucena
Atletismo.
43124083A
Díaz Codina, Carles
Ciclismo.
45779822R
Diepa González, Ana Maite
Kárate.
47108847V
Díez Busque, María
Patinaje.
12758566Y
Domínguez Azpeleta, Marta
Atletismo.
46926078Y
Domínguez Barrios, Cristiam
Fútbol.
23045572D
Domínguez Cabezas, Margarita
Natación.
72823161D
Echamendi Villanueva, Iñigo
Pelota.
72706311E
Echavarren Mendivil, Alfonso
Pelota.
45627385P
Elorriaga Zubiaur, Unai
Ciclismo.
10902257G
Entrerrios Rodríguez, Alberto
Balonmano.
47875568X
Español Lifante, Albert
Natación.
46149391Y
Espar Llaquet, Anna
Natación.
78509519P
Espino Diepa, Juan Francisco
Luchas Olímpicas.
16623505W
Esteban Tercilla, Víctor
Pelota.
37390181R
Ester Ramos, Laura
Natación.
43376513P
Expósito Morales, José Ramón
Salvamento y Socorrismo.
49298763B
Expósito Nef, Víctor
Natación.
23271891P
Expósito Piñero, José Antonio
Dep. Discap. Intelectual.
47677865S
Fargues Gimeno, María
Montaña y Escalada.
71899976K
Fernández de la Coba, Aitor
Atletismo.
72804161F
Fernández de Lascoiti Mateo, Miguel
Pelota.
50555292G
Fernández López, Javier
Deportes de Hielo.
44858605A
Fernández Pérez, Rafael
Fútbol.
73112957M
Fernández Torrea, Miguel
Pelota.
47808201X
Font Asensio, Yolanda
Patinaje.
53472649H
Fornell Arias, Carlos
Kárate.
53296812Q
Fox Vendrell, Guillem
Patinaje.
77834880M
Franquet Calvente, Sonia
Tiro Olímpico.
47779596V
Fuentes Fache, Andrea
Natación.
05460657C
Fuertes Torres, Andrea
Natación.
47232028X
Galán López, Sergio
Kárate.
43561491C
Galbas Pedrol, Pol
Patinaje.
80084160T
Gallardo Carapeto, Fátima
Natación.
26973134E
Gálvez Marín, Fátima
Tiro Olímpico.
02543567C
García Blázquez, Víctor
Atletismo.
45342743Z
García Boissier, Héctor
Natación.
45342742J
García Boissier, Nicolás
Natación.
78853599P
García Castillo, José Víctor
Salvamento y Socorrismo.
47848281R
García Farres, Marta
Montaña y Escalada.
50456129V
García Fernández, Francisco Javier
Judo.
38133598N
García Gadea, Javier
Natación.
77348141S
García Garrido, Irene
Luchas Olímpicas.
47183089S
García Godoy, María del Carmen
Natación.
38095793L
García Morelli, Pedro Luis
Aeronáutica.
53340368X
García Robledo, Antonio
Balonmano.
50746363Z
García Rodríguez, Mario José
Natación.
71279692R
García Rueda, Iván
Halterofilia.
48097952F
García Urzainqui, Marina
Natación.
26260016L
García Vargas, Antonio
Kárate.
09069830X
García Ventura, Sonia
Kárate.
28848252L
Gijón Cabrera, Sara
Natación.
77464997P
Gómez Cortes, Beatriz
Natación.
24396257L
Gómez Ropiñon, Laura
Judo.
45331201H
González Báez, Alejandro
Halterofilia.
12341123J
González Gómez, Alicia
Patinaje.
53536228W
González Lolo, Sara
Patinaje.
47012179H
González Ortiz, Alberto
Luchas Olímpicas.
53645890T
González Raboso, Aida
Luchas Olímpicas.
43194085Q
González Vidal, Fabián
Gimnasia.
21762558G
González Zanetich, Álvaro Ignacio
Judo.
47990700G
Gorria Puga, Javier
Natación.
44773355Z
Guardiola Villaplana, Gedeón
Balonmano.
70240512F
Guerra Polo, Javier
Atletismo.
78509845N
Henríquez Torres, Thais
Natación.
12425645X
Hernández Del Rio, Carmen
Patinaje.
70824142N
Hernández Del Rio, Clara
Patinaje.
24389886L
Hernández Moll, Pablo
Aeronáutica.
71101490A
Higuero Mate, Juan Carlos
Atletismo.
46998686A
Hodaly Rodríguez, Pol
Natación.
47416069M
Ignacio Sorribes, Judit
Natación.
53453032C
Illana García, Javier
Natación.
45666366G
Intxausti Elorriaga, Beñat
Ciclismo.
03923130C
Iñiguez Calvo, Sergio
Salvamento y Socorrismo.
44333376W
Jaka Soroa, Erik
Pelota.
47970133E
Jímenez Nieto, Cecilia
Natación.
52691833Y
Jímenez Pentinel, Antonio David
Atletismo.
40563172G
Jornet Burgada, Kilian
Montaña y Escalada.
20836236F
Juan Tello, Estefanía
Halterofilia.
43635682J
Julia Soler, Marc
Patinaje.
47875395K
Klamburg Roque, Paula
Natación.
73113215X
Labiano Redondo, Javier
Pelota.
71638513E
Lafuente Fernández, Jorge Carlos
Luchas Olímpicas.
70079687K
Lafuente Martínez, Sonia
Deportes de Hielo.
48057041J
Lamdassem El Mouhcine, Ayad
Atletismo.
46416349A
Larumbe Gonfaus, Marc
Natación.
78151748W
Leal Auge, Silvia
Montaña y Escalada.
53548602W
Lee Suárez, Natasha Ming Li
Patinaje.
47949119F
Levy Sellares, Sara
Natación.
11422685B
Llames Gutiérrez, Jorge Leon
Tiro Olímpico.
70246030M
López Castan, David
Montaña y Escalada.
44797988Z
López Esteve, Juan José
Triatlón.
46771810E
López Pinedo, Daniel
Natación.
11850734F
López Ventosa, Laura
Natación.
52012488N
Lorrio Béjar, Eduardo
Natación.
09042223A
Lozano Martínez, Sergio
Fútbol.
09049958X
Luengas Mengual, María
Salvamento y Socorrismo.
76919263H
Macías Chow, Isabel
Atletismo.
21774681Y
Maciel Goncalves, Fernando
Fútbol.
72484796C
Maeztu Villalabeitia, Asier
Ciclismo.
77196405X
Makin López, Lara
Natación.
07263386D
Mallarach Güell, Blai
Natación.
28834097D
Manchón Domínguez, Blanca
Vela.
06273019E
Maqueda Peña, Jorge
Balonmano.
30237588V
Marco Contreras, Luis Alberto
Atletismo.
47908985P
Marques Valls, Eva
Patinaje.
72974255Q
Martín Abelló, Yaiza
Kárate.
53433105B
Martín Blanco, Patricia
Judo.
46849120Y
Martín Giménez, Diana
Atletismo.
43695762V
Martín Lozano, David
Natación.
50895942R
Martín Ventura, Celia María
Natación.
38097291E
Martínez Asturias, Ingrid
Patinaje.
44883815M
Martínez Bosch, David
Billar.
53290994V
Martínez Piñero, David
Patinaje.
54150224J
Martínez Santiago, Irene
Halterofilia.
47818424K
Mas Pujadas, Maritxell
Natación.
54111421B
Mata Pérez, Andrés Eduardo
Halterofilia.
03141167B
Mateo Merino, Gonzalo
Salvamento y Socorrismo.
45115423A
Matoso Alguacil, Vicente
Natación.
44642533Q
Mazquiaran Uria, Hodei
Ciclismo.
03208030J
Meliz Linares, Luis Felipe
Atletismo.
50987367R
Merino Blázquez, Ainhoa
Patinaje.
52507009X
Merino Gómez, Ángel Luis
Triatlón.
49260821L
Merzougui Nourddine, Abdelaziz
Atletismo.
46991570V
Meseguer Flaque, Ona
Natación.
46774770S
Minguell Alférez, Marc
Natación.
45109578T
Miranda Dorado, Lorena
Natación.
47641303T
Miro Varela, Mireia
Montaña y Escalada.
45114637E
Molina Ríos, Francisco
Natación.
45103901G
Molina Ríos, Guillermo
Natación.
36580562M
Monpeat Portaña, Joshua
Natación.
45307106G
Montis Val, Santiago
Tiro Olímpico.
03927282D
Montoro Cabello, Ángel
Balonmano.
47967801J
Montrucchio Beaus, Irene
Natación.
53662042Y
Mora Vedri, Sebastián
Ciclismo.
03930370S
Morales Aguado, Irene
Salvamento y Socorrismo.
42226434K
Morales Gil, Luisa Mar
Natación.
20045542F
Morant Varo, Lidia
Natación.
25738032C
Morata Martos, Margarita
Kárate.
74521380T
Moreno Sanchez, José
Ciclismo.
47653543G
Morros De Argila, Viran
Balonmano.
45540622R
Mullera Rodríguez, Ángel
Atletismo.
73128703L
Munarriz Egaña, Alberto
Natación.
34066549F
Muntaner Juaneda, Sebastian David
Ciclismo.
04626356K
Navarro Lucas, Gabriel
Atletismo.
44135977N
Olaberria Dorronsoro, Leire
Ciclismo.
76427278A
Onieva Lupiañez, Álvaro
Vela.
47108667K
Orgue Vila, Laura
Montaña y Escalada.
47717317E
Ortega Duran, Caterina
Patinaje.
51068229H
Ortiz Jímenez, Carlos
Fútbol.
47179427X
Ortiz Reyes, Matilde
Natación.
74243994V
Ortuño Ruiz, Lorena
Patinaje.
78593534G
Otero Martínez, Michael Steven
Halterofilia.
44746533X
Otero Villalba, María Eugenia
Natación.
40352527Q
Pareja Lisalde, Jennifer
Natación.
52917691G
Pascual Rodríguez, Beatriz
Atletismo.
74230362R
Pastor Lafuente, Iván
Vela.
47455951M
Peña Carrasco, María del Pilar
Natación.
44666183E
Peralta Gallego, Carlos
Natación.
44639135E
Peralta Gascon, Juan
Ciclismo.
361465471T
Pérez Carrera, Francisco
Dep. Discap. Intelectual.
51944276H
Pérez López, Rubén
Judo.
04848601V
Pérez Vargas, Iván Ernesto
Natación.
03143902D
Periañez Carrasco, Carlos
Salvamento y Socorrismo.
39427639G
Perrone Rocha, Felipe
Natación.
45701907X
Pestano García, Mario
Atletismo.
20844381X
Pina Penichet, Lucas
Judo.
07264023W
Pinsach Rubirola, Marc
Montaña y Escalada.
47972475H
Pons Areñas, Laia
Natación.
51505583G
Popa Nedelcu, Roxana Daniela
Gimnasia.
25182240T
Poves Novella, María José
Atletismo.
40374297M
Presas Fernández, Roger
Patinaje.
45989295J
Puig Garrich, Albert
Natación.
47918001P
Puigdueta Carrera, Laura
Patinaje.
53869704R
Ramírez Ibáñez, Paula
Natación.
54064931G
Ramos González, Sheila
Halterofilia.
03929998B
Redondo Martín, Samantha
Salvamento y Socorrismo.
43634511S
Reixach Boix, Gerard
Natación.
74832320A
Requena Pino, Ester Cristina
Vela.
44589257P
Requena Pino, María Soledad
Vela.
44345382W
Rezusta Muguruza, Beñat
Pelota.
38119266D
Riba Carlos, Marta
Montaña y Escalada.
46745171V
Rivera Folch, Valero
Balonmano.
40537604N
Rocas Comas, Albert
Balonmano.
34827852X
Rodenas García, José Francisco
Luchas Olímpicas.
47848970T
Rodríguez Dalmau, Alexandre
Patinaje.
36137166A
Rodríguez Gacio, Susana
Triatlón.
03926926K
Rodríguez Pérez Cejuela, Álvaro
Salvamento y Socorrismo.
46888001V
Rodríguez Pérez, Leticia
Judo.
24368621Y
Ronquillo Casalla, Alfredo Jesús
Luchas Olímpicas.
45369364R
Rosales Toledo, Giovanni José
Surf.
43287078C
Ruano Moreno, Daida María
Vela.
43287079K
Ruano Moreno, Iballa Elvira
Vela.
53554055G
Ruesga Pasarin, Carlos
Balonmano.
02299420H
Ruiz Domínguez, Marta
Natación.
47729613J
Salicru Moscoso, Laia
Patinaje.
07977876G
Sanchez Acosta, Enrique
Judo.
38139397S
Sanchez Gálvez, Daniel
Billar.
18059395W
Sanchez González, Verónica
Salvamento y Socorrismo.
48693650M
Sanchez Ruiz, Francisco
Billar.
16075871K
Santacana Maiztegui, Jon
Dep. para Ciegos.
72813691S
Sanz Buey, Mikel
Pelota.
45762755T
Sarmiento Melian, Daniel
Balonmano.
50979256D
Sarrapio Martín, Patricia
Atletismo.
43149454M
Sayago Marti, Miguel
Fútbol.
43142301M
Serra Portas, Guillermo Hugo
Judo.
06257541T
Serrano Lara, Jesús
Tiro Olímpico.
44235741W
Sierra Méndez, José Manuel
Balonmano.
18444213F
Silvestre Soriano, Marta
Atletismo.
45952182E
Simonato Cordeiro, Julio Cesar
Fútbol.
44730719C
Socorro Ramos, Juan Pablo
Natación.
47104436E
Soler Balcells, Marta
Patinaje.
53791695P
Sorribes Tormo, Sara
Tenis.
05721236D
Sterbik Capar, Arpad
Balonmano.
39959105D
Sziranyi Somogyi, Balazs Marton
Natación.
39412005X
Tarrago I Aymerich, Roser
Natación.
48002064Y
Tarrida Calduch, Berta
Patinaje.
72182410S
Terán Jaen, Andrea
Salvamento y Socorrismo.
48507626M
Teruel Rovira, Eloy
Ciclismo.
38137795T
Tomas González, Víctor
Balonmano.
44196142D
Torras Badosa, Jordi
Fútbol.
41743798V
Torres Barcelo, Albert
Ciclismo.
48117995V
Torres Pastoriza, David
Patinaje.
20090028B
Torres Rodríguez, Paola
Natación.
45349198Y
Torres Ruano, Saúl Francisco
Surf.
20490644J
Ucedo Laorden, Ana
Patinaje.
72723308E
Unda González de Audicana, Maider
Luchas Olímpicas.
47781679F
Urgell Viedma, Ariadna
Patinaje.
71518417D
Valentín Pérez, Lidia
Halterofilia.
34756195K
Valles Trias, Xavier
Natación.
48492690L
Valverde Belmonte, Alejandro
Ciclismo.
44731254A
Vázquez González, Jorge
Judo.
43166902L
Vega Coll, Nuria
Tiro Olímpico.
70249097J
Velasco Marugan, Ángel
Fútbol.
41545902J
Verges Xifra, Judit
Salvamento y Socorrismo.
45932687P
Vila Carpio, Carla
Patinaje.
53487155B
Vilas Vidal, María
Natación.
44021228X
Villaécija García, Erika
Natación.
41013293S
Vizcaíno I Medina, Lua
Ciclismo.
47415918S
Wildeboer Faber, Aschwin
Natación.
02642326V
Yagüe Cámara, Alberto
Judo.
15483482C
Zapata García, Juan David
Billar.
29194574F
Zapater Aguirre, José
Luchas Olímpicas. | Listado con los nombramiento de deportistas de alto nivel, con sus DNIs. | La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 52, atribuye al Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federaciones Deportivas Españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, la competencia para elaborar las relaciones de deportistas que deben tener la consideración de alto nivel.
En desarrollo de la citada Ley del Deporte, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar qué deportistas deben poseer tal consideración, atribuyendo asimismo, a la Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel la función de elevar las propuestas al Presidente de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel para que dicte la oportuna resolución sobre aquellos deportistas que alcanzan la calificación de alto nivel.
En consecuencia, atendiendo a la propuesta elevada por la mencionada Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel, en su sesión del día 13 de mayo de 2013, y en virtud de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, resuelvo determinar la relación de deportistas que han cumplido los criterios de integración y que, en consecuencia, gozan de la consideración de alto nivel, disfrutando de los beneficios que a tal consideración se atribuyen. Dichos deportistas son los que se relacionan en el Anexo adjunto.
Madrid, 21 de mayo de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.
ANEXO
Relación que se cita
DNI
Deportista
Federación
17760953P
Abadía Beci, Antonio
Atletismo.
20490549X
Agost Albiol, Héctor
Luchas Olímpicas.
33304126B
Aguilar Moran, Alessandra
Atletismo.
45375926P
Aguilar Tejero, Eduardo
Surf.
47732980E
Aguilar Vicente, Iñaki
Natación.
44558965F
Aguinagalde Aquizu, Julen
Balonmano.
75764940L
Aicardo Collantes, Jesús de Nazaret
Fútbol.
44577612R
Alcaide Bermúdez, David
Billar.
74873594S
Alcalde Torreblanca, Francisco José
Luchas Olímpicas.
77921601Q
Aldrich Rodríguez, Xavier
Patinaje.
09422010Z
Alonso Díaz, Fernando
Automovilismo.
12420245S
Alvarado Martín-Calero, Carlota
Patinaje.
12420244Z
Alvarado Martín-Calero, Laura
Patinaje.
02715518T
Andrea Lope, Irene
Natación.
48402072K
Angosto Hernández, Juan José
Fútbol.
50102622C
Aparicio Fernández, Álvaro
Fútbol.
47257703V
Aranguren Herraiz, Víctor
Kárate.
43216135D
Arbos Coll, Joan
Judo.
48140385M
Ariño Bengoechea, Aitor
Balonmano.
78953359V
Arregui Martín, Markel Aitor
Judo.
72515675X
Arrieta Intxaurrondo, Ioritz
Pelota.
53318867Z
Arroyo Pérez, Antonio
Natación.
38859263G
Bach Pascual, Marta
Natación.
47418171Z
Balet Caixach, Laura
Montaña y Escalada.
47885424E
Bargallo Poch, Pau
Patinaje.
73123670T
Barón Aisa, Ibai
Pelota.
54109545K
Barrera Belardi, Alba Cecilia
Halterofilia.
47472780K
Barroso Macarro, Alberto
Natación.
39934524S
Bas García, Josep Miquel
Salvamento y Socorrismo.
46148814G
Basiana Cañellas, Clara
Natación.
43540480P
Belmonte García, Mireia
Natación.
47906800P
Beltrán Wanger, Marlen
Patinaje.
47519530N
Blanco Gil, Borja
Fútbol.
17753705M
Blas Martínez, Andrea
Natación.
44334307J
Bolinaga Díaz, Ibai
Pelota.
24375242A
Boned Guillot, Enrique
Fútbol.
28649585A
Brachi García, Josué
Halterofilia.
48201712Z
Bustos Sanchez, José Javier
Natación.
51089323K
Caballero Ortega, Miguel
Montaña y Escalada.
02652807X
Cabello Rodilla, Alba María
Natación.
44743701F
Cabrera Pérez, Luis
Vela.
53245340H
Calderón Gonzálvez, Sergio
Salvamento y Socorrismo.
47907462A
Calero Scanlan, Alba-Louise
Patinaje.
72754660W
Calvo Barbero, Tania
Ciclismo.
51126317P
Camacho Del Hoyo, Clara
Natación.
45826185L
Camps Adrogue, Gerard
Patinaje.
77616935P
Cañellas Reixach, Joan
Balonmano.
47927191K
Carbonell Ballestero, Ona
Natación.
77918768N
Cardona Coll, Nil
Montaña y Escalada.
45813694V
Carracedo Serra, Borja
Vela.
78939584L
Carrera Vázquez, Pablo Abensaid
Tiro Olímpico.
47849605Z
Casarramona Vivas, Anna
Patinaje.
48010266C
Casas Roige, Helena
Ciclismo.
47872785X
Cassi Pardo, Jana
Patinaje.
51115969X
Castro Ortega, Patricia
Natación.
48582919L
Catalá Llinares, Francisco Javier
Salvamento y Socorrismo.
47250108N
Colomar Costa, Irene
Kárate.
46825532Q
Copado Amoros, Ana María
Natación.
15399712Q
Cortázar Aranzeta, Oihana
Montaña y Escalada.
72182320V
Costa Portilla, Isabel
Salvamento y Socorrismo.
43164284T
Costa Schmid, Melanie Felicitas
Natación.
43161342W
Crespi Jaume, Margalida
Natación.
20254766T
Cuadrado Martínez, Óscar
Judo.
04859382B
Cuerva Mora, Raúl
Kárate.
79022817S
Da Rocha Marce, Duane
Natación.
74880547E
De la Rosa Enríquez, Marta
Luchas Olímpicas.
77821520P
De Toro Domínguez, Miguel
Natación.
53404658S
Díaz Calvo, Azucena
Atletismo.
43124083A
Díaz Codina, Carles
Ciclismo.
45779822R
Diepa González, Ana Maite
Kárate.
47108847V
Díez Busque
### RESUMEN: Listado con los nombramiento de deportistas de alto nivel, con sus DNIs. |
Visto el expediente de indulto de don Héctor Heredia Sencion, condenado por el Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana (Cuba), en sentencia de 7 de julio de 2003, como autor de un delito consumado de tráfico de drogas tóxicas, a la pena de veinte años de prisión, por hechos cometidos en el año 2002, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2013,
Vengo en indultar a don Héctor Heredia Sencion ocho años de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de seis años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 10 de mayo de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | Indultado Héctor Heredía Sencion, autor de un delito consumado de tráfico de drogas tóxicas y condenado a 20 años de prisión en Cuba. | Visto el expediente de indulto de don Héctor Heredia Sencion, condenado por el Tribunal Provincial Popular de la Ciudad de La Habana (Cuba), en sentencia de 7 de julio de 2003, como autor de un delito consumado de tráfico de drogas tóxicas, a la pena de veinte años de prisión, por hechos cometidos en el año 2002, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2013,
Vengo en indultar a don Héctor Heredia Sencion ocho años de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de seis años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 10 de mayo de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: Indultado Héctor Heredía Sencion, autor de un delito consumado de tráfico de drogas tóxicas y condenado a 20 años de prisión en Cuba. |
El artículo 7.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto del Museo Nacional del Prado. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados.
Por su parte, el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla en su artículo 5 las previsiones de la Ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato, así como el nombramiento de sus vocales. A estos efectos, establece que hasta un máximo de diez vocales serán nombrados por el titular del Ministerio de Cultura a propuesta del Real Patronato, entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines.
Los vocales designados desempeñarán su mandato durante cinco años, pudiéndose renovar el mismo hasta dos veces por períodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o anticipadamente por renuncia, fallecimiento o incapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, y la existencia de vacantes entre estos vocales, a propuesta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, dispongo:
Nombrar como Vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por un periodo de cinco años, a don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva y a don Carlos Torres Vila.
Madrid, 20 de noviembre de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. | El Prado nombra en el Patronato como Vocales a Álvaro Fernández-Villaverde y a Carlos Torres Vila. | El artículo 7.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto del Museo Nacional del Prado. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados.
Por su parte, el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla en su artículo 5 las previsiones de la Ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato, así como el nombramiento de sus vocales. A estos efectos, establece que hasta un máximo de diez vocales serán nombrados por el titular del Ministerio de Cultura a propuesta del Real Patronato, entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines.
Los vocales designados desempeñarán su mandato durante cinco años, pudiéndose renovar el mismo hasta dos veces por períodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o anticipadamente por renuncia, fallecimiento o incapacidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, y la existencia de vacantes entre estos vocales, a propuesta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, dispongo:
Nombrar como Vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por un periodo de cinco años, a don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva y a don Carlos Torres Vila.
Madrid, 20 de noviembre de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
### RESUMEN: El Prado nombra en el Patronato como Vocales a Álvaro Fernández-Villaverde y a Carlos Torres Vila. |
La disposición final primera del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, habilita al Ministro del Interior para, previo informe de la Junta Electoral Central, modificar el contenido de sus anexos.
Dichos anexos recogen los modelos de papeletas, sobres, actas y demás impresos a utilizar en el desarrollo de un proceso electoral.
Tras la experiencia de los últimos procesos celebrados, y a solicitud de la Oficina del Censo Electoral, resulta conveniente la modificación del modelo VC.1c, de solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero, recogido en el anexo 6 del citado real decreto.
El artículo 75.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece el procedimiento por el que los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes (CERA) que viven en el extranjero, deberán formular la solicitud de voto, así como la documentación que se acompañará a dicha solicitud.
No obstante, el artículo referido no determina el medio de envío por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral del impreso de solicitud.
Hasta ahora la Oficina del Censo Electoral ha venido admitiendo los envíos por correo postal y fax pero no por correo electrónico, entendiendo que este no es un medio que reúna las debidas condiciones de seguridad.
El nuevo modelo posibilita que los envíos puedan realizarse además por internet, para lo cual se incluirá en el impreso de solicitud remitido de oficio una Clave de Tramitación Telemática (CTT), generada para cada elección y cada elector, con esa única finalidad.
El elector, una vez firmada la solicitud, la enviará, por correo postal o fax, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su municipio de inscripción en el censo vigente para las elecciones de que se trate, adjuntando como documento que acredite su identidad fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) expedido por las autoridades españolas, o fotocopia del pasaporte expedido por las autoridades españolas, o certificado de nacionalidad expedido por el Consulado de España en el país de residencia, o certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedido por el Consulado de España en el país de residencia.
El envío de la solicitud también podrá ser realizado de forma telemática, accediendo el interesado al procedimiento «Solicitud de voto CERA», publicado en la Sede Electrónica del INE, https://sede.ine.gob.es, y acreditando su identidad mediante un certificado electrónico reconocido, asociado a su DNI. Quienes no dispongan de certificado electrónico, podrán realizar el envío de la solicitud por esta misma vía, accediendo al procedimiento con la CTT que figura preimpresa en la comunicación y adjuntando copia de uno de los documentos mencionados anteriormente.
La presentación telemática de la solicitud controlará la condición de elector del CERA en el ámbito de las elecciones convocadas, y para las que tenga derecho de voto.
Quienes opten por este medio de envío podrán obtener un justificante del registro electrónico de la presentación de la solicitud.
En su virtud, previo informe de la Junta Electoral Central, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo 6 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.
Se modifica el modelo VC.1.c recogido en el anexo 6 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, quedando sustituido por el que se recoge como anexo a esta orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de febrero de 2015.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
ANEXO 6
Modelos de solicitudes y certificaciones de la oficina del censo electoral para el voto por correo y para los electores cera
VC.1 Solicitudes
VC.1.a Solicitud de certificado para el voto por correo (impreso dos hojas).
VC.1.b Solicitud de certificado para el voto por correo de los electores temporalmente ausentes (impreso dos hojas).
VC.1.c Solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA).
Modelo remitido por la Oficina del Censo Electoral.
VC.1.c.bis Solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA).
Modelo disponible en Internet y en las Oficinas y Secciones Consulares.
VC.2 Certificaciones y comunicaciones
VC.2.a Certificado de estar inscrito en el censo para el voto por correo.
VC.2.b Comunicación de no figurar inscrito en la lista de electores.
VC.2.c Certificado de estar inscrito en el Censo de Residentes Ausentes para el voto desde el Exterior (CERA).
VC.2. d Comunicación de no figurar inscrito en la lista de electores residentes ausentes (CERA). | Los residentes en el extranjero podrán realizar la solicitud para poder votar por internet. | La disposición final primera del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, habilita al Ministro del Interior para, previo informe de la Junta Electoral Central, modificar el contenido de sus anexos.
Dichos anexos recogen los modelos de papeletas, sobres, actas y demás impresos a utilizar en el desarrollo de un proceso electoral.
Tras la experiencia de los últimos procesos celebrados, y a solicitud de la Oficina del Censo Electoral, resulta conveniente la modificación del modelo VC.1c, de solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero, recogido en el anexo 6 del citado real decreto.
El artículo 75.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece el procedimiento por el que los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes (CERA) que viven en el extranjero, deberán formular la solicitud de voto, así como la documentación que se acompañará a dicha solicitud.
No obstante, el artículo referido no determina el medio de envío por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral del impreso de solicitud.
Hasta ahora la Oficina del Censo Electoral ha venido admitiendo los envíos por correo postal y fax pero no por correo electrónico, entendiendo que este no es un medio que reúna las debidas condiciones de seguridad.
El nuevo modelo posibilita que los envíos puedan realizarse además por internet, para lo cual se incluirá en el impreso de solicitud remitido de oficio una Clave de Tramitación Telemática (CTT), generada para cada elección y cada elector, con esa única finalidad.
El elector, una vez firmada la solicitud, la enviará, por correo postal o fax, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente a su municipio de inscripción en el censo vigente para las elecciones de que se trate, adjuntando como documento que acredite su identidad fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) expedido por las autoridades españolas, o fotocopia del pasaporte expedido por las autoridades españolas, o certificado de nacionalidad expedido por el Consulado de España en el país de residencia, o certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedido por el Consulado de España en el país de residencia.
El envío de la solicitud también podrá ser realizado de forma telemática, accediendo el interesado al procedimiento «Solicitud de voto CERA», publicado en la Sede Electrónica del INE, https://sede.ine.gob.es, y acreditando su identidad mediante un certificado electrónico reconocido, asociado a su DNI. Quienes no dispongan de certificado electrónico, podrán realizar el envío de la solicitud por esta misma vía, accediendo al procedimiento con la CTT que figura preimpresa en la comunicación y adjuntando copia de uno de los documentos mencionados anteriormente.
La presentación telemática de la solicitud controlará la condición de elector del CERA en el ámbito de las elecciones convocadas, y para las que tenga derecho de voto.
Quienes opten por este medio de envío podrán obtener un justificante del registro electrónico de la presentación de la solicitud.
En su virtud, previo informe de la Junta Electoral Central, dispongo:
Artículo único. Modificación del anexo 6 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.
Se modifica el modelo VC.1.c recogido en el anexo 6 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, quedando sustituido por el que se recoge como anexo a esta orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de febrero de 2015.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
ANEXO 6
Modelos de solicitudes y certificaciones de la oficina del censo electoral para el voto por correo y para los electores cera
VC.1 Solicitudes
VC.1.a Solicitud de certificado para el voto por correo (impreso dos hojas).
VC.1.b Solicitud de certificado para el voto por correo de los electores temporalmente ausentes (impreso dos hojas).
VC.1.c Solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA).
Modelo remitido por la Oficina del Censo Electoral.
VC.1.c.bis Solicitud para el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA).
Modelo disponible en Internet y en las Oficinas y Secciones Consulares.
VC.2 Certificaciones y comunicaciones
VC.2.a Certificado de estar inscrito en el censo para el voto por correo.
VC.2.b Comunicación de no figurar inscrito en la lista de electores.
VC.2.c Certificado de estar inscrito en el Censo de Residentes Ausentes para el voto desde el Exterior (CERA).
VC.2. d Comunicación de no figurar inscrito en la lista de electores residentes ausentes (CERA).
### RESUMEN: Los residentes en el extranjero podrán realizar la solicitud para poder votar por internet. |
BDNS(Identif.):406202.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero. Beneficiarios.
Fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, cualquier entidad sin fin de lucro que, no perteneciendo al sector público, acredite haber realizado actuaciones de promoción del libro o de las publicaciones culturales, como mínimo, en los dos últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del 'BOE' de este extracto.
Las entidades, legalmente constituidas en el momento de solicitar la ayuda, deberán tener residencia fiscal en España y tener por objeto social la realización de actividades de promoción del libro o de publicaciones culturales. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las comunidades de bienes, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, así como otras entidades sin personalidad jurídica.
Segundo. Objeto.
Proyectos que modernicen, fortalezcan u optimicen el funcionamiento del sector editorial nacional; en particular aquellos proyectos que mejoren la infraestructura de este sector y tengan alguno de los objetivos recogidos en el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, como la celebración de encuentros para profesionales, la elaboración de estudios e investigaciones sobre el sector, las iniciativas dirigidas a la eficacia del funcionamiento de la cadena del libro y de las publicaciones culturales en sus distintas fases, las actuaciones que mejoren la comunicación entre los distintos agentes editoriales, el impulso de la reconversión del sector al modelo digital o la mejora de la formación de los profesionales del sector en materia de innovación.
En ningún caso se subvencionarán a través de esta línea de ayudas la edición de libros, revistas o prensa.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el 'BOE' número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.
Cuarto. Cuantía.
El importe de la subvención será, como máximo, de 395.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 'BOE'.
Sexto. Otros datos.
Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada.
Madrid, 29 de junio de 2018.- El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/602/2017 de 20 junio) (D.F. 2.ª y 3.ª R.D. 595/2018, de 22 de junio), el Director General de Industrias Culturales y Cooperación, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso. | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para fortalecer la industria editorial de un importe de 395.000 euros. | BDNS(Identif.):406202.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero. Beneficiarios.
Fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, cualquier entidad sin fin de lucro que, no perteneciendo al sector público, acredite haber realizado actuaciones de promoción del libro o de las publicaciones culturales, como mínimo, en los dos últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación del 'BOE' de este extracto.
Las entidades, legalmente constituidas en el momento de solicitar la ayuda, deberán tener residencia fiscal en España y tener por objeto social la realización de actividades de promoción del libro o de publicaciones culturales. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las comunidades de bienes, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, así como otras entidades sin personalidad jurídica.
Segundo. Objeto.
Proyectos que modernicen, fortalezcan u optimicen el funcionamiento del sector editorial nacional; en particular aquellos proyectos que mejoren la infraestructura de este sector y tengan alguno de los objetivos recogidos en el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, como la celebración de encuentros para profesionales, la elaboración de estudios e investigaciones sobre el sector, las iniciativas dirigidas a la eficacia del funcionamiento de la cadena del libro y de las publicaciones culturales en sus distintas fases, las actuaciones que mejoren la comunicación entre los distintos agentes editoriales, el impulso de la reconversión del sector al modelo digital o la mejora de la formación de los profesionales del sector en materia de innovación.
En ningún caso se subvencionarán a través de esta línea de ayudas la edición de libros, revistas o prensa.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el 'BOE' número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010.
Cuarto. Cuantía.
El importe de la subvención será, como máximo, de 395.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 'BOE'.
Sexto. Otros datos.
Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones públicos o privados para la misma actividad siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada.
Madrid, 29 de junio de 2018.- El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/602/2017 de 20 junio) (D.F. 2.ª y 3.ª R.D. 595/2018, de 22 de junio), el Director General de Industrias Culturales y Cooperación, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.
### RESUMEN: Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para fortalecer la industria editorial de un importe de 395.000 euros. |
La Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estableció un marco de organización territorial y distribución de funciones en el área de Aduanas e Impuestos Especiales basado en Dependencias Regionales, Dependencias Provinciales y Administraciones de Aduanas, cada una con un ámbito de competencias limitado a su ámbito territorial respectivo.
Por su parte, la Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estableció una estructura territorial de la Agencia Tributaria basada en Delegaciones Especiales, Delegaciones, Administraciones de la Agencia Tributaria y Administraciones de Aduanas, cada una con una ámbito territorial de competencias delimitado, si bien sentó las bases para que los órganos territoriales de ámbito inferior al de la Delegación Especial pudieran extender sus competencias al ámbito de ésta.
En el actual escenario de austeridad presupuestaria, la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia posible, junto con la optimización y racionalización de los recursos disponibles, deben ser los principios inspiradores de la actuación de la Agencia.
Con esta finalidad, la Resolución de 28 de julio de 1998 ha sido modificada por la Resolución de 28 de diciembre de 2012, al objeto de flexibilizar el marco organizativo del área de Aduanas e Impuestos Especiales, atribuyendo a todos sus órganos territoriales competencias y funciones en el ámbito territorial de la Delegación Especial en la que se integren, con independencia de la sede en la que se encuentren.
Asimismo, se han adoptado diversas medidas organizativas en relación a las Delegaciones y Administraciones mediante la Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se adoptan medidas sobre estructura organizativa y se modifica la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, suprimiendo las doce Delegaciones de la Agencia Tributaria existentes en las provincias donde tienen su sede las correspondientes Delegaciones Especiales, en las cuales pasa a quedar integrada la estructura orgánica de aquellas, y avanzando en los procesos de concentración de Administraciones situadas en el mismo término municipal y de especialización de las funciones de control desarrolladas por las Administraciones.
Con idéntica finalidad, procede en estos momentos reorganizar las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales manteniendo el máximo nivel de servicio de despacho aduanero de mercancías en todo el territorio nacional. Así, se suprimen las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales con menor tráfico de mercancías, pasando a integrarse los recintos aduaneros de ellas dependientes en las Dependencias Regionales o Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales correspondientes, que continuarán prestando el servicio de despacho aduanero de las mercancías que se canalicen a través de los mismos. En particular, se suprimen las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Palamós (Delegación de Girona), San Carles de la Rápita (Delegación de Tarragona), Ribadeo (Delegación de Lugo), Pasaia (Delegación de Guipuzkoa) y Gandía (Delegación Especial de Valencia).
Además, se reorganiza el área de Aduanas e Impuestos Especiales en Palma de Mallorca, suprimiendo la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del Aeropuerto de Palma de Mallorca y creando la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Palma de Mallorca de la que dependerán los recintos aduaneros del aeropuerto y del puerto. Habida cuenta de la ubicación de los recintos aduaneros dependientes de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona-Marítima y de Barcelona-Carretera, se considera conveniente para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios proceder a suprimir ambas Administraciones y crear la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona de la que dependerán los recintos aduaneros que actualmente integran las Administraciones que se suprimen.
Por último, se crea la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria-Marítima en consideración al volumen de tráfico de mercancías a través de su puerto y su proyección como puerto internacional de distribución de carga, en especial, para la parte occidental de África, que exige, como en otros puertos y aeropuertos estratégicos en España, contar con un órgano administrativo específico.
Teniendo en cuenta que las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se encuentran reguladas tanto en la Resolución de 28 de julio de 1998 como en la Resolución de 21 de septiembre de 2004, la adopción de estas medidas exige la modificación de ambas normas. Por razones de técnica normativa, se suprime el anexo III de la Resolución de 28 de julio de 1998, que contiene la relación de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales, integrándose su contenido en el anexo II de la Resolución de 21 de septiembre de 2004 junto con la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria.
Asímismo, con la misma finalidad, procede suprimir el anexo II de la Resolución de 28 de julio de 1998, ajustando el texto de la misma a tal supresión. Por tal motivo se procede a suprimir su apartado segundo.7, a modificar su apartado décimo.3, por contener ambos preceptos referencias al mencionado anexo, y se incluye una nueva disposición adicional que recoge las especificidades en relación con la sede de determinadas Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales.
Adicionalmente, se modifican los apartados decimotercero y decimocuarto de la Resolución de 21 de septiembre de 2004, relativos a la competencia, estructura y funciones de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales y a las competencias y funciones de los Administradores de Aduanas e Impuestos Especiales, remitiéndose a la regulación de la Resolución de 28 de julio de 1998.
Finalmente, se procede a realizar determinados ajustes técnicos, siendo el más importante, el referido al texto del apartado segundo.1 de la Resolución de 28 de julio de 1998 con el fin de ajustarlo a lo establecido en la Resolución de 28 de diciembre de 2012 por la que se modificaba la primera de las Resoluciones indicadas, y la adaptación del texto de esta Resolución para prever la competencia sobre futuros impuestos medioambientales.
En virtud de lo expuesto y en uso de la habilitación conferida por el apartado decimoquinto de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 103.once.5 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, dispongo:
Primero. Creación de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales.
Se crean las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona, en la Delegación Especial de Cataluña, de Palma de Mallorca, en la Delegación Especial de IIles Balears y de Las Palmas de Gran Canaria-Marítima, en la Delegación Especial de Canarias.
Segundo. Modificación de la Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado segundo.1, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. En todas las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, bajo la dependencia del titular de la Delegación Especial, existirá una Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales que tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Las actuaciones de gestión de aduanas, de impuestos especiales y demás tributos a las que se refiere el apartado Décimo, así como las de coordinación, planificación y asistencia técnica a los órganos, equipos y unidades de Aduanas e Impuestos Especiales situados en su ámbito territorial.
b) La inspección de los tributos, beneficios y restituciones, cuya comprobación e investigación esté atribuida o se atribuya por la normativa vigente al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Dicha función y cualquier otra atribuida normativamente a la Inspección de los Tributos se extenderá a todos los obligados tributarios con domicilio fiscal en el ámbito de la respectiva Delegación Especial de la Agencia Tributaria sobre los que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes no ejerza su competencia.
No obstante, las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales extenderán sus competencias sobre los siguientes obligados tributarios:
1.º Los obligados tributarios que sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación Especial o estando adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, comparezcan en las actuaciones o procedimientos iniciados por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales con relación a otro obligado sobre el que tenga competencia de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de este apartado b).
2.º Los sucesores de personas físicas fallecidas y de las personas jurídicas y demás entidades disueltas o extinguidas que, sin estar domiciliados en el ámbito territorial de la respectiva Delegación Especial o estando adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, comparezcan en las actuaciones o procedimientos iniciados por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales con relación a alguno o algunos de los sucesores sobre los que tenga competencia de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de este apartado b).
3.º Los obligados tributarios con domicilio fiscal en el ámbito de otra Delegación Especial cuando así se haya acordado de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.g) de la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.
c) La intervención de las actividades y locales, en los términos previstos por el Reglamento de los Impuestos Especiales, que se hallen situados en el territorio al que se refieran sus competencias en la materia.
d) El desarrollo, en el ámbito regional, de las funciones de represión del fraude fiscal y aduanero. Asimismo, ejercerá la dirección, planificación y coordinación de las actuaciones a desarrollar por las Unidades de Vigilancia Aduanera.
e) El desarrollo, en el ámbito regional, de las funciones que se encomienden a Vigilancia Aduanera en el ámbito de la persecución, investigación y descubrimiento del fraude.
f) Las de investigación e información relacionadas con las funciones de la Dependencia.
g) La iniciación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo que se pongan de manifiesto como consecuencia de las actuaciones y procedimientos realizados por los órganos, equipos, unidades administrativas o funcionarios que integran los servicios territoriales de Aduanas e Impuestos Especiales en su ámbito territorial.
La competencia se extenderá, en su caso, a todos los que hubieran sido parte en la operación de pago de efectivo aunque no tuvieran esa condición en la actuación o procedimiento que la pone de manifiesto.
h) El asesoramiento y asistencia al titular de la Delegación Especial de la Agencia en materia de Aduanas e Impuestos Especiales y demás tributos que estén o se encomienden al área.
i) La relación con las restantes áreas de la Agencia, en el ámbito de su respectiva Delegación Especial.
j) Las de tramitación y resolución derivadas del ejercicio de las funciones anteriormente expresadas.»
Dos. Se suprime el apartado segundo.7.
Tres. Se modifica el apartado sexto.a), que queda redactado de la siguiente forma:
«a) La coordinación de las actuaciones encomendadas a las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales de su ámbito territorial.»
Cuatro. Se modifica el apartado décimo.2.e), que queda redactado de la siguiente forma:
«e) La gestión de los Impuestos Especiales y demás tributos estatales cuya dirección, planificación y coordinación de la gestión esté atribuida o se atribuya en el futuro al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.»
Cinco. Se modifica el apartado décimo.3, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. En toda Delegación de la Agencia existirá una Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, salvo en el caso de la Delegación de la Agencia de Cádiz en la que existirá, además, la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Algeciras.»
Seis. Se suprime el apartado undécimo.4.
Siete. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional sexta. Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales situadas en municipios distintos a la sede de la Delegación de la Agencia.
La sede de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Girona se situará en La Jonquera, la sede de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Lleida se situará en La Farga de Moles, salvo la Oficina Gestora que estárá en la sede de la Delegación de Lleida, y la sede de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Gipuzkoa se situará en Irún.»
Ocho. Se suprimen los anexos II y III.
Tercero. Modificación de la Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado decimotercero, que queda redactado de la siguiente forma:
«Decimotercero. Competencias y funciones de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales.
1. Las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se integran en la Delegación de la Agencia Tributaria de la provincia o demarcación territorial donde estén establecidas. En las Delegaciones Especiales cuyo ámbito territorial coincida con el de las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las provincias sin Delegación, las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se integran en las Delegaciones Especiales.
2. Las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales podrán extender sus competencias a todo el ámbito territorial de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la que se integren.
3. Las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales desarrollarán las funciones que le atribuya la Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás disposiciones que le sean de aplicación.
4. Las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales son las que se relacionan en el apartado III del anexo II de la presente Resolución.»
Dos. Se modifica el apartado decimocuarto, que queda redactado de la siguiente forma:
«Decimocuarto. Competencias y funciones de los titulares de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales.
1. Corresponderá a los titulares de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales el desarrollo de las siguientes competencias y funciones:
a) Dirigir, coordinar y controlar todas las unidades administrativas y servicios integrados en ella.
b) Dirigir el personal que presta sus servicios en la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, sin perjuicio del ejercicio de las competencias en la materia por los órganos que la tengan atribuida.
c) Controlar y coordinar la ejecución de los planes y programas de actuación atribuidos a las unidades y servicios existentes en la misma.
d) Constituir cauce general de relación con los órganos de la Delegación.
e) Procurar el adecuado mantenimiento de las instalaciones y servicios de todo tipo de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, impulsando para ello las medidas necesarias en colaboración con los órganos competentes en materia de administración económica.
f) Ejercer las competencias y funciones que se determinen en la Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y demás disposiciones que les sean de aplicación.
2. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, el titular de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales será sustituido por el funcionario que designe el titular de la Delegación de la Agencia Tributaria de quien dependa la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales a propuesta del titular de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, salvo que el titular de la Delegación Especial disponga otro régimen de sustitución en cada caso concreto.»
Tres. Se sustituye el anexo II por el anexo de la presente Resolución, que pasa a denominarse: «Administraciones de la Agencia Tributaria y Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales».
Cuatro. Se suprime el anexo 3.
Disposición adicional primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidas las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona-Marítima y de Barcelona-Carretera, de la Delegación Especial de Cataluña; del Aeropuerto de Palma de Mallorca, de la Delegación Especial de Illes Balears; de Palamós, de la Delegación de Girona; de San Carles de la Rápita, de la Delegación de Tarragona; de Ribadeo, de la Delegación de Lugo; de Pasaia, de la Delegación de Guipuzkoa y de Gandía, de la Delegación Especial de Valencia.
Disposición adicional segunda. Ausencia de incremento del gasto público.
La aplicación de lo dispuesto en esta Resolución no implicará aumento del gasto en el presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Disposición transitoria primera. Expedientes en tramitación.
Los procedimientos administrativos en tramitación en las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales suprimidas serán ultimados y resueltos por las Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales de las Delegaciones de la Agencia Tributaria en la que estaban integradas aquéllas, salvo los de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Gandía que serán ultimados y resueltos por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia.
Los procedimientos administrativos en tramitación en la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Illes Balears relativos al recinto aduanero del Puerto de Palma de Mallorca y de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del Aeropuerto de Palma de Mallorca serán ultimados y resueltos por la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Palma de Mallorca.
Los procedimientos administrativos en tramitación en la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Canarias relativos al recinto aduanero del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria serán ultimados y resueltos por la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria-Marítima.
Los procedimientos administrativos en tramitación en las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona-Marítima y de Barcelona-Carretera serán ultimados y resueltos por la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio del personal afectado.
Los funcionarios y demás personal que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en esta Resolución percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido para el puesto de trabajo que estuviesen desempeñando según las relaciones de puestos de trabajo aprobadas a la fecha de la entrada en vigor de la Resolución y en tanto no se proceda a su modificación o a la readscripción de los puestos afectados.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el 16 de septiembre de 2013, excepto el apartado segundo.uno, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de septiembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.
ANEXO
Administraciones de la Agencia Tributaria y de Aduanas e Impuestos Especiales
I. Relación de Administraciones de la Agencia Tributaria
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Huércal-Overa.
El Ejido.
Algeciras.
Chiclana de la Frontera.
El Puerto de Santa María.
Sanlúcar de Barrameda.
San Roque.
Ubrique.
Lucena.
Montilla.
Almería.
Almería.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Córdoba.
Córdoba.
Peñarroya-Pueblonuevo.
Córdoba.
Pozoblanco.
Córdoba.
Baza.
Granada.
Guadix.
Granada.
Loja.
Granada.
Motril.
Granada.
Órgiva.
Granada.
Granada- Almanjayar.
Granada.
Aracena.
Huelva.
Ayamonte.
Huelva.
La Palma del Condado.
Huelva.
Andújar.
Jaén.
Linares.
Jaén.
Úbeda.
Jaén.
Villacarrillo.
Jaén.
Álora.
Málaga.
Antequera.
Málaga.
Marbella.
Málaga.
Ronda.
Málaga.
Vélez-Málaga.
Málaga.
Torremolinos.
Málaga.
Málaga-Este.
Málaga.
Écija.
Delegación Especial.
Lora del Río.
Delegación Especial.
Morón de la Frontera.
Delegación Especial.
Osuna.
Delegación Especial.
Utrera.
Delegación Especial.
Parque.
Delegación Especial.
Nervión-San Pablo.
Delegación Especial.
Sevilla Oeste-Noroeste.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Aragón
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Monzón.
Huesca.
Alcañiz.
Teruel.
Calatayud.
Delegación Especial.
Ejea de los Caballeros.
Delegación Especial.
Arrabal-Puente de Santiago.
Delegación Especial.
Albareda.
Delegación Especial.
Las Fuentes.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Asturias
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Cangas de Onís
Avilés
Cangas de Narcea
Langreo
Luarca-Valdés
Mieres.
Gijón
Delegación Especial
Delegación Especial
Delegación Especial
Delegación Especial
Delegación Especial.
Delegación Especial de Illes Balears
Administración de la Agencia Tributaria
Eivissa-Formentera.
Inca.
Menorca.
Manacor.
Palma de Mallorca.
Delegación Especial de Canarias
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Lanzarote.
Delegación Especial.
Santa María de Guía.
Delegación Especial.
Fuerteventura.
Delegación Especial.
San Bartolomé de Tirajana.
Delegación Especial.
Las Palmas de Gran Canaria.
Delegación Especial.
Arona.
Santa Cruz de Tenerife.
Laguna (La).
Santa Cruz de Tenerife.
Puerto de la Cruz.
Santa Cruz de Tenerife.
Gomera (La).
Santa Cruz de Tenerife.
Palma (La).
Santa Cruz de Tenerife.
Hierro (El).
Santa Cruz de Tenerife.
Delegación Especial de Cantabria
Administración de la Agencia Tributaria
Laredo
Reinosa
Torrelavega
Delegación Especial de Castilla-La Mancha
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Hellín.
Albacete.
La Roda.
Albacete.
Alcázar de San Juan.
Ciudad Real.
Puertollano.
Ciudad Real.
Valdepeñas.
Ciudad Real.
Tarancón.
Cuenca.
Quintanar de la Orden.
Delegación Especial.
Talavera de la Reina.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Castilla y León
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Aranda de Duero.
Burgos.
Miranda de Ebro.
Burgos.
Astorga.
León.
Ponferrada.
León.
Aguilar de Campoo.
Palencia.
Béjar.
Salamanca.
Ciudad Rodrigo.
Salamanca.
Medina del Campo.
Delegación Especial.
Valladolid-capital.
Delegación Especial.
Benavente.
Zamora.
Delegación Especial de Cataluña
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Arenys de Mar.
Delegación Especial.
Badalona.
Delegación Especial.
Berga.
Delegación Especial.
Cornellà de Llobregat.
Delegación Especial.
Granollers.
Delegación Especial.
L’Hospitalet de Llobregat.
Delegación Especial.
Igualada.
Delegación Especial.
Manresa.
Delegación Especial.
Mataró.
Delegación Especial.
Sabadell.
Delegación Especial.
Sant Cugat del Vallès.
Delegación Especial.
Sant Feliu de Llobregat.
Delegación Especial.
Santa Coloma de Gramenet.
Delegación Especial.
Terrassa.
Delegación Especial.
Vic.
Delegación Especial.
Vilafranca del Penedès.
Delegación Especial.
Vilanova i la Geltrú.
Delegación Especial.
Colom.
Delegación Especial.
Via Augusta.
Delegación Especial.
Horta.
Delegación Especial.
Poblenou.
Delegación Especial.
Letamendi.
Delegación Especial.
La Bisbal.
Girona.
Figueres.
Girona.
Olot.
Girona.
La Seu d’Urgell.
Lleida.
Tàrrega.
Lleida.
Reus.
Tarragona.
Tortosa.
Tarragona.
Delegación Especial de Extremadura
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Don Benito
Mérida
Zafra
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Trujillo.
Delegación Especial
Delegación Especial
Delegación Especial
Cáceres
Cáceres
Cáceres.
Delegación Especial de Galicia
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Betanzos.
Carballo.
Cee.
Ferrol.
A Coruña.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Ortigueira.
Delegación Especial.
Ribeira.
Delegación Especial.
Santiago de Compostela.
Delegación Especial.
Foz.
Lugo.
Monforte de Lemos.
Lugo.
O Barco de Valdeorras.
Ourense.
O Carballiño.
Ourense.
Celanova.
Ourense.
Verín.
Ourense.
A Estrada.
Pontevedra.
Ponteareas.
Pontevedra.
Tui.
Pontevedra.
Vilagarcía de Arousa.
Pontevedra.
Delegación Especial de Madrid
Administración de la Agencia Tributaria
Alcalá de Henares.
Alcobendas.
Alcorcón.
Aranjuez.
Arganda.
Colmenar Viejo.
El Escorial.
Fuenlabrada.
Getafe.
Leganés.
Móstoles.
Pozuelo de Alarcón.
Torrejón de Ardoz.
Carabanchel.
Montalbán.
Ciudad Lineal.
Fermín Caballero.
Latina.
Villa de Vallecas.
María de Molina.
San Blas.
Vinateros.
Villaverde-Usera.
Guzmán el Bueno.
Delegación Especial de Murcia
Administración de la Agencia Tributaria
Cieza.
Lorca.
Mula.
Murcia.
Delegación Especial de la Rioja
Administración de la Agencia Tributaria
Calahorra.
Haro.
Delegación Especial de Valencia
Administración de la Agencia Tributaria
Delegación
Alcoy/Alcoi.
Benidorm.
Dénia.
Elche/Elx.
Elda.
Orihuela.
Villena.
Alicante/Alacant.
Vila-real.
Vinaròs.
Alzira.
Catarroja.
Gandia.
Xàtiva.
Llíria.
Manises.
Moncada.
Requena.
Sagunto/Sagunt.
Sueca.
Torrent.
Blasco Ibáñez.
Valencia-Guillem de Castro.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Alicante/Alacant.
Castellón/Castelló.
Castellón/Castelló.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
II. Ámbito territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
En la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Almería.
1.1 Delegación Almería. Código 04600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Almería salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2 Administraciones.
Código 04053. Administración Huércal-Overa:
Albánchez.
Albox.
Alcóntar.
Antas.
Arboleas.
Armuña de Almanzora.
Bacares.
Bayarque.
Bédar.
Cantoria.
Chercos.
Chirivel.
Cóbdar.
Cuevas del Almanzora.
Fines.
Gallardos (Los).
Garrucha.
Huércal-Overa.
Laroya.
Líjar.
Lubrín.
Lúcar.
Macael.
María.
Mojácar.
Olula del Río.
Oria.
Partaloa.
Pulpí.
Purchena.
Serón.
Sierro.
Somotín.
Suflí.
Taberno.
Tíjola.
Turre.
Urrácal.
Vélez Blanco.
Vélez Rubio.
Vera.
Zurgena.
Código 04104. Administración El Ejido:
Adra.
Alcolea.
Bayárcal.
Berja.
Dalías.
Ejido (El).
Fondón.
Laujar de Andarax.
Mojonera (La).
Paterna del Río.
Roquetas de Mar.
Vícar.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cádiz.
2.1 Delegación Cádiz. Código 11600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Cádiz salvo los asignados a la Delegación de Jerez de la Frontera o a alguna de las Administraciones siguientes.
2.2 Administraciones.
Código 11004. Administración Algeciras:
Algeciras.
Barrios (Los).
Castellar de la Frontera.
Jimena de la Frontera.
Línea de la Concepción (La).
San Roque.
Tarifa.
Código 11015. Administración Chiclana de la Frontera
Alcalá de los Gazules.
Barbate.
Benalup.
Chiclana de la Frontera.
Conil de la Frontera.
Medina-Sidonia.
Paterna de Rivera.
Vejer de la Frontera.
Código 11027. Administración Puerto de Santa María (El)
Chipiona.
Puerto de Santa María (El).
Puerto Real.
Rota.
Sanlúcar de Barrameda.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 11032. Administración Sanlúcar de Barrameda.
Código 11033. Administración San Roque.
Código 11038. Administración Ubrique.
3. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Córdoba.
3.1 Delegación Córdoba.Código 14600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Córdoba salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
3.2 Administraciones.
Código 14038. Administración Lucena:
Almedinilla.
Benameji.
Cabra.
Carcabuey.
Doña Mencía.
Encinas Reales.
Fuente Tójar.
Iznájar.
Lucena.
Luque.
Monturque.
Moriles.
Palenciana.
Priego de Córdoba.
Puente Genil.
Rute.
Zuheros.
Código 14042. Administración Montilla:
Aguilar de la Frontera.
Baena.
Castro del Río.
Espejo.
Fernán Núñez.
Montalbán de Córdoba.
Montemayor.
Montilla.
Nueva Carteya.
Rambla (La).
San Sebastián de los Ballesteros.
Santaella.
Victoria (La).
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 14052. Administración Peñarroya-Pueblonuevo.
Código 14054. Administración Pozoblanco.
4. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Granada.
4.1 Delegación Granada. Código 18600.
El ámbito de esta Delegación abarca los códigos postales del municipio de Granada y los municipios de la provincia de Granada, salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
4.2 Administraciones.
Código 18142. Administración Motril:
Albondón.
Albuñol.
Almegíjar.
Almuñécar.
Alpujarra de la Sierra.
Bérchules.
Bubión.
Busquistar.
Cádiar.
Cáñar.
Capileira.
Carataunas.
Cástaras.
Guajares (Los).
Gualchos.
Itrabo.
Jete.
Juviles.
Tahá (La).
Lanjarón.
Lentegí.
Lobras.
Lújar.
Molvízar.
Motril.
Murtas.
Nevada.
Orgiva.
Otívar.
Pampaneira.
Polopos.
Pórtugos.
Rubite.
Salobreña.
Soportújar.
Sorvilán.
Torvizcón.
Trévelez.
Turón.
Ugíjar.
Valor.
Vélez de Benaudalla.
Código 18601. Administración Granada-Almanjayar:
Códigos postales de Granada números: 18011 y 18013.
Agrón.
Alamedilla.
Albolote.
Albuñán.
Aldeire.
Alfacar.
Alicún de Ortega.
Alquife
Atarfe.
Baza.
Beas de Granada.
Beas de Guadix.
Benalúa de las Villas.
Benalúa de Guadix.
Benamaurel.
Calicasas.
Campotéjar.
Caniles.
Castilléjar.
Castril.
Cogollos de Guadix.
Cogollos de la Vega.
Colomera.
Cortes de Baza.
Cortes y Graena.
Cuevas del Campo.
Cúllar.
Chimeneas.
Darro.
Dehesas de Guadix.
Deifontes.
Diezma.
Dólar.
Ferreira.
Freila.
Fonelas.
Fuente Vaqueros.
Galera.
Gobernador.
Gor.
Gorafe.
Guadahortuna.
Guadix.
Güevéjar.
Huélago.
Huéneja.
Huéscar.
Huétor de Santillán.
Illora.
Iznalloz.
Jayena.
Jerez Marquesado.
Jun.
Lacalahorra.
Lanteira.
Lugros.
Marchal,
Maracena.
Moclín.
Montejícar.
Montillana.
Morelabor.
Nívar.
Orce.
Pedro-Martínez.
Peligros.
Peza (La).
Pinos-Puente.
Piñar.
Policar.
Puebla de Don Fadrique.
Purullena.
Pulianas.
Torre-Cardela.
Valle del Zalabí.
Ventas de Huelma.
Villanueva de las Torres.
Viznar.
Zújar.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 18024. Administración Baza.
Código 18091. Administración Guadix.
Código 18123. Administración Loja.
Código 18150. Administración Orgiva.
5. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Huelva.
5.1 Delegación Huelva. Código 21600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Huelva salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
5.2 Administraciones.
Código 21054. Administración Palma del Condado (La):
Almonte.
Bollullos Par del Condado.
Bonares.
Chucena.
Escacena del Campo.
Hinojos.
Lucena del Puerto.
Manzanilla.
Niebla.
Palma del Condado (La).
Paterna del Campo.
Rociana del Condado.
Villalba del Alcor.
Villarrasa.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 21007. Administración Aracena.
Código 21010. Administración Ayamonte.
6. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Jaén
6.1 Delegación Jaén. Código 23600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Jaén salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
6.2 Administraciones.
Código 23005. Administración Andújar:
Andújar.
Arjona.
Arjonilla.
Cazalilla.
Escañuela.
Espeluy.
Higuera (La).
Lopera.
Marmolejo.
Mengíbar.
Villanueva de la Reina.
Código 23055. Administración Linares:
Aldeaquemada.
Arquillos.
Bailén.
Baños de la Encina.
Carboneros.
Carolina (La).
Guarromán.
Jabalquinto.
Linares.
Navas de San Juan.
Santa Elena.
Torreblascopedro.
Vilches.
Código 23092. Administración Úbeda:
Arroyo del Ojanco.
Baeza.
Beas de Segura.
Begíjar.
Benatae.
Canena.
Castellar.
Cazorla.
Chiclana de Segura.
Chilluévar.
Génave.
Hinojares.
Hornos.
Huesa.
Ibros.
Iruela (La).
Iznatoraf.
Jódar.
Lupión.
Montizón.
Orcera.
Peal de Becerro.
Pozo Alcón.
Puente de Génave.
Puerta de Segura (La).
Quesada.
Rus.
Sabiote.
Santiago-Pontones.
Santisteban del Puerto.
Santo Tomé.
Segura de la Sierra.
Siles.
Sorihuela del Guadalimar.
Torreperogil.
Torres Albánchez.
Úbeda.
Villacarrillo.
Villanueva del Arzobispo.
Villarrodrigo.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 23095. Administración Villacarrillo.
7. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Málaga.
7.1 Delegación Málaga. Código 29600.
El ámbito de esta Delegación abarca los códigos postales del municipio de Málaga y los municipios de la provincia de Málaga salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
7.2 Administraciones.
Código 29015. Administración Antequera:
Alameda.
Almargen.
Antequera.
Archidona.
Campillos.
Cuevas Bajas.
Cuevas de San Marcos.
Fuente de Piedra.
Humilladero.
Mollina.
Sierra de Yeguas.
Teba.
Valle de Abdalajís.
Villanueva de Algaidas.
Villanueva de la Concepción.
Villanueva de Tapia.
Villanueva del Rosario.
Villanueva del Trabuco.
Código 29069. Administración Marbella
Benahavís.
Casares.
Estepona.
Istán.
Manilva.
Marbella.
Ojén.
Código 29084. Administración Ronda:
Algatocín.
Alpandeire.
Arriate.
Atajate.
Benadalid.
Benalauría.
Benaoján.
Benarrabá.
Burgo (El).
Cañete la Real.
Cartajima.
Cortes de la Frontera.
Cuevas del Becerro.
Faraján.
Gaucín.
Genalguacil.
Igualeja.
Jimera de Líbar.
Jubrique.
Júzcar.
Montejaque.
Parauta.
Pujerra.
Ronda.
Yunquera.
Código 29094. Administración Vélez-Málaga:
Alcaucín.
Algarrobo.
Almáchar.
Archez.
Arenas.
Benamargosa.
Benamocarra.
Borge (El).
Canillas de Aceituno.
Canillas de Albaida.
Comares.
Cómpeta.
Cútar.
Frigiliana.
Iznate.
Macharaviaya.
Nerja.
Periana.
Salares.
Sayalonga.
Sedella.
Torrox.
Vélez-Málaga.
Viñuela.
Código 29103. Administración Torremolinos:
Alhaurín de la Torre.
Benalmádena.
Fuengirola.
Mijas.
Torremolinos.
Código 29601. Administración Málaga-Este.
Códigos postales de Málaga números: 29001, 29005, 29008, 29012, 29013, 29014, 29015, 29016, 29017, 29018, 29193, 29197.
Alfarnate.
Alfarnatejo.
Casabermeja.
Colmenar.
Moclinejo.
Rincón de la Victoria.
Riogordo.
Totalán.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 29012. Administración Álora.
8. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Jerez de la Frontera (código 53600).
El ámbito de esta Delegación abarca los siguientes municipios:
Arcos de la Frontera.
Algar.
Bornos.
Espera.
Jerez de la Frontera.
Prado del Rey.
San José del Valle.
Trebujena
Villamartín.
9. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ceuta (código 55600)
El ámbito de esta Delegación abarca la Ciudad Autónoma de Ceuta.
10. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Melilla (Código 56600).
El ámbito de esta Delegación abarca la Ciudad Autónoma de Melilla.
11. Integradas directamente en la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla los códigos postales del municipio de Sevilla y los municipios de la provincia de Sevilla salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes (Código 41600).
Código 41095. Administración Utrera:
Algámitas.
Arahal.
Cabezas de San Juan (Las).
Coripe.
Coronil (El).
Cuervo de Sevilla (El).
Lebrija.
Marchena.
Molares (Los).
Montellano.
Morón de la Frontera.
Palacios y Villafranca (Los).
Paradas.
Pruna.
Puebla de Cazalla (La).
Utrera.
Código 41603. Administración Parque:
Códigos postales de Sevilla números: 41012, 41013 y 41014.
Alcalá de Guadaira.
Dos Hermanas.
Código 41604. Administración Nervión-San Pablo:
Códigos postales de Sevilla números: 41005, 41006, 41007, 41016, 41017, 41018, 41019, 41020.
Carmona.
Mairena del Alcor.
Viso del Alcor (El).
Código 41606. Administración Sevilla Oeste-Noroeste:
Albaida del Aljarafe.
Alcalá del Río.
Algaba (La).
Almadén de la Plata.
Almensilla.
Aznalcázar.
Aznalcóllar.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Brenes.
Burguillos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilblanco de los Arroyos.
Castilleja de Guzmán.
Castilleja de la Cuesta.
Castilleja del Campo.
Castillo de las Guardas (El).
Coria del Río.
Espartinas.
Garrobo (El).
Gelves.
Gerena.
Gines.
Guillena.
Huévar.
Isla Mayor.
Madroño (El).
Mairena del Aljarafe.
Olivares.
Palomares del Río.
Pilas.
Puebla del Río (La).
Real de la Jara (El).
Rinconada (La).
Ronquillo (El).
Salteras.
San Juan de Aznalfarache.
Sanlúcar la Mayor.
Santiponce.
Tomares.
Umbrete.
Valencina de la Concepción.
Villamanrique de la Condesa.
Villanueva del Ariscal.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 41039. Administración Écija.
Código 41055. Administración Lora del Río.
Código 41065. Administración Morón de la Frontera.
Código 41068. Administración Osuna.
Delegación Especial de Aragón
En la Delegación Especial de Aragón se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Huesca.
1.1 Delegación Huesca. Código 22600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Huesca salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2 Administraciones.
Código 22218. Administración Monzón:
Abiego.
Abizanda.
Adahuesca.
Aínsa-Sobrarbe.
Albalate de Cinca.
Albelda.
Alcampell.
Alcolea de Cinca.
Alfántega.
Almunia de San Juan.
Alquézar.
Altorricón.
Arén.
Azanuy-Alins.
Azara.
Azlor.
Baells.
Baldellou.
Ballobar.
Barbastro.
Barbuñales.
Bárcabo.
Belver de Cinca.
Benabarre.
Benasque.
Berbegal.
Bielsa.
Bierge.
Binaced.
Binéfar.
Bisaurri.
Boltaña.
Bonansa.
Broto.
Campo.
Camporrells.
Candasnos.
Capella.
Castejón del Puente.
Castejón de Sos.
Castigaleu.
Castillazuelo.
Castillonroy.
Colungo.
Chalamera.
Chía.
Esplús.
Estada.
Estadilla.
Estopiñán del Castillo.
Fanlo.
Fiscal.
Fonz.
Foradada del Toscar.
Fraga.
Fueva (La).
Gistain.
Grado (El).
Graus.
Hoz y Costean.
Ilche.
Isábena.
Labuerda.
Laluenga.
Laperdiguera.
Lascellas-Ponzano.
Lascuarre.
Laspaúles.
Laspuña.
Monesma y Cajigar.
Montanúy.
Monzón.
Naval.
Olvena.
Ontiñena.
Osso de Cinca.
Palo.
Peñalba.
Peralta de Calasanz.
Peraltilla.
Perarrúa.
Plan.
Pozán de Vero.
Puebla de Castro (La).
Puente de Montañana.
Puértolas.
Pueyo de Araguás (El).
Pueyo de Santa Cruz.
Sahún.
Salas Altas.
Salas Bajas.
San Esteban de Litera.
San Juan de Plan.
San Miguel del Cinca.
Santaliestra y San Quílez.
Santa María de Dulcis.
Secastilla.
Seira.
Sesué.
Sopeira.
Tamarite de Litera.
Tella-Sin.
Tolva.
Torla.
Torre la Ribera.
Torrente de Cinca.
Valfarta.
Valle de Bardají.
Valle de Lierp.
Velilla de Cinca.
Vencillón.
Veracruz.
Viacamp y Litera.
Villanova.
Zaidín.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Teruel.
2.1 Delegación Teruel. Código 44600.
El ámbito territorial de esta Delegación abarca todos los municipios de la provincia de Teruel salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
2.2 Administraciones.
Código 44013. Administración Alcañiz:
Aguaviva.
Alacón.
Albalate del Arzobispo.
Alcañiz.
Alcorisa.
Alloza.
Andorra.
Arens de Lledó.
Ariño.
Azaila.
Beceite.
Belmonte de San José.
Berge.
Bordón.
Calaceite.
Calanda.
Cañada de Verich (La).
Castellote.
Castelnou.
Castelserás.
Cerollera (La).
Codoñera (La).
Cretas.
Crivillén.
Cuba (La).
Fórnoles.
Foz-Calanda.
Fresneda (La).
Fuentespalda.
Ginebrosa (La).
Hijar.
Jatiel.
Lledó.
Mas de las Matas.
Mata de los Olmos (La).
Mazaleón.
Mirambel.
Molinos.
Monroyo.
Oliete.
Olmos (Los).
Parras de Castellote (Las).
Peñarroya de Tastavins.
Portellada (La).
Puebla de Híjar (La).
Ráfales.
Samper de Calanda.
Seno.
Torre de Arcas.
Torre del Compte.
Torrecilla de Alcañiz.
Torrevelilla.
Tronchón.
Urrea de Gaén.
Valdealgorfa.
Valjunquera.
Valderrobres.
Valdeltormo.
Vinaceite.
3. Integradas directamente en la Delegación Especial de Aragón.
Código 50601. Administración Arrabal-Puente de Santiago.
Códigos Postales de Zaragoza números: 50014, 50015, 50016, 50018, 50058, 50059 y 50194.
Código 50602. Administración Albareda.
Códigos Postales de Zaragoza números: 50001, 50003, 50004, 50005, 50006, 50009, 50010, 50011, 50012, 50017, 50019, 50020, 50021, 50022, 50120, 50139, 50162, 50190, 50191, 50192, 50193, 50197, 50411, 50620, 50692, 50720 y 50820, y todos los demás municipios de la provincia de Zaragoza.
Código 50603. Administración Las Fuentes:
Códigos Postales de Zaragoza números: 50002, 50007, 50008 y 50013.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 50067. Administración Calatayud.
Código 50095. Administración Ejea de los Caballeros.
Delegación Especial de Asturias
En la Delegación Especial de Asturias se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (munipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón.
1.1 Delegación de Gijón. Código 52600.
Amieva.
Cabrales.
Cabranes.
Cangas de Onís.
Carreño.
Caravia.
Colunga.
Gijón.
Llanes.
Onís.
Parres.
Peñamellera Alta.
Peñamellera Baja.
Piloña.
Ponga.
Ribadedeva.
Ribadesella.
Villaviciosa.
1.2 Administraciones.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 52012. Administración Cangas de Onís.
2. Integradas directamente en la Delegación Especial de Asturias.
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Asturias los municipios de la provincia salvo los asignados a la Delegación de Gijón o a alguna de las Administraciones siguientes (Código 33600).
Código 33004. Administración Avilés:
Avilés.
Boal.
Castrillón.
Castropol.
Coaña.
Corvera de Asturias.
Cudillero.
Franco (El).
Gozón.
Grandas de Salime.
Illano.
Illas.
Muros de Nalón.
Navia.
Pesoz.
Pravia.
San Martín de Oscos.
San Tirso de Abres.
Santa Eulalia de Oscos.
Soto del Barco.
Tapia de Casariego.
Taramundi.
Valdés.
Vegadeo.
Villanueva de Oscos.
Villayón.
Código 33031. Administración Langreo
Caso.
Langreo.
Laviana.
San Martín del Rey Aurelio.
Sobrescobio.
Código 33037. Administración Mieres:
Aller.
Lena.
Mieres.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 33011. Administración Cangas del Narcea.
Código 33034. Administración Luarca-Valdés.
Delegación Especial de Illes Balears
En la Delegación Especial de Illes Balears se integran las siguientes Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
Código 07026. Administración Eivissa-Formentera:
Eivissa.
Formentera.
Sant Josep de sa Talaia.
Sant Antoni de Portmany.
Sant Joan de Labritja.
Santa Eulària des Riu.
Código 07027. Administración Inca:
Alaró.
Alcúdia.
Binissalem.
Búger.
Campanet.
Consell.
Costitx.
Escorca.
Inca.
Lloret de Vistalegre.
Lloseta.
Llubí.
Mancor de la Vall.
María de la Salut.
Muro.
Pobla (Sa).
Pollença.
Santa Margalida.
Selva.
Sencelles.
Sineu.
Código 07032. Administración Menorca:
Alaior.
Castell (Es).
Ciutadella de Menorca.
Ferreries.
Mahón.
Mercadal (Es).
Migjorn Gran (Es).
Sant Lluís.
Código 07033. Administración Manacor:
Ariany.
Artà.
Capdepera.
Felanitx.
Manacor.
Montuïri.
Petra.
Porreres.
Salines (Ses).
Santanyí.
Sant Joan.
Sant Llorenç des Cardassar.
Son Servera.
Vilafranca de Bonany.
Código 07601. Administración Palma de Mallorca:
Andratx.
Algaida.
Banyalbufar.
Bunyola.
Calvià.
Campos.
Deià.
Esporles.
Estellencs.
Fornalutx.
Llucmajor.
Marratxí.
Palma de Mallorca.
Puigpunyent.
Santa Eugènia.
Santa María del Camí.
Sóller.
Valldemossa.
Delegación Especial de Canarias
En la Delegación Especial de Canarias se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Santa Cruz de Tenerife.
1.1 Delegación Santa Cruz Tenerife. Código 38600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2 Administraciones.
Código 38006. Administración Arona:
Adeje.
Arico.
Arona.
Fasnia.
Granadilla de Abona.
Guía de Isora.
San Miguel de Abona.
Santiago del Teide.
Vilaflor.
Código 38023. Administración Laguna (La):
Matanza de Acentejo (La).
Rosario (El).
San Cristóbal de la Laguna.
Sauzal (El).
Tacoronte.
Tegueste.
Victoria de Acentejo (La).
Código 38028. Administración Puerto de la Cruz:
Buenavista del Norte.
Garachico.
Guancha (La).
Icod de los Vinos.
Orotava (La).
Puerto de la Cruz.
Realejos (Los).
San Juan de la Rambla.
Santa Úrsula.
Silos (Los).
Tanque (El).
Código 38036. Administración Gomera (La):
Agulo.
Alajeró.
Hermigua.
San Sebastián de la Gomera.
Valle Gran Rey.
Vallehermoso.
Código 38037. Administración Palma (La):
Barlovento.
Breña Alta.
Breña Baja.
Fuencaliente de la Palma.
Garafía.
Llanos de Aridane (Los).
Paso (El).
Puntagorda.
Puntallana.
San Andrés y Sauces.
Santa Cruz de la Palma.
Tazacorte.
Tijarafe.
Villa de Mazo.
Código 38048. Administración Hierro (El):
Frontera (La).
Pinar de El Hierro (El)
Valverde.
2. Integradas directamente en la Delegación Especial de Canarias.
Código 35004. Administración Lanzarote:
Arrecife.
Haría.
San Bartolomé de Lanzarote.
Teguise.
Tías.
Tinajo.
Yaiza.
Código 35010. Administración Santa María de Guía:
Agaete.
Aldea de San Nicolás (La).
Artenara.
Arucas.
Firgas.
Gáldar.
Moya.
Santa María de Guía.
Tejeda.
Teror.
Valleseco.
Código 35018. Administración Fuerteventura:
Antigua.
Betancuria.
Oliva (La).
Pájara.
Puerto del Rosario.
Tuineje.
Código 35020. Administración San Bartolomé de Tirajana:
Mogán.
San Bartolomé de Tirajana.
Santa Lucía de Tirajana.
Código 35601. Administración Palmas de Gran Canaria (Las):
Agüimes.
Ingenio.
Palmas de Gran Canaria (Las).
Santa Brígida.
Telde.
Valsequillo de Gran Canaria.
Vega de San Mateo.
Delegación Especial de Cantabria
En la Delegación Especial de Cantabria se integran las siguientes Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Cantabria los municipios de la provincia salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes (Código 39600).
Código 39035. Administración Laredo:
Ampuero.
Argoños.
Arnuero.
Arredondo.
Bárcena de Cicero.
Bareyo.
Castro Urdiales.
Colindres.
Escalante.
Guriezo.
Hazas de Cesto.
Laredo.
Liendo.
Limpias.
Meruelo.
Noja.
Ramales de la Victoria.
Rasines.
Ruesga.
Santoña.
Soba.
Solórzano.
Valle de Villaverde.
Voto.
Código 39087. Administración Torrelavega:
Alfoz de Lloredo.
Anievas.
Arenas de Iguña.
Bárcena de Pie de Concha.
Cabezón de Liébana.
Cabezón de la Sal.
Cabuérniga.
Camaleño.
Campoo de Yuso.
Campoo de Enmedio.
Cartes.
Cieza.
Cillorigo de Liébana.
Comillas.
Corrales de Buelna (Los).
Hermandad de Campoo de Suso.
Herrerías.
Lamasón.
Mazcuerras.
Miengo.
Molledo.
Peñarrubia.
Pesaguero.
Pesquera.
Polaciones.
Polanco.
Potes.
Reinosa.
Reocín.
Rionansa.
Rozas de Valdearrollo (Las).
Ruente.
Ruiloba.
San Felices de Buelna.
San Miguel de Aguayo.
San Vicente de la Barquera.
Santillana del Mar.
Santiurde de Reinosa.
Suances.
Tojos (Los).
Torrelavega.
Tresviso.
Tudanca.
Udías.
Valdáliga.
Valdeolea.
Valdeprado del Río.
Valderredible.
Val de San Vicente.
Vega de Liébana.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 39059. Administración Reinosa:
Delegación Especial de Castilla-La Mancha
En la Delegación Especial de Castilla-La Mancha se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Albacete.
1.1 Delegación Albacete.Código 02600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Albacete salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2 Administraciones.
Código 02037. Administración Hellín:
Albatana.
Ayna.
Elche de la Sierra.
Férez.
Hellín.
Letur.
Liétor.
Molinicos.
Nerpio.
Ontur.
Socovos.
Tobarra.
Yeste.
Código 02069. Administración Roda (La):
Barrax.
Bonillo (El).
Fuensanta.
Lezuza.
Madrigueras.
Minaya.
Montalvos.
Munera.
Ossa de Montiel.
Roda (La).
Tarazona de la Mancha.
Villalgordo del Júcar.
Villarrobledo.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ciudad Real.
2.1 Delegación Ciudad Real. Código 13600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Ciudad Real salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
2.2 Administraciones.
Código 13005. Administración Alcázar de San Juan:
Alcázar de San Juan.
Arenales de San Gregorio.
Argamasilla de Alba.
Campo de Criptana.
Herencia.
Pedro Muñoz.
Puerto Lápice.
Ruidera.
Socuéllamos.
Tomelloso.
Código 13071. Administración Puertollano:
Abenójar.
Agudo.
Alamillo.
Aldea del Rey.
Almadén.
Almadenejos.
Almodóvar del Campo.
Argamasilla de Calatrava.
Brazatortas.
Cabezarados.
Cabezarrubias del Puerto.
Caracuel de Calatrava.
Chillón.
Corral de Calatrava.
Fuencaliente.
Guadalmez.
Hinojosas de Calatrava.
Mestanza.
Pozuelos de Calatrava (Los).
Puertollano.
Saceruela.
San Lorenzo de Calatrava.
Solana del Pino.
Valdemanco del Esteras.
Villamayor de Calatrava.
Villanueva de San Carlos.
Código 13087. Administración Valdepeñas:
Albaladejo.
Alcubillas.
Alhambra.
Almedina.
Almuradiel.
Carrizosa.
Castellar de Santiago.
Cózar.
Fuenllana.
Labores (Las).
Llanos del Caudillo.
Manzanares.
Membrilla.
Montiel.
Moral de Calatrava.
Puebla del Príncipe.
San Carlos del Valle.
Santa Cruz de los Cáñamos.
Santa Cruz de Mudela.
Solana (La).
Terrinches.
Torre de Juan Abad.
Torrenueva.
Valdepeñas.
Villahermosa.
Villamanrique.
Villanueva de la Fuente.
Villanueva de los Infantes.
Villarta de San Juan.
Viso del Marqués.
3. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cuenca.
3.1 Delegación Cuenca. Código 16600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Cuenca salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
3.2 Administraciones.
Código 16212. Administración Tarancón:
Acebrón (El).
Alcázar del Rey.
Alconchel de la Estrella.
Almendros.
Almonacid del Marquesado.
Barajas de Melo.
Belinchón.
Belmonte.
Buendía.
Campos del Paraíso.
Carrascosa de Haro.
Cervera del Llano.
Fuente de Pedro Naharro.
Fuentelespino de Haro.
Hinojosos (Los).
Hito (El).
Hontanaya.
Horcajo de Santiago.
Huelves.
Huete.
Leganiel.
Mesas (Las).
Monreal del Llano.
Montalbanejo.
Montalbo.
Mota del Cuervo.
Osa de la Vega.
Palomares del Campo.
Paredes.
Pedernoso (El).
Pedroñeras (Las).
Peraleja (La).
Pineda de Gigüela.
Portalrubio de Guadamejud.
Pozorrubio de Santiago.
Puebla de Almenara.
Rada de Haro.
Rozalén del Monte.
Saceda-Trasierra.
Saelices.
Santa María de los Llanos.
Tarancón.
Tinajas.
Torrejoncillo del Rey.
Torrubia del Campo.
Tresjuncos.
Tribaldos.
Uclés.
Valle de Altomira (El).
Vellisca.
Villaescusa de Haro.
Villalba del Rey.
Villalgordo del Marquesado.
Villamayor de Santiago.
Villanueva de Guadamejud.
Villar de Cañas.
Villarejo de Fuentes.
Villares del Saz.
Villarrubio.
Zafra de Záncara.
Zarza de Tajo.
4. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Guadalajara (código 19600).
Su ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Guadalajara.
5. Integradas directamente en la Delegación Especial de Castilla-La Mancha.
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Castilla-La Mancha los municipios de la provincia de Toledo salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes (Código 45600).
Código 45143. Administración Quintanar de la Orden:
Cabezamesada.
Camuñas.
Corral de Almaguer.
Guardia (La).
Lillo.
Madridejos.
Miguel Esteban.
Puebla de Almoradiel (La).
Quero.
Quintanar de la Orden.
Romeral (El).
Santa Cruz de la Zarza.
Tembleque.
Toboso (El).
Villa de Don Fadrique (La).
Villacañas.
Villafranca de los Caballeros.
Villanueva de Alcardete.
Villarrubia de Santiago.
Villatobas.
Código 45166. Administración Talavera de la Reina:
Alcañizo.
Alcaudete de la Jara.
Alcolea de Tajo.
Aldeanueva de Barbarroya.
Aldeanueva de San Bartolomé.
Almendral de la Cañada.
Azután.
Belvís de la Jara.
Buenaventura.
Calera y Chozas.
Caleruela.
Calzada de Oropesa.
Campillo de la Jara (El).
Cardiel de los Montes.
Castillo de Bayuela.
Cazalegas.
Cebolla.
Cerralbos (Los).
Cervera de los Montes.
Espinoso del Rey.
Estrella (La).
Herencias (Las).
Herreruela de Oropesa.
Hinojosa de San Vicente.
Iglesuela (La).
Illán de Vacas.
Lagartera.
Lucillos.
Malpica de Tajo.
Marrupe.
Mejorada.
Mohedas de la Jara.
Montearagón.
Montesclaros.
Nava de Ricomalillo (La).
Navalcán.
Navalmoralejo.
Navalmorales (Los).
Navalucillos (Los).
Navamorcuende.
Oropesa.
Parrillas.
Pepino.
Pueblanueva (La).
Puente del Arzobispo (El).
Puerto de San Vicente.
Real de San Vicente (El).
Retamoso de la Jara.
Robledo del Mazo.
San Bartolomé de las Abiertas.
San Martín de Pusa.
San Román de los Montes.
Santa Ana de Pusa.
Sartajada.
Segurilla.
Sevilleja de la Jara.
Sotillo de las Palomas.
Talavera de la Reina.
Torralba de Oropesa.
Torrecilla de la Jara.
Torrico.
Valdeverdeja.
Velada.
Ventas de San Julián (Las).
Villarejo de Montalbán.
Delegación Especial de Castilla-León
En la Delegación Especial de Castilla y León se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ávila (código 05600).
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Ávila.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Burgos.
2.1 Delegación Burgos. Código 09600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Burgos.
2.2 Administraciones.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 09018. Administración Aranda de Duero.
Código 09224. Administración Miranda de Ebro.
3. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de León.
3.1 Delegación León. Código 24600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de León salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
3.2 Administraciones.
Código 24009. Administración Astorga:
Alija del Infantado.
Antigua (La).
Astorga.
Bañeza (La).
Benavides.
Bercianos del Páramo.
Brazuelo.
Bustillo del Páramo.
Carrizo.
Castrillo de la Valduerna.
Castrocalbón.
Castrocontrigo.
Cebrones del Río.
Cimanes de la Vega.
Destriana.
Hospital de Órbigo.
Laguna Dalga.
Laguna de Negrillos.
Llamas de la Ribera.
Lucillo.
Luyego.
Magaz de Cepeda.
Palacios de la Valduerna.
Pobladura de Pelayo García.
Pozuelo del Páramo.
Quintana del Castillo.
Quintana del Marco.
Quintana y Congosto.
Regueras de Arriba.
Riego de la Vega.
Roperuelos del Páramo.
San Adrián del Valle.
San Cristóbal de la Polantera.
San Esteban de Nogales.
San Justo de la Vega.
San Pedro Bercianos.
Santa Colomba de Somoza.
Santa Elena de Jamuz.
Santa María de la Isla.
Santa María del Páramo.
Santa Marina del Rey.
Santiago Millas.
Soto de la Vega.
Truchas.
Turcia.
Urdiales del Páramo.
Val de San Lorenzo.
Valdefuentes del Páramo.
Valderrey.
Villagatón.
Villamejil.
Villamontán de la Valduerna.
Villaobispo de Otero.
Villaquejida.
Villarejo de Órbigo.
Villares de Órbigo.
Villazala.
Zotes del Páramo.
Código 24118. Administración Ponferrada:
Arganza.
Balboa.
Barjas.
Bembibre.
Benuza.
Berlanga del Bierzo.
Borrenes.
Cabañas Raras.
Cacabelos.
Camponaraya.
Candín.
Carracedelo.
Carucedo.
Castrillo de Cabrera.
Castropodame.
Congosto.
Corullón.
Cubillos del Sil.
Encinedo.
Fabero.
Folgoso de la Ribera.
Igüeña.
Molinaseca.
Noceda del Bierzo.
Oencia.
Palacios del Sil.
Páramo del Sil.
Peranzanes.
Ponferrada.
Priaranza del Bierzo.
Puente de Domingo Flórez.
Sancedo.
Sobrado.
Toreno.
Torre del Bierzo.
Trabadelo.
Vega de Espinareda.
Vega de Valcarce.
Villablino.
Villadecanes.
Villafranca del Bierzo.
4. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Palencia.
4.1 Delegación Palencia. Código 34600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Palencia.
4.2 Administraciones.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 34004. Administración Aguilar de Campoo.
5. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Salamanca.
5.1 Delegación Salamanca. Código 37600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Salamanca.
5.2 Administraciones.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 37046. Administración Béjar.
Código 37107. Administración Ciudad Rodrigo.
6. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Segovia (código 40600).
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Segovia.
7. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Soria (código 42600).
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Soria.
8. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Zamora.
8.1 Delegación Zamora. Código 49600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Zamora.
8.2 Administraciones.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 49023. Administración Benavente.
9. Integradas directamente en la Delegación Especial de Castilla y León.
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Castilla y León los municipios de la provincia de Valladolid salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes. (Código 47600).
Código 47601. Administración Valladolid-capital:
Adalia.
Aguilar de Campos.
Aldea de San Miguel.
Aldeamayor de San Martín.
Amusquillo.
Bahabón.
Barcial de la Loma.
Barruelo de Valle.
Becilla de Valderaduey.
Benafarces.
Bercero.
Berceruelo.
Berrueces.
Bocos de Duero.
Boecillo.
Bolaños de Campos.
Bustillo de Chaves.
Cabezón de Pisuerga.
Cabezón de Valderaduey.
Cabreros del Monte.
Campaspero.
Camporredondo.
Canalejas de Peñafiel.
Canillas de Esgueva.
Casasola de Arión.
Castrillo de Duero.
Castrillo-Tejeriego.
Castrobol.
Castrodeza.
Castromembibre.
Castromonte.
Castronuevo de Esgueva.
Castroponce.
Castroverde de Cerrato.
Ceinos de Campos.
Cigales.
Ciguñuela.
Cogeces del Monte.
Corcos.
Corrales de Duero.
Cubillas de Santa Marta.
Cuenca de Campos.
Curiel de Duero.
Encinas de Esgueva.
Esguevillas de Esgueva.
Fombellida.
Fompedraza.
Fontihoyuelo.
Fuensaldaña.
Gallegos de Hornija.
Gatón de Campos.
Geria.
Herrín de Campos.
Langayo.
Manzanillo.
Marzales.
Matilla de los Caños.
Mayorga.
Medina de Rioseco.
Melgar de Abajo.
Melgar de Arriba.
Mojados.
Monasterio de Vega.
Montealegre de Campos.
Montemayor de Pililla.
Moral de la Reina.
Morales de Campos.
Mota del Marqués.
Mucientes.
Mudarra (La).
Olivares de Duero.
Olmos de Esgueva.
Olmos de Peñafiel.
Palazuelo de Vedija.
Parrilla (La).
Pedraja de Portillo (La).
Pedrosa del Rey.
Peñafiel.
Peñaflor de Hornija.
Pesquera de Duero.
Piña de Esgueva.
Piñel de Abajo.
Piñel de Arriba.
Portillo.
Pozuelo de la Orden.
Quintanilla de Arriba.
Quintanilla de Onésimo.
Quintanilla de Trigueros.
Quintanilla del Molar.
Rábano.
Renedo de Esgueva.
Roales de Campos.
Robladillo.
Roturas.
Saelices de Mayorga.
San Cebrián de Mazote.
San Llorente.
San Martín de Valvení.
San Miguel del Arroyo.
San Miguel del Pino.
San Pedro de Latarce.
San Pelayo.
San Román de Hornija.
San Salvador.
Santa Eufemia del Arroyo.
Santervás de Campos.
Santibáñez de Valcorba.
Sardón de Duero.
Tamariz de Campos.
Tiedra.
Tordehumos.
Tordesillas.
Torre de Esgueva.
Torre de Peñafiel.
Torrecilla de la Abadesa.
Torrecilla de la Torre.
Torrelobatón.
Torrescárcela.
Traspinedo.
Trigueros del Valle.
Tudela de Duero.
Unión de Campos (La).
Urones de Castroponce.
Urueña.
Valbuena de Duero.
Valdearcos de la Vega.
Valdenebro de los Valles.
Valdunquillo.
Valoria la Buena.
Valverde de Campos.
Vega de Ruiponce.
Vega de Valdetronco.
Velilla.
Velliza.
Viana de Cega.
Viloria.
Villabáñez.
Villabaruz de Campos.
Villabrágima.
Villacarralón.
Villacid de Campos.
Villaco.
Villafrades de Campos.
Villafrechós.
Villafuerte.
Villagarcía de Campos.
Villagómez la Nueva.
Villalán de Campos.
Villalar de los Comuneros.
Villalba de la Loma.
Villalba de los Alcores.
Villalbarba.
Villalón de Campos.
Villamuriel de Campos.
Villán de Tordesillas.
Villanubla.
Villanueva de San Mancio.
Villanueva de la Condesa.
Villanueva de los Caballeros.
Villanueva de los Infantes.
Villardefrades.
Villarmentero de Esgueva.
Villasexmir.
Villavaquerín.
Villavellid.
Villavicencio de los Caballeros.
Wamba.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 47086. Administración Medina del Campo.
Delegación Especial de Cataluña
En la Delegación Especial de Cataluña se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Girona.
1.1 Delegación Girona. Código 17600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Girona salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2 Administraciones.
Código 17025. Administración Bisbal (La):
Begur.
Bisbal d’Empordà (La).
Calonge.
Castell-Platja d’Aro.
Corçà.
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Foixà.
Fontanilles.
Forallac.
Gualta.
Mont-ras.
Palafrugell.
Palamós.
Palau-sator.
Pals.
Parlavà.
Pera (La).
Regencós.
Rupià.
Sant Feliu de Guíxols.
Santa Cristina d’Aro.
Serra de Daró.
Tallada d’Empordà (La).
Torrent.
Torroella de Montgrí.
Ullà.
Ullastret.
Ultramort.
Vall-llobrega.
Código 17072. Administración Figueres:
Agullana.
Albanyà.
Armentera (L’).
Avinyonet de Puigventós.
Bàscara.
Biure.
Boadella i les Escaules.
Borrassà.
Cabanelles.
Cabanes.
Cadaqués.
Cantallops.
Capmany.
Castelló d’Empúries.
Cistella.
Colera.
Crespià.
Darnius.
Escala (L’).
Espolla.
Far d’Empordà (El).
Figueres.
Fortià.
Garrigàs.
Garriguella.
Jonquera (La).
Lladó.
Llançà.
Llers.
Maçanet de Cabrenys.
Masarac.
Mollet de Peralada.
Navata.
Ordis.
Palau de Santa Eulàlia.
Palau-saverdera.
Pau.
Pedret i Marzà.
Peralada.
Pont de Molins.
Pontós.
Port de la Selva (El).
Portbou.
Rabós.
Riumors.
Roses.
Sant Climent Sescebes.
Sant Llorenç de la Muga.
Sant Miquel de Fluvià.
Sant Mori.
Sant Pere Pescador.
Santa Llogaia d’Àlguema.
Saus.
Selva de Mar (La).
Siurana.
Terrades.
Torroella de Fluvià.
Vajol (La).
Ventalló.
Vilabertran.
Viladamat.
Vilafant.
Vilajuïga.
Vilamacolum.
Vilamalla.
Vilamaniscle.
Vilanant.
Vila-sacra.
Vilaür.
Código 17121. Administración Olot:
Alp.
Argelaguer.
Besalú.
Beuda.
Bolvir.
Campdevànol.
Campelles.
Camprodon.
Castellfollit de la Roca.
Das.
Fontanals de Cerdanya.
Ger.
Gombrèn.
Guils de Cerdanya.
Isòvol.
Llanars.
Llívia.
Llosses (Les).
Maià de Montcal.
Meranges.
Mieres.
Molló.
Montagut i Oix.
Ogassa.
Olot.
Pardines.
Planes d’Hostoles (Les).
Planoles.
Preses (Les).
Puigcerdà.
Queralbs.
Ribes de Freser.
Ripoll.
Riudaura.
Sales de Llierca.
Sant Aniol de Finestres.
Sant Feliu de Pallerols.
Sant Ferriol.
Sant Jaume de Llierca.
Sant Joan de les Abadesses.
Sant Joan les Fonts.
Sant Miquel de Campmajor.
Sant Pau de Segúries.
Santa Pau.
Setcases.
Tortellà.
Toses.
Urús.
Vall de Bianya (La).
Vall d’en Bas (La).
Vallfogona de Ripollès.
Vidrà.
Vilallonga de Ter.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Lleida.
2.1 Delegación Lleida. Código 25600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Lleida.
2.2 Administraciones.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 25252. Administración La Seu d’Urgell.
Código 25272. Administración Tàrrega.
3. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Tarragona.
3.1 Delegación Tarragona. Código 43600.
El ámbito abarca todos los municipios de Tarragona salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
3.2 Administraciones.
Código 43125. Administración Reus:
Aleixar (L’).
Alforja.
Albiol (L’)
Almoster.
Arbolí.
Argentera (L’).
Bellmunt del Priorat.
Bisbal de Falset (La).
Borges del Camp (Les).
Botarell.
Cabacés.
Cambrils.
Capafonts
Capçanes.
Castellvell del Camp.
Colldejou.
Cornudella de Montsant.
Duesaigües.
Falset.
Febró (La)
Figuera (La).
Gratallops.
Guiamets (Els).
Lloar (El).
Marçà.
Margalef.
Maspujols.
Masroig (El).
Molar (El).
Montbrió del Camp.
Mont-roig del Camp.
Móra la Nova
Morera de Montsant (La).
Poboleda.
Porrera.
Pradell de la Teixeta.
Prades
Pratdip.
Reus.
Riudecanyes.
Riudecols.
Riudoms.
Selva del Camp (La).
Torre de Fontaubella (La).
Torroja del Priorat.
Ulldemolins.
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant.
Vilanova de Prades.
Vilanova d’Escornalbou.
Vilaplana.
Vilella Alta (La).
Vilella Baixa (La).
Vinyols i els Arcs.
Código 43157. Administración Tortosa:
Alcanar.
Aldea (L’).
Aldover.
Alfara de Carles.
Ametlla de Mar (L’).
Ampolla (L’).
Amposta.
Arnes.
Ascó.
Batea.
Benifallet.
Benissanet.
Bot.
Camarles.
Caseres.
Corbera d’Ebre.
Deltebre.
Fatarella (La).
Flix.
Freginals.
Galera (La).
Gandesa.
Garcia.
Ginestar.
Godall.
Horta de Sant Joan.
Mas de Barberans.
Masdenverge.
Miravet.
Móra d’Ebre.
Palma d’Ebre (La).
Paüls.
Perelló (El).
Pinell de Brai (El).
Pobla de Massaluca (La).
Prat de Comte.
Rasquera.
Riba-roja d’Ebre.
Roquetes.
Sant Carles de la Ràpita.
Sant Jaume d’Enveja.
Santa Bàrbara.
Sénia (La).
Tivenys.
Tivissa.
Torre de l’Espanyol (La).
Tortosa.
Ulldecona.
Vilalba dels Arcs.
Vinebre.
Xerta.
4. Integradas directamente en la Delegación Especial de Cataluña.
Código 08006. Administración Arenys de Mar:
Arenys de Mar.
Arenys de Munt.
Calella.
Canet de Mar.
Fogars de la Selva.
Malgrat de Mar.
Palafolls.
Pineda de Mar.
Sant Cebrià de Vallalta.
Sant Iscle de Vallalta.
Sant Pol de Mar.
Santa Susanna.
Tordera.
Código 08015. Administración Badalona:
Alella.
Badalona.
Masnou (El).
Montgat.
Sant Adrià de Besòs.
Tiana.
Código 08022. Administración Berga:
Avià.
Bagà.
Berga.
Borredà.
Capolat.
Casserres.
Castell de l’Areny.
Castellar de n’Hug.
Castellar del Riu.
Cercs.
Espunyola (L’).
Fígols.
Gironella.
Gisclareny.
Guardiola de Berguedà.
Montclar.
Montmajor.
Nou de Berguedà (La).
Olvan.
Pobla de Lillet (La).
Puig-reig.
Quar (La).
Sagàs.
Saldes.
Sant Jaume de Frontanyà.
Sant Julià de Cerdanyola.
Santa Maria de Merlès.
Vallcebre.
Vilada.
Viver i Serrateix.
Código 08072. Administración Cornellà de Llobregat:
Begues.
Castelldefels.
Cornellà de Llobregat.
Gavà.
Prat de Llobregat (El).
Sant Boi de Llobregat.
Sant Climent de Llobregat.
Santa Coloma de Cervelló.
Viladecans.
Código 08095. Administración Granollers:
Aiguafreda.
Ametlla del Vallès (L’).
Bigues i Riells.
Caldes de Montbui.
Campins.
Canovelles.
Cànoves i Samalús.
Cardedeu.
Castellcir.
Castellterçol.
Figaró-Montmany.
Fogars de Montclús.
Franqueses del Vallès (Les).
Garriga (La).
Granera.
Granollers.
Gualba.
Llagosta (La).
Lliçà d’Amunt.
Lliçà de Vall.
Llinars del Vallès.
Martorelles.
Mollet del Vallès.
Montmeló.
Montornès del Vallès.
Montseny.
Parets del Vallès.
Roca del Vallès (La).
Sant Antoni de Vilamajor.
Sant Celoni.
Sant Esteve de Palautordera.
Sant Feliu de Codines.
Sant Fost de Campsentelles.
Santa Maria de Palautordera.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Quirze Safaja.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Santa Maria de Martorelles.
Tagamanent.
Vallgorgina.
Vallromanes.
Vilalba Sasserra.
Vilanova del Vallès.
Código 08100. Administración Hospitalet de Llobregat:
Hospitalet de Llobregat (L’).
Código 08101. Administración Igualada
Argençola.
Bellprat.
Bruc (El).
Cabrera d’Igualada.
Calaf.
Calonge de Segarra.
Capellades.
Carme.
Castellfollit de Riubregós.
Castellolí.
Collbató.
Copons.
Hostalets de Pierola (Els).
Igualada.
Jorba.
Llacuna (La).
Masquefa.
Montmaneu.
Òdena.
Orpí.
Piera.
Pobla de Claramunt (La).
Prats de Rei (Els).
Pujalt.
Rubió.
Sant Martí de Tous.
Sant Martí Sesgueioles.
Sant Pere Sallavinera.
Santa Margarida de Montbui.
Santa Maria de Miralles.
Torre de Claramunt (La).
Vallbona d’Anoia.
Veciana.
Vilanova del Camí.
Código 08112. Administración Manresa:
Aguilar de Segarra.
Artés.
Avinyó.
Balsareny.
Calders.
Callús.
Cardona.
Castellbell i el Vilar.
Castellfollit del Boix.
Castellgalí.
Castellnou de Bages.
Estany (L’).
Fonollosa.
Gaià.
Manresa.
Marganell.
Moià.
Monistrol de Calders.
Monistrol de Montserrat.
Mura.
Navarcles.
Navàs.
Pont de Vilomara i Rocafort (El).
Rajadell.
Sallent.
Sant Feliu Sasserra.
Sant Fruitós de Bages.
Sant Joan de Vilatorrada.
Sant Mateu de Bages.
Sant Salvador de Guardiola.
Sant Vicenç de Castellet.
Santa Maria d’Oló.
Santpedor.
Súria.
Talamanca.
Código 08120. Administración Mataró
Argentona.
Cabrera de Mar.
Cabrils.
Caldes d’Estrac.
Dosrius.
Mataró.
Òrrius.
Premià de Dalt.
Premià de Mar.
Sant Andreu de Llavaneres.
Sant Vicenç de Montalt.
Teià.
Vilassar de Dalt.
Vilassar de Mar.
Código 08186. Administración Sabadell:
Badia del Vallès.
Barberà del Vallès.
Castellar del Vallès.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Sabadell.
Sant Quirze del Vallès.
Santa Perpètua de Mogoda.
Sentmenat.
Código 08204. Administración Sant Cugat del Vallès
Cerdanyola del Vallès.
Montcada i Reixac.
Ripollet.
Rubí.
Sant Cugat del Vallès.
Código 08210. Administración Sant Feliu de Llobregat:
Abrera.
Castellví de Rosanes.
Cervelló.
Corbera de Llobregat.
Esparreguera.
Esplugues de Llobregat.
Martorell.
Molins de Rei.
Pallejà.
Palma de Cervelló (La).
Papiol (El).
Sant Andreu de la Barca.
Sant Esteve Sesrovires.
Sant Feliu de Llobregat.
Sant Joan Despí.
Sant Just Desvern.
Sant Vicenç dels Horts.
Torrelles de Llobregat.
Vallirana.
Código 08245. Administración Santa Coloma de Gramenet:
Santa Coloma de Gramenet.
Código 08279. Administración Terrassa:
Castellbisbal.
Gallifa.
Matadepera.
Olesa de Montserrat.
Rellinars.
Sant Llorenç Savall.
Terrassa.
Ullastrell.
Vacarisses.
Viladecavalls.
Código 08299. Administración Vic:
Alpens.
Balenyà.
Brull (El).
Calldetenes.
Centelles.
Collsuspina.
Folgueroles.
Gurb.
Lluçà.
Malla.
Manlleu.
Masies de Roda (Les).
Masies de Voltregà (Les).
Montesquiu.
Muntanyola.
Olost.
Orís.
Oristà.
Perafita.
Prats de Lluçanès.
Roda de Ter.
Rupit i Pruit.
Sant Agustí de Lluçanès.
Sant Bartomeu del Grau.
Sant Boi de Lluçanès.
Sant Hipòlit de Voltregà.
Sant Julià de Vilatorta.
Sant Martí d’Albars.
Sant Martí de Centelles.
Sant Pere de Torelló.
Sant Quirze de Besora.
Sant Sadurní d’Osormort.
Sant Vicenç de Torelló.
Santa Cecília de Voltregà.
Santa Eugènia de Berga.
Santa Eulàlia de Riuprimer.
Santa Maria de Besora.
Santa Maria de Corcó.
Seva.
Sobremunt.
Sora.
Taradell.
Tavèrnoles.
Tavertet.
Tona.
Torelló.
Vic.
Vilanova de Sau.
Código 08306. Administración Vilafranca del Penedès:
Avinyonet del Penedès.
Cabanyes (Les).
Castellet i la Gornal.
Castellví de la Marca.
Font-rubí.
Gelida.
Granada (La).
Mediona.
Olèrdola.
Olesa de Bonesvalls.
Pacs del Penedès.
Pla del Penedès (El).
Pontons.
Puigdàlber.
Sant Cugat Sesgarrigues.
Sant Llorenç d’Hortons.
Sant Martí Sarroca.
Sant Pere de Ruidebitlles.
Sant Quintí de Mediona.
Sant Sadurní d’Anoia.
Santa Fe del Penedès.
Santa Margarida i els Monjos.
Subirats.
Torrelavit.
Torrelles de Foix.
Vilafranca del Penedès.
Vilobí del Penedès.
Código 08308. Administración Vilanova i la Geltrú
Canyelles.
Cubelles.
Olivella.
Sant Pere de Ribes.
Sitges.
Vilanova i la Geltrú.
Código 08602. Administración Colom:
Códigos postales de Barcelona números: 08001,08002, 08003, 08004, 08014, 08015, 08038, 08039 y 08040.
Código 08605. Administración Vía Augusta:
Códigos postales de Barcelona números: 08006, 08012, 08017, 08021, 08022, 08023, 08028 y 08034.
Código 08606. Administración Horta:
Códigos postales de Barcelona números: 08016, 08024, 08031, 08032,08033, 08035, 08041 y 08042.
Código 08608. Administración Poblenou:
Códigos postales de Barcelona números: 08005, 08018, 08019, 08020, 08026, 08027 y 08030.
Código 08610. Administración Letamendi:
Códigos postales de Barcelona números: 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08013, 08025, 08029, 08036 y 08037.
Delegación Especial de Extremadura
En la Delegación Especial de Extremadura se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cáceres.
1.1 Delegación Cáceres. Código 10600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Cáceres salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes.
1.2. Administraciones.
Código 10134. Administración Navalmoral de la Mata:
Aldeanueva de la Vera.
Alía.
Almaraz.
Belvís de Monroy.
Berrocalejo.
Bohonal de Ibor.
Campillo de Deleitosa.
Carrascalejo.
Casas de Miravete.
Casatejada.
Castañar de Ibor.
Cuacos de Yuste.
Fresnedoso de Ibor.
Garvín de la Jara.
Gordo (El).
Guadalupe.
Guijo de Santa Bárbara.
Higuera.
Jarandilla de la Vera.
Losar de la Vera.
Madrigal de la Vera.
Majadas de Tiétar.
Mesas de Ibor.
Millanes de la Mata.
Navalmoral de la Mata.
Navalvillar de Ibor.
Peraleda de la Mata.
Peraleda de San Román.
Robledillo de la Vera.
Robledollano.
Romangordo.
Rosalejo.
Saucedilla.
Serrejón.
Talaveruela de la Vera.
Talayuela.
Toril.
Valdecañas de Tajo.
Valdehúncar.
Valdelacasa de Tajo.
Valverde de la Vera.
Viandar de la Vera.
Villanueva de la Vera.
Villar del Pedroso.
Código 10151. Administración Plasencia:
Abadía.
Acebo.
Aceituna.
Ahigal.
Alagón del Río
Aldeanueva del Camino.
Aldehuela del Jerte.
Arroyomolinos de la Vera.
Baños de Montemayor.
Barrado.
Cabezabellosa.
Cabezuela del Valle.
Cabrero.
Cadalso.
Calzadilla.
Caminomorisco.
Carcaboso.
Casar de Palomero.
Casares de las Hurdes.
Casas de Don Gómez.
Casas del Castañar.
Casas del Monte.
Casillas de Coria.
Cerezo.
Cilleros.
Collado de la Vera.
Coria.
Descargamaría.
Eljas.
Galisteo.
Garganta (La).
Garganta la Olla.
Gargantilla.
Gargüera.
Gata.
Granja (La).
Guijo de Coria.
Guijo de Galisteo.
Guijo de Granadilla.
Hernán Pérez.
Hervás.
Holguera.
Hoyos.
Huélaga.
Jaraiz de la Vera.
Jarilla.
Jerte.
Ladrillar.
Malpartida de Plasencia.
Marchagaz.
Mirabel.
Mohedas de Granadilla.
Montehermoso.
Moraleja.
Morcillo.
Navaconcejo.
Nuñomoral.
Oliva de Plasencia.
Palomero.
Pasarón de la Vera.
Perales del Puerto.
Pesga (La).
Pinofranqueado.
Piornal.
Plasencia.
Pozuelo de Zarzón.
Rebollar.
Riolobos.
Robledillo de Gata.
San Martín de Trevejo.
Santa Cruz de Paniagua.
Santibáñez el Alto.
Santibáñez el Bajo.
Segura de Toro.
Serradilla.
Tejada de Tietar.
Tornavacas.
Torno (El).
Torre de Don Miguel.
Torrecilla de los Ángeles.
Torrejón el Rubio.
Torremenga.
Valdastillas.
Valdeobispo.
Valverde del Fresno.
Vegaviana
Villa del Campo.
Villamiel.
Villanueva de la Sierra.
Villar de Plasencia.
Villasbuenas de Gata.
Zarza de Granadilla.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 10199. Administración Trujillo.
2. Integradas directamente en la Delegación Especial de Extremadura.
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de Extremadura los municipios de la provincia de Badajoz salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes (Código 06600).
Código 06044. Administración Don Benito:
Acedera.
Baterno.
Benquerencia de la Serena.
Cabeza del Buey.
Campanario.
Capilla.
Casas de Don Pedro.
Castilblanco.
Castuera.
Coronada (La).
Cristina.
Don Benito.
Esparragosa de Lares.
Esparragosa de la Serena.
Fuenlabrada de los Montes.
Garbayuela.
Garlitos.
Guareña.
Haba (La).
Helechosa de los Montes.
Herrera del Duque.
Higuera de la Serena.
Magacela.
Malpartida de la Serena.
Manchita.
Medellín.
Mengabril.
Monterrubio de la Serena.
Navalvillar de Pela.
Orellana de la Sierra.
Orellana la Vieja.
Peñalsordo.
Peraleda del Zaucejo.
Puebla de Alcocer.
Quintana de la Serena.
Rena.
Risco.
Sancti-Spíritus.
Santa Amalia.
Siruela.
Talarrubias.
Tamurejo.
Valdecaballeros.
Valdetorres.
Valle de la Serena.
Villanueva de la Serena.
Villar de Rena.
Villarta de los Montes.
Zalamea de la Serena.
Zarza-Capilla.
Código 06083. Administración Mérida:
Aceuchal.
Alange.
Aljucén.
Almendralejo.
Arroyo de San Serván.
Calamonte.
Carmonita.
Carrascalejo (El).
Cordobilla de Lácara.
Corte de Peleas.
Don Alvaro.
Entrín Bajo.
Esparragalejo.
Garrovilla (La).
Hinojosa del Valle.
Hornachos.
Lobón.
Mérida.
Mirandilla.
Montijo.
Nava de Santiago (La).
Nogales.
Oliva de Mérida.
Palomas.
Puebla de la Calzada.
Puebla de la Reina.
Puebla del Prior.
Ribera del Fresno.
San Pedro de Mérida.
Santa Marta de los Barros.
Solana de los Barros.
Torremayor.
Torremejía.
Trujillanos.
Valverde de Mérida.
Villafranca de los Barros.
Villagonzalo.
Villalba de los Barros.
Zarza, (La).
Código 06158. Administración Zafra:
Ahillones.
Alconera.
Atalaya.
Azuaga.
Barcarrota.
Berlanga.
Bienvenida.
Bodonal de la Sierra.
Burguillos del Cerro.
Cabeza la Vaca.
Calera de León.
Calzadilla de los Barros.
Campillo de Llerena.
Casas de Reina.
Feria.
Fregenal de la Sierra.
Fuente de Cantos.
Fuente del Arco.
Fuente del Maestre.
Fuentes de León.
Granja de Torrehermosa.
Higuera de Llerena.
Higuera la Real.
Jerez de los Caballeros.
Lapa (La).
Llera.
Llerena.
Maguilla.
Malcocinado.
Medina de las Torres.
Monesterio.
Montemolín.
Morera (La).
Oliva de la Frontera.
Parra (La).
Puebla de Sancho Pérez.
Puebla del Maestre.
Reina.
Retamal de Llerena.
Salvaleón.
Salvatierra de los Barros.
Santos de Maimona (Los).
Segura de León.
Trasierra.
Usagre.
Valencia de las Torres.
Valencia del Mombuey.
Valencia del Ventoso.
Valverde de Burguillos.
Valverde de Llerena.
Valle de Matamoros.
Valle de Santa Ana.
Villagarcía de la Torre.
Zafra.
Zahínos.
Delegación Especial de Galicia
En la Delegación Especial de Galicia se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Lugo.
1.1 Delegación Lugo. Código 27600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Lugo.
1.2 Administraciones.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 27019. Administración Foz.
Código 27031. Administración Monforte de Lemos.
2.–Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ourense.
2.1 Delegación Ourense. Código 32600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Ourense.
2.2 Administraciones.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 32010. Administración Barco de Valdeorras (O).
Código 32020. Administración Carballiño (O).
Código 32025. Administración Celanova.
Código 32086. Administración Verín.
3. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Pontevedra.
3.1 Delegación Pontevedra. Código 36600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Pontevedra salvo los asignados a la Delegación de Vigo o a alguna de las siguientes Administraciones.
3.2 Administraciones.
Código 36060. Administración Vilagarcía de Arousa:
Caldas de Reis.
Cambados.
Catoira.
Grove (O).
Illa de Arousa (A).
Meaño.
Meis.
Moraña.
Pontecesures.
Portas.
Ribadumia.
Valga.
Vilagarcía de Arousa.
Vilanova de Arousa.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 36017. Administración Estrada (A).
Código 36042. Administración Ponteareas.
Código 36055. Administración Tui.
4. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo (código 54600).
Su ámbito abarca los siguientes municipios:
Baiona.
Gondomar.
Mos.
Nigrán.
Porriño (O).
Vigo.
5. Integradas directamente en la Delegación Especial de Galicia.
Código 15019. Administración Carballo:
Cabana de Bergantiños.
Camariñas.
Carballo.
Carnota.
Cee.
Corcubión.
Coristanco.
Dumbría.
Fisterra.
Laracha (A).
Laxe.
Malpica de Bergantiños.
Mazaricos.
Muxía.
Ponteceso.
Santa Comba.
Tordoia.
Vimianzo.
Zas.
Código 15037. Administración Ferrol:
Ares.
Cabanas.
Capela (A).
Cariño.
Cedeira.
Cerdido.
Fene.
Ferrol.
Mañón.
Moeche.
Mugardos.
Narón.
Neda.
Ortigueira.
Pontes de García Rodríguez (As).
San Sadurniño.
Somozas (As).
Valdoviño.
Código 15079. Administración Santiago de Compostela:
Ames.
Arzúa.
Baña (A).
Boimorto.
Boiro.
Boqueixón.
Brión.
Dodro.
Frades.
Lousame.
Melide.
Mesía.
Muros.
Negreira.
Noia.
Ordes.
Oroso.
Outes.
Padrón.
Pino (O).
Pobra do Caramiñal (A).
Porto do Son.
Rianxo.
Ribeira.
Rois.
Santiago de Compostela.
Santiso.
Sobrado.
Teo.
Toques.
Touro.
Trazo.
Val do Dubra.
Vedra.
Vilasantar.
Código 15601. Administración Coruña (A):
Abegondo.
Aranga.
Arteixo.
Bergondo.
Betanzos.
Cambre.
Carral.
Cerceda.
Cesuras.
Coirós.
Coruña (A).
Culleredo.
Curtis.
Irixoa.
Miño.
Monfero.
Oleiros.
Oza dos Ríos.
Paderne.
Pontedeume.
Sada.
Vilarmaior.
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Código 15009. Administración Betanzos.
Código 15023. Administración Cee.
Código 15062. Administración Ortigueira.
Código 15074. Administración Ribeira.
Delegación Especial de Madrid
En la Delegación Especial de Madrid se integran las siguientes Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
Código 28005. Administración Alcalá de Henares:
Alcalá de Henares.
Anchuelo.
Camarma de Esteruelas.
Corpa.
Daganzo de Arriba.
Fresno de Torote.
Meco.
Pezuela de las Torres.
Ribatejada.
Santorcaz.
Santos de la Humosa (Los).
Torres de la Alameda.
Valdeavero.
Valverde de Alcalá.
Villalbilla.
Código 28006. Administración Alcobendas:
Alcobendas.
Algete.
Fuente el Saz de Jarama.
Molar (El).
Pedrezuela.
San Agustín del Guadalix.
San Sebastián de los Reyes.
Talamanca de Jarama.
Valdeolmos-Alalpardo.
Valdepiélagos.
Valdetorres de Jarama.
Vellón (El).
Código 28007. Administración Alcorcón:
Alcorcón.
Código 28013. Administración Aranjuez:
Aranjuez.
Belmonte de Tajo.
Chinchón.
Ciempozuelos.
Colmenar de Oreja.
Pinto.
San Martín de la Vega.
Titulcia.
Valdelaguna.
Valdemoro.
Villaconejos.
Código 28014. Administración Arganda:
Ambite.
Arganda del Rey.
Brea de Tajo.
Campo Real.
Carabaña.
Estremera.
Fuentidueña de Tajo.
Loeches.
Morata de Tajuña.
Nuevo Baztán.
Olmeda de las Fuentes.
Orusco de Tajuña.
Perales de Tajuña.
Pozuelo del Rey.
Rivas-Vaciamadrid.
Tielmes.
Valdaracete.
Valdilecha.
Velilla de San Antonio.
Villamanrique de Tajo.
Villar del Olmo.
Villarejo de Salvanés.
Código 28045. Administración Colmenar Viejo:
Acebeda (La).
Alameda del Valle.
Atazar (El).
Becerril de la Sierra.
Berzosa del Lozoya.
Berrueco (El).
Boalo (El).
Braojos.
Buitrago del Lozoya.
Bustarviejo.
Cabanillas de la Sierra.
Cabrera (La).
Canencia.
Cervera de Buitrago.
Colmenar Viejo.
Garganta de los Montes.
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Gascones.
Guadalix de la Sierra.
Hiruela (La).
Horcajo de la Sierra.
Horcajuelo de la Sierra.
Hoyo de Manzanares.
Lozoya.
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.
Madarcos.
Manzanares el Real.
Miraflores de la Sierra.
Montejo de la Sierra.
Moralzarzal.
Navacerrada.
Navalafuente.
Navarredonda y San Mamés.
Patones.
Pinilla del Valle.
Piñuécar-Gandullas.
Prádena del Rincón
Puebla de la Sierra.
Puentes Viejas.
Rascafría.
Redueña.
Robledillo de la Jara.
Robregordo.
Serna del Monte (La).
Somosierra.
Soto del Real.
Torrelaguna.
Torremocha de Jarama.
Tres Cantos.
Valdemanco.
Venturada.
Villavieja del Lozoya.
Código 28054. Administración Escorial (El):
Alpedrete.
Cercedilla.
Colmenar del Arroyo.
Colmenarejo.
Collado Mediano.
Collado Villalba.
Escorial (El).
Fresnedillas de la Oliva.
Galapagar.
Guadarrama.
Molinos (Los).
Navalagamella.
Robledo de Chavela.
San Lorenzo de El Escorial.
Santa María de la Alameda.
Torrelodones.
Valdemaqueda.
Valdemorillo.
Zarzalejo.
Código 28058. Administración Fuenlabrada:
Batres.
Casarrubuelos.
Cubas de la Sagra.
Fuenlabrada.
Griñón.
Humanes de Madrid.
Moraleja de Enmedio.
Serranillos del Valle.
Código 28065. Administración Getafe
Getafe.
Parla.
Torrejón de Velasco.
Torrejón de la Calzada.
Código 28074. Administración Leganés
Leganés.
Código 28092. Administración Móstoles:
Alamo (El).
Aldea del Fresno.
Arroyomolinos.
Cadalso de los Vidrios.
Cenicientos.
Chapinería.
Móstoles.
Navalcarnero.
Navas del Rey.
Pelayos de la Presa.
Rozas de Puerto Real.
San Martín de Valdeiglesias.
Sevilla la Nueva.
Villa del Prado.
Villamanta.
Villamantilla.
Villanueva de Perales.
Código 28115. Administración Pozuelo de Alarcón:
Boadilla del Monte.
Brunete.
Majadahonda.
Pozuelo de Alarcón.
Quijorna.
Rozas de Madrid (Las).
Villanueva de la Cañada.
Villanueva del Pardillo.
Villaviciosa de Odón.
Código 28148. Administración Torrejón de Ardoz:
Ajalvir.
Cobeña.
Coslada.
Mejorada del Campo.
Paracuellos de Jarama.
San Fernando de Henares.
Torrejón de Ardoz.
Código 28602. Administración Carabanchel:
Códigos postales de Madrid números: 28019, 28025, 28044 y 28054.
Código 28603. Administración Montalbán:
Códigos postales de Madrid números: 28004, 28005, 28007, 28009, 28012, 28013, 28014 y 28045.
Código 28604. Administración Ciudad Lineal:
Códigos postales de Madrid números: 28016, 28017, 28027 y 28033.
Código 28606. Administración Fermín Caballero:
Códigos postales de Madrid números: 28029, 28034, 28042, 28043, 28048, 28049, 28050 y 28055.
Código 28608. Administración Latina:
Códigos postales de Madrid números: 28011, 28024, y 28047.
Código 28609. Administración Villa de Vallecas:
Códigos postales de Madrid números: 28031, 28051 y 28053.
Código 28612. Administración María de Molina:
Códigos postales de Madrid números: 28001, 28002, 28006, 28010, 28028, 28036 y 28046.
Código 28613. Administración San Blas:
Códigos postales de Madrid números: 28022, 28032, 28037 y 28052.
Código 28614. Administración Vinateros:
Códigos postales de Madrid números: 28018, 28030 y 28038.
Código 28615. Administración Villaverde-Usera:
Códigos postales de Madrid números: 28021, 28026 y 28041.
Código 28616. Administración Guzmán el Bueno:
Códigos postales de Madrid números: 28003, 28008, 28015, 28020, 28023, 28035, 28039 y 28040.
Delegación Especial de Murcia
En la Delegación Especial de Murcia se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cartagena (Código 51600)
El ámbito abarca los siguientes municipios:
Alcázares (Los).
Cartagena.
Fuente Álamo.
Mazarrón.
Torre-Pacheco.
Unión (La).
2. Integradas directamente en la Delegación Especial de Murcia.
Código 30019. Administración Cieza:
Abanilla.
Abarán.
Blanca.
Cieza.
Fortuna.
Jumilla.
Ojós.
Ricote.
Ulea.
Villanueva del Río Segura.
Yecla.
Código 30024. Administración Lorca:
Águilas.
Aledo.
Alhama de Murcia.
Lorca.
Puerto Lumbreras.
Totana.
Código 30029. Administración Mula
Albudeite.
Archena.
Bullas.
Calasparra.
Campos del Río.
Caravaca de la Cruz.
Cehegín.
Ceutí.
Lorquí.
Moratalla.
Mula.
Pliego.
Código 30601. Administración Murcia:
Alcantarilla.
Alguazas.
Beniel.
Librilla.
Molina de Segura.
Murcia.
San Javier.
San Pedro del Pinatar.
Santomera.
Torres de Cotillas (Las).
Delegación Especial de La Rioja
En la Delegación Especial de La Rioja se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
Quedan asignados directamente a la Delegación Especial de La Rioja los municipios de la provincia salvo los asignados a alguna de las Administraciones siguientes. (Código 26600).
Código 26036. Administración Calahorra:
Aguilar del Río Alhama.
Alcanadre.
Aldeanueva de Ebro.
Alfaro.
Arnedillo.
Arnedo.
Ausejo.
Autol.
Bergasa.
Bergasillas Bajera.
Calahorra.
Cervera del Río Alhama.
Corera.
Cornago.
Enciso.
Grávalos.
Herce.
Igea.
Munilla.
Muro de Aguas.
Navajún.
Ocón.
Pradejón.
Préjano.
Quel.
Redal (El).
Rincón de Soto.
Santa Eulalia Bajera.
Tudelilla.
Valdemadera.
Villar de Arnedo (El).
Villarroya.
Zarzosa.
Código 26071. Administración Haro:
Ábalos.
Alesanco.
Alesón.
Anguciana.
Anguiano.
Arenzana de Abajo.
Arenzana de Arriba.
Azofra.
Badarán.
Bañares.
Baños de Rioja.
Baños de Río Tobía.
Berceo.
Bezares.
Bobadilla.
Brieva de Cameros.
Briñas.
Briones.
Camprovín.
Canales de la Sierra.
Canillas de Río Tuerto.
Cañas.
Cárdenas.
Casalarreina.
Castañares de Rioja.
Castroviejo.
Cellorigo.
Cidamón.
Cihuri.
Cirueña.
Cordovín.
Corporales.
Cuzcurrita de Río Tirón.
Estollo.
Ezcaray.
Foncea.
Fonzaleche.
Galbárruli.
Gimileo.
Grañón.
Haro.
Herramélluri.
Hervías.
Hormilla.
Hormilleja.
Huércanos.
Ledesma de la Cogolla.
Leiva.
Manjarrés.
Mansilla de la Sierra.
Manzanares de Rioja.
Matute.
Nájera.
Ochánduri.
Ojacastro.
Ollauri.
Pazuengos.
Pedroso.
Rodezno.
Sajazarra.
San Asensio.
San Millán de la Cogolla.
San Millán de Yécora.
San Torcuato.
San Vicente de la Sonsierra.
Santa Coloma.
Santo Domingo de la Calzada.
Santurde de Rioja.
Santurdejo.
Tirgo.
Tobía.
Tormantos.
Torrecilla sobre Alesanco.
Treviana.
Tricio.
Uruñuela.
Valgañón.
Ventrosa.
Villalba de Rioja.
Villalobar de Rioja.
Villar de Torre.
Villarejo.
Villarta-Quintana.
Villavelayo.
Villaverde de Rioja.
Viniegra de Abajo.
Viniegra de Arriba.
Zarratón.
Zorraquín.
Delegación Especial de Valencia
En la Delegación Especial de Valencia se integran las siguientes Delegaciones y Administraciones con el ámbito territorial (municipios y códigos postales de municipios) que se especifica:
1. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Alicante.
Código 03009. Administración Alcoi.
Agres.
Alcocer de Planes.
Alcoi/Alcoy.
Alcoleja.
Alfafara.
Almudaina.
Alqueria d’Asnar (L’).
Balones.
Banyeres de Mariola.
Benasau.
Beniarrés.
Benifallim.
Benilloba.
Benillup.
Benimarfull.
Benimassot.
Cocentaina.
Facheca.
Famorca.
Gaianes.
Gorga.
Millena.
Muro de Alcoy.
Orxa (L’)/Lorcha.
Penàguila.
Planes.
Quatretondeta.
Tollos.
Código 03031. Administración Benidorm:
Alfàs del Pi (L’).
Altea.
Beniardá.
Benidorm.
Benifato.
Benimantell.
Benissa.
Bolulla.
Callosa d’En Sarrià.
Calp.
Castell de Guadalest (El).
Confrides.
Finestrat.
Nucia (La).
Orxeta.
Polop.
Relleu.
Sella.
Tàrbena.
Vila Joiosa (La)/Villajoyosa.
Código 03063. Administración Dénia:
Adsubia.
Alcalalí.
Beniarbeig.
Benidoleig.
Benigembla.
Benimeli.
Castell de Castells.
Dénia.
Gata de Gorgos.
Llíber.
Murla.
Ondara.
Orba.
Parcent.
Pedreguer.
Pego.
Poble Nou de Benitatxell (El)-Benitachell.
Poblets (Els).
Ràfol d’Almúnia (El).
Sagra.
Sanet y Negrals.
Senija.
Teulada.
Tormos.
Vall d’Alcalà (La).
Vall d’Ebo (La).
Vall de Gallinera.
Vall de Laguar (La).
Verger (El).
Xàbia/Jávea.
Xaló/Jalón.
Código 03065. Administración Elx:
Albatera.
Catral.
Crevillent.
Dolores.
Elx/Elche.
Guardamar del Segura.
Rojales.
San Fulgencio.
San Isidro.
Santa Pola.
Código 03066. Administración Elda:
Agost.
Algueña.
Aspe.
Beneixama.
Biar.
Camp de Mirra (El)/Campo de Mirra.
Cañada.
Elda.
Fondó de les Neus (El)/Hondón de las Nieves.
Hondón de los Frailes.
Monforte del Cid.
Monòver/Monóvar.
Novelda.
Petrer.
Pinós (El)/Pinoso.
Romana (La).
Salinas.
Sax.
Villena.
Código 03099. Administración Orihuela:
Algorfa.
Almoradí.
Benejúzar.
Benferri.
Benijófar.
Bigastro.
Callosa de Segura.
Cox.
Daya Nueva.
Daya Vieja.
Formentera del Segura.
Granja de Rocamora.
Jacarilla.
Montesinos (Los).
Orihuela.
Pilar de la Horadada.
Rafal.
Redován.
San Miguel de Salinas.
Torrevieja.
Código 03601. Administración Alicante:
Aigües.
Alacant/Alicante.
Busot.
Castalla.
Campello (El).
Ibi.
Mutxamel.
Onil.
Sant Joan d’Alacant.
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig.
Tibi.
Torre de les Maçanes (La)/Torremanzanas.
Xixona/Jijona.
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
Código 03140. Administración Villena.
2. Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castellón.
2.1 Delegación Castellón.Código 12600.
El ámbito abarca todos los municipios de la provincia de Castellón salvo los asignados a alguna de las siguientes Administraciones.
2.2 Administraciones.
Código 12135. Administración Vila-real.
Aín.
Alcudia de Veo.
Alfondeguilla.
Algimia de Almonacid.
Almedíjar.
Almenara.
Alquerías del Niño Perdido.
Altura.
Arañuel.
Argelita.
Artana.
Ayódar.
Azuébar.
Barracas.
Bejís.
Benafer.
Betxí.
Borriana/Burriana.
Castellnovo.
Caudiel.
Chilches/Xilxes.
Chóvar.
El Toro.
Eslida.
Espadilla.
Fanzara.
Fuente la Reina.
Fuentes de Ayódar.
Gaibiel.
Geldo.
Higueras.
Jérica.
La Llosa.
La Vall d´Uixó.
La Vilavella.
Matet.
Moncofa.
Montán.
Montanejos.
Navajas.
Nules.
Onda.
Pavías.
Pina de Montalgrao.
Puebla de Arenoso.
Sacañet.
Segorbe.
Soneja.
Sot de Ferrer.
Suera/Sueras.
Tales.
Teresa.
Toga.
Torás.
Torralba del Pinar.
Torrechiva.
Vall de Almonacid.
Vallat.
Vila-real.
Villamalur.
Villanueva de Viver.
Viver.
Código 12138. Administración Vinaròs:
Alcalà de Xivert.
Benicarló.
Càlig.
Canet lo Roig.
Castell de Cabres.
Catí.
Cervera del Maestre.
Cinctorres.
Forcall.
Herbés.
La Jana.
La Mata.
La Pobla de Benifassà.
La Salzadella.
Morella.
Olocau del Rey.
Palanques.
Peníscola/Peñiscola.
Portell de Morella.
Rossell.
San Jorge/Sant Jordi.
San Rafael del Río.
Sant Mateu.
Santa Magdalena de Pulpis.
Tírig.
Todolella.
Traiguera.
Vallibona.
Villores.
Vinaròs.
Xert/Chert.
Zorita del Maestrazgo.
3. Integradas directamente en la Delegación Especial de Valencia.
Código 46017. Administración Alzira:
Alberic.
Alcúdia (L’).
Alfarp.
Algemesí.
Alzira.
Benicull de Xúquer.
Benimodo.
Benimuslem.
Carcaixent.
Carlet.
Catadau.
Corbera.
Favara.
Guadassuar.
Llaurí.
Llombai.
Massalavés.
Polinyà de Xúquer.
Tous.
Código 46096. Administración Catarroja:
Albal.
Alcàsser.
Alfafar.
Benetússer.
Beniparrell.
Catarroja.
Llocnou de la Corona.
Massanassa.
Paiporta.
Picassent.
Sedaví.
Silla.
Código 46133. Administración Gandia:
Ador.
Alfauir.
Almiserà.
Almoines.
Alqueria de la Comtessa (L’).
Barx.
Bellreguard.
Beniarjó.
Benifairó de la Valldigna.
Beniflá.
Benirredrà.
Castellonet de la Conquesta.
Daimús.
Font d’En Carròs (La).
Gandia.
Guardamar de la Safor.
Llocnou de Sant Jeroni.
Miramar.
Oliva.
Palma de Gandía.
Palmera.
Piles.
Potríes.
Rafelcofer.
Real de Gandía.
Rótova.
Simat de la Valldigna.
Tavernes de la Valldigna.
Villalonga.
Xeraco.
Xeresa.
Código 46147. Administración Xàtiva:
Agullent.
Aielo de Malferit.
Aielo de Rugat.
Albaida.
Alcàntera de Xúquer.
Alcúdia de Crespins (L’).
Alfarrasí.
Anna.
Antella.
Atzeneta d’Albaida.
Barxeta.
Bèlgida.
Bellús.
Beneixida.
Beniatjar.
Benicolet.
Benigànim.
Benissoda.
Benisuera.
Bicorp.
Bocairent.
Bolbaite.
Bufali.
Canals.
Càrcer.
Carrícola.
Castelló de Rugat.
Cerdà.
Chella.
Cotes.
Enguera.
Ènova (L’).
Estubeny.
Font de la Figuera (La).
Fontanars dels Alforins.
Gavarda.
Genovés.
Granja de la Costera (La).
Guadasséquies.
Llanera de Ranes.
Llocnou d’En Fenollet.
Llosa de Ranes (La).
Llutxent.
Manuel.
Moixent/Mogente.
Montaverner.
Montesa.
Montitxelvo/Montichelvo.
Navarrés.
Novetlè/Novelé.
Olleria (L’).
Ontinyent.
Otos.
Palomar (El).
Pinet.
Pobla del Duc (La).
Pobla Llarga (La).
Quatretonda.
Quesa.
Rafelguaraf.
Ráfol de Salem.
Rotglà i Corberà.
Rugat.
Salem.
Sant Joanet.
Sellent.
Sempere.
Senyera.
Sumacàrcer.
Terrateig.
Torrella.
Vallada.
Vallés.
Villanueva de Castellón.
Xàtiva.
Código 46149. Administración Llíria:
Ademuz.
Alcublas.
Alpuente.
Andilla.
Aras de los Olmos.
Benaguasil.
Benisanó.
Bugarra.
Calles.
Casas Altas.
Casas Bajas.
Casinos.
Castielfabib.
Chelva.
Chulilla.
Domeño.
Eliana (L’).
Gátova.
Gestalgar.
Higueruelas.
Llíria.
Loriguilla.
Losa del Obispo.
Marines.
Olocau.
Pedralba.
Pobla de Vallbona (La).
Puebla de San Miguel.
Riba-roja de Túria.
San Antonio de Benagéber.
Sot de Chera.
Titaguas.
Torrebaja.
Tuéjar.
Vallanca.
Vilamarxant.
Villar del Arzobispo.
Yesa (La).
Código 46161. Administración Manises:
Manises.
Mislata.
Paterna.
Quart de Poblet.
Código 46173. Administración Moncada:
Albalat dels Sorells.
Alboraya.
Albuixech.
Alfara del Patriarca.
Almàssera.
Bétera.
Bonrepòs i Mirambell.
Burjassot.
Emperador.
Foios.
Godella.
Meliana.
Moncada.
Rocafort.
Tavernes Blanques.
Vinalesa.
Pedanías de Casas de Bárcena (código postal 46131), Massarrojos (código postal 46112) y Mahuella (código postal 46135), que pertenecen al término de Valencia.
Código 46215. Administración Requena:
Alborache.
Ayora.
Benagéber.
Buñol.
Camporrobles.
Caudete de las Fuentes.
Chera.
Cheste.
Chiva.
Cofrentes.
Cortes de Pallás.
Fuenterrobles.
Godelleta.
Jalance.
Jarafuel.
Macastre.
Millares.
Requena.
Siete Aguas.
Sinarcas.
Teresa de Cofrentes.
Turís.
Utiel.
Venta del Moro.
Villargordo del Cabriel.
Yátova.
Zarra.
Código 46222. Administración Sagunt:
Albalat dels Tarongers.
Alfara de la Baronia.
Algar de Palancia.
Algimia de Alfara.
Benavites.
Benifairó de les Valls.
Canet d’En Berenguer.
Estivella.
Faura.
Gilet.
Massalfassar.
Massamagrell.
Museros.
Náquera.
Petrés.
Pobla de Farnals (La).
Puçol.
Puig de Santa Maria (El).
Quart de les Valls.
Quartell.
Rafelbunyol.
Sagunt/Sagunto.
Segart.
Serra.
Torres Torres.
Código 46237. Administración Sueca:
Albalat de la Ribera.
Almussafes.
Benifaió.
Cullera.
Fortaleny.
Riola.
Sollana.
Sueca.
Código 46246. Administración Torrent:
Alaquàs.
Aldaia.
Alginet.
Dos Aguas.
Montserrat.
Montroy.
Picanya.
Real.
Torrent.
Xirivella.
Código 46601. Administración Blasco Ibáñez
Códigos postales números: 46009, 46010, 46011, 46012, 46015, 46016, 46019, 46020,46021, 46022, 46023, 46024, 46025 y 46035.
Código 46603. Administración Valencia-Guillem de Castro
Códigos postales números: 46001, 46002, 46003, 46004, 46005, 46006, 46007, 46008, 46013, 46014, 46017, 46018 y 46026.
III. Relación de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
La Línea de la Concepción, dependiente funcionalmente de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Algeciras.
Cádiz.
Motril.
Granada.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Málaga.
Delegación Especial de Aragón
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Aeropuerto de Zaragoza.
Delegación Especial
Delegación Especial de Asturias
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Avilés.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Illes Balears
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Palma de Mallorca.
Delegación Especial.
Maó.
Delegación Especial.
Eivissa.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Canarias
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Las Palmas de Gran Canaria-Marítima.
Delegación Especial.
Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria: con sede en Telde.
Delegación Especial.
Arrecife.
Delegación Especial.
Puerto del Rosario.
Delegación Especial.
Aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife Sur-Reina Sofía: con sede en Granadilla de Abona.
Santa Cruz de Tenerife.
Aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife Norte-Los Rodeos: con sede en La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de la Palma.
Santa Cruz de Tenerife.
Delegación Especial de Cataluña
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Barcelona.
Aeropuerto de Barcelona-El Prat: con sede en El Prat de Llobregat.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Galicia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Aeropuerto de Santiago de Compostela.
Ferrol.
Vilagarcía de Arousa.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Pontevedra.
Delegación Especial de Madrid
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Madrid-Carretera: con sede en Coslada.
Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Madrid-Ferrocarril.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Murcia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Murcia-Carretera.
Delegación Especial.
Delegación Especial del País Vasco
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Bilbao-Marítima: con sede en Santurtzi.
Aeropuerto de Bilbao: con sede en Sondika.
Bilbao-Carretera-Aparcabisa:con sede en Valle de Trápaga-Trapagaran.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial de Valencia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales
Delegación
Aeropuerto de Alicante/Alacant.
Valencia- Marítima.
Aeropuerto de Valencia-Manises: con sede en Manises.
Sagunto/Sagunt.
Alicante/Alacant.
Delegación Especial.
Delegación Especial.
Delegación Especial. | Hacienda suprime varias administraciones de aduanas que considera duplicadas. | La Resolución de 28 de julio de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estableció un marco de organización territorial y distribución de funciones en el área de Aduanas e Impuestos Especiales basado en Dependencias Regionales, Dependencias Provinciales y Administraciones de Aduanas, cada una con un ámbito de competencias limitado a su ámbito territorial respectivo.
Por su parte, la Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, estableció una estructura territorial de la Agencia Tributaria basada en Delegaciones Especiales, Delegaciones, Administraciones de la Agencia Tributaria y Administraciones de Aduanas, cada una con una ámbito territorial de competencias delimitado, si bien sentó las bases para que los órganos territoriales de ámbito inferior al de la Delegación Especial pudieran extender sus competencias al ámbito de ésta.
En el actual escenario de austeridad presupuestaria, la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia posible, junto con la optimización y racionalización de los recursos disponibles, deben ser los principios inspiradores de la actuación de la Agencia.
Con esta finalidad, la Resolución de 28 de julio de 1998 ha sido modificada por la Resolución de 28 de diciembre de 2012, al objeto de flexibilizar el marco organizativo del área de Aduanas e Impuestos Especiales, atribuyendo a todos sus órganos territoriales competencias y funciones en el ámbito territorial de la Delegación Especial en la que se integren, con independencia de la sede en la que se encuentren.
Asimismo, se han adoptado diversas medidas organizativas en relación a las Delegaciones y Administraciones mediante la Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se adoptan medidas sobre estructura organizativa y se modifica la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, suprimiendo las doce Delegaciones de la Agencia Tributaria existentes en las provincias donde tienen su sede las correspondientes Delegaciones Especiales, en las cuales pasa a quedar integrada la estructura orgánica de aquellas, y avanzando en los procesos de concentración de Administraciones situadas en el mismo término municipal y de especialización de las funciones de control desarrolladas por las Administraciones.
Con idéntica finalidad, procede en estos momentos reorganizar las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales manteniendo el máximo nivel de servicio de despacho aduanero de mercancías en todo el territorio nacional. Así, se suprimen las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales con menor tráfico de mercancías, pasando a integrarse los recintos aduaneros de ellas dependientes en las Dependencias Regionales o Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales correspondientes, que continuarán prestando el servicio de despacho aduanero de las mercancías que se canalicen a través de los mismos. En particular, se suprimen las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Palamós (Delegación de Girona), San Carles de la Rápita (Delegación de Tarragona), Ribadeo (Delegación de Lugo), Pasaia (Delegación de Guipuzkoa) y Gandía (Delegación Especial de Valencia).
Además, se reorganiza el área de Aduanas e Impuestos Especiales en Palma de Mallorca, suprimiendo la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del Aeropuerto de Palma de Mallorca y creando la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Palma de Mallorca de la que dependerán los recintos aduaneros del aeropuerto y del puerto. Habida cuenta de la ubicación de los recintos aduaneros dependientes de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona-Marítima y de Barcelona-Carretera, se considera conveniente para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios proceder a suprimir ambas Administraciones y crear la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona de la que dependerán los recintos aduaneros que actualmente integran las Administraciones que se suprimen.
Por último, se crea la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria-Marítima en consideración al volumen de tráfico de mercancías a través de su puerto y su proyección como puerto internacional de distribución de carga, en especial, para la parte occidental de África, que exige, como en otros puertos y aeropuertos estratégicos en España, contar con un órgano administrativo específico.
Teniendo en cuenta que las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales se encuentran reguladas tanto en la Resolución de 28 de julio de 1998 como en la Resolución de 21 de septiembre de 2004, la adopción de estas medidas exige la modificación de ambas normas. Por razones de técnica normativa, se suprime el anexo III de la Resolución de 28 de julio de 1998, que contiene la relación de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales, integrándose su contenido en el anexo II de la Resolución de 21 de septiembre de 2004 junto con la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria.
Asímismo, con la misma finalidad, procede suprimir el anexo II de la Resolución de 28 de julio de 1998, ajustando el texto de la misma a tal supresión. Por tal motivo se procede a suprimir su apartado segundo.7, a modificar su apartado décimo.3, por contener ambos preceptos referencias al mencionado anexo, y se incluye una nueva disposición adicional que recoge las especificidades en relación con la sede de determinadas Dependencias de Aduanas e Impuestos Especiales.
Adicionalmente, se modifican los apartados decimotercero y decimocuarto de la Resolución de 21 de septiembre de 2004, relativos a la competencia, estructura y funciones de las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales y a las competencias y funciones de los Administ
### RESUMEN: Hacienda suprime varias administraciones de aduanas que considera duplicadas. |
Advertidos errores en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 163, de 5 de julio de 2014, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 52548, quinta y sexta líneas, donde dice: «quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que ese enumeran», debe decir: «quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que se enumeran».
En la página 52566, último párrafo, segunda línea, donde dice: «… contratos formativos previstos por el artículo 12 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, …», debe decir: «… contratos formativos previstos por el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, …».
En la página 52585, final del artículo 20.7, donde dice: «(…) anexo IX», debe decir: «(…) anexo VIII».
En la página 52589, primera línea del artículo 28.2, donde dice: «(…) en esta sección (…)», debe decir: «(…) en este capítulo (…)».
En la página 52590, al final del último párrafo del artículo 29.1, letra f), «donde dice: «(…) anexo VIII, punto 5.», debe decir: «(…) anexo VIII, punto 6.».
En la página 52590, tercera línea de la letra g) del artículo 29.1, donde dice: «(…) en el apartado 1 del anexo VIII (…)», debe decir: «(…) en el apartado 4 del anexo VIII (…)».
En la página 52601, al final del artículo 47 se suprime la siguiente expresión «Disposición adicional séptima. Modificación de los anexos».
En la página 52603, en la penúltima línea del número 7.º del artículo 50.3.d), donde dice: «Consejo de 21 de abril de 2004. Sobre los requisitos de seguro», debe decir: «Consejo de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro».
En la página 52605, en la novena línea del antepenúltimo párrafo del apartado 6 del artículo 50, donde dice: «por el apartado 3, letra d), números 2.º, 3.º y 7.º, y apartado 4.», debe decir: «por el apartado 3, letra d), número 7.º, y apartado 4».
En la página 52616, párrafo décimo, línea segunda, donde dice: «(…) artículo 19, letra e), (…)», debe decir: «(…) artículo 19, letra d), (…)».
En la página 52621, título del artículo 57, donde dice: «Artículo 22. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.», debe decir: «Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.».
En la página 52622, título del artículo 58, donde dice: «Artículo 23. Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.», debe decir: «Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.».
En la página 52623, artículo 59 apartado 3 se divide en dos apartados 3 y 4 con la siguiente redacción:
«3. Las empresas titulares de activos sujetas a retribución regulada a las que se apliquen, en alguna de sus áreas, normativas específicas que supongan unos mayores costes en la actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con las Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el sobrecoste causado por estas normas formará parte de la retribución reconocida a estas empresas, no pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema gasista.
4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema gasista. Estos costes, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente real-decreto-ley y sus normas de desarrollo, serán los siguientes:
a) Retribución de las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y distribución.
b) Retribución de la gestión técnica del sistema.
c) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
d) En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que no dispongan de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de regasificación, así como la retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado por empresas distribuidoras, en estos territorios.
e) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas reglamentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
f) Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace referencia en el artículo 61 del presente real decreto ley, con sus correspondientes intereses y ajustes.
g) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda exclusivamente a la normativa del sistema gasista.»
En la página 52623, artículo 59, los apartados 4 y 5 quedan reenumerados como 5 y 6, respectivamente.
En la página 52624, artículo 60, apartado 5, donde dice: «… el gas de operación para autoconsumo requeridos por…», debe decir: «… el gas de operación para autoconsumo requerido por…».
En la página 52624, artículo 62, apartado 1, donde dice: «… 1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley será…», debe decir: «… 1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley que se denominará primer periodo de 2014 será…».
En la página 52625, artículo 62, apartado 1, donde dice: «… y la retribución de las actividades reguladas y se denominará primer periodo de 2014.», debe decir: «… y la retribución de las actividades reguladas.».
En la página 52625, título del artículo 64, donde dice: «Artículo 29. Determinación de la retribución de las actividades de regasificación, transporte y almacenamiento básico de gas natural», debe decir: «Determinación de la retribución de las actividades de regasificación, transporte y almacenamiento básico de gas natural».
En la página 52630, artículo 70 apartado 1, donde dice: «… el segundo año anterior al periodo anual de la obligación artículo.», debe decir: «… el segundo año anterior al periodo anual de la obligación.».
En la página 52631, artículo 73 apartado 3, donde dice: «b) La Dirección General de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.», debe decir: b) La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.».
En la página 52632, artículo 75 apartado 5, donde dice: «… resulten obligados de acuerdo con el artículo 34 de este real decreto-ley…», debe decir: «… resulten obligados de acuerdo con el artículo 69 de este real decreto-ley…».
En la página 52633, título del artículo 77, donde dice: «Artículo 77. Artículo 42. Responsables», debe decir: «Artículo 77. Responsables».
En la página 52637, artículo 82 apartado 4 donde dice: «… las circunstancias concurrentes:», debe decir: «… las circunstancias concurrentes.».
En la página 52638, artículo 85, apartado 1, donde dice: «… de los preceptos de esta Ley…», debe decir: «… de los preceptos de este real decreto-ley…».
En la página 52638, artículo 85, apartado 2, donde dice: «… por las infracciones tipificadas en esta ley…», debe decir: «… por las infracciones tipificadas en este real decreto-ley…».
En la página 52640, novena línea, donde dice: «Subsección 1.», debe decir: «Subsección 1.ª».
En la página 52641, artículo 95.1.a), donde dice: «Autorización de cesión y consulta de datos personales, por parte de las personas y entidades establecidas en el artículo a), b) y c) del artículo 88.», debe decir: «Autorización de cesión y consulta de datos personales, por parte de las personas y entidades establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 88.»
En la página 52644, artículo 101.3, segundo párrafo, donde dice: «Con independencia de dichos procedimiento de baja, …», debe decir: «Con independencia de dichos procedimientos de baja, …».
En la página 52644, artículo 101.4, segundo párrafo, segunda línea, donde dice: «… algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106, 107, 108 y 109.», debe decir: «… algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106.».
En la página 52645, artículo 103.2, donde dice: «… previo acuerdo con las partes responsables de desarrollo de actuaciones…», debe decir: «… previo acuerdo con las partes responsables del desarrollo de actuaciones…».
En la página 52645, artículo 105.1, último párrafo, donde dice: «… en los apartados 3 y 4 del artículo 106…», debe decir: «… en los apartados c) y d) del artículo 106…».
En la página 52646, artículo 105.7, donde dice: «Los usuarios que estén siendo atendidos con alguna de las medidas o acciones previstas en los artículos 68, 69, 70 y 71, seguirán siendo beneficiarios y las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, recibiendo los incentivos contemplados en el presente Real Decreto-Ley aun habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 63.», debe decir: «Los usuarios que estén siendo atendidos con alguna de las medidas o acciones previstas en el artículo 106 seguirán siendo beneficiarios, y las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, seguirán recibiendo los incentivos contemplados en los artículos 107, 108 y 109, aun habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 101.».
En la página 52647, artículo 107.1, primer párrafo, segunda línea, donde dice: «… a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayor de 16 años y menor de 25, y en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento mayores de 16 años y menores de 30, disfrutarán de una bonificación mensual...», debe decir: «… a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil disfrutarán de una bonificación mensual…».
En la página 52648, rúbrica del artículo 108, donde dice: «Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendimiento y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo», debe decir: «Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo».
En la página 52648, artículo 108, primer párrafo, donde dice: «La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendimiento y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, …», debe decir: «La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, …».
En la página 52650, artículo 111.1.e), segundo párrafo, donde dice: «– Datos de características personales: datos de familia, sexo, nacionalidad, y estado civil.», debe decir: «– Datos de características personales: datos de familia, sexo, nacionalidad y estado civil.».
En la página 52651, artículo 112, tercer párrafo, donde dice: «La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una de las comunidades autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de entre los ámbitos de empleo, educación, servicios sociales y/o juventud. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros que designe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Dirección General que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo y en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal, así como en cualquier otro que le sea competente.», debe decir: «La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una de las comunidades autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de entre los ámbitos de empleo, educación, servicios sociales y/o juventud, así como los organismos intermedios del Fondo Social Europeo de las comunidades autónomas. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros que designe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Dirección General que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo y en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal, así como cualquier otro miembro que resulte competente por razón de la materia.».
En la página 52651, artículo 113.1, donde dice: «Los procedimientos regulados en el capítulo I del título IV del real decreto-ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella...», debe decir: «Los procedimientos regulados en el capítulo I del título IV del real decreto-ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en él…».
En la página 52653, artículo 114.Dos, en la redacción dada al apartado f) del artículo 4 bis.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, donde dice: «… Recoge las acciones y medidas actuaciones que van dirigidas...», debe decir: «… Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas…».
En la página 52654, primera línea, donde dice: «… Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 7.1.b), …», debe decir: «… Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 7.b), …».
En la página 52675, disposición adicional decimoséptima, apartado 4, segunda línea, donde dice: «(…) de este artículo, se realizará por ENAIRE (…)», debe decir: «(…) de esta disposición, se realizará por ENAIRE (…)».
En la página 52676, disposición adicional vigésimo primera, donde dice: «(…) la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo.99.», debe decir: «(…) la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo.».
En la página 52678, Disposición transitoria primera, donde dice: «… a que se hace referencia en los artículos 28.1 y 29.1 las cantidades…», debe decir: «… a que se hace referencia en los artículos 63.1 y 64.1 las cantidades…».
En la página 52679, Disposición transitoria tercera, donde dice: «Lo dispuesto en el artículo 32.Uno de este real decreto-ley…», debe decir: «Lo dispuesto en el artículo 67.Uno de este real decreto-ley…».
En la página 52679, sexta línea del primer párrafo de la disposición transitoria cuarta, apartado 2, donde dice: «(…) en la disposición transitoria tercera, apartado 1. (…)», debe decir: «(…) en la disposición transitoria sexta, apartado 1. (…)».
En la página 52679, al final del párrafo segundo de la disposición transitoria cuarta, apartado segundo, donde dice: «(…) en el artículo 103.», debe decir: «(…) en el artículo 35.».
En la página 52681, primera línea del párrafo noveno, donde dice: «(…) índice P definido en el anexo I superase (…)», debe decir: «(…) índice P definido en el anexo VIII superase (…)».
En la página 52682, al inicio del primer párrafo, donde dice: «(…) anexo I de este real decreto-ley (…)», debe decir: «(…) anexo VIII de este real decreto-ley (…)».
En la página 52682, primera línea de la disposición transitoria séptima, donde dice: «(…) en la disposición transitoria tercera, (…)», debe decir: «(…) en la disposición transitoria sexta, (…)».
En la página 52684, Disposición final primera, apartado 3, donde dice: «3. El artículo 5 de este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.», debe decir: «3. Los artículos 4, 5 y 7 de este real decreto-ley se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».
En la página 52684, Disposición final primera donde dice: «5. El título IV se dicta al amparo…», debe decir: «5. El título III se dicta al amparo…».
En la página 52684, Disposición final primera, se debe incluir un nuevo apartado, que debería ser el número 7, pasando los actuales 7 y 8 a ser 8 y 9, respectivamente, del siguiente tenor:
«7. Lo previsto en el título V se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda general».
En la página 52684, disposición final primera, se introduce un apartado 10 con la siguiente redacción; «10. El capítulo III del título I se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.».
En la página 52685, Disposición final cuarta, apartado 2, donde dice: «a modificar los artículos 28 y 29 y los anexos X (metodología….», debe decir: «a modificar los artículos 63 y 64 y los anexos X (Metodología…».
En la página 52686, segunda línea del apartado 3 de la disposición final quinta, donde dice: «(…) en el artículo 16.3 (…)», debe decir: «(…) en el artículo 32.3 (…).».
En la página 52699, al final del párrafo noveno, donde dice: «(…) previstas en el artículo 24.», debe decir: «previstas en el título II, capítulo I.».
En la página 52705, anexo X, apartado 6, segundo párrafo donde dice: «en las retribuciones de años anteriores como…», debe decir: «en las retribuciones de años anteriores y RDn-1 como…».
En la página 52707, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «1. La retribución anual por disponibilidad…», debe decir: «a) La retribución anual por disponibilidad…».
En la página 52707, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «2. Los costes de inversión…», debe decir: «b) Los costes de inversión…».
En la página 52708, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «3. La retribución por amortización del elemento de inmovilizado “i”, …», debe decir: «c) La retribución por amortización del elemento de inmovilizado “i”, …».
En la página 52708, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «4. La retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado “i”, …», debe decir: «d) La retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado “i”, …».
En la página 52709, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «5. Una vez finalizada…», debe decir: «e) Una vez finalizada…».
En la página 52709, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «6. En el caso de los gasoductos de…», debe decir: «f) En el caso de los gasoductos de…».
En la página 52709, Anexo XI, apartado 2, donde dice: «7. Los costes de operación y mantenimiento de…», debe decir: «g) Los costes de operación y mantenimiento de…».
En la página 52709, Anexo XI, apartado 2, último párrafo, donde dice: «Para el cálculo de Los costes de operación y mantenimiento para cada elemento del inmovilizado…», debe decir: «Para el cálculo de los costes de operación y mantenimiento para cada elemento de inmovilizado…».
En la página 52710, Anexo XI, apartado 3, primer párrafo, donde dice: «… por continuidad de suministro (RCS n), …», debe decir: «… por continuidad de suministro (RCS n i, A), …».
En la página 52710, Anexo XI, apartado 3, en la explicación de la fórmula del primer punto, donde dice: «Siendo m el número total de elementos “j” en el año “n-1”.», debe decir: «Siendo m el número total de elementos “i” en el año “n-1”.».
En la página 52710, Anexo XI, apartado 3, en la fórmula del segundo punto, donde dice:
Debe decir:
En la página 52711, Anexo XI, apartado 4, último párrafo, donde dice: «… se puede considerar son 30 TWhMWh…», debe decir: «… se puede considerar son 30 TWh…». | Seis páginas de corrección de errores del decretazo. | Advertidos errores en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 163, de 5 de julio de 2014, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 52548, quinta y sexta líneas, donde dice: «quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que ese enumeran», debe decir: «quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que se enumeran».
En la página 52566, último párrafo, segunda línea, donde dice: «… contratos formativos previstos por el artículo 12 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, …», debe decir: «… contratos formativos previstos por el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, …».
En la página 52585, final del artículo 20.7, donde dice: «(…) anexo IX», debe decir: «(…) anexo VIII».
En la página 52589, primera línea del artículo 28.2, donde dice: «(…) en esta sección (…)», debe decir: «(…) en este capítulo (…)».
En la página 52590, al final del último párrafo del artículo 29.1, letra f), «donde dice: «(…) anexo VIII, punto 5.», debe decir: «(…) anexo VIII, punto 6.».
En la página 52590, tercera línea de la letra g) del artículo 29.1, donde dice: «(…) en el apartado 1 del anexo VIII (…)», debe decir: «(…) en el apartado 4 del anexo VIII (…)».
En la página 52601, al final del artículo 47 se suprime la siguiente expresión «Disposición adicional séptima. Modificación de los anexos».
En la página 52603, en la penúltima línea del número 7.º del artículo 50.3.d), donde dice: «Consejo de 21 de abril de 2004. Sobre los requisitos de seguro», debe decir: «Consejo de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro».
En la página 52605, en la novena línea del antepenúltimo párrafo del apartado 6 del artículo 50, donde dice: «por el apartado 3, letra d), números 2.º, 3.º y 7.º, y apartado 4.», debe decir: «por el apartado 3, letra d), número 7.º, y apartado 4».
En la página 52616, párrafo décimo, línea segunda, donde dice: «(…) artículo 19, letra e), (…)», debe decir: «(…) artículo 19, letra d), (…)».
En la página 52621, título del artículo 57, donde dice: «Artículo 22. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.», debe decir: «Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.».
En la página 52622, título del artículo 58, donde dice: «Artículo 23. Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.», debe decir: «Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.».
En la página 52623, artículo 59 apartado 3 se divide en dos apartados 3 y 4 con la siguiente redacción:
«3. Las empresas titulares de activos sujetas a retribución regulada a las que se apliquen, en alguna de sus áreas, normativas específicas que supongan unos mayores costes en la actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con las Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el sobrecoste causado por estas normas formará parte de la retribución reconocida a estas empresas, no pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema gasista.
4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema gasista. Estos costes, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente real-decreto-ley y sus normas de desarrollo, serán los siguientes:
a) Retribución de las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y distribución.
b) Retribución de la gestión técnica del sistema.
c) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
d) En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que no dispongan de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de regasificación, así como la retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado por empresas distribuidoras, en estos territorios.
e) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas reglamentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
f) Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace referencia en el artículo 61 del presente real decreto ley, con sus correspondientes intereses y ajustes.
g) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda exclusivamente a la normativa del sistema gasista.»
En la página 52623, artículo 59, los apartados 4 y 5 quedan reenumerados como 5 y 6, respectivamente.
En la página 52624, artículo 60, apartado 5, donde dice: «… el gas de operación para autoconsumo requeridos por…», debe decir: «… el gas de operación para autoconsumo requerido por…».
En la página 52624, artículo 62, apartado 1, donde dice: «… 1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley será…», debe decir: «… 1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de
### RESUMEN: Seis páginas de corrección de errores del decretazo. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Medios (Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales).
c) Número de expediente:
PA 1/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19148.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Acuerdo marco a través del cual se selecciona a tres empresas para la posterior contratación de los servicios de diseño, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, durante el periodo 2013-2014: 25 de julio 'Día de Galicia', 17 de mayo 'Día de las Letras Gallegas' y otras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79.341000-6 Servicios de publicidad.
e) Acuerdo marco:
Acuerdo marco de los servicios de diseño, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, durante el periodo 2013-2014: 25 de julio 'Día de Galicia', 17 de mayo 'Día de las Letras Gallegas' y otras.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE núm. 158, de 3 de julio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato:
1.541.942,14 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.067.355,37 euros. Importe total: 1.291.500,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
11 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
31 de octubre de 2013.
c) Contratista:
Avante Marketing y Medios, S.L.; Canal Uno de Comunicación, S.L., y Reclam Publicidad, Marketing y Artes Gráficas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Según las diferentes campañas, por precios unitarios y condiciones que constan en la oferta.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa según los criterios de valoración establecidos en los pliegos que rigen esta contratación.
Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2013.- Secretaria general de Medios. | La Xunta de Galicia sigue dándole gas a la publicidad institucional. Acuerdo marco hasta 31/12/2014 por un importe total de 1.291.500,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Medios (Subdirección General de Régimen Jurídico y Gestión de Medios Audiovisuales).
c) Número de expediente:
PA 1/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19148.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Acuerdo marco a través del cual se selecciona a tres empresas para la posterior contratación de los servicios de diseño, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, durante el periodo 2013-2014: 25 de julio 'Día de Galicia', 17 de mayo 'Día de las Letras Gallegas' y otras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79.341000-6 Servicios de publicidad.
e) Acuerdo marco:
Acuerdo marco de los servicios de diseño, producción y plan de medios de campañas institucionales de la Xunta de Galicia en fechas relevantes para la Comunidad Autónoma, durante el periodo 2013-2014: 25 de julio 'Día de Galicia', 17 de mayo 'Día de las Letras Gallegas' y otras.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE núm. 158, de 3 de julio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato:
1.541.942,14 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.067.355,37 euros. Importe total: 1.291.500,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
11 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
31 de octubre de 2013.
c) Contratista:
Avante Marketing y Medios, S.L.; Canal Uno de Comunicación, S.L., y Reclam Publicidad, Marketing y Artes Gráficas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Según las diferentes campañas, por precios unitarios y condiciones que constan en la oferta.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Oferta más ventajosa según los criterios de valoración establecidos en los pliegos que rigen esta contratación.
Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 2013.- Secretaria general de Medios.
### RESUMEN: La Xunta de Galicia sigue dándole gas a la publicidad institucional. Acuerdo marco hasta 31/12/2014 por un importe total de 1.291.500,00 euros. |
La disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, autorizó al Gobierno para que estableciera bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
La citada ley modificó el régimen normativo de los incentivos a la investigación y el desarrollo e innovación tecnológica al cambiar, por un lado, la deducción por dichas actividades existente en el Impuesto sobre Sociedades y, por otro, al incorporar un nuevo incentivo de naturaleza no tributaria incompatible con el anterior, consistente en la bonificación en la cotización a la Seguridad Social y que fue objeto de desarrollo con el Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, derogó expresamente la disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, así como el Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, y las referencias a las bonificaciones contempladas en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulaba la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
A pesar del contexto de restricciones presupuestarias que han afectado a la intensidad del apoyo público a las actuaciones en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica (en adelante I+D+i), el Gobierno ha considerado conveniente recuperar el incentivo no tributario de la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador. Y ello porque, si bien los incentivos de naturaleza tributaria cuentan con una probada eficacia, la bonificación constituye una reducción inmediata en los gastos empresariales y favorece la contratación de personal investigador. Además, en ocasiones es el único incentivo con el que cuentan las empresas que no tienen suficientes beneficios y cuota tributaria como para que las deducciones en el pago de sus impuestos sea relevante.
Este real decreto desarrolla, de conformidad con la disposición adicional septuagésima novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, el régimen normativo de las nuevas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, regulando el objeto; el ámbito de aplicación; las exclusiones; los requisitos de los beneficiarios; la concurrencia con otras bonificaciones y medidas de apoyo público y cuantía máxima de las bonificaciones; los términos en que se establece la compatibilidad de las bonificaciones con las deducciones fiscales por I+D+i del artículo 35 del vigente texto refundido de la ley del impuesto de sociedades; la aplicación, control y mantenimiento de las bonificaciones; la devolución de las bonificaciones en caso de incumplimiento de los requisitos y la financiación. Asimismo, el texto normativo incluye una disposición transitoria, una adicional y tres finales.
Este real decreto supone la colaboración de los siguientes órganos y entidades: la Agencia Estatal de Administración Tributaria que controlará que se cumplen las condiciones que exigidas para la compatibilidad de bonificaciones con las deducciones fiscales; la Dirección General de Innovación y Competitividad, del Ministerio de Economía y Competitividad, que emitirá informes motivados vinculantes que certifiquen las condiciones del personal investigador; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social que controlarán la correcta aplicación de las bonificaciones sobre las cotizaciones y la no superación del máximo de ayudas posibles y el Servicio Público de Empleo Estatal, que financiará las bonificaciones.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha oído a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer una bonificación del 40 por ciento en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal investigador que se determina en el artículo 2, así como regular el procedimiento para su aplicación.
Asimismo, regula el alcance de la compatibilidad de esta bonificación en las citadas cuotas con la deducción a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las empresas que se dediquen a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (en adelante, I+D+i) que sean sujetos pasivos de dicho impuesto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Tendrán derecho a la bonificación regulada en el artículo 1 de este real decreto los trabajadores incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización al Régimen General de la Seguridad Social que, con carácter exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo en la empresa dedicada a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se dediquen a la realización de las citadas actividades, ya sea su contrato de carácter indefinido, en prácticas o por obra o servicio determinado. En este último caso, el contrato deberá tener una duración mínima de tres meses. Con relación a la exclusividad y al cómputo de la totalidad del tiempo de trabajo, se admitirá que hasta un 15% del tiempo dedicado a tareas de formación, divulgación o similares, compute como dedicación exclusiva a actividades de I+D+i.
2. A efectos de lo establecido en este real decreto, se considerarán actividades de I+D+i las definidas como tales en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Artículo 3. Exclusiones.
El régimen de bonificaciones regulado en este real decreto no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Respecto de aquellos empleados que destinen únicamente parte de su jornada laboral a la realización de actividades de investigación, de desarrollo o de innovación tecnológica.
b) Respecto de aquellos empleados que trabajen para empresas que llevan a cabo proyectos de investigación, de desarrollo o de innovación tecnológica, cuya labor consista en actividades distintas a las señaladas como tales en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como son las de administración, gestión de recursos, marketing, servicios generales y dirección, entre otras.
c) Respecto de aquellos empleados contratados por la Administración General del Estado y los Organismos públicos regulados en el título III y en las disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas o las corporaciones locales y sus organismos públicos, así como por otros entes públicos que estén totalmente exentos del Impuesto sobre Sociedades.
d) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, u otras disposiciones legales.
e) Respecto del personal contratado por empresas u organismos cuya contratación para actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica esté explícitamente subvencionada o financiada con fondos públicos, siempre que dicha financiación incluya también las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Artículo 4. Requisitos de las empresas beneficiarias de la bonificación.
Las entidades o empresas beneficiarias de las bonificaciones previstas en este real decreto deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Cumplir las condiciones exigidas con carácter general para la adquisición y mantenimiento de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social en el artículo 77 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el artículo 29 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
b) No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves no prescritas, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Artículo 5. Concurrencia y cuantía máxima de las bonificaciones.
Las bonificaciones aquí previstas podrán ser compatibles con aquellas a las que se pudiera acceder o estar disfrutando por aplicación del Programa de Fomento de Empleo u otras medidas incentivadoras de apoyo a la contratación, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Asimismo no podrán, en concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la misma finalidad, superar el 60 por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica.
Artículo 6. Alcance de la compatibilidad entre las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador y la deducción en las cuotas tributarias del impuesto de sociedades.
1. La bonificación en la cotización que regula este real decreto será plenamente compatible con la aplicación del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica establecida en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, únicamente para las pequeñas y medianas empresas (en adelante, PYMES) intensivas en I+D+i reconocidas como tal mediante el sello oficial de «PYME innovadora» y que por ello figuren en el Registro que, a tal efecto, gestionará el Ministerio de Economía y Competitividad.
2. A efectos de este real decreto se entenderá que una PYME, según definición contenida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, es intensiva en I+D+i cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando haya recibido financiación pública en los últimos tres años, sin haber sufrido revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de la actividad financiada, a través de:
1.º Convocatorias públicas en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
2.º Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
3.º Convocatorias del 7.º Programa Marco de I+D+i o del Programa Horizonte 2020, de la Unión Europea.
b) Cuando haya demostrado su carácter innovador, mediante su propia actividad:
1.º Por disponer de una patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación.
2.º Por haber obtenido, en los tres años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación, un informe motivado vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a la que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
c) Cuando haya demostrado su capacidad de innovación, mediante alguna de las siguientes certificaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Economía y Competitividad:
1.º Joven Empresa Innovadora (JEI), según la Especificación AENOR EA0043.
2.º Pequeña o microempresa innovadora, según la Especificación AENOR EA0047.
3.º Certificación conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemas de gestión de la I+D+i».
3. Para el resto de las empresas o entidades la bonificación regulada en este real decreto será compatible con el referido régimen de deducción siempre que no se aplique sobre el mismo investigador. En tales supuestos, las empresas podrán optar por aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal a que se refiere el artículo 2, o una deducción por los costes de dicho personal en los proyectos en los que participe y en los que realice actividades a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
De acuerdo con el párrafo anterior, será compatible por una misma empresa y en un mismo proyecto, la aplicación de bonificaciones sobre investigadores junto con la de deducciones por otros investigadores por los que la empresa, en ese caso, desee deducirse.
4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades de control en materia de deducciones fiscales, podrá comprobar el cumplimiento de la condición de «PYME Innovadora» para acogerse al régimen a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
Artículo 7. Aplicación de las bonificaciones.
1. Las entidades o empresas beneficiarias podrán aplicar las bonificaciones con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión en los términos establecidos en el artículo 8 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. La opción prevista en el apartado anterior supondrá la aplicación exclusiva al investigador del régimen escogido hasta la finalización del periodo impositivo y se entenderá prorrogada tácitamente en los períodos impositivos sucesivos.
3. La bonificación se aplicará, cuando suponga un cambio sobre la situación precedente:
a) En el caso de trabajadores que ya figuren en situación de alta en la empresa en la fecha de efectos de la aplicación de las bonificaciones en la cotización, como solicitud de variación de datos que deberá presentarse en el plazo establecido en el artículo 32.3.2.º del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
b) En el caso de trabajadores que causen alta a partir de la fecha de efectos de la aplicación de las bonificaciones en la cotización, en la solicitud de alta del respectivo trabajador, dentro del plazo establecido en el artículo 32.3.1.º del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social remitirá al Servicio Público de Empleo Estatal, al menos trimestralmente, información sobre las bonificaciones practicadas, detallando el número de trabajadores objeto de bonificaciones, con sus respectivas bases de cotización y las bonificaciones aplicadas como consecuencia de lo previsto en esta norma.
Artículo 8. Control de las bonificaciones.
1. Para el adecuado control de las bonificaciones efectuadas, las entidades o empresas que apliquen bonificación en las cuotas de diez o más investigadores a lo largo de tres meses o más en un ejercicio, deberán aportar ante la Tesorería General de la Seguridad Social en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del ejercicio fiscal en el que se han aplicado las bonificaciones, un informe motivado vinculante emitido por la Dirección General de Innovación y Competitividad, del Ministerio de Economía y Competitividad relativo al cumplimiento en dicho período de la condición de personal investigador con dedicación exclusiva a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
Para ello la entidad deberá presentar ante la citada Dirección General de Innovación y Competitividad un informe técnico de calificación de tales actividades y dedicación, de acuerdo con las definiciones de estos conceptos y los requisitos científicos y tecnológicos contemplados en el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, informe que deberá ser emitido por una entidad debidamente acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y de acuerdo con el formato que se aprobará por el Ministerio de Economía y Competitividad y que estará disponible en la sede electrónica del mismo.
Este informe tendrá carácter vinculante ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. En caso de resultar negativo con relación a la bonificación ya practicada pero siendo tales gastos susceptibles de deducción fiscal, al margen de la devolución de las mismas como establece el artículo siguiente, las empresas podrán aplicar el gasto a la deducción fiscal correspondiente.
2. Las entidades o empresas que se apliquen bonificaciones y que también se apliquen deducciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, deberán además aportar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria una memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por la bonificación en el ejercicio vencido, al presentar su declaración del impuesto de sociedades conforme al modelo que establezca al efecto la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se podrá comprobar la condición de PYME innovadora mediante el acceso al registro regulado en el artículo 6.
3. La Tesorería General de la Seguridad Social remitirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria una relación de los investigadores cuya cotización se haya bonificado, al final de cada ejercicio, para su cruce con las deducciones fiscales que se soliciten.
4. Corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria controlar que se cumplen las condiciones exigidas para la compatibilidad de bonificaciones con las deducciones fiscales; a la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad emitir informes motivados vinculantes que certifiquen las condiciones del personal investigador y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social controlar la correcta aplicación de las bonificaciones sobre las cotizaciones.
Artículo 9. Devolución de bonificaciones.
1. En los supuestos de obtención de las bonificaciones sin reunir los requisitos exigidos, procederá la devolución de las cantidades dejadas de ingresar por bonificación en la cotización a la Seguridad Social con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social.
2. La obligación de devolución establecida en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Artículo 10. Financiación.
Conforme a la disposición adicional septuagésima novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las bonificaciones reguladas en este real decreto se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.
Disposición adicional única. Territorios forales
Las referencias contenidas en este real decreto a las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica reguladas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, han de entenderse realizadas, respecto a los sujetos pasivos sometidos a legislación foral, a la deducción y procedimientos que para tales actividades se contengan en la correspondiente normativa foral.
Asimismo las referencias a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en este real decreto deben entenderse, en estos casos, efectuadas al órgano equivalente del territorio foral correspondiente.
Disposición transitoria única. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador a tiempo completo en situación de alta el 1 de enero de 2013.
1. Los sujetos pasivos o contribuyentes que tengan derecho a la bonificación regulada en este real decreto respecto a investigadores en situación de alta a partir del 1 de enero de 2013, podrán ejercitar este derecho dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigor.
2. Respecto de las cuotas ingresadas correspondientes al ejercicio 2013 o a los meses de 2014 transcurridos antes de la entrada en vigor de este real decreto por las que se tenga derecho a su bonificación, se podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el 30 de diciembre de 2014, la devolución del exceso ingresado, aportando, en los casos que proceda, el informe motivado vinculante regulado en el artículo 8.1 del este real decreto. La Tesorería General de la Seguridad Social deberá dictar y notificar la resolución dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiese completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa podrá entenderse desestimada dicha solicitud.
3. En el caso de haberse optado por la deducción fiscal con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto no procederá la devolución de cuotas.
4. Las cuotas ya ingresadas por las que se tenga derecho a bonificación no tendrán la consideración de ingresos indebidos a los efectos previstos en el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social, en sus respectivos ámbitos de competencia, para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
1. El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el presente real decreto se aplicará, con carácter retroactivo, al personal investigador a tiempo completo en situación de alta a partir del 1 de enero de 2013.
Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN. | Medidas para incentivar la contratación de personal investigador. | La disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, autorizó al Gobierno para que estableciera bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al personal investigador que, con carácter exclusivo, se dedique a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
La citada ley modificó el régimen normativo de los incentivos a la investigación y el desarrollo e innovación tecnológica al cambiar, por un lado, la deducción por dichas actividades existente en el Impuesto sobre Sociedades y, por otro, al incorporar un nuevo incentivo de naturaleza no tributaria incompatible con el anterior, consistente en la bonificación en la cotización a la Seguridad Social y que fue objeto de desarrollo con el Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, derogó expresamente la disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, así como el Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, y las referencias a las bonificaciones contempladas en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulaba la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
A pesar del contexto de restricciones presupuestarias que han afectado a la intensidad del apoyo público a las actuaciones en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica (en adelante I+D+i), el Gobierno ha considerado conveniente recuperar el incentivo no tributario de la bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal investigador. Y ello porque, si bien los incentivos de naturaleza tributaria cuentan con una probada eficacia, la bonificación constituye una reducción inmediata en los gastos empresariales y favorece la contratación de personal investigador. Además, en ocasiones es el único incentivo con el que cuentan las empresas que no tienen suficientes beneficios y cuota tributaria como para que las deducciones en el pago de sus impuestos sea relevante.
Este real decreto desarrolla, de conformidad con la disposición adicional septuagésima novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, el régimen normativo de las nuevas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, regulando el objeto; el ámbito de aplicación; las exclusiones; los requisitos de los beneficiarios; la concurrencia con otras bonificaciones y medidas de apoyo público y cuantía máxima de las bonificaciones; los términos en que se establece la compatibilidad de las bonificaciones con las deducciones fiscales por I+D+i del artículo 35 del vigente texto refundido de la ley del impuesto de sociedades; la aplicación, control y mantenimiento de las bonificaciones; la devolución de las bonificaciones en caso de incumplimiento de los requisitos y la financiación. Asimismo, el texto normativo incluye una disposición transitoria, una adicional y tres finales.
Este real decreto supone la colaboración de los siguientes órganos y entidades: la Agencia Estatal de Administración Tributaria que controlará que se cumplen las condiciones que exigidas para la compatibilidad de bonificaciones con las deducciones fiscales; la Dirección General de Innovación y Competitividad, del Ministerio de Economía y Competitividad, que emitirá informes motivados vinculantes que certifiquen las condiciones del personal investigador; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social que controlarán la correcta aplicación de las bonificaciones sobre las cotizaciones y la no superación del máximo de ayudas posibles y el Servicio Público de Empleo Estatal, que financiará las bonificaciones.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha oído a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer una bonificación del 40 por ciento en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal investigador que se determina en el artículo 2, así como regular el procedimiento para su aplicación.
Asimismo, regula el alcance de la compatibilidad de esta bonificación en las citadas cuotas con la deducción a que se refiere el artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para las empresas que se dediquen a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (en adelante, I+D+i) que sean sujetos pasivos de dicho impuesto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Tendrán derecho a la bonificación regulada en el artículo 1 de este real decreto los trabajadores incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización al Régimen General de la Seguridad Social que, con carácter exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo en la empresa dedicada a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se dediquen a la realización de las citadas actividades, ya sea su contrato de carácter indefinido, en prácticas o por ob
### RESUMEN: Medidas para incentivar la contratación de personal investigador. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente:
7302/14G.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Adquisición de una solución integrada de herramientas software para el estudio de patrones de comportamiento y fraude con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
19 de abril de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.250.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.250.000 euros. Importe total: 1.512.500 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
6 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
2 de septiembre de 2014.
c) Contratista:
Sas Institute, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 812.500 euros. Importe total: 983.125 euros.
Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Directora de Recursos Humanos y Régimen Interior. | La Seguridad Social compra a SAS una solución integrada de herramientas software para el estudio de patrones de comportamiento y fraude con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por importe total de 983.125 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente:
7302/14G.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Adquisición de una solución integrada de herramientas software para el estudio de patrones de comportamiento y fraude con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
48000000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
19 de abril de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.250.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.250.000 euros. Importe total: 1.512.500 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
6 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato:
2 de septiembre de 2014.
c) Contratista:
Sas Institute, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 812.500 euros. Importe total: 983.125 euros.
Madrid, 18 de septiembre de 2014.- La Directora de Recursos Humanos y Régimen Interior.
### RESUMEN: La Seguridad Social compra a SAS una solución integrada de herramientas software para el estudio de patrones de comportamiento y fraude con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por importe total de 983.125 euros. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente:
SE-37/13 ML.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.upm.es/perfildel contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Servicio externo de agencia de viajes para la Universidad Politécnica de Madrid, durante un año.
c) Lote:
No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63510000.
e) Acuerdo marco:
No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones:
No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
2 de febrero de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
190.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 95.000,00 euros. IVA (%) 21. Importe total: 114.950,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
12 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
25 de abril de 2013.
c) Contratista:
Viajes El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 95.000,00 euros. IVA (%) 21. Importe total: 114.950,00 euros y un descuento único y homogéneo para transportes y alojamientos sobre cada facturación del 10% (diez por ciento) y cargos de emisión de billetaje de 48 euros (cuarenta y ocho euros) IVA excluido.
Madrid, 25 de abril de 2013.- El Rector, don Carlos Conde Lázaro. | La Universidad Politécnica de Madrid contrata a viajes El Corte Inglés por importe total de 114.950,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente:
SE-37/13 ML.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.upm.es/perfildel contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicio.
b) Descripción:
Servicio externo de agencia de viajes para la Universidad Politécnica de Madrid, durante un año.
c) Lote:
No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63510000.
e) Acuerdo marco:
No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones:
No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
2 de febrero de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
190.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 95.000,00 euros. IVA (%) 21. Importe total: 114.950,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
12 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
25 de abril de 2013.
c) Contratista:
Viajes El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 95.000,00 euros. IVA (%) 21. Importe total: 114.950,00 euros y un descuento único y homogéneo para transportes y alojamientos sobre cada facturación del 10% (diez por ciento) y cargos de emisión de billetaje de 48 euros (cuarenta y ocho euros) IVA excluido.
Madrid, 25 de abril de 2013.- El Rector, don Carlos Conde Lázaro.
### RESUMEN: La Universidad Politécnica de Madrid contrata a viajes El Corte Inglés por importe total de 114.950,00 euros. |
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La presente Ley tiene como objetivo armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, valores que inspiran esta reforma de la fiscalidad, y como tal en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto ambiental de la Unión Europea.
En la sociedad actual, la incidencia, cada vez mayor de la producción y el consumo de energía en la sostenibilidad ambiental requiere de un marco normativo y regulatorio que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo energético que, además, contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental.
El fundamento básico de esta Ley se residencia en el artículo 45 de la Constitución, precepto en el que la protección de nuestro medio ambiente se configura como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas. Por ello, uno de los ejes de esta reforma tributaria será la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento del combustible nuclear gastado o de los residuos radiactivos. De esta forma, la Ley ha de servir de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética a la vez que permiten asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico y social, como medioambiental.
La presente reforma contribuye además a la integración de las políticas medioambientales en nuestro sistema tributario, en el cual tienen cabida tanto tributos específicamente ambientales, como la posibilidad de incorporar el elemento ambiental en otros tributos ya existentes.
Los valores y objetivos que informan la presente Ley tienen vocación transversal y por lo tanto deben ser un eje básico de la coherencia de las medidas sectoriales, especialmente cuando inciden en un sector de tanto impacto económico y ambiental para el país como es el sector energético.
A tal fin, mediante esta Ley se regulan tres nuevos impuestos: el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas; se crea un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica; se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.
II
En este sentido y con el fin también de favorecer el equilibrio presupuestario, se establece en el Título I de esta Ley, un impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el sistema eléctrico español.
Este impuesto gravará la capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas, y comportan, por sí o como resultas de la propia existencia y desarrollo de las tales redes, indudables efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro. El impuesto se aplicará a la producción de todas las instalaciones de generación.
III
El Título II de esta Ley contiene la regulación de los otros dos nuevos impuestos a los que se ha hecho referencia: el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
La generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no pacíficos.
Aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad, tras el cese de la explotación de las centrales nucleares particularmente en lo que se refiere a la gestión definitiva del combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad, ya que los desarrollos tecnológicos pueden condicionar la forma en la que finalmente se lleve a cabo dicha gestión y, en consecuencia, los costes asociados a la misma.
Asimismo, dada la larga vida de determinados residuos radiactivos, que trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de éstos será necesario el establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo que exigirá una supervisión institucional a largo plazo de la que deberá hacerse cargo el Estado. Así se contempla en el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, en la que se dispone que el Estado asuma la titularidad de los residuos radiactivos una vez se haya procedido a su almacenamiento definitivo y, asimismo, que asuma la vigilancia que, en su caso, pudiera requerirse tras la clausura de una instalación nuclear una vez haya transcurrido el periodo de tiempo que se establezca en la correspondiente declaración de clausura.
Otra de las características que singulariza a la industria nucleoeléctrica la constituye el uso y generación de unos materiales que han de estar sometidos a un estricto control para evitar su utilización con fines no pacíficos o cualquier otro tipo de acto malintencionado sobre los mismos, lo que obliga a España, en su condición de Parte del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (hecho en Londres, Moscú y Washington el 1 de julio de 1968 y ratificado por España el 13 de octubre de 1987) y de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (hecha en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, firmada por España el 7 de abril de 1986 y ratificada, como Estado miembro de EURATOM, el 6 de septiembre de 1991) a hacer frente a las responsabilidades que de ello se deriva y, en consecuencia, a la aplicación de los recursos correspondientes.
Asimismo, el Estado debe aportar los recursos necesarios para mantener operativos los planes de emergencia nuclear existentes en cada una de las provincias en las que existen instalaciones nucleares.
A la vista de lo anterior, se considera adecuado el establecimiento de un gravamen sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como sobre su almacenamiento en instalaciones centralizadas, al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar como consecuencia de dicha generación.
IV
La imposición sobre hidrocarburos además de ser una fuente relevante de ingresos tributarios constituye un potente instrumento al servicio de la política de protección del medio ambiente plenamente asentado en nuestro ordenamiento jurídico.
Si bien los combustibles líquidos destinados principalmente al transporte por carretera o al sector residencial, han venido contribuyendo a estos objetivos a través de sus tipos actuales del Impuesto sobre Hidrocarburos, el gas natural ha venido disfrutando de un tipo impositivo igual a cero, permitido temporalmente por el artículo 15.1.g) de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
La inminencia del final del periodo indicado en la Directiva 2003/96/CE, el incremento en las cuotas nacionales de consumo de gas natural que se ha producido durante estos años, así como, la coherencia en el tratamiento de las diferentes fuentes de energía, aconsejan aplicar niveles de imposición estrictamente positivos para aquellos usos del gas natural que se encuentran regulados a tipo cero, por lo que en el Título III de esta Ley, mediante la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de 29 de diciembre), se establece un tipo positivo al gas natural utilizado como carburante en motores estacionarios, así como, al gas natural destinado a usos distintos a los de carburante.
No obstante, para mantener la competitividad del sector industrial, al amparo de lo establecido en la normativa comunitaria citada que permite diferenciar para un mismo producto el nivel nacional de imposición en determinadas circunstancias o condiciones estables, respetando los niveles mínimos comunitarios de imposición y las normas del mercado interior y de competencia, se establece una imposición reducida al gas natural para usos profesionales siempre que no se utilice en procesos de generación y cogeneración eléctrica.
De otro lado, la Ley revisa el tratamiento fiscal aplicable a los diferentes productos energéticos utilizados para la producción de electricidad. Las actividades de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles constituyen grandes focos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que desde un punto de vista fiscal, se ha llegado a la consideración de que esta forma de generación de electricidad ha de ser gravada de forma más acorde, en relación con las externalidades que produce.
Bajo estas premisas, se suprimen determinadas exenciones previstas en el artículo 51.2.c) y 79.3.a) de la Ley 38/1992, ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96/CE, que permite a los Estados miembros para tales fines someter a gravamen a los productos energéticos utilizados para producir electricidad, y, con el artículo 15.1.c) de la citada Directiva por lo que se refiere a la generación combinada de calor y electricidad.
En este mismo sentido, para dar un tratamiento análogo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía fósil, se eleva el tipo de gravamen sobre el carbón, y al mismo tiempo, se crean tipos específicos que gravan los fuelóleos y los gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de electricidad y calor útil.
V
Finalmente, en el Título IV de esta ley se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
En particular, dicho Título regula el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico. Así, dispone que las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.
El citado texto refundido de la Ley de Aguas en sus artículos 112 a 114 contempla cuatro exacciones distintas vinculadas al agua: el canon de utilización de bienes de dominio público, el canon de vertido que grava los vertidos al dominio público hidráulico, el canon de regulación que grava el beneficio particular obtenido por obras de regulación hechas por el Estado y la tarifa de utilización del agua que grava los beneficios particulares obtenidos por obras del Estado distintas de las de regulación.
En particular, el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Aguas establece que el canon de utilización se aplica sólo a la ocupación, utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico definido en los apartados b) y c) del artículo 2 de la misma ley, es decir a la utilización de los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y de los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Queda así fuera de la definición de este canon el uso de las aguas continentales a que se refiere el apartado a) del mismo artículo 2 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Esta realidad que es una anomalía respecto al régimen común de los bienes de dominio público ha perdurado por razones históricas si bien hoy carece de razonabilidad económica, al menos en cuanto a un uso puramente industrial y en régimen de mercado como es el de producción de energía eléctrica.
Actualmente, la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección a fin de salvaguardar uno de los recursos naturales necesarios para la sociedad. En este sentido deben reforzarse las políticas de protección del dominio público hidráulico. A tal fin, se hace necesaria la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial para la producción de energía eléctrica.
El objeto de esta modificación por tanto, es establecer un nuevo canon a los bienes de dominio público descritos en el apartado a) del artículo 2 de la misma ley, es decir, a la utilización o aprovechamiento de las aguas continentales para su explotación hidroeléctrica.
TÍTULO I
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
Artículo 1. Naturaleza.
El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a través de cada una de las instalaciones indicadas en el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El impuesto se aplicará en todo el territorio español.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 3. Tratados y convenios.
Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.
Artículo 4. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos el sistema eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
2. La producción en barras de central, a efectos de esta Ley, se corresponderá con la energía medida en bornes de alternador minorada en los consumos auxiliares en generación y en las pérdidas hasta el punto de conexión a la red.
3. Respecto a los conceptos y términos con sustantividad propia que aparecen en la Ley, salvo los definidos en ella, se estará a lo dispuesto en la normativa del sector eléctrico de carácter estatal.
Artículo 5. Contribuyentes.
Son contribuyentes del impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que realicen las actividades señaladas en el artículo 4.
Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo.
A estos efectos, en el cálculo del importe total se considerarán las retribuciones previstas en todos los regímenes económicos que se deriven de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el período impositivo correspondiente, así como las previstas en el régimen económico específico para el caso de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares.
2. La base imponible definida en el apartado anterior se determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades señaladas en el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 7. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el supuesto de cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo caso finalizará el día en que se entienda producido dicho cese.
2. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.
Artículo 8. Tipo de gravamen.
El Impuesto se exigirá al tipo del 7 por ciento.
Artículo 9. Cuota íntegra.
La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 10. Liquidación y pago.
1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar la cuota dentro del mes de noviembre posterior al de devengo del impuesto, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. A estos efectos deberán tenerse en cuenta las medidas definitivas de la producción eléctrica.
2. Entre el día 1 y el 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero del año siguiente, los contribuyentes que realicen el hecho imponible deberán efectuar un pago fraccionado correspondiente al período de los tres, seis, nueve o doce meses de cada año natural, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. Los pagos fraccionados se calcularán en función del valor de la producción de energía eléctrica en barras de central realizada desde el inicio del período impositivo hasta la finalización de los tres, seis, nueve o doce meses a que se refiere el apartado anterior, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 de esta Ley y deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
A estos efectos, se tomará como valor de la producción el importe total que corresponda percibir por el contribuyente, por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, por cada instalación en el correspondiente período.
No obstante, cuando el valor de la producción incluidas todas las instalaciones, no supere 500.000 euros en el año natural anterior, los contribuyentes estarán obligados a efectuar exclusivamente el pago fraccionado cuyo plazo de liquidación está comprendido entre el día 1 y 20 del mes de noviembre.
Tratándose de contribuyentes que hubieran desarrollado la actividad por un plazo inferior al año natural durante el año anterior, el valor de la producción se elevará al año.
4. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero, los pagos fraccionados a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso, se realizarán, en su caso, en el plazo de liquidación correspondiente al trimestre en el que el valor de la producción calculado desde el inicio del período impositivo supere los 500.000 euros, incluidas todas las instalaciones.
5. Si el importe total que corresponda percibir al contribuyente no resultara conocido en el momento de la realización de los pagos fraccionados, el contribuyente deberá fijarlo provisionalmente en función de la última liquidación provisional realizada por el operador del sistema y, en su caso, por la Comisión Nacional de Energía, con anterioridad al inicio del plazo de realización del pago correspondiente.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
TÍTULO II
Impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 12. Naturaleza.
El impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas son tributos de carácter directo y naturaleza real, que gravan las actividades que, integrando su respectivo hecho imponible, se definen en los artículos 15 y 19 de esta Ley.
Artículo 13. Ámbito territorial.
1. Los impuestos se aplicarán en todo el territorio español.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Artículo 14. Tratados y Convenios.
Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
Artículo 15. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
Artículo 16. Contribuyentes.
1. Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que realicen la actividad señalada en el artículo 15.
2. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria del impuesto los propietarios de las instalaciones nucleares que generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.
Artículo 17. Base imponible.
1. Constituye la base imponible sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica:
a) Los kilogramos de metal pesado contenidos en el combustible nuclear producido durante el período impositivo, entendiéndose como metal pesado el uranio y el plutonio contenidos, y como combustible nuclear gastado el combustible nuclear irradiado en el reactor que durante el período impositivo haya sido extraído definitivamente de éste.
b) Los metros cúbicos de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad producidos, que han sido acondicionados durante el periodo impositivo para su almacenamiento con carácter temporal en el propio emplazamiento de la instalación
2. La base imponible definida en este artículo se determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
Artículo 18. Tipo impositivo y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos impositivos:
a) En la producción de combustible gastado resultante de la generación de energía nucleoeléctrica, a la que se refiere el apartado 1.a) del artículo 17, el tipo será de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado.
b) En la producción de residuos radiactivos a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 17:
1.º Para residuos radiactivos de baja y media actividad, el tipo será de 6.000 euros por metro cúbico.
2.º Para residuos radiactivos de muy baja actividad, el tipo será de 1.000 euros por metro cúbico.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
Artículo 19. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos en una instalación centralizada.
A los efectos de este impuesto, se entenderá como almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos a toda actividad consistente en la inmovilización temporal o definitiva de los mismos, con independencia de la forma en que se realice, y como instalación centralizada a aquella que pueda almacenar estos materiales procedentes de diversas instalaciones u orígenes.
Artículo 20. Exenciones.
Estará exento del impuesto el almacenamiento de residuos radiactivos procedentes de actividades médicas o científicas, así como de residuos radiactivos procedentes de incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear que sean calificados como tales por el Consejo de Seguridad Nuclear o detectados en dichas instalaciones, y gestionados en el marco de los acuerdos a que hace referencia el artículo 11.2 del Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.
Artículo 21. Contribuyentes.
Son contribuyentes del impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de las instalaciones en las que se realicen las actividades señaladas en el artículo 19.
Artículo 22. Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas:
a) La diferencia entre el peso del metal pesado contenido en el combustible nuclear gastado almacenado a la finalización y al inicio del período impositivo, expresado en kilogramos.
b) La diferencia entre el volumen de residuos radiactivos de alta actividad, distintos del combustible nuclear gastado, o de media actividad y vida larga, almacenados a la finalización y al inicio del período impositivo, expresado en metros cúbicos.
c) El volumen de residuos radiactivos de media actividad no incluidos en el apartado b), y de baja o muy baja actividad, introducidos en la instalación para su almacenamiento durante el período impositivo, expresado en metros cúbicos.
2. La base imponible definida en este artículo se determinará para cada instalación en la que se realicen las actividades que constituyen el hecho imponible de este impuesto.
Artículo 23. Base liquidable en el almacenamiento centralizado de residuos de media, baja y muy baja actividad.
1. En el almacenamiento centralizado de residuos de media, baja y muy baja actividad, a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 22, la base liquidable se obtendrá por aplicación a la base imponible de un coeficiente multiplicador K de reducción, de acuerdo con la siguiente expresión:
BL = K × BI
En la que:
BL: Base liquidable.
BI: Base imponible.
2. El coeficiente K se obtendrá por la aplicación de la siguiente fórmula,
En la que:
VNC: Volumen de residuos no compactables ni incinerables introducidos para su almacenamiento definitivo.
VC: Volumen de residuos compactables introducidos para su almacenamiento definitivo.
fC: Factor de reducción de volumen por compactación.
VSI: Volumen de residuos sólidos que se someten a tratamiento de incineración previo al almacenamiento definitivo.
fSI: Factor de reducción de volumen por incineración de residuos sólidos.
VLI: Volumen de residuos líquidos que se someten a tratamiento de incineración previo al almacenamiento definitivo.
fLI: Factor de reducción de volumen por incineración de residuos líquidos.
VMX: Volumen de residuos que se someten a tratamiento mixto de compactación e incineración previo al almacenamiento definitivo.
fMX: Factor de reducción de volumen por tratamiento mixto de compactación e incineración.
3. Los factores de reducción tomarán los valores siguientes:
Factor
Valor
fC
1
2,6
fSI
1
12,1
fLI
1
15,3
fMX
1
7,8
Artículo 24. Tipo impositivo y cuota tributaria.
1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible, o a la base liquidable de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, los siguientes tipos impositivos:
a) En el almacenamiento de combustible gastado a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 22, el tipo será de 70 euros por kilogramo de metal pesado.
b) En el almacenamiento de residuos radiactivos a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 22, el tipo será de 30.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo.
c) En el almacenamiento de residuos radiactivos a que se refiere el apartado 1.c) del artículo 22:
1.º Para residuos radiactivos de baja y media actividad, el tipo será de 10.000 euros por metro cúbico.
2.º Para residuos radiactivos de muy baja actividad, el tipo será de 2.000 euros por metro cúbico.
CAPÍTULO IV
Normas comunes para ambos impuestos
Artículo 25. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el supuesto de cese del contribuyente en el desarrollo de las actividades que constituyen los hechos imponibles a que se refieren los artículos 15 y 19, en cuyo caso finalizará en el día en que se entienda producido dicho cese.
2. El impuesto se devengará el último día del período impositivo.
Artículo 26. Liquidación y pago.
1. Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar la cuota resultante en el plazo de los primeros 20 días naturales siguientes al devengo del impuesto, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y octubre, los contribuyentes que realicen el hecho imponible establecido en los artículos 15 y 19 deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo en curso, de acuerdo con las normas y modelos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El importe de los pagos fraccionados se calculará en función de las magnitudes determinantes de la base imponible que correspondan al trimestre natural anterior al inicio del plazo de realización de cada uno de los pagos fraccionados, y aplicando el tipo impositivo, según el caso, a que se refieren los artículos 18 y 24 de la Ley.
Artículo 27. Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias relativas a los presentes impuestos serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
TÍTULO III
Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales
Artículo 28. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un apartado 14 en el artículo 7, con la siguiente redacción:
«14. No obstante lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, cuando la salida del gas natural de las instalaciones consideradas fábricas o depósitos fiscales se produzca en el marco de un contrato de suministro de gas natural efectuado a título oneroso, el devengo del impuesto sobre hidrocarburos se producirá en el momento en que resulte exigible la parte del precio correspondiente al gas natural suministrado en cada período de facturación. Lo anterior no será de aplicación cuando el destino del gas natural sea otra fábrica o depósito fiscal.
Para la aplicación de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, en relación con los suministros de gas natural distintos de aquellos a los que se refiere el párrafo anterior, los sujetos pasivos podrán considerar que el conjunto del gas natural suministrado durante períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha salido de fábrica o depósito fiscal el primer día del mes natural siguiente a la conclusión del referido período.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 8, en los siguientes términos:
«3. Son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales a que se refiere el apartado 28 del artículo 4 de esta Ley.
También son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, quienes realicen los suministros de gas natural a título oneroso en el supuesto previsto en el párrafo primero del apartado 14 de artículo 7 de esta Ley.»
Tres. Se modifica la Tarifa 1.ª del apartado 1 del artículo 50 y el apartado 3 del mismo artículo de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Tarifa 1.ª:
Epígrafe 1.1 Gasolinas con plomo: 433,79 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.2.2 Las demás gasolinas sin plomo: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.3 Gasóleos para uso general: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.4 Gasóleos utilizables como carburantes en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, con exclusión de los del epígrafe 1.16: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 6 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.5 Fuelóleos, con exclusión de los del epígrafe 1.17: 14 euros por tonelada de tipo general y 1 euro por tonelada de tipo especial.
Epígrafe 1.6 GLP para uso general: 57,47 euros por tonelada.
Epígrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos a los de carburante: 15 euros por tonelada.
Epígrafe 1.9 Gas natural para uso general: 1,15 euros por gigajulio.
Epígrafe 1.10 Gas natural destinado a usos distintos a los de carburante, así como el gas natural destinado al uso como carburante en motores estacionarios: 0,65 euros por gigajulio.
No obstante, se establece un tipo reducido de 0,15 euros por gigajulio para el gas natural destinado a usos con fines profesionales siempre y cuando no se utilicen en procesos de generación y cogeneración eléctrica.
Epígrafe 1.11 Queroseno para uso general: 306 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.12 Queroseno destinado a usos distintos de los de carburante: 78,71 euros por 1.000 litros.
Epígrafe 1.13 Bioetanol y biometanol para uso como carburante:
a) Bioetanol y biometanol mezclado con gasolinas sin plomo de 98 I.O. o de octanaje superior: 431,92 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
b) Bioetanol y biometanol, mezclado con las demás gasolinas sin plomo o sin mezclar: 400,69 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.14 Biodiesel para uso como carburante: 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 24 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.15 Biodiesel para uso como carburante en los usos previstos en el apartado 2 del artículo 54 y, en general, como combustible, y biometanol para uso como combustible: 78,71 euros por 1.000 litros de tipo general y 6 euros por 1.000 litros de tipo especial.
Epígrafe 1.16 Gasóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico: 29,15 euros por 1.000 litros.
Epígrafe 1.17 Fuelóleos destinados a la producción de energía eléctrica o a la cogeneración de energía eléctrica y de calor en instalaciones cuya actividad de producción quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico: 12,00 euros por tonelada.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 8, la aplicación de los tipos reducidos fijados para los epígrafes 1.4, 1.12, 1.15, 1.16 y 2.10 queda condicionada al cumplimiento de las condiciones que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la adición de trazadores y marcadores, así como a la utilización realmente dada a los productos. Tales condiciones podrán comprender el empleo de medios de pago específicos.»
Cuatro. Se suprime el artículo 51.2.c) y el artículo 51.4 queda redactado de la siguiente forma:
«4. La fabricación e importación de los productos clasificados en el código NC 2705 que se destinen a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor en centrales combinadas o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado. A los efectos de la aplicación de esta exención se consideran:
1.º Central eléctrica: La instalación cuya actividad de producción de energía eléctrica queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizados con arreglo a lo establecido en el Capítulo I del Título IV de dicha Ley.
2.º Central combinada: La instalación cuya actividad de producción de electricidad o de cogeneración de energía eléctrica y calor útil para su posterior aprovechamiento energético queda comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y cuyo establecimiento y funcionamiento hayan sido autorizadas con arreglo a lo establecido en el Capítulo II del Título IV de dicha Ley.»
Cinco. Se modifica el apartado 4, que queda redactado de la siguiente forma, y se suprime el apartado 5, ambos del artículo 52 bis:
«4. La base de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo que haya sido adquirido por el interesado y destinado a su utilización como carburante en los vehículos mencionados en el apartado 2 anterior. La base así determinada se expresará en miles de litros.
Para la aplicación del tipo autonómico de la devolución, la base de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo que haya sido adquirido por el interesado en el territorio de la Comunidad Autónoma que lo haya establecido y haya sido destinado a su utilización como carburante en los vehículos mencionados en el apartado 2 anterior. La base así determinada se expresará en miles de litros.»
Seis. Se modifica la letra b) del apartado Uno del artículo 52 ter, en los siguientes términos:
«b) El importe de las cuotas a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, expresado en miles de litros.»
Siete. Se introduce un apartado 5 en el artículo 54, de modo que el actual apartado 5 pasa a ser el 6, quedando redactados de la siguiente forma:
«5. La utilización del gasóleo con la aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.16 de la tarifa 1.ª del impuesto y la utilización del fuelóleo con la aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la tarifa 1.ª del impuesto, estarán limitadas a los usos previstos por estos epígrafes.
6. Las prohibiciones y limitaciones establecidas en este artículo se extienden a los productos cuya utilización resulte equivalente a la de los aceites minerales comprendidos en la tarifa 1.ª del impuesto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 anterior.»
Ocho. Se introduce una letra d) en el apartado 2 el artículo 55 y se modifica la letra e) del apartado 4 del mismo artículo, con la siguiente redacción:
«Artículo 55.2.
d) Los que utilicen gasóleo con aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.16 de la tarifa 1.ª del impuesto o fuelóleo con aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.17 de la tarifa 1.ª del impuesto en usos distintos a los regulados por estos epígrafes y no estén incluidos en los apartados anteriores.»
«Artículo 55.4.
e) En los supuestos contemplados en los párrafos a) y d) del apartado 2 anterior, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 600 euros.»
Nueve. Se suprime el artículo 79.3.a).
Diez. El artículo 84 queda redactado como sigue:
«Artículo 84. Tipo de gravamen.
El impuesto se exigirá al tipo de 0,65 euros por gigajulio.»
TÍTULO IV
Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
Artículo 29. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, al que se añade un artículo 112 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 112 bis. Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.
1. La utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público a que se refiere el párrafo a) del artículo 2 de la presente ley, para la producción de energía eléctrica en barras de central, estarán gravadas con una tasa denominada canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, destinada a la protección y mejora del dominio público hidráulico.
2. El devengo del canon se producirá con el otorgamiento inicial y el mantenimiento anual de la concesión hidroeléctrica y será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización.
3. Serán contribuyentes del canon los concesionarios o, en su caso, quienes se subroguen en lugar de aquéllos.
4. La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca y será el valor económico de la energía hidroeléctrica producida, y medida en barras de central, en cada período impositivo anual por el concesionario mediante la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico.
5. El tipo de gravamen anual será del 22 por ciento del valor de la base imponible y la cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
6. Estarán exentos del pago de este canon los aprovechamientos hidroeléctricos explotados directamente por la Administración competente para la gestión del dominio público hidráulico.
7. El canon se reducirá en un 90 por ciento para las instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, y para las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo y potencia superior a 50 MW, y en la forma que reglamentariamente se determine para aquellas producciones o instalaciones que se deban incentivar por motivos de política energética general.
8. La gestión y recaudación del canon corresponderá al Organismo de cuenca competente o bien a la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél.
En caso de celebrarse el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. A estos efectos, la Comisión Nacional de Energía y el Operador del Sistema eléctrico estarán obligados a suministrar al Organismo de Cuenca o a la Administración Tributaria cuantos datos, informes sean necesarios de acuerdo con el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
El 2 por ciento del canon recaudado será considerado un ingreso del organismo de cuenca, y el 98 por ciento restante será ingresado en el Tesoro Público por el organismo recaudador.»
Disposición adicional primera. Hechos imponibles regulados en esta Ley gravados por las Comunidades Autónomas.
1. En la medida en que los tributos que establece esta Ley recaigan sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación respecto de aquellos tributos propios de las Comunidades Autónomas establecidos en una Ley aprobada con anterioridad al 28 de septiembre de 2012.
Disposición adicional segunda. Costes del sistema eléctrico.
En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, un importe equivalente a la suma de los siguientes:
a) La estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos y cánones incluidos en la presente Ley.
b) El ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 500 millones de euros.
Disposición transitoria primera. Adaptación de las concesiones hidroeléctricas.
Lo dispuesto en el artículo 112 bis, que mediante esta Ley se añade en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, será de aplicación a los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica que a la entrada en vigor de la misma sean titulares de una concesión hidroeléctrica. Las condiciones de tales concesiones deberán ser adaptadas a la nueva regulación establecida en dicho artículo 112 bis.
Disposición transitoria segunda. Pagos fraccionados durante 2013.
Para el periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2013 y a los solos efectos de determinar si los contribuyentes que realicen el hecho imponible deben realizar pagos fraccionados en los términos que establece el artículo 10, se computará como valor de la producción anual, incluidas todas las instalaciones, el valor que hubiera correspondido a la producción realizada en el año 2012.
Tratándose de contribuyentes que hubieran desarrollado la actividad por un plazo inferior al año natural durante el año 2012, el valor de la producción se elevará al año.
Si el importe total que corresponda percibir al contribuyente no resultara conocido en el momento de la realización de los pagos fraccionados, aquel deberá fijarlo provisionalmente en función de la última liquidación provisional realizada por el operador del sistema y, en su caso, por la Comisión Nacional de Energía.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 en el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«2. Los costes de las actividades reguladas, incluyendo entre ellos los costes permanentes de funcionamiento del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, serán financiados mediante los ingresos recaudados por peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores, así como por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.»
Dos. Se añade un apartado 7 en el artículo 30, con la siguiente redacción:
«7. La energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible en una instalación de generación que utilice como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, no será objeto de régimen económico primado, salvo en el caso de instalaciones híbridas entre fuentes de energía renovables no consumibles y consumibles, en cuyo caso la energía eléctrica imputable a la utilización de la fuente de energía renovable consumible sí podrá ser objeto de régimen económico primado.
A estos efectos, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se publicará la metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a los combustibles utilizados.»
Tres. El párrafo tercero del apartado 9.Primero.f de la disposición adicional sexta se modifica en los siguientes términos:
«No obstante, cuando se trate de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente en los que no concurran las circunstancias a que se refiere el apartado 3.1 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el ingreso de las tasas devengadas durante cada uno de los trimestres naturales del año se hará efectivo, respectivamente, antes del día 10 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior.»
Disposición final segunda. Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de Hacienda General prevista en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, salvo lo dispuesto en el título IV que se dicta al amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.
Disposición final tercera. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. En particular, se autoriza al Gobierno para modificar la forma de pago establecida en el artículo 29 de esta Ley.
Disposición final cuarta. Habilitaciones a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de conformidad con lo previsto en el artículo 134.7 de la Constitución Española, los tipos impositivos y los pagos fraccionados que se establecen en esta Ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2013.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Aumenta los impuesto para la nuclear, pero también para la energía renovable. | JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La presente Ley tiene como objetivo armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, valores que inspiran esta reforma de la fiscalidad, y como tal en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto ambiental de la Unión Europea.
En la sociedad actual, la incidencia, cada vez mayor de la producción y el consumo de energía en la sostenibilidad ambiental requiere de un marco normativo y regulatorio que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo energético que, además, contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental.
El fundamento básico de esta Ley se residencia en el artículo 45 de la Constitución, precepto en el que la protección de nuestro medio ambiente se configura como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas. Por ello, uno de los ejes de esta reforma tributaria será la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento del combustible nuclear gastado o de los residuos radiactivos. De esta forma, la Ley ha de servir de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética a la vez que permiten asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico y social, como medioambiental.
La presente reforma contribuye además a la integración de las políticas medioambientales en nuestro sistema tributario, en el cual tienen cabida tanto tributos específicamente ambientales, como la posibilidad de incorporar el elemento ambiental en otros tributos ya existentes.
Los valores y objetivos que informan la presente Ley tienen vocación transversal y por lo tanto deben ser un eje básico de la coherencia de las medidas sectoriales, especialmente cuando inciden en un sector de tanto impacto económico y ambiental para el país como es el sector energético.
A tal fin, mediante esta Ley se regulan tres nuevos impuestos: el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas; se crea un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica; se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.
II
En este sentido y con el fin también de favorecer el equilibrio presupuestario, se establece en el Título I de esta Ley, un impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el sistema eléctrico español.
Este impuesto gravará la capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas, y comportan, por sí o como resultas de la propia existencia y desarrollo de las tales redes, indudables efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de suministro. El impuesto se aplicará a la producción de todas las instalaciones de generación.
III
El Título II de esta Ley contiene la regulación de los otros dos nuevos impuestos a los que se ha hecho referencia: el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
La generación de energía eléctrica mediante la utilización de energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres, debido a las peculiaridades inherentes a este tipo de energía, cuyo impacto económico es difícil de evaluar. La sociedad ha de hacerse cargo de una serie de responsabilidades derivadas de los aspectos específicos que inciden en dicha generación, tales como la gestión de los residuos radiactivos generados y el uso de materiales que pueden ser utilizados para fines no pacíficos.
Aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad, tras el cese de la explotación de las centrales nucleares particularmente en lo que se refiere a la gestión definitiva del combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad, ya que los desarrollos tecnológicos pueden condicionar la forma en la que finalmente se lleve a cabo dicha gestión y, en consecuencia, los costes asociados a la misma.
Asimismo, dada la larga vida de determinados residuos radiactivos, que trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de éstos será necesario el establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo que exigirá una supervisión institucional a largo plazo de la que deberá hacerse cargo el Estado. Así se contempla en el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear,
### RESUMEN: Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Aumenta los impuesto para la nuclear, pero también para la energía renovable. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General/Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
4) Teléfono:
91 700 5951/6111/6112.
5) Telefax:
91 7006358 (Registro General).
6) Correo electrónico:
Mesa.Contratacion@cgpj.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.poderjudicial.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
d) Número de expediente:
14/07.0.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
De servicios.
b) Descripción:
Tratamiento y control de la jurisprudencia.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 3.514.441,36 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
2) Domicilio:
C/ Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
4) Dirección electrónica:
Mesa.Contratacion@cgpj.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula matemática.
b) Dirección:
C/ Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
d) Fecha y hora:
28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicación de este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
24 de septiembre de 2014.
12. Otras informaciones:
La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas, en la sede central del Consejo, (Marqués de la Ensenada, 8, Madrid).
Madrid, 25 de septiembre de 2014.- El Secretario general, José Luis Terrero Chacón. | Licitación del servicio de tratamiento y control de la jurisprudencia del CGPJ por importe total de 3.514.441,36 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General/Gerencia/Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación y Asuntos Generales.
2) Domicilio:
Calle Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
4) Teléfono:
91 700 5951/6111/6112.
5) Telefax:
91 7006358 (Registro General).
6) Correo electrónico:
Mesa.Contratacion@cgpj.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.poderjudicial.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
d) Número de expediente:
14/07.0.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
De servicios.
b) Descripción:
Tratamiento y control de la jurisprudencia.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Dos años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 3.514.441,36 euros.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Hasta el día 3 de noviembre de 2014, a las 17.00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
2) Domicilio:
C/ Marqués de la Ensenada, 8.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
4) Dirección electrónica:
Mesa.Contratacion@cgpj.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula matemática.
b) Dirección:
C/ Marqués de la Ensenada, 8.
c) Localidad y código postal:
Madrid, 28004.
d) Fecha y hora:
28 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicación de este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario del contrato.
11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea':
24 de septiembre de 2014.
12. Otras informaciones:
La apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2014, a las 10.00 horas, en la sede central del Consejo, (Marqués de la Ensenada, 8, Madrid).
Madrid, 25 de septiembre de 2014.- El Secretario general, José Luis Terrero Chacón.
### RESUMEN: Licitación del servicio de tratamiento y control de la jurisprudencia del CGPJ por importe total de 3.514.441,36 euros. |
I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión.
La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122 sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deudor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de acreedores.
El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fomentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habitualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y subsiguiente tramitación del concurso conllevan.
En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.
El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y mayorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en determinadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación, que será del 75 por ciento (artículo 121.4).
Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-concursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).
La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exigidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía suficiente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores. Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.
Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su ejecución fuera del concurso.
Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la actualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de propuestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.
Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.
La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.
IV
En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas.
Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.
También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación.
El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en dicha unidad.
V
Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas de convenio no gravosas.
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación.
VI
La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.
La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.
La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos contenidos en este real decreto-ley.
La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.
La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.
La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o la cantidad exigible.
Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VII
En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.
La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la normativa concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinanciación por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.
Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que estará de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones introducidas, las empresas y sus acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación de la deuda. Además, la extensión de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías previstas por clases, garantizará un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero de las empresas que podrán de este modo continuar con su actividad empresarial.
De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la mayoría de los casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.
También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce este real decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos que están surgiendo en la transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato para la adquisición de empresas o ramas de negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2014,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Modificaciones en materia de convenio.
1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:
«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza.»
2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que se refiere el número anterior.
3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el número anterior.
6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean administradores de hecho o de derecho.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:
1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.
2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.
3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado.»
3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redacción:
«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente, deberán estar incluidos en las siguientes clases:
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público.
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera.
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna.
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común.»
«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.
c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente.
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso.»
4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular ambas.
2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.
En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles.
También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis.
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.
Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.
En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.»
5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:
«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes.»
6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.»
7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.
1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las siguientes mayorías:
a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.
b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100.
2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para la extensión de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en el artículo 134.»
8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según definición del artículo 94.2:
a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a).
b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b).
En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase.
En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.»
9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:
«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desaparición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.
No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.»
10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo.
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.»
Dos. Modificaciones en materia de liquidación.
1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos:
«En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al concursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.»
2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:
«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.»
3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2.
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.»
4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido:
«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155.
6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido satisfechos.»
5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 149. Reglas legales supletorias.
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas:
1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal.
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.
3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las siguientes reglas:
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.
4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información:
a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición.
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta.
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías.
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores.
Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido descrito en esta regla 4.ª
5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.
3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.»
6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.»
Tres. Modificaciones en materia de calificación.
1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias.
Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración.
2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:
1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución.
2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.»
Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales.
A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.
En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.
Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento.
1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales.
2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes:
a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá la presidencia.
b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de secretaría.
c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
f) Uno nombrado por el Banco de España.
g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención a sus conocimientos técnicos, se estime precedente.
4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:
a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-ley en materia concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.
b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.
c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en materia de refinanciación preconcursal de deudas.
5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miembros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.
6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función.
7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.
Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya emitido el informe de la administración concursal.
2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liquidación.
3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.
4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.
Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación.
Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.
Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.
A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante el año anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de un año prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para solicitar una nueva homologación judicial.
Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real decreto-ley deberán cumplirse íntegramente.
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación.
3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo:
a) En el caso de acreedores ordinarios:
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).
b) En el caso de acreedores privilegiados:
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior.
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior.
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134.
4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados.
5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.
1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:
«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción:
«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:
«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de ordenación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a tercera del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Los deudores hipotecarios sí podrán recurrir la ejecución. Norma aprobada gracias el TJUE
| I
El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).
Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.
II
Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta.
Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.
III
La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.
Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse, por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.
Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio. No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se beneficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda al crédito según su naturaleza.
En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso (exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la ad
### RESUMEN: Los deudores hipotecarios sí podrán recurrir la ejecución. Norma aprobada gracias el TJUE
|
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras de la Generalitat.
c) Número de expediente:
7/14CC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de combustible de automoción.
c) Lote:
No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09132000-3 y 09134000-7.
e) Acuerdo marco:
Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE, BOE, DOCV y Perfil de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18/03/2015, 8/04/2015, 30/03/2015 y 20/03/2015, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
5.070.000,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
9/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
27/10/2015.
c) Contratista:
Cepsa Card, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
Valencia, 3 de noviembre de 2015.- Subsecretario de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. | La Generalitat Valenciana firma acuerdo marco para la contratación del suministro de combustible para sus 1.632 vehículos solo con Cepsa. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras de la Generalitat.
c) Número de expediente:
7/14CC.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contratacion.gva.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de combustible de automoción.
c) Lote:
No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09132000-3 y 09134000-7.
e) Acuerdo marco:
Si.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
DOUE, BOE, DOCV y Perfil de Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18/03/2015, 8/04/2015, 30/03/2015 y 20/03/2015, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
5.070.000,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
9/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
27/10/2015.
c) Contratista:
Cepsa Card, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
Valencia, 3 de noviembre de 2015.- Subsecretario de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
### RESUMEN: La Generalitat Valenciana firma acuerdo marco para la contratación del suministro de combustible para sus 1.632 vehículos solo con Cepsa. |
En 2011 la Unión Europea inició una reforma en profundidad del marco de gobernanza económica y presupuestaria europea, reforzando los mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas presupuestarias y macroeconómicas.
Con este objeto se aprobó en noviembre de 2011 un paquete de medidas sobre gobernanza económica, consistente en cinco Reglamentos y la Directiva 2011/85/UE, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Esta última, tiene como finalidad reforzar la responsabilidad nacional en las políticas presupuestarias, así como disponer de unos requisitos uniformes con respecto a las normas y los procedimientos que configuran los marcos presupuestarios de los Estados miembros.
Se buscaba así promover la aplicación por parte de los Estados miembros de políticas económicas sólidas y una mayor eficacia en su coordinación, como vía para fortalecer la Unión Económica y Monetaria y promover el crecimiento y la creación de empleo.
De manera paralela, en España el Gobierno impulsó la reforma del marco presupuestario español, tomando como referente las nuevas exigencias de coordinación que emanaban de la Unión Europea y se adoptaron los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como prerrequisitos para garantizar un crecimiento sostenible y la creación de empleo.
Este nuevo marco de gobernanza económica se consagró con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española el 27 de septiembre de 2011, que incorporó al ordenamiento jurídico español al más alto nivel el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria.
En desarrollo de este precepto se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que incorpora y desarrolla con rango legal las normas de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas que garantizan el buen funcionamiento de la Unión Europea.
Entre otras cuestiones, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, transpone al ordenamiento jurídico español una gran parte de las disposiciones recogidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, pieza clave del nuevo marco de gobernanza fiscal a nivel comunitario. Asimismo, dicha Ley incorpora las tres reglas fiscales que rigen los procesos presupuestarios de todas las administraciones públicas españolas: la obligación de presentar equilibrio o superávit estructural para todas las administraciones públicas, el establecimiento de un límite de deuda como garantía de la sostenibilidad presupuestaria y la regla de gasto. Como complemento a lo anterior, define medidas preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el cumplimiento de dichas reglas y formula un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del presupuesto y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública.
La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, regula, además, diversas cuestiones relacionadas con la elaboración tanto de las previsiones macroeconómicas en las que se apoyan las decisiones presupuestarias como de las previsiones presupuestarias, que ya estaban siendo aplicadas.
Los principios básicos que deben seguir las previsiones económicas se recogen en los considerandos números 8 a 15 de la Directiva, y quedan regulados en el artículo 4 de la Directiva. En ellos, se ofrecen argumentos a favor de disponer de unos pronósticos que no estén sesgados, de realizar análisis de sensibilidad para estimar los posibles efectos de un error de previsión en el comportamiento de las variables fiscales y de la conveniencia de comparar las previsiones de los Estados miembros con las de la Comisión Europea y con las de otros órganos o entidades independientes del Gobierno para contrastarlas. Asimismo contienen recomendaciones para la valoración a posteriori de la calidad de los pronósticos de las previsiones macroeconómicas y la adopción de medidas necesarias si estuvieran sesgados de modo persistente en el tiempo.
En este contexto, este real decreto transpone formalmente al Derecho nacional lo previsto en la citada Directiva sobre las previsiones macroeconómicas y presupuestarias
El real decreto se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
El artículo 1 define el ámbito de aplicación de este real decreto, que afecta a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, y el artículo 2 hace referencia a los departamentos encargados de la elaboración de estas previsiones, así como a su publicación.
Los artículos 3, 4 y 5 recogen los principios aplicables a la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, estableciendo que se basarán en la información disponible más reciente y que la planificación presupuestaria se basará en el escenario macroeconómico más probable o en uno más prudente.
Los artículos 6, 7 y 8 regulan diversos aspectos del proceso de elaboración de estas previsiones, como su comparación con las previsiones de otros órganos o entidades independientes, en particular de la Comisión Europea, la realización de un análisis de sensibilidad y de una evaluación ex post.
Las disposiciones adicionales primera y segunda transponen otras cuestiones recogidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, que todavía no se habían regulado en ninguna norma nacional. En concreto, la Disposición adicional primera regula la publicación, a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, de los datos presupuestarios basados en la contabilidad pública para todos los subsectores de las Administraciones Públicas, algo que ya se venía haciendo. La Disposición adicional segunda, por su parte, establece la presentación de la incidencia combinada en los saldos y deudas de las Administraciones Públicas de todos los organismos y fondos de las mismas que no formen parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores.
Las disposiciones finales recogen el título competencial, la transposición parcial al Derecho español de la citada Directiva, la habilitación normativa a los Ministerios para adoptar las medidas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este real decreto y regulan la entrada en vigor del mismo.
Por último, cabe señalar que este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al mejorar la calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y contribuir así a la mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones de política económica, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de mayo de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Los principios fijados en este real decreto serán de aplicación a las previsiones macroeconómicas así como a las previsiones presupuestarias elaboradas por los órganos establecidos en el artículo 2.
En todo caso, estos principios se aplicarán a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado, del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario.
Artículo 2. Elaboración y publicación de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.
1. La Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, elaborará las previsiones macroeconómicas oficiales relativas a la economía española.
2. Las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública elaborarán las previsiones presupuestarias.
3. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, así como las metodologías utilizadas para su elaboración, y los supuestos y parámetros que sostengan dichas previsiones, se harán públicas a través de la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas creada por el Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de que se puedan usar medios adicionales para su difusión.
Artículo 3. Obligación de uso de la información más reciente.
Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias tomarán en cuenta la información estadística y económica publicada más reciente, haciéndose constar la fecha hasta la cual las previsiones toman en cuenta datos o información.
Artículo 4. Escenario macroeconómico más probable o más prudente.
1. Las previsiones macroeconómicas mostrarán el escenario considerado más probable, en función de las hipótesis en que se apoye y de la información disponible hasta el momento de su elaboración, o uno más prudente. El escenario elegido se denomina escenario base.
2. El cuadro de supuestos básicos del escenario macroeconómico incluirá, al menos, hipótesis sobre las siguientes variables: previsión de crecimiento de los mercados de exportación españoles, previsión de tipos de interés a corto y largo plazo, previsión de precios del petróleo y previsión del tipo de cambio euro/dólar.
Estas hipótesis se podrán ampliar con otras sobre el comportamiento de aquellas variables que se consideren relevantes para la evolución de la coyuntura económica imperante en el momento de realizar las previsiones.
3. Como hipótesis para el tipo de cambio o los precios del petróleo se tendrán en cuenta los niveles recientes de cotización oficial euro/dólar y de precios del petróleo en los mercados de futuros. Para formular las hipótesis de las demás variables se tomarán en cuenta las que realicen la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco de España.
Las hipótesis de la Comisión Europea tendrán carácter prioritario cuando sean comunes para todos los Estados Miembros, y en los demás casos se priorizarán aquellas que se publiquen en fechas más próximas a las del cierre del ejercicio de previsión.
4. Las hipótesis utilizadas se incluirán en el documento oficial que contenga las previsiones macroeconómicas para las que sirven de base.
Artículo 5. Principio de prudencia.
1. Las previsiones macroeconómicas que sirvan de base a planes de carácter fiscal o presupuestario prestarán especial atención a los riesgos que, en caso de materializarse, puedan suponer un menor crecimiento real o nominal de las principales variables relacionadas con los ingresos y un mayor crecimiento de las variables reales o nominales relacionadas con el gasto público.
2. La planificación presupuestaria se basará en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, utilizando para ello el escenario macroeconómico más probable o un escenario más prudente.
Artículo 6. Comparación con las previsiones de otros organismos.
1. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se compararán con las previsiones más actualizadas de la Comisión Europea y, en su caso, con las de otros órganos o entidades independientes.
2. Las diferencias importantes entre el escenario macropresupuestario base y la previsión de la Comisión Europea se describirán de manera motivada, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos, que comprenderán como mínimo el crecimiento de los mercados exteriores de la economía española, los tipos de cambio y de interés y los precios de las materias primas que se consideren relevantes en función de la situación coyuntural, se apartan significativamente de los valores utilizados por la Comisión Europea en sus previsiones.
Artículo 7. Análisis de sensibilidad.
1. El órgano encargado de la elaboración de las previsiones, realizará un análisis de sensibilidad que acompañará a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias. Este análisis contendrá, al menos, la comparación de las previsiones de las principales variables presupuestarias del escenario base con las previsiones de esas mismas variables en escenarios con diferentes supuestos de crecimiento y tipos de interés.
2. El número de escenarios alternativos utilizados en las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se basará en los resultados de previsiones anteriores y tratará de tener en cuenta los correspondientes escenarios de riesgo.
Artículo 8. Evaluación ex post.
Al menos una vez al año, los órganos mencionados en el artículo 2 del presente real decreto realizarán una evaluación ex post, de carácter general, no sesgada y basada en criterios objetivos, de las previsiones de las principales variables macroeconómicas y presupuestarias.
Dicha evaluación comparará las previsiones de las principales variables macroeconómicas y presupuestarias con los valores reales de las mismas, analizando las posibles desviaciones en las previsiones y sus causas.
El resultado de esta evaluación, se hará público a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas y se tendrá en cuenta en la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias futuras.
Si en el curso de la evaluación se observara un sesgo importante que afectase a las previsiones macroeconómicas en un período de, al menos, cuatro años consecutivos, el Estado tomará las medidas necesarias con la finalidad de corregir y evitar la aparición de sesgos y las hará públicas.
Disposición adicional primera. Publicación de datos presupuestarios basados en la contabilidad pública.
A través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, se publicarán los datos presupuestarios basados en la contabilidad pública con periodicidad mensual para los subsectores de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Administraciones de Seguridad Social, y trimestral para el subsector de las Corporaciones Locales.
Disposición adicional segunda. Publicación de la incidencia combinada en los saldos y deudas de las administraciones públicas de los organismos y fondos que no formen parte de sus presupuestos ordinarios.
En el marco de los procesos presupuestarios anuales y de los planes presupuestarios a medio plazo, se presentará por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el ámbito de sus competencias la incidencia combinada en los saldos y deudas de las Administraciones Públicas de todos los organismos y fondos de las mismas que no formen parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª de la Constitución española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al Derecho español el artículo 4 de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, así como ciertas previsiones contenidas en sus artículos 3.2.a) y 14.1.
Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se habilita a los Ministros de Hacienda y Función Pública y de Economía, Industria y Competitividad, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de mayo de 2018.
FELIPE R.
La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Decreto sobre previsiones macroeconómicas aprobado el 25 de mayo por el anterior Gobierno. | En 2011 la Unión Europea inició una reforma en profundidad del marco de gobernanza económica y presupuestaria europea, reforzando los mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia de las políticas presupuestarias y macroeconómicas.
Con este objeto se aprobó en noviembre de 2011 un paquete de medidas sobre gobernanza económica, consistente en cinco Reglamentos y la Directiva 2011/85/UE, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Esta última, tiene como finalidad reforzar la responsabilidad nacional en las políticas presupuestarias, así como disponer de unos requisitos uniformes con respecto a las normas y los procedimientos que configuran los marcos presupuestarios de los Estados miembros.
Se buscaba así promover la aplicación por parte de los Estados miembros de políticas económicas sólidas y una mayor eficacia en su coordinación, como vía para fortalecer la Unión Económica y Monetaria y promover el crecimiento y la creación de empleo.
De manera paralela, en España el Gobierno impulsó la reforma del marco presupuestario español, tomando como referente las nuevas exigencias de coordinación que emanaban de la Unión Europea y se adoptaron los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como prerrequisitos para garantizar un crecimiento sostenible y la creación de empleo.
Este nuevo marco de gobernanza económica se consagró con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española el 27 de septiembre de 2011, que incorporó al ordenamiento jurídico español al más alto nivel el equilibrio estructural como principio rector de la política presupuestaria.
En desarrollo de este precepto se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que incorpora y desarrolla con rango legal las normas de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas que garantizan el buen funcionamiento de la Unión Europea.
Entre otras cuestiones, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, transpone al ordenamiento jurídico español una gran parte de las disposiciones recogidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, pieza clave del nuevo marco de gobernanza fiscal a nivel comunitario. Asimismo, dicha Ley incorpora las tres reglas fiscales que rigen los procesos presupuestarios de todas las administraciones públicas españolas: la obligación de presentar equilibrio o superávit estructural para todas las administraciones públicas, el establecimiento de un límite de deuda como garantía de la sostenibilidad presupuestaria y la regla de gasto. Como complemento a lo anterior, define medidas preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el cumplimiento de dichas reglas y formula un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración del presupuesto y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública.
La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, regula, además, diversas cuestiones relacionadas con la elaboración tanto de las previsiones macroeconómicas en las que se apoyan las decisiones presupuestarias como de las previsiones presupuestarias, que ya estaban siendo aplicadas.
Los principios básicos que deben seguir las previsiones económicas se recogen en los considerandos números 8 a 15 de la Directiva, y quedan regulados en el artículo 4 de la Directiva. En ellos, se ofrecen argumentos a favor de disponer de unos pronósticos que no estén sesgados, de realizar análisis de sensibilidad para estimar los posibles efectos de un error de previsión en el comportamiento de las variables fiscales y de la conveniencia de comparar las previsiones de los Estados miembros con las de la Comisión Europea y con las de otros órganos o entidades independientes del Gobierno para contrastarlas. Asimismo contienen recomendaciones para la valoración a posteriori de la calidad de los pronósticos de las previsiones macroeconómicas y la adopción de medidas necesarias si estuvieran sesgados de modo persistente en el tiempo.
En este contexto, este real decreto transpone formalmente al Derecho nacional lo previsto en la citada Directiva sobre las previsiones macroeconómicas y presupuestarias
El real decreto se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
El artículo 1 define el ámbito de aplicación de este real decreto, que afecta a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, y el artículo 2 hace referencia a los departamentos encargados de la elaboración de estas previsiones, así como a su publicación.
Los artículos 3, 4 y 5 recogen los principios aplicables a la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, estableciendo que se basarán en la información disponible más reciente y que la planificación presupuestaria se basará en el escenario macroeconómico más probable o en uno más prudente.
Los artículos 6, 7 y 8 regulan diversos aspectos del proceso de elaboración de estas previsiones, como su comparación con las previsiones de otros órganos o entidades independientes, en particular de la Comisión Europea, la realización de un análisis de sensibilidad y de una evaluación ex post.
Las disposiciones adicionales primera y segunda transponen otras cuestiones recogidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, que todavía no se habían regulado en ninguna norma nacional. En concreto, la Disposición adicional primera regula la publicación, a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, de los datos presupuestarios basados en la contabilidad pública para todos los subsectores de las Administraciones Públicas, algo que ya se venía haciendo. La Disposición adicional segunda, por su parte, establece la presentación de la incidencia combinada
### RESUMEN: Decreto sobre previsiones macroeconómicas aprobado el 25 de mayo por el anterior Gobierno. |